Supervisión de conglomerados financieros

PUNTOS CLAVE

La Directiva establece unos requisitos específicos:

• en materia de solvencia, con un requisito general que integra todos los requisitos de solvencia sectoriales que se apliquen al grupo, para evitar que el mismo capital se utilice más de una vez como protección contra el riesgo en distintas entidades del mismo conglomerado («cómputo múltiple del capital») y para evitar el downstreaming por parte de las empresas matrices, según el cual estas emiten deuda y, a continuación, utilizan los ingresos recibidos como capital para sus filiales reguladas («inflado de capital»);
• en materia de idoneidad y profesionalidad de la dirección del conglomerado;
• para garantizar unos sistemas adecuados de gestión de riesgos y control interno dentro del conglomerado;
• que estipulan que deberá nombrarse una única autoridad de supervisión con el fin de coordinar la supervisión general de un conglomerado que pueda implicar a distintas autoridades que se ocupan de diferentes partes de las actividades del conglomerado;
• sobre el intercambio de información y la cooperación entre los supervisores (incluidos los de países de fuera de la Unión Europea) de las entidades reguladas de un conglomerado financiero.
• sobre las competencias de los supervisores financieros para supervisar las entidades matrices de los conglomerados, como las sociedades de cartera, para permitir que los supervisores obtengan información más detallada en una fase anterior y estén mejor preparados para intervenir en caso de que un conglomerado financiero tenga problemas;
• Para elaborar normas técnicas, las instituciones que forman parte de un conglomerado financiero aplican los métodos de cálculo adecuados para determinar el capital obligatorio de forma consolidada (véase la síntesis) e informan a sus supervisores sobre las operaciones intragrupo y la concentración de riesgos.

La Directiva de modificación (UE) 2023/2864 inserta un artículo en la Directiva 2002/87/CE que obliga a los Estados miembros de la UE, a partir del 10 de enero de 2030, a garantizar que, al hacer pública cualquier información, los FPE la presenten al mismo tiempo al organismo de recogida, y la notifiquen a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a efectos de hacerla accesible en el punto de acceso único europeo, creado en virtud del Reglamento (UE) 2023/2859.