El término «operador en materias primas» abarca un amplio espectro de actores de los mercados de energía y de materias primas: algunos negocian exclusivamente con contratos de derivados sobre materias primas y se asemejan a empresas de inversión en términos de funciones y riesgos, mientras que otros negocian con derivados sobre materias primas como actividad puramente auxiliar de la producción de materias primas. Los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 575/2013 (el «Reglamento sobre Requisitos de Capital» o «RRC») y en la Directiva 2013/36/UE (la «Directiva sobre Requisitos de Capital» o «DRC») se aplican tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. El régimen prudencial aplicable a las empresas de inversión se deriva del impuesto a las entidades de crédito, adaptado en función de los servicios de inversión que aquellas prestan.

El artículo 493, apartado 1, y el artículo 498, apartado 1, del RRC eximen a los operadores en materias primas («empresas de inversión cuya actividad principal consista exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 10, de la Directiva 2004/39/CE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables») de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y de los requisitos de fondos propios, respectivamente.

Ambas exenciones expiran el 31 de diciembre de 2017. Esta «cláusula de extinción» se incluyó inicialmente en el RRC a fin de dar tiempo a los reguladores para determinar una regulación prudencial adaptada al perfil de riesgo de los operadores en materias primas 1 . Con este fin, en el artículo 493, apartado 2, y el artículo 498, apartado 2, del RRC, se pide a la Comisión que elabore informes antes de que finalice 2015. Sobre la base de esos informes, la Comisión podrá presentar propuestas de modificación del RRC. La Comisión debe presentar también, dentro del mismo plazo, un informe sobre un régimen adecuado para la supervisión prudencial de las empresas de inversión en general. También este informe puede estar seguido de una propuesta de la Comisión.

Puesto que los informes mencionados están relacionados, la Comisión decidió realizar una sola revisión (en lo sucesivo, «revisión de las empresas de inversión») y elaborar un solo informe sobre los temas enunciados. Se consideró necesario hacerlo así a fin de garantizar el desarrollo de un marco prudencial coherente para todos los tipos de empresas de inversión. El trabajo de revisión de las empresas de inversión ya ha comenzado: la Comisión pidió a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que proporcionaran asesoramiento técnico sobre este asunto. Se espera recibir este asesoramiento para finales de septiembre de 2015, y la Comisión lo utilizará entonces para elaborar su propio informe. En caso de que la Comisión decidiera modificar el marco prudencial vigente para las empresas de inversión, en el informe se detallarán las siguientes etapas de la revisión de las empresas de inversión y se describirán en líneas generales los cambios que la Comisión esté considerando.

La revisión de las empresas de inversión es un proyecto complejo que no se concluirá antes de que finalice el año en curso. Por consiguiente, es muy improbable que cualquier legislación que resulte de esta revisión pueda estar elaborada, adoptada y aplicada antes de que expiren las exenciones actuales (es decir, antes de que finalice 2017). Esto tiene consecuencias para los operadores en materias primas: si para entonces no se está aplicando el marco prudencial específico que pueda resultar de la revisión de las empresas de inversión, estarían sujetos a todos los requisitos del RRC y la DRC a partir del 1 de enero de 2018.

Hay dos problemas relacionados con este escenario. En primer lugar, los operadores en materias primas estarían sujetos a todos los requisitos del RRC y la DRC sin que se haya tomado la decisión deliberada (e informada) de que ese tratamiento es, en efecto, el más apropiado para ellos. En segundo lugar, suponiendo que como resultado de la revisión de las empresas de inversión se obtuviera un marco prudencial a la medida para los operadores en materias primas, estos se verían privados de un marco regulador estable. Pasarían del tratamiento actual, en el que están exentos de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y los requisitos de fondos propios, a un tratamiento temporal que incluiría todos los requisitos del RRC y la DRC y, finalmente, al mencionado marco a la medida, en un período muy corto de tiempo (uno o dos años). Este no es un resultado deseable.

Por lo tanto, a fin de impedir que esta situación se plantee, conviene prorrogar las exenciones existentes establecidas en el RRC. Dicha prórroga debería tener en cuenta la cantidad de tiempo que será necesaria para concluir la revisión de las empresas de inversión y elaborar, adoptar y aplicar la legislación que, en su caso, resulte de ella.

