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Los métodos aplicados por los Estados miembros para financiar la prestación del servicio universal deben estar en consonancia tanto con los principios de no discriminación, transparencia e igualdad de trato (incluida la selección del prestatario del servicio postal universal en un marco de competencia) que se derivan de las disposiciones del TFUE en materia de libertades del mercado interior como con el artículo 106 TFUE, apartado 2, lo cual no ha sucedido en el presente asunto.

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La Comisión Europea llegó erróneamente a la conclusión de que incluso la obligación de prestación de servicios públicos que se había trasladado al servicio de Correos polaco se corresponde con los requisitos previstos en la Directiva postal y que, por ello, a la hora de realizar una evaluación rigurosa de la necesidad de que se preste un servicio público no es necesario proceder a una consulta pública o hacer uso de otros medios apropiados para tener en cuenta los intereses de los usuarios y de los prestatarios.

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La Comisión Europea llegó erróneamente a la conclusión de que el Fondo de Compensación cumple con el requisito de no incurrir en discriminación por lo que respecta al importe máximo único del 2 % de los ingresos del oferente del servicio universal o servicios análogos; dicho porcentaje de la aportación obligatoria que corresponde realizar a los oferentes es única para todos los operadores del mercado, lo cual es discriminatorio, ya que la situación de los oferentes del servicio universal y la de los oferentes de servicios análogos no es la misma.

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El artículo 7, apartado 1, de la Directiva postal prevé que los Estados miembros dejarán de conceder derechos exclusivos o especiales para el establecimiento o la prestación de servicios postales y que no mantendrán los existentes. Al mismo tiempo, la Comisión acepta que al servicio de Correos polaco se le concedieron derechos exclusivos y especiales en el contexto de la prestación por su parte del servicio universal.

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El volumen desproporcionadamente elevado de la aportación obligatoria al Fondo de Compensación dará lugar a una «exclusión, contraria a la competencia,» en el mercado postal.

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La Decisión que se impugna confirma un sistema de ayudas de Estado (régimen de ayudas de Estado) cuyos resultados son una injerencia desproporcionada en el derecho de propiedad de la demandante y una restricción desproporcionada de su libertad empresarial.

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La Comisión no fijó los hechos adecuadamente y basó su Decisión en un número importante de errores de hecho. Además, con ello, la Comisión incurrió en un error de motivación, porque, apartándose de su propia práctica, no consideró que la falta de una convocatoria de licitación constituyera un elemento de cargo por lo que respecta a las repercusiones para la competencia.