23.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 54/40

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considera que el nivel de financiación propuesto debería considerarse como el mínimo absoluto requerido para colmar las ambiciones que los Estados miembros han acordado para la Unión en el Tratado y en la Estrategia Europa 2020;

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reitera la enérgica oposición del CDR a cualquier forma de condicionamiento macroeconómico;

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apoya la introducción solo de aquellas condiciones ex ante que sirvan de instrumento para mejorar la eficiencia de los programas, y pide que, como condición ex-ante específica que será verificada por la Comisión, se concierten acuerdos formales de asociación entre cada Estado miembro y sus entes locales y regionales;

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reitera la oposición el CDR a la reserva de rendimiento propuesta, al tiempo que subraya que las condiciones ex post y la cancelación de la financiación solo deberían aplicarse en condiciones claramente definidas si se dista mucho de alcanzar los resultados esperados;

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apoya la propuesta del MFP de crear una nueva categoría de «transición» para determinadas regiones;

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subraya que el límite de absorción propuesto no debería tener como resultado un nivel de compromisos inferior al nivel de gasto real en ningún Estado miembro durante el período 2007-2013;

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aboga por una participación importante de los entes locales y regionales en la supervisión y gestión de los proyectos de infraestructuras financiados en el marco del «Mecanismo Conectar Europa»;

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acoge favorablemente el importante impulso a la investigación e innovación propuesto en virtud del MFP;

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acoge favorablemente el compromiso de «ecologizar» la PAC, así como las propuestas relativas a la convergencia de los pagos y a la limitación del nivel de los pagos directos;

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lamenta que el presupuesto destinado al desarrollo rural vaya a seguir siendo desproporcionadamente pequeño en comparación con los recursos asignados a los pagos directos;

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no cree que elementos importantes del gasto de la UE como el FEAG o el GMES deban financiarse fuera del MFP;

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tiene el convencimiento de que la introducción de recursos propios de la UE debería sustituir a las contribuciones nacionales, y expresa su apoyo a las propuestas de la Comisión sobre el IVA y el ITF.

Ponente

Flo CLUCAS UK/ALDE), concejal del Ayuntamiento de Liverpool

Textos de referencia

1.

acoge favorablemente la publicación de las propuestas de la Comisión de 29 de junio de 2011 sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP), así como la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el MFP, el Acuerdo Interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria (IIA) y el paquete relativo a los recursos propios de la UE. El CDR considera que, juntas, estas propuestas proporcionarán un marco creíble para financiar las prioridades futuras de la UE y sentará una base sólida para entablar nuevos debates;

2.

considera que el presupuesto de la UE, aunque de dimensiones limitadas, es indispensable para afrontar los desafíos de la Unión. En relación con los presupuestos nacionales, la especificidad del presupuesto de la UE reside en su valor añadido europeo, en el efecto de palanca que provoca y en el hecho de que el presupuesto de la UE consiste en hasta un 94,5 % de gastos de inversión y solo un 5,5 % de gastos de administración. El CDR considera, por lo tanto, que es necesario modificar las percepciones, en particular entre las haciendas nacionales, de modo que los cometidos principales de la UE se consideren una inversión en vez de un gasto. El MFP debe aspirar a ser un modelo, no solo de eficiencia y eficacia financiera, sino también de gobernanza democrática y transparencia;

3.

observa, en particular, la gravedad de las dificultades económicas y sociales que atraviesan actualmente los Estados miembros y señala que el presupuesto de la UE, la Estrategia Europa 2020 y la gobernanza económica europea deben actuar juntos de manera coordinada para fomentar la estabilidad, el crecimiento económico sostenible, la protección del medio ambiente, el bienestar social y la cohesión territorial, y restablecer la confianza en la integración europea;

4.

