22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 234/41

1.1

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» (COM(2004) 383 final), centrada en el papel específico que puede desempeñar la Unión Europea de forma que la globalización sea un proceso más justo que beneficie a toda la población;

1.2

considera que la Unión Europea puede contribuir de manera significativa a configurar la dimensión social de la globalización dada su propia historia y su experiencia de integración regional considerable y acertada, sin sugerir que proporciona un modelo válido a escala mundial en todos los aspectos;

1.3

tiene en cuenta las conclusiones de una audiencia especial organizada el 17 de diciembre de 2004 en la que participaron expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y el FMI para exponer sus puntos de vista sobre el papel de las organizaciones respectivas en cuanto a la dimensión social de la globalización (1). El CESE publicará un informe sobre esta reunión especial que incluirá las intervenciones de los oradores;

1.4

subraya la importancia de un enfoque de la globalización basado en los valores propios de los conceptos que constituyen la esencia de una economía social de mercado. Estos aspectos son la responsabilidad individual, cumplimiento del Estado de Derecho, respeto de la persona y la propiedad privada, transparencia, integridad, dignidad humana, igualdad y libertad, derechos fundamentales de los sindicatos y trabajadores, buenas relaciones laborales, acceso general a la educación y la formación para hombres y mujeres y alto nivel de protección social. Son la base de los elementos clave del enfoque de la UE respecto de la globalización:

1.5

se muestra de acuerdo con la Comisión Europea en que la economía de mercado global ha generado beneficios muy significativos, tiene un enorme potencial productivo respecto del desarrollo económico, político y social y ha creado más y mejores empleos; pero también comparte las conclusiones de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (CMDSG) en el sentido de que han tenido un carácter predominante las medidas de apertura de los mercados y las consideraciones financieras y económicas, dejando de lado hasta ahora sus consecuencias sociales, y de que estas normas y políticas son fruto de un sistema de gobernanza global poco sensible con los intereses y necesidades de los participantes menos influyentes;

1.6

remite a un estudio reciente del Banco Mundial (2) que muestra que la apertura de los mercados y la integración económica también han contribuido a un progreso económico sustancial de los países en desarrollo que han logrado acceder a los mercados mundiales de manufacturas y servicios. En este estudio, junto con otro de febrero de 2003 en el que se relaciona la reducción de las desigualdades de renta y de la discriminación salarial, así como la mejora de los resultados económicos, con un alto índice de sindicalización y unas buenas relaciones laborales (3), se subraya la necesidad de un equilibrio entre los valores económicos y sociales, que es justamente el objetivo de la CMDSG al abordar el problema de la pobreza en un mundo que tiende a la globalización;

1.7

señala que, aunque la globalización ha generado muchos efectos positivos, la pobreza que puede vincularse directamente al incremento de la economía sumergida, como causa o resultado de ella, sigue siendo uno de los retos más importantes a escala mundial;

1.8

señala que los problemas referidos a la pobreza siguen abundando en los países excluidos de la globalización: los dos mil millones personas de todo el mundo que se sitúan por debajo del umbral de pobreza viven principalmente en países que no participan de forma activa en la globalización y que corren el riesgo de quedar marginados de la economía mundial;

1.9

afirma que los países en desarrollo que pueden considerarse economías de mercado emergentes y registran un elevado crecimiento económico también tienen problemas y que la pobreza sólo puede combatirse cuando se reducen las desigualdades y se instauran una economía formal competitiva y políticas sociales eficaces;

1.10

apoya uno de los mensajes clave del informe de la CMDSG, a saber, que el punto de partida de los cambios es el nivel nacional: el desarrollo social debe ser un enfoque de abajo arriba y todas las instituciones, tanto nacionales como locales, deben desempeñar una función sumamente importante con vistas a facilitar la integración y garantizar que el mayor número posible de personas pueda beneficiarse de la globalización y recibir protección frente a sus efectos negativos. Para lograr una distribución equitativa de los resultados de la globalización, es esencial que se desarrolle en todos los países y regiones un diálogo social y civil basado en agentes sólidos, representativos, independientes y responsables;

1.11

considera que una buena gobernanza local, nacional, regional y global inspirada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las normas laborales fundamentales de la OIT y en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo constituye una base importante para la liberalización del comercio, el crecimiento y el desarrollo globales. El CESE apoya los esfuerzos de la UE para impulsar un debate a escala internacional que permita establecer los principios de normas medioambientales mundiales.

