11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/89

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1),

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 312,

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Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea (2),

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Vistas la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (3) y sus normas de aplicación,

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Vista la Comunicación de la Comisión sobre la revisión del presupuesto de la UE (COM(2010)0700),

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Vista su Decisión de 16 de junio de 2010 sobre la constitución de una comisión especial sobre retos políticos y recursos presupuestarios para una Unión Europea sostenible después de 2013 (4),

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Vistas las contribuciones del Nationalrat de Austria, la Cámara Checa, el Folkentinget de Dinamarca, el Riigikogu de Estonia, el Bundestag de Alemania, el Bundesrat de Alemania, el Oireachtas de Irlanda, el Seimas de Lituania, el Saeima de Letonia, la Assembleia da República de Portugal, la Tweede Kamer de los Países Bajos y el Riksdagen de Suecia,

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Visto el artículo 184 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión especial sobre los retos políticos y los recursos presupuestarios para una Unión Europea sostenible después de 2013 y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0193/2011),

A.

Considerando que el Parlamento decidió crear una comisión especial con el siguiente mandato:

B.

Considerando que la Comisión especial debe presentar su informe final antes de que la Comisión presente sus propuestas sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP),

C.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión se dotará con los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas y se financiará íntegramente con cargo a los recursos propios,

D.

Considerando que, de acuerdo con los artículos 312, apartado 5, y 324 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo participará debidamente en el proceso de negociación del próximo MFP,

E.

Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa refuerza las políticas de la Unión y crea nuevos ámbitos de competencia que se deben reflejar en el próximo MFP,

F.

Considerando que los desafíos a los que se enfrentan la Unión y sus ciudadanos, tales como la crisis económica global, el rápido crecimiento de las economías emergentes, la transición hacia una sociedad sostenible y una economía eficiente en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático, los retos demográficos, incluida la integración de los inmigrantes y la protección de los solicitantes de asilo, el cambio en la distribución global de producción y ahorro hacia las economías emergentes, la lucha contra la pobreza, así como las amenazas de las catástrofes naturales o provocadas por el hombre y del terrorismo y el crimen organizado, requieren una respuesta firme de la Unión y sus Estados miembros,

G.

Considerando que la Unión Europea goza de mayor peso en la escena internacional que la suma de sus Estados miembros por separado,

H.

Considerando que el principal objetivo de la política de cohesión de la UE debe seguir siendo la reducción de las disparidades sociales, económicas y territoriales que siguen existiendo en toda la Unión, y que una política de cohesión visible y exitosa tiene por sí misma un valor añadido europeo y debe beneficiar a todos los Estados miembros de la UE,

I.

Considerando que los ciudadanos de la UE se han vuelto más exigentes respecto de la Unión y también más críticos de su desempeño; considerando que los ciudadanos solo volverán a sentirse parte de la Unión cuando estén seguros de que sus valores e intereses están mejor atendidos por la Unión,

J.

Considerando que la estrategia Europa 2020 debería ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir fortalecida, a través de la creación de empleo y del crecimiento inteligente, sostenible e incluyente; considerando que esta estrategia se basa en cinco objetivos principales de la Unión: la promoción del empleo, la mejora de las condiciones para la innovación, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y los objetivos energéticos, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular mediante la reducción de la pobreza,

K.

Considerando que el presupuesto de la Unión es un poderoso agente para la reforma; y que su impacto puede aumentar si moviliza fuentes adicionales de financiación privada y pública para apoyar la inversión, actuando así como un catalizador en el efecto multiplicador de gastos de la Unión; considerando que el denominado principio del «justo retorno» carece de justificación económica, dado que no tiene debidamente en cuenta el valor añadido europeo, los efectos inducidos y el principio de solidaridad entre los países de la UE,

L.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 3 del TUE, el desarrollo sostenible de Europa debe basarse en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente,

M.

Considerando que el principio de buena gestión financiera es uno de los principios básicos para la ejecución del presupuesto de la Unión; considerando que muchos Estados miembros están haciendo difíciles ajustes fiscales a sus presupuestos nacionales y que la buena gestión financiera —eficiencia, eficacia y economía— se ha vuelto cada vez más importante en el gasto público, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros,

N.

Considerando que las disposiciones para el ajuste periódico de los programas de gastos a las cambiantes necesidades y circunstancias han sido insuficientes; considerando que la naturaleza compleja del Reglamento y las normas ha sido una de las razones del bajo rendimiento de los sistemas de gestión y control,

O.

Considerando que los cuatro primeros años del actual MFP 2007-2013 han demostrado claramente los límites de la capacidad del marco financiero para dar cabida a nuevas situaciones y prioridades sin poner en peligro las existentes; considerando que el MFP actual ha sido incapaz de responder rápidamente a nuevos compromisos tales como Galileo, ITER, el mecanismo alimentario (Food Facility) o el Plan europeo de recuperación económica,

P.

Considerando que la introducción del recurso RNB en 1988 en el sistema de financiación de la UE debía de complementar temporalmente un descenso en los recursos propios, pero se prorrogó y reforzó durante años y hoy día es el principal componente de los recursos presupuestarios de la UE; onsiderando que este predominio ha enfatizado la tendencia de los Estados miembros a calcular su saldo neto, lo que tiene como consecuencia una serie de reembolsos, correcciones, excepciones y compensaciones que anulan el sistema actual de recursos propios, excesivamente complejo, opaco, sin vínculos suficientes con las políticas existentes de la Unión y carente de imparcialidad y que, por tanto, es incapaz de garantizar una financiación transparente y eficaz de las políticas de la Unión en aras del interés europeo, y termina siendo por completo incomprensible para los ciudadanos europeos,

Q.

Considerando que, en su Resolución de 8 de marzo de 2011 sobre una financiación innovadora a escala mundial y europea (5), el Parlamento Europeo aprobó la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) que «podría contribuir a la lucha contra los modelos de negocio altamente perjudiciales en los mercados financieros, como algunas estrategias a corto plazo y la negociación automatizada de alta frecuencia, así como a frenar la especulación»;

1.

Cree que los retos del futuro —demografía, cambio climático o suministro de energía— son ámbitos en los que la Unión Europea, que es mucho más que la suma de sus Estados miembros, puede demostrar su valor añadido;

2.

Señala que la actual crisis y las severas restricciones en el gasto público han hecho que sea más difícil que los Estados miembros sigan avanzando en términos de crecimiento y mayor competitividad, así como en la búsqueda de convergencia económica y social, y participando plenamente en el mercado interior; cree firmemente que la solución a la crisis es ser más y no menos Europa;

3.

Considera que la expresión «recursos sostenibles para la Unión Europea» equivale, ante todo, a una nueva concepción del «sistema de recursos» del presupuesto de la UE para sustituir las contribuciones nacionales actuales por recursos auténticamente europeos;

4.

Considera que los últimos acontecimientos muestran que la zona del euro necesita una gobernanza económica más enérgica y que un pilar monetario sin un pilar social y económico está condenado al fracaso; considera este aspecto esencial para que la Unión refuerce su sistema de gobernanza económica a fin de garantizar la aplicación de la estrategia UE 2020 (restaurar y salvaguardar los índices de crecimiento económico a largo plazo), evitar que se repita la presente crisis y salvaguardar el proyecto europeo;

5.

Señala que la crisis ha puesto de relieve los retos estructurales que la mayoría de las economías de los Estados miembros deben afrontar: escasa productividad, altos niveles de deuda pública, elevados déficit fiscales, desempleo estructural, obstáculos persistentes en el mercado interior, escasa movilidad de la mano de obra y nociones obsoletas sobre competencias, que contribuyen a un escaso crecimiento; subraya la necesidad de realizar inversiones en ámbitos clave como la educación, la investigación y la innovación, con el fin de superar esos retos estructurales, y subraya la importancia de invertir la tendencia a la baja de las inversiones públicas;

6.

Recuerda que, según las actuales tendencias en materia de inversión, Asia puede estar en 2025 a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos; recuerda, no obstante, que tales cambios no sólo representan grandes retos, sino también oportunidades, como es el caso del intenso aumento en el potencial exportador de la UE; señala que en la educación académica y profesional de nivel terciario, la Unión también va a la zaga, ya que sólo 30 universidades europeas están en la lista de las 100 mejores del mundo; destaca que Europa también se queda rezagada en la carrera de habilidades y atrae la atención sobre el hecho de que en 202 016 millones de puestos de trabajo exigirán altas cualificaciones mientras que la demanda de cualificaciones bajas se reducirá en 12 millones de puestos de trabajo;

7.

Considera que uno de los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea es el de mantener su competitividad, aumentar el crecimiento, luchar contra el alto índice de desempleo, centrarse en mercados de trabajo que funcionen correctamente y en las condiciones sociales para mejorar el rendimiento del empleo, promover el trabajo digno, garantizar los derechos de los trabajadores en toda Europa, mejorar las condiciones laborales y reducir la pobreza;

8.

Insiste en que la Unión debe afrontar el reto demográfico; señala que la combinación de una menor población activa y una mayor proporción de jubilados ejercerá una presión adicional sobre sus sistemas de bienestar y su competitividad económica;

9.

Expresa su preocupación por el hecho de que la expansión de la población mundial de 6 a 9 mil millones intensificará la competencia mundial por los recursos naturales y ejercerá una presión adicional sobre el medio ambiente a nivel local y global; señala que la demanda de alimentos se incrementará probablemente en un 70 % en 2050 y que el uso y la gestión ineficientes e insostenibles de las materias primas y de los productos básicos exponen a los ciudadanos a una competencia perjudicial entre los alimentos, la conservación de la naturaleza y la producción de energía, así como a considerables incrementos de los precios; señala, asimismo, que también puede tener graves consecuencias para la industria en lo que se refiere a las oportunidades comerciales, incluidas restricciones al acceso a las materias primas, amenazas a la seguridad económica y contribución al cambio climático; pone de relieve, por tanto, la necesidad de que la UE actúe de inmediato y lidere el proceso hacia una economía basada en el uso sostenible de recursos;

10.

Atrae la atención sobre el creciente consumo mundial de energía y el hecho de que la dependencia de las importaciones de energía va a aumentar, hasta el punto que la Unión deberá importar en 2050 casi dos tercios de la energía que necesita si no se modifican adecuadamente las políticas actuales en materia de energía y si la UE y los Estados miembros no hacen mayores esfuerzos por desarrollar sus propias fuentes de energía renovables y hacer realidad su potencial de eficacia energética, teniendo plenamente en cuenta los compromisos de la UE en materia de energía y clima, así como aspectos relativos a la seguridad; advierte de que la volatilidad de los precios y la incertidumbre de la oferta aumentarán asimismo por la inestabilidad política de los países productores de energía; pide, por consiguiente, que se diversifiquen las vías de suministro y los socios comerciales;

11.

Apoya la idea de que la financiación de la UE en su conjunto debería conducir a una mejora del estado general del medio ambiente europeo en base a una reducción de las emisiones de GEI que corresponda, al menos, a los objetivos recogidos en la presente legislación de la UE; propone, por lo tanto, que se analicen sobre la base de niveles globales los efectos positivos y negativos para el clima y el medio ambiente del gasto de los fondos de la UE;

12.

Considera que la globalización ha aumentado la sensación de vulnerabilidad al diluir los límites entre las formas de libertad, justicia y seguridad internas y externas; está convencido de que para abordar los retos de seguridad del siglo XXI al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos fundamentales y las libertades personales, se necesitan respuestas globales y anticipadas que solo un actor de la dimensión de la Unión puede aportar; está convencido de que la dimensión exterior de la seguridad de la UE está estrechamente vinculada a la democracia, al Estado de Derecho y a la buena gobernanza de terceros países y que la UE tiene una responsabilidad especial para contribuir a ello;

13.

Está convencido de que la Unión, en su condición de gran potencia política, económica y comercial, debe desempeñar plenamente su papel en la escena internacional; recuerda que el Tratado de Lisboa proporciona nuevas herramientas para proyectar mejor los intereses y valores europeos en todo el mundo; hace hincapié en que, solo si actúa colectivamente, la Unión aportará valor añadido a la escena mundial y podrá influir en las decisiones políticas globales; insiste en que una representación exterior más fuerte deberá ir acompañada de una coordinación interna más fuerte;

14.

