Ponente : Kristoffer TAMSONS, miembro de la Asamblea Regional de Estocolmo

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

El papel del sector privado en la política de cohesión

1.

toma nota de la propuesta de la Comisión Europea de marco financiero plurianual (MFP) y nuevos recursos propios para el período comprendido entre 2028 y 2034;

2.

destaca que la política de cohesión es una política de inversión a largo plazo y uno de los instrumentos clave de la UE para invertir en competitividad, conocimiento y desarrollo sostenible, y fomentar la inclusión social fundamentada en políticas regionales y de base local para que todas las regiones sean competitivas;

3.

señala que, a la luz del contexto de limitaciones presupuestarias después de 2027, es necesario incentivar las inversiones del sector privado, que aporta las innovaciones, los recursos y los conocimientos especializados necesarios para complementar las inversiones públicas. Las inversiones privadas ayudan a mejorar la eficacia de la financiación pública y a movilizar fondos públicos para lograr un efecto multiplicador, y crean riqueza en todo el territorio. Para ello, también es necesario optimizar la participación del sector privado y su financiación en todos los niveles territoriales;

4.

pide que se adopten nuevas medidas para capacitar a los entes locales y regionales con el fin de facilitar la participación efectiva y pertinente del sector privado, en particular medidas de desarrollo de capacidades y asistencia técnica. Una interacción eficaz entre los entes locales y regionales y las diversas partes interesadas del sector privado que participan en la política de cohesión es fundamental no solo para la aplicación actual y futura de dicha política, sino también para realizar las inversiones necesarias sobre el terreno. La capacidad de estos entes para colaborar eficazmente con el sector privado es crucial para lograr mejores resultados a escala regional y alcanzar los objetivos comunes de la UE;

5.

subraya el importante papel que desempeñan las pymes en el ámbito de la política de cohesión, puesto que no solo son beneficiarias, sino también socias estratégicas y, en muchos casos, el motor de las economías locales. Los fondos de la política de cohesión constituyen un componente significativo adaptado específicamente para apoyar a las pymes, en particular mediante productos de deuda y de capital, y servicios de desarrollo empresarial destinados a impulsar la innovación, la competitividad y la creación de empleo. Es importante destacar que un enfoque de base local centrado en las necesidades y características específicas de las pymes en cada territorio es especialmente pertinente a la hora de apoyar a las pymes;

6.

destaca que las grandes corporaciones y las empresas multinacionales también son protagonistas clave de la política de cohesión en lo que respecta a los proyectos de infraestructuras, energía, transporte y digitalización. Actúan asimismo como motores y catalizadores de la actividad de las pymes. Su capacidad financiera y sus conocimientos técnicos pueden reforzar de manera significativa el impacto de las inversiones de cohesión en las principales iniciativas de desarrollo regional mediante proyectos que puedan impulsar transformaciones industriales y económicas estructurales; además, poseen la capacidad de asumir los riesgos necesarios y realizar inversiones importantes;

7.

subraya que las entidades financieras y los inversores privados, como los bancos, los fondos de inversión y otros intermediarios financieros, desempeñan un papel crucial en la puesta a disposición de instrumentos financieros (préstamos, garantías e inversiones en capital) en el marco de la política de cohesión. Las entidades financieras ayudan a movilizar fondos públicos para atraer capital privado, lo que aumenta el alcance y la eficacia de los programas de cohesión. El CDR ya ha destacado con anterioridad el papel clave de los bancos de fomento en su Dictamen «Trabajar juntos por el crecimiento y el empleo: contribución de los bancos nacionales y regionales de fomento en el apoyo del Plan de Inversiones para Europa»;

8.

reconoce el papel que desempeñan las organizaciones de apoyo a las empresas y las asociaciones industriales, como las cámaras de comercio, las agencias empresariales y las asociaciones sectoriales, que actúan como intermediarias entre el sector privado y las autoridades de gestión. Estas partes interesadas cumplen una función esencial al prestar asistencia técnica, abogar por políticas favorables a las empresas y difundir información sobre las oportunidades de financiación, así como al delimitar y dar a conocer los retos y necesidades empresariales;

Los avances realizados y las lagunas que persisten

9.

reconoce que en los últimos veinte años se han realizado avances significativos en el desarrollo de marcos institucionales y capacidad administrativa para cooperar con los agentes del sector privado. Muchos entes locales y regionales han desarrollado una sólida capacidad institucional para colaborar con el sector privado gracias a los requisitos de la política de cohesión en materia de asociación y participación de las partes interesadas y a su uso de instrumentos financieros que requieren una cooperación público-privada;

10.

recuerda el éxito de la participación de las pymes y el apoyo que se les ha prestado en los sucesivos períodos de aplicación de la política de cohesión, por ejemplo, el apoyo a alrededor de cinco millones de pymes con una financiación por importe de 118 000 millones EUR (1) y la contribución a la creación de 370 000 nuevos empleos directos en 2014-2020 (2), mientras que el apoyo y la diversificación de las pymes representan alrededor de un tercio del presupuesto del Fondo de Transición Justa en el período 2021-2027 (3); subraya la importancia de las políticas de expansión y las estrategias regionales globales para impulsar el crecimiento y la competitividad;

