(1)

El 7 de agosto de 2020, Italia solicitó asistencia financiera de la Unión con el fin de complementar sus esfuerzos nacionales para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 y dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia para los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia.

(2)

Se teme que el brote de COVID-19 y las medidas extraordinarias aplicadas por Italia para contener la pandemia y sus repercusiones socioeconómicas y sanitarias supongan un durísimo revés para las finanzas públicas. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el déficit y la deuda de las administraciones públicas de Italia sería del 11,1 % y del 158,9 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente, para el final de 2020. De acuerdo con las previsiones intermedias del verano de 2020 de la Comisión, se prevé que el PIB de Italia disminuya un 11,2 % en 2020.

(3)

La pandemia de COVID-19 ha inmovilizado a una parte sustancial de la mano de obra de Italia. Esto ha dado lugar a un aumento repentino y grave en el gasto público en Italia relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena, los subsidios para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores con contratos de duración determinada en la agricultura, los trabajadores de la industria del entretenimiento, los colaboradores de asociaciones deportivas, los trabajadores del servicio doméstico y trabajadores en disponibilidad, los vales de guardería, las prestaciones adicionales de permiso parental o por discapacidad, las subvenciones a fondo perdido a los trabajadores por cuenta propia y las empresas unipersonales, y los créditos fiscales en apoyo de las medidas de salud pública, tal como se recoge en los considerandos (4) a (10).

(4)

El «Decreto-ley n.o 18/2020» (2) y el «Decreto-ley n.o 34/2020» (3), a los que hace referencia Italia en su solicitud de 7 de agosto de 2020, han constituido la base para la introducción de una serie de medidas para combatir las repercusiones de la pandemia de COVID-19, incluida la ampliación de los regímenes existentes de reducción del tiempo de trabajo (Cassa integrazione guadagni). La medida cubre el 80 % del salario normal de los trabajadores, cuyo contrato laboral se mantenga, de las empresas cerradas total o parcialmente debido a la COVID-19, durante un máximo de 18 semanas en el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de octubre de 2020.

(5)

Las autoridades han introducido un subsidio de 600 EUR para los meses de marzo y abril de 2020 para los trabajadores por cuenta propia y los profesionales independientes. Los profesionales independientes que hayan experimentado una reducción de al menos el 33 % de sus ingresos en marzo y abril de 2020 sobre una base anual también tienen derecho a un subsidio de 1 000 EUR para mayo de 2020. Se concedió un subsidio adicional de 600 EUR para marzo de 2020 a los trabajadores por cuenta propia y los profesionales independientes inscritos en organismos privados obligatorios de seguridad social.

(6)

Las autoridades han introducido una serie de medidas dirigidas a profesiones específicas que se han visto afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19. Estas medidas incluyen un subsidio de 600 EUR para el mes de marzo de 2020 y de 500 EUR para el mes de abril de 2020 para los trabajadores con contratos de duración determinada en la agricultura; un subsidio de 600 EUR mensuales para los meses de marzo, abril y mayo de 2020 para los trabajadores de la industria del entretenimiento (con ingresos anuales de hasta 50 000 EUR); un subsidio de 600 EUR mensuales para los meses de marzo, abril y mayo de 2020 para los colaboradores de asociaciones deportivas; un subsidio de 600 EUR para los meses de marzo, abril y mayo de 2020 para los trabajadores en disponibilidad y un subsidio de 500 EUR mensuales para los meses de abril y mayo de 2020 para los trabajadores del servicio doméstico.

(7)

Las autoridades también han introducido dos medidas que abordan las repercusiones del cierre de los servicios de educación infantil y las escuelas, en forma de prestaciones de permiso parental para un máximo de 30 días en el período comprendido entre el 5 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 para los trabajadores por cuenta propia o ajena con niños de hasta 12 años (o mayores de 12 si el niño tiene discapacidad y todavía asiste a la escuela) que cubren el 50 % de sus ingresos y vales de guardería hasta un máximo de 2 000 EUR, como alternativa a las prestaciones de permiso parental y válido durante el mismo período. Estas medidas pueden considerarse similares a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, como se contempla en el Reglamento (UE) 2020/672, ya que ofrecen ayudas a la renta a trabajadores por cuenta propia y ajena, lo que contribuirá a cubrir los costes del cuidado de los niños durante el cierre de las escuelas y, por tanto, ayudará a que los padres continúen trabajando, evitando poner en riesgo su relación laboral.