Está convencido de que el fortalecimiento del sentido de propiedad pública de la Unión debe convertirse en una fuerza motriz de la acción colectiva; considera que dar ejemplo de «buena gobernanza» es, con mucho, el medio más poderoso de que dispone la Unión para asegurarse de que no decaiga el compromiso y la implicación de sus ciudadanos;

15.

Subraya que el principal objetivo del gasto presupuestario de la UE es crear valor añadido europeo (VAE), poniendo en común recursos, actuando como un catalizador y ofreciendo economías de escala, efectos transfronterizos positivos e indirectos, contribuyendo así al logro de los objetivos políticos comunes acordados con mayor eficacia o rapidez y a la reducción de los gastos nacionales; recuerda que, como principio, debe evitarse toda duplicación de los gastos y el solapamiento de los fondos asignados en varias líneas presupuestarias, y que el gasto de la UE siempre debe destinarse a crear un valor superior al total del gasto individual de los Estados miembros; considera que, si se utiliza correctamente, el marco financiero plurianual constituye un instrumento muy importante para la planificación a largo plazo del proyecto europeo al tener en cuenta la perspectiva europea y el valor añadido de la Unión;

16.

Señala que las siguientes áreas son posibles candidatos para una mayor sinergia y economías de escala: el Servicio Europeo de Acción Exterior, la ayuda humanitaria y, más concretamente, una capacidad de respuesta rápida de la UE, la puesta en común de recursos defensivos, el desarrollo y la innovación, grandes proyectos de infraestructuras (sobre todo en el ámbito de la energía y el transporte) y la supervisión del mercado financiero;

17.

Considera que, junto con el control de subsidiariedad a través de los Parlamentos nacionales recogido en el Tratado de Lisboa, ha de llevarse a cabo una evaluación del VAE de cada propuesta legislativa con relevancia presupuestaria dentro de las mejores prácticas; insiste, sin embargo, en que la evaluación del VAE necesita algo más que un «método de la hoja de cálculo» y que la evaluación política tiene que examinar si las medidas previstas contribuirán eficazmente y de manera efectiva a alcanzar los objetivos comunes de la UE y si van a crear bienes públicos de la UE; señala que los elementos principales y más importantes del VAE, como paz, estabilidad, libertad y libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, no pueden evaluarse en términos numéricos;

18.

Subraya la necesidad de comprobar que todo el gasto de la UE se ajusta a las obligaciones del Tratado y al acervo comunitario o a los principales objetivos políticos de la UE; destaca que se puede generar VAE no sólo mediante el gasto, sino también mediante la legislación europea y la coordinación de las políticas nacionales y de la UE en materia económica, fiscal, presupuestaria y social; está convencido de que hay que aumentar el valor añadido europeo del gasto en el futuro MFP; subraya que la financiación de la UE debería, siempre que sea posible, contribuir a más de un objetivo político de la UE al mismo tiempo (por ejemplo, cohesión territorial, adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad);

19.

Opina rotundamente que las inversiones a escala de la UE pueden conducir a ahorros significativamente superiores a escala nacional, sobre todo en áreas en las que la UE tiene un valor añadido innegablemente mayor al de los presupuesto nacionales; cree firmemente que el principio del VAE debería sustentar cualquier futura negociación sobre el presupuesto de la UE; acoge, por tanto, con satisfacción el compromiso de la Comisión de iniciar un análisis exhaustivo del «costo de la no Europa» para los Estados miembros y los presupuestos nacionales; pide a la Comisión que publique este informe a su debido tiempo a fin de que pueda ser tenido en cuenta durante el proceso de negociación del próximo MFP;

20.

Insta a una mejor coordinación entre el presupuesto de la UE y los presupuestos nacionales de los Estados miembros para la financiación de las prioridades políticas comunes de la UE; reitera la necesidad de coordinar los fondos públicos de gastos desde la planificación hasta su aplicación, a fin de garantizar una mejor eficacia y visibilidad, así como una mejor racionalización del presupuesto de la UE; cree que el nuevo mecanismo de coordinación de política económica y presupuestaria (el llamado «semestre europeo») debe desempeñar un papel importante a la hora de armonizar los fines políticos en toda Europa, así como con los objetivos de la UE, y ayudar así a lograr las deseadas sinergias presupuestarias entre los presupuestos de la UE y los presupuestos nacionales;

21.

Considera que, si bien el principio del VAE debe utilizarse para guiar las decisiones futuras, determinando las prioridades en los gastos, las diferentes políticas y actividades se deben aplicar en virtud del principio de un uso eficiente y eficaz de los créditos;

22.

Subraya que, para lograr resultados óptimos para el crecimiento sostenible, el desarrollo in situ, la solidaridad y la cohesión, se debe dar prioridad a la mejora de las sinergias entre todos los fondos del presupuesto de la UE que tengan un impacto en el desarrollo económico, así como a un enfoque integrado entre los diferentes sectores, el desarrollo de políticas orientadas a los resultados y, si procede, el uso de las condicionalidades, de los principios de «evitación de daños» y «quien contamina paga», de los factores de éxito y de los indicadores de rendimiento y resultados;

23.

Recuerda que el presupuesto de la UE es, principalmente, un presupuesto de inversión, que puede generar más inversiones procedentes de fuentes públicas o privadas; considera que atraer capital adicional será crucial para alcanzar los montos significativos de inversión necesarios para cumplir los objetivos políticos de la estrategia Europa 2020; destaca, en particular, la necesidad de maximizar el impacto de la financiación de la UE mediante la movilización, la agrupación y el aprovechamiento de los recursos financieros públicos y privados para infraestructuras y grandes proyectos de interés europeo sin comprometer la competencia;

24.

Toma nota de la evolución desde la década de 1990 de las asociaciones público-privadas (APP) de la Unión, entre otras cosas, en el sector del transporte, en el ámbito de los edificios y equipamientos públicos y en el medio ambiente, como formas de cooperación entre las autoridades públicas y el sector privado y como instrumento adicional para el suministro de infraestructuras y de servicios públicos estratégicos; manifiesta, no obstante, su preocupación por algunos problemas subyacentes de las APP e insiste en que la concepción de las APP en el futuro debe tener en cuenta las experiencias adquiridas y rectificar las deficiencias del pasado;

25.

Toma nota de la experiencia en general positiva de la utilización de instrumentos financieros innovadores, incluyendo la mezcla de subvenciones y préstamos y los mecanismos de distribución de riesgos, tales como el Instrumento de Garantía de Préstamos para proyectos de redes de transporte transeuropeas (LGTT), la Financiación del Riesgo Compartido (IFRC) y los instrumentos de la política de cohesión (JEREMIE, JESSICA, JASPERS y JASMINE), para hacer frente a un objetivo político específico; considera que la Unión debe tomar medidas, en particular, para mejorar la utilización de los fondos de la UE como catalizadores para atraer financiación adicional del BEI, el BERD, otras instituciones financieras internacionales y el sector privado;

26.

Pide por ello a la Comisión que proponga medidas para ampliar el sistema de financiación innovadora, después de su examen detallado y tras una evaluación precisa de las necesidades de inversión pública y privada, así como una metodología para la coordinación de la financiación de diferentes fuentes; pide a los Estados miembros que garanticen que sus marcos jurídicos nacionales permitan la ejecución de estos sistemas; pide, por lo tanto, el fortalecimiento sustantivo del marco reglamentario, presupuestario y operativo de estos mecanismos, a fin de garantizar su eficacia en términos de aprovechamiento de la inversión y uso adecuado de los recursos de la UE y asegurar un seguimiento adecuado, la presentación de informes y la rendición de cuentas; insiste, por otra parte, en la necesidad de garantizar que los riesgos subyacentes se cuantifican y se tienen debidamente en cuenta;

27.

Toma nota de las dificultades registradas en el pasado para encontrar inversores privados para proyectos de la UE a gran escala; reconoce que la crisis financiera ha incrementado la resistencia de los inversores privados a financiar proyectos de la UE y ha puesto de manifiesto la necesidad de reconstruir la confianza suficiente para permitir que los grandes proyectos de inversión atraigan el apoyo que necesitan; subraya que será necesario el apoyo del presupuesto de la UE, tanto a corto como a largo plazo, para atraer y movilizar fondos privados hacia proyectos de interés para la UE, especialmente proyectos con valor añadido europeo económicamente viables pero que no se considera que son comercialmente viables;

28.

Acoge con satisfacción, por lo tanto, la iniciativa Europa 2020 de «bonos para la financiación de proyectos» como un mecanismo de riesgo compartido con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por la que se establece un tope de apoyo del presupuesto de la UE, que deberá mejorar el aprovechamiento de los fondos de la UE y atraer un mayor interés de los inversores privados por participar en los proyectos prioritarios de la UE, de conformidad con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que presente una propuesta global sobre los bonos para la financiación de proyectos de la UE, basándose en la experiencia existente con instrumentos comunes de la UE y el BEI, y que incluya criterios claros y transparentes de elegibilidad y selección de proyectos; recuerda que los proyectos de interés comunitario que generan pocos ingresos seguirán necesitando financiación a través de subvenciones; teme que el volumen limitado del presupuesto de la UE pueda eventualmente imponer limitaciones a los impulsos adicionales para las nuevas iniciativas;

29.

Reitera la necesidad de garantizar la máxima transparencia, responsabilidad y control democrático de los instrumentos y mecanismos de financiación innovadora que impliquen la participación del presupuesto de la UE; pide a la Comisión que proponga un marco de aplicación y de elegibilidad de proyectos que deberá decidirse a través del procedimiento legislativo ordinario que garantice un flujo de información continuo y la participación de la Autoridad Presupuestaria respecto de la utilización de estos instrumentos en toda la Unión, lo que permitiría al Parlamento verificar que se respetan sus prioridades políticas, además de un mayor control de dichos instrumentos por parte del Tribunal de Cuentas Europeo;

30.

Considera que la mejora de la ejecución y calidad del gasto debe constituir el principio rector para lograr un uso óptimo del presupuesto de la UE así como para el diseño y la gestión de los programas y actividades post 2013;

31.

Subraya, además, que el diseño de los programas de gasto debe prestar la máxima atención a los principios de claridad de los objetivos, una conformidad plena con el acervo de la Unión y la complementariedad de los instrumentos y las acciones, armonización y simplificación de los requisitos de elegibilidad y de las normas de aplicación, transparencia y rendición de cuentas plena y acordada; hace hincapié en la importancia de integrar la cuestión de género en el presupuesto como una herramienta de buena gobernanza para mejorar la eficacia y la equidad;

32.

Subraya, en particular, que la simplificación de normas y procedimientos debe ser una prioridad clave horizontal y está convencido de que la revisión del Reglamento financiero debe desempeñar un papel crucial a este respecto;

33.

Subraya que la mejora de la gestión financiera en la Unión debe ir acompañada de un estrecho seguimiento de los progresos realizados en la Comisión y en los Estados miembros; insiste en que los Estados miembros deben asumir responsabilidad en lo que se refiere al uso correcto y a la gestión de los fondos de la UE y dar a conocer declaraciones nacionales anuales sobre el uso de los fondos europeos en el nivel político adecuado;

34.

Hace hincapié en la necesidad de hacer frente a la tendencia del creciente nivel de compromisos pendientes (RAL); recuerda que, según la Comisión, el nivel de RAL ascenderá, a finales de 2013, a 217 000 millones de euros; toma nota de que es inevitable que exista cierto nivel de RAL cuando se ejecutan programas plurianuales, pero destaca, no obstante, que la existencia de compromisos pendientes requiere, por definición, que se realicen los pagos correspondientes; no comparte, por consiguiente, el enfoque adoptado por el Consejo de decidir a priori el nivel de pagos sin tomar en consideración una evaluación precisa de las necesidades reales; hará por consiguiente todo lo posible, durante el procedimiento presupuestario anual del próximo MFP, por reducir las diferencias entre los créditos de compromiso y de pago mediante un aumento adecuado del nivel de pagos;

35.

Cree firmemente que es necesaria una evaluación de las fortalezas y debilidades de los sistemas de gestión y control de cada uno de los Estados miembros en distintos sectores de actuación para mejorar la calidad de la gestión y el control de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros; considera además que, para aumentar la eficiencia y eficacia de los fondos de la UE, así como su tasa de absorción, es necesario mejorar la gestión, reducir la burocracia, aumentar la transparencia y mejorar los controles, sin aumentar su número; considera, en este contexto, que debe encontrarse un equilibrio entre el grado de control y su coste;

36.

Pone de relieve la importancia de la seguridad jurídica y de la continuidad presupuestaria para la aplicación con éxito de las políticas y programas plurianuales; considera, por consiguiente, que las normas no deben modificarse durante los períodos de programación sin una justificación y una evaluación de impacto adecuadas, ya que esta situación podría generar costes de transición más elevados, un ritmo más lento de aplicación y un mayor riesgo de error;

37.

Subraya que la capacidad institucional es uno de los elementos clave para el éxito del desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas de la Unión; considera, en consecuencia, que el fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa a nivel nacional, regional y local podría apuntalar los ajustes estructurales y contribuir a una absorción exitosa de los recursos de la UE;

38.

Recuerda que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa refuerza las políticas de la Unión y le otorga nuevas e importantes prerrogativas, en particular en los ámbitos de la acción exterior, el deporte, el espacio, el cambio climático, la energía, el turismo y la protección civil; señala que ello requiere recursos financieros suficientes; recuerda, en este contexto, el artículo 311 del TFUE, en el que se pide que la Unión se dote de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus políticas;

39.

Considera que la estrategia Europa 2020 debe ser la principal referencia política para el próximo MFP; señala, al mismo tiempo, que Europa 2020 no es una estrategia integral que abarque todos los ámbitos políticos de la Unión; destaca que otras políticas basadas en el Tratado que persiguen objetivos diferentes también deben estar debidamente reflejadas en el próximo marco financiero plurianual;

40.

Considera que la Estrategia Europa 2020 debe contribuir a que la UE se recupere de la crisis y salga de ella reforzada mediante una mejora de las condiciones —y la financiación— de la innovación, de la investigación y del desarrollo, cumpliendo los objetivos de la UE en los ámbitos del cambio climático y energético, mejorando los niveles de educación y promoviendo la inclusión social, en particular mediante la reducción de la pobreza; toma nota de que el objetivo de Europa 2010 no es solo el crecimiento económico y la estabilidad financiera a corto plazo sino una transformación estructural a más largo plazo hacia un crecimiento más sostenible basado en un uso más eficiente de los recursos;

41.

Considera que el contenido actual de la estrategia Europa 2020 (por ejemplo, los objetivos principales, las propuestas emblemáticas, los puntos de congestión y los indicadores) sigue teniendo un carácter muy general y pide a la Comisión que presente propuestas más detalladas; considera, asimismo, que la reactivación del mercado único es un elemento esencial de la estrategia Europa 2020 que aumenta las sinergias entre sus diversas iniciativas emblemáticas; destaca que los objetivos de la estrategia solamente pueden alcanzarse mediante compromisos concretos de los Estados miembros en sus programas nacionales de reforma, políticas basadas en mecanismos de aplicación que hayan demostrado su eficacia y mediante propuestas legislativas concretas y coherentes;

42.

Destaca, además, que la estrategia de Europa 2020 sólo será creíble si se garantiza la coherencia entre sus objetivos y los fondos que se le han asignado a nivel nacional y de la UE; considera que el próximo MFP debe reflejar las ambiciones de la estrategia Europa 2020 y está dispuesto a trabajar con la Comisión y los Estados miembros para alcanzar un marco de financiación creíble que garantice, en particular, la financiación adecuada para sus iniciativas insignia y objetivos principales; sostiene, a este respecto, que las tareas, los recursos y las responsabilidades deben estar claramente definidos y bien orquestados entre la Unión y sus Estados miembros, incluidas las autoridades locales y regionales; invita a la Comisión a aclarar la dimensión presupuestaria de las iniciativas emblemáticas, ya que dichos planes de acción prioritaria afectan a todas las políticas financiadas con cargo al presupuesto de la UE;

43.

Advierte de que el desarrollo de una estrategia Europa 2020 a diez años requiere flexibilidad presupuestaria suficiente para asegurar que los medios presupuestarios puedan ajustarse adecuadamente a la evolución de las circunstancias y prioridades;

44.

Destaca el hecho de que, en virtud del actual mecanismo europeo de estabilización financiera, unos 60 000 millones de euros en garantías de préstamos deben ser cubiertos por el margen entre el límite máximo de los recursos propios y los gastos anuales presupuestados; señala que las obligaciones adicionales acordadas en el contexto de la asistencia financiera a medio plazo a los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro, deben ser cubiertos por el mismo margen;

45.

Pide para el semestre europeo una mejora de la coordinación presupuestaria y de las sinergias entre la Unión y los Estados miembros, aumentando así el VAE; pide también para el semestre europeo el aumento de la coordinación económica entre los Estados miembros de conformidad con el principio del método comunitario y una mejor gobernanza económica para la zona del euro y para los Estados miembros que deseen unirse, reduciendo así la necesidad de hacer uso del mecanismo financiero de estabilización; opina que el semestre europeo debería centrarse en mejorar las sinergias entre las inversiones públicas europeas y nacionales;

46.

Señala que el mecanismo europeo de estabilidad después de 2013 se ha organizado de manera puramente intergubernamental; manifiesta su preocupación por esta situación y subraya la falta de control democrático, de rendición de cuentas y de ejecución del planteamiento intergubernamental; subraya la necesidad de tener en cuenta el método de la Unión para el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE); recuerda que el presupuesto de la UE ofrece a los Estados miembros garantías para los préstamos en el marco del mecanismo financiero de estabilidad, así como ayuda financiera a medio plazo para las balanzas de pagos de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro;

47.

Recuerda que la moneda europea fue creada sin una convergencia económica real entre los Estados dispuestos a adoptarla y sin un presupuesto de la Unión suficientemente amplio para adoptar una moneda propia; considera que un presupuesto de esta envergadura requeriría que aspectos importantes del actual gasto de los Estados miembros sean sustituidos por gasto de la Unión, con el fin de tener debidamente en cuenta el método comunitario y ofrecer a la zona del euro y a la UE la estabilidad fiscal necesaria para superar la crisis de la deuda; pide a la Comisión que evalúe el posible impacto de un sistema de eurobonos sobre el presupuesto de la UE;

48.

Señala la importancia de la investigación y la innovación para acelerar la transición hacia una economía sostenible, en la vanguardia mundial y basada en el conocimiento; opina, por tanto, que el próximo marco financiero plurianual (MFP) debe concentrar en mayor medida los recursos presupuestarios en ámbitos que estimulen el crecimiento económico y la competitividad, como la investigación y la innovación, de acuerdo con los principios del valor añadido y la excelencia europeos;

49.

Está firmemente convencido del valor añadido de la agrupación de los gastos nacionales y de los gastos en innovación en el presupuesto de la UE, con vistas a conseguir la masa crítica y las economías de escala necesarias, mejorar el impacto y reducir la redundancia y el despilfarro de fondos escasos;

50.

Considera necesario un esfuerzo concertado público y privado, a nivel europeo y nacional para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de que el gasto en I+D sea el 3 % del producto interno bruto (PIB), así como para lograr la creación del Espacio Europeo de Investigación y de una «Unión de la Innovación»; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que acuerden sin más dilación una hoja de ruta específica sobre el modo de alcanzar este objetivo, y señala el elevadísimo compromiso económico que conllevaría, un importe de unos 130 000 millones de euros anuales, tanto para el presupuesto de la UE como para los presupuestos nacionales, y el doble de esta cantidad para el sector privado;

51.

Opina que se deben aumentar los fondos públicos para I+D ya que la inversión pública ofrece a menudo un incentivo para subsiguiente inversión privada; subraya la necesidad de mejorar, fomentar y garantizar la financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación en la Unión a través de un aumento significativo de los gastos correspondientes a partir de 2013, sobre todo para el Octavo Programa Marco de Investigación; destaca a este respecto el papel catalizador que ha desempeñado la política de cohesión en el periodo de programación actual aumentando las inversiones en I+D e insta a que continúe esta tendencia y se refuerce en el próximo periodo;

52.

Hace hincapié en que el aumento de los fondos debe ir acompañado de una simplificación radical de los procedimientos de financiación; está preocupado en particular por la limitada utilización de los fondos de la UE por parte de la comunidad científica europea y pide a la Comisión que continúe trabajando para conciliar las demandas enfrentadas de una reducción de las cargas administrativas y una simplificación del acceso a los flujos de financiación para los investigadores, las PYME y las organizaciones de la sociedad civil a la vez que se mantiene un control presupuestario suficiente; destaca la necesidad de exonerar a las PYME de ciertos requisitos administrativos reduciendo la burocracia y fomentando la innovación a través de un acceso más sencillo a la financiación;

53.

Pide que se establezca un vínculo más estrecho entre la investigación básica y la innovación industrial, así como entre la innovación y el proceso de fabricación; recuerda, en particular, que una de las principales dificultades para los programas de investigación e innovación de la UE es el hecho de que los resultados no se llevan eficazmente al mercado, y destaca la importancia de crear incentivos para comercializar los productos de I+D, en particular a través de un acceso más sencillo a la financiación; resalta, a este respecto, la importancia de que los diferentes fondos funcionen en conjunto fluidamente y pide a la Comisión que realice los ajustes necesarios para que los fondos correspondientes se complementen entre sí;

54.

Recuerda que para alcanzar los objetivos de la UE en los ámbitos del clima y de la energía deben redoblarse de modo significativo los esfuerzos de la UE en materia de I+D, en particular en relación con la investigación en medio ambiente, la eficiencia energética y las tecnologías relacionadas con las energías renovables; considera, asimismo, que Europa solamente podrá seguir desempeñando el papel de liderazgo en materia de tecnologías verdes si éste se apoya en esfuerzos adecuados en materia de investigación;

55.

Considera que las empresas europeas innovadoras no sólo necesitan subvenciones sino también una mejor legislación, mejor conexión con la base de investigación y un acceso mejor y más diverso a las dotaciones y la financiación, que pueden ser desde subvenciones, pasando por préstamos, hasta la financiación de capital; pide, por consiguiente a los Estados miembros y a la Comisión que creen, tanto a escala nacional como europea, las condiciones adecuadas para permitir al sector privado aumentar su participación en las inversiones en I+D; subraya la necesidad de mejorar las asociaciones público-privadas, reduciendo la burocracia y racionalizando los procedimientos existentes; destaca, a este respecto, el importante papel que deben desempeñar el BEI y el FEI, y considera, en particular, que debe ampliarse la gama de instrumentos permanentes de riesgo compartido ofrecidos por el BEI a través del IFRC, en particular, en apoyo de las PYME;

56.

Subraya que la innovación es una de las prioridades clave de la estrategia Europa 2020; reconoce el papel potencial del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología como motor del crecimiento sostenible y la competitividad de la UE, mediante el estímulo de la innovación líder en el mundo, y pide que se amplíen y se financien adecuadamente las comunidades de conocimiento e innovación; subraya la importancia del Consejo Europeo de Investigación a la hora de proporcionar conocimientos de vanguardia para los innovadores en el futuro y apoyo a las ideas de investigación de alto riesgo; apoya, asimismo, la necesidad de elaborar estrategias financieras a largo plazo con vistas a asegurar la financiación de proyectos de I+D de gran escala;

57.

Subraya que una base industrial fuerte y diversificada es esencial para alcanzar el objetivo de crear una economía europea competitiva, sostenible e inclusiva; recuerda que las PYME son los motores principales del crecimiento económico, la competitividad, la innovación y el empleo y reconoce su importante papel para garantizar la recuperación y potenciación de una economía de la UE sostenible; acoge con satisfacción, por lo tanto, el énfasis puesto por la estrategia Europa 2020 en la innovación y la política industrial, en particular, a través de las iniciativas emblemáticas «Unión de la Innovación» y «Una política industrial integrada para la era de la globalización», y subraya la necesidad de mejorar las acciones en materia de PYME en otras importantes iniciativas;

58.