11.

reconoce el creciente éxito de la política de cohesión ejecutada a través de instrumentos financieros y que empezó a aplicarse en el período 2000-2006 con uno o dos Estados miembros hasta llegar a una situación en la que, en el momento de la evaluación intermedia del período de programación 2021-2027, veintiún Estados miembros habían programado aproximadamente el 6,5 % de las contribuciones de la UE en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa a través de instrumentos financieros, de los cuales casi la mitad estaba vinculada al crecimiento y la competitividad de las pymes, alrededor de una cuarta parte a la eficiencia energética y en torno al 8 % de cada uno de ellos a las energías renovables y la investigación e innovación. También se destinaron importantes asignaciones de fondos a través de instrumentos financieros al desarrollo urbano y territorial, la digitalización, las tecnologías críticas y la economía circular (4);

12.

señala que existen posibilidades aún sin aprovechar para atraer capital privado; es necesario subsanar la falta de capacidad, que sigue siendo un problema significativo, para poder aprovechar el impacto de la política de cohesión;

13.

subraya que muchas autoridades públicas carecen de los conocimientos técnicos o jurídicos necesarios para negociar y estructurar la colaboración público-privada o para evaluar y gestionar los instrumentos financieros de manera eficaz. También existen limitaciones en lo que respecta a la planificación estratégica, la valoración de los proyectos y la evaluación de riesgos, que son esenciales a la hora de colaborar con inversores privados o emprender iniciativas impulsadas por la innovación. Además, la ineficiencia burocrática, la debilidad de los sistemas de contratación pública y la inestabilidad política obstaculizan la cooperación con entidades privadas;

14.

destaca que la cultura institucional y la confianza también siguen siendo problemáticas. En algunos contextos, se ha constatado una falta de experiencia o costumbre en lo que respecta a la colaboración con agentes privados, lo que puede generar escepticismo o dudas por ambas partes. Las autoridades públicas pueden mostrar una aversión al riesgo, mientras que las empresas privadas pueden poner en duda la transparencia o la fiabilidad de los socios del sector público. En definitiva, son necesarios tanto el desarrollo de capacidades específicas como un cambio de actitud que permita pasar de la aversión al riesgo a la creación de asociaciones estratégicas y capaces de rendir cuentas;

15.

manifiesta su preocupación por el hecho de que muchas pymes sigan enfrentándose a dificultades derivadas de la complejidad administrativa, el solapamiento de los controles y la falta de adaptación local. A falta de medidas concretas que reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre los beneficiarios, no podrán lograrse ni las reformas estructurales previstas ni los objetivos de la UE;

16.

se remite a las conclusiones del estudio del PE Public private partnerships and cohesion policy (5), que pusieron de manifiesto que, a pesar de un marco legislativo más favorable, la aceptación de las asociaciones público-privadas (APP) en la política de cohesión sigue siendo baja. Los datos sobre la financiación mixta apuntan a un uso limitado de las APP;

Optimizar la participación de las partes interesadas privadas en el MFP posterior a 2027

17.

reitera que la cooperación público-privada y los modelos de inversión conjunta en la política de cohesión deben tener un carácter estratégico y no simbólico. Los sectores público y privado deben colaborar para garantizar que cada euro de financiación de la UE se corresponda con conocimientos técnicos, inversiones y rendición de cuentas, por parte tanto de los agentes públicos como de los privados, con el fin de obtener resultados significativos para nuestras regiones. Es importante adoptar un enfoque integral y prospectivo a la hora de identificar proyectos transformadores clave;

18.

subraya que una nacionalización de la programación de la política de cohesión (de acuerdo con la propuesta de MFP posterior a 2027) podría debilitar los enfoques de base local y reducir la visibilidad de los ecosistemas empresariales locales, y pide mecanismos estructurados integrados para que el sector privado participe en el diseño y la ejecución de los programas. Al mismo tiempo, es importante reforzar la capacidad de gestión a nivel regional para potenciar la participación del sector privado;

19.

aboga firmemente por que se refuerce el principio de asociación y se integre la participación del sector privado en la programación, la aplicación y la evaluación de la política de cohesión, mediante una implicación activa en todas las fases, desde el análisis de las necesidades y el establecimiento de condiciones y la introducción de reformas hasta la selección de ámbitos prioritarios y asignaciones financieras;

20.

señala que las sucesivas evaluaciones de la política de cohesión y del lugar que ocupan los instrumentos financieros en la aplicación de dicha política han puesto de manifiesto que aún hay margen de mejora y que es necesario seguir fomentando el uso de estos instrumentos;

21.

recomienda encarecidamente un marco y una arquitectura claramente definidos que incluyan medidas específicas y mecanismos de apoyo para los entes locales y regionales y las pymes en el futuro marco legislativo de la política de cohesión, y que permitan asimismo prestar apoyo al desarrollo de capacidades para la asistencia técnica y administrativa, con el fin de liberar el potencial y resolver los problemas pendientes;