(8)

Además, las autoridades han introducido prestaciones de baja por incapacidad adicionales de hasta 12 días en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 y de 12 días más en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de junio de 2020 para los trabajadores con discapacidad grave o con familiares con discapacidad grave. Se trata de la ampliación de un régimen existente que da derecho a los trabajadores a tres días de baja por incapacidad al mes.

(9)

Se han introducido subvenciones a fondo perdido para los trabajadores por cuenta propia y las empresas unipersonales. El importe de la subvención se calcula teniendo en cuenta la caída del volumen de negocios sufrida en abril de 2020 en comparación con abril de 2019 (desde un importe mínimo de 1 000 EUR hasta un máximo del 20 % de la caída del volumen de negocios).

(10)

Por último, las autoridades han introducido dos medidas relacionadas con la salud, un nuevo crédito fiscal temporal del 60 % de los costes de mejora de la seguridad del lugar de trabajo (hasta un máximo de 80 000 EUR) y un crédito fiscal temporal del 60 % de los costes de desinfección de pequeñas empresas, oficinas profesionales e instituciones sin fines de lucro y de la compra de equipos de seguridad (hasta un máximo de 60 000 EUR). Dado que los créditos fiscales suponen una pérdida de ingresos para el Gobierno, pueden considerarse equivalentes a gasto público.

(11)

Italia cumple las condiciones para solicitar asistencia financiera establecidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2020/672. Italia ha presentado a la Comisión las correspondientes pruebas de que el gasto público real y previsto se ha incrementado en 28 811 965 628 EUR a 1 de febrero de 2020, debido al aumento de las cantidades relacionadas directamente con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena, los subsidios para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores con contratos de duración determinada en la agricultura, los trabajadores de la industria del entretenimiento, los colaboradores de asociaciones deportivas, los trabajadores del servicio doméstico y trabajadores en disponibilidad, los vales de guardería, las prestaciones adicionales de permiso parental o por discapacidad y las subvenciones a fondo perdido a los trabajadores por cuenta propia y las empresas unipersonales. Constituye un grave y repentino aumento puesto que está relacionado con las nuevas medidas y la ampliación de las ya existentes que cubren una parte importante de las empresas y de la mano de obra de Italia. Italia tiene intención de financiar 320 000 000 EUR del incremento del importe del gasto público a través de fondos de la Unión.

(12)

La Comisión ha consultado a Italia y ha verificado el grave y repentino aumento en el gasto público real y previsto, directamente relacionado con los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares, así como con el recurso a las medidas pertinentes del ámbito sanitario en relación con la pandemia de COVID-19, a las que se hace referencia en su solicitud de 7 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/672.

(13)

Por consiguiente, debe proporcionarse asistencia financiera con el fin de ayudar a Italia a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19. La Comisión debe adoptar las decisiones relativas a los vencimientos, cuantía y desembolso de los tramos y cuotas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales.

(14)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio del resultado de cualesquiera procedimientos relativos a distorsiones del funcionamiento del mercado interior que puedan incoarse, en particular, en virtud de los artículos 107 y 108 del Tratado. No exime a los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Tratado, de la obligación de notificar a la Comisión las ayudas estatales que pudieran instituirse.

(15)

Italia debe informar regularmente a la Comisión acerca de la ejecución del gasto público previsto, con el fin de que la Comisión pueda evaluar el grado de ejecución de dicho gasto por parte de Italia.

(16)

La decisión de proporcionar ayuda financiera se ha alcanzado tomando en consideración las necesidades existentes y previstas de Italia, así como las solicitudes de asistencia financiera en virtud del Reglamento (UE) 2020/672 que ya han presentado o que tienen previsto presentar otros Estados miembros, al tiempo que se aplican los principios de igualdad de trato, solidaridad, proporcionalidad y transparencia. En particular, el importe del préstamo se ha fijado de manera que se garantice el cumplimiento de las normas prudenciales aplicables a la cartera de préstamos, tal como se especifica en el Reglamento (UE) 2020/672.