Pide que las PYME y los empresarios estén en el centro de la estrategia Europa 2020; pide, en consecuencia, un mayor apoyo en el próximo MFP a todos los programas e instrumentos destinados a fomentar las PYME, en particular, el Programa de Competitividad e Innovación (CIP) y la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas, así como mediante el uso de los Fondos Estructurales; propone una mejor agrupación de los instrumentos y fondos de la Comunidad para las PYME en el presupuesto de la UE; subraya, además, la necesidad de una mayor accesibilidad y la adaptación de los instrumentos financieros a las necesidades de las PYME, entre otras cosas poniendo de relieve en mayor medida la microfinanciación y los instrumentos financieros de entresuelo, la extensión y ampliación de los instrumentos de garantía del CIP y el IFRC en el marco del Programa Marco de Investigación;

59.

Considera que la UE debe liderar la creación y el refuerzo del papel de las TIC y abrir las normas a la innovación; hace hincapié en la necesidad de desarrollar la libre circulación de contenidos y conocimientos, la denominada «quinta libertad»; subraya la importancia de garantizar la rápida ejecución de la Agenda Digital de la Unión y de continuar los esfuerzos para alcanzar antes del año 2020 el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos de la UE un acceso a Internet de alta velocidad, también en las regiones menos desarrolladas;

60.

Opina que las actividades espaciales actúan de base para la innovación y la actividad industrial, empleos de «alta cualificación» y la mejora del bienestar y la seguridad de los ciudadanos; opina que el desarrollo de la política espacial europea, recientemente creada, lógicamente requeriría una financiación adecuada; subraya la importancia estratégica de los grandes proyectos en este ámbito: los sistemas europeos de navegación por satélite (Galileo y el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario), el programa Vigilancia Global del Medio Ambiente y la Seguridad y el sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR), que permitirá la creación del Cielo Único Europeo; insiste en que, habida cuenta de los largos plazos que conllevan y de los niveles de inversión de capital ya comprometidos en estos proyectos, se requieren compromisos financieros suficientes y coherentes en los periodos de planificación financiera;

61.

Subraya que dejar de invertir adecuadamente en educación y en educación permanente a corto plazo podría agravar y prolongar la crisis, ya que los ciudadanos no contarán con las habilidades exigidas para los puestos de trabajo en la nueva economía del conocimiento; destaca, por consiguiente, como una cuestión urgente la necesidad de que la UE apoye la inversión pública en estos ámbitos; recuerda que la tasa de abandono escolar y el acceso limitado a la educación de nivel superior y universitario son factores básicos para generar una alta tasa de desempleo a largo plazo y representan un obstáculo para la cohesión social; cree, en este contexto, en la necesidad de estrechar el vínculo entre la educación, la I+D y el empleo;

62.

Señala la importancia de financiar adecuadamente la educación, los planes de movilidad para jóvenes, la formación y los programas de aprendizaje permanente, la promoción de la igualdad de género y las medidas encaminadas a adaptar el mercado laboral ya que ello significa una importante contribución a la lucha contra el abandono prematuro del sistema de enseñanza y el desempleo y a la consecución de los objetivos primordiales de Europa 2020; opina que la transición a una sociedad sostenible en los próximos años implica tener debidamente en cuenta la importancia de promover nuevos trabajos ecológicos a la vez que se necesitará una nueva formación en esta dirección;

63.

Considera que la iniciativa sobre las nuevas habilidades y el empleo debería poner mayor énfasis en los grupos más vulnerables y las personas que tienen dificultades para entrar al mercado de trabajo, por ejemplo la población romaní; subraya la función fundamental del Fondo Social Europeo (FSE) en la realización de los objetivos sociales y de empleo de la estrategia Europa 2020; opina, por tanto, que el FSE debería considerarse una prioridad política y financiarse en consecuencia; aboga por una aplicación más estratégica del FSE para promover la igualdad entre mujeres y hombres, mejorar el acceso y la reintegración al mercado de trabajo y luchar contra el desempleo, la pobreza, la exclusión social y todas las formas de discriminación;

64.

Subraya el VAE de la política de cohesión, dado que esta política constituye un mecanismo bien establecido de crecimiento y empleo y es una herramienta importante para la convergencia, el desarrollo sostenible y la solidaridad así como una de las políticas más importantes, visibles y exitosas de la Unión desde hace décadas; señala, sin embargo, que una política de cohesión moderna debe llevar a cabo una serie de reformas estructurales, en particular en materia de simplificación, responder a los grandes retos a los que se enfrenta la Unión y promover sinergias con otras políticas e instrumentos sobre el terreno; está convencido de que la política de cohesión de la UE debe seguir siendo una política de alcance comunitario que permite a todas las regiones de la UE acceder a los recursos, las experiencias y la asistencia;

65.

Recuerda que la política de cohesión tiene una creciente importancia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y con el anclaje de la cohesión territorial en el mismo; opina, a este respecto, que es necesario reforzar todas las modalidades de cooperación territorial (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional); señala que también deben abordarse la cooperación macrorregional y las estrategias;

66.

Destaca el papel predominante de la política de cohesión para la realización de los objetivos de la estrategia Europa 2020 y considera que una buena política de cohesión autónoma es un requisito previo para la implementación exitosa de esta estrategia; destaca que, debido a su carácter horizontal, la política de cohesión contribuye significativamente a las tres prioridades de la estrategia Europa 2020, a saber, inteligencia, sostenibilidad y crecimiento inclusivo, y que ello debe reflejarse en la estructura del MFP rechazando cualquier fragmentación de esta política en diferentes rúbricas o subrúbricas presupuestarias; recuerda, no obstante, que la política de cohesión de la UE tiene su propia misión y objetivos, recogidos en el artículo 174 del TFUE, y que van más allá de la estrategia Europa 2020; pone de relieve que deben mantenerse en el próximo período de programación teniendo en cuenta, en particular, la necesidad que sigue existiendo de convergencia económica, social y territorial en la Unión;

67.

Subraya que una política de cohesión exitosa y fortalecida necesita una financiación adecuada y que los importes que se le han asignado en el actual período de programación financiera al menos se mantengan durante el próximo período de programación financiera, con el fin de intensificar los esfuerzos destinados a reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones de la UE; reitera, en este contexto, su firme petición de que se garantice que, en el próximo marco financiero plurianual, los recursos no utilizados o liberados de los fondos de cohesión se mantengan en el presupuesto de la UE y no se devuelvan a los Estados miembros; recuerda su posición de que el PIB per capita debe continuar siendo el criterio principal para determinar la elegibilidad para la ayuda mediante la política regional;

68.

Opina que los Estados miembros y las regiones deben concentrar los recursos de la UE y nacionales en un número reducido de prioridades y proyectos de verdadero interés europeo, tales como I+D e innovación, que respondan a los retos específicos a los que se enfrentan; pide, en este contexto, que la Comisión elabore propuestas concretas para garantizar una mayor concentración temática de los fondos de cohesión en las prioridades de la estrategia Europa 2020 y considera que se debe poner en marcha un sistema más orientado hacia los resultados que el actual sistema de asignación, al tiempo que se presta la debida consideración a necesidades y prioridades específícas de las regiones; acoge con satisfacción, a este respecto, la intención de la Comisión de acordar con cada Estado miembro y sus regiones o directamente con las regiones, en el marco de los contratos de colaboración para el desarrollo y la inversión y los programas operativos, términos específicos y condiciones para el logro de los objetivos establecidos;

69.

Cree firmemente en la importancia de un enfoque político integrado y considera que en el próximo marco financiero plurianual todas las inversiones específicas del sector tendrían que estar coordinadas con las inversiones realizadas dentro del marco de la política de cohesión; destaca, por lo tanto, la necesidad de mejorar la coordinación, reducir los solapamientos innecesarios y crear más sinergias entre el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el FEADER y el Fondo Europeo de Pesca (FEP); subraya asimismo la necesidad de evitar la duplicación y mejorar la coordinación entre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el FSE; considera, en consecuencia, que la creación de un marco estratégico común que establezca las prioridades comunes de inversión para todos estos fondos representa un importante paso en esta dirección; cree, no obstante, que la coordinación ha de efectuarse a todos los niveles políticos, desde la planificación estratégica hasta la ejecución; está convencido de que el FSE debe seguir siendo un componente integral de la política de cohesión en todas las fases de su programación, ejecución y gestión;

70.

Considera que las zonas urbanas, al ser lugares en los que se registra una gran concentración de retos, como el desempleo, la exclusión social, la degradación del medio ambiente y la inmigración, pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo regional y contribuir a la lucha contra las disparidades económicas y sociales sobre el terreno; subraya, en consecuencia, la necesidad de un enfoque más visible y centrado en la dimensión urbana de la política de cohesión al mismo tiempo que garantiza unas condiciones equilibradas para el desarrollo sinérgico de las zonas urbanas, suburbanas y rurales;

71.

Reconoce que en virtud del Tratado es necesario prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por la transición industrial y a las regiones que padecen graves y permanentes desventajas naturales o demográficas, como las regiones más septentrionales con muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas, así como las regiones ultraperiféricas; cree que los recursos y las capacidades existentes en estas regiones pueden desempeñar una función notable en la futura competitividad de la Unión Europea; subraya, en consecuencia, que estas zonas que enfrentan retos también deben estar reconocidas en el futuro MFP; considera que para las regiones con desventajas permanentes se debe elaborar una estrategia especial, según lo establecido en la Resolución del Parlamento Europeo de 22 de septiembre de 2010;

72.

Recuerda que una de las principales críticas que recibe la política de cohesión se refiere a la complejidad de su normativa; insiste en la importancia de la financiación cruzada y de la simplificación de las normas y los procedimientos de esta política, de una reducción de las cargas administrativas y de la complejidad y de una asignación más transparente y eficaz de los recursos a las ciudades, municipios y regiones; subraya que los sistemas de auditoría y control deben satisfacer los niveles más altos de modo que puedan detectarse los abusos y sancionarse rápidamente; hace hincapié en que la frecuencia de los controles debe ser proporcional a los riesgos de irregularidades, de conformidad con el principio de proporcionalidad;

73.

Pide una mejora de los sistemas de seguimiento y evaluación en lo relativo a su aplicación; destaca que el principio de asociación debe desempeñar un papel crucial en esta mejora y que es necesario mejorarlo en el contexto de la simplificación; considera que la elaboración de indicadores de resultados concretos y medibles debe considerarse un requisito previo para medir el progreso realizado de cara a la consecución de los objetivos previstos; acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para la evaluación ex-ante y en curso y la evaluación del impacto de cada programa operativo; recuerda que otros principios de la política de cohesión, como la norma de cofinanciación, la gobernanza multinivel, el enfoque ascendente, la integración de la perspectiva de género y la adicionalidad han demostrado su importancia y deben mantenerse en el próximo MFP;

74.

Pide a la Comisión que establezca una categoría intermedia para el próximo periodo de programación para las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % del PIB de la Unión, a fin de proporcionarles una situación más clara y mayor seguridad en su desarrollo; pide a la Comisión que facilite información adicional sobre las consecuencias presupuestarias de dicha opción; insta a la Comisión a que presente propuestas concretas destinadas a reforzar la equidad entre estas regiones y otras regiones con el mismo nivel de desarrollo; subraya que esas medidas transitorias para el próximo periodo de programación para las regiones que surjan del objetivo de convergencia y para las regiones con un PIB per cápita situado entre el 75 % y el 90 % de la media de la UE no deberían establecerse a expensas de la actual convergencia (objetivo 1) y de las regiones de competitividad (objetivo 2) o del objetivo de cooperación territorial europea (objetivo 3);

75.

Advierte de que no se deben imponer sanciones a los fondos de cohesión en el marco de la condicionalidad macroeconómica vinculada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que ello iría en contra de los propios objetivos que debe seguir la política de cohesión, en particular, la reducción de las disparidades regionales; señala, además, la necesidad de intensificar la vigilancia y garantizar así que la financiación estructural se emplea de conformidad con el Derecho comunitario y los objetivos que se pretende alcanzar;

76.

Manifiesta su preocupación por el lento comienzo de los programas operativos en el inicio de cada período de programación debido, entre otras razones, a una fase de duplicación con la finalización de los anteriores; señala a la atención que este problema debe abordarse a tiempo estudiando los factores que contribuyen a los retrasos; señala, en particular, la necesidad de garantizar cierto grado de continuidad entre los períodos de programación en lo relativo al establecimiento de autoridades y sistemas de control y gestión nacionales;

77.

