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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las "Redes transeuromediterráneas de energía"

(2004/C 32/05)

El 27 de marzo de 2003, en una carta de la Sra. Loyola de Palacio, la Comisión pidió al Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que elaborara un dictamen sobre el tema "Redes transeuromediterráneas de energía".

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de octubre de 2003 (ponente: Sr. Hernández Bataller).

En su 403o Pleno de los días 29 y 30 de octubre de 2003 (sesión del 29 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 120 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Antecedentes

1.1. La Conferencia Euromediterránea de Barcelona de noviembre de 1995 marcó un jalón fundamental en las relaciones entre la Unión Europea y los países asociados del Mediterráneo no miembros de la misma, al establecer la creación de un espacio económico y social de prosperidad compartida. Para alcanzar este objetivo, dentro de la estrategia acordada en Barcelona, se diseñó tanto un sistema de reuniones políticas como de iniciativas de encuentro de la sociedad civil y de los agentes económicos(1) y, por último, se creó un Programa Comunitario -MEDA- dotado de importantes recursos.

1.2. Desde los primeros compases de este proceso se pudo observar la importancia que una cooperación más intensa en el sector de la energía podía tener para el conjunto de los países mediterráneos y para la propia Unión Europea. En efecto, de una parte, una disponibilidad adecuada de energía en sus diversas formas y a precios competitivos es una condición indispensable para propiciar un desarrollo económico. En segundo lugar, varios países del sur del Mediterráneo cuentan con importantes reservas de energía, principalmente, hidrocarburos, cuyo desarrollo, puesta en explotación y transporte hasta los mercados finales necesita importantes recursos y, en determinados casos, la necesidad de estabilidad en los propios mercados consumidores. Por último, la dimensión global del desarrollo sostenible implica que este aprovechamiento y uso de los recursos energéticos debe hacerse con las máximas garantías en lo relativo a la protección del medio ambiente.

1.3. Ello llevó a diversas iniciativas, la primera de las cuales fue definir, en la Conferencia de Malta de 1997, el sector energético como uno de los seis ejes prioritarios de actuación. La segunda fue la creación en 1997 del Foro Euromediterráneo de la Energía (FEE), formado por altos representantes de los 27 países de la UE y del Mediterráneo. La tercera, la creación, por parte de las compañías del sector energético, del Observatorio Mediterráneo de la Energía (OME), como célula de reflexión y estudio acerca de la situación y perspectivas de la energía en esta región. Por último, la creación, en el año 2002, del Instrumento de Inversión y Colaboración Euromediterráneas (FEMIP), de carácter plurisectorial y gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Presidencia Italiana de la UE ha manifestado su interés en aumentar dichos fondos y que dicho Instrumento sea, eventualmente, el embrión de un Banco Euromediterráneo de Inversiones.

1.4. Simultáneamente, se han celebrado numerosas reuniones de carácter político, la ultima -de una gran relevancia- la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Energía en Atenas en mayo de este año. Asimismo, tanto por parte del OME, como de otras entidades como EUFORES (Foro Europeo para las Energías Renovables) o el Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos (FEMISE), se han desarrollado tanto encuentros de carácter técnico y empresarial como una importantísima labor de estudio y análisis prospectivo de la situación y de los desafíos pendientes.

1.5. Los tres últimos antecedentes son, en primer lugar, el Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético de la UE, de octubre del 2000, la reciente Comunicación de la Comisión de 13 de mayo de 2003 sobre el desarrollo de una política energética de la UE ampliada con los países vecinos y socios y, por último, la inclusión en julio del 2003 de proyectos de conexión Sur-Norte del Mediterráneo en la lista revisada de proyectos prioritarios de las Redes Transeuropeas de Energía (TEN).

1.6. Todo ello lleva, en opinión del Comité Económico y Social Europeo, a considerar que existen los elementos suficientes, de carácter político y técnico, para potenciar el partenariado en materia de energía, dentro del cual el desarrollo de las redes energéticas de interconexión es una parte importante.

2. Las prioridades 2003-2006

2.1. Las prioridades recientemente adoptadas, en mayo de este año, por los ministros de energía sobre la base de las recomendaciones del Foro Euromediterráneo de la Energía se articulan alrededor de los tres siguientes ejes:

- Concreción de acciones de política energética de ámbito regional y desarrollo de proyectos de infraestructura de interés común.

- Establecimiento de mecanismos que faciliten la financiación de estos proyectos de interés común y el desarrollo de la cooperación industrial en estos ámbitos.

- Desarrollo de mecanismos logísticos de apoyo al Foro Euromediterráneo de la Energía.

Estos ejes constituirán los temas principales de la agenda de la próxima Conferencia Euromed sobre infraestructuras energéticas, en diciembre del 2003, en el marco de la Presidencia italiana de la UE.

