Gestión de planes de pensiones colectivos: fondos de pensiones de empleo

PUNTOS CLAVE

Los Estados miembros velarán por que los FPE:

• se dediquen únicamente a actividades de prestaciones de jubilación;
• protejan los activos de los partícipes y beneficiarios en el caso de que una organización asociada entre en quiebra;
• estén registrados y autorizados por la autoridad nacional correspondiente, incluidas las actividades transfronterizas;
• tengan suficientes fondos para cubrir los compromisos financieros;
• inviertan prudentemente defendiendo al máximo los intereses a largo plazo de los partícipes y beneficiarios;
• dispongan de un sistema eficaz de gobernanza que garantice una gestión sana y prudente de sus actividades;
• estén dirigidos por personas que posean la experiencia, las cualificaciones y los conocimientos adecuados;
• apliquen una política de remuneración adecuada respecto de todos los empleados;
• dispongan de una función de gestión de riesgos, una función de auditoría interna y una función actuarial¹;
• lleven a cabo una evaluación interna de riesgos al menos cada tres años y presenten una declaración escrita de los principios de su política de inversión;
• elaboren y publiquen cuentas anuales;
• estén sujetos a supervisión prudencial en aspectos tales como los márgenes de solvencia y las normas de inversión;
• adopten medidas razonables para garantizar la continuidad y regularidad en el desempeño de sus actividades, incluido el desarrollo de planes de contingencia, utilizando sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados y, en particular, el establecimiento y la gestión de sistemas de redes e información de conformidad con el Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (véase la síntesis).

Las autoridades nacionales de los Estados miembros pertinentes:

• deben tener los recursos necesarios para ejercer una supervisión prudencial;
• exigen que los FPE dispongan de una adecuada organización administrativa y contable, y de mecanismos de control internos;
• pueden imponer sanciones administrativas y de otra índole en caso de infracción de la legislación;
• están facultadas para revisar las estrategias, los procesos y los procedimientos de información establecidos por los FPE, obtener documentos internos y realizar inspecciones en el lugar;
• pueden intercambiarse información entre ellas y con las autoridades monetarias sin violar los términos del secreto profesional.

Los FPE deben proporcionar a los partícipes y beneficiarios potenciales y actuales información clara, actualizada y gratuita. El Reglamento incluye:

• detalles de los derechos y obligaciones del FPE y de los partícipes;
• declaraciones de las prestaciones de pensión que contengan, por ejemplo, los datos sobre las aportaciones abonadas, un desglose de los costes y del valor del plan personal;
• asesoramiento sobre cómo obtener información complementaria;
• asesoramiento durante la fase previa a la jubilación sobre las opciones de pago de prestaciones.

Dependiendo de los requisitos de que se trate, los Estados miembros podrán eximir a determinados FPE que gestionen planes de pensiones que cuenten con menos de quince o cien partícipes de determinadas condiciones de la legislación. Sin embargo, en el caso de que un fondo de pensiones desee prestar sus servicios en otros Estados miembros, debe aplicar todas las normas establecidas en la presente Directiva.

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación:

• contribuye a la cooperación entre las autoridades nacionales;
• garantiza la aplicación coherente de la legislación de seguros y pensiones de jubilación de la UE.

La Directiva de modificación (UE) 2023/2864 inserta un artículo en la Directiva (UE) 2016/2341 que obliga a los Estados miembros, a partir del 10 de enero de 2030, a garantizar que, al hacer pública cualquier información, los FPE la presenten al mismo tiempo al organismo de recogida, y la notifiquen a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a efectos de hacerla accesible en el punto de acceso único europeo, creado en virtud del Reglamento (UE) 2023/2859.