2.1

El CESE estima que la UE puede desempeñar un papel fundamental para respaldar y fomentar la dimensión social de la globalización. En concreto, puede comprometerse de forma activa y aplicar una política que convenza a los gobiernos de la necesidad de un marco legal y judicial equitativo, respeto de los derechos de propiedad, mecanismos rentables de solución de litigios y de ejecución de los contratos, acceso a la educación y formación, entidades financieras debidamente reguladas y que sean accesibles, sistema impositivo equitativo y reconocimiento del papel básico del desarrollo humano. No obstante, la persecución de estos objetivos no debería llevar al crecimiento del comercio que no fomentara (o incluso dificultara) el desarrollo sostenible, a la liberalización de los mercados financieros sin acompañarla con una normativa fiscal y social equilibrada, a condiciones injustas que rijan los ajustes estructurales y que generen una reestructuración en materia de empleo, educación y sanidad, así como al crecimiento de las desigualdades en todos los países, incluidos los industrializados. No obstante, si la UE quiere desempeñar esta función de forma eficiente, tanto la Comisión como los Estados miembros deberán revisar atentamente la coherencia de sus propias políticas en los ámbitos relevantes.

2.2

La Comisión Europea ha desarrollado varios instrumentos que, a juicio del CESE, son adecuados para lograr avances en la dimensión social de la globalización. Estos instrumentos son los acuerdos bilaterales y regionales, el desarrollo y la cooperación exterior, la política comercial, el acceso al mercado para los países en desarrollo, el fomento de las iniciativas privadas en favor del desarrollo social y el impulso de la gobernanza a nivel global. El Comité remite a los dictámenes más recientes que ha adoptado sobre todos estos instrumentos (véase el anexo). Aunque el Comité comparte las opiniones de la Comisión con respecto al potencial de dichos instrumentos, desea subrayar su preferencia por los acuerdos multilaterales. El CESE destaca que la UE debe continuar concediendo incentivos para fomentar más el comercio Sur-Sur.

2.3

Los acuerdos bilaterales y regionales pueden ayudar a introducir el desarrollo dentro de los ámbitos de la buena gobernanza, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democratización. El CESE apoya la negociación de acuerdos bilaterales y regionales entre la UE y sus socios comerciales siempre que se basen en consideraciones políticas y económicas, sociales y medioambientales y que respeten y completen el sistema comercial multilateral. Debería darse prioridad a los acuerdos factibles que prometen un gran volumen de intercambios y beneficios significativos de acceso a los mercados (de productos, servicios e inversiones). Todos estos acuerdos deberían cumplir plenamente las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El CESE destaca la importancia de debatir y supervisar estos acuerdos desde el punto de vista de su repercusión en la dimensión social y acoge con satisfacción la idea de invitar a organizaciones internacionales como la OIT a participar en el proceso.

2.3.1

A este respecto, el Comité señala con interés la intención de la Comisión de establecer nuevos mecanismos conjuntos en los acuerdos bilaterales para debatir y supervisar aspectos que resulten pertinentes para la dimensión social de la globalización, en los que se podría invitar a participar a otras organizaciones internacionales («observatorios bilaterales conjuntos»). Instrumentos de este tipo pueden demostrar de manera eficaz el papel responsable de los interlocutores sociales libres e independientes así como de otras organizaciones de la sociedad civil interesadas, como las organizaciones de agricultores, las asociaciones de consumidores y medioambientales, etc. El CESE, órgano que representa a estas organizaciones, desearía desempeñar una función en ese contexto basándose en su experiencia para organizar cooperaciones transfronterizas con la sociedad civil organizada también de países en desarrollo, especialmente en ámbitos como Mercosur, los países ACP y Euromed (4).

2.4

El CESE opina que debe concederse especial atención a la «política europea de vecindad» y considera que el planteamiento para reforzar las relaciones con los países vecinos del este y del sur de la Unión puede contribuir de manera significativa al desarrollo social de estos países siempre que el desarrollo regional, el empleo y la política social formen parte de la cooperación. La experiencia acumulada mediante la cooperación con los países candidatos en los períodos previos a la ampliación de la UE ha mostrado ciertos efectos positivos en los países en vías de adhesión.

2.5

El fomento de los derechos humanos (incluidos los derechos de los empresarios y trabajadores y de los sindicatos con arreglo a los Convenios 87 y 98 de la OIT) y la democratización en terceros países son asuntos fundamentales para impulsar el desarrollo y la democracia. Existe una estrecha relación entre la buena gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la calidad de la justicia. A este respecto, el CESE recuerda que los signatarios de los acuerdos sobre derechos humanos son los Estados. Las obligaciones que generan vinculan ante todo a los Estados. La Comisión Europea debería animar a los Estados miembros a respetar escrupulosamente estas obligaciones y a iniciar un diálogo internacional destinado a incrementar la concienciación sobre los deberes de los Estados y a recordarles las responsabilidades respectivas en cuanto a desarrollo social. Una vez incorporadas a la legislación nacional o a la normativa nacional correspondiente, las normas internacionales son vinculantes para las entidades jurídicas privadas, es decir, los ciudadanos y las empresas.

2.6

Estas prioridades también deberían incluir la cooperación exterior y la asistencia al desarrollo: uno de los mensajes básicos de la CMDSG es que el cambio empieza a escala nacional. El CESE considera que es importante centrarse en asuntos concretos dentro de una política coherente de desarrollo global.

2.6.1

Uno de estos asuntos prioritarios podría ser un trabajo decente (5), que debe incluir el desarrollo de una política integrada de empleo para generar puestos de trabajo productivos y sostenibles, adaptar las cualificaciones de las personas a las necesidades laborales actuales y futuras, así como mejorar las condiciones de trabajo e incrementar el nivel de vida. Estas políticas deberían llevar a lograr empleos más productivos y mejores en la economía, incorporar los parados al mundo laboral y concentrar la inversión pública y privada junto con la ayuda internacional en las zonas más productivas.

2.6.2

La educación debería ser otro ámbito prioritario: adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral y formar a personas con las capacidades y los conocimientos básicos indispensables. Las empresas deben desempeñar un papel esencial con el fin de ayudar a configurar las políticas, en un diálogo con presencia de los interlocutores sociales y del gobierno, y proporcionar una idea de los requisitos probables de la economía a corto, medio y largo plazo.

2.6.3

Por último, la cooperación y la ayuda a los países en desarrollo debería incluir entre sus prioridades la protección de la economía social, esto es, organizaciones como por ejemplo las cooperativas que combinan el enfoque comercial y las consideraciones sociales y que generan un bienestar económico y social.

2.7

Es necesario elaborar políticas de migración que respondan a pautas cambiantes y a la situación actual del mercado laboral, en un marco multilateral basado en los derechos que tenga en cuenta la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como los vínculos entre los aspectos económicos, sociales, políticos, comerciales, laborales, sanitarios, culturales, exteriores y de seguridad de las políticas y los aspectos del desarrollo. El CESE comparte la opinión del Secretario General de las Naciones Unidas que afirmaba, con motivo de una reunión en el Parlamento Europeo en enero de 2004, que sólo la cooperación –bilateral, regional y mundial– permitirá crear entre los países de acogida y los países de origen asociaciones que beneficien a ambas partes, así como encontrar los medios para hacer de la inmigración un motor de desarrollo, luchar contra los traficantes de seres humanos y adoptar normas comunes para el tratamiento de los inmigrantes y la gestión de la inmigración.

2.8

El comercio internacional tiene una importancia creciente para todas las economías y puede resultar esencial para reducir la pobreza. La lección que puede extraerse de algunos de esos países en desarrollo que han logrado ser competitivos en productos manufacturados es que una estrategia dinámica de impulso de la exportación mediante el desarrollo de ventajas comparativas basadas en la calidad y no en salarios bajos es fundamental para crear nuevas capacidades de exportación. Sin embargo, si se quiere tener éxito tiene que haber un proceso paralelo de integración estratégica en la economía mundial que respalde las prioridades de desarrollo nacional, incluidas las iniciativas de desarrollo local que son especialmente importantes y, por lo tanto, deben fomentarse. Este proceso debe tener una dimensión social. En este ámbito, debe prestarse especial atención a las situaciones de explotación de trabajadores (mujeres) en la mayoría de las zonas de tratamiento de la exportación. El CESE considera que las organizaciones internacionales concernidas deberían coordinar sus esfuerzos para poner fin a las violaciones de los derechos de los trabajadores en estas zonas de tratamiento de la exportación. La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deberían apoyar de manera activa estos esfuerzos.

