Completar los fundamentos en aras de la credibilidad

I. Logros y retos de la agenda de ampliación

A lo largo de los últimos cinco años, la Comisión ha reforzado la credibilidad de la política de ampliación e incrementado su potencial de transformación garantizando una mayor atención al tratamiento de las reformas fundamentales en una fase temprana del proceso de ampliación. La Comisión ha hecho especial hincapié en tres pilares: el Estado de Derecho, la gobernanza económica y la reforma de la administración pública.

En su Comunicación sobre la estrategia de ampliación[1] de 2012, la Comisión introdujo un nuevo enfoque de las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. En su Comunicación de 2013[2], la Comisión estableció un marco para reforzar la gobernanza económica basándose en la experiencia del Semestre Europeo. Este año, la Comisión propone nuevas ideas para apoyar la reforma de la administración pública en los países de la ampliación. Estos tres pilares están interrelacionados y los avances que se registren en ellos serán fundamentales para determinar qué países están plenamente preparados para la adhesión a la UE.

La política de ampliación de la UE beneficia a todas las partes al contribuir a la paz, la seguridad y la prosperidad en Europa. La ampliación favorece la consolidación del poder económico y político de la UE y tiene importantes efectos transformadores en los países adherentes. Un proceso de adhesión bien preparado impide que esta se lleve a cabo a expensas de la eficacia de la Unión.

El décimo aniversario en mayo de la adhesión en 2004 de diez nuevos Estados miembros nos recuerda los progresos logrados. A medida que la UE se amplía lo hacen también las oportunidades para nuestras empresas, inversores financieros, consumidores, turistas, estudiantes y propietarios de inmuebles. La adhesión ha beneficiado tanto a los países adherentes como a los Estados miembros de la UE. El comercio y la inversión han aumentado. La calidad de vida de los ciudadanos de la UE ha mejorado a medida que se ha extendido la aplicación de las normas europeas de protección del medio ambiente, de los consumidores y de otro tipo.

En el caso de los países de los Balcanes Occidentales, la perspectiva clara de pertenencia a la UE ofrecida por los Estados miembros es un importante factor de estabilización. Respalda los logros registrados en el cumplimiento de las condiciones necesarias, incluidas las del proceso de estabilización y asociación. Son esenciales las buenas relaciones de vecindad y la cooperación regional inclusiva. A este respecto, a lo largo de los últimos años se han dado pasos positivos, si bien siguen pendientes algunas cuestiones. Los continuos esfuerzos para resolver los problemas bilaterales entre países de la adhesión y con algunos Estados miembros, también bajo los auspicios de las Naciones Unidas en los casos pertinentes, y para superar la herencia del pasado son cruciales habida cuenta de los antecedentes de esta región, reciente escenario de conflictos.

El proceso de adhesión es riguroso, está basado en una condicionalidad justa pero estricta, en criterios establecidos y en el principio de los méritos propios. Esto es fundamental para la credibilidad de la política de ampliación, para incentivar la continuación de las reformas de gran alcance en los países de la ampliación y para garantizar el apoyo de los ciudadanos de la UE. Por su parte, los Estados miembros, junto con las instituciones de la UE, deberían liderar un debate riguroso sobre el impacto político, económico y social de la política de ampliación.

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La actual agenda de ampliación incluye a los países de los Balcanes Occidentales, Turquía e Islandia. Ha sido un año importante para varios países de los Balcanes Occidentales:

Montenegro ha dado nuevos pasos en las negociaciones de adhesión. Se han abierto doce capítulos y se ha puesto en marcha la aplicación de las reformas ligadas al Estado de Derecho. Ahora son necesarios resultados tangibles, que serán clave para determinar el ritmo general de las negociaciones de adhesión.

La apertura de las negociaciones de adhesión marca un punto de inflexión en las relaciones de la UE con Serbia. Corresponde ahora a este país mostrar resultados constantes en sus prioridades de reforma, ya que el ritmo de las negociaciones dependerá de los progresos en ámbitos clave, en particular por lo que se refiere al Estado de Derecho y al proceso de normalización de las relaciones con Kosovo*. Es preciso un nuevo impulso en el diálogo entre Belgrado y Pristina que aborde las principales cuestiones pendientes y abra una nueva fase en la normalización de las relaciones.

En el mes de junio se concedió el estatuto de país candidato a Albania en reconocimiento a sus esfuerzos de reforma y a los progresos realizados en el cumplimiento de la condicionalidad requerida. El país necesita ampliar y consolidar el impulso de la reforma y centrar sus esfuerzos en hacer frente a los retos de la integración en la UE de una manera sostenible e integradora. Tanto el gobierno como la oposición deben garantizar que el debate político tiene lugar principalmente en el Parlamento.

La firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo en julio constituye un hito importante en las relaciones de la UE con este país. Kosovo debe mostrar ahora los resultados de las reformas clave, en particular las que afectan al Estado de Derecho.

El proceso de adhesión a la Unión Europea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se encuentra en un callejón sin salida. Es preciso actuar para invertir la tendencia reciente, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión y a la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial. Urge encontrar una solución negociada y mutuamente aceptada a la cuestión de la denominación. El gobierno y la oposición deberán tomar medidas para restaurar el diálogo político en el Parlamento.

Bosnia y Herzegovina sigue en punto muerto en su senda hacia la integración europea. Es necesario que el país hable con una sola voz tras las elecciones para abordar las urgentes reformas socioeconómicas y avanzar en su agenda europea.

Turquía ha proseguido con la ejecución de determinados compromisos de reforma, como es el caso del paquete de democratización de 2013, y también ha avanzado hacia una solución de la cuestión kurda. No obstante, la independencia del poder judicial y la protección de las libertades fundamentales suscitan preocupación. Unas negociaciones de adhesión activas y creíbles constituyen el marco más adecuado para aprovechar plenamente el potencial de las relaciones entre la UE y Turquía. La apertura de negociaciones sobre los capítulos correspondientes al Estado de Derecho y los derechos fundamentales permitiría disponer de un plan de trabajo sobre las reformas en estos ámbitos clave.

A raíz de una decisión del Gobierno de Islandia, las negociaciones de adhesión han quedado en suspenso desde mayo de 2013.

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El planteamiento de la Comisión de abordar en primer lugar las cuestiones fundamentales otorga prioridad a las reformas relacionadas con el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la gobernanza económica, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ello incluye la reforma de las administraciones públicas, punto débil de la mayoría de los países de la ampliación, con una capacidad administrativa limitada y un alto grado de politización y falta de transparencia. Reforzar el funcionamiento de las instituciones democráticas también requiere procesos electorales que ofrezcan plenas garantías y el correcto funcionamiento de los Parlamentos, incluido un diálogo constructivo y duradero entre todos los partidos del espectro político. Es preciso seguir trabajando para fomentar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil robusta fortalece la responsabilidad política y favorece una mejor comprensión de las reformas relacionadas con la adhesión.

La sección II de la presente Comunicación se centra en los retos clave y pasa revista a los progresos en los ámbitos de la reforma de la administración pública, la gobernanza económica, la competitividad, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En la sección III se hace balance de la evolución de los asuntos regionales y bilaterales, en particular en los Balcanes Occidentales. La sección IV presenta las conclusiones y recomendaciones sobre cuestiones tanto horizontales como específicas por país.

En todos los ámbitos citados, la Comisión pretende hacer el máximo uso de los mecanismos y foros existentes para impulsar las reformas, ya sea a través de las estructuras del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), de las negociaciones de adhesión o de iniciativas específicas para un país determinado adoptadas por la Comisión, como los diálogos estructurados o los diálogos de alto nivel sobre el Estado de Derecho. Estas iniciativas se ampliaron en noviembre de 2013 con la creación de un diálogo de alto nivel con Albania sobre las prioridades clave. Por lo que se refiere a la reforma de la administración pública, la Comisión ha introducido un diálogo más estructurado y ha creado «grupos especiales» con los países de la ampliación.

En 2014 se ha puesto en marcha el nuevo Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA II) con el que la UE destinará 11 700 millones EUR durante el período 2014-2020 a los países candidatos para ayudarles a preparar su adhesión, así como a la cooperación regional y transfronteriza. El IPA II hace más hincapié en determinadas prioridades de la preparación a la adhesión a la UE en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, la competitividad y el crecimiento. Asimismo introduce un enfoque sectorial, la concesión de incentivos para la realización de resultados, un mayor apoyo presupuestario y la priorización de los proyectos. Se necesita un enfoque coordinado de las grandes inversiones en los principales corredores de infraestructuras. Se ha reforzado la coordinación con las instituciones financieras internacionales (IFI). El marco de inversión para los Balcanes Occidentales seguirá prestando apoyo a las inversiones de fomento del empleo y el crecimiento, así como a las dirigidas a reforzar la conectividad en la región.

Tres beneficios estratégicos de la ampliación

1) Hace de Europa un lugar más seguro. A través del proceso de adhesión, la UE promueve la democracia y las libertades fundamentales y consolida el Estado de Derecho en los países aspirantes, lo que reduce el impacto de la delincuencia transfronteriza. La política de ampliación actual contribuye a reforzar la paz y la estabilidad en los Balcanes Occidentales y favorece la recuperación y la reconciliación tras las guerras de la década de los noventa.

2) Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la cooperación en ámbitos como la energía, el transporte, el Estado de Derecho, las migraciones, la seguridad alimentaria, la protección de los consumidores y del medio ambiente y el cambio climático. La ampliación nos ayuda a garantizar que las normas estrictas que hemos adoptado se apliquen más allá de nuestras fronteras, lo que, por ejemplo, reduce el riesgo de que los ciudadanos de la UE se vean afectados por la contaminación importada.

3) Nos hace más prósperos. Una Europa ampliada es una Europa más fuerte. En 2012, el PIB de la UE representaba el 23 % del PIB mundial y ascendía a 13 billones EUR. La adhesión ha beneficiado tanto a los países adherentes a la UE como a los Estados miembros tradicionales. A medida que aumenta la UE también lo hacen las oportunidades para nuestras empresas, inversores, consumidores, turistas, estudiantes y propietarios de inmuebles. Un mercado único más amplio es más atractivo para los inversores: desde la ampliación de 2004, la inversión extranjera directa del resto del mundo en la UE se ha duplicado en porcentaje del PIB (del 15,2 % del PIB en 2004 al 30,5 % en 2012).

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II. En primer lugar las cuestiones fundamentales: consolidación de la reforma y aumento de la credibilidad

Esta sección identifica los principales retos y pasa revista a los progresos en los ámbitos de la reforma de la administración pública, la gobernanza económica, la competitividad, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En ella se recogen nuevas ideas para fortalecer la reforma de la administración pública y se detalla el enfoque dado a la gobernanza económica. En la Comunicación del año pasado se hizo especial hincapié en las modalidades de apoyo al proceso de reforma en todos los ámbitos de la financiación de preadhesión. Este año, se centra la atención en determinadas prácticas que se están llevando a cabo en los ámbitos citados en los países de la ampliación y que pueden servir de fuente de inspiración para las reformas en otros sectores.

a) Reforma de la administración pública

Junto con el Estado de Derecho y la gobernanza económica, la reforma de la administración pública (RAP) es uno de los tres pilares del proceso de ampliación. Los tres pilares están estrechamente relacionados, representan cuestiones transversales de importancia capital para el éxito de las reformas políticas y económicas y constituyen la base para la aplicación de las reglas y normas de la UE. Un buen funcionamiento de la administración pública es imprescindible para garantizar la gobernanza democrática. También repercute directamente en la capacidad del gobierno para prestar servicios públicos y fomentar la competitividad y el crecimiento.

La reforma de la administración pública tiene por objeto, por un lado, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia y, por otro, prestar una mayor atención a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. La gestión adecuada de los recursos humanos, la mejora del desarrollo, coordinación y planificación de las políticas, la solidez de los procedimientos administrativos y la mejora de la gestión de las finanzas públicas, incluida la administración y recaudación de los ingresos, revisten una importancia fundamental para el funcionamiento del Estado y la ejecución de las reformas necesarias para la integración en la UE. Los países deben redoblar sus esfuerzos por mejorar sus administraciones públicas a todos los niveles sobre la base de las estrategias nacionales. Reconociendo los retos a los que se enfrentan los países de la ampliación, la Comisión está reforzando su ayuda a la creación de la capacidad y estructuras administrativas necesarias en el proceso de adhesión.

La Comisión va a estructurar su trabajo sobre la reforma de la administración pública en los países de la ampliación en torno a las siguientes cuestiones clave:

Cuestiones clave para la reforma de la administración pública

1.     Marco estratégico de reforma de la administración pública: compromiso político con el proceso de reforma, incluidos el liderazgo político, la coordinación técnica y el seguimiento de la ejecución.

2.     Desarrollo y coordinación de políticas: adecuada coordinación a nivel de gobierno central, incluida la coordinación interministerial, la elaboración de políticas y la planificación financiera.

3.     Función pública y gestión de los recursos humanos: cuestiones con repercusiones internas en la organización y el funcionamiento de la función pública, incluidas la despolitización, la contratación y la promoción basadas en los méritos, la formación y la profesionalización.

4.     Rendición de cuentas: transparencia de la administración, incluido el acceso a la información y la posibilidad de reparación legal y administrativa.

5.     Prestación de servicios: mejora de los servicios a los ciudadanos y las empresas, incluida la mejora de los procedimientos administrativos y los servicios de administración electrónica.

5.     Gestión de las finanzas públicas (GFP): compromiso con un enfoque más exhaustivo de la mejora de la gestión de las finanzas públicas y del proceso presupuestario general a través de la preparación y ejecución de los programas plurianuales de GFP exhaustivos y el diálogo sobre la política en la materia con la Comisión y las instituciones financieras internacionales. Un programa creíble y pertinente de GFP es también esencial para el apoyo presupuestario sectorial del IPA.

La Comisión aspira a integrar mejor la reforma de la administración pública en el proceso de ampliación. Se han creado o están en curso de creación «grupos especiales de RAP» con los países de los Balcanes Occidentales basándose en el modelo de los subcomités del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Ya se han reunido grupos especiales en el caso de Albania, Kosovo, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. En octubre se reunirá el primer grupo especial de RAP de Serbia. Los grupos especiales constituirán una plataforma clave para impulsar el trabajo de RAP que se basará en las cuestiones clave antes citadas. Los resultados de las reuniones de los grupos especiales de RAP deberán contribuir a los trabajos de la Comisión y del Consejo del AEA y permitir un debate político más estructurado sobre las cuestiones clave de la RAP.

Aunque no exista ningún capítulo específico del acervo relativo a la administración pública, las negociaciones de adhesión también deberían usarse para fomentar las reformas necesarias. Las cuestiones clave deberían abordarse en los capítulos pertinentes (en particular, la contratación pública, el control financiero, el poder judicial y los derechos fundamentales, la fiscalidad y la política económica y monetaria) y en el marco de las conferencias intergubernamentales cuando sea importante para la aplicación del acervo. Será crucial la coordinación con las instituciones financieras internacionales, en particular en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas. La Comisión sigue apoyando la Escuela Regional de Administración Pública, que desempeña un papel importante para el intercambio de experiencias en la región, también en relación con el proceso de integración en la UE.

Aumentar la capacidad de la administración pública de Kosovo:

Con el fin de reforzar la capacidad institucional y profesional de su administración pública, Kosovo ha creado un programa de jóvenes profesionales. Con un fuerte énfasis en la integración europea, este programa ofrece becas a los estudiantes más brillantes para seguir un programa de posgrado especial en Kosovo junto con la oportunidad de estudiar en la UE. En torno al 80 % de los graduados por este programa ha obtenido un puesto en la administración pública de Kosovo. Ello redunda tanto en beneficio del Ministerio de Integración Europea y de los ministerios sectoriales como de las instituciones encargadas de la aplicación de las obligaciones que se deriven del futuro AEA.

b) Gobernanza económica y competitividad

La Comisión está reforzando su apoyo a la mejora de la gobernanza económica y de la competitividad en los países de la ampliación. Se trata de una cuestión clave para abordar las preocupaciones de los ciudadanos en un entorno económico persistentemente adverso, caracterizado por un elevado nivel de desempleo y una baja inversión. Este nuevo enfoque es especialmente importante en lo que se refiere a los países de los Balcanes Occidentales, ya que ninguno de ellos cuenta todavía con una economía de mercado en funcionamiento. Se basará en la experiencia de los Estados miembros de la UE en el marco del Semestre Europeo. Se hará más hincapié en las reformas estructurales de carácter sectorial. Se pedirá a los países de la ampliación que presenten programas nacionales de reforma económica. Por su parte, la UE proporcionará más orientación sobre las prioridades de la reforma y canalizará mejor la financiación del IPA. La mejora de la gobernanza económica en los países de la ampliación es también importante para mantener el nivel de apoyo a la ampliación dentro de la Unión Europea.

Todos los países de los Balcanes Occidentales tienen una serie de retos económicos estructurales importantes, con elevadas tasas de desempleo y bajos niveles de inversión extranjera. Todos los países candidatos a la adhesión siguen enfrentados a problemas importantes en cuanto a la reforma económica, la competitividad, la creación de empleo y el saneamiento fiscal. Las deficiencias del Estado de Derecho y de la gestión de las finanzas públicas acentúan los riesgos de corrupción, repercutiendo negativamente en el clima de inversión. Hasta la fecha ninguno de los países ha elaborado un programa de reforma nacional completo y convincente.

Situación macroeconómica en los países de la ampliación

Þ Los países de la ampliación ofrecen un panorama variado por lo que se refiere a la evolución socioeconómica. Todos han mantenido en gran parte la estabilidad macroeconómica general, aunque en algunos los riesgos fiscales han aumentado significativamente. Persiste una modesta recuperación. Según las previsiones más recientes de la Comisión Europea, los países candidatos de los Balcanes Occidentales deberían crecer un 1,6 % de media en 2014. La recuperación no se ha traducido en más puestos de trabajo. El desempleo sigue siendo elevado, especialmente entre los jóvenes, y es ahora de un 21 % por término medio en los Balcanes Occidentales, pero mucho más alto en Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo. Siguen registrándose elevados niveles de pobreza.

Þ La UE es el principal socio comercial de los países de los Balcanes Occidentales, y constituye el destino de aproximadamente el 60 % de las exportaciones de la región. Además, la UE es, con mucho, el principal proveedor de inversión extranjera directa.

Þ En 2013 el crecimiento en Turquía alcanzó el 4 % y la estimación para 2014 es del 2,6 %. La lira turca se ha debilitado y el déficit por cuenta corriente aumentó hasta situarse en casi el 8 % del PIB en 2013. El reciente comportamiento económico de Turquía ilustra tanto el elevado potencial de su economía como la persistencia de desequilibrios. La UE sigue siendo el principal socio comercial de Turquía y el destino de más del 40 % de sus exportaciones. Turquía se ha convertido en una base de inversión para las empresas europeas, con una integración creciente en la cadena de aprovisionamiento y producción de la UE. En torno al 70 % de la inversión extranjera directa en Turquía procede de la UE.

Principales indicadores económicos

|| PIB per cápita (% de la UE) || Evolución del PIB (%) || Inflación (%) || Desempleo (%) || Tasa de empleo, 20-64 años (%) || Tasa de participa-ción, de 20 a 64 años (%) || Exporta-ciones (bienes y servicios % del PIB) || Deuda pública (% del PIB) || Déficit público (% del PIB)

Albania || 30 || 1,4 || 1,9 || 15,6 || 57,2 || 68,0 || 40,2 || 62,0 || - 3,4*

Bosnia y Herzegovina || 29 || 2,5 || - 0,2 || 27,5 || n/d || n/d || 30,0 || n/d || 2,2

Antigua República Yugoslava de Macedonia || 35 || 2,9 || 2,8 || 29,0 || 50,3 || 70,4 || 53,9 || 36,0 || - 4,1

Kosovo || n/d || 3,4 || 1,8 || 30,0 || n/d || n/d || 17,4 || n/d || n/d

Montenegro || 42 || -2,5* || 1,8 || 19,5 || 52,6 || 65,1 || 41,1* || 58,0 || - 2,3

Serbia || 36 || 2,5 || 7,8 || 22,1 || 51,2 || 66,0 || 44,7 || 63,2 || - 5,0

Turquía || 55 || 4,0 || 7,5 || 8,8 || 53,4 || 58,4 || 25,7 || 36,2* || - 0,3*

Fuente: Eurostat. Año de referencia 2013 excepto (*) 2012.

Ø Mejora de la gobernanza económica

La estrategia de ampliación 2013-14 introdujo un nuevo enfoque para ayudar a los países de la ampliación a abordar las cuestiones económicas fundamentales y cumplir los criterios económicos. El nuevo enfoque implica un cambio en el diálogo y una mejora en la elaboración de informes con el fin de facilitar unas directrices más claras sobre las reformas necesarias para apoyar el crecimiento y la competitividad a largo plazo.

Retos económicos clave en los Balcanes Occidentales

Þ Refuerzo de la consolidación fiscal mediante la reducción del déficit presupuestario y la aplicación de reformas creíbles del sector público, incluidas las reformas de la administración pública y de los sistemas de pensión.

Þ Refuerzo de la gestión de las finanzas públicas, incluidas la recaudación y la administración de los ingresos, formulación y ejecución presupuestaria, contabilidad, elaboración de informes y control externo.

Þ Tratamiento del problema de la alta carga de créditos fallidos.

Þ Reestructuración y mejora de la gobernanza de las empresas de propiedad estatal.

Þ Mejora del entorno empresarial, incluida la economía digital, apoyo al desarrollo del sector privado mediante la reducción de las cargas parafiscales, la simplificación de la regulación y el impulso de la inversión en investigación.

Þ Mejora de las redes de transporte y energía y aumento de la conectividad.

