(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/309 de la Comisión (2), la Comisión estableció derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinada trucha arco iris originaria de Turquía («la investigación original»).

(2)

El 4 de junio de 2018, tras una reconsideración provisional parcial relativa a la subvención de todos los productores exportadores de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base, la Comisión decidió mantener las medidas establecidas en la investigación original mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/823 de la Comisión (3).

(3)

El 15 de mayo de 2020, a raíz de una reconsideración provisional parcial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base, la Comisión modificó, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/658 de la Comisión (4), el nivel del derecho compensatorio para un productor exportador.

(4)

El 25 de mayo de 2021, a raíz de una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, la Comisión, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/823 (5), amplió por otros cinco años las medidas establecidas en la investigación original [y modificadas mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/658].

(5)

El 8 de diciembre de 2022, a raíz de una reconsideración provisional parcial, la Comisión publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2390 (6) («el Reglamento en cuestión»).

(6)

El 6 de marzo de 2023, Ege İhracatçıları Birliği (Asociación de Exportadores del Egeo), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Asociación de Exportadores Mediterráneos), İstanbul İhracatçıları Birliği (Asociación de Exportadores de Estambul), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Asociación de Exportadores del Mar Negro Oriental), y Denizli İhracatçıları Birliği (Asociación de Exportadores de Denizli), conjuntamente con sus miembros («los demandantes»), interpusieron un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea («el Tribunal General») contra la legalidad del Reglamento en cuestión.

(7)

En apoyo de su recurso, los demandantes invocaron siete motivos: El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 1, apartado 1, del artículo 3, apartado 2, del artículo 5 y del artículo 7 del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión no llevó a cabo un análisis de transferencia en lo que respecta a la subvención por kilogramo de trucha comprado.

(8)

El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 22, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión aplicó una nueva metodología para calcular el importe de la subvención por kilogramo de trucha comprado.

(9)

El tercer motivo se basaba en la infracción del artículo 1, apartado 1, del artículo 3, apartado 2, del artículo 5 y del artículo 7 del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación al calcular el importe de la subvención por kilogramo de trucha comprado.

(10)

El cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 22, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión modificó la metodología del cálculo del importe de la subvención por kilogramo de trucha comprado al incluir la trucha de gran tamaño en dicho cálculo.

(11)

El quinto motivo se basaba en la infracción del artículo 1, apartado 1, del artículo 3, apartado 2, del artículo 5 y del artículo 7 del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión incluyó la trucha de gran tamaño en el cálculo del importe de la subvención por kilogramo de trucha comprado, a pesar de que las medidas compensatorias no se referían a la trucha de gran tamaño.

(12)

El sexto motivo se basaba en la infracción del artículo 3 del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión llegó a la conclusión errónea de que algunos préstamos dependientes de la exportación concedidos a Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ («Gümüșdoğa») por bancos privados debían atribuirse al Gobierno de Turquía.

(13)

El séptimo y último motivo se basaba en la infracción del artículo 5 y del artículo 7, apartados 2 y 4, del Reglamento de base, en la medida en que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación al calcular el tipo de subvención para Gümüșdoğa.

(14)

El 5 de febrero de 2025, el Tribunal General dictó su sentencia (7) por la que anulaba parcialmente el Reglamento en cuestión en lo que respecta a los demandantes, a excepción de Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi y Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.

(15)

El Tribunal General declaró que la Comisión había incurrido en dos errores de apreciación que afectaban a los importes de beneficio obtenidos, a saber, los beneficios obtenidos en concepto de «apoyo a la exposición» y de «apoyo a la Asociación de Exportadores del Egeo».

(16)

La Comisión analizó si era adecuado someter a registro las importaciones del producto afectado. Para ello, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones que figuran a continuación.

(17)

El artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones en el marco de un procedimiento administrativo, como son las investigaciones antisubvenciones, la ejecución de la sentencia del Tribunal General consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal (8).

(18)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»), el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (9). En particular, esto implica que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, como el inicio del procedimiento antisubvenciones.

(19)

En una situación en la que se anula, por ejemplo, un Reglamento por el que se establecen medidas antisubvenciones definitivas, el procedimiento antisubvenciones permanece abierto tras la anulación, ya que el acto por el que se concluye dicho procedimiento ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión (10), a no ser que la ilegalidad se haya producido en la fase de inicio.

(20)

Como se explica en el anuncio de reapertura (11), y dado que la ilegalidad no se produjo en la fase de inicio sino en la de la investigación, la Comisión decidió reabrir la reconsideración provisional parcial y la reanudó en el punto en el que se produjo la irregularidad.

(21)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la reanudación del procedimiento administrativo y el posible restablecimiento de los derechos no pueden considerarse contrarios a la regla de irretroactividad (12). En el anuncio de reapertura se informa a las partes interesadas, incluidos los importadores, de que toda responsabilidad futura, en su caso, emanará de los resultados del reexamen.

(22)

Sobre la base de sus nuevas conclusiones y del resultado de la investigación reabierta, que se desconoce en esta fase, la Comisión puede adoptar un reglamento que revise, cuando esté justificado, los tipos de derecho aplicables. Estos tipos revisados, en su caso, entrarán en vigor a partir de la fecha en la que entró en vigor el Reglamento en cuestión.

(23)

Con este fin, la Comisión solicitó a las autoridades aduaneras nacionales que esperaran al resultado del reexamen antes de decidir sobre cualquier solicitud de devolución relativa a los derechos compensatorios anulados por el Tribunal General. Por tanto, se ordena a las autoridades aduaneras que dejen en suspenso cualquier solicitud de reembolso de los derechos anulados hasta que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea el resultado del reexamen.

(24)

Además, en caso de que la investigación de reapertura condujera al restablecimiento de las medidas, también deberán recaudarse derechos para el período durante el cual se llevó a cabo la investigación de reapertura.

(25)

A este respecto, la Comisión señala que el registro es una herramienta contemplada en el artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base para que posteriormente puedan aplicarse medidas a las importaciones a partir de la fecha de registro. En el caso que nos ocupa, la Comisión considera oportuno registrar las importaciones para facilitar la recaudación de derechos compensatorios una vez que se revisen sus niveles de acuerdo con la sentencia del Tribunal General (13).

(26)

En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (14), contrariamente al registro que tiene lugar durante el período anterior a la adopción de medidas provisionales, las condiciones del artículo 16, apartado 4, del Reglamento de base no son aplicables al presente caso.

(27)

De hecho, la finalidad del registro en el contexto de la ejecución de las sentencias del Tribunal consiste en no permitir una posible recaudación retroactiva de las medidas de defensa comercial, tal como se prevé en dichas disposiciones. El objetivo es más bien salvaguardar la eficacia de las medidas en vigor, sin interrupción indebida desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento en cuestión hasta el restablecimiento de los derechos corregidos, garantizando que en el futuro pueda recaudarse el importe correcto de los derechos.

(28)

A la vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión consideró que había motivos para el registro con arreglo al artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base.

(29)

Sobre la base de lo anterior, las importaciones del producto producido por las empresas que figuran en el anexo deben someterse a registro.

(30)

Como se indica en el anuncio de reapertura, la obligación final de pago de los derechos compensatorios, en su caso, desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento en cuestión emanará de las conclusiones del reexamen.

(31)

No podrán recaudarse derechos superiores a los derechos establecidos en el Reglamento en cuestión para el período comprendido entre la publicación del anuncio de reapertura y la fecha de entrada en vigor de los resultados de la investigación de reapertura.

(32)

Los derechos compensatorios actualmente aplicables a las empresas que figuran en el anexo oscilan entre el 3,4 y el 4,4 %.