Dentro de estos tres ejes se identifican a su vez seis grandes capítulos, con un total de 24 acciones prioritarias y un número elevado de proyectos concretos de infraestructuras energéticas (9 para el sector de gas natural y 12 para el sector eléctrico). Dentro del primer eje se articulan a su vez dos tipos de acciones. En lo que se refiere a las infraestructuras, se cita la conveniencia de construir un mercado euromediterráneo de electricidad y de gas natural totalmente integrado e interconectado. Dentro de las medidas de política energética euromediterránea hay que incluir el desarrollo de un marco legal armonizado, incluyendo los aspectos de tarificación y los aspectos técnicos en relación con los intercambios, y la reducción o eventual supresión de las subvenciones fiscales que impidan la promoción del uso racional de la energía, la potenciación de las energías renovables y la mejora de la seguridad del aprovisionamiento en el transporte de hidrocarburos por vía marítima.

2.2. Dentro del segundo eje, en relación con la financiación de proyectos se hace hincapié en el aprovechamiento del FEMIP, en la búsqueda de nuevos instrumentos de financiación de ámbito regional con la participación del BEI y de otros organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo (BRD) y, por último, en el eventual desarrollo de una legislación que permita una mejor garantía de los potenciales inversores. En cuanto a la cooperación industrial, ésta se vincula con los procesos de transferencia de tecnologías y la eliminación de obstáculos legales que impidan la creación de "joint-ventures" entre empresas de diferentes países de la región.

2.3. El tercer eje se refiere a la necesaria financiación para permitir la continuación de las tareas de los tres grupos de trabajo creados en el Foro (cuyas reuniones exigen movilizar alrededor de 100 expertos) y los estudios necesarios (11 en total, de los cuales 7 de carácter regional y 4 de carácter nacional), muchos de ellos ya iniciados, pero pendientes de culminación para definir con precisión los objetivos. Se estima que las necesidades de financiación de los mismos alcanzan los 49 millones de euros.

3. Los desafíos pendientes

3.1. Esta definición tan detallada de prioridades no debe hacer ignorar los desafíos que esta colaboración euromediterránea en materia de energía implica, y que puede ser resumida en los siguientes puntos.

3.2. El primer desafío es precisar el alcance real de la seguridad del aprovisionamiento de energía de la UE y del conjunto del Mediterráneo y en qué forma esta cooperación y el desarrollo de las redes energéticas de interconexión pueden contribuir a su mejora.

3.3. El segundo desafío es perfilar el papel que pretende darse a la iniciativa de los poderes públicos y de los operadores privados en el desarrollo de esta cooperación y cómo es la misma contemplada en los diversos países y regiones, y que afecta tanto a los problemas de financiación como al desarrollo de los marcos legislativos y reglamentarios.

3.4. El tercer desafío es concretar las necesidades previstas de financiación, los recursos disponibles por parte de la iniciativa pública (especialmente MEDA, FEMIP, el BEI, el Banco Mundial y los BRD), la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan aminorar los niveles de riesgo considerados "no comerciales" y, en paralelo, el interés y la capacidad de la iniciativa privada para asumir estos proyectos.

3.5. El cuarto desafío es cómo complementar las iniciativas Norte-Sur (con un interés especialmente para la Unión Europea y los países exportadores de energía) con proyectos que integren esta dimensión con la de iniciativas Sur-Sur, de tal manera que se desarrolle un verdadero sentido de partenariado en el área Euromed y en sus diversas subregiones.

3.6. El quinto desafío es el desarrollo de verdaderas políticas energéticas sostenibles que pongan el acento en el uso racional de la energía y en la promoción de energías renovables y que, simultáneamente, mejoren el impacto ambiental de las aplicaciones energéticas. Asimismo, dentro de estas políticas debe prestarse una atención especial al tema del uso racional del agua, que va a requerir en todo el Mediterráneo cantidades ingentes de energía para su desalación ante los fuertes aumentos de las demandas para usos agrícolas y residenciales.

3.7. El sexto desafío es la armonización de los marcos legislativos y reglamentarios y la adecuada preparación de los legisladores y funcionarios encargados de llevarlos a cabo.

3.8. El séptimo desafío es cómo desarrollar una posición común de los países de la UE y del resto del Mediterráneo en diversos foros internacionales como son la Conferencia sobre Cambio Climático (UNFCC), la Coalición por las Energías Renovables acordada en la Cumbre de Johannesburgo (Coalition of the Willing) o la Organización Marítima Internacional (OMI).

