1)

Considerando que la demandante mantiene que esta Decisión es irregular por cuanto no está suficientemente motivada; que, en primer lugar, alega que su fundamento es confuso y cita determinados pasajes de su exposición de motivos para demostrar su naturaleza materialmente inexacta y contradictoria;

que, no obstante, si se consideran estos pasajes en su contexto, la Decisión de que se trata se encuentra suficientemente motivada; que expone claramente los elementos de hecho y de Derecho sobre los que se basa;

que la demandante mantiene a continuación que la mencionada Decisión no expone las razones por las cuales la Alta Autoridad desestimó su petición de condonación de los recargos por retrasos presentada el 18 de febrero de 1964;

que, no obstante, según los términos del párrafo tercero del artículo 36 del Tratado, la Alta Autoridad está obligada a oír a los interesados antes de imponerles sanciones pecuniarias, pero no está obligada a explicitar las razones por las cuales decide no acoger las observaciones formuladas;

que en el caso de autos, a la demandante se le dio debidamente la posibilidad de presentar sus observaciones antes de tomarse la Decisión impugnada; que, por otra parte, las razones por las cuales estas observaciones no fueron acogidas por la Alta Autoridad están implícitamente enunciadas en la exposición de motivos en la que se responde a observaciones análogas anteriormente formuladas por la demandante el 20 de febrero de 1962;

que, por todas estas razones, el motivo no está fundado.

2)

Considerando que la demandante afirma también que la Alta Autoridad ha incurrido en desviación de poder al mantener la exigencia del pago de recargos por retrasos, cuando en el transcurso de la entrevista de 21 de abril de 1960 le habría asegurado que estos recargos serían condonados en el caso de que los atrasos de las exacciones fuesen regularmente pagados;

que añade que fue basándose en esta promesa que desistió del asunto 22/59;

que, en apoyo de este motivo, se refiere a una parte de la correspondencia intercambiada entre las partes después del 21 de abril de 1960, y se declara dispuesta a probar que determinados funcionarios de la Alta Autoridad le dieron garantías en este sentido.

Considerando que no se desprende del escrito de la Alta Autoridad de 6 de mayo de 1960 que ésta garantizara la condonación de los recargos de que se trata;

que las normas generales del Derecho que regulan, por un lado, el ejercicio de la potestad administrativa y, por otro lado, la validez o la eficacia de las transacciones, habrían exigido que esta garantía hubiese sido formalmente aprobada por los órganos competentes de la Alta Autoridad;

que, en el caso de autos, dicho principio es aún más. aplicable por cuanto la mencionada garantía habría supuesto la renuncia de la Alta Autoridad a hacer valer las pretensiones que se derivan de una Decisión correctamente adoptada por las autoridades competentes;

que, mediante escritos de 11 de mayo de 1960 y de 20 de febrero de 1962, la demandante solicitó de nuevo la exoneración de los recargos por retrasos sin mencionar el supuesto acuerdo que le eximía de los mismos;

que, en estas circunstancias, la propuesta de prueba realizada por la demandante carece de objeto en virtud de las consideraciones precedentes; que, por consiguiente, procede denegarla;

que, por todas estas razones, el motivo debe ser desestimado.

3)

Considerando que la demandante alega también que la Decisión de 8 de abril de 1964 infringe la Decisión general no 3/52, por cuanto en el cálculo de los recargos por retrasos ella habría redondeado el importe hacia arriba, sobrepasando así el tipo global del 1 % previsto por este artículo;

que, de hecho, el importe de cada recargo por retraso se redondeó tanto hacia arriba como hacia abajo y únicamente por fracciones de liras, de manera que la deuda global de la demandante se aumentó en 0,83 LIT; que a esta afirmación no ha habido oposición;

que, no obstante, este ínfimo aumento ha sido ampliamente absorbido por la reducción de los recargos por retrasos decididos por la Alta Autoridad;

que el importe de los recargos por retrasos no supera, por tanto, el porcentaje de 1 % fijado por el artículo 6 de la Decisión no 3/52;

que, en consecuencia, el motivo es infundado.

1)

Considerando que la demandante mantiene que el artículo 6 de la Decisión no 3/52 y la Decisión no 29/55 no respetan el apartado 3 del artículo 50 del Tratado que fija el tipo máximo de los recargos por retrasos;

que afirma que estas disposiciones son contrarias al principio general contenido en el artículo 36 del Tratado, según el cual debe ofrecerse a los interesados la posibilidad de presentar sus observaciones antes de imponerles sanciones pecuniarias;

que considera que el citado artículo 6 fija un tipo constante para los recargos por retrasos, independientemente de la naturaleza, de la gravedad, y del carácter reincidente del incumplimiento que ellas sancionan.

Considerando que, en lo que se refiere al primer motivo, el artículo 6 de la Decisión no 3/52 fija en un 12 % el tipo anual de recargos por retrasos, mientras que el apartado 3 del artículo 50 del Tratado prevé un tipo anual máximo de 20 %;

que, al no haber sobrepasado el citado artículo 6 el límite enunciado por el Tratado para fijar los recargos por retrasos, no puede considerarse que el mismo infrinja el Tratado.

Considerando que, en lo relativo al segundo motivo, los recargos por retrasos no han sido adoptados en este caso en infracción del párrafo tercero del artículo 36 del Tratado, ya que a la demandante se le ofreció la posibilidad de presentar sus observaciones antes de que se adoptara la Decisión individual de 8 de abril de 1964, por la cual se le impusieron los recargos de que se trata.

Considerando por último que, en cuanto al tercer motivo, de la Decisión de 14 de noviembre de 1962, en gran parte reproducida por la Decisión impugnada, se deduce que el importe de los recargos por retrasos ha sido ya objeto de una reducción de 2.000.000 de LIT;

que, de este modo, la Alta Autoridad ha tenido en cuenta la situación individual de la demandante y los elementos que podían justificar una reducción del importe impugnado;

que, por tanto, procede desestimar estos motivos por carecer de fundamento.

2)

Considerando que la demandante alega además que la Decisión no 3/52 es ilegal, por cuanto fue adoptada sin consulta previa al Consejo especial de Ministros, previsto en el apartado 2 del artículo 50 del Tratado, artículo que debe aplicarse también en materia de recargos por retrasos;

que el apartado 2 del artículo 50 del Tratado sólo atañe a las modalidades de la base imponible y de percepción de las exacciones; que si el legislador hubiese querido extender el alcance de estas disposiciones a los recargos por retrasos, a los que se refiere el apartado siguiente, lo habría mencionado expresamente;

que, por tratarse de disposiciones que establecen los requisitos sustanciales de forma para la validez de las Decisiones de la Alta Autoridad en materia de exacciones, no se puede extender su aplicación por vía de interpretación a supuestos no previstos por el Tratado;

que, por ello, el motivo carece de fundamento.

vistos los autos;

habiendo considerado el informe del Juez Ponente;

oídas las observaciones orales de las partes;

oídas las conclusiones del Abogado General;

vistos los artículos 14, 15, 33, 36, 50 y 92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, especialmente, su artículo 69;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide: