27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/1

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/2

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Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007 (1), sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA),

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Vista la Directiva 2009/12/CE, de 11 de marzo de 2009, sobre las tasas aeroportuarias,

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Vista su Resolución, de 7 de junio de 2011, sobre acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa (2),

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Vista su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre la política exterior de aviación de la UE: responder a desafíos futuros (3),

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Vista su Posición aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2014 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (refundición) (4),

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Vista su Posición aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2014 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea (5),

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Vista su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre la asignación por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se celebrará en Ginebra del 2 al 27 de noviembre de 2015 (CMR-15), de la banda necesaria del espectro radiofónico a fin de sostener el futuro desarrollo de una tecnología por satélite que permita sistemas de seguimiento de los vuelos a escala mundial (6),

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 90, 100, apartado 2, y 218,

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Visto el próximo paquete legislativo de medidas de la Comisión sobre el sector de la aviación,

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Vistos el artículo 123, apartado 2, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que en 2012 la economía del sector del transporte aéreo en Europa contribuyó directamente con 2,6 millones de puestos de trabajo y representó más del 2,4 % del PIB de la UE;

B.

Considerando que en 2014 el número de pasajeros aéreos en la UE ascendió a 849,4 millones, lo que supuso un incremento del 4,4 % respecto a 2013 y del 16,9 % respecto a 2009;

C.

Considerando que desde 2012 las compañías aéreas europeas han programado y aplicado la supresión de más de 20 000 puestos de trabajo;

D.

Considerando que las compañías aéreas de la UE operan en un entorno que cambia con rapidez y es cada vez más competitivo tanto en los mercados interiores como en los exteriores;

E.

Considerando que la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la UE y los Estados miembros deben mejorar varias reglamentaciones jurídicas y financieras, como las relativas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE), el aumento de los derechos de los pasajeros, los impuestos y las tasas nacionales, la reducción del ruido en los aeropuertos y la limitación de los horarios de servicio;

F.

Considerando que el transporte aéreo influye en el cambio climático generando alrededor del 13 % de las emisiones de CO2 del transporte en la UE y también otras emisiones, por ejemplo, de NOx;

G.

Considerando que la Comisión tiene la intención de presentar para finales de 2015 un paquete de medidas sobre el sector de la aviación destinado a determinar y abordar los desafíos a que se enfrenta el sector de la aviación de la UE;

1.

Considera que el paquete de medidas sobre el sector de la aviación debe generar un impulso muy necesario en favor de una industria europea de la aviación más sostenible y competitiva, reforzar las compañías aéreas, los aeropuertos y la industria aeronáutica europeos, garantizar la igualdad de condiciones en el mercado mundial y establecer una estrategia a largo plazo para el sector europeo de la aviación;

2.

Pide a la Comisión que, cuando elabore el paquete de medidas sobre el sector de la aviación, tenga en cuenta e incluya los elementos fundamentales de las posiciones del Parlamento Europeo en primera lectura sobre el Cielo Único Europeo 2+ (SES2+) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), y de su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre la política exterior de aviación de la UE;

3.

Hace hincapié en que la industria aeronáutica aporta una de las principales contribuciones al crecimiento y el empleo en la UE y está muy vinculada a la competitividad del sector de la aviación en la UE (por ejemplo, en lo que respecta al saldo positivo de la balanza de exportaciones, a tecnologías más limpias para las aeronaves europeas, al despliegue de la Empresa Común SESAR, al Cielo Único Europeo y a la cadena de mantenimiento), generando un volumen de negocios de aproximadamente 100 000 millones de euros al año y manteniendo alrededor de 500 000 empleos directos; pide por ello que se elaboren políticas proactivas para apoyar y desarrollar la industria aeronáutica;

4.

Destaca que la innovación es un requisito indispensable para que la industria de la aviación europea sea competitiva; recomienda, en consecuencia, que la Comisión tenga en cuenta y apoye la innovación en los ámbitos de la gestión del tráfico aéreo (automatización del control del tráfico aéreo, libertad de rutas), RPAS (sistema de aeronave pilotada a distancia), soluciones de combustibles alternativos, diseño de aeronaves y motores (más eficiencia, menos ruido), seguridad en los aeropuertos (soluciones «touchless», un único control de seguridad), digitalización y soluciones multimodales (servicios de asistencia en tierra informatizados); recomienda también que apoye soluciones medioambientales a escala mundial, como una medida de mercado mundial para reducir las emisiones de CO2 del sector de la aviación internacional y adapte los sistemas regionales —tales como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la aviación—, con el objetivo de fusionarlos en un sistema mundial, la ecologización de los aeropuertos y nuevos modelos de negocio, como por ejemplo la nueva iniciativa de distribución de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) (New Distribution Capability — NDC), el servicio «self-connection» y la emisión integrada de billetes;

5.

Pide a la Comisión que, en el marco de sus competencias, empiece a eliminar las cargas nacionales y de la UE que pesan sobre las compañías aéreas europeas con el fin de reforzar la competitividad del sector europeo del transporte aéreo;

6.

Pone de relieve la pérdida de competitividad de las compañías aéreas y los aeropuertos de la UE respecto de las compañías y los aeropuertos subvencionados de terceros países; pide, en ese contexto, que se elabore una política proactiva para garantizar la igualdad de condiciones en materia de propiedad, y anima enérgicamente a los Estados miembros a mejorar sus infraestructuras nacionales para que sus compañías puedan competir en condiciones más favorables;

7.

Lamenta que el Reglamento (CE) n.o 868/2004 relativo a la protección contra las prácticas tarifarias desleales en el sector del transporte aéreo haya resultado ser inadecuado e ineficaz por lo que respecta al ámbito de aplicación; pide a la Comisión que, para noviembre de 2015 a más tardar, presente un análisis de las causas por las que no se ha aplicado; solicita a la Comisión que revise el mencionado Reglamento a fin de salvaguardar la competencia leal en las relaciones exteriores de la UE en el ámbito de la aviación y de reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la UE, impedir con mayor efectividad la competencia desleal, garantizar la reciprocidad y eliminar las prácticas desleales, entre ellas las subvenciones y las ayudas estatales que se han concedido a compañías aéreas de determinados terceros países y que distorsionan el mercado; insiste en que el objetivo debe ser la mejora de la estrategia política a escala de la UE para resolver rápidamente este conflicto, sobre la base, fundamentalmente, de la aplicación de una cláusula de «competencia leal» transparente; pide a la Comisión que aborde el concepto de «control efectivo» de las compañías aéreas;

8.

Toma nota de que los aeropuertos europeos se enfrentan a una importante presión competitiva que ejercen tanto las compañías aéreas como los aeropuertos competidores; insta, en consecuencia, a la Comisión a que lo tenga presente cuando aplique la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias, y ofrezca ventajas a todas las partes interesadas y pasajeros;

9.

Pide que se intensifiquen los esfuerzos en el Consejo para adoptar la propuesta de Reglamento relativo a las franjas horarias, a fin de mejorar los resultados de los aeropuertos y permitir el buen funcionamiento del transporte aéreo en Europa, teniendo en cuenta que está previsto que el tráfico aéreo se duplique de aquí a 2030;

10.

Destaca la importancia que revisten los aeropuertos pequeños y regionales de la Unión para la conectividad regional; pide a la Comisión que presente, junto con los Estados miembros, un plan estratégico de la UE a largo plazo para abordar los desafíos y oportunidades que tienen los aeropuertos regionales dentro de la UE, incluidas las normas en materia de ayudas estatales para las infraestructuras de transporte, ya que el papel que desempeñan en asegurar la cohesión entre las distintas regiones de la UE se debe fomentar y convertir en uno de los pilares de la estrategia de la UE en materia de crecimiento y empleo;

11.

Señala que uno de los objetivos estratégicos ha de ser la negociación de acuerdos globales en materia de aviación con los principales socios comerciales de la UE, y que deben iniciarse o acelerarse las correspondientes negociaciones; insta a la Comisión a que obtenga cuanto antes mandatos globales de los Estados miembros, dando prioridad a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las compañías aéreas y los aeropuertos europeos, asegurar la reciprocidad e incluir una cláusula efectiva en materia de competencia leal; insiste en que, para que estos acuerdos globales en materia de aviación sean eficaces en la práctica, deben contar con una cláusula de salvaguardia que incluyan la definición de delito y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento;

12.

Toma nota de que el sector del transporte aéreo no está regulado a escala mundial puesto que no entra dentro del ámbito de competencias de la OMC; destaca la importancia de las normas acordadas a escala mundial en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para reducir las emisiones procedentes del sector de la aviación y las repercusiones en el clima; reconoce el compromiso de la OACI en favor del desarrollo de un mecanismo mundial basado en el mercado;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la aplicación del Cielo Único Europeo adoptando el paquete SES2+, ya que la actual fragmentación del espacio aéreo europeo supone una carga de primer orden para las compañías aéreas europeas;

14.

Confía en que el paquete de medidas sobre el sector de la aviación aborde y garantice la plena integración de los aeropuertos en la red europea de transportes; insiste en la necesidad de que dicho paquete sea coherente con la legislación vigente y futura sobre derechos de los pasajeros, e insta al mismo tiempo al Consejo a que presente su posición, ya que tanto los pasajeros como las compañías aéreas necesitan normas claras;

15.

Destaca que ciertas condiciones de trabajo en el sector de la aviación pueden incidir en la seguridad de los vuelos; recomienda que la DG de Movilidad y Transportes y la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión trabajen conjuntamente y que el paquete de medidas sobre el sector de la aviación incluya disposiciones sociales y establezca las salvaguardias necesarias, según lo tratado en la conferencia de alto nivel «Una agencia social para el transporte» celebrada por la Comisión el 4 de junio de 2015;

16.

Solicita la mejora y armonización de la cadena de seguridad mediante la captación y la conservación de una mano de obra competente y con un nivel elevado de formación;

17.

Hace hincapié en que el sector de la aviación está reconocido como un sector en crecimiento que ha sabido atraer y proporcionar profesionales altamente cualificados y motivados, y que, para que continúe esta tendencia, se han de mantener las actuales disposiciones reglamentarias de la UE en materia de empleo y condiciones de trabajo, de normas y prácticas, incluidas las prácticas de negociación colectiva;

18.

Recomienda que se precise el concepto de «centro de actividad principal», de modo que el permiso de explotación sea otorgado por un Estado si el volumen de transporte aéreo es sustancial, así como que, en el contexto de la coordinación de los sistemas de seguridad social y Derecho del trabajo, se armonice la definición de «base» incluida en los Reglamentos (UE) n.os 83/2014 y 465/2012; destaca la necesidad de acortar el período transitorio y precisar la situación de las tripulaciones que tienen bases múltiples;

19.

Pone de relieve los retos que supone la aplicación de la Directiva sobre trabajo a través de empresas de trabajo temporal (2008/104/CE), y recomienda que la Comisión analice su aplicación actual en el sector y decida sobre esta base el modo de abordar dicho retos;

20.

Muestra su preocupación por el aumento de prácticas empresariales problemáticas desde el punto de vista social, como los pabellones de conveniencia y el uso de formas atípicas de empleo, como los falsos autónomos, los programas «pay-to-fly» (en que pilotos con poca experiencia pagan por adquirir horas de vuelo) o los contratos de «cero horas», que pueden tener implicaciones para la seguridad; considera que deben respetarse las normas sociales en todas las actividades de la aviación;

21.

Pide la plena aplicación del programa SESAR, que exige una estrecha colaboración entre la Comisión, los proveedores de servicios de navegación aérea, las compañías aéreas y los aeropuertos, así como su compromiso financiero; solicita, por tanto, que se adopte un enfoque sistémico completo en todos los ámbitos de la aviación que cubra todas las fases del vuelo, empezando por la fase de tierra, con un papel reforzado de la AESA en el entorno Cielo Único Europeo-SESAR dentro de un sistema UE-EASA que regule la seguridad, la protección, el medio ambiente y los resultados; pide a la Comisión que garantice la ejecución del presupuesto original del mecanismo «Conectar Europa» (MCE), que ha resultado afectado por la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

22.

Acoge con satisfacción la intención de aumentar las responsabilidades de la AESA, y espera, por lo tanto, que mediante la modificación del Reglamento (CE) n.o 216/2008 (Reglamento de base) se garantice el establecimiento de un sistema global de gestión de la seguridad y se confíen a la AESA los aspectos relativos a la seguridad de las medidas de seguridad de la UE, así como del transporte espacial comercial y de las aeronaves pilotadas a distancia; pide a la Comisión que conceda a la AESA el estatuto de autoridad de aviación única en Europa, de conformidad con la amplia gama de responsabilidades que le asignará el legislador;

23.

Pide a la Comisión que mantenga una representación sólida en los ocho escaños que representan a los Estados miembros de la UE en el Consejo de la OACI, refuerce cuanto antes el papel de la AESA en la escena internacional y vele por su reconocimiento oficial en el marco de la OACI, con el fin de que la UE hable con una sola voz que garantice un nivel más elevado de seguridad para los ciudadanos de la UE en todo el mundo, al tiempo que se salvaguarda la competitividad y las exportaciones de la industria de la aviación de la UE;

24.

Pide a la Comisión que levante las barreras reglamentarias a la vigilancia del tráfico aéreo por satélite con el fin de instaurar servicios que pueden salvar la vida de ciudadanos de la UE, y solicita a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que lleve a cabo la asignación de espectro necesaria, puesto que la OACI considera que el satélite ADS-B es la única tecnología que puede contribuir a la vigilancia del seguimiento de vuelos, también con fines de gestión del tráfico aéreo, fuera de las zonas más densamente pobladas, donde otras tecnologías de vigilancia terrestre de la gestión del tráfico aéreo son limitadas; hace hincapié en que al aplicarse la tecnología ADS-B deben tenerse en cuenta las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y garantizarse la interoperabilidad entre tecnologías alternativas para evitar fallos en la seguridad; recalca que ello podría ayudar a los gobiernos, a los proveedores de servicios de navegación aérea y a las compañías aéreas de Europa y el resto del mundo a incrementar la eficiencia y la capacidad de la gestión del tráfico aéreo, con la consiguiente reducción de las emisiones producidas por la aviación, al tiempo que se proporciona al espacio aéreo europeo otro nivel de vigilancia, que podría ser superior al actual;

25.

Pide a la Comisión que tome medidas para mejorar la evaluación médica de los pilotos y los procedimientos de seguridad, entrada y salida relativos a las puertas de la cabina de pilotaje, a raíz de la evaluación del riesgo incluida en el informe del grupo de trabajo de la AESA;

26.

Pide un enfoque de «seguridad basada en el riesgo» para el transporte de pasajeros y mercancías en lugar de las actuales medidas basadas en la reacción, así como un enfoque justo y equilibrado de la delicada cuestión de la seguridad de la aviación, que satisfaga las necesidades y las expectativas de los Estados miembros, por un lado, y limite el descontento de los pasajeros en los aeropuertos, por otro, y que refuerce el sistema del Servicio de Seguridad de la Aviación (AVSEC) y del Grupo Consultivo de las Partes Interesadas en la Seguridad Aérea (SAGAS); insta a la Comisión, por consiguiente, a la luz de experiencias exitosas en otras regiones, a que lleve a cabo un estudio de viabilidad sobre la aplicación en Europa de un sistema de control previo y concesión acelerada del permiso de viaje;

27.

Pide a las autoridades presupuestarias que mantengan un presupuesto de la AESA competitivo que tenga en cuenta las nuevas responsabilidades, a fin de que los fabricantes y las compañías aéreas de la UE dispongan de instrumentos flexibles y eficaces para poder competir en todo el mundo, al tiempo que señala que el sector aporta el 70 % del presupuesto de la AESA;

28.

Señala que diversos expedientes legislativos en materia de aviación están pendientes en el Consejo, por lo que pide a la Comisión que busque una solución para desbloquear la situación actual;

29.

Pide a la Comisión que aborde las cuestiones mencionadas en el paquete de medidas legislativas sobre el sector de la aviación que debe presentar a finales de 2015;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/7

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Vista el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (en lo sucesivo, el «Acta electoral») adjunta a la Decisión del Consejo de 20 de septiembre de 1976, en su versión modificada (1), y en particular su artículo 14,

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Vistos los Tratados, y en particular los artículos 9, 10, 14 y 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y los artículos 22, 223, apartado 1, y 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el artículo 2 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

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Visto el Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea,

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre el procedimiento electoral del Parlamento Europeo, en particular la de 15 de julio de 1998 sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo (2), la de 22 de noviembre de 2012 sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (3) y la de 4 de julio de 2013 sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (4),

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre la composición del Parlamento Europeo con vistas a las elecciones de 2014 (5),

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Vista la Recomendación de la Comisión 2013/142/UE, de 12 de marzo de 2013, con vistas a reforzar el desarrollo democrático y eficaz de las elecciones al Parlamento Europeo (6),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 2015, titulada «Informe sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2014» (COM(2015)0206),

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Vista la Evaluación sobre el valor añadido europeo de la reforma de la ley electoral de la Unión Europea (7),

—

Visto el Acuerdo marco, de 20 de octubre de 2010, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (8),

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Vista la Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (9),

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (10), y en particular sus artículos 13, 21 y 31,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «Carta»), y en particular sus artículos 11, 23 y 39,

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Vistos los artículos 45 y 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0286/2015),

A.

Considerando que el artículo 223 del TFUE confiere al Parlamento Europeo la facultad de iniciar una reforma de su propio procedimiento electoral, al objeto de elaborar un procedimiento uniforme aplicable en toda la Unión o un procedimiento basado en principios comunes a los Estados miembros, así como el de conceder su aprobación a la misma;

B.

Considerando que la reforma del procedimiento electoral del Parlamento Europeo debe tener por objeto fortalecer la dimensión democrática y transnacional de las elecciones europeas y la legitimidad democrática del proceso decisorio de la Unión, reforzar el concepto de ciudadanía de la Unión, mejorar el funcionamiento del Parlamento Europeo y la gobernanza de la Unión, dotar de mayor legitimidad a la labor del Parlamento Europeo, reforzar los principios de igualdad electoral e igualdad de oportunidades, mejorar la eficacia del sistema para llevar a cabo las elecciones europeas, y acercar los diputados a sus electores, en particular a los más jóvenes;

C.