3.9. El último desafío, y sin duda el más difícil e importante, es cómo ordenar de manera adecuada todas las prioridades recogidas en el punto anterior e, incluso, los desafíos que acaban de ser mencionados para concretar, de manera progresiva y ordenada, los objetivos y proyectos ya suficientemente identificados.

4. El concepto y la dimensión de la seguridad del aprovisionamiento de energía

4.1. El CESE, en su dictamen sobre el Libro Verde de mayo de 2001, ya señaló, entre otros factores, que un elemento esencial en este debate consiste en comprender que, aunque la dependencia exterior de la UE en materia de energía vaya a aumentar casi inexorablemente en el futuro, es preciso disociar el concepto de dependencia del concepto de riesgo.

4.2. Esta apreciación fue recogida por la Comisión en su documento de diciembre de 2001, que resumía las contribuciones recogidas en torno al Libro Verde, y que fue asimismo señalada por otros contribuyentes a este debate. De este documento pueden extraerse algunos nuevos conceptos acerca del concepto revisado de seguridad en el aprovisionamiento de energía que pueden resumirse en los siguientes elementos:

- Una mayor dependencia exterior no debe implicar automáticamente un mayor riesgo en cuanto a la seguridad del suministro.

- La mejora de la seguridad del abastecimiento en la UE descansa, en una medida importante, en un uso adecuado de los recursos energéticos en el ámbito mundial. Esto, que está en línea con los Compromisos de Kyoto, implica la absoluta prioridad e importancia de que el mundo en su conjunto aborde acciones muy concretas de uso racional de la energía y de que este uso racional sea uno de elementos centrales de todo desarrollo económico y social.

- Esta necesaria cooperación energética en el ámbito mundial a que nos lleva la reflexión anterior pasa por tres ejes: Transferencia de tecnologías tanto para la explotación de recursos autóctonos -fósiles y renovables- como para potenciar el uso racional de la energía. Favorecer las corrientes de inversión que hagan posible esta explotación de nuevos recursos y que, al mismo tiempo garanticen el retorno y la retribución de los capitales invertidos y, por último, crear las condiciones adecuadas que permitan el tránsito de productos energéticos de manera que se beneficie de forma equitativa tanto a los países productores y consumidores, como a los países en tránsito.

- Ello lleva, por parte de la Unión Europea, a incluir el sector energético entre los vectores prioritarios en sus relaciones exteriores, potenciando el diálogo productor-consumidor a nivel global e incluyéndolo como tema central en sus relaciones bilaterales con el Mediterráneo o Rusia, por citar solo dos ejemplos.

- Igual que se considera que la fiscalidad medioambiental puede ser aceptable en determinados casos, una fiscalidad energética orientada a mejorar la seguridad del abastecimiento, especialmente si simultáneamente implica una mejora de la protección medioambiental, podría ser ampliamente aceptada.

4.3. Aunque el suministro estable y regular de energía es vital para la UE, no es posible olvidar que el mismo se enmarca en un objetivo superior cual es el de buscar un espacio de prosperidad compartida que garantice la estabilidad futura del conjunto del Mediterráneo. Por ello es necesario potenciar la cooperación energética Sur-Sur en el Mediterráneo e incluso subregional dentro de la misma, como un elemento imprescindible para garantizar la estabilidad regional y favorecer el desarrollo armónico de estas sociedades.

5. El papel de los poderes públicos y el de la iniciativa privada

5.1. La enorme magnitud de las cantidades de inversión requeridas va a exigir que sea la iniciativa privada la que deba asumir la mayor parte de este esfuerzo, la cual debe complementarse, especialmente en los países del Sur y Este del Mediterráneo, con una participación activa de las empresas públicas del sector de la energía de estos países.

5.2. Sin embargo, no es posible ignorar el papel relevante que deben desempeñar los poderes públicos de la UE y de otros países del Mediterráneo. Este papel debe centrase en los siguientes aspectos:

- Crear las condiciones de diálogo político y social adecuadas a fin de minimizar lo que, en términos financieros, se define como "riesgo país" y la sobreprima de coste financiero que ello lleva asociado y garantizar a los ciudadanos de los países del Sur y Este del Mediterráneo unos servicios eficaces que les den seguridad en el futuro.

- Participar en la financiación de estudios previos de viabilidad en lo relativo a infraestructuras o proyectos concretos de interés común, definiéndose por interés común lo que repercute favorablemente en la UE y en al menos un tercer país del Mediterráneo.

- Cofinanciar, bajo determinadas condiciones, proyectos de infraestructura considerados como prioritarios y que sin dicha participación no serían asumidos por la iniciativa privada.

- Desarrollar los marcos legislativos y reglamentarios que permitan facilitar los proyectos comunes, ya sea de explotación o de infraestructuras comunes o incluso en relación con el tránsito por terceros países de dichos productos energéticos.