apoya los principios fundamentales subyacentes al MFP 2014-2020, incluidos la focalización en los resultados, la obtención de financiación de otras fuentes y, sobre todo, la simplificación de su aplicación, junto con una serie de diferentes programas de financiación. Debería hacerse especial hincapié en aquellos grupos que experimentan dificultades para acceder a la financiación de la UE. Por consiguiente, el CDR pide que aumenten las actividades de información y promoción, así como de asesoramiento, disponibles a nivel de la UE y relacionadas con los fondos;

5.

señala que el diseño y la aplicación del MFP pueden beneficiarse considerablemente de la contribución de los entes regionales y locales. Las responsabilidades en la inversión pública recaen en igual medida en los entes locales y regionales que en los gobiernos centrales. Como tales, desempeñan un papel especialmente valioso no solo en la gestión de proyectos financiados por la UE, sino también en la promoción del acceso a la financiación y a la hora de garantizar un gasto coordinado entre distintos fondos;

6.

considera, por lo tanto, que existen posibilidades importantes para fomentar la gobernanza multinivel en el diseño y la aplicación del MFP. Con este fin, pide que la Comisión examine nuevos métodos de trabajo y nuevas formas de colaboración con los entes locales y regionales como elemento fundamental de todas las nuevas formas de gobernanza y financiación asociadas al MFP;

7.

lamenta que la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades no tengan un papel preponderante en la propuesta de la Comisión, y pide a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que defiendan la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE;

8.

reitera que la UE ha de tener un presupuesto creíble superior, como mínimo, al 1 % de la RNB (1) 1 de la UE para poder lograr los principales objetivos europeos con arreglo a las metas de la Estrategia Europa 2020 y a las necesidades de los municipios y regiones. El CDR considera que, con 1 025 billones de euros, o el 1,05 % de la RNB de la UE, las actuales propuestas apenas logran este objetivo;

9.

considera que el nivel de financiación propuesto debería, por lo tanto, considerarse como el mínimo absoluto requerido para colmar las ambiciones que los Estados miembros han acordado para la Unión en el Tratado y en la Estrategia Europa 2020. Al haber propuesto un MFP modesto, que es constante en términos reales con el de la actual ronda, la Comisión Europea y el Parlamento, con el apoyo decidido del Comité de las Regiones, deben hacer ahora todo lo posible para defender el nivel propuesto frente a las reducciones durante las negociaciones;

10.

acoge favorablemente que se hayan modificado los nombres de las rúbricas presupuestarias para reflejar mejor las prioridades de la Estrategia Europa 2020, aunque lamenta que no se haya aprovechado la oportunidad para colocar en una sola rúbrica a todos los fondos de la UE que fomenten el desarrollo territorial;

11.

señala, asimismo, que la Comisión no ha aprovechado la ocasión para pasar a un período presupuestario de diez años, aunque acoge favorablemente la posibilidad de adoptar este ciclo a partir de 2020, asegurando así una financiación estable a más largo plazo y una mejora de la supervisión democrática;

12.

lamenta la ausencia de flexibilidad del actual presupuesto y destaca la necesidad de una mayor flexibilidad en el futuro para efectuar transferencias en el interior de las distintas líneas presupuestarias;

13.

lamenta que no se mencione la posibilidad de transferir las dotaciones o los márgenes presupuestarios no utilizados a una reserva de flexibilidad de la UE, en vez de devolver fondos a los Estados miembros;

14.

observa la propuesta de presentar en 2016 una «evaluación» de la aplicación del MFP, pero señala que esto debería consistir más bien en una revisión intermedia completa (que incorpore la evaluación propuesta) en 2017, con la posibilidad de ajustar el gasto a las prioridades que surjan, dentro de ciertos límites;

15.

reitera la enérgica oposición del CDR a cualquier forma de condicionamiento macroeconómico que signifique interrumpir la financiación a los entes locales y regionales debido a decisiones económicas adoptadas por los gobiernos nacionales;

16.