Considerando que la reforma del procedimiento electoral debe respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y no debe intentar imponer la uniformidad como fin en sí misma;

D.

Considerando que la posibilidad de desarrollar un procedimiento electoral uniforme basado en el sufragio universal directo está incluida en los Tratados desde 1957;

E.

Considerando que el crecimiento progresivo de la abstención en las elecciones europeas, en particular entre los más jóvenes, y del desinterés de los ciudadanos por las cuestiones europeas amenaza el futuro de Europa y, por ello, urge aprobar propuestas que contribuyan a una regeneración de la democracia europea;

F.

Considerando que una armonización efectiva en todos los Estados miembros del procedimiento de las elecciones al Parlamento Europeo podría promover el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a participar en pie de igualdad en la vida democrática de la Unión a la par que reforzar la dimensión política de la construcción europea;

G.

Considerando que las competencias del Parlamento Europeo han aumentado gradualmente desde las primeras elecciones directas en 1979 y que ahora el Parlamento Europeo se encuentra en pie de igualdad con el Consejo como colegislador para la mayor parte de ámbitos políticos de la Unión, en especial como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

H.

Considerando que el Tratado de Lisboa modificó el mandato de los diputados al Parlamento Europeo al convertirlos en representantes directos de los ciudadanos de la Unión (11), en lugar de «representantes de los pueblos de los Estados, reunidos en la Comunidad» (12);

I.

Considerando que la única reforma de la propia Acta electoral europea se realizó en 2002 mediante la adopción de la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo (13), que estipula que los Estados miembros han de organizar las elecciones basándose en la representación proporcional y recurriendo a la votación de listas o al sistema de voto único transferible, y suprime el doble mandato para los diputados al Parlamento Europeo; considerando, asimismo, que se confirió expresamente a los Estados miembros la facultad de constituir circunscripciones a escala nacional y a introducir un umbral nacional no superior al 5 % de los votos emitidos;

J.

Considerando que no se ha alcanzado todavía un acuerdo global sobre un procedimiento electoral realmente uniforme, si bien se ha producido gradualmente una cierta convergencia de los sistemas electorales, entre otros modos mediante adopción de legislación secundaria, por ejemplo la Directiva 93/109/CE del Consejo;

K.

Considerando que el concepto de ciudadanía de la Unión, introducido oficialmente en el orden constitucional por el Tratado de Maastricht en 1993, incluye el derecho de los ciudadanos de la Unión a participar en las elecciones europeas y municipales en sus Estados miembros y en el Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (14); que la Carta, a la que el Tratado de Lisboa confirió fuerza jurídica vinculante, ha reforzado ese derecho;

L.

Considerando que, a pesar de estas reformas, las elecciones europeas se siguen rigiendo en su mayor parte por las legislaciones nacionales, la campaña electoral sigue siendo nacional y los partidos políticos europeos no pueden cumplir adecuadamente su mandato constitucional y contribuir «a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión», como establece el artículo 10, apartado 4, del TUE;

M.

Considerando que los partidos políticos europeos son los que están en la mejor situación para contribuir «a formar la conciencia política europea» y, por ello, deberían desempeñar un papel más relevante en las campañas para las elecciones al Parlamento, de manera que mejore su visibilidad y se muestre el vínculo entre el voto por un partido nacional concreto y el impacto en el tamaño del grupo político europeo en el Parlamento Europeo;

N.

Considerando que el procedimiento para la nominación de los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo difieren notablemente tanto entre los distintos Estados miembros como entre los partidos, en particular en lo relativo a las exigencias de transparencia y democracia, mientras que los procedimientos abiertos, transparentes y democráticos para la selección de los candidatos son esenciales para concitar confianza en el sistema político;

O.

Considerando que los plazos para ultimar las listas electorales para las elecciones europeas varían en gran medida entre los distintos Estados miembros, de 17 a 83 días, lo que deja a candidatos y votantes de la Unión en condiciones desiguales en cuanto al tiempo a disposición para hacer campaña o para reflexionar sobre la opción de voto;

P.

Considerando que los plazos para ultimar los censos electorales para las elecciones europeas varían en gran medida entre los distintos Estados miembros y pueden hacer que resulte difícil, si no imposible, el intercambio de información relativa a los votantes entre los Estados miembros (al objeto de evitar el doble voto);

Q.

Considerando que el establecimiento de una circunscripción electoral común, cuyas listas estarían encabezadas por el candidato de cada familia política a presidir la Comisión, reforzaría en gran medida la democracia europea y legitimaría más la elección del presidente de la Comisión;

R.

Considerando que las normas electorales europeas vigentes prevén el establecimiento de un umbral no obligatorio del 5 % de los votos emitidos, como máximo, para las elecciones europeas, y que 15 Estados miembros han aprovechado esta oportunidad para introducir un límite de entre el 3 % y el 5 %; que, en los Estados miembros pequeños y en aquellos que han subdividido su espacio electoral en circunscripciones, el umbral real está por encima del 3 % aunque no existan umbrales legales; que la tradición constitucional reconoce la introducción de umbrales obligatorios como una manera legítima de garantizar el funcionamiento de los parlamentos;

S.

Considerando que, a pesar de que el artículo 10. apartado 2, del Acta electoral prohíbe explícitamente la publicación anticipada de los resultados electorales, en el pasado, se han hecho públicos tales resultados; que una hora armonizada para el cierre de los colegios electorales en todos los Estados miembros contribuiría en gran medida al carácter europeo común de las elecciones europeas y reduciría la posibilidad de que su resultado se vea influido si se hacen públicos los resultados electorales en algunos Estados miembros antes del cierre de los colegios electorales en todos los Estados miembros;

T.

Considerando que las primeras proyecciones oficiales de los resultados electorales deberían anunciarse simultáneamente en todos los Estados miembros el último día del período electoral a las 21.00 horas CET;

U.

Considerando que la implantación de una jornada electoral europea común permitiría reflejar mejor la participación común de los ciudadanos de toda la Unión, reforzaría la democracia participativa y ayudaría a conseguir unas elecciones paneuropeas más coherentes;

V.