6. Financiación del sector energético euromediterráneo y de sus infraestructuras

6.1. Existen numerosos estudios que han tratado de cuantificar las inversiones necesarias para financiar las infraestructuras de interconexión Sur-Norte y Sur-Sur. En cuanto a las primeras se trata de duplicar por tres puntos el suministro de gas a la Unión Europea, de reforzar las conexiones eléctricas e incluso de realizar oleoductos para el transporte de crudo. En cuanto a la dimensión Sur-Sur, se trata de crear los llamados anillos mediterráneos de gas y electricidad (este último con una indudable ventaja colectiva inmediata en cuanto al apoyo para la gestión de los sistemas y la reducción de las rupturas del suministro). Sin embargo, en este caso existe el problema de la asociación de Libia a estos proyectos, sin los cuales el anillo estaría incompleto. Existen proyectos de crear un mercado subregional eléctrico integrado en el Maghreb, proyectos que fueron ratificados, a nivel político, en la reciente reunión de ministros de Energía de Atenas, de mayo de 2003.

6.2. Diversos estudios de varias organizaciones (FEMISE, OME) sitúan la cifra de inversión requerida en infraestructuras y en el desarrollo del sector productivo en torno a los 200000 millones de euros en los próximos 10 años, de los cuales 110000 millones en el sector eléctrico (70000 millones para generación y el resto para transporte y distribución). Estas cifras corresponden, en general, a estimaciones del año 2000, con lo que las cifras reales podrían ser algo más elevadas. Es importante asimismo señalar que tan sólo dos países (Turquía y Argelia) concentran el 50 % de esta inversión necesaria. No ha sido posible identificar la parte de esta inversión que corresponde a Redes Energéticas de Interés Común Mediterráneo (REICM).

6.3. Ante estas evidencias es necesario buscar actuaciones constructivas. De una parte, según FEMISE, en la década de los noventa la Inversión Extranjera Directa (IED) en estos países fue de alrededor de 15000 millones de euros anuales, para el conjunto de sectores económicos, repartidos por igual entre inversiones públicas (instituciones multilaterales y programas de cooperación al desarrollo) y privados. Con el nuevo FEMIP, el BEI espera incrementar su capacidad de inversión en el Mediterráneo desde los 1400 millones de euros anuales hasta los 2000 millones de euros anuales. Es por tanto necesario que la iniciativa privada sea la responsable de completar este espectacular esfuerzo inversor. Nuevas ideas, como la reciente Iniciativa de Capital riesgo Averroes, dotada con 26 millones de euros, son un paso tímido pero en la dirección correcta.

6.4. Un tema que no ha sido suficientemente analizado es, en opinión del CESE, la apertura a la competencia de las grandes infraestructuras de interconexión financiadas parcialmente con fondos comunitarios. En la actualidad las mismas se rigen por el principio de prioridad del propietario y del "first come basis" ("primer llegado") para el uso de la capacidad eventualmente excedente. Es necesario analizar jurídicamente este tema, ya que podría ser eventualmente un factor de distorsión en la coparticipación de la iniciativa privada en la construcción de estas grandes interconexiones Norte-Sur.

6.5. Algunos datos recientes apuntan hacia un significativo aumento de la inversión privada en el sector energético de los países mediterráneos. Existen importantes proyectos de la iniciativa privada en países como Turquía, Argelia y Egipto, aunque en estos dos últimos países los proyectos están orientados especialmente a la exportación de sus productos energéticos. Sin embargo, aunque muy importantes en cuanto su volumen, se trata de proyectos puntuales, desconectados entre sí y, no obstante sus importantes beneficios mutuos para los inversores y el país beneficiario, no integrados en la estrategia de partenariado colectivo.

6.6. Por ello se hace necesario organizar nuevas acciones basadas en las siguientes directrices:

- Favorecer acuerdos de protección recíproca de inversiones apoyándose en los acuerdos bilaterales entre la UE y estos países del Mediterráneo.

- Definir con precisión los criterios de utilización de infraestructuras financiadas parcialmente con subvenciones públicas.

- Mejorar la legislación interna de los países mediterráneos para favorecer una mayor presencia, donde ello sea posible económica y socialmente, de la inversión extranjera en el sector energético tanto de cara a la exportación como al desarrollo de las necesidades internas de suministro para su población y para sus actividades económicas.

- Desarrollar, tal y como fue recogido en la Conferencia Ministerial de Atenas, nuevos servicios financieros adaptados a la realidad euromediterránea, con el apoyo del BEI, del Banco Mundial, de los bancos regionales de desarrollo y de la banca privada.