Þ Creación de mercados laborales eficientes, flexibles, que aborden el sector informal y mejoren la empleabilidad de los trabajadores adaptando la educación y las cualificaciones a las demandas del mercado laboral.

Se invita a los países de los Balcanes Occidentales a reforzar la política y la gobernanza económicas a través de la preparación de programas nacionales anuales de reforma económica. Dichos programas constarán de dos partes. La primera consistirá en una versión mejorada de los programas económicos de preadhesión (PEP) para los países candidatos y de los programas económicos y fiscales (PEF) para los candidatos potenciales, ampliados para incluir a Kosovo. Esta primera parte de los programas nacionales anuales de reforma económica establecerá un marco de política macroeconómica y fiscal a medio plazo, con un mayor hincapié en la evaluación de la sostenibilidad exterior y de los obstáculos estructurales al crecimiento e incluirá medidas de reforma concretas para apoyar el marco político. La segunda parte de los programas nacionales de reforma económica abarcará las reformas estructurales de carácter sectorial (como transporte, energía, educación, medio ambiente, investigación, industria, competencia y mercado interior) y de mayor interés para la mejora de la competitividad y el crecimiento en cada uno de los países y reflejará las necesidades de inversión en infraestructuras. La Comisión proporcionará a los países una orientación clara y consolidada para garantizar que estos programas se centran en las cuestiones esenciales.

Por lo que se refiere al mayor hincapié en las reformas estructurales, 2015 debe considerarse como el primer año de una fase piloto. Las reformas recogidas en estos documentos contarán con la ayuda del IPA. Para reforzar la supervisión, el proceso de evaluación se plasmará en nuevas directrices políticas específicas para cada país. Ya en mayo de 2014, el Consejo ECOFIN elaboró unas directrices más específicas para cada uno de los países candidatos.

Turquía y la UE tienen un interés común en la promoción de una agenda de reforma económica, el intercambio de experiencias, la alineación de posiciones en el seno del G- 20 y la profundización de la integración económica. Además, la reciente evaluación de la unión aduanera entre la UE y Turquía aporta importantes elementos para mejorar este acuerdo comercial. A ambas partes interesa mejorar las relaciones comerciales en un grado equivalente al de los modernos acuerdos comerciales y a la importancia estratégica de las relaciones entre la UE y Turquía. La agenda económica podría tratarse en el seno del diálogo económico regular de alto nivel entre la UE y Turquía. A este contacto político más intenso podría sumarse un foro empresarial que reúna a ambas partes.

Un ciclo anual de evaluación y orientación de las políticas económicas para los Balcanes Occidentales

31 de enero: presentación por los países de los programas nacionales de reforma económica (primera parte: marco macroeconómico y fiscal y reformas de apoyo; segunda parte: reformas estructurales de carácter sectorial y competitividad) a la Comisión. Dado el carácter a largo plazo de las reformas de la segunda parte, ésta simplemente se actualizará anualmente en los sucesivos programas nacionales de reforma económica.

Febrero: misiones de evaluación de la Comisión a los Balcanes Occidentales.

Abril: reuniones por país con la Comisión para discutir las directrices políticas específicas.

Mayo: conclusiones del Consejo ECOFIN.

Junio/julio: reuniones específicas por país a nivel ministerial.

Otoño: el paquete de la Comisión sobre la ampliación hace balance de los progresos registrados desde la celebración del Consejo ECOFIN y ofrece unas directrices más detalladas y a más largo plazo que deben incluirse en los programas que han de presentarse en el mes de enero siguiente.

La aplicación de este enfoque requiere asistencia técnica especializada. La aplicación de las directrices políticas específicas para cada país tendrán que contar lo antes posible con el apoyo de proyectos del IPA concretos y específicos para mejorar la gobernanza económica. Los documentos de estrategia nacionales y plurinacionales del IPA 2014-2020 reflejan la importancia de la gobernanza económica y establecen una asignación indicativa de fondos a tal fin. Se están preparando proyectos IPA concretos cuyo despliegue comenzará a partir de 2015.

El aumento de la competitividad y la introducción de medidas orientadas a fomentar la creación de empleo en la región mitigará las presiones migratorias procedentes de los países de la ampliación sobre la UE. Las últimas ampliaciones se acompañaron de la entrada en vigor de disposiciones transitorias para introducir progresivamente la plena libertad de circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. La posible necesidad y naturaleza de unos controles transitorios y/o de un mecanismo de salvaguardia en relación con la libre circulación de los trabajadores se abordará en el curso de las negociaciones de adhesión teniendo en cuenta una futura evaluación de impacto.

Ø Diálogo sobre el empleo y las reformas sociales

El apoyo de la Comisión al desarrollo económico sostenible en los Balcanes Occidentales va más allá de la estabilización macroeconómica y la consecución del estatuto de economía de mercado en funcionamiento. Desde el comienzo de la crisis, la Comisión ha insistido en que hay que hacer más para afrontar la difícil situación socioeconómica, en especial el elevado desempleo.

La Comisión ya ha iniciado un nuevo diálogo sobre los programas de empleo y reforma social con Turquía y Serbia. Están en preparación los diálogos con la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. La situación socioeconómica en los países restantes es más complicada y será necesario un apoyo adicional para crear la capacidad administrativa necesaria para facilitar la participación en el nuevo proceso. Se irá invitando gradualmente al nuevo diálogo a estos países. Se está proporcionando asistencia técnica global a través del IPA, junto con un apoyo más general en materia social y de empleo. La Comisión pondrá en marcha una plataforma social y laboral para facilitar un nuevo instrumento que ayude a los países a poner en común sus experiencias y a prepararse para el diálogo sobre los programas de empleo y reforma social.

En un ejercicio separado, y con vistas a reducir el déficit de cualificaciones y mejorar los sistemas educativos, la Comisión continuará desarrollando también la plataforma de los Balcanes Occidentales sobre educación y formación.

Ø Aumentar las inversiones para el crecimiento y el empleo: redes y cooperación regional

Las redes transfronterizas de transporte, energía y comunicaciones no están suficientemente desarrollados en los Balcanes Occidentales. Las inversiones en infraestructuras son muy necesarias para impulsar el desarrollo económico de la región. Dadas las dimensiones de las economías de los Balcanes Occidentales se hace necesaria una mayor integración de las mismas. La cooperación económica regional no solo favorece el crecimiento sostenible, sino que facilita la cooperación política y las relaciones de buena vecindad. Se está trabajando bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Regional (CCR) para lograr los objetivos y prioridades de Europa Sudoriental (SEE) 2020. La liberalización de los servicios prevista en el Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) seguiría contribuyendo a lograr este objetivo.

Redes energéticas y de transporte

La mejora de la interconexión de las redes de energía y de transporte entre la UE y los países de la ampliación constituye una prioridad para la promoción del crecimiento económico sostenible, la creación de empleo, el comercio y los intercambios culturales.

En mayo, la Comisión adoptó la Estrategia Europea de la Seguridad Energética[3], cuyo objetivo es reforzar la seguridad energética de la UE. A corto plazo, la estrategia propone que la Comisión lance una serie de pruebas de resistencia en materia de seguridad energética, que simule una interrupción del suministro de gas el próximo invierno y que estudie el modo en que el sistema puede hacer frente a los riesgos de seguridad que pesan sobre el abastecimiento energético. Teniendo en cuenta la dimensión paneuropea de la seguridad energética, la Comisión Europea ha invitado a todos los países de los Balcanes Occidentales y a Turquía a que contribuyan a estas pruebas de resistencia. Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Serbia y Turquía ya lo han hecho. Es fundamental el desarrollo adicional de la infraestructura energética transeuropea y la cooperación con la Comunidad de la Energía. La Comunidad de la Energía, que tiene por objeto extender el acervo de la UE en materia de energía a los países vecinos y de la ampliación, debería reforzarse a la luz de los problemas de seguridad del abastecimiento energético de la UE. Este objetivo debe lograrse mediante el fomento de las reformas del sector de la energía en los países participantes y el apoyo a la modernización y a la sostenibilidad de sus sistemas energéticos y a su plena integración en el marco regulador de la UE en materia de energía.

Una de las prioridades del trabajo futuro de la Comunidad de la Energía debe ser la mejor aplicación y ejecución de las reformas para crear un auténtico mercado interior, tanto minorista como mayorista, especialmente por lo que se refiere a la separación funcional de las infraestructuras energéticas, la transparencia de los precios o el acceso de terceros a las redes. La necesidad de garantizar el acceso de terceros es una de las razones por las que la Comisión ha declarado que los acuerdos intergubernamentales, firmados entre Rusia y una serie de países que participan en el proyecto South Stream, deben renegociarse y suspenderse la construcción del proyecto.

Es preciso seguir desarrollando la cooperación con Turquía, habida cuenta de su situación estratégica y de su potencial como eje energético. El refuerzo de la cooperación en materia de energía entre la UE y Turquía, así como los progresos realizados en las negociaciones de adhesión, permitirían dar un mayor impulso a la interconexión y a la integración de los mercados energéticos.

La Comisión ha adoptado una lista de proyectos de interés común (PIC) para el desarrollo de infraestructuras energéticas transeuropeas. La lista de proyectos de interés de la Comunidad de la Energía ha sido adoptada por el Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía. Para establecer estas redes, las partes (con la ayuda de la UE) necesitan superar las dificultades de financiación de las interconexiones entre países.

El futuro Tratado de la Comunidad del Transporte permitirá promover la integración de los mercados y de las infraestructuras de transporte terrestre y ayudará a los países de los Balcanes Occidentales a aplicar las normas de transporte terrestre de la UE. La Comisión también ha revisado las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) y energía (RTE-E) con objeto de mejorar las conexiones con los países cubiertos por las políticas de ampliación y vecindad.

El Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (WBFI en sus siglas en inglés) desempeña una función cada vez más importante ayudando a preparar y apoyar las inversiones más necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo. A través del WBIF, la Comisión, los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales están apoyando inversiones por valor de 4 millones EUR al año en los sectores del transporte, la energía, el medio ambiente, el cambio climático y el apoyo a una economía eficiente en el uso de los recursos, el sector social, el sector privado y el desarrollo de las pymes, apartado este último en el que la Comisión cofinancia una plataforma para las pymes de los Balcanes Occidentales con el fin de mejorar el acceso de estas a la financiación mediante garantías y capital riesgo. La Comisión anima a los países a crear comités nacionales de inversión o mecanismos de coordinación similares que permitan establecer una cartera única de proyectos por sector.

Desarrollo de una reserva única de proyectos en Serbia:

Serbia está elaborando una lista de proyectos prioritarios de infraestructuras de interés estratégico tanto para el país como para la UE en los sectores de la energía, el transporte, el medio ambiente y las infraestructuras empresariales. Estas prioridades corresponden a proyectos con respaldo político que deben ejecutarse hasta el momento de la adhesión y después de la misma. Para elaborar la lista se ha empleado una metodología de selección coherente y objetiva a través de un proyecto financiado por el IPA. Los proyectos han sido evaluados cuidadosamente en función del número de etapas preparatorias/administrativas pendientes y de las responsabilidades institucionales pormenorizadas correspondientes a cada etapa prevista. Todos los elementos anteriores, ausentes en el pasado, pueden dar lugar a una mejor priorización de la financiación de los proyectos, así como a una mejor coordinación entre las instituciones financieras internacionales y las organizaciones internacionales interesadas en prestar los fondos. El IPA únicamente financiará proyectos de esta lista.

Ø Garantizar la sostenibilidad de las inversiones y una gestión eficaz del riesgo de catástrofes

Los países de los Balcanes Occidentales están expuestos a una amplia gama de catástrofes. Además de decenas de muertes, las graves inundaciones que padecieron en mayo Bosnia y Herzegovina y Serbia han tenido un considerable impacto socioeconómico, con unos daños totales valorados en 2 040 millones EUR (lo que equivale a casi el 15 % del PIB) en el primer caso y en 1 520 millones EUR en el segundo. Las inundaciones también han tenido una fuerte repercusión en las perspectivas de crecimiento de ambos países, y afectan negativamente a su desarrollo sostenible a largo plazo. Además, pusieron de relieve la importancia de realizar inversiones sostenibles en la gestión de riesgo de catástrofes y de integrar efectivamente la política de gestión del riesgo en las políticas económicas globales de estos países.

c) El Estado de Derecho y los derechos fundamentales

i) Estado de Derecho

El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la UE y el núcleo del proceso de adhesión. Los países que aspiran a adherirse a la Unión deben establecer y promover desde una fase temprana el correcto funcionamiento de las instituciones de base necesarias para garantizar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es crucial para garantizar un entorno empresarial estable, proporciona seguridad jurídica a los operadores económicos y apoyo a los consumidores, al tiempo que estimula la inversión, el empleo y el crecimiento. A lo largo del año pasado se han dado algunos pasos positivos en este ámbito en los países de la ampliación. Con la apertura de los capítulos 23 y 24, Montenegro dispone de un marco propicio para aplicar sus exhaustivos planes de acción, que abarcan una amplia gama de cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Serbia se encuentra muy avanzada en el desarrollo de planes de acción similares en la fase previa al inicio de las negociaciones de adhesión en estos capítulos. En Albania, se han hecho esfuerzos importantes para hacer frente a la delincuencia organizada.

El refuerzo del Estado de Derecho es un desafío de primer orden para la mayoría de los países que participan en el proceso de ampliación, en particular en lo que se refiere a la mejora del funcionamiento y la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Esto exigirá una fuerte voluntad política para, más allá de las declaraciones, alcanzar resultados tangibles. Los países tienen que desarrollar un historial creíble de investigaciones, persecuciones y condenas definitivas en casos de delincuencia organizada y corrupción, con la imposición de condenas adecuadas y la confiscación de activos.

En la mayoría de los casos, es necesario emprender reformas judiciales de gran calado con el objetivo de garantizar la independencia y eficacia de los sistemas judiciales, de forma que puedan garantizar juicios justos, asegurar la imparcialidad y responsabilidad de los jueces y su nombramiento y promoción en razón de sus méritos. La mayoría de los países ha adoptado estrategias de reforma judicial. Sin embargo, la aplicación de las mismas se encuentra en una fase temprana y siguen existiendo múltiples desafíos. Es preciso garantizar la independencia de los consejos nacionales del poder judicial, establecer procedimientos más correctos para el nombramiento de jueces y fiscales y salvaguardar la independencia del poder judicial al tiempo que se garantiza la rendición de cuentas. La administración de justicia a menudo carece de los niveles de calidad y eficacia necesarios. La mayoría de los países registra un número excesivo de casos pendientes y dificultades para la ejecución de las decisiones judiciales. Es preciso transformar la cultura judicial para reforzar la vocación de servicio a los ciudadanos del poder judicial.

Formación de funcionarios judiciales en la Antigua República Yugoslava de Macedonia:

La Academia de Jueces y Fiscales se creó en 2006 e inició su andadura en 2007. Proporciona una formación teórica y práctica a tiempo completo de dos años de duración a futuros jueces y fiscales, así como una formación continua para los jueces, los fiscales, el personal de los órganos jurisdiccionales y los funcionarios en ejercicio. La formación la imparten profesionales de la judicatura, como altos magistrados. Ya han obtenido el diploma 80 aspirantes a jueces y fiscales y se han beneficiado de las actividades de la Academia más de 7 300 participantes. Se han organizado más de 270 formaciones para el personal en activo. Un sistema descentralizado atiende también las demandas de participantes de fuera de la capital, al igual que hacen los módulos de formación electrónica a los que puede accederse a través de la página web de la Academia. También se fomentan los contactos con organizaciones judiciales internacionales, incluidos los periodos de prácticas en el extranjero.

La corrupción sigue siendo un problema serio en la mayoría de los países de la ampliación. En ámbitos como el de la contratación pública y el proceso de privatización, las prácticas de corrupción siguen desviando los ya de por sí escasos recursos procedentes de los presupuestos nacionales, lo que afecta negativamente al clima empresarial y de inversión, que requiere seguridad jurídica para consolidarse. La corrupción afecta también directamente a los ciudadanos a la hora de acceder a servicios públicos como la educación y los servicios sanitarios. Los instrumentos de prevención de la corrupción siguen estando infrautilizados. Los servicios con funciones coercitivas deben actuar de forma más proactiva, coordinada y eficaz para garantizar que los casos de corrupción, incluidos los casos de corrupción de alto nivel, son investigados, perseguidos y sancionados. A este respecto será preciso mantener un historial de resultados concretos.

Los países deberán garantizar el establecimiento de un marco robusto de prevención de la corrupción y serán necesarios esfuerzos adicionales en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, la gestión de los conflictos de interés, la transparencia en el uso de fondos públicos, el acceso a la información y la incautación y decomiso de activos. A este respecto será fundamental la reforma de la administración pública y de la gestión de las finanzas públicas. Son necesarias mejoras de la recogida y la accesibilidad de los datos para aumentar la transparencia y ayudar a supervisar la aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción.

La lucha contra la delincuencia organizada sigue siendo un problema importante en la mayoría de los países de la ampliación. A pesar de los progresos realizados, es preciso hacer mucho más para proporcionar herramientas jurídicas y de investigación eficaces a los servicios con funciones coercitivas para combatir y sancionar correctamente la delincuencia organizada y para garantizar investigaciones proactivas. La lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es fundamental para combatir la infiltración de la delincuencia en los sistemas políticos, jurídicos y económicos. Los servicios con funciones coercitivas, la fiscalía y el poder judicial tienen que ser más resistentes a la corrupción y es preciso establecer más controles para detectar empresas aparentemente legales que sirven de tapadera a actividades delictivas. Es preciso mejorar sustancialmente la capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras complejas y para luchar contra el blanqueo de capitales y hará falta abordar nuevas amenazas como la delincuencia informática. Es necesario confiscar efectivamente los productos del delito, introducir un sistema amplio de confiscación de activos y estudiar la posibilidad de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito para abordar el fenómeno del lucro no justificado.

La naturaleza transfronteriza de numerosas actividades delictivas y grupos de delincuencia organizada requiere mejorar la cooperación regional e internacional y las respuestas a las solicitudes de cooperación policial y judicial procedentes de los Estados miembros. Se persigue una mayor cooperación operativa con las agencias europeas pertinentes, en particular Europol, Eurojust y Frontex. Han entrado en vigor acuerdos operativos de Europol con Serbia y Albania y está en una fase avanzada de preparación otro con Montenegro. La Comisión sigue apoyando una red de fiscalía y sistemas coordinados de protección de testigos en la región.

Desarrollar un análisis estratégico de la situación de la delincuencia organizada en Montenegro:

Cualquier país que desee luchar con éxito contra la delincuencia organizada debe disponer de una valoración estratégica global y coherente de la misma en su territorio. Ello es necesario para todas las partes interesadas, no solo para los servicios encargados de la aplicación de la ley, a fin de comprender las amenazas que penden sobre el país y gestionar las tendencias. En la primavera de 2014, Montenegro publicó una evaluación sobre las amenaza de la delincuencia organizada y de las formas graves de delincuencia que ofrece una visión de conjunto de los peligros que acechan a la región y al país y que afectan a la situación de la seguridad en Montenegro. El análisis sirve ahora para identificar prioridades comunes de los servicios con funciones coercitivas que les permiten preparar respuestas apropiadas y poner en práctica el concepto de «actuación policial basada en los servicios de inteligencia».

La Comisión continúa concediendo una gran prioridad a todos los aspectos relacionados con el Estado de Derecho en los países de la ampliación. En las negociaciones de adhesión se está aplicando un nuevo enfoque en los capítulos sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y justicia, libertad y seguridad. Esto requiere unos historiales sólidos de ejecución de las reformas que se desarrollarán a lo largo de todo el proceso de preparación para la adhesión. Por primera vez, la UE ha establecido criterios de referencia intermedios en las negociaciones de adhesión que, en el caso de Montenegro, están previstos para diciembre de 2013. Serbia ha recibido orientaciones de fondo para los planes de acción global que está preparando como base para la apertura de negociaciones sobre las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Las presentes directrices y criterios de referencia fijarán las pautas del trabajo y las negociaciones futuras con otros países de la ampliación. En la actualidad, las cuestiones relativas al Estado de Derecho se abordan en una fase temprana del proceso de adhesión con todos los países de la ampliación y los progresos en este ámbito constituyen un factor importante a la hora de decidir sobre cada una de las fases del proceso de adhesión a la UE.

El nuevo enfoque para los capítulos 23 y 24 en pocas palabras

Para los capítulos de negociación 23 (Poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (Justicia, libertad y seguridad), el nuevo enfoque ofrece un marco de negociación más estructurado que tiene en cuenta el tiempo necesario para la correcta aplicación de las reformas:

► Los capítulos 23 y 24 se abren en una fase temprana del proceso y se cierran al final a fin de disponer del máximo plazo para desarrollar historiales sólidos para garantizar la irreversibilidad de las reformas.

► La UE proporciona orientaciones de fondo como base para la los planes de acción de reforma global, que son requeridos como criterios de referencia iniciales y sirven de catalizador para las reformas.

► Se introducen «criterios de referencia intermedios» a fin de orientar el proceso de reforma y mantener en marcha las reformas.

► Los criterios de referencia finales solo se fijan una vez logrados progresos sustanciales en todos los ámbitos, incluido el historial de resultados de la aplicación sobre el terreno.

► Se introducen salvaguardias y medidas correctivas como, por ejemplo, actualizar los criterios de referencia, garantizar un equilibrio global en el avance de las negociaciones en todos los capítulos y establecer un mecanismo de interrupción de las negociaciones en otros capítulos si se registran retrasos en el avance de los capítulos 23/24.

► Se aumentan la transparencia e inclusividad del proceso, con una amplia consulta de las partes interesadas sobre las reformas previstas a fin de garantizar el máximo apoyo a la hora de aplicarlas.