Considerando que el Tratado de Lisboa fijó un nuevo orden constitucional al conceder al Parlamento Europeo la facultad de elegir al presidente de la Comisión Europea (15), en lugar de simplemente dar su aprobación; que las elecciones europeas de 2014 fijaron un precedente importante en este sentido, poniendo de manifiesto que la designación de candidatos cabeza de lista aumenta el interés de los ciudadanos por las elecciones europeas;

W.

que la nominación de candidatos cabeza de lista para el puesto de presidente de la Comisión Europea conecta los votos emitidos a nivel nacional con el contexto europeo y permite a los ciudadanos de la Unión decidir con conocimiento de causa entre programas políticos distintos; que la designación de los candidatos cabeza de lista mediante procedimientos abiertos y transparentes refuerza la legitimidad democrática y la obligación de rendición de cuentas;

X.

Considerando que el procedimiento para la nominación y selección de los candidatos cabeza de lista para el puesto es una clara expresión de la democracia europea; que este procedimiento debería ser parte integral de las campañas electorales;

Y.

Considerando que la fecha límite para la nominación de candidatos por parte de los partidos políticos europeos debería codificarse en el Acta electoral y que candidatos cabeza de lista para el puesto de presidente de la Comisión deberían presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo;

Z.

Considerando que no todos los Estados miembros permiten a sus ciudadanos la posibilidad de votar desde el extranjero, y entre los que sí lo hacen las condiciones para privar a los ciudadanos del derecho de sufragio varían en gran medida; que dar el derecho a participar en las elecciones a todos los ciudadanos de la Unión que residen fuera de ella contribuiría a la igualdad electoral; considerando, no obstante, que los Estados miembros deben coordinar mejor sus sistemas administrativos a este fin, con objeto de evitar que los electores puedan votar dos veces en dos Estados miembros diferentes;

AA.

Considerando que por lo menos trece Estados miembros carecen de normas internas adecuadas para impedir que puedan votar dos veces los ciudadanos con doble nacionalidad de Estados miembros de la Unión, lo que constituye una vulneración del artículo 9 del Acta electoral;

AB.

Considerando que debería crearse una autoridad electoral europea para poner en red a las autoridades únicas de contacto de cada Estado miembro, pues ello agilizaría el acceso a la información en cuanto a las normas relativas a las elecciones europeas, racionalizaría el proceso y reforzaría el carácter europeo de esas elecciones; que, en consecuencia, se pide a la Comisión que estudie las disposiciones prácticas necesarias para instituir dicha autoridad a nivel de la Unión;

AC.

Considerando que la edad mínima para presentarse como candidato en los 28 Estados miembros oscila entre los 18 y los 25 años, y la edad mínima de voto entre los 16 y los 18, debido a las distintas tradiciones constitucionales y electorales de los Estados miembros; que la armonización de la edad de voto y de la edad mínima para los candidatos sería muy oportuna como medio para garantizar una igualdad real a los ciudadanos de la Unión frente al voto, y permitiría evitar la discriminación en el aspecto más fundamental de la ciudadanía, a saber, el derecho a participar en el proceso democrático;

AD.

Considerando que la creación oficial de partidos políticos a nivel de la Unión y su consolidación contribuyen a formar una conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión, y que ello ha facilitado también la convergencia gradual de los sistemas electorales;

AE.

Considerando que el voto por correo, electrónico y a través de internet podría hacer que las elecciones europeas se desarrollaran de forma más eficiente y atractiva para los votantes, siempre que se respeten las normas más exigentes en materia de protección de datos;

AF.

Considerando que en la mayoría de los Estados miembros, los miembros del ejecutivo pueden presentarse a las elecciones al Parlamento nacional sin tener que interrumpir su actividad institucional;

AG.

Considerando que, a pesar de los continuos avances que ha habido desde 1979 en cuanto al equilibrio entre mujeres y hombres en la distribución de escaños, siguen existiendo notables diferencias en este sentido entre los distintos Estados miembros, en diez de los cuales el sexo menos representado no llega a alcanzar un porcentaje ni del 33 %; Considerando que la composición actual del Parlamento Europeo, en el que únicamente hay un 36,62 % de mujeres, dista de estar a la altura de los valores y objetivos de igualdad entre mujeres y hombres que proclama la Carta;

AH.

Considerando que debe aspirarse a la realización del principio de igualdad entre mujeres y hombres como uno de los valores fundamentales de la Unión, cuando muy pocos Estados miembros han incorporado a sus leyes electorales nacionales dicho principio; que la utilización de cuotas por sexo y de listas cremallera en la toma de decisiones políticas ha demostrado ser una herramienta extremadamente eficaz para abordar la discriminación y los desequilibrios de poder por razón de sexo y para mejorar la representación democrática en los órganos de decisión política;

AI.

Considerando que el principio de proporcionalidad decreciente establecido en el Tratado de la Unión Europea ha contribuido de manera significativa a que todos los Estados miembros hayan hecho propio de manera conjunta el proyecto europeo;

1.

Decide reformar su procedimiento electoral con suficiente antelación respecto a las elecciones de 2019, con el objetivo de fortalecer la dimensión democrática y transnacional de las elecciones europeas y la legitimidad democrática del proceso decisorio de la UE, reforzar el concepto de ciudadanía de la Unión y la igualdad electoral, promover el principio de la democracia representativa y la representación directa de los ciudadanos de la Unión en el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 10 del TFUE, mejorar el funcionamiento del Parlamento Europeo y de la gobernanza de la Unión, dotar de mayor legitimidad y eficiencia a la labor del Parlamento Europeo, aumentar la eficacia del sistema para llevar a cabo las elecciones europeas, promover la responsabilización conjunta de los ciudadanos de todos los Estados miembros, avanzar en el equilibrio de la composición del Parlamento Europeo, y garantizar el mayor grado posible de participación e igualdad electoral a los ciudadanos de la Unión;

2.

Propone mejorar la visibilidad de los partidos políticos europeos colocando sus nombres y logotipos en las papeletas de voto, y recomienda que estos figuren también en las campañas de radio y televisión, en carteles y en otros materiales utilizados en las campañas electorales europeas, especialmente los programas de los partidos nacionales, puesto que estas medidas aumentarían la transparencia de las elecciones europeas y mejorarían el procedimiento democrático con que se llevan a cabo, ya que los ciudadanos podrán establecer claramente un vínculo entre su voto y el efecto en la influencia política de los partidos políticos europeos y su capacidad de formar grupos políticos en el Parlamento Europeo;

3.