- Aumentar la financiación pública nacional y comunitaria, destinada a desarrollar los proyectos energéticos de interés común con un alto valor estratégico y social, siempre que demás tengan una evidente repercusión favorable sobre el medio ambiente.

- Favorecer la cooperación industrial en el sector energético extendiéndola desde los acuerdos entre grandes compañías, y entre éstas y los gobiernos, a otros niveles que incluyan la fabricación de equipos o el mantenimiento de los mismos, y que impliquen la creación de un tejido productivo local.

7. La dimensión norte-sur y la dimensión sur-sur

7.1. Parece evidente que el diseño de infraestructuras de conexión Norte-Sur tienen una utilidad triple, tanto para los países exportadores de energía, como para los países transitarios de la misma (que reciben unos cánones por el uso de la infraestructura y además se benefician de la creación de empleo y riqueza durante la fase de construcción) y muy singularmente para la Unión Europea.

7.2. Sin embargo, muchas de estas conexiones (de gas natural, de petróleo o de electricidad) suponen una opción de exportación dirigida biunívocamente hacia la Unión Europea, lo que implica no sólo la renuncia de los países exportadores a otros posibles destinos (que podrían ser en el propio sur del Mediterráneo) como dar prioridad a estas exportaciones sobre el propio consumo interno de su población, consumo que no es preciso ignorar está creciendo a tasas altísimas en razón de la explosión demográfica y del propio crecimiento económico.

7.3. Por ello parece imprescindible potenciar de manera simultánea las interconexiones Sur-Sur con el triple objetivo de aumentar la seguridad colectiva de la región, incrementar la sinergia de sus economías y crear un sentimiento colectivo de partenariado de estos países con la Unión Europea.

7.4. Simultáneamente, algunas de estas infraestructuras pueden ser doblemente utilizadas en los casos que se requiera un tránsito por terceros países en la conexión Norte-Sur y, simultáneamente, aumentan la seguridad física y técnica del abastecimiento de energía a la Unión Europea al disponerse de varias rutas alternativas para situaciones de crisis puntuales o de duración superior. Ello supondría una alternativa diferente a la pretensión, por parte de la Comisión Europea, de aumentar los niveles de stocks estratégicos en el territorio de la Unión, propuesta que ha encontrado importantes reticencias.

8. Desarrollo de políticas energéticas sostenibles

8.1. Como se ha dicho anteriormente:

- El consumo de energía de los países del sur del Mediterráneo puede crecer exponencialmente si se mantienen las actuales tendencias y no se hace un intenso esfuerzo de uso racional de la energía. Este esfuerzo de uso racional de la energía deberá hacerse simultáneamente en la Unión Europea.

- Las necesidades de inversión en el sector energético son muy elevadas y solo se podrán cubrir con el concurso simultáneo de la iniciativa pública y privada, y esta última, únicamente, si se crean las condiciones adecuadas de seguridad y de rentabilidad esperada de sus inversiones.

- Es una necesidad evidente la de crear unas condiciones legales y reglamentarias para el sector energético que posibiliten el crecimiento económico sostenible y la generación de ingresos por exportación de energía y que, simultáneamente, favorezcan el uso racional de la energía.

8.2. El modelo de organización del sector energético en la Unión Europea parece un buen modelo a seguir, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se acepte que el modelo energético de la Unión Europea ha sido un modelo evolutivo que se ha movido, a lo largo de varias décadas, desde la propiedad mayoritariamente pública y el estricto control gubernamental hacia otro modelo de apertura de mercado y de introducción de competencia regulada.

- Se valore que la situación particular de cada uno de los países del sur del Mediterráneo es distinta y que, por tanto, adoptando el modelo actual de la Unión Europea como objetivo a largo plazo, se acepte una pluralidad de enfoques distintos que no pasan, necesariamente, por crear a corto plazo y sobre el papel un mercado interior euromediterráneo de energía.

- Junto a los progresos en la liberalización del sector energético se haga un fuerte hincapié en la salvaguardia de las misiones de interés general que el sector energético desempeña, aspecto que el Comité Económico y Social Europeo no ha visto reflejado todavía en documento oficial alguno en relación con la cooperación euromediterránea. Ignorar este hecho conduciría inevitablemente a una fuerte contestación social y a la eventual detención de este proceso.

8.3. Sin embargo, esta prudencia, gradualidad y dimensión social que el Comité estima imprescindibles no deben hacer ignorar otros aspectos en los que es necesario incidir, a fin de alcanzar un consenso en la orientación de una política euromediterránea de energía. Estos aspectos son:

- La necesidad de buscar la solidaridad energética, reforzando la cooperación bilateral y regional, ya que la dimensión nacional es limitada en un sector como el energético.