apoya, no obstante, la introducción solo de aquellas condiciones ex ante en la gestión de los programas de la UE que sirvan de instrumento para mejorar la eficiencia de los programas y evaluar la capacidad técnica y administrativa real en vez de la mera aplicación de la legislación de la UE; la exigencia de elaborar estrategias, planes o medidas como condición ex ante no debe implicar que los fondos queden condicionados a la realización de todas ellas, incluidas las no cofinanciadas por la UE, ya que ello vulneraría los principios de proporcionalidad y subsidiariedad;

17.

pide que, como condición ex-ante específica que será verificada por la Comisión, se concierten acuerdos formales de asociación entre cada Estado miembro y sus entes locales y regionales;

18.

subraya que las condiciones ex post y la cancelación de la financiación solo deberían aplicarse en condiciones claramente definidas si se dista mucho de alcanzar los resultados esperados, y pide que se tengan en cuenta las normas nacionales sobre la devolución de los pagos ya aprobados. Asimismo, debe existir una colaboración estrecha con las autoridades nacionales, regionales y locales para el establecimiento de dichas condiciones ex post, evitando el riesgo de que se pueda interrumpir la financiación en base a criterios no estrictamente objetivos y medibles;

19.

hace hincapié en que los resultados y los objetivos deben acordarse conjuntamente con los entes locales y regionales, y cualquier nueva carga administrativa deberá reducirse al mínimo. La implantación de la medición de resultados debería implicar la consiguiente supresión del actual sistema consistente en medir factores y efectos detallados. El planteamiento basado en las condiciones exige una explicación mejor y más clara a las partes interesadas sobre cómo funcionará en la práctica;

20.

señala que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE debería ser plenamente conforme con un uso sostenible de los recursos, y pide que se analice mejor la huella de carbono de las inversiones realizadas con el apoyo del presupuesto de la UE;

21.

suscribe el carácter paneuropeo de la política de cohesión propuesta, que cubre a todas las regiones, destinando la mayoría de los fondos a las regiones más pobres a la vez que permite a las regiones más prósperas seguir afrontando sus retos. El CDR acoge favorablemente la referencia explícita a la cohesión económica, social y territorial como sublímite de la rúbrica presupuestaria 1, aunque lamenta que no se haya previsto un margen. Esto permitiría aumentar los fondos bajo este sublímite si no se gastara la totalidad de los fondos en otros apartados;

22.

observa asimismo que las dotaciones propuestas para los Fondos Estructurales (336 000 millones de euros para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, excluido el mecanismo «Conectar Europa») son un 3 % inferiores a las de la actual ronda, que consigna 347 000 millones. El objetivo debería ser una financiación para los programas de los Fondos Estructurales que, por lo menos, sea constante en términos reales con respecto a la actual ronda;

23.

rechaza la propuesta consistente en que las regiones más ricas deban destinar prioritariamente su asignación integral de los Fondos Estructurales, excepto el FSE, a cuestiones energéticas y desarrollo de pymes e innovación. Si bien es indispensable un cierto grado de orientación dentro de cada programa operativo, estas limitaciones a nivel de la UE no garantizarán un valor añadido, dada la diversidad de las regiones europeas y los distintos retos que afrontan. Debería ser posible una opción más libre entre un menú más amplio de objetivos temáticos de la Estrategia Europa 2020;

24.

reitera la oposición del CDR a la reserva de rendimiento propuesta del 5 % del presupuesto para la política de cohesión. Esto puede acabar en una situación en la que todos pierdan, dado que la reserva se asigna sobre la base de dotaciones nacionales predeterminadas. En caso de que no se cumplan los criterios de resultados (para lo cual puede haber motivos objetivos y externos), los importes asignados a la reserva de rendimiento simplemente se pierden. El éxito en la ejecución de los programas será una recompensa suficiente por sí misma, y el gasto estaría mejor asignado a medidas de prevención, como asistencia técnica para desarrollar la capacidad de las instituciones;

25.

apoya la propuesta del MFP de crear una nueva categoría de «transición» para aquellas regiones cuyo PIB esté situado entre el 75 % y el 90 % del PIB de la UE y acoge con satisfacción la propuesta de una red de seguridad para las regiones que pierdan la opción a las ayudas del objetivo de convergencia. Destaca, no obstante, que la credibilidad de la política de cohesión se ve afectada por el uso de datos correspondientes al PIB que están desfasados en varios años con respecto a las condiciones económicas actuales;

26.