2.9.

Las políticas de inversión y desarrollo y comercial de la UE deberían respaldar plenamente sus objetivos políticos globales e integrarse en ellos. El CESE está a favor de los objetivos del sistema de preferencias generalizadas de la UE (SPG), pero se pregunta si los regímenes de estímulo (medioambiental, social y de lucha contra el tráfico de drogas) incluidos en este sistema no imponen una excesiva carga burocrática al importador y, por lo tanto, no son ampliamente utilizados por los países pobres y las pequeñas empresas que deberían ser los principales beneficiarios. El CESE anima a la Comisión Europea a impulsar la ratificación y la incorporación a la legislación y en la práctica de las normas laborales fundamentales de la OIT por parte de los países beneficiarios, y a incluir en la revisión de 2005 medidas sobre la manera de potenciar al máximo las ventajas para los beneficiarios. Los interlocutores sociales y demás organizaciones interesadas de la sociedad civil deberían participar plenamente en la revisión.

2.10.

Respecto de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, el CESE recomienda que la Comisión Europea ponga en marcha una campaña de sensibilización para que se conozca mejor este instrumento importante y útil en las empresas y sus comités de empresa europeos. Debería mantenerse su carácter no vinculante, pero los gobiernos concernidos deberían seguir fomentando las líneas directrices y su adopción por parte de las multinacionales. Asimismo, debería evitarse que la vinculación a los acuerdos comerciales con terceros países pueda interpretarse como una nueva forma de proteccionismo. La Comisión debería apoyar los esfuerzos de la OCDE para que los países que no son miembros de la organización cumplan las líneas directrices. Lo mismo puede decirse de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

2.11.

Por lo que se refiere al fomento de iniciativas privadas y voluntarias para el desarrollo social, el CESE considera que las empresas pueden desempeñar un papel favorable en el debate sobre el desarrollo social. La responsabilidad social de las empresas (RSE) trata de la manera en que las empresas nacionales y multinacionales incorporan el concepto de sostenibilidad a sus prácticas empresariales. A este respecto, el CESE remite a su dictamen sobre el «Libro Verde — Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» (CES 355/2002). La responsabilidad social de las empresas no se limita a la creación y salvaguardia del empleo, sino que también cubre el desarrollo de mejores empleos teniendo presente la salud y la seguridad adecuadas en el lugar trabajo, la toma en consideración de las necesidades de las personas con discapacidad y el fomento de la cultura de la formación continua. Un comportamiento socialmente responsable significa que las empresas aplican las normas sociales vigentes de manera comprometida y que se esfuerzan por consolidar un ambiente de cooperación con las partes interesadas correspondientes.

2.12.

La mejora de la gobernanza a nivel nacional y global es otro mensaje clave del informe de la CMDSG. Respecto del nivel global, el CESE comparte la idea de que es capital que se consolide el sistema multilateral de las organizaciones internacionales. La clave de la gobernanza a nivel global es una coordinación mayor y más política entre estas organizaciones. Tiene que ser más eficaz, con mejores recursos, más reactiva y flexible, evitando la duplicación y la mala gestión. Los Estados miembros de la UE deberían insistir con urgencia en que se aborde este proceso dentro de los órganos decisorios de las organizaciones internacionales. Debe señalarse que el papel de los Estados miembros en cuanto a coordinación y coherencia es como mínimo tan importante como el de la Comisión. Hubiera sido aconsejable que la Comunicación mencionada recogiera más recomendaciones al respecto. La interacción entre la Comisión y los Estados miembros debería ser objeto de atención adecuada a la hora de desarrollar las políticas en los foros internacionales correspondientes. Es esencial que la UE se comprometa a fondo con la gobernanza internacional. Por su parte, los Estados miembros deben reforzar la cooperación, mejorar la elaboración de sus propuestas y actividades en las instituciones internacionales y coordinar sus puntos de vista.