Alienta a las autoridades locales y regionales a que hagan el mejor uso posible de los instrumentos financieros innovadores como, por ejemplo, a través de fondos de rotaciones para medidas de ahorro energético; solicita la simplificación de estos instrumentos financieros y que se sometan a un mayor control democrático;

78.

Afirma que la política agrícola común (PAC) también debería orientarse a contribuir al logro de los objetivos de la estrategia Europa 2020 y que los dos pilares de la PAC deberían prestar una contribución valiosa y diferenciada, de forma complementaria; hace hincapié en que la PAC está firmemente anclada en el Tratado de Lisboa, que define sus objetivos y funciones;

79.

Subraya que, aunque el papel primario, tanto de la actual PAC como de la PAC reformada, es garantizar la seguridad alimentaria de la Unión Europea (así como el suministro mundial de alimentos en épocas de subida de los precios y escasez de alimentos), también aporta una variedad de bienes públicos más allá de los mercados agrícolas, tales como el mantenimiento de las tierras agrícolas en producción en toda Europa, dando forma a la diversidad de paisajes, mejorando la biodiversidad y el bienestar animal, la mitigación de las consecuencias del cambio climático, la conservación de los suelos y el agua, la lucha contra el éxodo rural, la pobreza y la discriminación, la creación de empleo y la prestación de servicios de interés general en las zonas rurales, contribuyendo así a una producción de alimentos más sostenible y apoyando las fuentes de energía renovables;

80.

Pide a la Comisión que presente propuestas para una reforma de la PAC que apunten a una asignación eficaz y eficiente del presupuesto de la PAC, entre otras cosas, a través de una distribución justa de los pagos directos entre los Estados miembros, las regiones y los agricultores reforzando la condicionalidad para la entrega de los bienes públicos que espera la sociedad y mediante más pagos específicos con el fin de asegurar el mejor rendimiento del dinero público; insiste en la necesidad de mantener el sistema de dos pilares de la PAC y de simplificar los mecanismos de ejecución;

81.

Apoya la autonomía alimentaria de los países en desarrollo; recuerda el compromiso alcanzado por los miembros de la OMC durante la Conferencia Ministerial de Hong Kong de 2005 de conseguir la eliminación de todas las formas de subvención a la exportación; considera que la nueva PAC ha de estar en concordancia con el concepto de la UE de coherencia política para el desarrollo; destaca que la Unión no ha de seguir utilizando subvenciones a la exportación de productos agrícolas y debe seguir coordinando los esfuerzos con los principales productores agrícolas del mundo para eliminar las subvenciones que distorsionan el comercio;

82.

Insiste en que, dada la amplia gama de tareas y objetivos que la PAC está llamada a responder, los importes asignados a la PAC en el ejercicio presupuestario 2013 deben por lo menos mantenerse durante el próximo período de programación financiera;

83.

Pide una mayor coordinación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales y de Cohesión, con el fin de fortalecer un enfoque territorial; pide a la Comisión que presente propuestas específicas sobre cómo lograr sinergias en lo que respecta a la financiación de actividades no relacionadas con la agricultura en el FEADER y otros instrumentos pertinentes; espera que los gastos vinculados a la diversificación económica en regiones donde la actividad agrícola está en declive se incrementen en el período del próximo MFP;

84.

Recalca que los recursos pesqueros constituyen un bien público vital para la seguridad europea y mundial; señala que el sector pesquero y el de la acuicultura, así como las actividades vinculadas a ellos, son a menudo la principal fuente de sustento y empleo sostenible en las costas, islas y regiones remotas; considera que, con el fin de alcanzar sus objetivos a medio y largo plazo (un sector de la pesca sostenible, estable y viable), facilitar la recuperación de sus recursos pesqueros y hacer frente a los aspectos sociales vinculados a la necesaria reducción del esfuerzo pesquero, la política pesquera común (PPC) reforzada necesitará recursos financieros adecuados después de 2013; reconoce la necesidad de incrementar la coordinación con la política de cohesión; subraya que el Fondo Europeo de la Pesca debe utilizarse para apoyar el cambio hacia prácticas de pesca más sostenibles, de acuerdo con el principio del rendimiento máximo sostenible, así como para conservar los ecosistemas marinos, al tiempo que se presta especial atención al sector de la pesca a pequeña escala;

85.

Subraya que la Unión debe liderar la transformación hacia una economía sostenible y promover una transición hacia una sociedad sostenible con una industria europea competitiva y unos precios asequibles para la energía a fin de asegurar un entorno limpio y sano; subraya que este objetivo debe alcanzarse, entre otras cosas, a través de la reducción del consumo de energía, en todos los sectores, para lo cual es indispensable un mercado interior de la energía y unas infraestructuras que funcionen bien, la descentralización del suministro de energía, un mayor uso de las energías renovables, una mayor protección de la biodiversidad y la garantía de la recuperación de los ecosistemas;

86.

Pone de relieve que LIFE+ se ha aplicado con éxito y ha demostrado su importancia en la defensa de la biodiversidad y la protección del medio ambiente; subraya la necesidad de seguir aplicando programas en el ámbito de la naturaleza y la biodiversidad dotados de recursos suficientes para alcanzar los objetivos de la UE en materia de medio ambiente, en particular LIFE+ y NATURA 2000;

87.

Subraya la necesidad de un enfoque horizontal, que combine medidas para combatir el cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero —en particular las medidas de ahorro de energía— en todos los ámbitos políticos pertinentes, incluidas las políticas externas; está convencido de que unos incentivos adecuados como la condicionalidad del gasto de la UE y la legislación son los elementos clave para lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020 en este ámbito; considera, en consecuencia, que las acciones relativas al clima deben integrarse en todas las secciones pertinentes de los gastos, incluidos los externos, y que se deben realizar evaluaciones de impacto en materia de clima para los nuevos proyectos; considera que una mayor proporción de los ingresos del régimen europeo de comercio de derechos de emisión debe invertirse en la mitigación y en la innovación relativa al clima;

88.

Considera que hacer frente al reto de la sostenibilidad, mediante la introducción de criterios ambientales y el aumento de los recursos y de la eficiencia energética para combatir el cambio climático, es uno de los principales objetivos de la estrategia Europa 2020;

89.

Apoya, en consecuencia, la sugerencia expresada en la revisión del presupuesto de la Comisión de incluir la obligación de identificar de manera transparente los programas sectoriales que han promovido los objetivos 20/20/20 relativos al clima y la energía contemplados en la estrategia Europa 2020 y que han contribuido al cumplimiento de la iniciativa emblemática «Una Europa Eficiente en el Uso de los Recursos»;

90.

Insiste en la responsabilidad de la UE a nivel mundial para luchar contra el cambio climático; recuerda que los compromisos derivados de los Acuerdos de Copenhague y de Cancún con el fin de ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático deben ser «nuevos y adicionales» en relación con la actual ayuda al desarrollo, manteniendo un nivel adecuado de coherencia entre las dos políticas; propone que se cree un nuevo programa a este efecto; reitera la posición del Parlamento Europeo en relación con la necesidad de mantener dentro del presupuesto de la UE la financiación de todas las políticas europeas; pide que los compromisos de la UE en materia de cambio climático se integren en el presupuesto de la UE, con el fin de conseguir el máximo efecto multiplicador de los recursos comunitarios;

91.

Está convencido de que en el próximo MFP se debe aumentar la cuota de energía; opina que las tecnologías de energías renovables, la eficiencia energética y el ahorro de energía deben ser prioritarios; pide a la Comisión que elabore indicadores concretos, que garantice el cumplimiento de los objetivos acordados y que este cumplimiento se pueda supervisar de forma eficaz en el marco del Semestre Europeo dedicado a la coordinación de las políticas y a través de planes específicos, como los planes nacionales de eficiencia energética;

92.

Subraya la necesidad de aumentar la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en el ámbito de la energía con el fin de desarrollar una energía sostenible disponible para todos; pide la plena aplicación del ya aprobado Plan Estratégico de Tecnología Energética (SET-Plan), incluida su adecuada financiación, durante el próximo MFP;

93.

Dadas las enormes necesidades de financiación en el ámbito de la infraestructura del transporte y de la energía, y dadas las externalidades positivas de estos proyectos, recalca la necesidad de desarrollar un marco regulador y de incentivos a fin de promover la inversión pública y privada a largo plazo en estos ámbitos; pide que se desarrollen instrumentos financieros innovadores en cooperación con los inversores a largo plazo;

94.

Señala la necesidad de dar prioridad a la eficiencia energética y a las energías renovables al tomar decisiones sobre la financiación de las infraestructuras energéticas; destaca la urgente necesidad de modernizar y mejorar la infraestructura energética europea, desarrollar redes inteligentes y construir las interconexiones necesarias para la realización del mercado interior de la energía, diversificar las rutas y fuentes de suministro desde terceros países para mejorar la seguridad del suministro, incrementar la proporción de energías renovables y lograr los objetivos en materia de energía y clima; toma nota de las estimaciones en este ámbito, que indican que se necesitan inversiones sustanciales, de unos 1 000 millones de euros, antes de 2020, especialmente para garantizar la capacidad de transmisión, incluida la nueva capacidad de producción e inversión en redes de electricidad; señala que, con los precios actuales de la energía a nivel mundial, la importante inversión necesaria podría partir en primer lugar del sector privado; hace hincapié en la necesidad de maximizar el impacto de la financiación europea y en la oportunidad que ofrecen los Fondos estructurales y los instrumentos financieros innovadores para financiar proyectos europeos nacionales y transfronterizos clave de infraestructura energética prioritaria; recalca la necesidad de una importante asignación del presupuesto de la Unión Europea para instrumentos financieros innovadores en este ámbito;

95.

Recalca que la inversión en una infraestructura eficaz de transporte es clave para que Europa defienda su competitividad y allane el camino hacia un crecimiento económico a largo plazo después de la crisis; considera que las redes transeuropeas de transporte(RTE-T) son esenciales para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y proporcionar un VAE importante ya que contribuyen a mejorar la accesibilidad y la interoperabilidad entre las diversas partes de la UE garantizando las conexiones transfronterizas y eliminando los cuellos de botella, mejorando el uso de los sistemas de información y gestión del tráfico y asegurando la intermodalidad en las infraestructuras transfronterizas, en las que los Estados miembros no invierten; considera que la RTE-T debe ofrecer una auténtica red básica europea más que la agregación de proyectos nacionales y que la financiación de los proyectos prioritarios debe evaluarse y revisarse a la luz de los progresos sobre el terreno y del VAE; cree firmemente que la RTE-T, en consecuencia, debe ser una prioridad clave en el próximo MFP;

96.

Considera que la condicionalidad debe mejorarse introduciendo el principio de «utilización o pérdida» (liberación); considera que cuando una financiación asignada no se utiliza, los recursos no gastados o liberados de los fondos de transporte deben permanecer en el presupuesto de la UE y no devolverse a los Estados miembros;

97.

Recuerda que la RTE-T exigirá una inversión global de 500 000 millones de euros en 2007-2020; considera, por tanto, necesario un aumento en los fondos de la RTE-T en el próximo marco financiero plurianual, así como una mayor coordinación entre la Unión Europea y los Estados miembros y entre los fondos disponibles para la RTE-T y los fondos para proyectos de transporte en el marco de la política de cohesión y la cooperación territorial, a través de una mejor utilización de las fuentes de financiación disponibles; recalca el papel que pueden desempeñar los instrumentos innovadores de financiación, incluidas las CPP y las obligaciones vinculadas a proyectos («project bonds») en la financiación de esos proyectos; considera que los gastos pagados con cargo al Fondo de Cohesión deben estar supeditados al cumplimiento de los principios generales de la política europea de transportes; considera que la financiación de la RTE-T debe integrar los objetivos de cohesión económica, social y territorial, así como las obligaciones de desarrollo sostenible con el fin de alcanzar los objetivos de Europa 2020 y debe dar prioridad en la medida de lo posible al transporte bajo en carbono;

98.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en particular, la necesidad de cambiar los flujos de carga y de pasajeros hacia los tipos de transporte más sostenibles y eficientes al mismo tiempo que se facilita una co-modalidad eficiente; considera que en la próxima revisión de las directrices de la RTE-T se deben buscar soluciones para la interoperabilidad entre los sistemas nacionales y transfronterizos de ferrocarril e introducir la condicionalidad sobre el gasto de la UE con el fin de lograr una verdadera Política Ferroviaria Europea Única, así como garantizar un mayor uso de las vías navegables y el transporte marítimo de corta distancia;

99.