La Comisión debe tener en cuenta a las numerosas regiones cuyo PIB se ha reducido desde el período de referencia 2006-2008, valiéndose de la flexibilidad que ofrece el marco financiero propuesto y utilizando el proceso de ajuste propuesto de acuerdo con el artículo 5 del proyecto de Reglamento del Consejo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y a través de la revisión intermedia del MFP en 2017. En los documentos de programación deberán tenerse en cuenta los dispares efectos regionales de la crisis económica;

27.

reafirma que el Fondo Social Europeo (FSE) debe seguir estando fuertemente afianzado en la política de cohesión de la UE. En efecto, el FSE se aplica mejor a nivel territorial mediante programas integrados in situ que a través de programas separados temáticos o sectoriales a nivel nacional;

28.

destaca la importancia de promover la igualdad de género (y la igualdad de oportunidades) en la UE y en terceros países destinando recursos suficientes al FSE, al Fondo Europeo de Desarrollo y a otros programas sociales;

29.

acoge favorablemente la propuesta consistente en mantener las dotaciones del Fondo de Cohesión en un tercio del total de la financiación de la cohesión a nivel nacional en los Estados miembros subvencionables (con menos del 90 % de la RNB de la UE);

30.

apoya el aumento del presupuesto destinado a la cooperación territorial europea, que pasa de 9 000 millones de euros a 13 000 millones de euros, y señala el importante valor añadido europeo de Interreg y otros programas que animan a las regiones de Europa a trabajar juntas para afrontar desafíos comunes;

31.

apoya decididamente la propuesta consistente en establecer un Marco Estratégico Común (MEC), que conduzca a un conjunto único de orientaciones estratégicas, para los principales fondos de la UE con dimensión territorial. No obstante, el MEC debe ir más allá de la alineación de fondos a nivel estratégico para garantizar prácticas y procedimientos comunes de aplicación entre los fondos durante su implementación;

32.

está de acuerdo con el planteamiento consistente en fijar la tasa límite de las dotaciones de la cohesión en un nivel que refleje mejor las actuales tasas de ejecución y las capacidades reales de absorción en cada Estado miembro, aunque señala que el nuevo límite debe establecerse en un nivel que permita la aplicación de una política de cohesión eficaz en todos los Estados miembros. En particular, el límite de absorción propuesto no debería tener como resultado un nivel de compromisos inferior al nivel de gasto real (ajustado para tener en cuenta la inflación) en ningún Estado miembro durante el período 2007-2013;

33.

insiste en que el principio de asociación debe hacerse realidad, fomentarse activamente y aplicarse estrictamente. El CDR aprueba los contratos de asociación como instrumento que posibilita la planificación estratégica de los programas, pero insiste en que la aplicación práctica de estos acuerdos debe respetar el principio de subsidiariedad, así como el reparto de competencias dentro de los Estados miembros. Por lo tanto, su ámbito de aplicación debería limitarse a las medidas de la política de cohesión y otros fondos del MEC. Las autoridades locales y regionales competentes deben ser tratadas como socios en pie de igualdad con respecto a las autoridades nacionales a la hora de elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de los Fondos Estructurales y los contratos de asociación a ellos vinculados. Los pactos territoriales entre las autoridades locales, regionales y nacionales también deberían ser una opción disponible para formalizar medidas de colaboración junto con los gobiernos nacionales;

34.

reitera su llamamiento en favor de la introducción y promoción de los «bonos ciudadanos» para promover el desarrollo local. Los bonos ciudadanos podrían permitir a los proyectos apoyados por la UE disfrutar de una financiación adicional procedente de ciudadanos particulares o de otros fondos públicos que invertirían a cambio de una remuneración garantizada y justa;