Considera al mismo tiempo, a la luz de los compromisos de la Unión respecto de la subsidiariedad, que los partidos políticos regionales que compiten en las elecciones europeas deben seguir la misma práctica, y que debe alentarse a las autoridades regionales a utilizar en este contexto lenguas regionales oficialmente reconocidas;

4.

Anima a los Estados miembros a que faciliten la participación de los partidos políticos europeos, así como de sus candidatos cabeza de lista, en campañas electorales, en particular en televisión y otros medios de comunicación;

5.

Decide establecer un plazo mínimo común de doce semanas antes del día de las elecciones para la elaboración de las listas electorales, a fin de mejorar la igualdad electoral al dar a candidatos y votantes de toda la Unión el mismo plazo para prepararse y reflexionar acerca del voto; anima a los Estados miembros a que reflexionen sobre formas de garantizar una mayor convergencia entre las normas que rigen las campañas electorales relativas a las elecciones europeas;

6.

Considera esencial que los partidos políticos a todos los niveles adopten procedimientos democráticos y transparentes para la selección de sus candidatos; recomienda que los partidos nacionales celebren elecciones internas democráticas para escoger sus candidatos a las elecciones europeas;

7.

Recomienda la introducción de un umbral obligatorio, entre el 3 % y el 5 %, para la atribución de escaños en los Estados de circunscripción única y en aquellas circunscripciones en las que se utilice el sistema de listas y que consten de más de 26 escaños; considera que esta medida es importante para salvaguardar el funcionamiento del Parlamento Europeo, pues evitaría una mayor fragmentación;

8.

Propone que, a pesar de la libertad de los Estados miembros para decidir el o los días del período electoral en que deben celebrarse las elecciones, las elecciones en todos los Estados miembros concluyan a las 21.00 horas CET el domingo de las elecciones europeas, porque así se garantiza la correcta aplicación del artículo 10, apartado 2, del Acta electoral y se reduce la posibilidad de que el resultado de las elecciones se vea influido si se hacen públicos los resultados electorales en algunos Estados miembros antes del cierre de los colegios electorales en todos los Estados miembros; aboga por que la prohibición de publicar anticipadamente los resultados electorales se mantenga en todos los Estados miembros;

9.

Decide fijar una fecha límite común para la nominación de los candidatos cabeza de lista por parte de los partidos políticos europeos doce semanas antes de las elecciones europeas, con el fin de permitir la presentación de sus programas electorales, la organización de debates políticos entre los candidatos y la articulación de campañas electorales a escala de la Unión; considera que el proceso de nominación de los candidatos cabeza de lista constituye un aspecto importante de las campañas electorales gracias al vínculo implícito entre los resultados de las elecciones europeas y la designación del presidente de la Comisión, tal como recoge el Tratado de Lisboa;

10.

Decide fijar un plazo común de ocho semanas para la finalización del censo electoral y de seis semanas para intercambiar con la autoridad nacional única encargada del censo electoral la información relativa a los ciudadanos de la Unión con doble nacionalidad y los ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro;

11.

Sugiere reforzar la integridad de las elecciones mediante la limitación de los gastos de campaña a una cantidad razonable que permita la presentación adecuada de los partidos políticos, los candidatos y sus programas electorales;

12.

Propone que los ciudadanos de la Unión, incluidos los que residan o trabajen en un país tercero, tengan derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo; considera que ello daría finalmente a todos los ciudadanos de la Unión el mismo derecho a votar en las elecciones europeas en las mismas condiciones, sin importar su lugar de residencia ni su ciudadanía;

13.

Pide a los Estados miembros, no obstante, que coordinen mejor sus sistemas administrativos a este fin, con objeto de evitar que los electores puedan votar dos veces en dos Estados miembros diferentes;

14.

Anima a los Estados miembros a permitir el voto por correo, electrónico y por internet a fin de incrementar la participación y facilitar la votación de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con movilidad reducida y las que residen y trabajan en Estados miembros distintos de los que son nacionales o en países terceros, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para evitar todo posible fraude en el recurso a la votación por tales medios;

15.

Recomienda a los Estados miembros que, como medida para el futuro, estudien maneras para que la edad mínima armonizada para ejercer el voto sea de 16 años, a fin de seguir mejorando la igualdad electoral entre los ciudadanos de la Unión;

16.

Pide que se revise el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con miras a adaptar las normas relativas a los comisarios que buscan ser elegidos al Parlamento Europeo, a fin de que no se perturbe la eficiencia institucional de la Comisión en períodos electorales, evitando al mismo tiempo el uso indebido de recursos institucionales;

17.

Decide dar al Parlamento la facultad de determinar el período electoral para las elecciones al Parlamento Europeo previa consulta al Consejo;

18.

Anima a los Estados miembros a que adopten marcos legales adecuados que garanticen el máximo nivel de cobertura informativa, justa y objetiva de los medios de comunicación durante las campañas electorales, en particular por parte de los servicios públicos de radiodifusión; considera que ello es crucial para que los ciudadanos de la Unión puedan tomar una decisión informada sobre los programas políticos que compiten entre sí; reconoce la importancia de los instrumentos de autorregulación, como los códigos de conducta, en la consecución de este objetivo;

19.

Pide un refuerzo de las normas que garantizan la competencia sin trabas entre todas las opciones políticas, en particular mediante el control del pluralismo en los medios y la neutralidad en todos los niveles de la administración pública en relación con el proceso electoral;

20.

Destaca la importancia de una mayor presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas y de una mejor representación de las mujeres en las elecciones europeas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que adopten todas las medidas necesarias para promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de todo el proceso electoral; destaca en este sentido la importancia de una representación de equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales;

21.

Anima a los Estados miembros a adoptar medidas para fomentar una adecuada representación de las minorías étnicas, lingüísticas y de otro tipo en las elecciones europeas;

22.

Considera conveniente establecer una autoridad electoral europea que pueda encargarse de centralizar la información sobre las elecciones al Parlamento Europeo, supervisar su celebración y facilitar el intercambio de información entre Estados miembros;

23.