Recuerda que con arreglo al Tratado de Lisboa el turismo es una nueva competencia de la UE, que por ello debe reflejarse también en el próximo MFP; recalca la importante contribución del turismo a la economía europea y cree que la estrategia europea para el turismo debe aspirar a aumentar la competitividad del sector y que debe apoyarse con una financiación adecuada para el próximo periodo;

100.

Reconoce que, en el futuro, los mares y los océanos desempeñarán un papel clave cada vez más importante en el desarrollo económico mundial; considera que la política marítima integrada debe continuarse y centrarse en abordar los retos a los que se enfrentan las zonas costeras y las cuencas marítimas, apoyando el crecimiento azul y una economía marítima sostenible; pide que la UE incremente sus esfuerzos para apoyar una ambiciosa política marítima de la UE que permitirá a Europa mantener su posición a nivel internacional en este sector estratégico; insiste en que se pongan a disposición los recursos presupuestarios adecuados a favor de esta política;

101.

Subraya que la promoción de la ciudadanía de la Unión tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los europeos y que contribuye a una mejor comprensión de las oportunidades que ofrecen las políticas de la Unión, así como de sus derechos fundamentales, recogidos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y en los Tratados; está convencido de que debe garantizarse una financiación adecuada en el ámbito de la ciudadanía;

102.

Señala que las políticas relacionadas con los jóvenes y la cultura son fundamentales y figuran entre las primeras en ser reconocidas por su valor añadido y su llegada a los ciudadanos; pide a la UE y a los Estados miembros que reconozcan la creciente importancia de las industrias cultural y creativa para la economía europea y su efecto indirecto sobre otros sectores económicos; hace especial hincapié en que el potencial de estas políticas solo se puede lograr si se les proporciona unos niveles adecuados de financiación y pide que se aproveche plenamente dicho potencial en el marco del desarrollo rural y la política de cohesión;

103.

Recuerda la importancia del deporte para la salud, el crecimiento económico, el empleo, el turismo y la inclusión social, así como el hecho de que el artículo 165 del TFUE otorga nuevas competencias a la UE en este ámbito; acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte» (COM(2011)0012) por ser un primer paso en la evaluación del valor añadido del deporte y, en particular, de la actividad física diaria, y en el estudio de la dimensión social, económica y organizativa del deporte;

104.

Subraya que la juventud debe ser una importante prioridad para la Unión y que la dimensión joven debe ser visible y debe reforzarse en las políticas y programas de la UE; cree que la juventud debe percibirse como un tema transversal en la UE, desarrollando sinergias entre los diferentes ámbitos políticos relacionados con la juventud, la educación y la movilidad; aplaude la iniciativa «Juventud en Movimiento» como piedra angular de la Estrategia Europa 2020; subraya, en particular, que los programas relacionados con la juventud, como el aprendizaje permanente y Juventud en Acción, que tienen un bajo costo por beneficiario y por lo tanto una elevada eficiencia, se deben mantener como programas separados en el próximo marco financiero plurianual y que merecen una inversión mucho mayor;

105.

Hace hincapié en que la creación de una cultura sólida de derechos fundamentales e igualdad, tal y como se recoge en el Tratado de Lisboa, tiene que constituir una prioridad para Europa; subraya que, si bien estos valores deben ser incorporados a los presupuestos, se les debe asignar ndos suficientes;

106.

Observa que el crecimiento económico, cultural y social de la Unión sólo puede prosperar en un entorno estable, legal y seguro, en el que se respeten y refuercen los derechos fundamentales y se protejan las libertades civiles; considera, en consecuencia, que una justicia y una política interior eficientes son un requisito previo para la recuperación económica y un elemento esencial en un contexto político y estratégico más amplio; subraya la importancia de integrar las prioridades de la UE en el ámbito de «asuntos interiores» en la dimensión exterior de la Unión, incluida la política europea de vecindad, teniendo especialmente en cuenta el impacto que la migración cada vez mayor tendrá en el desarrollo de las políticas de la UE respecto de los terceros países; subraya la necesidad de una financiación adecuada de las políticas de inmigración, asilo y seguridad, teniendo además en cuenta las prioridades de la UE a la hora de ejecutarlas;

107.

Subraya la necesidad de un enfoque integrado para abordar las apremiantes cuestiones de inmigración y asilo, así como la gestión de las fronteras exteriores de la Unión, con una financiación e instrumentos de apoyo suficientes para poder hacer frente a situaciones de emergencia, en un espíritu de respeto por los derechos humanos y de solidaridad entre todos los Estados miembros y respetando las responsabilidades nacionales y una clara definición de tareas; señala, a este respecto, que es necesario tener debidamente en cuenta los mayores retos de FRONTEX, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y los Fondos de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios;

108.

Observa que el porcentaje de financiación para el espacio de libertad, seguridad y justicia en el presupuesto de la Unión es relativamente pequeño, y subraya que en el futuro MFP se debe dotar a estas políticas con la financiación adecuada y objetivamente justificable para que la Unión pueda llevar a cabo sus actividades, especialmente las relacionadas con las nuevas tareas, tal y como se recoge en el Programa de Estocolmo y en el Tratado de Lisboa;

109.

Destaca la necesidad de desarrollar mejores sinergias entre fondos y programas diferentes, y señala que la simplificación de la gestión de los fondos y la autorización de la financiación cruzada permite asignar más fondos a objetivos comunes; celebra la intención de la Comisión de reducir la totalidad de los instrumentos de asuntos de interior a una estructura de dos pilares, y, siempre que ello sea posible, con una gestión conjunta; cree que este enfoque puede contribuir notablemente a una mayor simplificación, racionalización, consolidación y transparencia de los fondos y programas actuales; subraya, no obstante, la necesidad de asegurar que no se mezclen los distintos objetivos de las políticas de asuntos de interior;

110.

Reitera su profunda preocupación por el déficit crónico de financiación y los problemas de flexibilidad particularmente graves en la ejecución de las actividades exteriores de la Unión, debido a la naturaleza imprevisible de los acontecimientos externos y la repetición de las crisis y emergencias internacionales; subraya, en consecuencia, la necesidad de cerrar la brecha entre sus ambiciones y los recursos en la política exterior, garantizando recursos financieros suficientes y mecanismos de flexibilidad eficientes para que la Unión pueda responder a los retos mundiales y a los acontecimientos imprevistos; reitera su petición de que las consecuencias presupuestarias que se derivan de los nuevos compromisos y tareas asumidos por la Unión se sumen a las cantidades programadas, con el fin de no poner en peligro las prioridades existentes;

111.

Destaca la diferencia que existe entre el nivel de asistencia financiera global de la Unión y su influencia a menudo limitada en las negociaciones correspondientes, y subraya la necesidad de reforzar el papel político de la Unión y su influencia en las instituciones y foros internacionales; cree que la UE debe asegurarse un papel político proporcional al apoyo financiero que presta;

112.

Toma nota de que el SEAE se encuentra en su fase de consolidación; pone de relieve que, de acuerdo con la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010, «el establecimiento del SEAE deberá guiarse por el principio de eficiencia en relación con los costes, tendiendo a lograr la neutralidad presupuestaria» (6); pone de relieve la necesidad de que el nuevo servicio disponga de fondos suficientes para que la UE pueda alcanzar sus objetivos y cumplir su papel como actor a nivel internacional; subraya, en consecuencia, la necesidad de que el nuevo servicio aproveche plenamente las mejoras en la eficiencia derivadas de la puesta en común de recursos a nivel de la Unión, así como las sinergias con los Estados miembros, evitando las duplicaciones, los solapamientos existentes o posibles, las inconsistencias e incoherencias que conllevan recortes y ahorros en todos los presupuestos nacionales, lo que demuestra el verdadero valor añadido de la diplomacia de la Unión;

113.

Recuerda que la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el objetivo colectivo de ayuda oficial al desarrollo (AOD) del 0,7 % del producto nacional bruto (PNB) entran en el próximo MFP; subraya, en consecuencia, la necesidad de un nivel global adecuado de ayuda al desarrollo y de financiación para que la Unión y sus Estados miembros puedan cumplir con sus compromisos internacionales de desarrollo, incluidos los compromisos financieros realizados en el Acuerdo de Copenhague y en el Acuerdo de Cancún; subraya, además, que también los futuros compromisos de gasto para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático o a adaptarse a los efectos del mismo deben ser adicionales a los actuales presupuestos de desarrollo, manteniendo la coherencia entre ambas políticas; insta a los Estados miembros a emprender acciones inmediatas para cumplir sus objetivos AOD así como sus compromisos en materia de desarrollo;

114.

Destaca la necesidad de encontrar el equilibrio correcto entre apoyo presupuestario directo, de un lado, y financiación de proyectos sostenibles, de otro; subraya que la ayuda al desarrollo se debe desembolsar de forma integradora, llegando a los grupos más marginados y excluidos de la población;

115.

Pide, una vez más, la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), ya que incrementaría tanto la coherencia como la transparencia; insiste, no obstante, en que la inclusión del FED en el presupuesto de la UE debe llevar a un aumento global del presupuesto de la UE en la cantidad prevista inicialmente para financiar el FED;

116.

Considera que la Comisión Europea/el SEAE debe evaluar sistemáticamente el impacto de la asistencia de la UE para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo de la UE así como las sinergias entre la ayuda al desarrollo de la UE y las nacionales, de conformidad con la Declaración de París;

117.

Considera importante que la ayuda al desarrollo concedida por la UE promueva el desarrollo en los países receptores; destaca que es necesario realizar evaluaciones y fijar criterios con respecto a este objetivo;

118.

Señala que el mayor porcentaje de la gente más pobre del mundo vive en economías de emergencia; insiste, no obstante, en que para estimular a estos Gobiernos a que se impliquen más en la reducción de la pobreza dentro de sus propias fronteras, se introduzcan gradualmente esquemas alternativos para la cooperación al desarrollo con estos países;

119.

Subraya que la política exterior de la UE debe basarse en los principios y valores fundacionales de la Unión, a saber, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la diversidad, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; reitera la necesidad de dotar a la Unión de más medios adecuados y dirigidos a promover estos valores a nivel mundial y a expandir la esfera de paz y estabilidad en su vecindad; pone de relieve la contribución concreta realizada a través del IEDDH;

120.

Considera que la UE tiene una responsabilidad especial en el seno de la comunidad internacional de promover la seguridad, la democracia y la prosperidad en los países vecinos de Europa, cuando el desarrollo económico y el progreso de la estabilidad redunden en el interés directo de la UE; considera por tanto que el establecimiento de relaciones más estrechas y eficaces con los países vecinos debe seguir siendo una prioridad en la agenda exterior de la Unión; hace hincapié en la necesidad de intensificar los compromisos financieros para que la Unión esté a la altura de los grandes retos —apoyo a la transición y consolidación democráticas, buena gobernanza, derechos humanos— y de las altas expectativas que se derivan de esta responsabilidad moral; cree al mismo tiempo que el uso más puntual de los fondos es, cuando menos, tan importante como los niveles de financiación; pide, por tanto, que se refuerce la condicionalidad en los programas de ayuda de la UE, con el fin de mejorar el desarrollo democrático y una gestión satisfactoria solvente, reducir el nivel de corrupción y asegurar la capacidad de utilizar el apoyo de la UE de manera transparente, eficaz y responsable;

121.

Señala que la UE se aproxima a una nueva ronda de ampliación, concretamente en los Balcanes Occidentales; pide que en el próximo MFP se tengan en cuenta los costes de futuras adhesiones, estableciendo la financiación adecuada en el Instrumento de Preadhesión; considera que el instrumento IPA debe priorizar el apoyo a las mejoras necesarias para que los países candidatos cumplan el acervo comunitario y facilitar el uso de la financiación de la UE, en particular, a la sociedad civil, los interlocutores sociales, las minorías, las ONG, el patrimonio cultural, así como las autoridades locales y regionales;

122.

Subraya que la Unión ha de adaptar rápidamente sus políticas con respecto a los países emergentes y desarrollar nuevas alianzas estratégicas con ellos; pide, a este respecto, a la Comisión que proponga un instrumento político destinado a actividades que no estén relacionadas con la AOD, sino que correspondan a ámbitos de interés mutuo;

123.