35.

señala, además, la necesidad de desarrollar soluciones energéticas locales mediante «Ciudades Inteligentes» que fomenten un abastecimiento energético limpio y eficiente, y pide un mayor apoyo para los entes locales y regionales, en particular para facilitarles los conocimientos técnicos necesarios para la elaboración de planes de acción locales o regionales de lucha contra el cambio climático y para fomentar el intercambio de ideas. Señala a este respecto el papel clave que desempeña el Pacto de los Alcaldes, cuyo presupuesto debería incrementarse a fin de ampliar su ámbito de acción a la hora de proporcionar a los entes locales y regionales los conocimientos técnicos especializados necesarios para diseñar planes de acción sobre el cambio climático y afrontar desafíos más específicos en materia de energía o relacionados con los recursos, como la política hídrica;

36.

toma nota de la propuesta de establecer un nuevo «Mecanismo Conectar Europa» dotado con 40 000 millones de euros para apoyar las inversiones en infraestructuras de transporte, energía y TIC de importancia europea y considera que eliminar los estrangulamientos en estas redes aportará un importante valor añadido a la sociedad; no obstante, es necesaria una participación importante de los entes locales y regionales en la supervisión y gestión de los proyectos de infraestructuras que no están previstos en las medidas de gestión centralizada actualmente propuestas;

37.

recuerda el apoyo del CDR a la introducción de bonos para proyectos de la UE destinados a financiar infraestructuras, y recuerda que estos bonos pueden tener un efecto de palanca muy beneficioso sobre el presupuesto de la UE. No obstante, estos instrumentos deberían verse como un añadido valioso a las subvenciones aportadas a través de los Fondos Estructurales, en vez de un sustituto de las mismas;

38.

considera que el presupuesto actual de investigación de la UE resulta insuficiente, por lo que acoge favorablemente el importante impulso a la investigación e innovación propuesto en virtud del MFP (que pasa de 53 000 millones de euros a 80 000 millones de euros). Esto acerca la Unión al objetivo de la Estrategia Europa 2020 de invertir el 3 % del PIB de la UE en investigación e innovación, en línea con la creación de una «Unión por la innovación». En particular, el CDR aboga por el programa reforzado «Regiones del conocimiento», pero considera indispensable acelerar la aplicación de la investigación en el mercado. El CDR apoya la idea de aumentar la ayuda disponible para iniciativas de clusters y otras colaboraciones a nivel local que contribuyan a reforzar el potencial de innovación;

39.

apoya la creación de un marco estratégico común «Horizonte 2020» para la investigación y la innovación, ya que puede simplificar y consolidar los distintos programas de financiación en este ámbito, como el Programa Marco de Investigación (PM7) y el Programa para la Innovación y Competitividad (PIC). El CDR señala, no obstante, que el MEC para la investigación y la innovación debe estar bien coordinado y ser coherente con el MEC propuesto para los fondos territoriales;

40.

acoge favorablemente el estímulo a la financiación propuesto para los programas específicos de la UE en materia de educación, formación y juventud (incluidos los deportes), con un aumento en su presupuesto hasta los 15 000 millones de euros. Estos programas deberían complementarse mediante el gasto del FSE. El CDR acoge con especial satisfacción el énfasis en racionalizar y simplificar la actual gama de programas de juventud, educación y formación en el seno de un solo programa integrado, simplificando los procesos. Sin embargo, el programa «Educación Europa» no debería centrarse únicamente en los estudiantes de enseñanza superior, sino que también debería ocuparse del complejo fenómeno del abandono escolar prematuro, en el que los entes locales y regionales tienen que desempeñar un importante papel. Además, el CDR destaca la creciente importancia económica y social de los sectores cultural y creativo, así como la necesidad de un apoyo suficiente a estos sectores en el marco del FEDER y del FSE;

41.