Decide que la condición de diputado al Parlamento Europeo sea también incompatible con la de diputado a un parlamento o asamblea regional con capacidad legislativa;

24.

Recuerda que, en reiteradas ocasiones y a pesar de las recomendaciones de la Comisión, los Estados miembros no han logrado acordar una jornada electoral común; alienta a los Estados miembros a trabajar en la búsqueda de un acuerdo sobre esta cuestión;

25.

Remite al Consejo, en anexo, la propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (16);

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/19

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006,

—

Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Carta Social Europea revisada,

—

Vista la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE) y la Directiva marco para la igualdad de trato en el empleo (2000/78/CE),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (2013/112/UE),

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2012»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de febrero de 2011, titulada «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (COM(2011)0060),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 4 de julio de 2006, titulada «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (COM(2006)0367),

—

Visto el informe de Eurofound titulado «Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida — Calidad de vida en Europa: impactos de la crisis»,

—

Visto el informe de Eurofound (2013) titulado «Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida — Calidad de vida en Europa: desigualdades sociales»,

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia (2),

—

Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (3),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (4),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE (6),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa (7),

—

Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea (8),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2008, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (9),

—

Visto el informe de Save the Children (2014) titulado «Pobreza infantil y exclusión social en Europa»,

—

Visto el informe de 2014 del Centro de Investigaciones de Unicef titulado «Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos»,

—

Visto el informe de 2013 de EAPN y Eurochild titulado «Hacia un bienestar infantil en Europa — Guía de la pobreza infantil en la UE»,

—

Visto el informe de evaluación de Eurochild (2014) titulado «The 2014 National Reform Programmes (NRP) and National Social Reports (NSR) from a child poverty and well-being perspective» (Los programas nacionales de reformas (PNR) y los informes sociales nacionales desde la perspectiva de la pobreza y el bienestar infantiles),

—

Visto el informe de la 11a Conferencia de Eurochild, celebrada los días 26 a 28 de noviembre de 2014 en Bucarest,

—

Visto el informe de 2012 del Centro de Investigaciones Innocenti de Unicef titulado «Medición de la pobreza infantil: Nuevas tablas clasificatorias de la pobreza infantil en los países ricos del mundo»,

—

Visto el informe científico final del proyecto Drivers titulado «Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Las desigualdades sociales en la salud y el desarrollo de la primera infancia: una revisión sistemática a escala europea), Londres, septiembre de 2014,

—

Vistas las Estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida en la UE (EU-SILC), de 2013,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de septiembre de 2009, sobre el tema «Trabajo y pobreza: hacia un enfoque global indispensable»,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 2010, sobre el tema «Pobreza infantil y bienestar de los niños»,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el tema «Renta mínima europea e indicadores de pobreza»,

—

Visto el informe de síntesis titulado «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas — un análisis de las políticas nacionales» llevado a cabo por la Red de Expertos Independientes en Inclusión Social (10),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0310/2015),

A.

Considerando que, para que la UE logre el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir el número de personas afectadas por la pobreza en al menos 20 millones a más tardar en 2020, debe concederse una mayor visibilidad política a la lucha contra la pobreza infantil al máximo nivel político de la UE;

B.

Considerando que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, todos los niños deben tener garantizado el derecho a la educación, a los servicios sanitarios, a la vivienda, a la protección, a participar en las decisiones que les afecten, al esparcimiento y el tiempo libre, a una dieta equilibrada y a recibir cuidados en un medio familiar;

C.

Considerando que, por el momento, la mayoría de los Estados miembros han prestado poca atención al empleo de los Fondos Estructurales de la UE para combatir las tasas alarmantes y todavía en aumento de pobreza infantil en Europa, así como para mejorar su inclusión social y su bienestar general;

D.

Considerando que las desigualdades sociales contribuyen significativamente al incremento de la pobreza infantil, y que los niños constituyen el grupo de edad con un mayor riesgo de pobreza en diecinueve Estados miembros;

E.

Considerando que Eurostat indica que los factores principales que afectan a la pobreza infantil son las políticas de redistribución de la riqueza, la efectividad de la intervención gubernamental mediante el apoyo a los ingresos, la prestación de servicios de capacitación, las políticas laborales (11) y la situación de los padres en el mercado de trabajo, que está relacionada con su nivel de educación y la composición del hogar en el que viven los niños; que el aumento del empleo es un instrumento eficaz para combatir la pobreza;

F.

Considerando que una quinta parte de la población total de la UE tiene menos de dieciocho años; que, a pesar de los compromisos realizados, al menos uno de cada cuatro niños vive actualmente en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en la UE;

G.

Considerando que el Parlamento ha solicitado reiteradamente la aplicación del Paquete sobre inversión social, y respalda la Recomendación de la Comisión titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», que propone un marco político global para abordar la pobreza infantil y fomentar el bienestar de los niños basado en tres pilares, a saber, el acceso a los recursos adecuados mediante el Fondo Social Europeo, el acceso a servicios inclusivos y de calidad, y la participación de los niños en la sociedad y en la toma de decisiones, y que reconoce a los niños como titulares de derechos; que lamenta, no obstante, que la UE no haya adoptado medidas coherentes para aplicarlo durante el Semestre Europeo;

H.

Considerando que, aunque los niños hijos de padres con muy baja intensidad laboral tienen un 56,7 % más de probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza o de exclusión social, hoy el riesgo de pobreza infantil persiste en familias con alta intensidad laboral (en Rumanía, Lituania, Portugal, España, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Polonia y Luxemburgo);

I.

Considerando que la pobreza infantil se deriva de la pobreza de las familias, que las familias numerosas y con ingresos reducidos tienen, por lo tanto, un riesgo de pobreza mayor, mientras que la redistribución de los ingresos repercute en gran medida en la reducción de los ciclos de desigualdad social, y considerando que el deterioro de las políticas salariales y los sistemas de protección social nacionales está incrementando el riesgo de pobreza y exclusión social, lo que contribuye al aumento de la pobreza infantil como se comprueba en los Estados miembros con los menores porcentajes de pobreza infantil, que son también los que presentan niveles menores de pobreza y desigualdad en general;

J.

