14.4.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 133/9

Ponente:

Seamus BOLAND

Coponente:

Marjolijn BULK

1.1.

respalda la intención de la Presidencia neerlandesa del Consejo de abordar la cuestión de la pobreza y la exclusión social mediante enfoques integrados y en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas pertinentes. No obstante, el CESE también considera que los Estados miembros deberían contar con el apoyo de un marco común europeo que fomente los enfoques de este tipo y facilite el intercambio y la difusión de buenas prácticas en la lucha contra la pobreza y la creciente desigualdad, que no solo representan en sí mismas una importante preocupación, puesto que reflejan una falta de justicia social, sino que obran en detrimento del rendimiento económico, el crecimiento y la cohesión social;

1.2.

apoya a la Presidencia neerlandesa del Consejo en sus esfuerzos por promover las evaluaciones inter pares de las buenas prácticas multinivel en materia de lucha contra la pobreza, pero destaca que los municipios y el resto de agentes que hacen uso de tales prácticas deberían contar con el apoyo de unas estrategias nacionales sólidas;

1.3.

insta al Consejo de la UE a reiterar el compromiso contraído con la Estrategia Europa 2020 de reducir de aquí a 2020 el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en, al menos, veinte millones;

1.4.

recomienda que el Consejo, al hacerlo, tenga en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible —tal y como se señala en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible— y que garantice que esta Agenda esté vinculada a la Estrategia Europa 2020;

1.5.

está convencido de que las estructuras de gobernanza del Consejo deberían ser más equilibradas y pide reforzar la cooperación entre los Consejos ECOFIN y EPSCO;

1.6.

considera que, durante el Semestre Europeo, los objetivos sociales y en materia de empleo deberían situarse al mismo nivel que las consideraciones macroeconómicas;

1.7.

recomienda que el Semestre Europeo tenga plenamente en cuenta el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir la pobreza y que este aspecto se aborde sistemáticamente a lo largo de todo el proceso, empezando por el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, seguido de los programas nacionales de reforma (PNR) y terminando con las recomendaciones específicas por país, a través de 1) medidas específicas para la reducción de la pobreza, 2) indicadores comparables para evaluar la situación de la pobreza y la eficacia de las políticas, y 3) evaluaciones de impacto social obligatorias para todas las reformas propuestas en los PNR y las recomendaciones específicas por país;

1.8.

insta, sobre todo desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza, a abandonar la orientación general de las políticas económicas de la UE, centrada solo en la austeridad;

1.9.

insta a los Estados miembros a que pongan en marcha sus propias estrategias nacionales integradas de lucha contra la pobreza y a que, al hacerlo, se orienten por la «Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral» (1). Gracias a la interacción entre sus tres ejes (1. un apoyo a la renta adecuado, 2. unos mercados de trabajo inclusivos, 3. el acceso a unos servicios de calidad), esta Recomendación es considerada en gran medida como la estrategia más completa y eficiente para erradicar la pobreza y la exclusión social;

1.10.

pone de relieve el elevado nivel de pobreza infantil en los Estados miembros y la necesidad inmediata de aplicar la Recomendación de la Comisión «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (2), que forma parte del paquete sobre inversión social de 2013 y que utiliza una estructura muy similar a la Recomendación sobre la inclusión activa, ya que contiene tres ejes similares: 1. acceso a recursos adecuados, 2. acceso a servicios asequibles y de calidad, 3. derecho de los niños a participar;

1.11.

expresa su más profunda preocupación por los niveles cada vez más elevados de pobreza de la población activa, lo cual exige una revisión crítica de las recientes medidas de reforma encaminadas a fomentar el empleo mediante la liberalización de las relaciones laborales;

1.12.

anima encarecidamente a la Comisión a iniciar un proceso separado que permita mejorar las estadísticas nacionales y de la UE en materia de pobreza y desigualdad, lo que debería contribuir a un conjunto más detallado de indicadores comunes y datos pertinentes para las actuaciones nacionales y de la UE, e incluso a la adopción de medidas relativas a los objetivos de desarrollo sostenible y el Semestre Europeo.