considera imperativo, en relación con la reestructuración de los programas de financiación, que se mantenga la ayuda a los jóvenes, orientada a sus necesidades específicas. Este nuevo programa integrado debería basarse en los elementos positivos del actual programa «La Juventud en Acción». Debería promover, siguiendo la línea de la estrategia de la UE en favor de la juventud, además de un mayor desarrollo de los intercambios entre jóvenes y profesionales, una mayor participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa;

42.

observa, al igual que sucede con los Fondos Estructurales, la reducción de la financiación propuesta para la Política Agrícola Común (PAC), que pasa de 396 000 millones de euros a 372 000 millones de euros. Observa, no obstante, que la PAC, que abarca los pilares I y II, sigue representando un mayor porcentaje del gasto presupuestario que los 336 000 millones propuestos para los Fondos Estructurales;

43.

considera que, dado el requisito apremiante de que la PAC no solo satisfaga las necesidades alimentarias, sino que desempeñe también los cometidos esenciales de Europa, esta política debería adaptarse más a la Estrategia Europa 2020 para que los agricultores puedan recibir pagos sobre una base equitativa por suministrar bienes públicos tales como un enfoque reforzado de la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la regeneración de las zonas rurales en su conjunto;

44.

acoge con especial satisfacción que la Comisión no haya optado por fragmentar aún más el panorama de financiación de la UE con un fondo sectorial separado para el cambio climático, sino que haya optado en su lugar por el enfoque transversal más integrado para «ecologizar» el 30 % del gasto correspondiente al Pilar I, pero subraya que esta «ecologización» no debe llevar a vaciar de contenido los programas agroambientales de los Estados miembros o a reducir en la práctica sus recursos;

45.

acoge favorablemente el compromiso de «ecologizar» la PAC y solicita que las medidas para «ecologizar» la PAC incluyan criterios claros, obligatorios y explícitos para los beneficiarios en lo que respecta a la protección del suelo y el uso eficiente de las aguas subterráneas, así como iniciativas para suprimir todos los subsidios perjudiciales para el medio ambiente;

46.

acoge favorablemente las propuestas relativas a la convergencia de los pagos y a la limitación del nivel de los pagos directos. Esto debería tener como resultado un sistema de distribución más justo entre los Estados miembros. El CDR también apoya plenamente la propuesta de permitir una mayor flexibilidad entre los dos pilares de la PAC: pagos directos y desarrollo rural;

47.

expresa su preocupación por la reserva propuesta de 3 500 millones de euros para las «crisis en el sector agrícola» y el alcance ampliado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que reflejan la preferencia de la Comisión por medidas reactivas más que preventivas, y cree que debería hacerse uso de una mayor flexibilidad presupuestaria para afrontar crisis en vez de crear una panoplia cada vez mayor de distintas reservas, fondos e instrumentos de emergencia fuera del MFP; a este respecto considera que la viabilidad de la Política Agrícola Común está inextricablemente vinculada al mantenimiento de mecanismos de regulación de los mercados destinados a impedir la volatilidad de los precios y garantizar unos precios estables a productores y consumidores;

48.

lamenta que el presupuesto destinado al desarrollo rural (90 000 millones de euros) vaya a seguir siendo desproporcionadamente pequeño en comparación con los recursos asignados a los pagos directos, aunque acoge favorablemente que el FEADER vaya a estar vinculado más estrechamente a los otros fondos territoriales del Marco Estratégico Común. La PAC y la política de cohesión no pueden considerarse como elementos aislados, y han de coordinarse más estrechamente que en la actualidad. Respecto a la supresión del «enfoque por ejes», el CDR señala que otros proyectos no agrícolas, como el fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales (nueva prioridad 6), no deben recibir menos atención en el futuro;

49.

pide que el Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a los más Desfavorecidos se mantenga en un nivel como mínimo equivalente al del actual período de programación. Si la responsabilidad de dicho programa pasa de la Política Agrícola Común al Fondo Social Europeo, los fondos deberían reasignarse en consecuencia dentro de la estructura presupuestaria;