De manera más general, la Comisión está utilizando todos los instrumentos disponibles para reforzar el Estado de Derecho, en particular mediante su supervisión periódica a través de los organismos conjuntos previstos en los acuerdos de estabilización y asociación, las misiones de evaluación y los diálogos estructurados; a través de la elaboración de informes y, en particular, de informes sobre los progresos realizados; a través de la ayuda financiera, con especial atención al Estado de Derecho en virtud del IPA II; a través de la creación de instituciones, Taiex, el hermanamiento, y las revisiones inter pares, que ponen en contacto directo a los jueces, fiscales y otros expertos en temas policiales, de gestión de fronteras y de inmigración de los Estados miembros con sus homólogos. En el marco de la agenda positiva con Turquía se ha creado un grupo de trabajo sobre el capítulo 23. Para combatir mejor la delincuencia transnacional, la Comisión fomenta la intensificación de la cooperación policial y judicial en la región con los Estados miembros de la UE y con Europol, Eurojust y Frontex y, cada vez más, con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Con el fin de desarrollar medidas adecuadas para abordar el fenómeno de los combatientes extranjeros, los países de la ampliación deben intensificar sus capacidades en materia de prevención de la radicalización, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas y una mayor cooperación con los Estados miembros. El proceso de liberalización de visados, con sus condiciones específicas para la reforma, ha ayudado a los países a centrar mejor sus esfuerzos. Los países deben incrementar sus esfuerzos para consolidar estas reformas. Los países exentos de la obligación de visado deben emprender acciones inmediatas para impedir cualquier práctica abusiva que se aproveche de la liberalización del régimen de visados. Son necesarios esfuerzos consolidados en las áreas de la migración y la gestión de las fronteras. Las cuestiones pendientes en estos ámbitos seguirán abordándose en los foros pertinentes como, por ejemplo, en el marco del acuerdo de estabilización y asociación y en particular en el capítulo 24 (justicia, libertad y seguridad).

ii) Derechos fundamentales

La Comisión está siguiendo de cerca la situación en lo que se refiere a los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como a los derechos de las personas pertenecientes a minorías, en los países de la ampliación. Los derechos fundamentales están en gran medida consagrados en la legislación, pero es preciso hacer más por garantizar que se respetan plenamente en la práctica. La libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo motivo de especial preocupación. Es preciso garantizar una mejor protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y combatir los fenómenos de discriminación y hostilidad hacia los grupos vulnerables, especialmente por motivos de orientación sexual. Asimismo, queda trabajo por hacer para fomentar los derechos de las mujeres, incluida la lucha contra la violencia doméstica. Es preciso seguir mejorando la situación de los derechos de la infancia. Son necesarios nuevos esfuerzos de apoyo a las personas con discapacidad. Quedan retos pendientes con respecto a otros derechos fundamentales, como el derecho de propiedad. En muchos casos son necesarias medidas más eficaces para facilitar el acceso a la justicia.

Los países necesitan poner en marcha un marco institucional más sólido para la protección de los derechos fundamentales. Se han creado instituciones de derechos humanos, incluida la institución del Defensor del Pueblo, pero hay que darles un papel más importante, proporcional a la seriedad de las cuestiones que tratan. Demasiado a menudo las recomendaciones de estas instituciones caen en saco roto, con un seguimiento inadecuado por parte de los organismos estatales. Es preciso fomentar una cultura de aceptación de la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensoras de los derechos humanos. Con el fin de mejorar la integración de los países de la ampliación en los marcos de la UE y apoyar la difusión de las mejores prácticas, la Comisión anima a los países candidatos a que prosigan sus preparativos para participar como observadores en los trabajos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Garantía de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional en Turquía:

Desde 2011, toda persona que estime que las autoridades públicas han atentado contra los derechos y libertades garantizados por la Constitución puede dirigirse al Tribunal Constitucional, en principio, tras agotar las vías de recurso ordinarias. Sobre la base de este procedimiento, en 2014 el Tribunal Constitucional de Turquía tomó decisiones que

• protegen la libertad de expresión y la libertad de Internet;

• salvaguardan el derecho a la libertad y la seguridad y el derecho a un juicio justo y abren el camino para la repetición de juicios en una serie de casos de gran repercusión que polarizan a Turquía;

• tipifican como delito penal la incitación al odio por motivos de orientación sexual.

Ø Libertad de expresión y de los medios de comunicación

El marco jurídico para la libertad de expresión y de los medios de comunicación está, en gran parte, vigente en los países de la ampliación, que en su mayoría cuentan con unos medios de comunicación pluralistas. No obstante, la situación se ha deteriorado en la práctica en algunos países a lo largo del pasado año. Urge abordar algunas cuestiones importantes. Las interferencias de los gobiernos en la libertad de los medios de comunicación siguen siendo un problema grave. Se precisan más esfuerzos para garantizar la independencia política y financiera de los entes públicos de radiodifusión, reforzar las agencias reguladoras y fomentar la autorregulación funcional de los medios de comunicación. También existe la necesidad de abortar la presión económica informal sobre los medios de comunicación, en particular mediante la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, evitando su excesiva concentración, y la transparencia de las normas en materia de contratación pública de la publicidad gubernamental. En algunos países, al clima de miedo y censura contribuyen la violencia e intimidación sostenidas contra los periodistas, con escaso éxito a la hora de identificar y sancionar adecuadamente a los autores de los delitos por parte de las autoridades. En ocasiones son los propios gobiernos los que contribuyen a un clima que demonización al tratar de traidores a los periodistas críticos con la política del Gobierno, lo que conduce a la autocensura. Aunque se despenalice la difamación, continúan los juicios contra periodistas. Es necesario desarrollar y formar a los miembros del poder judicial a fin de prevenir el abuso del poder estatal.

La Comisión sigue dando prioridad al trabajo en el ámbito de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en el proceso de adhesión a la UE. La Comisión estudiará la posibilidad de celebrar junto con el Parlamento Europeo, la tercera edición de la conferencia Speak Up! en 2015, que reúne a las principales partes interesadas de los medios de comunicación, la sociedad civil y las autoridades nacionales. A finales del presente año, la Comisión adjudicará por primera vez un premio de periodismo de investigación.

Ø Protección de las minorías, incluida la gitana

En general, existen marcos jurídicos sólidos y bien elaborados para asegurar la protección de las minorías. No obstante, su aplicación en la práctica a menudo resulta compleja, en particular en los casos en que existen vínculos con conflictos recientes. Es preciso seguir trabajando para garantizar la correcta aplicación de los compromisos jurídicos y atender mejor las dificultades a las que se enfrentan las minorías étnicas. Cuestiones tales como el uso de las lenguas minoritarias, el acceso a la educación y la representación política a menudo requieren una mayor atención. Es necesario fomentar una cultura general de aceptación de las minorías y luchar contra el rechazo social a través de la educación, un amplio debate público y la sensibilización. Se impone un enfoque proactivo, de «tolerancia cero» de los casos de incitación al odio, discriminación, violencia e intimidación por motivos étnicos. Es importante consolidar un marco coherente para la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia en ámbitos tales como los medios de comunicación audiovisuales, el deporte, la política, la educación e Internet.

En los Balcanes Occidentales y Turquía, la situación de la mayoría de las comunidades romaníes sigue siendo un motivo de profunda preocupación. Los gitanos son muy a menudo víctimas del racismo, la discriminación y la exclusión social y viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso suficiente a la asistencia sanitaria, la educación y la formación, la vivienda y el empleo. La falta de documentación civil es también motivo de preocupación. La Comisión celebró una Cumbre Europea de alto nivel sobre la Población Gitana en abril de 2014 para llamar la atención sobre los retos a los que se enfrenta la población romaní en toda Europa, en particular en los países de la ampliación. De este modo se subrayó el papel especial de las autoridades locales a la hora de garantizar la inclusión social de los gitanos. En 2014, la Comisión estableció un premio a la integración de la población gitana para reconocer la valiosa contribución de las ONG a la integración social de esta minoría.

La Comisión trabaja en estrecha colaboración con cada uno de los países de la ampliación a fin de garantizar una aplicación, seguimiento y supervisión adecuados de las estrategias nacionales de integración de los gitanos. Se ha aumentado y redirigido el apoyo financiero del IPA para favorecer un progreso sostenible en los cinco ámbitos prioritarios de la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda y la documentación. La Comisión se propone reforzar la cooperación estratégica con las organizaciones internacionales y otros donantes. La integración de la población gitana tiene que convertirse en una prioridad nacional respaldada por una fuerte voluntad política a todos los niveles y en la que todas las partes interesadas asuman su responsabilidad.

Apoyo a la educación primaria. Asistentes pedagógicos para la población gitana en Serbia.

Desde 2008 una red de más de 170 asistentes pedagógicos trabaja para mejorar el nivel de escolarización de los niños romaníes y ayudar a este colectivo a concluir el ciclo de educación primaria. Los asistentes proporcionan apoyo a los alumnos procedentes de grupos vulnerables, muchos de los cuales son gitanos, organizan las clases y mantienen contacto con los padres. Esta iniciativa, ahora firmemente implantada en el sistema educativo serbio, ha dado lugar a un incremento significativo de las tasas de matriculación en grados inferiores y en los programas preescolares.

Ø Orientación sexual e identidad de género

La homofobia, la discriminación y los delitos motivados por el odio, incluidas la violencia e intimidación por razones de orientación sexual e identidad de género, siguen estando muy extendidos en los Balcanes Occidentales y Turquía. Es urgente que la legislación en materia de lucha contra la discriminación se amplíe para incluir en su ámbito de aplicación la orientación sexual y la identidad de género en Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos dos países todavía tienen pendiente la adopción de legislación relativa a los delitos motivados por el odio, al igual que ocurre en Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Para sensibilizar acerca de la nueva legislación, a fin de garantizar la correcta aplicación y contribuir a incrementar la comprensión, es precisa la formación de los servicios con funciones coercitivas, el Defensor del Pueblo, los jueces y los profesionales de los medios de comunicación.

Además de un liderazgo firme de las autoridades, se requiere un enfoque de tolerancia cero frente a la incitación al odio, la violencia y la intimidación para que se produzca un cambio en las actitudes sociales, a menudo hostiles con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Los países deben tomar medidas para luchar contra los estereotipos y la desinformación, también en el sistema educativo. No pueden invocarse valores religiosos o culturales para justificar ningún tipo de discriminación. La libertad de reunión y de expresión deben ser protegidas, lo que incluye también el tratamiento adecuado de los desfiles del orgullo gay.

La Comisión organizará una conferencia de alto nivel a finales de otoño junto con el Parlamento Europeo y la Presidencia italiana del Consejo para hacer balance de los avances logrados en relación con la situación del colectivo LGBTI y compartir las mejores prácticas.

Mejora de la respuesta policial a la violencia contra las personas LGBTI en Bosnia y Herzegovina:

Es característico y muy elocuente el escaso índice de denuncias de incidentes de amenazas y violencia por razones de orientación sexual que se ha venido registrando. Ello se debe en parte a la indiferencia o incluso hostilidad de la policía y de la sociedad en general y a una falta de confianza en la respuesta de las autoridades. La policía de Sarajevo ha designado funcionarios de enlace especialmente formados para tratar los casos de amenazas y ataques homófobos. Esta iniciativa es el resultado de una buena cooperación entre la policía y las ONG, y ha aumentado la sensibilización de la policía sobre la necesidad de abordar este fenómeno de forma más decidida y reaccionar adecuadamente a todos los casos de delitos motivados por el odio.

Ø Derechos de la mujer

Hay que seguir trabajando a favor de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. La discriminación en el mercado de trabajo y la baja tasa de participación de las mujeres en el mismo deben abordarse. Persisten los estereotipos y los papeles tradicionales de cada sexo, que en algunos casos llegan a limitar seriamente la capacidad de las mujeres para hacer valer sus derechos, en particular en Turquía. En Kosovo las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos para ejercer su derecho a heredar tierras. La mayor parte de los países de la región ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que entró en vigor este año. Es fundamental su aplicación, ya que la violencia contra las mujeres y el apoyo a las víctimas siguen siendo un reto en todos los países. En Turquía siguen suscitando gran preocupación la violencia doméstica, la violencia por cuestiones de honor y la opresión. También en ese país sigue siendo grave el problema de los matrimonios precoces y forzados. El Convenio establece una serie de infracciones caracterizadas como violencia contra las mujeres que deben tipificarse como delito. Entre ellas figura la violencia psicológica, física o sexual, incluidas las violaciones, los matrimonios forzados y el acoso.

Programa global de igualdad de género en Montenegro:

La evolución política y legislativa de los últimos años ha establecido una nueva base para abordar el acceso de las mujeres a los derechos humanos y su contribución al desarrollo político, económico y social. A fin de garantizar la ejecución de las leyes y las políticas, Montenegro ha iniciado un amplio programa de género para mejorar la integridad personal de las mujeres, su representación política y su progreso económico. Ello ha provocado la creación de equipos multidisciplinares para luchar contra la violencia contra las mujeres y ha contribuido a aumentar la participación de las mujeres en el Parlamento.

Ø Derechos del niño

Es preciso seguir trabajando para proteger los derechos del niño, especialmente para garantizar su protección frente a todas las formas de violencia, su acceso a la justicia y el funcionamiento de una justicia de menores y para fomentar alternativas comunitarias o familiares a la institucionalización de niños sin atención parental (desinstitucionalización). La mayoría de los países de la región ya cuenta con planes de acción y marcos legales, pero se observan retrasos en su ejecución.

III. Asuntos regionales y bilaterales y superación de la herencia del pasado

La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de estabilización y asociación.

Se han reforzado las relaciones de buena vecindad a través de la intensificación de la cooperación y los contactos a nivel bilateral incluso en apartados sensibles, como el de los crímenes de guerra, el retorno de refugiados (incluida la aplicación del programa regional de alojamiento en el marco del proceso de Sarajevo[4], con la construcción de viviendas actualmente en curso), la lucha contra la delincuencia organizada o la cooperación policial. Es preciso consolidar los progresos realizados. Las inundaciones que afectaron gravemente a Bosnia y Herzegovina y a Serbia en mayo recibieron una decidida respuesta de la UE, lo que puso de relieve no solo la solidaridad de la Unión y los beneficios de una mayor integración, sino también la buena cooperación entre estos dos países y en toda la región. Se ha puesto de manifiesto una gran solidaridad que transciende los lindes nacionales y étnicos, especialmente (pero no exclusivamente) a nivel de organizaciones de base. Los líderes políticos deberían aprovechar la oportunidad de construir sobre la base de esta buena voluntad para continuar cooperando en torno a retos comunes en la senda hacia la UE.

Es necesario continuar trabajando para resolver los conflictos bilaterales entre los países de la ampliación y con los Estados miembros. Son muchas las cuestiones pendientes que continúan lastrando las relaciones bilaterales en la región, especialmente las que se derivan de la desintegración de la antigua Yugoslavia, como los conflictos interétnicos y estatutarios, la situación de las minorías, la responsabilidad por los crímenes de guerra, las personas desaparecidas y la demarcación de fronteras. Visiones fundamentalmente opuestas de la historia reciente también lastran las relaciones. Debería llevarse a cabo el seguimiento de las primeras medidas de apoyo a la iniciativa RECOM Verdad y Reconciliación. La conciliación es fundamental para promover la estabilidad y favorecer un clima propicio para la superación de la herencia del pasado en el sudeste de Europa, reduciendo al mínimo el riesgo de instrumentalizar políticamente cuestiones bilaterales pendientes.

Las partes afectadas por cuestiones bilaterales deben abordarlas tan pronto como sea posible de forma que no bloqueen el proceso de adhesión, que debe basarse en una condicionalidad establecida. La Comisión insta a las partes a esforzarse al máximo para resolver los conflictos pendientes con arreglo a los principios y medios establecidos, incluso, cuando proceda, sometiendo los asuntos a la Corte Internacional de Justicia o a otros órganos ad hoc existentes de solución de conflictos. El contexto de las negociaciones de adhesión puede generar un impulso político para la resolución de litigios. Debe continuar el proceso de la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo y se debe aplicar el Acuerdo de Bruselas[5]. La UE ha integrado el requisito de la normalización de las relaciones en el marco negociador con Serbia y en el Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo. Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sigue siendo esencial el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y aceptable para ambas partes de la cuestión de la denominación bajo los auspicios de las Naciones Unidas lo antes posible. La Comisión seguirá ofreciendo apoyo político e intermediación para que todos los países afectados encuentren soluciones lo antes posible a los problemas bilaterales y apoyará activamente los esfuerzos realizados en otros foros en este sentido.

Las relaciones de buena vecindad siguen reforzándose a través de diversas iniciativas de cooperación regional. La Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES) y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la estrategia regional de 2020. La Comisión acoge con satisfacción la creación de la Asamblea parlamentaria regional de la CES en mayo, así como la reciente puesta en marcha de la intensificación de la cooperación de los «Balcanes Occidentales de los Seis» en el marco del proceso de estabilización y asociación. Esta iniciativa ha permitido recientemente importantes contactos entre los Ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda de la región para debatir los desafíos comunes, en particular en el ámbito de la gobernanza económica. La cooperación ha proseguido en otros foros regionales tales como el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC), la Comunidad de la Energía y la Escuela Regional de Administración Pública. Es importante que estas iniciativas sean complementarias e integradoras, que sean responsabilidad de la región y estén dirigidas a ese nivel. La Comisión ve con satisfacción los resultados de la Cumbre de Berlín de agosto, que puso de manifiesto un fuerte respaldo político a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales. Están previstas cumbres anuales adicionales y Austria acogerá la próxima. El «proceso de Berlín» puede servir de incentivo a las reformas y acordar prioridades realistas para las inversiones en la conectividad básica. También puede servir de acicate para ayudar a resolver las cuestiones bilaterales pendientes. La Comisión está dispuesta a apoyar el seguimiento de esta iniciativa.

* * *

IV. Conclusiones y recomendaciones

Sobre la base del análisis anterior y de las evaluaciones sucintas por país del anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I

1. A lo largo de los últimos cinco años, la Comisión ha reforzado la credibilidad de la política de ampliación y potenciado su poder de transformación al preocuparse por abordar las reformas fundamentales en una fase temprana del proceso de ampliación. La Comisión ha hecho especial hincapié en los tres pilares: i) el Estado de Derecho, ii) la gobernanza económica y iii) la reforma de la administración pública.

2. En 2012, la Comisión introdujo un nuevo enfoque por lo que se refiere al Estado de Derecho. En 2013, la Comisión estableció un marco para reforzar la gobernanza económica, basándose en la experiencia del Semestre Europeo. Este año, la Comisión propone nuevas ideas para apoyar la reforma de la administración pública en los países de la ampliación. Estos tres pilares del proceso de ampliación renovado están interrelacionados y los avances en estos ámbitos serán fundamentales para determinar qué países están plenamente preparados para la adhesión a la UE.

3. La política de ampliación de la UE sigue contribuyendo a lograr los beneficios mutuos de la paz, la seguridad y la prosperidad en Europa. Refuerza el poder económico y político de la UE, con importantes efectos transformadores en los países afectados. Una buena preparación del proceso de adhesión permite realizar la ampliación sin comprometer la eficacia de la Unión.

4. El décimo aniversario en mayo de la histórica adhesión de diez Estados miembros en 2004 es un recordatorio de los progresos alcanzados. A medida que la UE se amplía lo hacen también las oportunidades para nuestras empresas, inversores, consumidores, turistas, estudiantes y propietarios de inmuebles. La adhesión ha beneficiado tanto a los países adherentes a la UE como a los Estados miembros. El comercio y la inversión han aumentado. La calidad de vida de los ciudadanos de la UE ha mejorado al extenderse la aplicación de las normas de protección del medio ambiente, de los consumidores y otras.

5. En el caso de los países de los Balcanes Occidentales, la perspectiva clara de pertenencia a la UE concedida por los Estados miembros es un importante factor de estabilización. Apoya los progresos realizados en el cumplimiento de las condiciones necesarias, incluidas las del proceso de estabilización y asociación. Las buenas relaciones de vecindad y la cooperación regional inclusiva son esenciales. Los continuos esfuerzos para resolver las cuestiones bilaterales y superar la herencia del pasado son cruciales, habida cuenta de los antecedentes de esta región, hasta hace poco escenario de conflictos.

6. La ampliación se ha convertido en un potente instrumento de la política exterior de la Unión. La evolución de la vecindad de la UE subraya la importancia de la política de ampliación como herramienta para profundizar en la cooperación sobre cuestiones clave de política exterior. Debe potenciarse el diálogo bilateral en materia de política exterior con cada uno de los países de la ampliación. El capítulo 31, relativo a la política exterior, de seguridad y de defensa debe abordarse en una fase temprana de la negociación con los países adherentes. La Comisión subraya la importancia de que los países de la ampliación se alineen progresivamente con las posiciones de la política exterior de la UE. También pone de relieve la importancia de la política de seguridad y de defensa común, incluida, por ejemplo, la participación en los programas de la Agencia Europea de Defensa.

7. El proceso de adhesión es riguroso, basado en una condicionalidad justa pero estricta, en criterios establecidos y en el principio de méritos propios. Esto es fundamental para la credibilidad de la política de ampliación, para proporcionar los incentivos necesarios para que los países de la ampliación prosigan con las reformas de gran calado y para garantizar el apoyo de los ciudadanos de la UE. Por su parte, los Estados miembros, junto con las instituciones de la UE, deberían liderar un debate cualificado sobre las repercusiones políticas, económicas y sociales de la política de ampliación.