1.13.

reitera su propuesta de introducir a escala de la UE una renta mínima adecuada;

1.14.

pide a la Comisión que impulse medidas destinadas a prevenir y luchar contra el endeudamiento excesivo a escala de la UE y, especialmente, contra la concesión irresponsable de crédito y la usura;

1.15.

pide a la Comisión que proponga sin demora nuevas directrices para la consulta de las partes interesadas en el ámbito social, lo que les permitirá contribuir de forma estructurada como parte del Semestre Europeo en todas las fases del proceso, es decir, durante el diseño, ejecución y evaluación;

1.16.

insta a los Estados miembros a que hagan un mejor uso de los fondos de la UE disponibles para apoyar la inclusión social y pide a la Comisión que consulte urgentemente a los Estados miembros y las partes interesadas para averiguar si la decisión de asignar el 20 % del Fondo Social Europeo (FSE) a la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza se está aplicando de forma efectiva;

1.17.

anima encarecidamente a la Comisión a que integre en el anunciado «pilar europeo de derechos sociales» unos principios que establezcan normas y sistemas sociales más eficaces y fiables y que haga de la lucha contra la pobreza y la exclusión social uno de los principales componentes de este pilar.

2.1.

La Presidencia neerlandesa del Consejo destaca la necesidad de revertir la tendencia al aumento de la pobreza en la UE. Para conseguirlo, desea estimular el intercambio de buenas prácticas, en particular en lo que se refiere a enfoques integrados y cooperación entre las partes interesadas (públicas y privadas) pertinentes.

2.2.

Aunque en sus dictámenes sobre la lucha contra la pobreza el CESE ha adoptado de preferencia un enfoque descendente, motivado por su convencimiento de que la lucha contra la pobreza es deber de los responsables políticos (instituciones de la UE y Gobiernos de los Estados miembros), acoge con satisfacción la intención de la Presidencia de organizar evaluaciones inter pares para estudiar los enfoques «ascendentes», es decir, ejemplos de métodos de asociación que utilizan los Estados miembros para luchar contra la pobreza y que implican a varias partes interesadas, entre las que se cuentan el sector público, los interlocutores sociales, las organizaciones de base, las organizaciones sin ánimo de lucro y la economía social.

2.3.

Por consiguiente, el CESE coincide plenamente en que la lucha contra la pobreza requiere un enfoque multilateral y que todas las partes interesadas deberían contribuir a lograr una reducción máxima de la pobreza. Las buenas prácticas que se mencionan en este dictamen provienen de varias partes interesadas europeas (3).

3.1.

Aunque desde 2008 varias graves crisis económicas y financieras sucesivas han contribuido a aumentar la inestabilidad y la pobreza en la Unión Europea, en la mayoría de los Estados miembros las medidas de protección social han ayudado a amortiguar los efectos de la crisis. Sin embargo, debido a la crisis financiera de 2011, esta tendencia se revirtió y las medidas de austeridad presupuestaria comenzaron a obstaculizar los gastos sociales, lo que agravó la situación. En la actualidad, incluso la Comisión Europea reconoce que no es posible alcanzar el objetivo sobre la pobreza. Por tanto, y precisamente desde este punto de vista, en opinión del CESE existe una urgente necesidad de modificar el rumbo de las políticas económicas de la UE, orientado únicamente a la austeridad.

3.2.

Sin protección social casi la mitad de los europeos viviría en la pobreza. Sin embargo, las tres funciones principales de las políticas de bienestar —estabilización automática, protección social e inversión social— se han visto debilitadas por las recientes restricciones fiscales diseñadas para afrontar la crisis. Esta situación tiene que cambiar.

3.3.