22.

hace hincapié en la necesidad de que, en el futuro marco legislativo, el término «financiación nacional» abarque explícitamente la cofinanciación privada, lo que contribuirá a armonizar mejor estas disposiciones con las normas sobre ayudas estatales y evitar los retrasos que puedan causar los procedimientos de notificación individuales;

23.

expresa su preocupación por el hecho de que la propuesta de MFP posterior a 2027 no incluya ni reconozca la especialización inteligente (S3), que ha demostrado los beneficios que puede reportar una armonización de las inversiones públicas, las necesidades locales y las condiciones económicas locales. El posterior Instrumento de Inversiones Interregionales en Innovación (I3) y los valles regionales de innovación, que tampoco se incluyen en la propuesta de MFP, han demostrado cómo la colaboración entre agentes privados y públicos puede fomentar las asociaciones interregionales, en particular entre las regiones más y menos desarrolladas, integrándolas en las cadenas de valor de la UE y mundiales. La experiencia adquirida con estos instrumentos debe verse reflejada en la nueva propuesta de MFP para seguir fomentando la participación del sector privado;

24.

considera que es de suma importancia mejorar las posibilidades de participación de las partes interesadas privadas y aplicar medidas concretas para evitar la sobrerregulación mediante la introducción de un mecanismo de revisión rápida que permita determinar y abordar los requisitos nacionales desproporcionados y mejorar la armonización entre las normas nacionales y de la UE, en particular las normas sobre ayudas estatales y la posibilidad de cofinanciación nacional para los proyectos financiados con cargo a los fondos de la política de cohesión; es especialmente importante aprovechar el impulso y las herramientas que ofrece STEP para movilizar el apoyo público a proyectos con efectos catalizadores;

25.

recomienda aplicar el principio de «solo una vez» (es decir, presentar documentos una sola vez a la autoridad de gestión regional) e introducir opciones de costes simplificados (OCS) y financiación no vinculada a los costes;

26.

propone introducir procedimientos de auditoría proporcionados mediante el establecimiento de un umbral de tipo de minimis para los pequeños proyectos (<100 000 EUR), que permita proceder a una auditoría menos rigurosa si el resultado está claramente demostrado, y garantizar que el enfoque basado en los resultados tenga en cuenta medidas adecuadas para las pymes; además, reproducir y adoptar el modelo de financiación a tanto alzado de la Comisión Europea podría traducirse en una simplificación y racionalización de los procedimientos;

27.

pide que se preste más apoyo al desarrollo de conocimientos técnicos para los entes locales y regionales y las pymes, especialmente a escala local, con el fin de desarrollar un sistema que se caracterice por la apertura y la previsibilidad y que garantice una perspectiva sostenible y a largo plazo;

28.

subraya que el uso de instrumentos financieros debe estar en consonancia con la naturaleza de la inversión para promover la eficiencia económica, por lo que desaconseja el uso de subvenciones directas para apoyar las inversiones productivas; recomienda que el futuro marco regulador incluya una disposición en virtud de la cual las inversiones que generan ingresos y ahorran costes deban realizarse principalmente a través de instrumentos financieros;

29.

advierte que se está ahondando la brecha entre las regiones líderes en innovación y las regiones menos desarrolladas, que carecen de la experiencia o la capacidad institucional necesarias para beneficiarse de los nuevos fondos e instrumentos incluidos en la propuesta de MFP; insiste, por lo tanto, en que la propuesta de MFP incluya un apoyo consultivo y asistencia técnica suficientes para las regiones menos experimentadas, a fin de garantizar una distribución equitativa de los fondos que permita alcanzar los objetivos de cohesión y competitividad de la UE;

30.

subraya que el futuro marco legislativo debe permitir a los Estados miembros incluir instrumentos financieros en sus planes; reitera que los instrumentos financieros son formas inteligentes y eficientes de aumentar el impacto de los fondos de la UE y reforzarán el efecto de palanca y multiplicador de estos si se adaptan a las necesidades locales; hace hincapié en que la participación del sector privado no es algo opcional, sino que resulta esencial para la resiliencia a largo plazo y el impacto de las inversiones en cohesión;

31.

considera que se debería facultar a las entidades financieras nacionales y regionales para que puedan confiar los instrumentos financieros a las instituciones de garantía nacionales y regionales y a los bancos públicos de fomento, dada su proximidad a las pymes y su profundo conocimiento de los mercados locales;

32.

subraya, en particular, la necesidad de contar con instrumentos financieros adaptados, como los planes de microfinanciación, los procedimientos de préstamo simplificados y las garantías específicas, especialmente en las regiones menos desarrolladas y en las economías de baja densidad, donde los ecosistemas financieros son más débiles y la cobertura es limitada.

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(1)  Informe de síntesis de 2023 sobre la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

(2)  Evaluación ex post del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión 2014-2020.

(3)  Evaluación intermedia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa 2021-2027.

(4)  Evaluación intermedia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa 2021-2027.

(5)   Estudio para la Comisión REGI — Public private partnerships and cohesion policy .