- Diseñar políticas energéticas que potencien, por encima de todo, el uso racional de la energía y se apoyen, tanto como sea posible, en las energías renovables. Igualmente, que dentro de las mismas se incluya el binomio agua-energía común a todos los países mediterráneos en mayor o menor medida.

- Diseñar políticas fiscales acordes con estos objetivos, eliminado las innecesarias subvenciones que, incluso de carácter social, son insostenibles a largo plazo y que disuadan los consumos de escaso valor añadido social y colectivo.

- Integrar la dimensión de protección del medioambiente en todas las actuaciones de carácter energético, aplicando especialmente para aquellos proyectos considerados prioritarios para la Unión Europea (e incluidos en las Redes Transeuropeas de Energía), los mismos criterios que se aplicarían en el territorio de la Unión.

9. Armonización de los marcos legislativos y reglamentarios

9.1. Como el Comité ya ha señalado en el punto anterior, esta armonización no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para alcanzar un verdadero partenariado euromediterráneo que implique al sector energético.

9.2. Bajo esta concepción, la armonización de los marcos legales y reglamentarios deberá comenzar por aquellos aspectos que van a favorecer las políticas energéticas sostenibles que han sido definidas anteriormente. Es decir, no debe pretenderse crear, inmediatamente, en la orilla sur del Mediterráneo un mercado de la energía basado en el modelo de la UE. Antes al contrario, debe hacerse hincapié en marcos legales adaptados a la situación nacional y compatibles con el proceso de fuerte crecimiento de sus sectores energéticos que el aumento demográfico y sus mayores aspiraciones requieren y que, asimismo, permitan simultáneamente exportar sus excedentes de energía hacia la Unión Europea.

9.3. Este marco regulatorio para etapas de fuerte crecimiento del sector energético, basado en un régimen de concesiones territoriales bajo la tutela y vigilancia de los poderes públicos, que fue el utilizado en Europa desde 1950 hasta 1990, es sin embargo preciso abrirlo a la iniciativa y a la inversión privada. La experiencia de otras regiones del mundo, como fue el caso de Iberoamérica entre 1970 y 1990, demuestran que el mantenimiento exclusivo del sector energético en el sector público no sirve para garantizar la cobertura de una demanda creciente y, por el contrario, sólo sirve para atraer capitales internacionales, avalados por el Estado receptor, y que se sustraen a otros sectores con menor capacidad de concitar unas garantías de retorno similares.

9.4. Ello deber permitir asimismo, como contrapartida, mantener íntegramente, en la situación actual las misiones de interés general del sector energético en estos países tomando como referencia las experiencias de la UE. Proceder a una apertura del mercado, aunque sea parcialmente del sector energético, sin la debida contrapartida del mantenimiento de las obligaciones de servicio publico, especialmente de la obligación de prestación de un servicio universal sería llamar al descontento social y a la no sostenibilidad del modelo tras pocos años de su existencia.

9.5. Simultáneamente, debe hacerse un esfuerzo para establecer un marco de protección de las inversiones extranjeras que elimine los riesgos políticos, abaratando el coste de las nuevas instalaciones y por ende del suministro de energía, procurando un valor añadido, tanto a la ciudadanía en su conjunto, que pagará menos por la energía que requiera, como el apoyar el desarrollo de nuevas actividades económicas. En este campo sería posible y deseable definir un marco armonizado de esta legislación sobre inversiones que eliminara una posible concurrencia no justificada en razones meramente técnicas y económicas.

9.6. Análogamente podría hacerse un trabajo de armonización en relación con el diseño de actuaciones fiscales para la promoción o penalización de determinadas fuentes o aplicaciones energéticas. La adopción de un modelo común podría orientarse sobre la armonización de las bases y procedimientos impositivos, dejando a cada país la libertad de fijar los tipos individuales para cada una de esas categorías. De esta manera, se evitaría asimismo una concurrencia fiscal, a largo plazo indeseable.

9.7. Por último, es necesario garantizar la transparencia y la estabilidad de los marcos legales y reglamentarios. Ello aconseja que, por parte del Programa MEDA, se valore el diseño de actuaciones específicas para preparar a las personas encargadas de redactar la legislación y de su aplicación posterior. En este caso, la experiencia variada y rica de tantos países de la Unión Europea permitirá encontrar para cada país concreto el modelo de aprendizaje y experiencia mutua que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Para ello son especialmente importantes las acciones de formación y de "hermanamiento" desarrolladas tanto por las Instituciones europeas, como por los interlocutores socioeconómicos y las propias administraciones nacionales.

10. Desarrollo de una posición común en los foros internacionales

10.1. Los últimos acontecimientos en el escenario mundial hacen cada vez más evidente que la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo, deben colaborar conjunta y activamente para favorecer un mundo multipolar en que se mantenga la vía del consenso y del respeto del derecho internacional.