Opina que, teniendo en cuenta los crecientes retos mundiales así como las responsabilidades mundiales de la Unión, sobre todo a la vista de los actuales acontecimientos políticos en el mundo árabe, resulta indispensable una reestructuración de los instrumentos financieros exteriores de la UE; preconiza, en consecuencia, una revisión y una utilización más estratégica de sus instrumentos exteriores, así como el desarrollo de nuevas formas de cooperación y de mecanismos de entrega respecto de los países socios, con el fin de reforzar el impacto y la visibilidad de la acción exterior de la UE, así como de cumplir el objetivo general de lograr una mayor congruencia y coherencia de la misma; destaca que el siguiente MFP debe apoyar la coherencia política, garantizando que las políticas de la UE y el gasto en agricultura, pesca, comercio y energía no sean frontalmente opuestos a los objetivos de la política de desarrollo;

124.

Reitera que la prevención y gestión de las crisis es la principal prioridad de la UE; subraya, en consecuencia, la necesidad de garantizar unos instrumentos eficaces y dotados de una financiación adecuada; opina que el actual Instrumento de estabilidad sigue siendo un medio importante para la respuesta inmediata de la Unión a las situaciones de crisis, pero que se debería poner más énfasis en las acciones preventivas a largo plazo, incluidas la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, en particular, a través de programas geográficos más sensibles;

125.

Considera que la ayuda humanitaria desempeña un papel clave en las relaciones exteriores de la UE; señala que las catástrofes naturales tienden a ser más frecuentes y sus consecuencias más devastadoras, al tiempo que estallan conflictos con mayor frecuencia debido a la lucha por recursos como la energía, el agua y las materias primas; pone de relieve la necesidad de garantizar la adecuada asignación presupuestaria para el Instrumento de Ayuda Humanitaria y la Reserva de Ayuda de Emergencia a fin de evitar las solicitudes anuales ad hoc de la Comisión Europea para obtener fondos adicionales; considera que este presupuesto debe seguir siendo independiente para garantizar la neutralidad de la ayuda humanitaria, disociada de otras consideraciones o intereses (por ejemplo, de carácter geopolítico);

126.

Considera que la alta calidad de las administraciones públicas, tanto a nivel de la Unión como nacional, constituye un elemento esencial para el logro de los objetivos estratégicos contemplados en la estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que presente un análisis claro de los gastos administrativos posteriores a 2013, teniendo debidamente en cuenta los esfuerzos de consolidación de las finanzas públicas, las nuevas tareas y competencias atribuidas a la Unión por el Tratado de Lisboa, y el aumento de la eficiencia que se ha de derivar de un uso óptimo de los recursos humanos, en particular, mediante la redistribución y nuevas tecnologías;

127.

Señala que dicho análisis debería investigar el alcance de las sinergias y, en particular, el ahorro mediante, entre otras cosas, la reestructuración, una mayor cooperación interinstitucional, la revisión por parte de cada institución y organismo de sus métodos y lugares de trabajo, un mejor reparto de tareas entre las instituciones y las agencias, el impacto financiero a medio y largo plazo de la política inmobiliaria, los sistemas de pensiones y otros ámbitos de la normativa relativa al personal que trabaja para las instituciones de la UE; considera que este análisis puede demostrar que existe la posibilidad de reducir el presupuesto administrativo global de la UE sin comprometer la elevada calidad, el rendimiento y el atractivo de la administración pública de la UE;

128.

Señala el notable ahorro que podría conseguirse si el Parlamento Europeo tuviera una única sede;

129.

Considera que la estructura del próximo marco financiero plurianual debe facilitar tanto la continuidad de la planificación como la flexibilidad, dentro de cada rúbrica y entre ellas, y evitar los fallos del actual marco financiero plurianual, en particular en lo que se refiere a las deficiencias en la subrúbrica 1 a («La competitividad como factor de crecimiento y empleo»), en la subrúbrica 3b («Ciudadanía») y en la rúbrica 4 (relaciones exteriores); opina que la estructura del marco financiero plurianual debe aumentar la visibilidad de las prioridades políticas y presupuestarias de la UE para los ciudadanos europeos; insiste, en este sentido, en la necesidad de evitar cambios radicales injustificados y de consolidar y mejorar la estructura actual;

130.

Reitera que la estrategia Europa 2020 debe ser la principal referencia política para el próximo marco financiero plurianual; considera, en consecuencia, que la estructura debe reflejar y dar visibilidad política a dimensiones de crecimiento inteligente, sostenible e incluyente de la estrategia Europa 2020; propone, con tal fin, una nueva estructura que reagrupe todas las políticas internas bajo una única rúbrica titulada «Europa 2020»;

131.

Propone, en consecuencia, la creación, dentro de la rúbrica Europa 2020, de cuatro subrúbricas que se refieran a las políticas relacionadas, que también tienen por objeto favorecer una mejor coordinación y la aplicación de sinergias entre ellas; propone, con tal fin una subrúbrica que comprenda las políticas relacionadas con el conocimiento, una segunda subrúbrica dedicada a la política de cohesión que refleje su carácter horizontal y su contribución a los objetivos de la estrategia Europa 2020, así como a la política social, una tercera subrúbrica que comprenda las políticas relativas a la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos y una cuarta subrúbrica sobre ciudadanía que aunaría las subrúbricas 3bis) (Ciudadanía) y 3ter) (Libertad, seguridad y justicia) del MFP actual en una sola subrúbrica, dadas las dificultades surgidas anteriormente al recopilar una serie de programas reducidos dentro de una subrúbrica menor;

132.

Cree que el próximo marco financiero plurianual debe permitir una segregación de los proyectos de gran envergadura que tengan importancia estratégica para la Unión, dentro de la rúbrica «Europa 2020»; considera que el presupuesto de la UE debería realizar una aportación a largo plazo a estos proyectos con el fin de garantizar la continuidad de la planificación y la estabilidad de la organización; considera que, en caso de que fueran necesarios recursos financieros adicionales para estos grandes proyectos, no se deberían obtener a expensas de otros proyectos menores, pero con éxito, financiados por el presupuesto de la UE;

133.

Considera que, teniendo en cuenta el carácter integrado de la estrategia Europa 2020 y con el fin de garantizar que los recursos presupuestarios estén debidamente alineados con el desarrollo progresivo de la estrategia, es esencial garantizar un mayor grado de flexibilidad entre las cuatro subrúbricas Europa 2020;

134.

Recuerda las dificultades que surgen cuando una serie de programas pequeños se reúnen en una subrúbrica pequeña; propone, en consecuencia, combinar las subrúbricas 3 a) (Ciudadanía) y 3 b) (Políticas de libertad, seguridad y justicia) del marco financiero plurianual 2007-2013 en una sola subrúbrica;

135.

Pide el mantenimiento de una rúbrica para las políticas exteriores;

136.

Pide el mantenimiento de una rúbrica para la administración;

137.

Insta a la creación de un «margen global MFP» al servicio de todas las rúbricas por debajo del límite máximo del MFP general y por encima de los márgenes disponibles independientes de cada rúbrica que se moviliza en el marco del procedimiento presupuestario anual; estima que este margen también debe incluir los márgenes no utilizados, así como los créditos liberados y no utilizados (compromisos y pagos) del ejercicio presupuestario anterior;

138.

Considera, además, que para incrementar la transparencia y la visibilidad se debe utilizar un «margen de reserva» adicional por debajo del límite de recursos propios y por encima del límite máximo del MFP para la inclusión de los riesgos de incumplimientos vinculados a las garantías de préstamos del Mecanismo Financiero de Estabilización y del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pago de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro, así como una posible intervención del presupuesto de la UE en el mecanismo europeo de estabilidad a partir de 2013;

139.

Insta a la Comisión a que incluya en un anexo al presupuesto de la UE todos los gastos de la UE que se produzcan —en virtud de un procedimiento intergubernamental— fuera del presupuesto de la UE; cree que esta información, facilitada con periodicidad anual, reflejará la imagen completa de las inversiones que los Estados miembros acuerden realizar a escala de la UE;

140.

Propone que el presupuesto de la UE identifique claramente —a ser posible en un anexo— todas las inversiones que se realizan en cada ámbito político de la UE, con origen también en diferentes partes del presupuesto de la UE; cree, al mismo tiempo, que la Comisión debe facilitar asimismo una estimación de las necesidades de inversión que se prevén para la duración total del período de programación;

141.

Insta a la Comisión a incluir información detallada en el lado de los ingresos del presupuesto en su Anteproyecto de Presupuesto, tal como se transmite a la Autoridad Presupuestaria de la UE; señala que una presentación conjunta de los ingresos y gastos del presupuesto es realmente una práctica normal en todos los presupuestos nacionales; cree firmemente que, de esta forma, se mantendrá un debate permanente sobre el sistema de financiación de la Unión, al tiempo que reconoce abiertamente que la Autoridad Presupuestaria carece en estos momentos de toda competencia para proponer cambios a esta parte del presupuesto;

142.

Propone, en consecuencia, la siguiente estructura para el próximo MFP:

143.

Reitera su posición, incluida en su Resolución de 25 de marzo de 2009, sobre la revisión intermedia del marco financiero 2007-2013 (7), de que el aumento de la flexibilidad en y entre las rúbricas es una necesidad absoluta para la capacidad de funcionamiento de la Unión, no solo para hacer frente a los nuevos desafíos de la UE, sino también para facilitar el proceso de toma de decisiones en las instituciones;

144.

Subraya la necesidad, cuando el período del MFP sea superior a 5 años, de una revisión intermedia obligatoria que permita un análisis cuantitativo y cualitativo así como un balance del funcionamiento del marco financiero plurianual; subraya que, en el futuro, la revisión intermedia debería convertirse en una obligación jurídicamente vinculante recogida con un procedimiento específico que incluya un calendario obligatorio en el reglamento MFP, con el fin de garantizar la plena participación del Parlamento en su función de autoridad legislativa y presupuestaria; señala que, en caso de que la revisión muestre que los límites máximos para el resto del período son insuficientes, se debe garantizar la posibilidad de revisarlos;

145.

Insiste en que el grado de flexibilidad que realmente proporciona el mecanismo de revisión depende del procedimiento para aplicarlo y es objeto de un rechazo general por parte del Consejo; considera esencial, si el ajuste de los límites máximos de gasto sigue siendo una opción realista, que los futuros mecanismos de revisión prevean un procedimiento simplificado para los cambios sobre la base de un umbral acordado; pide, además, la posibilidad de aumentar el límite máximo global del MFP que ha de mantenerse;

146.

Hace hincapié en la importancia de asegurar reservas suficientes para cada rúbrica; toma nota con interés de la propuesta de la Comisión de establecer un porcentaje fijo para los márgenes; considera, no obstante, que esta opción podría ofrecer más flexibilidad únicamente si los futuros límites máximos se fijaran a un nivel suficientemente elevado, facilitando ese margen de maniobra adicional;

147.

Señala que la flexibilidad por debajo de los límites deberá ser reforzada con todos los medios posibles y acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión expuestas en la revisión presupuestaria;

148.

Considera importante la posibilidad de concentrar el gasto al principio o al final del período dentro de la dotación plurianual de una rúbrica que permita tomar medidas contracíclicas y responder con eficacia a las grandes crisis; considera, en este contexto, que el sistema actual de flexibilidad para actos legislativos ha funcionado suficientemente bien en el actual marco financiero plurianual; pide, por tanto, que en el próximo MFP se mantenga el umbral de flexibilidad del 5 % por encima o por debajo de los importes fijados por el procedimiento de codecisión;

149.

Está convencido de que los márgenes no utilizados y los créditos liberados (tanto compromisos como gastos) del presupuesto de un año deben transferirse al presupuesto del ejercicio siguiente y formar un margen MFP global que se pueda asignar a las diferentes rúbricas de acuerdo con sus necesidades estimadas; cree, por tanto, que el dinero asignado al presupuesto de la UE solamente debe gastarse en este contexto y que no debe devolverse a los Estados miembros, como ocurre en la actualidad;

150.

Considera, además, que estas propuestas deben ser complementadas con una cierta flexibilidad en la reafectación entre rúbricas en un determinado año y con una mayor flexibilidad entre subrúbricas;

151.