El CESE reconoce, asimismo, el vínculo inextricable entre la pobreza y los problemas de salud, por lo que es necesario considerar la lucha contra la pobreza como un asunto prioritario. Los datos vienen demostrando que en las zonas con una mayor proporción de habitantes en situación de pobreza, la salud también es peor que en las zonas más pudientes (4). En algunas partes del Reino Unido, por ejemplo, se ha constatado que los hombres de las zonas menos ricas mueren unos once años antes, y las mujeres siete años antes que sus congéneres más pudientes (5).

3.4.

El CESE está convencido de que sería mejor que la Estrategia Europa 2020 estuviera mucho mejor vinculada al Semestre Europeo. El objetivo de reducción de la pobreza debe seguir siendo el elemento fundamental de esta Estrategia y las ambiciones de los Estados miembros en este ámbito deberían ser mucho mayores. La suma de los 28 compromisos individuales para reducir la pobreza no concuerda con la ambición compartida de la UE de sacar, al menos, a veinte millones de personas de la pobreza en la UE de aquí a 2020.

3.5.

La reducción de la pobreza es en gran medida competencia de los Estados miembros. Estos podrían mejorar conjuntamente su situación mediante un intercambio, con sus homólogos, de buenas prácticas, entre las que se cuentan los enfoques integrados y la colaboración entre las partes interesadas (públicas y privadas) pertinentes para luchar contra la pobreza. El Consejo debería instar a los Estados miembros a diseñar las estrategias integradas necesarias para reducir la pobreza.

3.6.

En particular está aumentando la pobreza en situación de empleo. La Comisión debería evaluar el impacto que las recientes medidas de reforma adoptadas para fomentar el empleo mediante la liberalización de las relaciones laborales han tenido en el aumento de los niveles de pobreza en situación de empleo.

3.7.

La evaluación del impacto social debería desempeñar un papel importante a lo largo de todo el proceso legislativo, a fin de tener mejor en cuenta la naturaleza multidimensional de la pobreza y la exclusión social (que va más allá de la pobreza material y abarca otras formas de desventajas económicas y sociales, como la falta de igualdad en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención sanitaria y la participación social).

3.8.

La pobreza también es una preocupación mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (6), aprobados en 2015 (principalmente el objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), deberían ser tenidos en cuenta por las instituciones de la UE y los Estados miembros e integrados en sus estrategias. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (7) debería vincularse a la Estrategia Europa 2020.

3.9.

El CESE es consciente de la próxima puesta en marcha del «pilar europeo de derechos sociales» y, según la Comisión, el concepto de la «convergencia ascendente» de los Estados miembros en el ámbito social desempeñará un papel importante en este «pilar». El CESE anima a la Comisión a integrar en este pilar unos principios que establezcan normas y sistemas sociales más eficaces y fiables (8) (más concretamente, normas sociales sólidas relativas a un apoyo a la renta adecuado a lo largo de toda la vida, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso no discriminatorio a servicios asequibles y de alta calidad para todos) y, de esta manera, contribuir a hacer de la lucha contra la pobreza y la exclusión social uno de los principales componentes del pilar.

4.1.

La Comisión Europea ha sido muy activa a la hora de proponer exhaustivas recomendaciones, que se han considerado muy útiles en la lucha contra la pobreza. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la «Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral» y a la Recomendación «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas». Si el Consejo desea privilegiar un «enfoque integrado» para luchar contra la pobreza, debería comenzar por recordar a los Estados miembros la necesidad de seguir estas recomendaciones activamente.

4.2.

El paquete sobre inversión social de 2013 (9) es otra iniciativa positiva de la Comisión. El CESE ya ha solicitado a la Comisión que emprenda un programa muy ambicioso en el ámbito de la inversión social y que lo propugne en todas las fases del Semestre Europeo (10). La inversión social se refiere, entre otras, a políticas que preparan a los individuos y las familias para afrontar los nuevos riesgos sociales que causa la competitiva sociedad del conocimiento mediante la inversión en capital humano desde la infancia en adelante, en lugar de simplemente «reparar» daños después de etapas de crisis económica o política (11). Sin embargo, a pesar de su pertinencia, la inversión social aún no representa un enfoque aplicado por todos los Estados miembros. Si el Consejo desea recopilar un listado de buenas prácticas en la lucha contra la pobreza, sin duda debería considerar los logros alcanzados hasta el momento en el ámbito de la inversión social y apoyar este tipo de iniciativas (12).