8. Por lo que se refiere al primer pilar, el refuerzo del Estado de Derecho es fundamental para el proceso de adhesión renovado. La reforma judicial debe llevarse a cabo con rigor para contar con un poder judicial independiente e imparcial que imparta justicia de manera efectiva. Los países tienen que desarrollar un historial creíble de investigaciones, persecuciones y condenas en casos de corrupción o delincuencia organizada. Las condenas debe ser disuasorias, y los bienes adquiridos de forma ilícita deben ser confiscados. El Estado de Derecho favorece un entorno empresarial y de inversión adecuado, proporciona seguridad jurídica y contribuye a la mejora de la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento.

9. La Comisión sigue esforzándose en aplicar el nuevo enfoque sobre el Estado de Derecho, aprobado por el Consejo en diciembre de 2011. Abordar las cuestiones relativas al Estado de Derecho en una fase temprana del proceso de adhesión permite ampliar al máximo el tiempo de que disponen los países para desarrollar historiales sólidos de aplicación de las reformas. Esto ayuda a garantizar que las reformas están profundamente arraigadas y son irreversibles. En consonancia con el nuevo enfoque, la Comisión está decidida a garantizar un equilibrio global en las negociaciones. Los avances en los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad) tendrán que realizarse en paralelo con las negociaciones generales. La Comisión recuerda la existencia de la cláusula de «equilibrio global» en los marcos de negociación, y la posibilidad de suspender las negociaciones sobre otros capítulos si se retrasan los avances en el ámbito del Estado de Derecho.

10. Los derechos fundamentales están consagrados en el marco jurídico de gran parte de los países de la ampliación, pero es preciso hacer más para garantizar que se respetan plenamente en la práctica. La libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue suscitando una preocupación especial. Es preciso garantizar una mejor protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías. La discriminación y hostilidad hacia los grupos vulnerables, también por motivos de orientación sexual, sigue siendo una preocupación importante. Es necesario seguir trabajando para promover los derechos de las mujeres, incluida la lucha contra la violencia doméstica y de los niños y personas con discapacidad. Existe una necesidad de mejorar la integración de los países de la ampliación en los marcos de la UE y apoyar la difusión de las mejores prácticas. A tal fin, la Comisión anima a los países candidatos a que prosigan sus preparativos para participar como observadores en los trabajos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

11. Por lo que se refiere al segundo pilar, el refuerzo de la gobernanza económica y de la competitividad en los países de la ampliación es de crucial importancia para el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión a la UE. Deben intensificarse las reformas para lograr un crecimiento sostenible, mejorar el entorno empresarial y estimular la inversión. Es preciso hacer frente a la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes. El apoyo al desarrollo económico debe también atenuar la presión migratoria sobre la UE. La posible necesidad y naturaleza de los controles transitorios y/o de un mecanismo de salvaguardia de la libre circulación de los trabajadores se abordará en el curso de las negociaciones de futuras ampliaciones, teniendo en cuenta una futura evaluación de impacto.

12. Basándose en la experiencia del Semestre Europeo y en el refuerzo de la gobernanza económica en la UE, la Comisión ha puesto en marcha procesos de cooperación reforzados con los países de la ampliación. En el caso de los Balcanes Occidentales, la Comisión prevé la preparación de programas nacionales de reforma económica que constarán de dos partes. La primera parte será una versión mejorada de los actuales programas económicos de preadhesión para los países candidatos, ampliados para incluir a Kosovo. Establecerá un marco estratégico macroeconómico y fiscal a medio plazo que haga un mayor hincapié en la sostenibilidad exterior y en los obstáculos estructurales del crecimiento. La segunda parte cubrirá las reformas estructurales de carácter sectorial que sean más necesarias para mejorar la competitividad y el crecimiento, incluidas las necesidades de inversión en infraestructuras. Para reforzar la supervisión, el proceso de evaluación se traducirá en la formulación de unas directrices políticas específicas para cada país. En el caso de Turquía, se entablará un diálogo económico de alto nivel.

13. Por lo que se refiere al tercer pilar, la reforma de la administración pública (RAP) constituye una prioridad en todos los países. La función pública sigue estando excesivamente politizada. Debe reforzarse la transparencia, la rendición de cuentas, la profesionalidad y la eficacia de la administración pública. Se requiere un enfoque más centrado en las necesidades de los ciudadanos y las empresas. También requiere más atención la gestión de las finanzas públicas. La Comisión va a integrar mejor la reforma de la administración pública en el proceso de ampliación. Se han creado o están en fase de creación «grupos especiales de la RAP» con los países de la ampliación. Estos grupos se convertirán en la plataforma clave para impulsar los trabajos de reforma de la administración pública. Debería haber un debate político más estructurado sobre asuntos clave en el Consejo y en la Comisión de Asociación. Las negociaciones de adhesión también deberían usarse para fomentar las reformas necesarias en este ámbito. Deberían abordarse las cuestiones clave en todos los capítulos pertinentes (en particular, en los ámbitos de la contratación pública, el control financiero, el poder judicial y los derechos fundamentales, la fiscalidad y la política económica y monetaria) y en el marco de conferencias intergubernamentales. Los grupos especiales constituirán también un foro para tratar las cuestiones horizontales de la RAP de los capítulos de la negociación pertinentes, realizar el seguimiento de los avances en la materia y garantizar la coherencia. Los resultados se tendrán en cuenta en las negociaciones de los capítulos.

14. Para apoyar el proceso de reforma, es esencial reforzar el funcionamiento y la independencia de instituciones democráticas clave en los países de la ampliación, lo que incluye un diálogo constructivo y sostenible de todo el espectro político, principalmente en el parlamento. También hay que fomentar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad civil fuerte repercute positivamente en el refuerzo de la responsabilidad política y fomenta una mayor comprensión de las reformas relacionadas con la adhesión.

15. Las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de estabilización y asociación. Son necesarios esfuerzos constantes para superar el legado del pasado, fomentar la reconciliación y abordar los litigios bilaterales entre los países de la ampliación y con los Estados miembros. Las partes afectadas deben abordar tan pronto como sea posible las cuestiones bilaterales, que no deberían bloquear el proceso de adhesión, basado en una condicionalidad establecida.

16. La cooperación regional se ha reforzado aún más durante el pasado año. La Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (SEECP) y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la estrategia regional 2020. La creciente inclusión de Kosovo en las iniciativas regionales ha sido positiva. La Comisión acoge con satisfacción la puesta en marcha de la cooperación reforzada de los Balcanes Occidentales de los Seis en el marco del proceso de estabilización y asociación. Estos acontecimientos refuerzan la dimensión multilateral de la política de ampliación, apoyan la cooperación inclusiva, el intercambio de mejores prácticas en materia de gobernanza económica y promueven la conectividad en la región y con la UE. La Comisión también valora positivamente la Cumbre de Berlín de agosto, que puso de manifiesto un fuerte respaldo político a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales. Están previstas nuevas cumbres anuales y la próxima se celebrará en Austria. El «proceso de Berlín» puede servir de impulso para incentivar las reformas y acordar prioridades realistas para las inversiones en la conectividad básica. También puede servir de acicate para ayudar a resolver las cuestiones bilaterales pendientes. La Comisión está dispuesta a apoyar el seguimiento de esta iniciativa.

17. En el año 2014 se produjo el lanzamiento del nuevo Instrumento de Ayuda Preadhesión. A través del IPA II, la UE aportará 11 700 millones EUR durante el período 2014-2020 destinados tanto a ayudar a los países candidatos a prepararse para la adhesión como a la cooperación regional y transfronteriza. El IPA II hace más hincapié en las prioridades de la adhesión a la UE en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, la competitividad y el crecimiento. El IPA II también introduce un enfoque sectorial, los incentivos para la realización de resultados, un mayor apoyo presupuestario y la priorización de los proyectos. Se necesita un enfoque coordinado para las grandes inversiones en los principales corredores de infraestructuras. Se está reforzando la coordinación con las instituciones financieras internacionales. El Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales seguirá prestando apoyo a las inversiones a favor del empleo, el crecimiento y la conectividad en la región.

II

18. Montenegro: se han dado nuevos pasos en las negociaciones de adhesión. El examen analítico del acervo de la UE (escrutinio) se completó en mayo de 2014. En diciembre se abrieron las negociaciones de los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad). Sobre la base de los planes de acción adoptados por Montenegro, la UE estableció un conjunto de 84 criterios de referencia intermedios para dichos capítulos. Los criterios de referencia ofrecen una clara orientación para futuras reformas. En total, se han abierto negociaciones en doce capítulos y se han cerrado de forma provisional en dos.

19. Ha comenzado la aplicación de los planes de acción. Tras la adaptación de la legislación pertinente a las reformas constitucionales de julio de 2013, se ha elegido y nombrado a una serie de miembros de la magistratura y la fiscalía. Ha aumentado la eficiencia del poder judicial. Después de varios intentos, el parlamento aprobó por fin la designación de un nuevo fiscal general del Estado en octubre de 2014. Se ha reforzado el marco legislativo para la protección de los derechos fundamentales, en particular la ley del defensor del pueblo.

20. No obstante, se han registrado retrasos en una serie de medidas, especialmente de reforma legislativa, en particular por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Las medidas legislativas no han dado resultado en la práctica. Montenegro debe garantizar cuanto antes la adopción de legislación adecuada en materia de financiación de los partidos políticos. Es preciso desarrollar un historial satisfactorio de investigaciones, persecuciones y condenas en firme en casos de corrupción, incluidos los casos de corrupción de alto nivel. Debe garantizarse el uso sistemático de los instrumentos de incautación y decomiso de activos. Sigue habiendo motivos para mostrar gran preocupación por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Deben acelerarse las investigaciones de casos de violencia contra periodistas. Es preciso establecer un diálogo político constructivo y restaurar la confianza en el proceso electoral y en las instituciones del Estado. El refuerzo de las capacidades administrativas que afectan a las cuestiones de integración en la UE será fundamental para mantener el impulso en la senda hacia la adhesión. La despolitización y la mayor profesionalidad de la función pública también son necesarias. Debe perseguirse la reforma económica, también para luchar contra el alto nivel de desempleo, y mejorarse el entorno empresarial. Es urgente una solución sostenible y compatible con el AEA para el productor de aluminio KAP.

21. Es fundamental un compromiso político firme para llevar a cabo las reformas duraderas y de gran calado necesarias para consolidar el Estado de Derecho. Montenegro ha sido el primer país en abrir los capítulos 23 y 24 con arreglo al nuevo enfoque de las cuestiones relativas al Estado de Derecho en las negociaciones de adhesión. La Comisión recuerda la existencia de la cláusula relativa al «equilibrio global» del marco de negociación. El progreso en el logro de los criterios de referencia intermedios por lo que respeta a los capítulos del Estado de Derecho y en la solución de las deficiencias identificadas más arriba, medido por resultados tangibles, influirá en el ritmo de las negociaciones de adhesión, y en las futuras agendas de las conferencias intergubernamentales.

22. Serbia: Las negociaciones de adhesión con Serbia están en curso. La Decisión del Consejo Europeo de abrir dichas negociaciones se ha alcanzado debido a los avances de Serbia en la aplicación de las reformas y su continuo compromiso en pro de la normalización de sus relaciones con Kosovo. La primera conferencia intergubernamental sobre el proceso de negociaciones tuvo lugar en enero de 2014. El examen analítico del acervo de la UE (escrutinio) se desarrolla con arreglo al calendario previsto. Las graves inundaciones que padeció el país podrían tener un considerable impacto socioeconómico. La UE proporcionó de inmediato importantes medios de ayuda de rescate y socorro y organizó una conferencia de donantes en julio. La comunidad internacional suscribió importantes compromisos para la fase de recuperación y reconstrucción.

23. Serbia ha hecho algunos avances en la reforma de la administración pública. Ha adoptado una estrategia global y reforzado la coordinación y la planificación. Por lo que se refiere al poder judicial, se adoptaron actos legislativos importantes, así como las normas de evaluación de jueces y fiscales. Se ha nombrado con carácter permanente un importante número de presidentes de tribunal. Se está dando un fuerte impulso político a la lucha contra la corrupción. Se han llevado a cabo varias investigaciones de casos de corrupción de alto nivel y se han realizado esfuerzos para mejorar la coordinación. Serbia ha participado activamente en la cooperación de los servicios con funciones coercitivas.

24. Sin embargo, es preciso seguir trabajando para garantizar un sistema judicial eficaz e independiente. Siguen pendientes de adopción elementos clave de la legislación como la ley de asistencia jurídica gratuita, la ley sobre delatores y la ley sobre conflictos de intereses. La corrupción sigue dominando en muchos ámbitos. Serbia debe consolidar un historial de resultados concretos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Los derechos fundamentales deben respetarse plenamente en la práctica, incluida la protección de los grupos más vulnerables. Suscita preocupación el deterioro de la situación del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Es preciso abordar las deficiencias en la administración pública. Es necesario mejorar el seguimiento dado a las conclusiones de los organismos reguladores independientes. Son también fundamentales reformas económicas para generar crecimiento y luchar contra el alto nivel de desempleo.

25. Con su claro mandato, el nuevo Gobierno debe aprovechar la oportunidad para llevar a cabo reformas con determinación. Serbia se enfrenta a un gran número de retos. Debe fomentar activamente la inclusión y la transparencia en el proceso de adhesión. Para apoyar el proceso de reforma, Serbia debe mejorar la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas medidas políticas. En consonancia con el nuevo enfoque adoptado para las cuestiones del Estado de Derecho, se han establecido criterios de referencia iniciales por lo que se refiere a los capítulos 23 y 24 de las negociaciones. En virtud de dichos criterios, Serbia debe presentar planes de acción de carácter global. A fin de preservar el equilibrio general del proceso de negociación, los progresos que se registren en estos capítulos deberán realizarse en paralelo con el avance de las negociaciones en general.

26. Serbia debe mantener su compromiso con la cooperación regional y un compromiso activo y constructivo en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, que ha registrado avances significativos. Serbia debe seguir velando por la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo. La Comisión recuerda que, como ocurre con los capítulos relativos al Estado de Derecho, el marco de negociación requiere avanzar en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo del capítulo 35 en paralelo con las negociaciones en general. El capítulo 35 debe abrirse en una fase temprana de las negociaciones. Ello proporcionará un marco sólido para el seguimiento de la aplicación de los acuerdos alcanzados.

27. La Antigua República Yugoslava de Macedonia: El proceso de adhesión a la UE de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se encuentra en un callejón sin salida. La falta de respuesta a la recomendación de la Comisión al Consejo significa que aún no se han abierto las negociaciones de adhesión. Al mismo tiempo, la incapacidad del gobierno para lograr resultados suficientes en una serie de cuestiones clave perjudicó la sostenibilidad de las reformas, registrándose un retroceso evidente en algunos ámbitos.

28. Se han realizado algunos progresos en lo que respecta a la reforma de la administración pública, así como a la cooperación activa a nivel regional e internacional de la policía. El país mantiene un elevado nivel de armonización con el acervo teniendo en cuenta el punto en el que se encuentra en el proceso de adhesión. La agenda de la UE sigue siendo la prioridad estratégica del país.

29. Sin embargo, en los últimos años, se han suscitado graves preocupaciones por lo que se refiere a la cada vez mayor politización de las instituciones públicas y al control gubernamental de los medios de comunicación, incluso en periodo electoral, tal y como informó la OSCE/OIDDH. Se erosiona progresivamente la confianza en las instituciones del Estado. Crece la preocupación ante la justicia selectiva. La situación de la libertad de los medios de comunicación sigue empeorando. Las recientes crisis políticas entre el Gobierno y los partidos de la oposición han puesto de manifiesto que los intereses de partido prevalecen cada vez más sobre los intereses nacionales. Es responsabilidad del gobierno y de la oposición garantizar que el debate político tiene lugar fundamentalmente en el parlamento y contribuir a que se creen las condiciones para su buen funcionamiento. El gobierno debe garantizar que la oposición puede ejercer su función de control democrático. Por su parte, la oposición también debe involucrarse de forma constructiva en los procesos democráticos. El pasado año no se celebró ninguna reunión del diálogo de alto nivel para la adhesión. Por lo que se refiere a la situación interétnica, es preciso fomentar una mayor confianza entre las comunidades. Todavía debe completarse la revisión del Acuerdo Marco de Ohrid, cuyas recomendaciones están pendientes de aplicación.

30. Es fundamental que se den pasos decisivos en pos de una solución de la «cuestión de la denominación» con Grecia. La incapacidad de las partes enfrentadas para alcanzar un compromiso tras 19 años de conversaciones, con la mediación de las Naciones Unidas, está teniendo un impacto directo y negativo en las aspiraciones europeas de este país. Se requiere una acción decidida y un apoyo activo por parte de los líderes de la UE. La Comisión recuerda su punto de vista, según el cual, si se hubieran puesto en marcha el escrutinio y las conversaciones del Consejo sobre el marco negociador, se podría haber entrado en una nueva fase que hubiera facilitado una solución negociada y aceptada por ambas partes a la cuestión de la denominación antes incluso de abrir los capítulos de la negociación.

31. En conjunto, dado el progreso acumulado logrado por este país, la Comisión considera que se siguen cumpliendo suficientemente los criterios políticos y mantiene su recomendación de abrir negociaciones de adhesión, aunque lamenta los retrocesos registrados el año pasado. La Comisión urge a las autoridades a que adopten medidas firmes para despejar las preocupaciones surgidas en torno al aumento de la politización y a las mayores deficiencias por lo que se refiere a la independencia del poder judicial y a la libertad de expresión, de modo que pueda mantener su recomendación los próximos años. La Comisión mantiene su compromiso de asistir al país en sus esfuerzos por abordar las reformas relativas a la UE de modo que pueda aprovecharse al máximo el potencial de las relaciones entre ambas partes, también mediante el diálogo inclusivo de alto nivel sobre el proceso de adhesión.

32. Albania: La Decisión del Consejo Europeo de junio de 2014 de conceder a Albania el estatuto de país candidato constituye el reconocimiento a las medidas de reforma adoptadas. También es un acicate para acelerar el ritmo de las reformas. En noviembre de 2013, la Comisión entabló un diálogo de alto nivel con Albania para ayudar al país a continuar centrado en su proceso de integración en la UE y a realizar el seguimiento de los progresos de la reforma con arreglo a las prioridades clave identificadas para la apertura de las negociaciones de adhesión. En mayo de 2014, Albania adoptó un plan de trabajo que establecía y estructuraba las reformas previstas de acuerdo con las prioridades clave.

33. Albania ha realizado progresos durante el pasado año. Se han dado nuevos pasos hacia la reforma del sistema judicial. El Gobierno ha mostrado voluntad política para actuar de manera resuelta en la prevención y lucha contra la corrupción. Se ha reforzado el marco legislativo y han mejorado la coordinación y el seguimiento de esta política a nivel central. La lucha contra la delincuencia organizada muestra una tendencia positiva en una serie de ámbitos, con una intensificación de las actividades de los servicios con funciones coercitivas, en particular en lo que respecta a la incautación de estupefaciones, los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia económica y la trata de seres humanos. Se han adoptado algunas medidas para mejorar el reconocimiento legal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

34. Sin embargo persisten muchas deficiencias, en particular en el ámbito del Estado de Derecho. Queda por delante mucho trabajo. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada constituye un reto importante. Albania deberá realizar esfuerzos considerables y sostenidos para abordar la aplicación de las prioridades clave identificadas para la apertura de las negociaciones de adhesión. Deberá actuar con determinación para proseguir la reforma de la administración pública con miras a mejorar su profesionalidad y su despolitización; llevar a cabo una reforma global del poder judicial, con objeto de reforzar la independencia, la eficiencia y la responsabilización a través de un proceso integrador y en estrecha consulta con la Comisión de Venecia; intensificar sus esfuerzos de lucha contra la corrupción y dar nuevos pasos decididos en la lucha contra la delincuencia organizada, con vistas a establecer un historial sólido de impulso de las investigaciones preventivas, las persecuciones y las condenas en estos dos ámbitos; y adoptar medidas eficaces para reforzar la protección de los derechos humanos, en particular de los gitanos, y las políticas de lucha contra la discriminación, así como la aplicación de los derechos de propiedad. Por lo que respecta a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el Gobierno no ha dado curso a las prioridades identificadas. Es necesario restablecer todas las funciones estatutarias de la Autoridad de Medios Audiovisuales y garantizar su independencia en la práctica. Albania debe continuar con las reformas económicas destinadas a aumentar la competitividad y luchar contra el elevado desempleo, así como corregir el elevado nivel de informalidad de la economía y mejorar el entorno empresarial.

35. Resulta esencial que el proceso de reforma vaya acompañado de un diálogo político constructivo y duradero entre el gobierno y la oposición. Corresponde tanto al gobierno como a la oposición garantizar que el debate político se desarrolla fundamentalmente en el parlamento y contribuir a crear las condiciones para el adecuado funcionamiento de este último. El gobierno debe garantizar que la oposición puede ejercer su función de control democrático. Por su parte, la oposición también debe involucrarse de forma constructiva en los procesos democráticos. La sostenibilidad de las reformas requiere una labor parlamentaria constructiva y basada en compromisos. La creación de un Consejo nacional para la integración europea que reúna a todas las partes interesadas también ayudará a reforzar el carácter integrador del proceso de reforma y es esencial para alcanzar un consenso en torno a las reformas que aglutine a la sociedad albanesa.

36. Bosnia y Herzegovina: El proceso de integración europea sigue estando en punto muerto. Sigue habiendo una falta de voluntad política colectiva por parte de los líderes políticos para abordar las reformas necesarias para avanzar hacia la integración en la UE. Se ha progresado muy poco en los ámbitos político y económico y en el camino hacia la homologación con las normas europeas. Las grandes inundaciones sufridas por el país podrían tener un considerable impacto socioeconómico. La UE proporcionó de inmediato importantes medios de ayuda de rescate y socorro y organizó una conferencia de donantes en julio. La comunidad internacional suscribió importantes compromisos para la fase de recuperación y reconstrucción.

