—

Vistas las cuentas anuales definitivas del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas relativas al ejercicio 2011,

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Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas relativas al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas del Organismo (1),

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Vista la Recomendación del Consejo de 12 de febrero de 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

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Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

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Visto el Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (4), y, en particular, su artículo 13,

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Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, su artículo 94,

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Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0066/2013),

A.

Considerando que el Tribunal de Cuentas ha declarado haber obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas («el Organismo») correspondientes al ejercicio 2011 son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

B.

Considerando que, de conformidad con la Decisión 2010/349/UE adoptada de común acuerdo entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 31 de mayo de 2010, por la que se fija la sede de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (6), se estableció la sede de la Oficina del ORECE («la Oficina») en Riga, Letonia; que la Oficina firmó el acuerdo relativo a su sede el 24 de febrero de 2011, llegó a funcionar a pleno rendimiento durante 2011 y obtuvo la autonomía financiera el 12 de septiembre de 2011;

C.

Considerando que el presupuesto global asignado al Organismo para el ejercicio 2011, 1 178 785,60 EUR, se financió en su integridad mediante una contribución de la Unión (7);

1.

Recuerda que la contribución inicial de la Unión al presupuesto de la Oficina para el ejercicio 2011 ascendió a 1 178 785,60 EUR; observa que 2011 fue el primer año en el que la Oficina tuvo autonomía financiera;

2.

Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas de que el presupuesto de 2011 de la Oficina, aprobado por el Comité de Gestión, presentaba los créditos por títulos y capítulos únicamente, y no se subdividió en artículos y partidas, y que, por tanto, esta situación es contraria al principio de especialidad; toma nota de la respuesta de la Oficina, en la que se afirma que el presupuesto de 2012 ya está subdividido en artículos y partidas;

3.

Observa a partir de las cuentas anuales de la Oficina que el índice de compromiso de créditos se eleva al 63,4 %, mientras que el índice de pagos se eleva a un 70,1 % del total de los créditos gestionados (o el 44,5 % de los créditos disponibles);

4.

Observa con preocupación que el Tribunal de Cuentas detectó 21 casos, por un valor total de 94 120 EUR, en los que los créditos prorrogados a 2012 no correspondían a compromisos jurídicos, por lo que se trató de prórrogas irregulares;

5.

Acepta la explicación de la Oficina de que durante la fase inicial resultó difícil prever correctamente las prórrogas y que actualmente se aplica un estrecho seguimiento de la ejecución del presupuesto; toma nota del comentario de la Oficina según el cual al final del ejercicio 2012 se darían instrucciones y se recogería la información pertinente de las diferentes unidades, con objeto de liberar los créditos comprometidos y no utilizados; pide a la Oficina que comunique a la autoridad de aprobación de la gestión si estas medidas se han llevado a cabo;

6.

Recuerda a la Oficina la observación del Tribunal de Cuentas de que esta no había aprobado ni aplicado la totalidad de las normas de control interno, y que, en particular, no se había implantado un registro central de facturas ni un registro de excepciones;

7.

Toma nota de la declaración de la Oficina, según la cual el actual Plan de Ejecución para las normas de control interno define los plazos de aplicación para diferentes normas durante el período comprendido entre noviembre de 2011 y enero de 2013; toma nota de que el registro de facturas y la constatación de excepciones se han puesto en práctica desde el 18 de junio de 2012, con repercusiones sobre los futuros registros que se realicen en 2012, y de que aún no había terminado la elaboración de las Instrucciones Administrativas pertinentes; pide a la Oficina que informe a la autoridad encargada de aprobar la gestión acerca de los progresos realizados en estas materias;

8.

Señala que el Tribunal de Cuentas ha observado que es necesario mejorar la transparencia de los procedimientos de selección del personal; toma nota de la respuesta de la Oficina, según la cual en junio de 2012 actualizó sus Directrices para los procedimientos de contratación con el fin de poner en práctica las conclusiones del Tribunal; pide a la Oficina que siga de cerca esta cuestión e informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de las medidas adoptadas; considera que algunas de las disposiciones del Estatuto de los funcionarios pueden suponer considerables cargas administrativas; anima, por lo tanto, a la Comisión a que permita un cierto grado de simplificación respecto a las agencias con arreglo al artículo 110 del Estatuto;

9.

Remite, en relación con las demás observaciones de carácter horizontal que acompañan a la Decisión de aprobación de la gestión, a su Resolución de 17 de abril de 2013 (8) sobre el rendimiento, la gestión financiera y el control de las Agencias.