La presente propuesta es plenamente coherente con las disposiciones vigentes del RRC (prorrogaría exenciones vigentes previstas en él). Es también plenamente coherente con la motivación general de la revisión de las empresas de inversión (encontrar el marco prudencial apropiado para las empresas de inversión) establecida en dicho Reglamento (permitiría mantener el tratamiento existente de los operadores en materias primas hasta que finalice la revisión y se apliquen las propuestas legislativas que, en su caso, resulten de ella).

La presente propuesta está relacionada con legislación de aplicación en virtud de la Directiva 2014/65/UE («MiFID 2»), conforme a la cual se identificará a los operadores en materias primas que serán clasificados como empresas de inversión 2 . Está relacionada también con políticas en el ámbito de los mercados de la energía, ya que los operadores en materias primas negocian en esos mercados (pueden incluso formar parte de grandes grupos energéticos) 3 .

Dado que la propuesta modifica el RRC, se ha elegido la misma base jurídica.

Las actuales exenciones están establecidas en la legislación de la Unión y, en particular, en el RRC. Puesto que el RRC no concede a los Estados miembros la posibilidad de prorrogar esas exenciones, solo pueden prorrogarse a nivel de la Unión.

La presente propuesta es proporcionada ya que introduce un cambio muy limitado en la legislación existente a fin de tratar el problema descrito en la sección I.

Se ha elegido un reglamento porque la prórroga requiere modificar el RRC.

Como se ha mencionado, se está revisando actualmente el marco prudencial aplicable a las empresas de inversión (incluidos los operadores en materias primas) establecido en el RRC y la DRC. Los resultados de esa revisión determinarán el tratamiento prudencial apropiado para los operadores en materias primas. La finalidad de la presente propuesta es prorrogar el tratamiento actual de los operadores en materias primas hasta que la revisión de las empresas de inversión haya concluido y se hagan efectivas las modificaciones del marco prudencial vigente que, en su caso, se deriven de ella.

No se llevaron a cabo consultas específicas con partes interesadas.

No se buscó ni se utilizó asesoramiento técnico externo.

No se prevé evaluación de impacto para esta propuesta ya que no tendrá ningún impacto económico, medioambiental o social significativo. Por el contrario, sí podrían originarse consecuencias significativas si no se prorrogaran las exenciones y, como consecuencia, los operadores en materias primas pasaran a estar sujetos a todos los requisitos establecidos en el RRC y en la DRC (sin ningún análisis de la conveniencia para ellos de dicho tratamiento).

La propuesta no conlleva cambios para la carga normativa de los operadores en materias primas en comparación con la situación actual. Suponiendo que la revisión de las empresas de inversión tenga como resultado el desarrollo de un nuevo marco prudencial para los operadores en materias primas, la presente propuesta está más bien destinada a impedir que los operadores en materias primas lleguen a estar sujetos a todos los requisitos en virtud del RRC y la DRC (con la consiguiente carga normativa) para pasar a estar sujetas poco después al nuevo marco mencionado.

En otras palabras, la presente propuesta tiene por objeto impedir un aumento temporal de la carga normativa de los operadores en materias primas.

La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos fundamentales.

La presente propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna.

El objetivo de la presente propuesta es prorrogar el período durante el cual los operadores en materias primas están exentos de cumplir determinados requisitos establecidos en el RRC. No son necesarios planes de aplicación específicos, ya que la prórroga es directamente aplicable y permite que continúe la práctica existente. Por las mismas razones no es necesario establecer marcos específicos de seguimiento, evaluación e información. En cambio, sí será necesario establecerlos en el contexto de cualesquiera modificaciones del marco prudencial aplicable a los operadores en materias primas que puedan resultar de la revisión de las empresas de inversión.

No procede.

Las disposiciones que contiene la propuesta se refieren únicamente a la prórroga de las exenciones, para los operadores en materias primas, de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y los requisitos de fondos propios establecidos en el RRC. En las secciones precedentes de la presente exposición de motivos se ofrece ya una explicación detallada de las razones y la lógica que subyacen tras la propuesta y sus disposiciones.