Reitera que el proceso de toma de decisiones debe ser diseñado de manera tal que permita el uso efectivo de estos instrumentos;

152.

Considera crucial mantener los instrumentos especiales (Instrumento de Flexibilidad, Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, Reserva de ayuda de emergencia), que pueden movilizarse sobre una base ad hoc, simplificando aún más su uso y dotándolos con fondos suficientes, así como creando, en su caso, nuevos instrumentos en el futuro; subraya que la movilización de estas fuentes adicionales de financiación debe respetar el método comunitario;

153.

Considera que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ha resultado provechoso para aportar la solidaridad y el apoyo de la UE a los trabajadores que han sido despedidos debido a los efectos adversos de la globalización y la crisis económica y financiera mundial y que, por tanto, debe mantenerse en el nuevo MFP; cree, no obstante, que los procedimientos para poner en práctica el apoyo del FEAG exigen demasiado tiempo y trabajo; pide a la Comisión que proponga formas para simplificar y abreviar estos procedimientos en el futuro;

154.

Considera que el instrumento de flexibilidad, que ha sido el mecanismo de flexibilidad más utilizado, ha sido esencial en la prestación de una mayor flexibilidad; propone aumentar significativamente el importe inicial del instrumento de flexibilidad, con el consiguiente aumento anual en el período del marco financiero plurianual, y que se mantenga la posibilidad de prórroga de la porción del importe anual no utilizada hasta el año n +2;

155.

Señala que en los últimos años los fondos disponibles para hacer frente a los desastres naturales y humanitario urgentes han sido insuficientes; pide, en consecuencia, un aumento sustancial de la dotación de la Reserva de ayuda de emergencia, así como la posibilidad de una movilización plurianual del instrumento;

156.

Subraya que la elección de la duración del próximo MFP debería encontrar el equilibrio adecuado entre la estabilidad de los ciclos de programación y ejecución de las políticas individuales y la duración de los ciclos de las instituciones políticas, en particular los de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo; señala que un periodo más largo exige una mayor flexibilidad;

157.

Opina que un ciclo de 5 años se ajusta plenamente a la voluntad del Parlamento de alinear, en la medida de lo posible, la duración del MFP con la duración de los ciclos políticos de las instituciones, por razones de responsabilidad democrática; le preocupa, no obstante, que un ciclo de cinco años podría ser demasiado corto, en esta etapa, para las políticas que necesitan una programación a más largo plazo (por ejemplo, la cohesión, la agricultura, las RTE) y no cumpliría plenamente los requisitos del ciclo de programación y ejecución de dichas políticas;

158.

Señala que el MFP decenal propuesto por la Comisión en la revisión presupuestaria podría conferir una gran estabilidad y previsibilidad a la programación financiera pero, dado que los límites máximos totales y los instrumentos jurídicos básicos quedarían fijados a diez años, aumentaría la rigidez del MFP y dificultaría enormemente los ajustes debidos a las nuevas situaciones; considera, no obstante, que un ciclo de 5+5 años solo podría contemplarse si se alcanzase un acuerdo con el Consejo sobre el nivel máximo de flexibilidad que contemple una revisión intermedia obligatoria y se incluya en el Reglamento del MFP;

159.

Considera que la mejor solución transitoria para el próximo marco financiero plurianual sería un ciclo de 7 años, establecido hasta 2020, ya que podría dar mayor estabilidad al garantizar la continuidad de los programas durante un período más largo, al tiempo que establecería un claro nexo con la estrategia UE 2020; subraya, no obstante, que todas las opciones en cuanto a la duración del próximo MFP dependen de que los fondos sean suficientes y de que existan recursos de flexibilidad adecuados dentro y fuera del marco, con el fin de evitar los problemas surgidos durante el período 2007-2013;

160.

Cree que una decisión sobre un nuevo marco financiero plurianual de 7 años no debe excluir la posibilidad de optar por un período de 5 o de 5+5 años en 2021; reitera su convencimiento de que la sincronización de la programación financiera con el mandato político de la Comisión y del Parlamento Europeo aumentará la responsabilidad democrática, la credibilidad y la legitimidad;

161.

Es plenamente consciente de los difíciles ajustes fiscales que muchos Estados miembros están haciendo en sus presupuestos nacionales, y reitera que lograr un valor añadido europeo y garantizar una buena gestión financiera (eficiencia, eficacia, ahorro) deben ser, más que nunca, los principios rectores del presupuesto de la UE;

162.

Destaca que, con independencia de los ahorros realizables, el presupuesto de la UE, con su nivel global del 1 % del PIB, no basta para cubrir el déficit financiero que se deriva de las necesidades financieras adicionales derivadas del Tratado, así como de los compromisos y prioridades políticas existentes, como:

163.

Es de la firme opinión de que la congelación del próximo marco financiero plurianual al nivel de 2013, según lo exigido por algunos Estados miembros, no es una opción viable; indica que, incluso con un incremento del nivel de recursos para el próximo MFP de un 5 % con respecto al nivel de 2013 (8), sólo se puede prestar una contribución limitada a la consecución de los objetivos y compromisos acordados de la Unión y al principio de solidaridad de la Unión; está, por lo tanto, convencido de que para el próximo MFP es necesario un incremento de los recursos del al menos un 5 %; emplaza al Consejo, en caso de que no comparta este planteamiento, a que identifique claramente sus prioridades o proyectos políticos de los que podría prescindir totalmente a pesar de su acreditado valor añadido europeo;

164.

Reitera que sin recursos adicionales suficientes para el MFP de después de 2013, la Unión no podrá cumplir con las prioridades políticas existentes, en particular, las vinculadas a la estrategia Europa 2020, las nuevas tareas contempladas en el Tratado de Lisboa, y mucho menos responder a eventos imprevistos;

165.

Señala que el límite máximo de los recursos propios ha permanecido invariado desde 1993; considera que el límite máximo de los recursos propios puede necesitar algún ajuste progresivo si los Estados miembros atribuyen más competencias y fijan nuevos objetivos a la Unión; considera que, si bien el actual límite máximo de los recursos propios establecido por unanimidad por el Consejo (9) establece un margen presupuestario suficiente para afrontar los retos más apremiantes de la Unión, sigue siendo insuficiente para que el presupuesto de la UE se convierta en un verdadero instrumento para la gobernanza económica europea o para contribuir de manera importante a que se invierta a escala de la UE en la estrategia Europa 2020;

166.

Recuerda que, en virtud del Tratado de Lisboa, «sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios»; destaca que la forma en que el sistema de recursos propios ha evolucionado, sustituyendo gradualmente los auténticos recursos propios por las denominadas «contribuciones nacionales», pone un énfasis desproporcionado en los saldos netos entre Estados miembros, contradiciendo el principio de solidaridad de la UE, diluyendo así el interés común europeo e ignorando en gran medida el valor añadido europeo; señala que, en la práctica, esta situación significa que el volumen del presupuesto se ve afectado por las circunstancias financieras de los distintos Estados miembros, así como por su actitud hacia la UE; pide enérgicamente, por lo tanto, una reforma a fondo de los recursos de la UE con el fin de realinear la financiación del presupuesto de la UE con el espíritu y los requisitos del Tratado;

167.

Considera que el principal objetivo de la reforma es lograr un sistema autónomo, más justo, más transparente, más simple y equitativo, que pueda ser mejor comprendido por el público y haga más clara su contribución al presupuesto de la UE; pide, a este respecto, la supresión de los descuentos, excepciones y mecanismos de corrección existentes; está convencido de que la introducción gradual de uno o varios recursos propios genuinos de la Unión es indispensable para sustituir el sistema basado en la RNB, con objeto de que la Unión pueda contar con el presupuesto que necesita para contribuir de manera significativa a la estabilidad financiera y la recuperación económica; recuerda que cualquier cambio en los recursos propios debe ejecutarse de conformidad con la soberanía fiscal de los Estados miembros; insiste, en este contexto, en que la Unión debe ser capaz de recolectar directamente sus recursos propios, sin perjuicio de los presupuestos nacionales;

168.

Hace hincapié en que la reestructuración del sistema de recursos propios como tal no se refiere al tamaño del presupuesto de la UE, sino a una combinación más eficaz de los recursos para financiar las políticas y objetivos acordados de la UE; señala que la introducción de un nuevo sistema no debería incrementar la presión fiscal global para los ciudadanos sino más bien reducir la carga de las arcas nacionales;

169.

Subraya que el Parlamento Europeo es el único Parlamento que tiene voz en materia de gastos, pero no de ingresos; hace hincapié, por tanto, en la necesidad vital de una reforma democrática de los recursos de la UE;

170.

Toma nota de los posibles nuevos recursos propios propuestos por la Comisión en su Comunicación sobre la revisión presupuestaria (imposición del sector financiero, subasta en virtud del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, tasa de la UE relacionada con el transporte aéreo, IVA, imposición de productos energéticos, impuesto sobre la renta de las sociedades); espera las conclusiones del análisis del impacto de estas opciones, incluido un estudio de viabilidad sobre las diferentes opciones para la creación de un impuesto a las transacciones financieras en la UE, que también debe examinar los mecanismos de recogida pertinentes, en vista de la presentación por la Comisión de una propuesta legislativa antes del 1 de julio de 2011;

171.

Considera que un ITF podría constituir una contribución notable del sector financiero al coste económico y social de la crisis y a la sostenibilidad de las finanzas públicas; cree que podría igualmente contribuir en parte a la financiación del presupuesto de la UE así como a reducir la contribución de la RNB de los Estados miembros; la UE debe asimismo servir de ejemplo frente a los movimientos de capital con rumbo a paraísos fiscales;

172.

Recuerda que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, la aprobación del Parlamento, por mayoría de sus miembros, es obligatoria para la adopción del MFP por parte del Consejo, por unanimidad;

173.

Subraya los estrictos requisitos en materia de mayorías, tanto para el Parlamento como para el Consejo, y señala la importancia de explotar al máximo la norma establecida en el artículo 312, apartado 5, del TFUE, que obliga al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, a través del procedimiento que condujo a la adopción del MFP, a tomar cualquier medida necesaria para este fin; señala que esta norma impone explícitamente a las instituciones la obligación de llevar a cabo negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre un texto para que el Parlamento puede dar su consentimiento; señala, además, que si no se ha adoptado un nuevo MFP a finales de 2013, los límites máximos y demás disposiciones correspondientes al año 2013 se prorrogarán hasta el momento en que se adopte un nuevo marco financiero plurianual;

174.

Acoge con satisfacción el compromiso de las Presidencias del Consejo (10) de garantizar un diálogo abierto y constructivo con el Parlamento durante todo el procedimiento de adopción del futuro MFP y reafirma su voluntad de trabajar en estrecha cooperación con el Consejo y la Comisión de plena conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa durante el proceso de negociación;

175.

Insta, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión a que cumplan con el Tratado y realicen todos los esfuerzos necesarios para alcanzar rápidamente un acuerdo con el Parlamento sobre un método práctico de trabajo para el proceso de negociación del marco financiero plurianual; reitera el vínculo entre la reforma de los ingresos y la reforma de los gastos y las demandas, por lo que pide un compromiso firme por parte del Consejo para examinar en el contexto de la negociación del MFPF las propuestas sobre nuevos recursos propios;

176.

Pide la celebración de un amplio debate público a escala de la UE sobre el objetivo, el alcance y la dirección del marco financiero plurianual de la Unión y la reforma de su sistema de ingresos; propone, en particular, que se convoque una Conferencia en forma de Convención sobre la futura financiación de la Unión, en la que deberán participar diputados al Parlamento Europeo y diputados de los Parlamentos nacionales;

177.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y las demás instituciones y órganos interesados, así como a los Gobiernos nacionales y a los Parlamentos de los Estados miembros.

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previsión de la DG BUDG de mayo de 2011 para la RNB de 2012: 13 130 916,3 millones de euros (precios de 2012);

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estimación de la DG ECFIN de enero de 2011 de crecimiento nominal de la RNB del 1,4 % para 2011-2013 y del 1,5 % para 2014-2020.

Nota:

Las cifras son susceptibles de cambio con arreglo a las variaciones de las estimaciones y previsiones de la Comisión, así como al año de referencia y al tipo de precios utilizado (actual o constante).