3.1

El CESE considera que hay aspectos internos y externos para que la UE impulse la dimensión social de la globalización.

3.2

Los aspectos internos residen en la capacidad de la UE de abordar reformas estructurales. El CESE estima que el éxito de la estrategia de Lisboa es fundamental para una contribución fructífera específica de la política comunitaria a la dimensión social de la globalización. La Unión Europea sólo podrá servir de referencia a escala mundial si los Estados miembros logran ejecutar las reformas estructurales necesarias reforzando mutuamente el desarrollo económico, el empleo y la política social, y si alcanzan la cohesión económica y social. La UE debe mantener sus esfuerzos para superar las tendencias proteccionistas de la actual política comercial por lo que se refiere, sobre todo pero no exclusivamente, a la agricultura (en especial, los productos transformados) y prepararse en términos generales para una política comercial sin subvenciones a la exportación. Además, la Unión Europea y los Estados miembros deben adoptar una postura activa con reformas decisivas ante los retos del envejecimiento demográfico y la persistente alta tasa de desempleo. Con el fin de fomentar un aumento sostenible del nivel de empleo, es esencial reformar los sistemas de protección y seguridad social para incrementar los incentivos del trabajo y reducir los costes laborales no salariales. Las formas flexibles de trabajo son tan importantes como la protección adecuada de las personas que tienen esos contratos y la inversión en capital humano. También son adecuadas nuevas políticas activas de inmigración económica tal como se han contemplado en el Consejo Europeo de Salónica y han sido propuestas desde la Comisión y el CESE. Todas estas reformas deben elaborarse detenidamente en colaboración con los empresarios y los sindicatos.

3.3

El CESE quiere mencionar el reciente informe sobre la competitividad mundial 2003–2004 del Foro Económico Mundial, en el que se recogen unos resultados notables de los países escandinavos. Se trata de países que tienen una sólida tradición de economía social de mercado y que, además, han salvaguardado sus principios básicos aplicando con acierto reformas estructurales esenciales. Ello demuestra que el modelo social europeo puede servir de base para aplicar reformas estructurales acertadas.

3.4

Los aspectos externos consisten en que la UE debería desempeñar un papel crucial a la hora de subrayar la importancia del multilateralismo y la gobernanza global. Los asuntos clave son consolidar el sistema de organizaciones internacionales dentro de Naciones Unidas (NU) y exigir una política más coherente entre estas organizaciones y las instituciones de Bretton Woods y la OMC. La UE debería dedicarse especialmente a reforzar las normas existentes sobre desarrollo social como los convenios laborales fundamentales de la OIT, el objetivo general del trabajo decente y las convenciones sobre derechos humanos de NU. También debería trabajar por que los estados miembros de esta organización apliquen las normas en la legislación y en la práctica. La UE debería garantizar una mejor integración de la dimensión social y del trabajo decente en sus programas de cooperación exterior. Los Estados miembros de la UE deberían aumentar su ayuda al desarrollo.

3.5

En este marco, la UE debe desempeñar un papel de fomento de foros de representación y consulta formales de las asociaciones empresariales, sindicatos y demás organizaciones pertinentes de la sociedad civil en organizaciones internacionales financieras y comerciales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. La OCDE, que ha demostrado su utilidad a lo largo de los años, puede servir de ejemplo para estas instituciones.

3.6

La Comisión y los Estados miembros, en estrecha cooperación, deberían considerar atentamente la propuesta de la CMDSG de establecer un Consejo económico y de seguridad social. Se trata de una de las principales sugerencias de la CMDSG para conseguir un verdadero liderazgo a nivel mundial, pues considera necesario equilibrar las políticas económicas y sociales de forma coherente para alcanzar los objetivos establecidos. Asimismo, la Comisión y los Estados miembros deberían prestar toda la atención necesaria a los esfuerzos reales destinados a reformar y fortalecer el potencial, aún sin materializar, del ECOSOC de Naciones Unidas en la coordinación mundial de las políticas económicas y sociales. Si se fortalece realmente la función del ECOSOC, el CESE estudiará los modos y formas para que se oiga mejor la voz de la sociedad civil organizada europea a través del ECOSOC en el ámbito del sistema de Naciones Unidas.

