3.4.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 84/55

1.

¿No considera la Comisión que la operación descrita constituye una violación de los principios y de las normas relativos a la responsabilidad de los administradores en materia de transparencia y de salvaguardia de los derechos de los accionistas?

2.

¿No estima la Comisión que está implicada la responsabilidad del Gobierno italiano de la época?

3.

¿Ha realizado o piensa realizar la Comisión, en el marco de sus competencias, una investigación en profundidad sobre este asunto?

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Las Directivas vigentes sobre Derecho de sociedades, a las que hace referencia Su Señoría, contienen muy pocas disposiciones en materia de responsabilidad o sanciones.

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Las escasas disposiciones que existen sobre la cuestión se refieren, en su mayoría, a asuntos relacionados con la publicidad de una información determinada, en particular, financiera (cuentas anuales y cuentas consolidadas). Ninguno de los elementos que se incluyen en la pregunta planteada por Su Señoría parece llevar a la conclusión de que la operación descrita viole las disposiciones de las Directivas sobre Derecho de sociedades relativas a la publicidad de la información mencionada.

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En dos de las Directivas sobre Derecho de sociedades se incluyen disposiciones en las que se pide a los Estados miembros que organicen al menos la responsabilidad civil de los miembros del órgano de administración o de dirección en razón de las faltas cometidas por ellos en la preparación y en la realización de determinadas operaciones, a saber, la fusión de sociedades (Tercera Directiva (3)) y la escisión de sociedades (Sexta Directiva (4)). En la operación descrita por Su Señoría, al tratarse de una simple adquisición, ninguna de las dos Directivas es aplicable.

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En 1972, la Comisión presentó una propuesta de Quinta Directiva sobre Derecho de sociedades, referente a la estructura de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de sus órganos. Dicha propuesta, debatida durante muchísimos años y varias veces modificada, no llegó a ser objeto de ningún acuerdo y, finalmente, fue retirada por la Comisión en diciembre de 2001.

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A la vista de los elementos expuestos, se concluye que las Directivas vigentes sobre Derecho de sociedades no contienen ninguna norma relativa a la responsabilidad de los administradores que haya podido ser infringida por la operación descrita por Su Señoría.

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Asimismo, en relación con la posible responsabilidad del gobierno italiano de la época, lo único que puede decir la Comisión es que no le corresponde pronunciarse sobre la posible responsabilidad política del gobierno de un Estado miembro en un expediente particular.

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Por último, en lo que respecta a la posibilidad de una investigación en profundidad sobre este asunto, la Comisión confirma que no ha iniciado, ni tiene la intención de iniciar, semejante investigación, habida cuenta de que los elementos que le han sido comunicados no contienen ningún indicio que permita suponer que se ha cometido una posible violación de las normas comunitarias en materia de Derecho de sociedades.