4.3.

Los regímenes de renta mínima en determinados Estados miembros no son suficientes para combatir la pobreza (13). Aunque desde 2010 se han introducido reformas en los regímenes de renta mínima en algunos países (como Austria, Alemania, España y Portugal) o se han anunciado reformas o se encuentran en fase de ensayo (como Grecia e Italia), no son suficientes. El CESE ha pedido que se tomen medidas europeas de apoyo a una renta mínima adecuada en Europa (14) y que se invierta en sistemas de protección social adecuados, generales y universales, que pueden prevenir el riesgo de pobreza a lo largo de toda la vida (15). El Consejo debería apoyar todas estas medidas.

4.4.

Por otra parte, la concesión desordenada e irresponsable de créditos al consumo y la poco cuidada evaluación de la capacidad financiera de los hogares ha sido la causa de la espiral de sobreendeudamiento en los últimos tiempos de crisis y de las políticas de austeridad, de manera que cerca del 70 % de los endeudados se encuentran ya por debajo del umbral de supervivencia en Europa, a pesar de que algunos de ellos están empleados pero con salarios que no cubren sus deudas. Esta situación requiere medidas de rigor y contención a la hora de conceder créditos al consumo, en particular por parte de intermediarios y entidades no financieras que no respetan las normas e incitan a contraer préstamos con tipos de interés usurarios.

5.1.

A causa de la crisis del euro se introdujeron cambios de gran alcance para la gobernanza económica europea. Se prestó atención especial a la estabilidad macroeconómica y las «reformas que impulsan el crecimiento», pero, hasta la fecha, no se ha dedicado suficiente atención a la gobernanza social. No obstante, las políticas económicas deberían examinar el impacto que tendrán en el empleo de calidad y la cohesión social. Además, puesto que la UEM se beneficiaría de la existencia de una dimensión social, las estructuras de gobernanza del Consejo deberían ser más equilibradas y la cooperación entre los Consejos ECOFIN y EPSCO debería reforzarse.

5.2.

Los comités EMCO y SPC deberían seguir desempeñando un papel activo en la evaluación de las reformas nacionales como parte del proceso del Semestre Europeo, pero también iniciar progresivamente la consulta de las partes interesadas europeas pertinentes a escala de la UE.

5.3.

El indicador compuesto «pobreza», empleado para definir la pobreza en la Estrategia Europa 2020, se basa en tres indicadores individuales: 1) personas en riesgo de pobreza; 2) personas con privación material severa; 3) personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja. En el marco de esta estrategia, los Estados miembros han de fijar sus propios objetivos nacionales para contribuir al objetivo global sobre la base de estos tres indicadores y de acuerdo con sus circunstancias y prioridades nacionales. No obstante, el CESE señala que el hecho de que se diera a los Estados miembros la libertad de elegir entre los tres indicadores (lo que ha contribuido a las variaciones en los enfoques nacionales) podría hacer necesarias nuevas recomendaciones.

5.4.

La evaluación realizada por la EAPN de los programas nacionales de reforma 2015 demuestra que el 88 % de ellos no tenía la pobreza como una prioridad esencial y que ninguna de las recomendaciones específicas por país de 2015 menciona la reducción de la pobreza (16). Por consiguiente, la EAPN ha propuesto que el Semestre Europeo se centre más en las cuestiones sociales, desde el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento hasta el conjunto de recomendaciones específicas por país en materia de lucha contra la pobreza (17). El CESE concuerda con esta propuesta y recomienda que las partes interesadas nacionales participen en la preparación, ejecución y comunicación de los programas nacionales de reforma. De manera más general, con el fin de permitir a los Estados miembros aprender unos de otros, los resultados de las consultas con las partes interesadas pertinentes a escala europea y nacional deberían hacerse públicos como parte del Semestre Europeo.