37. Las protestas generalizadas de la ciudadanía a principios de 2014 pusieron de manifiesto la fragilidad de la situación socioeconómica. La Comisión ha puesto en marcha tres iniciativas para redirigir la atención hacia las reformas y las cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos. Ha ampliado el diálogo estructurado sobre Justicia entre la UE y Bosnia y Herzegovina para cubrir nuevas cuestiones relativas al Estado de Derecho, en particular la lucha contra la corrupción. Ha establecido un grupo de trabajo mixto Unión Europea-Bosnia y Herzegovina para acelerar la puesta en marcha de los proyectos financiados por la UE. Se ha centrado en el fortalecimiento de la gobernanza económica, lo que incluye el desarrollo de un «Pacto por el crecimiento y el empleo» junto con otros actores clave como las instituciones financieras internacionales. El Pacto será el criterio de referencia para la necesaria reforma económica durante los próximos meses. Asimismo, constituirá la base de los programa nacionales de reforma económica que la Comisión espera que el país elabore para finales de enero de 2015.

38. La falta de un mecanismo efectivo de coordinación de las cuestiones relacionadas con la UE sigue afectando negativamente a las relaciones entre el país y la UE. Han persistido las tensiones políticas en el seno del Consejo de Ministros en relación con el reparto de competencias entre los distintos niveles de gobierno. Este problema ha empeorado debido a la complejidad del entramado institucional del país y ha impedido el desarrollo de tres de las últimas seis reuniones de los subcomités del Acuerdo interino. Bosnia y Herzegovina sigue negándose a adaptar dicho Acuerdo a fin de tener en cuenta el comercio tradicional con Croacia antes de su adhesión a la UE. La Comisión ha adoptado medidas para retirar algunas de las ventajas comerciales a Bosnia y Herzegovina si el proceso de adaptación no se completa antes de finales de 2015. El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) firmado en 2008 y ratificado en 2011 no ha entrado todavía en vigor a la espera del cumplimiento de los requisitos necesarios por parte de Bosnia y Herzegovina.

39. Los actores políticos responsables no han sido capaces de acordar las estrategias nacionales necesarias para el Instrumento de Ayuda a la Preadhesión en sectores como la energía, el transporte y el medio ambiente. Como consecuencia de ello se ha reducido sustancialmente la financiación en estos ámbitos y se ha reorientado la asistencia a programas que benefician directamente a los ciudadanos. De alcanzarse los acuerdos necesarios, Bosnia y Herzegovina podría beneficiarse plenamente de los recursos financieros disponibles.

40. Pese a los intensos esfuerzos de facilitación de la Comisión para resolver los obstáculos restantes, no se ha ejecutado la sentencia Sejdić-Finci del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión sigue estando instrumentalizada por mezquinos intereses políticos y étnicos y la solución se supedita a otras cuestiones.

41. Para que Bosnia y Herzegovina avance hacia la integración en la UE es importante constituir lo antes posible tras las elecciones todos los niveles de gobierno y adoptar a la mayor brevedad medidas concretas de reforma. Los dirigentes políticos están obligados ante los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina a dar una dirección clara al país. Debe mejorar la eficacia y el funcionamiento de las instituciones políticas en todos los niveles de gobierno. Esto se aplica en particular a la interacción entre los diferentes niveles de gobierno y requiere el establecimiento de un mecanismo de coordinación de los asuntos de la UE que funcione correctamente. También se impone el refuerzo de la administración pública en todos los sectores.

42. Kosovo: La conclusión de las negociaciones de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo y la rúbrica del mismo en el mes de julio marcan un hito en el proceso de integración europea. Será el primer acuerdo exhaustivo entre la UE y Kosovo. El Acuerdo de Estabilización y Asociación prevé la intensificación del diálogo político, una mayor integración comercial, en particular la apertura de los mercados de la UE a los productos industriales y agrícolas de Kosovo, y nuevas formas de cooperación. En estos momentos, la Comisión está a la espera de su firma y celebración. No obstante, a raíz de las elecciones celebradas en junio, se ha asistido a una creciente polarización política y Kosovo ha entrado en una fase de estancamiento político, retrasando algunas de las reformas clave.

43. Kosovo ha hecho progresos en el diálogo para la liberalización de visados. Ha continuado la buena cooperación con la misión de la UE encargada de las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, EULEX. Las autoridades de Kosovo han asumido un importante compromiso político para renovar el mandato de la misión al tiempo que asumían más responsabilidades y han acordado la creación de un tribunal especializado en asuntos que se deriven de la investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa Especial de Investigación. Para completar este proceso, Kosovo debe adoptar las modificaciones legislativas necesarias, incluidas las de su constitución. Kosovo debe cooperar con el Tribunal de Justicia y hacer frente al pasado.

44. Kosovo se enfrenta a numerosos retos. La situación del Estado de Derecho en Kosovo, incluida la independencia judicial, y los escasos resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción siguen siendo motivo de gran preocupación. Es preciso hacer más para abordar las deficiencias planteadas en el diálogo en materia de visados, incluida la mitigación de los riesgos de seguridad y migratorios de una posible liberalización de visados. Cada vez son más urgentes las reformas económicas estructurales para hacer frente a la elevada tasa de desempleo. Es preciso conceder prioridad a reformas importantes como la reforma electoral y la de la administración pública al tiempo que se aborda la protección de las minorías.

45. Kosovo debe trabajar activamente en su programa de reformas de la UE, en las prioridades señaladas en el estudio de viabilidad de 2012 y en los informes de situación más recientes. En el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación, Kosovo se ha comprometido a proceder inmediatamente a la reforma y la armonización de la legislación con el acervo de la UE, en particular en ámbitos como el Estado de Derecho, la administración pública, la economía, la competencia y el comercio. Kosovo debería centrarse en la preparación de la correcta aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación y de las estructuras necesarias. La Comisión está dispuesta a ayudar a Kosovo a medida que avanza en esta importante nueva fase de sus relaciones con la UE y a reforzar su diálogo con el Consejo nacional de integración europea.

46. El avance de Kosovo hacia su futuro europeo ha sido posible gracias a los progresos realizados por Kosovo en las reformas y su continuo compromiso en pro de la normalización de sus relaciones con Serbia, que ha registrado avances significativos. A este respecto, el nuevo gobierno en Kosovo tendrá que mantener el compromiso con la cooperación regional y un compromiso activo y constructivo en el proceso de normalización de las relaciones con Serbia. Kosovo debe seguir velando por la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo.

47. La situación en el norte de Kosovo sigue siendo tensa. Todos los agentes deben cooperar con la misión EULEX y abstenerse de adoptar medidas unilaterales. Debe prestarse pleno apoyo a la misión EULEX para que pueda llevar a cabo su mandato en el norte de Kosovo. Deben realizarse esfuerzos adicionales para permitir que los cuatro municipios del norte funcionen con arreglo al marco jurídico de Kosovo.

48. Turquía: Turquía es un país candidato y un socio estratégico para la Unión Europea. Su dinámica economía contribuye de manera valiosa a la prosperidad del continente europeo. Los acontecimientos registrados en la región, en particular en Siria e Irak, hacen aún más importante la cooperación en materia de política exterior. La situación estratégica de Turquía también aconseja incrementar la cooperación en los ámbitos de la política de migración y la seguridad energética. El valor de esta cooperación es aún más claro a la luz de los considerables retos que plantea la reciente evolución de la situación en nuestra vecindad común, incluida la crisis de Ucrania.

49. Unas negociaciones de adhesión activas y creíbles constituyen el marco más adecuado para aprovechar todo el potencial de las relaciones entre la UE y Turquía. Habida cuenta de su alcance y profundidad excepcionales, el proceso de adhesión, que no tiene alternativa, fomenta las reformas relacionadas con la UE y ofrece una base importante para intensificar el diálogo sobre política exterior y de seguridad y para reforzar la competitividad económica y las oportunidades comerciales. También ayuda a incrementar la cooperación en materia de energía y en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, incluidas la migración y la política de visados y de readmisión. Es preciso recuperar el ritmo de las negociaciones de adhesión respetando los compromisos de la UE y la condicionalidad establecida. La UE debe seguir siendo un importante punto de anclaje para las reformas económicas y políticas de Turquía. A este respecto, redunda en interés de ambas partes la definición lo antes posible de los criterios de apertura de las negociaciones del capítulo 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad). Turquía podrá acelerar el ritmo de las negociaciones avanzando en el cumplimiento de los criterios de referencia, cumpliendo los requisitos que fija el marco de negociación y respetando sus obligaciones contractuales con la UE. El cumplimiento de estas obligaciones podría impulsar considerablemente el proceso de negociación. Mientras tanto, debe desarrollarse la cooperación entre la UE y Turquía en todos los ámbitos importantes, en particular en los ya identificados en la «agenda positiva».

50. Turquía desempeña un importante papel en la región, y participa activamente en su entorno de vecindad más amplia. A este respecto, es necesario el desarrollo del diálogo y la cooperación sobre cuestiones de política exterior de interés común. Son de agradecer la participación de Turquía en misiones y operaciones de la PCSD, así como la reciente oferta de contribuir a EUFOR RCA y EUBAM Libia. Es clave el papel de Turquía en relación con Siria, especialmente por lo que atañe a la muy importante ayuda humanitaria que presta a los sirios que huyen de la violencia cruzando la frontera. La UE se ha comprometido a mantener su apoyo a los Gobiernos y a las comunidades de acogida en los países vecinos de Siria, a fin de que puedan abordar eficazmente el aumento del flujo de refugiados y desarrollar su capacidad de recuperación. Turquía ha dejado claro que está preparada para desempeñar un papel activo en la coalición contra el EIIL. El diálogo político debería usarse para desarrollar una cooperación más estrecha en la lucha contra el EIIL y sus redes de financiación. En lo que respecta a la reciente evolución de la situación en Iraq, la UE ha expresado su preocupación sobre el secuestro de ciudadanos turcos en Mosul y su solidaridad con Turquía a este respecto. Hay que felicitarse por el activo diálogo antiterrorista entre la UE y Turquía; aunque debería reforzarse, particularmente por lo que se refiere a los «combatientes extranjeros». Esta cooperación se estrechará gracias a la adopción por Turquía de la legislación adicional pertinente en materia antiterrorista. La UE sigue animando a Turquía a que desarrolle su política exterior como complemento de la de la UE y en coordinación con ella, y a que se vaya alineando progresivamente con las políticas y posiciones de la UE.

51. Ha continuado la aplicación de las reformas adoptadas en años anteriores, en particular las medidas anunciadas en el paquete de democratización de septiembre de 2013. El Tribunal Constitucional ha adoptado una serie de decisiones importantes que han puesto de manifiesto la capacidad de recuperación del sistema constitucional del país. El acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía se firmó en diciembre de 2013, en paralelo con la puesta en marcha del diálogo sobre liberalización de visados, y entró en vigor el 1 de octubre de 2014, lo que ha dado un nuevo impulso a las relaciones entre ambas partes. Se han renovado los esfuerzos en pro de una solución pacífica de la cuestión kurda, en particular la adopción de legislación destinada a «aportar una base jurídica más sólida para el proceso». Este proceso reviste una importancia histórica para Turquía y debe llevarse a cabo de buena fe por todas las partes.

52. La respuesta del gobierno a las acusaciones de corrupción en diciembre de 2013 ha suscitado gran preocupación sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes. El gran número de despidos y traslados de policías, jueces y fiscales, aunque el gobierno afirma que no tiene relación con el caso de corrupción, ha repercutido en el funcionamiento efectivo de las instituciones correspondientes y planteado cuestiones sobre el modo en que se utilizaron los procedimientos para formalizarlos. Es crucial que las investigaciones de las denuncias de corrupción se lleven a cabo adecuadamente y con total transparencia, así como que se garantice la capacidad operativa del sistema judicial y de la policía. Los intentos de prohibición de las redes sociales, posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional, y las presiones sobre la prensa, que dan lugar a una autocensura generalizada, reflejan un enfoque restrictivo de la libertad de expresión. El enfoque adoptado en el ámbito de la libertad de reunión sigue siendo restrictivo. La legislación turca y su aplicación en lo que respecta al derecho de reunión y la intervención de los agentes de los servicios con funciones coercitivas deben adaptarse a las normas europeas.

53. En este contexto, las prioridades para Turquía serán la promoción del diálogo en todo el espectro político y la sociedad en general para dar un nuevo impulso a los esfuerzos de reforma del Estado de Derecho y una especial atención al respeto de los derechos fundamentales en la ley y en la práctica. La apertura de las negociaciones de los capítulos 23 y 24 podría proporcionar a Turquía una hoja de ruta exhaustiva para llevar a cabo reformas en este ámbito esencial. Se invita a Turquía a comprometerse de forma más sistemática con la Comisión y otros organismos pertinentes, como el Consejo de Europa, incluida la Comisión de Venecia. En general, es necesario prestar más atención a la aplicación efectiva de la legislación vigente. El Ministerio de Asuntos Europeos ha de desempeñar un papel fundamental a la hora de garantizar la coordinación y compatibilidad de la nueva legislación con las normas de la UE. La Comisión espera con interés el seguimiento concreto por parte de Turquía de su estrategia de la UE, recientemente adoptada, cuyo objetivo es dar un nuevo impulso al proceso de adhesión de Turquía.

54. La «agenda positiva», lanzada en 2012, sigue sirviendo de apoyo y complemento para las negociaciones de adhesión con Turquía, a través de una mayor cooperación en varios ámbitos de interés común. La cooperación debería reforzarse con un aumento de los contactos de alto nivel entre Turquía, la UE y sus Estados miembros. Los retos que se plantean en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, en particular en el ámbito de la migración, deben abordarse mediante la mejora de la labor conjunta. La UE espera la aplicación plena y efectiva de las obligaciones de Turquía en virtud del acuerdo de readmisión en relación con todos los Estados miembros.

55. En razón de la importante dimensión y envergadura de su economía, Turquía es también un importante socio comercial de la UE y un valioso componente de la competitividad de la UE a través de la Unión Aduanera. Es el momento de trabajar para liberar todo el potencial de la Unión Aduanera. La UE debe entablar un diálogo con Turquía sobre la ampliación y modernización de las relaciones comerciales mutuas, en beneficio de ambas partes. También debe abordarse una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Unión Aduanera, sobre la base de la evaluación realizada en 2014. Es también crucial el desarrollo de un diálogo económico activo de gran alcance. El refuerzo de la cooperación energética entre la UE y Turquía y los avances en las negociaciones de adhesión facilitarían la interconexión y la integración de los mercados energéticos. La cooperación económica se vería considerablemente reforzada con la apertura de las negociaciones sobre el capítulo 5 (contratos públicos), el capítulo 8 (política de competencia) y el capítulo 19 (política social y de empleo), tan pronto como se cumplan los criterios de referencia necesarios por parte de Turquía.

56. La Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE. Esto incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Con arreglo a las repetidas posiciones del Consejo y de la Comisión de años anteriores, ahora es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y avance hacia la normalización de sus relaciones con la República de Chipre. Esto podría proporcionar un nuevo impulso al proceso de adhesión, permitiendo, en particular, avanzar en los ocho capítulos incluidos en las conclusiones del Consejo de diciembre de 2006. La Comisión también exhorta a evitar todo tipo de amenaza, fuente de fricción o actuación que pueda dañar las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias. La Comisión acoge con satisfacción el apoyo de Turquía a la reanudación a todos los efectos de las conversaciones para alcanzar una solución en Chipre. Es importante que ahora sucedan a este apoyo declaraciones constructivas y acciones concretas.

57. Por lo que se refiere a la cuestión de Chipre, la Comisión se congratula de la reanudación de las negociaciones a todos los efectos para alcanzar un acuerdo entre los líderes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota bajo los auspicios de las Naciones Unidas y del nombramiento del Sr. Espen Barth Eide como Consejero Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Chipre. La Comisión espera que ambas partes inicien pronto unas negociaciones estructuradas sustanciales que allanen el camino a un acuerdo sobre una solución global al problema de Chipre en beneficio de todos. La Comisión anima a dar pasos que contribuyan a crear un clima de distensión entre ambas comunidades y que mejoren las condiciones de la vida cotidiana de todos los chipriotas y contempla con satisfacción las iniciativas que a tal fin adopte la sociedad civil. La UE ha declarado su voluntad de respaldar los términos de una solución coherente con los principios en que se fundamenta la Unión. Deberían evitarse las declaraciones que no contribuyan a establecer un clima propicio para las conversaciones en curso.

58. Islandia: A raíz de una decisión del Gobierno islandés, las negociaciones de adhesión han quedado en suspenso desde mayo de 2013. Habida cuenta de la posición del Gobierno, la Comisión procedió a la supresión progresiva de la ayuda de preadhesión IPA a Islandia. Islandia sigue siendo un socio importante para la UE a través de su participación en el Espacio Económico Europeo, su adhesión al espacio Schengen, así como a través de la cooperación en asuntos árticos.

ANEXO

Resumen de las conclusiones de los informes de evolución sobre Montenegro, Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Turquía

Montenegro

Montenegro sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. El Gobierno se ha seguido centrando en la integración en la UE. Se continuaron reforzando las estructuras para las negociaciones de adhesión. La adopción del Plan de acción 2014-15 para la puesta en práctica de la estrategia de reforma de la administración pública y la creación de un nuevo grupo especial sobre la reforma de la administración pública en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) deberían contribuir a los avances en este ámbito. Es preciso racionalizar más la administración pública, hacerla más transparente para poner coto a la corrupción y reforzar la capacidad administrativa en el ámbito de la integración europea. Se requieren esfuerzos decididos para hacer frente al elevado nivel de politización de la administración pública y garantizar una contratación y promoción basadas en los méritos. Es importante mejorar la profesionalidad y la eficiencia, sobre todo con el fin de equipar a la administración de cara a los desafíos que plantean las negociaciones de adhesión y la aplicación del acervo. En lo tocante a la gestión de las finanzas públicas, es preciso reforzar la capacidad de previsión financiera y el cumplimiento de la normativa europea.

Las denuncias de irregularidades empañaron las rondas electorales que se celebraron en una serie de municipios a principios de 2014. Las autoridades competentes deberían investigarlas y, cuando proceda, emprender acciones. La polarización del clima político dificultó la formación de las nuevas administraciones en determinados municipios tras las elecciones. En febrero y marzo se adoptó una nueva legislación electoral que cumple varias de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, si bien aún quedan algunas cuestiones por resolver con arreglo a las normas y mejores prácticas europeas. La adopción de enmiendas a la ley sobre la financiación de los partidos políticos, con el voto en contra del principal partido del Gobierno, estuvo marcada por la polémica. En junio, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una parte significativa de estas enmiendas. Montenegro tiene que adaptar rápidamente su marco legislativo en este ámbito a las normas y mejores prácticas europeas y acreditar resultados concretos en relación con la correcta aplicación de la legislación, incluida la imposición de sanciones disuasorias, cuando sea necesario. Falta por completar el seguimiento judicial del presunto uso indebido de fondos públicos con fines propios por parte de los partidos políticos y por depurar las responsabilidades políticas.

En lo que respecta a la reforma del sistema judicial, prosigue la ejecución de las medidas previstas dentro de los plazos fijados en el plan de acción. Tras la adaptación de la legislación pertinente con arreglo a las reformas constitucionales de julio de 2013, se han elegido varios cargos de la judicatura y la fiscalía. Tras varios intentos fallidos, el Parlamento nombró finalmente, en octubre de 2014, un nuevo Fiscal General del Estado. Han de completarse las reformas por las que se introduce un sistema único de contratación de jueces y fiscales a escala nacional, un sistema de promoción objetivo y basado en los méritos y un sistema disciplinario mejorado. Aunque la eficiencia de los tribunales ha mejorado en general, deben proseguir los esfuerzos encaminados a hacer más eficiente el sistema judicial.

Por el momento, la incidencia de las medidas de lucha contra la corrupción ha sido limitada. Ya antes de la entrada en servicio de la nueva agencia de lucha contra la corrupción, era evidente la necesidad de reforzar las instituciones existentes en este ámbito con miras a la adopción de un enfoque más proactivo. La corrupción, persistente y generalizada en muchos ámbitos, sigue siendo un problema grave. Es preciso desarrollar un historial satisfactorio de investigaciones, persecuciones y condenas firmes en casos de corrupción, sobre todo en casos de alto nivel. Debería garantizarse el uso sistemático de los instrumentos de incautación y decomiso de activos. Aunque se han seguido obteniendo resultados en la lucha contra las drogas y se han abierto nuevos casos relativos a la inmigración ilegal, sigue siendo difícil atajar otras formas de delincuencia organizada, en particular la trata de seres humanos, la ciberdelincuencia y la lucha contra el blanqueo de capitales. El número de condenas firmes en casos de corrupción y delincuencia organizada es limitado y no es raro que se ordene la celebración de un nuevo juicio por defectos de forma. La lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es crucial para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

Está ya implantado el marco jurídico e institucional relativo al respeto de los derechos humanos, y los principales elementos de la legislación internacional en la materia se han incorporado al ordenamiento jurídico montenegrino. Se ha de reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la protección y el respeto de los derechos humanos, en particular por lo que se refiere a la judicatura y la policía. Los grupos vulnerables, como la población romaní y las personas con discapacidad, son los que más sufren las deficiencias en este ámbito.

Siguen suscitando gran preocupación las amenazas contra la libertad de expresión, que se han plasmado en casos de violencia contra periodistas y ataques a la propiedad de los medios. Es preciso investigar en profundidad y perseguir los casos de amenazas y violencia contra periodistas a fin de identificar no solo a los autores materiales, sino también a los instigadores. Es especialmente urgente tratar los casos más antiguos para evitar que prescriban. En diciembre se creó una comisión encargada de supervisar las actividades de las autoridades competentes en la investigación de casos antiguos y recientes de amenazas y violencia contra periodistas. Las autoridades han de seguir escrupulosamente sus recomendaciones. El Gobierno debería seguir defendiendo y apoyando públicamente la libertad de los medios de comunicación, absteniéndose de hacer declaraciones que pudieran entenderse como intimidación. Los organismos autorreguladores responsables del mantenimiento y la promoción de normas profesionales y éticas son frágiles.