10.2. Por ello, dado que el problema energético tiene una dimensión mundial y que frente a un país consumidor debe haber siempre un país productor, frente a un país que reduce su consumo hay otro que va a aumentarlo, frente a uno que envía o recibe la energía hay otro que la ve pasar por su territorio o en sus mares, es imprescindible acercar posiciones en los diversos foros mundiales.

10.3. El desarrollo de políticas energéticas sostenibles, basadas en el uso racional de la energía y la potenciación de las energías renovables coadyuva a evitar el cambio climático. Con el desarrollo de infraestructuras nuevas y más seguras se minimiza el impacto de otros modos de tránsito mucho más inseguros o gravosos para el medio ambiente. Con el desarrollo de energías renovables y el uso eficiente del agua estamos no sólo creando riqueza descentralizada sino evitando los fenómenos migratorios y emigratorios.

10.4. Por ello parece posible:

- Asociar, en la medida de lo posible, los países mediterráneos a los Mecanismos de Desarrollo Limpio previstos en el Protocolo de Kyoto.

- Desarrollar posiciones comunes en el marco de la OMI, en lo que se refiere a la utilización del mar Mediterráneo únicamente por barcos que presenten las debidas condiciones de seguridad y que sean controlados de manera uniforme en todos los puertos de dicho mar.

- Favorecer la potenciación de las energías renovables a través de la adecuada transferencia tecnológica y el desarrollo de actividades industriales en el ámbito local. Iniciativas como la Declaración de Marrakech deben llevar a que todos los países del Mediterráneo suscriban su participación en la "Coalición por las Energías Renovables" acordada en Johannesburgo.

11. Una definición realista de prioridades para el partenariado energético

11.1. Como se ha analizado en el punto 2.1, la existencia de seis objetivos y 24 actividades prioritarias para el sector energético parece ambiciosa, y por ello el Comité recomienda firmemente establecer una priorización de las mismas. Para ello se podrían establecer los siguientes criterios:

11.2. Criterios para la definición de prioridades en el partenariado energético:

- Autonomía de la medida propuesta: ¿Puede la medida propuesta adoptarse de manera autónoma? ¿O requiere la adopción de cualquier otra medida o actuación con carácter previo?

- Contribución al partenariado: ¿Esta medida tiene una dimensión preferentemente Norte-Sur? ¿O combina esta dimensión con efectos importantes en la dimensión Sur-Sur?

- Responsabilidad de su puesta en marcha: ¿Esta medida o actuación debe de ser desempeñada o ejecutada únicamente por los poderes públicos? ¿O requiere la coparticipación de la iniciativa privada? En este último caso, ¿existen declaraciones firmes de interés por parte de la misma?

- Coste-eficacia: ¿Cuáles son las repercusiones de la medida o actuación prevista sobre la ciudadanía a corto y medio plazo? ¿Tienen los desembolsos financieros del sector publico una adecuada retribución económica y social, y pueden ser estos resultados visibles para los ciudadanos?

- Sostenibilidad: ¿Las medidas o actuaciones previstas son autosostenibles? ¿O van a requerir regularmente desembolsos o actuaciones regulatorias suplementarias? En cuanto al medio ambiente, ¿se inscriben estas medidas en los principios de sostenibilidad reafirmados en Johannesburgo?

11.3. Como es natural, el Comité no se considera capacitado para establecer pos sí mismo las prioridades, pero considera que con dichos criterios deben ordenarse las 24 prioridades previstas por los ministros de Energía en diversas categorías, evitando una excesiva dispersión de esfuerzos que impida el éxito de esta iniciativa euromediterránea de energía.

12. Conclusiones

12.1. La cooperación euromediterránea en materia de energía constituye un elemento central, tanto para aumentar la seguridad global del aprovisionamiento en energía del Mediterráneo, como para valorizar los recursos energéticos de los países del sur del Mediterráneo, de manera que se conviertan de meros ingresos por exportación en un vector de vertebración de sus economías productivas.

12.2. Asimismo, esta cooperación constituye una oportunidad única para crear infraestructuras y proyectos comunes entre los propios países del sur del Mediterráneo, de manera que se fomente el concepto de prosperidad compartida, basada en el aprovechamiento común de los recursos y del uso del territorio para el tránsito de dichos productos o para la creación de redes energéticas interconectadas que permitan el desarrollo de mercados energéticos integrados subregionales.

12.3. Sobre estas reflexiones, es indudable afirmar que se han producido avances importantísimos en la cooperación euromediterránea en materia de energía que han llevado a la identificación de obstáculos y a la adopción de un conjunto de prioridades de actuación y a la necesaria sensibilización de estos temas a nivel de los gobiernos.