5.5.

La Comisión debería poner en marcha un proceso separado para mejorar las estadísticas nacionales y de la UE en materia de pobreza y desigualdad, a fin de perfeccionar la supervisión de este problema social multidimensional. Este ejercicio debería conducir a una serie de indicadores comunes más exactos que faciliten datos pertinentes de las acciones nacionales y de la UE, incluidas las medidas relativas a los ODS y el Semestre Europeo.

5.6.

Las evaluaciones del impacto social son útiles para detectar los riesgos relacionados con la pobreza que podrían acarrear las medidas adoptadas en una serie de ámbitos importantes de reforma, como la consolidación fiscal, la gestión de la deuda pública, la fiscalidad, el mercado de trabajo, la regulación de los mercados financieros, la prestación de servicios públicos y las inversiones públicas. En particular, habría que llevar a cabo a su debido tiempo evaluaciones del impacto social en el marco del Semestre Europeo, en estrecha consulta con los interlocutores sociales, la sociedad civil y los expertos pertinentes de los Estados miembros y la UE.

5.7.

El Semestre Europeo debería tener plenamente en cuenta el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir la pobreza y esta cuestión debería abordarse de forma sistemática a lo largo de todo el proceso, a través de: 1) medidas específicas para reducir la pobreza, 2) indicadores comparables para el estado de pobreza y la eficacia de las políticas, y 3) evaluaciones del impacto social obligatorias propuestas por los PNR y las recomendaciones específicas por país (REP).

5.8.

Los Estados miembros deberían elaborar y aplicar estrategias nacionales exhaustivas e integradas para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación. Estas estrategias deberían incluir los ámbitos siguientes: apoyo a la renta adecuado, mercados de trabajo inclusivos, empleos de calidad, igualdad de acceso a servicios asequibles y de alta calidad, mejor uso de los Fondos Estructurales de la UE, integración económica y social de los inmigrantes, lucha contra la discriminación y colaboración con los interlocutores sociales y las partes interesadas no gubernamentales.

5.9.

Además, cabe combatir el sobreendeudamiento mediante la adopción de políticas responsables de concesión del crédito (regulación estricta de los intermediarios y de la concesión de tarjetas de crédito, prohibición de publicidad agresiva, prohibición de la usura, prohibición de embargar la vivienda y otros bienes esenciales), de refuerzo de la mediación en la resolución de conflictos, de apoyo a la recuperación de los sobreendeudados (2.a oportunidad, «new start policy»), así como de información, educación y prevención en materia de sobreendeudamiento.

5.10.

Los Estados miembros deben utilizar los Fondos Estructurales de la UE para apoyar la inclusión social de todos los ciudadanos. En particular, la Comisión debería consultar urgentemente a los Estados miembros y las partes interesadas para averiguar si se está aplicando la decisión del Consejo de asignar el 20 % del Fondo Social Europeo (FSE) a la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza (18).

6.1.

Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, se creó como un marco general que abarca una amplia gama de políticas destinadas a contribuir al objetivo europeo sobre la pobreza (19). Debería haber servido como base de un compromiso conjunto entre los Gobiernos nacionales, las instituciones de la UE y las partes interesadas clave para combatir la pobreza y la exclusión social, pero hasta la fecha solo ha funcionado como plataforma de debate y no ha producido resultados tangibles en cuanto a la consecución de los objetivos de lucha contra la pobreza. El Consejo y la Comisión deberían buscar caminos que permitan convertirla en una plataforma de apoyo a las buenas prácticas en la lucha contra la pobreza y garantizar su vinculación directa con los principales procesos de la UE como, por ejemplo, el Semestre Europeo y la Estrategia Europa 2020.

6.2.