3.7

La Comisión Europea y los Estados miembros deberían escuchar el mensaje de la CMDSG de que el trabajo decente es un instrumento esencial para erradicar la pobreza. Por lo tanto, deberían defender que el trabajo decente es un objetivo global que Naciones Unidas debe tener presente cuando revise la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3.8

Uno de los mensajes más claros de la CMDSG es la petición urgente a los gobiernos para que coordinen y formulen políticas coherentes dentro de las instituciones financieras internacionales, la OMC y la OIT, así como entre ellas. Una condición indispensable para lograr esta cooperación y coherencia es que los gobiernos apliquen los mismos principios a escala nacional. Deberían poner fin a la práctica actual de que los representantes ante el FMI reciban instrucciones sobre todo de los Ministerios de Hacienda; ante la OMC, de los Ministerios de Comercio o de Economía; y ante la OIT, de los Ministerios de Asuntos Sociales y Empleo. El CESE sugiere encarecidamente que la Comisión y el Consejo de Ministros consideren la idea de que los gobiernos de los Estados miembros que disponen de un consejo económico y social le soliciten un dictamen sobre los medios y la manera de establecer esta cooperación y coherencia a escala nacional. Los gobiernos de los Estados miembros que no tienen un consejo económico y social podrían solicitar el punto de vista de sus organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, o aprovechar los procedimientos de consulta existentes para que la sociedad civil participara en la preparación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de NU y la cumbre social + 5.

3.9

La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros a la hora de defender un diálogo más eficaz entre la OIT y la OMC (y, en este ámbito, la OIT y el FMI, así como la OIT y el Banco Mundial), podría avanzar más de lo que propone en el punto 5.5 de la Comunicación. La OMC, que ha rechazado tajantemente hasta ahora la posibilidad de considerar la dimensión social de las políticas de su competencia, el FMI y el Banco Mundial podrían, con un mandato otorgado por sus Estados miembros, establecer órganos de coordinación con la OIT que garanticen la inclusión de la dimensión social en su labor, junto con la supervisión del desarrollo. A título de ejemplo, a raíz de la expiración del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido a finales de 2004, numerosos países exportadores de textiles están sufriendo graves problemas de adaptación e importantes pérdidas de puestos de trabajo. La naturaleza transversal de este problema justifica la necesidad de una iniciativa a favor de la coherencia de las políticas, en la que deberían participar las agencias concernidas (OMC, Banco Mundial, FMI, OIT y demás agencias relevantes de Naciones Unidas) para anticipar el impacto social y económico y recomendar medidas a los gobiernos que puedan verse afectados, contando con el apoyo de la ayuda internacional.

3.10

La UE debería continuar fomentando la inclusión de normas laborales fundamentales como punto de referencia en las revisiones periódicas de las políticas comerciales de los Estados miembros que realiza la OMC, de acuerdo con su propio ejemplo de octubre de 2004. El CESE considera que debería estar representado en la delegación de la Comisión para las revisiones futuras de las políticas comerciales. Por otra parte, la Comisión podría instar a sus principales socios comerciales a que se comprometan en este tipo de revisiones de las políticas comerciales.

3.11

El CESE estima que, aunque es interesante la idea de la CMDSG de establecer un foro de políticas de globalización dentro de NU que englobe a los organismos del sistema multilateral y a otras organizaciones, grupos e individuos interesados en la dimensión social de la globalización, puede ser un proyecto demasiado ambicioso en las condiciones actuales. Cuando los gobiernos empiecen seriamente a coordinar y a incrementar la coherencia de sus políticas en las instituciones financieras internacionales, la OMC y la OIT y cuando, en consecuencia, se haya iniciado una mejor cooperación entre estas instituciones internacionales, habrá llegado el momento de considerar esta propuesta de forma detenida.

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Sr. Rodgers, Director de Integración, OIT,

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Sr. Peccoud, Consejero especial, Relaciones Exteriores y Cooperación, OIT,

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Sra. Bridi, Representante especial ante las instituciones europeas, Oficina del Banco Mundial,

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Sr. Dhonte, Representante especial ante la UE, FMI.