50.

expresa su preocupación por que la inclusión de la política pesquera en una política marítima integrada dentro del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) pueda implicar la reducción de los niveles de financiación asignada a la pesca. Esta reducción no es conveniente, habida cuenta de los retos que afrontan las comunidades pesqueras;

51.

subraya el valor del programa LIFE+ y acoge favorablemente que se haya aumentado su financiación hasta los 3 200 millones de euros;

52.

acoge favorablemente las propuestas presupuestarias de esta rúbrica y destaca la importancia de un presupuesto para inmigración, asilo y seguridad dotado de todos los recursos necesarios. El CDR destaca, en particular, la necesidad de un enfoque coordinado en lo que se refiere a la gestión de las fronteras exteriores de la Unión, y acoge favorablemente las iniciativas encaminadas a desarrollar un Sistema Europeo Común de Asilo: un ámbito en el que la cooperación a nivel de la UE es claramente la única solución. No obstante, debería encontrarse un equilibrio preciso entre, por una parte, los capítulos del gasto relacionados con la seguridad (incluida la seguridad interior) y las fronteras y, por otra parte, el gasto en ámbitos como la integración de los inmigrantes y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, ámbitos en los que las medidas adoptadas por los entes regionales y locales pueden aportar un claro valor añadido;

53.

subraya la importancia de proporcionar recursos adecuados para promover los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana en la labor de construcción de una ciudadanía europea: por consiguiente, considera de importancia fundamental que el programa La Europa de los ciudadanos haga hincapié en las asociaciones de colaboración en apoyo de la sociedad civil a escala de la UE;

54.

considera que la seguridad de la UE está estrechamente vinculada al desarrollo de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, tanto dentro de la Unión como en los terceros países, y que corresponde a la Unión fomentar estos valores a nivel mundial;

55.

subraya la importancia de los 396 millones de euros propuestos para el programa de la UE en el ámbito de la salud pública y señala que deberá facilitarse la financiación suficiente para la innovación social, biológica y tecnológica en el área de los servicios de salud. El CDR observa la importancia de la asistencia sanitaria y social como motor importante del empleo en el futuro y, por lo tanto, destaca que la lucha contra las desigualdades sanitarias debe considerarse una prioridad presupuestaria;

56.

hace hincapié en la importancia de los 1 600 millones de euros propuestos para el programa «Europa Creativa» y subraya que se deberían asignar fondos suficientes a todos los agentes de los sectores cultural y creativo que aportan una importante contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

57.

reconoce que la UE tiene un peso importante a nivel internacional, mayor que la suma de sus distintos Estados miembros, y que los retos que afronta la UE exigen una respuesta global. El CDR se felicita, por lo tanto, del aumento del presupuesto destinado a la Política de Vecindad y a la Cooperación al Desarrollo (36 000 millones de euros);

58.

apoya la propuesta de la Comisión de racionalizar los instrumentos en el contexto de la ampliación mediante la creación de un único instrumento de preadhesión integrado;

59.

reitera su solicitud de que se posibilite que los entes regionales y locales de los países involucrados en la Política Europea de Vecindad (PEV) reciban ayuda financiera por su participación en los órganos competentes;

60.

destaca su compromiso con la lucha contra la pobreza y, en particular, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que deberán alcanzarse para 2015, y apoya el objetivo de destinar el 0,7 % del PNB de los Estados miembros al desarrollo de otros países. Señala en particular la importante función que desempeña la UE a la hora de garantizar un enfoque coordinado para la prestación de ayuda humanitaria, y pide a todos los Estados miembros que actúen para garantizar el cumplimiento de sus compromisos en materia de desarrollo;

61.

destaca la necesidad de buscar e introducir medidas de ahorro que aumenten progresivamente la eficiencia administrativa en todas las instituciones y órganos consultivos de la UE sin perjudicar la función vital que desempeñan en la consecución de los objetivos europeos;