El CESE recuerda el considerando 16 de las anteriores Directrices integradas para el crecimiento y el empleo, que establecía explícitamente que la Estrategia Europa 2020 «debe aplicarse, supervisarse y evaluarse, según proceda, en conjunción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales y en estrecha asociación con los parlamentos, así como los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil» (20). Este extracto sirve para hacer hincapié en que es necesario mejorar la forma en que se consulta a las partes interesadas europeas y nacionales durante las fases de diseño, ejecución y evaluación del Semestre Europeo.

6.3.

En sus análisis la EAPN ha subrayado la falta de un auténtico compromiso por parte de las instituciones de la UE y las partes interesadas (públicas y privadas) pertinentes —como los interlocutores sociales, las ONG y otros— durante las fases de diseño y ejecución del Semestre. Para involucrar de forma eficaz a la sociedad civil en todas las etapas del proceso del Semestre Europeo, la Comisión debe proponer sin demora nuevas directrices sobre participación y supervisar los avances mediante los informes de país y otros documentos de evaluación.

6.4.

Asimismo, es necesario trabajar con las víctimas de la pobreza a fin de conocer sus opiniones y contrarrestar el malestar a gran escala con la UE, especialmente entre los jóvenes. Las reuniones anuales organizadas por la EAPN que agrupan a las personas que tienen una experiencia directa de la pobreza son un ejemplo de buenas prácticas. El CESE pide a la Comisión que vele por que estas reuniones continúen recibiendo apoyo financiero y se integren en el proceso de consulta sobre los progresos realizados para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza como parte del Semestre Europeo. Por otro lado, estas reuniones deberían tener lugar también a escala nacional.

7.1.

El CESE está de acuerdo con la intención de la Presidencia neerlandesa de organizar evaluaciones inter pares de buenas prácticas multinivel en la lucha contra la pobreza, pero destaca que los municipios no pueden ser las únicas entidades responsables de aportar tales ejemplos. El CESE considera que las iniciativas locales y regionales no sustituyen las responsabilidades y garantías centrales. Los Gobiernos y las partes interesadas públicas y privadas deben cooperar de forma sistemática y estructurada si quieren alcanzar el objetivo de reducir la pobreza.

7.2.

El CESE desea señalar, por ejemplo, que en los Países Bajos muchas responsabilidades en el ámbito de las cuestiones sociales se han transferido a los municipios. La concentración de numerosas tareas a nivel municipal puede ser rentable y permitir soluciones adaptadas que respondan a las necesidades de los beneficiarios, pero, tal como se indica en las recomendaciones específicas para los Países Bajos, existe el riesgo de una posible reducción de la financiación, lo que debe evitarse. La descentralización de las iniciativas no es compatible con los recortes presupuestarios de los municipios.

7.3.

Por consiguiente, el CESE considera que, aunque ciertamente existen buenas prácticas a escala regional y local, estas no pueden ni deben llevarse a cabo de forma aislada: necesitan estrategias nacionales que las apoyen.

7.4.

Asimismo, el CESE considera que, al seleccionar las buenas prácticas que merecen ser fomentadas, es preciso centrarse en impulsar los enfoques basados en datos empíricos (por ejemplo, cuestiones como: 1. ¿Esta iniciativa funciona en la práctica? 2. ¿Se puede utilizar en otros lugares?) y en impulsar los vínculos entre las partes interesadas pertinentes. También debe crearse un marco adecuado para el intercambio de buenas prácticas.

7.5.

Estas prácticas ponen de relieve la necesidad de formular políticas sociales eficaces contra la pobreza y la exclusión social, así como de reorganizar los servicios sociales, revisar las prácticas que siguen los trabajadores sociales para atender las necesidades de las personas en situación de pobreza, animar a los agentes sociales a usar su experiencia profesional en la elaboración de políticas sociales y, por último, reconocer derechos a aquellos que facilitan la integración y la promoción social de las personas que viven en situación de pobreza.