Las autoridades montenegrinas han tomado nuevas medidas para reforzar la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El primer desfile del orgullo gay, que tuvo lugar en Podgorica en octubre de 2013, contó con el respaldo necesario de las autoridades. Sin embargo, los ataques contra personas LGBTI persisten, mientras siguen siendo escasas las condenas penales en este ámbito. La hostilidad contra este colectivo sigue estando muy extendida en la sociedad.

Se han registrado algunos avances por lo que respecta a la situación de la población romaní, especialmente en lo que se refiere a la asistencia a la escuela; sin embargo, las tasas de abandono escolar y la baja proporción de estudiantes gitanas en comparación con los chicos suscitan preocupación. Es preciso abordar la discriminación contra la población romaní y su infrarrepresentación política.

Montenegro sigue manteniendo buenas relaciones bilaterales con los otros países de la ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos y participa activamente en el desarrollo de la cooperación regional. Se rubricó un acuerdo fronterizo con Bosnia y Herzegovina.

Montenegro mantiene aún el acuerdo bilateral sobre inmunidad suscrito en 2007 con los Estados Unidos, que prevé exenciones a la competencia de la Corte Penal Internacional. El país ha de adecuarse a la posición de la UE en el marco de las negociaciones de adhesión.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro dio nuevos pasos hacia la instauración de una economía de mercado en funcionamiento. El país debería estar en condiciones de hacer frente a medio plazo a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que siga poniendo remedio a las actuales deficiencias estructurales mediante reformas estructurales adecuadas.

En 2013, la economía salió de una doble recesión, pero la recuperación sigue siendo frágil debido a la debilidad de la demanda interna, la reducida base de producción y la alta dependencia de la coyuntura exterior. El déficit por cuenta corriente disminuyó algo, pero los desequilibrios exteriores siguen siendo considerables. Los déficits presupuestarios, importantes y persistentes, apuntan a la necesidad de medidas de saneamiento presupuestario con miras a la reducción de la deuda pública. Pese a las mejoras marginales registradas, las condiciones del mercado de trabajo siguen siendo precarias, con tasas de desempleo muy elevadas, especialmente entre los jóvenes y los desempleados de larga duración.

Montenegro debería estimular la movilidad de los trabajadores, reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo y mejorar la calidad de la enseñanza, en particular la educación y formación profesionales. Deberían tomarse medidas en apoyo del desarrollo del sector privado para seguir simplificando el entorno jurídico y regulador, sobre todo reforzando la ejecución de los contratos, reduciendo los costes y obstáculos administrativos y facilitando los procedimientos de privatización. La incertidumbre que rodea al conglomerado del aluminio KAP requiere una solución sostenible, aplicada de conformidad con las normas del AEA, para evitar una nueva ronda de pasivos contingentes.

Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión, Montenegro registra diversos grados de armonización. En el marco del proceso de examen, la Comisión consideró que, en veinte capítulos, los avances realizados eran suficientes para abrir las negociaciones sin necesidad de fijar criterios de referencia iniciales. De estos capítulos, ya se han abierto negociaciones para diez, en relación con los que se han fijado criterios de referencia intermedios y finales, y se han cerrado provisionalmente dos. Además, de los capítulos relativos al Estado de Derecho, se fijaron criterios de referencia iniciales para otro once capítulos[6]. El cumplimiento de los criterios de referencia iniciales, así como los criterios de referencia intermedios fijados para los capítulos relativos al Estado de Derecho y los criterios de referencia finales fijados para otros ocho capítulos[7], debería servir de guía para Montenegro en el camino de la integración.

En líneas generales, Montenegro ha avanzado en la armonización de algunos capítulos del acervo, incluida la legislación en materia de protección de la propiedad intelectual, ciencia e investigación, educación y cultura, protección de la salud y de los consumidores, y política exterior de seguridad y defensa. En general, Montenegro adoptó y aplicó las medidas restrictivas establecidas por Decisiones del Consejo, incluidas las medidas restrictivas de la UE en el contexto de la anexión ilegal de Crimea por Rusia y de los acontecimientos en Ucrania Oriental.

La armonización con el acervo y la consolidación de la capacidad administrativa siguen siendo un importante reto para Montenegro. La administración montenegrina tendrá que centrarse en abordar los criterios de referencia iniciales que quedan pendientes. Debería darse especial prioridad al cumplimiento de la normativa de ayudas estatales del AEA en el caso de KAP. La capacidad administrativa en todos los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático tiene que reforzarse tanto a nivel central como local, a fin de garantizar la adecuación y aplicación del acervo en materia de clima y medio ambiente.

Serbia

Serbia sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Las elecciones parlamentarias anticipadas de marzo confirmaron las aspiraciones de integración europea del país. La adhesión a la UE sigue siendo el principal objetivo del nuevo Gobierno. Para emprender las reformas prioritarias necesarias para impulsar al país por la senda europea cuenta con una mayoría sin precedentes de dos tercios en el Parlamento. El Gobierno serbio se fijó ambiciosos objetivos económicos a este respecto. Las reformas constitucionales emprendidas al inicio de la nueva legislatura representarían un avance decisivo en las negociaciones de adhesión. Debería prestarse especial atención a la mejora de la inclusividad y la transparencia del proceso de reforma. Los procedimientos parlamentarios de urgencia deberían limitarse a los casos en que sea estrictamente necesario. Debería reconocerse continuamente el papel de los organismos reguladores independientes y seguirse sus recomendaciones. En junio se creó una convención nacional sobre la Unión Europea que servirá de plataforma para la cooperación con la sociedad civil durante las negociaciones de adhesión, que debería plasmarse en una mayor consulta de la sociedad civil, especialmente en una coyuntura que plantea retos económicos y sociales particularmente acuciantes a los ciudadanos serbios.

Serbia está avanzando en la reforma de su administración pública. Adoptó una estrategia global y reforzó la coordinación y la planificación de las políticas públicas con la creación de una nueva secretaría de políticas públicas. Con todo, sigue siendo necesaria una reforma sólida y global, sustentada en instrumentos de análisis y gestión de resultados idóneos.

Se dieron los primeros pasos en la aplicación de las estrategias nacionales adoptadas el año pasado en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción. Serbia ha hecho balance de los importantes desafíos a que se enfrenta su sistema judicial. La actividad legislativa ha sido intensa: se adoptaron normas para la evaluación de jueces y fiscales; se nombró, con carácter permanente, un número importante de presidentes de tribunal y tomó posesión de su cargo la primera generación de notarios. No obstante, aún falta por adoptar elementos clave de la legislación, como la ley de asistencia jurídica gratuita. También está pendiente la evaluación de la aplicación de la legislación recientemente adoptada. Es necesario avanzar para garantizar un sistema judicial independiente y eficaz. La contratación y el nombramiento de los jueces siguen rigiéndose por criterios poco claros. La generalización del sistema contradictorio y la modificación de las redes de tribunales aún no han tenido un impacto perceptible en la eficiencia y la calidad del sistema judicial.

Existe una firme motivación política en favor de la lucha contra la corrupción. Se han abierto varias investigaciones sobre casos de alto nivel y se han realizado esfuerzos para mejorar la coordinación y el liderazgo institucional en este ámbito. Sin embargo, la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y constituye un grave problema. La ratio denuncias/condenas es baja. Faltan por implantar mecanismos de protección de delatores. También está pendiente la instauración de mecanismos eficaces de prevención y represión. Es preciso que el papel de la agencia y el consejo de lucha contra la corrupción cuente con apoyos al más alto nivel y que se dé un seguimiento adecuado a sus recomendaciones y propuestas. Hay que encontrar alternativas eficaces al recurso excesivo a las denuncias de abuso de posición dominante en el sector privado.

Serbia participó activamente en la cooperación policial regional, que dio resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular una sonada detención relacionada con una conocida banda. Es necesaria una evaluación estratégica de las amenazas de la delincuencia organizada con vistas a desarrollar planes y análisis estratégicos y, en una fase posterior, respuestas policiales apropiadas, en particular recurriendo al concepto de «actuación policial basada en los servicios de inteligencia». Se impone desarrollar un historial creíble de investigaciones, persecuciones y condenas firmes en casos de corrupción y delincuencia organizada, incluidos casos de alto nivel. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

De cara al futuro, la adopción de planes de acción creíbles y exhaustivos con relación a los capítulos 23 y 24, en consonancia con el nuevo enfoque, será un hito crucial para Serbia.

Ya está implantado, en términos generales, el marco jurídico para la protección de las minorías, pero ha de garantizarse su aplicación coherente en todo el país, especialmente en los ámbitos de la educación, el uso de las lenguas y el acceso a los medios de comunicación y los servicios religiosos en las lenguas minoritarias. Las medidas positivas que se han adoptado para mejorar la situación de la población romaní deben reforzarse, en particular en lo que respecta a la educación, la vivienda y el empleo. Son necesarios esfuerzos continuos adicionales para mejorar la situación de los refugiados y las personas desplazadas.

El desfile del orgullo gay, que se celebró el 28 de septiembre en Belgrado sin mayores incidentes, constituye un hito histórico en lo que respecta al ejercicio efectivo de los derechos humanos, en general, y de los derechos LGBTI, en particular. Serbia dio un paso decisivo en la aplicación de la estrategia de medios de comunicación de 2011 con la adopción en agosto de un paquete legislativo que tiene por objeto mejorar la transparencia de la propiedad y la financiación de los medios de comunicación y adaptar la legislación y la práctica al marco de la UE. No obstante, suscita preocupación el deterioro de las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Las autoridades tienen una responsabilidad esencial a la hora de contribuir activamente al ejercicio sin trabas de la libertad de expresión, en particular respaldando adecuadamente a organismos independientes, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. La promoción de todos los derechos fundamentales y la aplicación de la estrategia de lucha contra la discriminación requerirán un enfoque aún más proactivo y específico.

Serbia ha seguido un planteamiento constructivo en materia de cooperación regional y ha mejorado notablemente las relaciones con algunos de sus vecinos.

En lo que respecta a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha seguido participando en el diálogo y se ha comprometido a aplicar el primer acuerdo, de principios de abril de 2013, que rige la normalización de las relaciones, así como los demás acuerdos alcanzados en el marco del diálogo. A raíz de estos compromisos se han producido una serie de cambios irreversibles, como la celebración por primera vez de elecciones municipales y legislativas en todo el territorio de Kosovo y los sustanciales avances registrados en el desmantelamiento de las estructuras policiales y judiciales serbias. Se ha aprobado una solución permanente para la inclusión de Kosovo en el proceso de cooperación en el sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés). Si bien no ha habido reuniones de alto nivel desde que se convocaron las elecciones anticipadas en Kosovo, han proseguido los trabajos a nivel técnico, lo que se ha traducido en progresos en los ámbitos de la recaudación aduanera, la gestión integrada de las fronteras, la energía y las telecomunicaciones.

Sin embargo, los avances en la puesta en práctica del diálogo han sido en general más lentos. Se celebraron elecciones anticipadas en Serbia y Kosovo. Es importante que se reanude el diálogo de alto nivel. También es esencial que ambas partes sigan participando plenamente en la aplicación de buena fe de todos los acuerdos vigentes. Estos progresos graduales deberían desembocar en la plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que se plasmaría en la firma de un acuerdo jurídicamente vinculante al término de las negociaciones de adhesión de Serbia, de modo que ambos países puedan ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Serbia ha realizado avances limitados hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Deben ponerse en práctica una amplia gama de reformas estructurales para poder hacer frente a medio plazo a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado en la Unión.

La economía se contrajo en el primer semestre del año, a lo que contribuyeron las graves inundaciones. El Gobierno ha puesto en marcha con determinación su ambicioso programa de reformas económicas y estructurales con la adopción de un primer paquete de leyes importantes sobre la mano de obra, la privatización y la quiebra. Pese a las nuevas medidas adoptadas, los desequilibrios presupuestarios siguen siendo muy pronunciados y ha seguido creciendo la deuda de las administraciones públicas. No obstante, el aumento de las exportaciones ha contribuido a la reducción de los desequilibrios externos. La inflación alcanzó niveles históricamente bajos, por debajo de la horquilla que fijó como objetivo el Banco Central. La tasa de desempleo sigue siendo muy elevada.

Se necesitan esfuerzos significativos para reducir el gasto público y poner en práctica las reformas estructurales adoptadas a fin de restablecer la sostenibilidad presupuestaria y, en última instancia, apoyar el crecimiento. La reducción de la fuerte influencia del Estado en la economía pasa por subsanar las ineficiencias en el amplio sector público, avanzar en la privatización con arreglo al calendario previsto, modernizar las ayudas estatales y mejorar la gobernanza empresarial de las empresas públicas. Hay que mejorar la recaudación de impuestos, además de poner coto al enorme sector informal. El entorno empresarial adolece de un exceso de burocracia, de una entrada y salida del mercado lentas, de numerosos obstáculos a la inversión, tales como el débil sistema jurídico y la lentitud en la ejecución de los contratos. Es necesario abordar de forma eficaz la elevada proporción de préstamos fallidos para mejorar los préstamos bancarios. La mejora de las infraestructuras físicas, especialmente tras los daños ocasionados por las inundaciones, requiere esfuerzos sostenidos y la creación de espacio fiscal adicional. Es preciso reforzar la eficiencia del sistema educativo habida cuenta de la reducción del número de alumnos y de la inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión, Serbia ha continuado adaptando su legislación a los requisitos de la legislación de la UE en muchos ámbitos. Siguió cumpliendo sin contratiempos las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Se han registrado notables avances en los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación, con la adopción del paquete de tres leyes por las que se pone en práctica la estrategia de medios de comunicación de 2011, lo que supone una mayor armonización del marco jurídico serbio con el acervo. También prosiguió el alineamiento de la legislación sobre transporte por ferrocarril, aire y carretera. Se siguieron publicando los resultados de los censos agrícola y de población. La nueva estrategia de reforma de la administración pública a partir de enero de 2014 incluye, entre las prioridades de reforma, el control financiero interno público.

En el ámbito de la política exterior y de seguridad, debería mejorar la armonización de la legislación serbia con las declaraciones de la UE y las decisiones del Consejo para que el país cumpla el requisito previsto en el marco de negociación, de modo que pueda ajustar progresivamente sus políticas y decisiones en este ámbito con las adoptadas por la Unión Europea y sus Estados miembros en el período previo a la adhesión. Serbia debe poner a punto y aplicar urgentemente mecanismos sólidos y fiables de control y seguimiento de la alineación con el acervo en todos los ámbitos. También es necesario un esfuerzo considerable no solo para mejorar y aplicar plenamente el marco jurídico general, sino también, y sobre todo, para respaldar estas reformas con los recursos financieros y humanos adecuados. Es patente igualmente la falta de coordinación y liderazgo institucional en ciertos ámbitos clave del acervo y la necesidad de salvaguardar la independencia de los organismos reguladores. La legislación en materia de control de las ayudas estatales debe alinearse con el acervo y aplicarse efectivamente en todas las empresas, incluidas las que se encuentran en proceso de reestructuración y privatización. Son necesarios esfuerzos adicionales para racionalizar el procedimiento de asilo en consonancia con las normas de la UE y es preciso modernizar urgentemente las instalaciones de alojamiento permanente. Serbia ha de redoblar esfuerzos en pro de la adaptación en el ámbito de la energía, en particular en lo que se refiere al gasoducto South Stream. Tiene que lograr con carácter prioritario la desagregación en el sector del gas y la reestructuración de la empresa pública Srbijagas. Es asimismo necesario que prosiga la alineación en los ámbitos de la fiscalidad, el medio ambiente, el cambio climático y los organismos modificados genéticamente, junto con un refuerzo sustancial del sistema general de salud y protección social.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

En general, el país sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. Ha completado la mayor parte de sus reformas en lo tocante al sistema judicial y la administración pública y ha realizado progresos desde que se convirtió en país candidato en 2005. El nivel de armonización legislativa es elevado en relación con la situación del país en el proceso de adhesión. No obstante, subsisten dificultades importantes, y en algunos ámbitos estas se han hecho más acuciantes. Cabe destacar la creciente polarización de la cultura política, la profunda preocupación que suscita la cada vez mayor politización y control gubernamental de las instituciones públicas y los medios de comunicación, y la aún frágil situación interétnica.

Según la evaluación de la OSCE/OIDDH, las elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas de abril de 2014 fueron gestionadas con eficacia, pero se vieron empañadas por la falta de separación entre actividades gubernamentales y de partido y la información tendenciosa de los medios. La preocupación que suscita la difuminación de la frontera entre el Estado y los partidos está erosionando la confianza en las instituciones públicas. La falta de diálogo y las persistentes disensiones entre partidos han desembocado en una nueva crisis política a raíz de las denuncias relacionadas con las elecciones, que llegó a su punto álgido cuando el principal partido de la oposición se ausentó del Parlamento. Los esfuerzos desplegados por los principales partidos políticos se han mostrado insuficientes para emprender políticas constructivas en interés del conjunto del electorado y del país en su conjunto. El Gobierno y la oposición deberían dar pasos para restaurar el diálogo político en el Parlamento. El Gobierno ha de velar por que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar sin cortapisas su función de control democrático. Al mismo tiempo, también la oposición debe comprometerse de forma constructiva en el proceso democrático.

La politización de la administración pública, tanto a nivel central como local, es motivo de honda preocupación. Los principios de transparencia, rendición de cuentas y mérito aún no se aplican plenamente. Además, la OSCE/OIDDH informó de denuncias verosímiles de presión sobre los empleados del sector público durante las elecciones de abril de 2014. Estas cuestiones deben ser resueltas, en particular recurriendo al nuevo marco legislativo.

También es preciso reforzar la independencia y la competencia de los tribunales y prestar más atención a la calidad de la justicia que se imparte al ciudadano. El alto nivel de progreso técnico y legislativo en este ámbito se ve empañado por crecientes dudas respecto a la selectividad de la justicia. Se están desarrollando historiales de resultados, pero la corrupción sigue siendo generalizada en muchos ámbitos y constituye un problema grave. El marco de lucha contra la corrupción debe aplicarse de forma más eficaz.

Se han introducido nuevas mejoras en los ámbitos de la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos. Deben proseguir los esfuerzos encaminados al establecimiento de un historial de investigaciones, persecuciones y condenas en casos de delincuencia organizada y corrupción. La lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es fundamental para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

Está ya implantado el marco general para la protección de los derechos fundamentales, pero debería prestarse mayor atención a su aplicación efectiva. Son necesarios esfuerzos constantes para disipar las preocupaciones que suscitan los casos de prejuicios y discriminación contra la población romaní y acabar con la intolerancia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

La situación en lo relativo a la libertad de los medios de comunicación ha seguido empeorando. La influencia del Gobierno sobre los medios de comunicación se ejerce, entre otras cosas, mediante la publicidad financiada por el Estado. Falta información verdaderamente independiente, exacta y objetiva a disposición del público en los principales medios de comunicación, y un debate público bien informado.

En cuanto a las relaciones interétnicas, el Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto de 2001, constituye el marco que garantiza el carácter multiétnico de la sociedad. No obstante, la falta de confianza entre las comunidades es generalizada. Cualquier suceso o incidente puede atizar la tensión. Es necesario un enfoque común más proactivo que defienda una sociedad multiétnica. La revisión del Acuerdo Marco de Ohrid aún debe completarse y hay que aplicar sus recomendaciones.

El país mantiene, en general, buenas relaciones con otros países de la ampliación y desempeña un papel activo en la cooperación regional. Sigue siendo importante un enfoque constructivo en lo que respecta a las relaciones con los Estados miembros de la UE vecinos. Deberían evitarse las acciones y declaraciones que pudieran afectar negativamente a las buenas relaciones de vecindad.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue estando muy avanzada y, en algunos ámbitos, realizó progresos en el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Para hacer frente a medio plazo a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión, el país debe superar importantes desafíos mediante la aplicación decidida de las reformas estructurales.

Prosiguió la recuperación económica, pero sigue basándose esencialmente en el sector exterior, y ha tenido un impacto limitado en el desempleo, que sigue siendo elevado, especialmente entre los jóvenes. Las reformas destinadas a abordar las rigideces estructurales del mercado de trabajo han avanzado solo de manera vacilante. Se preservó la estabilidad financiera y aumentaron los flujos de inversión extranjera directa. La disciplina presupuestaria, así como la transparencia y la calidad del gasto público, se deterioró

Las perspectivas en materia de crecimiento y empleo dependen en gran medida del entorno empresarial del sector privado nacional. En este campo, es necesario facilitar aún más los procedimientos de concesión de licencias, también con vistas a fomentar los vínculos históricos entre empresas nacionales y extranjeras; a acelerar los procedimientos de salida del mercado; y, de manera general, a garantizar una competencia en igualdad de condiciones para todas las empresas en lo que respecta al cumplimiento de la reglamentación empresarial. Se debe mejorar el acceso a la financiación, en particular mediante la reparación de los canales de préstamo bancario. Ha de lograrse una mejor adecuación de las competencias de los trabajadores a la demanda de mano de obra mediante nuevas reformas del sistema educativo, en particular la aplicación de la estrategia de formación profesional. Por lo que respecta a las finanzas públicas, el nuevo deterioro de la disciplina presupuestaria en 2013 y 2014 requiere mejores procedimientos de planificación presupuestaria anual y una mayor coherencia de la ejecución presupuestaria con la estrategia presupuestaria a medio plazo. La calidad del gasto público debe mejorarse mediante cambios en la composición de los gastos de capital que promuevan las inversiones impulsoras del crecimiento.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha realizado nuevos avances en pro de la mejora de su capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión. Sigue participando en el proceso de estabilización y asociación y cumpliendo sus compromisos con arreglo al Acuerdo de Estabilización y Asociación.