62.

subraya que pueden realizarse importantes ahorros mediante la reestructuración y la cooperación interinstitucional, así como con una mejor organización de las actividades institucionales mediante la aplicación integrada de soluciones electrónicas;

63.

no cree que, por sistema, elementos importantes del gasto de la UE como el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) o el programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente (GMES), junto con otros instrumentos que suponen 58 000 millones del gasto de la Unión, deban financiarse fuera del MFP. Esto limita la participación de la democracia parlamentaria y perjudica la transparencia. En principio, todas las partidas de gasto de la UE, incluso las proyectadas a más largo plazo, o las que no pueden desplegarse, deben someterse a debate en términos equivalentes a los del MFP;

64.

apoya la anunciada simplificación del complejísimo sistema de descuentos y correcciones, acoge favorablemente que las nuevas correcciones en forma de cantidades a tanto alzado se limiten en el tiempo y celebra la propuesta de la Comisión de sustituir los actuales sistemas de descuentos por un mecanismo general de corrección. Tal mecanismo deberá garantizar en todo caso que básicamente las posiciones no aumenten y que como resultado se llegue a un justo equilibrio en la relación mutua entre los Estados miembros. Una serie de mecanismos correctores concluirá automáticamente en 2013, pero la corrección concedida al Reino Unido y los descuentos consiguientes con respecto a esta corrección concedidos a DE, NL, AT y SE no tienen hasta ahora fecha de expiración. El CDR considera, no obstante, que solo puede efectuarse una revisión de los mecanismos correctores si se abordan también los motivos subyacentes y legítimos de dichos mecanismos;

65.

tiene el convencimiento de que la introducción de recursos propios de la UE debería sustituir a las contribuciones nacionales, y recuerda que todos los Estados miembros y parlamentos nacionales han suscrito el artículo 311 del TFUE, en el que se establece que el presupuesto de la UE se financiará en su totalidad con recursos propios. El CDR apoya, por lo tanto, las iniciativas encaminadas a reducir las contribuciones directas de los Estados miembros al presupuesto de la UE y, al mismo tiempo, a aumentar los recursos propios disponibles para afrontar los retos futuros;

66.

expresa, por lo tanto, su apoyo a las propuestas de la Comisión para establecer un nuevo recurso vinculado al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Estas propuestas son ambiciosas, pero muy necesarias;

67.

acoge favorablemente la propuesta de creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) coordinado a escala de la UE. La fiscalidad del sector financiero contribuiría considerablemente a una mayor equidad y serviría para limitar el número de actividades financieras, especialmente las especulaciones;

68.

considera que todo nuevo sistema de financiación del presupuesto de la Unión debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, estabilidad económica, solidaridad, transparencia y simplicidad, y debe aplicarse a todos los Estados miembros. Para ello es preciso llevar a cabo un análisis pormenorizado de impacto y viabilidad antes de acordar cualquier nuevo recurso propio. Y, lo que es más importante, debería entablarse un debate en los Estados miembros con la estrecha participación de los entes locales y regionales;

69.

acoge con satisfacción que el MFP contenga disposiciones específicas para el caso de que no se haya adoptado para finales de 2012, aunque reconoce que ello podría de hecho desincentivar el logro de un acuerdo en el plazo previsto. El CDR insta, por lo tanto, a las instituciones de la UE a que lleguen a un acuerdo sobre las propuestas dentro del plazo previsto;

70.

lamenta que al Parlamento Europeo solo se le siga dando la facultad de asentir sobre el MFP y no una codecisión plena, lo que significa que no puede modificar formalmente las propuestas, y pide, por lo tanto, al Consejo y a la Comisión que aseguren un máximo de compromiso con el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo estableciendo mecanismos de cooperación reforzada;

71.

se reserva la posibilidad de revisar el presente dictamen a lo largo de 2012 a medida que avancen las negociaciones sobre el MFP;