12.4. Sin embargo, es necesario señalar que los obstáculos a superar siguen siendo muy importantes y se centran en los cuatro apartados siguientes:

- Una armonización efectiva de los marcos regulatorios y de su aplicación administrativa, adecuada a las prioridades y a las diferentes situaciones nacionales, para que pueda hablarse de un verdadero partenariado colectivo, y no de acciones esporádicas y bilaterales.

- Unos importantísimos desembolsos financieros que van a requerir una presencia mayoritaria de capitales y empresas privadas a los cuales hay que garantizar, con carácter previo, un marco de estabilidad legal que deberá tener, como contrapartida, una tutela efectiva por parte de los poderes públicos.

- La tradicional debilidad de la cooperación regional entre los propios países del sur y este del Mediterráneo.

- Asociar a la ciudadanía, especialmente de la ribera sur y este del Mediterráneo, explicando los proyectos y sus resultados globales esperados, de manera que se perciban sus beneficios para la colectividad y para los consumidores de energía y se superen las posibles reticencias que el mismo puede causar.

12.5. La armonización efectiva de los marcos regulatorios debe concentrarse en aspectos tales como la protección reciproca de inversiones, armonización de la fiscalidad energética con una orientación medioambiental sostenible, acuerdos para el tránsito de productos energéticos y la ratificación del concepto de servicio de interés general en el sector energético.

12.6. Sin embargo, el Comité considera innecesario concentrarse, a corto plazo, en la construcción de un mercado interior de la energía, en los países del sur del Mediterráneo, basado en el modelo ahora existente en la Unión Europea y asociado al propio mercado interior de la Unión. Si bien este mercado interior de la energía puede ser el objetivo a largo plazo, el CESE considera que a corto plazo hay que adoptar estrategias individuales, adaptadas a la realidad de cada país o de una región determinada, que, evitando todo tipo de discriminación de carácter fiscal o administrativo, favorezcan los objetivos de una política energética sostenible y que no obstaculicen los principios de la cooperación euromediterránea en materia de energía, especialmente en los temas de libre tránsito de apertura a la iniciativa privada y de no discriminación por razón de nacionalidad.

12.7. Conseguida la transparencia y estabilidad de los marcos regulatorios, será mucho más fácil requerir a la iniciativa privada que acuda a desarrollar los proyectos previamente identificados por su "interés común euromediterráneo" favoreciendo sustancialmente la cooperación Sur-Sur. Ello exigirá que, previamente, por parte de los poderes e instituciones públicas, se hayan financiado los estudios de detalle necesarios para cuantificar económica y socialmente los proyectos de interés común, y se decidan cuáles de entre aquellos, en razón de su insuficiente rentabilidad o elevado riesgo, pueden ser susceptibles de recibir aportaciones públicas en forma de subvenciones o de créditos. Por último, es deseable asociar, siempre que ello sea posible, a otras instancias multilaterales como el Banco Mundial y los BRD. En esta línea, la Comisión Europea está preparando una nueva revisión de los proyectos de Redes Transeuropeas de Energía, que pretende incluir varias iniciativas de redes Sur-Sur.

12.8. Es preciso desarrollar, de manera inmediata, un gran esfuerzo para transmitir a la ciudadanía de los países del sur y este del Mediterráneo, la necesidad de desarrollar unas políticas energéticas que primen la eficiencia en el uso de la energía y del agua y que apoyen la potenciación de sus fuentes de energía renovables, garantizando a dicha ciudadanía que la energía seguirá siendo un servicio esencial y que se mantendrá su carácter de obligación de servicio público. Únicamente, conseguido este objetivo, es cuando será posible transmitirles que los excedentes energéticos de cada país pueden ser valorizados fuera de los mismos y que, en este sentido, la cooperación euromediterránea en materia de energía y el desarrollo de infraestructuras, de producción y distribución, es la herramienta adecuada para valorizar adecuadamente dichas posibilidades.

12.9. El CESE, a través de sus redes de contacto con la sociedad civil de estos países,puede ser un buen instrumento inicial para canalizar este proceso que posteriormente deberá hacerse llegar localmente al conjunto de los agentes económicos y sociales y de la sociedad en su conjunto. Para ello, el CESE recomienda la creación de un programa especifico, en el marco de Euromed, para difundir estas ideas y proyectos entre las administraciones públicas nacionales y locales, y entre los medios de comunicación, potenciando así las acciones de formación y "hermanamiento".

Bruselas, 29 de octubre de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) El CESE, por mandato de la Conferencia de Barcelona, deberá asegurar la coordinación de las iniciativas de los CES nacionales de esta región en relación con la estrategia global euromediterránea.