El país coopera ampliamente con la UE en todos los ámbitos del acervo y se encuentra en un nivel avanzado de alineación de la legislación, a nivel institucional y estratégico. El nivel de adaptación del país es suficiente para pasar a la siguiente fase del proceso de adhesión. La atención debería centrarse ahora en la capacidad administrativa y la puesta en práctica efectiva.

En el ámbito del mercado interior, se ha alcanzado ya un buen nivel de adaptación legislativa respecto de los movimientos de capital, los servicios postales y el Derecho de sociedades. En el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, el país ha avanzado considerablemente en sus preparativos en relación con la política de visados, las fronteras exteriores y Schengen, así como en la cooperación policial. Por otra parte, se necesitan esfuerzos adicionales, particularmente en lo que respecta a la política regional, el medio ambiente y el cambio climático, la política social y la educación. También debe reforzarse y desarrollarse en toda la administración pública el control interno de las finanzas públicas.

El Consejo todavía no se ha pronunciado sobre la propuesta de la Comisión de 2009 relativa al paso a la segunda fase de la asociación, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Albania

Albania ha seguido avanzando en el cumplimiento de los criterios políticos. Se entabló un diálogo de alto nivel sobre las prioridades clave y se crearon grupos de trabajo conjuntos para estructurar los trabajos sobre las reformas necesarias. Falta aún por crear un consejo nacional para la integración europea que fomente la inclusión y reúna a todas las partes interesadas en torno al proceso de reforma. Un diálogo político constructivo y duradero entre el Gobierno y la oposición es crucial para la sostenibilidad de las reformas.

El Parlamento adoptó por consenso una resolución sobre la integración europea. También apoyó una serie de medidas legislativas pertinentes para la adhesión a la UE, sobre todo en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y votó los nombramientos de la judicatura. La transparencia del proceso legislativo ha mejorado. Sin embargo, los trabajos en el Parlamento se vieron inmersos en un tenso clima político, que se tradujo en la frecuente dejación de sus labores parlamentarias por parte de la oposición y, a partir del mes de julio, en el boicot total. Gobierno y oposición deben garantizar que el debate político se desarrolle principalmente en el Parlamento. El Gobierno ha de velar por que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar sin cortapisas su función de control democrático. Al mismo tiempo, la oposición también debe comprometerse de forma constructiva en el proceso democrático.

La reforma de la administración pública ha avanzado, en particular gracias a la entrada en vigor de la ley de la función pública y la adopción de legislación de ejecución y medidas pertinentes encaminadas a mejorar los procedimientos de selección de personal. Debe proseguir la ejecución con vistas a reforzar la despolitización, la rendición de cuentas y la profesionalidad de la administración pública. Se ha de completar y aprobar el código de procedimientos administrativos en consonancia con la normativa de la UE. Será necesario adoptar medidas para reforzar la independencia y eficacia de las instituciones independientes.

Albania dio pasos adicionales en la reforma del sistema judicial, colaborando con la Comisión de Venecia para reforzar su independencia, rendición de cuentas y profesionalidad y poniendo en marcha la estrategia de reforma judicial 2014-2020. Se dieron algunos pasos para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del sistema judicial, en particular mediante modificaciones legislativas que regulan la inmunidad de jueces y fiscales. Una serie de procedimientos disciplinarios contra jueces se han saldado con la imposición de sanciones. Los tribunales administrativos empezaron a funcionar, aunque aún no son plenamente operativos. Se introdujeron modificaciones en la Ley sobre el Consejo Superior de Justicia para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, se ha expresado preocupación por su rápida adopción, sin incluir y consultar a todos los agentes pertinentes. Subsisten numerosas deficiencias y existe un gran consenso sobre la imperiosa necesidad de una profunda reforma del poder judicial. Habrá que redoblar e intensificar los esfuerzos encaminados a garantizar la independencia, eficiencia y responsabilidad del poder judicial, en particular mediante modificaciones constitucionales. Albania tendrá que proseguir con vigor este proceso con la cooperación constructiva de todas las partes interesadas, en particular la colaboración continua de la Comisión de Venecia. Es necesaria una actuación decidida para reforzar el sistema disciplinario aplicable a magistrados, fiscales y abogados, y seguir mejorando la eficiencia de los tribunales.

El Gobierno ha hecho gala de voluntad política para actuar con determinación en la prevención y la lucha contra la corrupción. Se ha reforzado el marco legislativo y ha mejorado la coordinación y el seguimiento de las políticas a nivel central. Se nombró un coordinador nacional de lucha contra la corrupción y se creó una red de puntos de contacto contra la corrupción en todos los ministerios pertinentes. Sin embargo, la corrupción es generalizada en muchos ámbitos, incluido el poder judicial y las fuerzas policiales, y sigue siendo un problema especialmente grave. El país ha de adoptar medidas para hacer cumplir el marco legislativo y adoptar la estrategia anticorrupción 2014-20 y los planes de acción correspondientes. Se debe reforzar la cooperación interinstitucional y se han de eliminar los obstáculos que dificultan unas investigaciones proactivas. Además, Albania tendrá que seguir desarrollando el historial de investigaciones, persecuciones y condenas en casos de corrupción, en particular los de alto nivel.

La lucha contra la delincuencia organizada registra una tendencia positiva en una serie de ámbitos, con una intensificación de las actividades represoras, en particular por lo que se refiere a las incautaciones de alijos y los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia económica, y el tráfico de seres humanos. En particular, las autoridades han adoptado importantes medidas de lucha contra el cultivo y el tráfico de cannabis, que sigue siendo un problema grave, especialmente en el marco de una operación policial a gran escala en el pueblo de Lazarat y el norte del país. La cooperación internacional se ha reforzado. Con todo, es preciso intensificar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada. La cooperación entre los servicios con funciones coercitivas debe mejorar y han de suprimirse las barreras legislativas que socavan la eficacia de las investigaciones. Albania deberá desplegar esfuerzos permanentes, combinados con investigaciones financieras proactivas y sistemáticas y una aplicación coherente de la legislación, para atajar cualquier tipo de actividad delictiva, como el blanqueo de dinero y el tráfico de seres humanos y de drogas. El país debe seguir actuando con determinación contra el cultivo de cannabis. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

En lo que respecta a los derechos fundamentales, se siguieron respetando, en general, la libertad de asociación y reunión, así como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ha mejorado la cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil en relación con los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Se ha revisado el marco jurídico para las personas con discapacidad y su aplicación debe quedar garantizada. Es preciso suprimir las disposiciones jurídicas discriminatorias entre hombres y mujeres, reforzar la capacidad institucional para la protección de la infancia y acabar con el trabajo forzado de niños. Se adoptó un plan de acción sobre los derechos de la infancia. Albania deberá centrarse en la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la inclusión de la población romaní y a proteger a los grupos vulnerables. La protección de los derechos de propiedad debe consolidarse aún más, en particular mediante la revisión de la estrategia de reforma de la propiedad de 2012 y el refuerzo de la seguridad de la propiedad jurídica. Por lo que respecta a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el Gobierno no dio curso a las prioridades fijadas. Es necesario restaurar todas las funciones estatutarias de la autoridad responsable de los medios audiovisuales y garantizar su independencia en la práctica. La utilización no autorizada de frecuencias por varios organismos de radiodifusión sigue constituyendo un problema.

El compromiso positivo de Albania en favor de la cooperación regional y de las relaciones de buena vecindad sigue siendo fundamental.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado ciertos avances hacia su conversión en una economía de mercado en funcionamiento. El país debería poder hacer frente a medio plazo a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión, a condición de que siga acelerando las reformas estructurales.

Albania preservó su estabilidad macroeconómica, procedió a la liquidación de los atrasos en los pagos y tomó medidas para mejorar la administración fiscal y la recaudación de impuestos. Sin embargo, el crecimiento económico se ralentizó aún más y el déficit por cuenta corriente sigue siendo elevado, lo que refleja un bajo nivel de competitividad. En 2013, el déficit presupuestario superó el objetivo marcado, y aumentó el elevado nivel de deuda pública, con lo que se restringió aún más el margen de maniobra presupuestario. La inflación se mantuvo baja, lo que permitió proseguir la relajación de la política monetaria, pero este hecho no se tradujo en el crecimiento del crédito, debido al alto nivel de préstamos fallidos en los bancos comerciales. El desempleo es elevado y la economía informal sigue siendo una práctica muy extendida.

Albania debería proseguir los esfuerzos de saneamiento fiscal con vistas a reducir la deuda pública, al tiempo que se preserva el margen de los gastos que facilitan el crecimiento. Debe reformarse el sector de la energía y deben seguir aplicándose las reformas en la administración fiscal y de pensiones a fin de reducir los riesgos que plantea para las finanzas públicas. Es preciso apoyar los préstamos bancarios y el crecimiento del crédito procediendo al pago continuo de los atrasos estatales a empresas y abordando los préstamos fallidos. Han de eliminarse los obstáculos que frenan el desarrollo del sector privado, mejorando para ello el entorno empresarial, que se caracteriza por deficiencias en el Estado de Derecho, debilidades del marco regulador e incertidumbre sobre la propiedad. La creación de condiciones favorables a la inversión privada, en particular la inversión extranjera directa, es esencial para la diversificación de la limitada base de producción. La educación y la formación deberían mejorar aún más para corregir la inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad.

En general, el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), que entró en vigor en abril de 2009, siguió aplicándose sin contratiempos. Albania ha seguido adaptando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos, mejorando su capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión. Se adoptó un nuevo plan nacional de integración europea para 2014-2020. Sin embargo, las mejoras concretas han sido moderadas en la mayoría de los ámbitos. Albania tendrá que redoblar esfuerzos para mejorar sus preparativos de cara a la aplicación del acervo de la UE. Se requieren esfuerzos adicionales para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual. La solución del contencioso que enfrentaba al Gobierno y a la empresa distribuidora de electricidad CEZ contribuyó a allanar el camino a nuevas reformas en el sector de la energía. Intensificar los esfuerzos en este ámbito, incluida la diversificación de las fuentes de energía y el funcionamiento del mercado de la electricidad, es vital para el desarrollo económico. Albania también tendrá que reforzar la protección del medio ambiente y subsanar las deficiencias constatadas en los ámbitos del transporte, la seguridad de los alimentos y la protección de la salud y de los consumidores. Debe reforzarse la capacidad administrativa y las normas profesionales de los organismos encargados de la aplicación del acervo y ha de garantizarse la independencia de los organismos reguladores. Una mayor transparencia y rendición de cuentas, en particular en lo que se refiere a la contratación pública y la gestión de la hacienda pública, siguen siendo esenciales.

Bosnia y Herzegovina

Una vez más, los avances realizados por el país en relación con los criterios políticos han sido muy limitados. No se han registrado progresos tangibles en el establecimiento de instituciones sostenibles y funcionales. Del mismo modo, la asamblea parlamentaria de Bosnia y Herzegovina ha realizado avances muy limitados en la aprobación de la legislación relacionada con la UE. Las diferencias entre las distintas etnias y tendencias políticas tuvieron un importante efecto negativo en los trabajos de las asambleas a nivel estatal y en la federación.

La cooperación con la sociedad civil a nivel nacional, cantonal y de las entidades sigue siendo débil. Como se puso de manifiesto en la protesta social de principios de 2014, todos los niveles de gobierno deberían centrarse con carácter prioritario en atender las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos, en particular la lucha contra el elevado desempleo juvenil y la asistencia a los necesitados, sobre todo a raíz de las graves inundaciones de mayo.

A la vista del clima político, los progresos han sido muy limitados en la reforma de la administración pública y la mejora de su capacidad para cumplir los requisitos de la integración en la UE. La fragmentación del marco jurídico y administrativo en diferentes niveles de gobierno sigue siendo muy preocupante, ya que afecta profundamente a la funcionalidad de los servicios públicos. Ha de ponerse a punto una nueva estrategia de reforma de la administración pública a partir de 2014. Las reformas necesarias en la gestión de las finanzas públicas deben abordarse de manera global.

En el ámbito de la reforma del sistema judicial se registraron pocos avances. El diálogo estructurado sobre la justicia sigue siendo una plataforma importante para lograr un consenso sobre las reformas judiciales y se ha ampliado a otras cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. La reforma del sistema judicial a nivel estatal debe llevarse a cabo con carácter prioritario. La falta de recursos humanos a todos los niveles para hacer frente a la acumulación de casos de crímenes de guerra se ha resuelto en parte, pero ha de garantizarse la sostenibilidad de esta tendencia con una planificación apropiada y dotaciones pertinentes por parte de las autoridades nacionales competentes. El sistema judicial requiere un mayor refuerzo de las herramientas de disciplina y una normativa adecuada en materia de conflictos de intereses.

Se registraron escasos avances en la aplicación de las reformas tendentes a reducir la corrupción, que sigue afectando a todo el sector público y es especialmente grave en los ámbitos de la prestación de servicios y el acceso al empleo. Las redes de patrocinio político son generalizadas e influyen en todos los niveles de gobierno. La investigación y persecución de casos de gran relieve siguen siendo insuficientes, y el nivel general de investigaciones, persecuciones y condenas efectivas es bajo. Falta voluntad política para ir más allá de la retórica y atajar de plano la corrupción, incluidas investigaciones y condenas en casos de alto perfil. En general, ha habido avances limitados en la lucha contra la delincuencia organizada, que sigue siendo un serio motivo de preocupación a pesar de algunas operaciones conjuntas que se han visto coronadas con éxito, gracias también a una estrecha coordinación con los países vecinos. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

Ya se ha implantado el marco jurídico e institucional que garantiza el respeto de los derechos humanos, y los principales elementos de la legislación internacional en materia de derechos humanos se han incorporado al sistema jurídico. Sin embargo, la creciente presión política y económica ejercida sobre los medios de comunicación y la intimidación y las amenazas contra periodistas y redactores suscitan gran preocupación. Hay que redoblar esfuerzos para que los centros escolares sean más inclusivos y acabar con la existencia de «dos escuelas bajo un mismo techo» en la federación. La prevención e investigación eficaces de los casos de incitación al odio, violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) deben quedar garantizadas. Aunque se han registrado avances importantes a la hora de hacer frente a las necesidades de vivienda de la población romaní, se requieren esfuerzos adicionales en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo. Por lo que se refiere a los refugiados y los desplazados internos, debe garantizarse la aplicación efectiva de la estrategia revisada, en particular sus aspectos socioeconómicos. Bosnia y Herzegovina ha seguido participando activamente en la cooperación regional y manteniendo buenas relaciones de vecindad.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha realizado pocos avances de cara al establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Se precisan pasos importantes para subsanar las debilidades estructurales persistentes, de modo que el país pueda hacer frente a largo plazo a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado en la Unión.

El crecimiento económico se ha reanudado, aunque con tasas bajas, y el déficit por cuenta corriente se ha reducido en un contexto de desequilibrios externos persistentes. La recuperación económica sigue siendo frágil debido a la debilidad de la demanda interna y de la limitada base de producción. Se prevé que las fuertes inundaciones de la primavera pasada empeoren la situación económica y presupuestaria a corto plazo. Se han desplegado esfuerzos para mejorar la coordinación fiscal en la federación y la recaudación de los impuestos indirectos.

Bosnia y Herzegovina debe adoptar nuevas medidas urgentes para preservar la disciplina fiscal. Además, se requieren esfuerzos para hacer frente a la importante presencia del Estado en la economía y reducir el nivel y mejorar la composición y la orientación del gasto público. Por otra parte, también ha de ponerse remedio a la ineficiencia de las empresas públicas. Una mejor coordinación entre y dentro de las entidades facilitaría y mejoraría sustancialmente la formulación de las políticas económicas. Los fuertes desequilibrios del mercado laboral, que se reflejan en la persistencia de un elevado desempleo, especialmente entre los jóvenes, así como en el bajísimo porcentaje de participación, requieren medidas decisivas a fin de eliminar los factores que desincentivan el trabajo y de mejorar la calidad de la educación. Es preciso corregir las deficiencias en el entorno empresarial y jurídico, en particular la lentitud de los procedimientos de ejecución de los contratos y los costosos y complejos procedimientos de entrada y salida de las empresas, así como el escaso desarrollo de las infraestructuras, para apoyar el desarrollo del sector privado y atraer la inversión, especialmente la inversión extranjera. En este contexto, también sigue planteando un importante reto el sector informal. Además, debe reducirse el elevado nivel de préstamos fallidos.

Al igual que ocurrió el año pasado, la falta de verdadero apoyo político a la agenda de la UE, la ausencia de un mecanismo de coordinación adecuado sobre asuntos europeos y los conflictos internos en relación con las competencias se han traducido en progresos limitados en lo que respecta a la aproximación a la legislación y las normas de la UE. Entre los ámbitos más afectados destacan, en particular, la circulación de las personas y la mano de obra, la libre prestación de servicios y el derecho de establecimiento, la libre circulación de mercancías, la protección de los consumidores, el empleo y las políticas sociales, la educación, la cultura y la investigación, la industria y las pymes, el medio ambiente y el clima, y el transporte. En una serie de ámbitos los nuevos avances se ven obstaculizados por la falta de estrategias a escala nacional.

Se registraron pocos avances en los ámbitos de la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, y la pesca. La falta de adaptación a los requisitos de la UE en estos ámbitos sigue impidiendo la exportación de productos de origen animal a la UE, una lamentable situación que exige esfuerzos positivos y bien coordinados. En el ámbito de la fiscalidad, Bosnia y Herzegovina adoptó un régimen fiscal para la pequeña industria cervecera que no es conforme con las obligaciones contempladas en el Acuerdo Interino en la medida en que constituye una discriminación contra las importaciones de cerveza. No se ha avanzado mucho en el sector de la energía debido a la complejidad de la estructura administrativa, los conflictos de competencias entre el Estado y las entidades y la falta de voluntad política. Ello ha conducido, entre otras cosas, a una violación grave y persistente de las obligaciones impuestas al país por el Tratado de la Comunidad de la Energía en el ámbito del gas, que debe corregirse con carácter urgente. Se han registrado avances, en particular, en el ámbito del mercado interior, con la adopción de la ley sobre contratación pública, que permite al país adaptarse a las Directivas de la UE de 2004. Ha mejorado la cooperación entre organismos estadísticos a nivel de las entidades y del Estado, en particular en el contexto de los censos de población y vivienda.

Kosovo

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el año pasado la agenda política de Kosovo estuvo dominada por las elecciones locales y generales y sus consecuencias. Las elecciones generales de junio fueron transparentes y estuvieron bien organizadas. La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves y los electores emitieron su voto libremente en todo el territorio kosovar, incluidos los cuatro municipios del norte. Los comicios consolidaron los progresos realizados en las elecciones locales de finales de 2013. En ambos casos, mejoró el proceso electoral. El número de casos de fraude electoral fue menor que en las elecciones de 2010, y el curso que se le dio fue eficiente. Un número considerable de los casos detectados en 2010 están aún pendientes en los tribunales. Kosovo aún tiene que atenerse a las recomendaciones de las misiones y expertos de observación electoral. Se trata, sobre todo, de la adopción de un código electoral general y de la mejora de la exactitud de las listas de votantes. La reforma electoral debe garantizar que el marco jurídico para las elecciones refleje las mejores prácticas en la UE. La reciente adhesión de Kosovo a la Comisión de Venecia puede ser de utilidad a este respecto.

El fracaso a la hora de constituir la nueva legislatura sin contratiempos y respetando los plazos ha supuesto un retroceso. El nuevo Gobierno y la asamblea deberán reactivar la agenda de reforma de Kosovo. Ambas instituciones han de partir del consenso político existente en el país acerca de la integración en la UE. El Gobierno kosovar ha demostrado su capacidad para coordinar su agenda de integración en la UE, en particular en lo que se refiere a las negociaciones del AEA. Aprovechando la experiencia y pericia adquirida en los distintos departamentos e instituciones, los negociadores de Kosovo se centraron en examinar el texto propuesto y en analizar sus posibles repercusiones, lo que refleja una buena apreciación de la incidencia de los compromisos suscritos.

En cuanto a la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones del futuro AEA, el ejecutivo y la asamblea de Kosovo deben centrarse en la puesta en práctica de la legislación y de las políticas. Los planes políticos y legislativos han de tener en cuenta de forma realista los recursos necesarios. La nueva legislatura ofrece una buena oportunidad para mejorar la imagen del ejecutivo y del proceso legislativo. Debe reforzarse el papel de la asamblea en la supervisión de las instituciones independientes y las autoridades reguladoras. La independencia de estos órganos debe respetarse y ha de procederse sin demora al nombramiento de su personal, que deberá basarse en un proceso de selección equitativo y despolitizado y atender a criterios objetivos.

Ha proseguido la buena cooperación con la misión de la UE sobre el Estado de Derecho, EULEX. Las autoridades kosovares han suscrito un importante compromiso político en favor de la prórroga del mandato de la misión y han acordado la creación de un tribunal especializado para conocer los casos abiertos a raíz de las conclusiones del grupo de trabajo especial de investigación. Para completar este proceso, Kosovo ha de adoptar las modificaciones legislativas necesarias, en particular de su constitución. Las autoridades judiciales han reaccionado correctamente a los desafíos estructurales, como los relacionados con la amplia reforma judicial que se aprobó en 2013 y el proceso de transferencia de algunas funciones de EULEX a las autoridades locales. El diálogo estructurado sobre el Estado de Derecho siguió contribuyendo a este proceso. El número de casos pendientes de resolución y la necesidad de garantizar una justicia imparcial e independiente siguen siendo un reto. Es necesario que las autoridades judiciales de Kosovo actúen de manera proactiva para llevar a cabo procesamientos basados en pruebas admisibles, y dicten sentencias puntuales y bien motivadas, con independencia de la opinión pública o política dominante.

Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, ha aumentado el número de investigaciones de casos relacionados con las drogas y se han desmantelado algunas bandas involucradas en el tráfico de seres humanos. Sin embargo, con un bajo número de condenas efectivas e incautaciones de alijos, Kosovo se encuentra en una fase inicial en su lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Los servicios con funciones coercitivas son reacios a abrir investigaciones financieras y el número de casos de embargo preventivo y decomiso de bienes dictados por los tribunales y ejecutados por la policía sigue siendo bajo. La intimidación de testigos sigue suscitando gran preocupación. El nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento han de mostrar tolerancia cero frente a la corrupción y la delincuencia organizada y hacer gala de una clara voluntad política en favor de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La clase política kosovar ha de demostrar su disposición a aceptar el resultado de los procesos judiciales independientes. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la infiltración de los sistemas políticos, jurídicos y económicos por medios delictivos.

La puesta en práctica de la estrategia (2010-13) y el plan de acción (2012-14) sobre la reforma de la administración pública ha supuesto un desafío importante para Kosovo, y los resultados obtenidos han sido muy limitados. El país, que cuenta con el respaldo de un firme compromiso político, debe establecer un marco estratégico realista para la elaboración de políticas, la planificación legislativa y la aplicación práctica de las reformas. Una de las prioridades consiste en completar el marco legislativo de la función pública, haciendo hincapié en su despolitización, y llevar a cabo las evaluaciones de rendimiento del servicio civil. Además, Kosovo ha de adoptar una ley general sobre procedimientos administrativos, pieza esencial para el desarrollo de un entorno favorable a las empresas. Si bien ya están en vigor algunas normas y reglas de gestión financiera pública, Kosovo ha de velar por que se siga un enfoque más amplio en relación con las reformas en este campo. También debe garantizar su puesta en práctica y mejorar el seguimiento de los informes del auditor general.

En Kosovo, los derechos humanos y los derechos fundamentales siguen estando, en líneas generales, garantizados por la ley. La comisión independiente de medios de comunicación vuelve a estar operativa. Los autores de actos de violencia contra el diario Kosovo 2.0 fueron condenados a penas de libertad condicional. Las amenazas y ataques contra activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y periodistas han continuado y constituyen un grave problema. Han de establecerse las condiciones que garanticen la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Debe garantizarse el ejercicio eficaz de los derechos de propiedad, incluido el acceso de las mujeres a bienes heredados. Kosovo aún tiene que racionalizar su sistema institucional relativo a la protección de los derechos humanos. La distribución de competencias no es clara, lo que constituye un obstáculo a la aplicación de la legislación y a su seguimiento.

Se han asignado tierras a algunas familias desplazadas de la comunidad romaní que residen en un campamento en Montenegro. Se ha clausurado el edificio principal del campamento de Leposaviq/Leposavić. El consejo de aplicación y seguimiento ha facilitado una mayor protección del patrimonio cultural y religioso. No obstante, Kosovo debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación de la legislación y los marcos políticos, incluidos el plan de acción sobre la integración de la población romaní, ashkali y egipcia. Los incidentes en materia de seguridad y los delitos contra personas pertenecientes a minorías y sus propiedades deben investigarse y perseguirse a fondo y con celeridad. Han de aplicarse las leyes sobre el centro histórico de Prizren y Velika Hoča/Hoçë e Madhe. Preocupa sobre todo la situación sobre la ley relativa a Velika Hoča/Hoçë e Madhe, pues no se han registrado avances en su ejecución a pesar de una decisión municipal de febrero de 2013 que instaba a ello y de las instrucciones administrativas del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Se requiere una acción decidida para prevenir la construcción ilegal y la demolición de monumentos del patrimonio cultural.

En cuanto a la cooperación regional, Kosovo ha seguido avanzando, y ha celebrado otros acuerdos bilaterales de cooperación con varios de sus vecinos.

En lo que respecta a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo ha seguido participando en el diálogo y mantiene su compromiso, en líneas generales, con la aplicación del primer acuerdo, de principios de abril de 2013, que rige la normalización de las relaciones y de los demás acuerdos alcanzados en el marco del diálogo. Resultado de todo ello es una serie de cambios irreversibles, como las primeras elecciones municipales y legislativas celebradas en todo el territorio de Kosovo y el desmantelamiento de las estructuras policiales y judiciales serbias, que ha avanzado sustancialmente. Se aprobó una solución permanente para la inclusión de Kosovo en el proceso de cooperación en el sudeste de Europa (SEECP en sus siglas en inglés). Si bien no se han celebrado reuniones de alto nivel desde la convocatoria de elecciones anticipadas en Kosovo, han proseguido los trabajos a nivel técnico, lo que se ha traducido en avances en los ámbitos de la recaudación aduanera, la gestión integrada de las fronteras, la energía y las telecomunicaciones.

En cambio, los avances en la aplicación del diálogo han sido, en general, más lentos. Se celebraron elecciones anticipadas en Serbia y Kosovo. Es importante que se reanude el diálogo de alto nivel. Es asimismo esencial que ambas partes sigan participando plenamente en la aplicación de buena fe de todos los acuerdos existentes. Los nuevos avances registrados deberían conducir gradualmente a la plena normalización de las relaciones entre ambos países, que se plasmaría en un acuerdo jurídicamente vinculante al término de las negociaciones de adhesión de Serbia, a la espera de que los dos países puedan ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo ha realizado avances limitados de cara a su conversión en una economía de mercado en funcionamiento. Se necesitan esfuerzos sustanciales para subsanar las deficiencias estructurales de modo que el país pueda hacer frente a largo plazo a las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión.

El crecimiento económico se mantuvo en un 3,4 %, pero no se tradujo en ninguna mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Persisten importantes desequilibrios exteriores a pesar de una ligera reducción del déficit comercial. La estabilidad macroeconómica se ha preservado en gran medida pese a los significativos incrementos del gasto público decididos ad hoc antes de las elecciones, en particular en salarios y pensiones. Esta práctica mina la transparencia, la previsibilidad y la credibilidad de la política fiscal, complica la planificación presupuestaria y altera la composición del gasto, facilitando gastos menos favorables al crecimiento.

Es vital reforzar la planificación presupuestaria y aplicar eficazmente la normativa fiscal. Por otra parte, las decisiones relacionadas con grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo en el sector del transporte, deben basarse en evaluaciones de rentabilidad adecuadas a fin de maximizar los beneficios económicos. Habida cuenta del persistente y elevadísimo desempleo, son necesarios esfuerzos encaminados a facilitar el desarrollo del sector privado, mejorando para ello el entorno empresarial. A tal fin, deben suprimirse rápidamente los obstáculos derivados de las débiles capacidades administrativas, el difícil acceso a la financiación y los largos y complejos procedimientos de privatización. Kosovo ha de velar por el correcto funcionamiento del sistema jurídico y judicial, reforzar eficazmente la ejecución de los contratos y reducir efectivamente los retrasos en los tribunales. También han de mejorarse las estadísticas económicas.

En lo que respecta a la aproximación a la legislación y las normas de la UE, las instituciones kosovares han demostrado su capacidad para alcanzar los objetivos marcados en las prioridades políticas, por ejemplo las negociaciones sobre el AEA, el diálogo de liberalización de visados y el diálogo con Serbia, como resultado de compromisos políticos firmes. Los resultados obtenidos en otros ámbitos de reforma prioritarios han sido más desiguales. El marco jurídico básico que permite la circulación de capitales sigue en vigor, pero subsisten obstáculos a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Por lo que se refiere a la competencia, la trayectoria de Kosovo es limitada, debido al débil control que se hace de las prácticas contrarias a la competencia y las ayudas estatales. Kosovo ha de garantizar la independencia y eficacia de la labor de las autoridades de competencia. La legislación sobre contratación pública se modificó con el fin de introducir preferencias para los productores locales. Estas preferencias han de ser eliminadas en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del AEA.

En Kosovo se ha registrado una mejora constante del suministro de energía, de modo que los cortes de electricidad son ahora poco frecuentes. La explosión en la central Kosovo A puso de manifiesto la fragilidad del sistema. El país debe preparar de manera más activa el desmantelamiento de esta central. Se han registrado avances importantes en agricultura y seguridad alimentaria, y ello pese a la escasez de recursos. La transferencia de inspectores a la agencia central debe completarse urgentemente y es esencial para el cumplimiento de las normas veterinarias y alimentarias, que son importantes para el comercio en el contexto del AEA. La falta de interés por el medio ambiente se ha convertido en un problema grave para la salud pública y la calidad de vida en Kosovo.

Turquía

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el año se caracterizó, una vez más, por agudos contrastes.

Por un lado, prosiguió la aplicación de las reformas adoptadas en años anteriores. Se adoptaron y aplicaron algunas medidas del 3er y el 4º paquetes de reforma judicial, así como las medidas anunciadas en el paquete de democratización presentado en septiembre de 2013. Estas medidas, entre otras cosas, redujeron el techo de apoyo presupuestario a los partidos políticos y permitieron la realización de actividades políticas y enseñanza privada en lenguas y dialectos distintos del turco. La adopción en marzo de un plan de acción sobre la prevención de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) representó un paso importante con miras a la alineación del marco jurídico turco con la práctica y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Tribunal Constitucional siguió aplicando el procedimiento de demanda individual y adoptó una serie de decisiones importantes que refuerzan la protección de los derechos fundamentales en el país y que demuestran la resiliencia de su sistema constitucional.

En junio, el Parlamento turco aprobó una ley que prevé una base jurídica más sólida para el proceso de resolución del conflicto kurdo, que aspira a su solución definitiva. La ley fue aprobada con un amplio apoyo de los partidos políticos. Incluye medidas tendentes a la eliminación del terrorismo, el refuerzo de la inclusión social, la reintegración de las personas que abandonen el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y depongan las armas, y la preparación de la opinión pública ante el retorno de antiguos combatientes. La ley refuerza la base para el proceso de resolución del conflicto y constituye una contribución positiva a la estabilidad y la protección de los derechos humanos en Turquía.

En septiembre, el Ministerio de Asuntos de la UE presentó una estrategia sobre la Unión Europea destinada a revitalizar el proceso de adhesión de Turquía. La estrategia se basa en tres pilares: reformas políticas; transformación socioeconómica en el proceso de adhesión; y estrategia de comunicación. Es de esperar que se le dé continuidad con planes de acción que prevean actuaciones y plazos concretos.

Por otra parte, la respuesta del Gobierno a las denuncias de corrupción contra personalidades de alto nivel, incluidos miembros del Gobierno y sus familias, suscitó serias dudas sobre la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho. En concreto, esta respuesta consistió en modificaciones de la ley sobre el consejo supremo de jueces y fiscales y en numerosos traslados y despidos de jueces y fiscales, así como traslados, despidos e incluso detenciones de un gran número de agentes de policía. Ello suscitó preocupación sobre las capacidades operativas de la judicatura y la policía y arrojó serias dudas sobre su capacidad para llevar a cabo las investigaciones sobre denuncias de corrupción de forma no discriminatoria, transparente e imparcial. El Tribunal Constitucional dictaminó que una serie de disposiciones de la Ley sobre el Consejo supremo de jueces y fiscales era inconstitucional, a raíz de lo cual el Parlamento modificó la legislación y renovó disposiciones anteriores.

Estos acontecimientos se han traducido asimismo en una mayor polarización del espectro político. Varios actos legislativos propuestos por la mayoría gobernante, en particular sobre cuestiones fundamentales para la democracia turca, se adoptaron sin un debate parlamentario o consulta adecuados de las partes interesadas y de la sociedad civil. El proceso global de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como local, debería pasar por una consulta más estructurada y sistemática de la sociedad civil. Es esencial reformar el actual entorno jurídico de modo que sea más propicio al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en general.

Por lo que respecta a la libertad de expresión, prosiguió un amplio debate público sobre temas previamente considerados sensibles, como las cuestiones kurda y armenia. Sin embargo, algunas disposiciones del marco jurídico turco y su interpretación por parte de miembros de la judicatura siguen suponiendo un estorbo a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación. Las modificaciones de la ley de internet restringieron la libertad de expresión en la red. La prohibición general del uso de YouTube y Twitter ha suscitado grave preocupación, aunque posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Funcionarios del Estado han seguido haciendo declaraciones que tienen un efecto intimidatorio para los medios de comunicación. Esta circunstancia, sumada a la estructura de propiedad del sector, se tradujo en prácticas de autocensura en la prensa, así como a la dimisión o el despido de periodistas.

La legislación turca sobre el derecho de reunión, más centrada en la legalidad que en el carácter pacífico de las manifestaciones, y su aplicación por parte de los cuerpos de seguridad, tendrá que adaptarse a la normativa europea. La legislación relativa a la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la ley, como órgano de control independiente en relación con los delitos cometidos por policías, está pendiente de adopción.

La falta de claridad del concepto de «pertenencia a banda armada» en la legislación penal sigue estando en el origen de un gran número de detenciones y procesamientos. Debe determinarse un marco jurídico en materia de convicciones y objeción de conciencia que sea compatible con el CEDH. Se necesitan esfuerzos sustanciales para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres, los niños y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La violencia doméstica, los ocasionales crímenes de «honor» y los matrimonios precoces y forzados siguen siendo un problema grave. Turquía tiene que garantizar el pleno respeto de los derechos de propiedad, en particular los de las comunidades religiosas no musulmanas.

Es necesario subsanar estas deficiencias, y las autoridades deben redoblar esfuerzos para proteger otros derechos y libertades fundamentales, de modo que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin trabas.

La firma, el 16 de diciembre de 2013, del acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía, paralelamente al inicio del diálogo sobre la liberalización de los visados, imprimió un nuevo impulso a las relaciones entre ambas partes. El acuerdo de readmisión entró en vigor el 1 de octubre de 2014, mientras que el primer informe sobre los progresos realizados por Turquía en el marco de la hoja de ruta para la liberalización de visados se publicó el 20 de octubre de 2014. Es importante que estos dos procesos sigan su curso. La plena y efectiva aplicación en relación con todos los Estados miembros es de crucial importancia.

En lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, Turquía ha mejorado su programa de lucha contra la financiación del terrorismo, ha consolidado la red de unidades de protección de testigos y ha reorganizado las responsabilidades en la lucha contra el tráfico de seres humanos. No obstante, la destitución a gran escala de oficiales de policía ha suscitado preocupación por las repercusiones que esta medida pudiera tener en las capacidades operativas de los servicios policiales que participan en la lucha contra la delincuencia organizada. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es fundamental para poner coto a la influencia de los grupos delictivos en los sistemas políticos, jurídicos y económicos.

En política exterior, Turquía ha seguido desempeñando un papel importante en los países de su entorno más amplio. Su papel ha sido particularmente decisivo en Siria, condenando firme y reiteradamente la violencia del régimen sirio contra los civiles, apoyando el desarrollo de una oposición más unificada y prestando una asistencia humanitaria vital a más de un millón de sirios que huyen de su país. También ha seguido prestando apoyo práctico a las conversaciones E3 + 3 con Irán. Se sentaron bases sólidas con miras a una mayor seguridad energética europea con la adopción de las decisiones finales de inversión para la realización de tres proyectos relativos al corredor meridional de gas. Prosiguió el diálogo político regular entre la UE y Turquía, que abarca cuestiones internacionales de interés común, como Oriente Próximo y Asia Central, y cuestiones de interés mundial, como la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y la cuestión de los combatientes extranjeros. Turquía ha mantenido su política de compromiso en los Balcanes Occidentales, en particular mediante su participación activa en el proceso de cooperación de Europa Sudoriental y su contribución a las misiones militares, policiales y de Estado de Derecho dirigidas por la UE. A la luz de los retos importantes que se plantean en la vecindad inmediata de Turquía, debe intensificarse aún más el diálogo con la UE y ha de mejorar la adaptación a las posiciones de la UE.

Turquía apoyó la reanudación de las conversaciones acerca de una solución global entre los líderes de las dos comunidades de Chipre, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. En el contexto de las negociaciones en curso, Turquía y Grecia facilitaron visitas recíprocas de los dos negociadores principales a Ankara y Atenas.

No obstante, Turquía siguió pronunciándose contra el derecho de la República de Chipre a explotar los recursos petroleros de la zona económica exclusiva de Chipre en beneficio de todos los chipriotas. Es de esperar que Turquía apoye activamente las negociaciones con miras a una solución justa, global y viable al problema de Chipre en el marco de las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en consonancia con los principios en que se fundamenta la UE. El compromiso de Turquía en términos concretos a favor de dicha solución global sigue siendo fundamental. A pesar de los repetidos llamamientos del Consejo y la Comisión, Turquía sigue sin cumplir su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha retirado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones sobre los enlaces directos de transporte con Chipre. No se han registrado avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

Turquía necesita comprometerse de manera inequívoca en favor del mantenimiento de relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha expresado una vez más su honda preocupación y ha instado a Turquía a que evite todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricciones o intervenciones que pudieran empañar las relaciones de buena vecindad y perjudicar la resolución pacífica de contenciosos.

La UE ha acogido con satisfacción el hecho de que sigan su curso las iniciativas de cooperación entre Grecia y Turquía encaminadas a la mejora de las relaciones bilaterales. Tuvo lugar la última ronda —la número 58º— de negociaciones exploratorias para la delimitación de la plataforma continental. Grecia y Chipre presentaron denuncias formales sobre las reiteradas y crecientes violaciones de sus aguas territoriales y de su espacio aéreo por parte de Turquía, en particular los vuelos sobre las islas griegas.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Turquía es considerada una economía de mercado en funcionamiento. Debería poder hacer frente a medio plazo a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que acelere la ejecución de las reformas estructurales globales.

Tras la ralentización de 2012, la producción y el empleo han crecido a una tasa moderadamente alta. No obstante, el desempleo ha aumentado como resultado del fuerte aumento de la población activa. El déficit de la balanza por cuenta corriente, que registró una ligera caída en 2014, se ha mantenido a un nivel elevado. La dependencia de las entradas constantes de capital coloca a Turquía en una posición vulnerable a los cambios en las expectativas del riesgo global, lo que se traduce en grandes fluctuaciones del tipo de cambio.

Aunque el déficit presupuestario y la deuda pública se han mantenido en niveles moderados, los sobrecostes persistentes por el lado de los gastos requieren el refuerzo del marco presupuestario. La política fiscal debería contribuir a incrementar el ahorro nacional global en vista de la necesidad de reducir el déficit exterior. Considerando que la inflación ha registrado una tendencia al alza, alejándose así cada vez más del objetivo marcado por el Banco Central, la política monetaria debe seguir una senda restrictiva y centrarse claramente en la estabilidad de los precios. Pese a los avances registrados en lo que respecta a las privatizaciones y la liberalización del mercado de la electricidad, es esencial acelerar las reformas estructurales sobre una base amplia a fin de mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo. Estas reformas deben incluir nuevas mejoras del sistema judicial y de las capacidades administrativas, una mayor transparencia de las ayudas estatales, y un sistema de contratación pública justo y competitivo.

Por lo que se refiere a la capacidad para asumir las obligaciones inherentes a la adhesión a la Unión, Turquía ha seguido alineándose con el acervo. En 2013 se abrió otro capítulo de negociación (22 - Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales). Se han registrado notables avances en materia de redes transeuropeas. Turquía ha dado asimismo pasos importantes en ámbitos clave del capítulo 24, en particular la política de migración y asilo, pese a la considerable carga que representa la continua crisis de refugiados. Se ha avanzado en los ámbitos de la energía, especialmente en seguridad del abastecimiento y mercado interior de la electricidad, el Derecho de sociedades, la política empresarial e industrial, las estadísticas, la ciencia y la investigación, la libre circulación de capitales, con respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la ejecución del programa de desarrollo rural previo a la adhesión.

En general, Turquía ha avanzado en la adaptación del acervo en varios capítulos, como la libre circulación de mercancías, el Derecho de sociedades, el Derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, la energía, la política económica y monetaria, las estadísticas, la empresa y la política industrial, las redes transeuropeas, la ciencia y la investigación, la unión aduanera y las relaciones exteriores.

Ha de prestarse más atención al cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos. Deben proseguir los esfuerzos globales en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad, la seguridad de los alimentos, la política veterinaria y fitosanitaria, el medio ambiente y el cambio climático. Es asimismo necesario hacer progresos significativos en los ámbitos del sistema judicial y los derechos fundamentales, la política social y el empleo, en particular en lo que respecta al Derecho laboral y la salud y la seguridad en el trabajo. Debe proseguir la armonización legislativa, especialmente en la contratación pública, la política de competencia (en particular las ayudas estatales), la sociedad de la información y los medios de comunicación.

[1]               COM (2012) 600 final.

[2]               COM (2013) 700 final.

*               Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244/99 y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.

[3]               COM(2014) 330 final.

[4]               Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

[5]               Abril de 2013, «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones».

[6]               Libre circulación de mercancías, derecho de establecimiento y libre prestación de servicios (Montenegro ha cumplido el criterio de referencia de apertura para este capítulo, por lo que se le invitó a presentar su posición de negociación); política de la competencia; agricultura y desarrollo rural; seguridad de los alimentos, política veterinaria y fitosanitaria; pesca; energía; política económica y monetaria; empleo y política social; política regional y coordinación de los instrumentos estructurales; medio ambiente y cambio climático.

[7]               Libre circulación de capitales; contratación pública; Derecho de sociedades; Derecho de propiedad intelectual; sociedad de la información y medios de comunicación; política industrial y empresarial; política exterior, de seguridad y de defensa; control financiero.