Considerando que entre 2008 y 2012 el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa (UE-27 más Noruega, Islandia y Suiza) creció en casi un millón, con un aumento de alrededor de medio millón solo entre 2011 y 2012 (12); que, según datos de Eurostat, en la UE-28 había 26,5 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013; que entre 2008 y 2012 el riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-27 se incrementó del 26,5 % al 28 %; que en 2013 el 28 % de la población total de los Estados miembros de la UE-28 menor de 18 años corría el riesgo de encontrarse en situaciones de pobreza o exclusión social y que en la gran mayoría de países el riesgo de pobreza y exclusión social es mayor para los niños que para los adultos;

K.

Considerando que las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de sufrir pobreza, y que hacer frente a la pobreza de las mujeres no solo es un elemento importante en sí mismo, sino que también resulta de vital importancia para los esfuerzos destinados a reducir la pobreza infantil;

L.

Considerando que las desigualdades entre países están aumentando dentro de la UE; que es alarmante que el porcentaje de niños que sufren malnutrición esté aumentando, lo que provoca la reaparición de enfermedades que habían desaparecido en la UE (por ejemplo, el raquitismo); que es sintomático que, según Unicef (13), en países como Estonia, Grecia o Italia se haya duplicado dramáticamente desde 2008 el porcentaje de niños que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado dos días seguidos;

M.

Considerando que, en las observaciones finales de los últimos informes periódicos sobre algunos países, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el aumento de la tasa de pobreza y/o de la tasa de riesgo de pobreza infantil debido a la crisis económica, lo que afecta a su disfrute de muchos de los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en concreto, el derecho a la salud, a la educación y a la protección social, e instó a las autoridades a que garantizaran la protección de las líneas presupuestarias para la infancia, y recordando que la crisis financiera y económica ha provocado un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo y el surgimiento de un nuevo grupo, denominado en ocasiones los «new to need» (nuevos necesitados);

N.

Considerando que un entorno empresarial favorable estimula el crecimiento del empleo en los Estados miembros y amplía las posibilidades de integración laboral de los padres, que pueden así actuar como modelos a seguir, principalmente en comunidades azotadas por la pobreza multigeneracional y la exclusión;

O.

Considerando que las familias monoparentales, especialmente aquellas a cargo de mujeres, están más expuestas al riesgo de pobreza o exclusión social (el 49,8 % en comparación con un 25,2 %), si bien existen grandes diferencias entre países según las EU-SILC (14), lo que guarda relación con la feminización de la pobreza, la representación excesiva de las mujeres en el trabajo precario y en el trabajo a tiempo parcial involuntario, la cantidad desproporcionada de tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado, las interrupciones de la vida profesional de las mujeres para cuidar de los niños o de otros familiares y la brecha salarial entre hombres y mujeres;

P.

Considerando que la pobreza infantil puede mitigarse mejorando las oportunidades en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, a través de una mejor concepción de la atención a la infancia;

Q.

Considerando que los niños y sus padres, padres de acogida y cuidadores deben estar protegidos frente a toda discriminación por motivos de sexo, raza, color de la piel, lengua, religión o creencias, opiniones políticas u otras, origen étnico o social, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad o cualquier otra situación, y recordando que los niños de grupos de población vulnerables corren un mayor riesgo de marginalidad, pobreza y exclusión social, como lo confirman los últimos informes de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, que destacan un aumento de las mujeres, los jóvenes y las familias con hijos (especialmente familias migrantes) acogidos en los refugios para personas sin hogar; que las familias numerosas con una sola fuente de ingresos tienen un mayor riesgo de sufrir pobreza y exclusión social debido al deterioro de las políticas salariales y los sistemas de protección social nacionales provocado por la crisis financiera y económica;

R.

Considerando que los efectos de la pobreza y la exclusión social sobre los niños pueden durar toda una vida y generar falta de empleo y pobreza intergeneracionales; que ha aumentado la brecha educativa entre los niños procedentes de distintos estratos socioeconómicos (en once países, la cobertura de servicios de educación infantil y atención a la infancia en las edades comprendidas entre 0 y 3 años es tan solo del 15 %);

S.

Considerando que la educación infantil y la atención a la infancia tienen un efecto decisivo sobre el desarrollo cognitivo de los niños, ya que desarrollan capacidades básicas durante sus primeros cinco años de vida, y considerando que el acceso a educación de calidad conforma la base para el futuro éxito en la vida en términos de educación, bienestar, empleabilidad e integración social y repercute significativamente en su autoestima, sobre todo en el caso de niños de entornos desfavorecidos; que la brecha educativa entre niños procedentes de distintos estratos socioeconómicos ha aumentado; que los padres trabajadores que no tienen acceso a guarderías se ven forzados en muchas ocasiones a dejar a los niños al cuidado de otro niño o a recurrir a redes de cuidados informales, de pago y no certificadas, lo que pone en peligro la seguridad y el bienestar de los niños; que la educación preescolar puede desempeñar un papel importante a la hora de compensar las desventajas socioeconómicas de los niños amenazados por la pobreza y que constituye un factor que facilita el retorno de los padres al mercado laboral (15); que la educación inclusiva hace frente y responde a las diversas necesidades de todos los alumnos mediante una mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y en los valores comunitarios, por lo que es una herramienta potente para luchar contra la pobreza y la exclusión social infantiles;

T.

Considerando que las autoridades locales y regionales se encuentran en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantiles y, por lo tanto, tienen una responsabilidad crucial para prevenir la marginación y la exclusión social y que, cuando resulte apropiado, las autoridades nacionales deben facilitarles los medios suficientes para cumplir estos objetivos;

U.

Considerando que el gasto en educación, especialmente por lo que respecta al material y el transporte escolar, corre esencialmente a cargo de las familias en la mayor parte de los países; que dicho gasto es uno de los muchos factores que contribuyen al abandono escolar; que siguen existiendo barreras a la educación financieras, administrativas y otras de carácter práctico para los niños de grupos marginados;

V.

Considerando que el entorno socioeconómico en el que viven los niños influye en la calidad del tiempo que pasan en el colegio y durante el período de vacaciones, y recordando que un tiempo de ocio poco estimulante tiene como efecto no deseado un aumento de las diferencias entre los niños, en particular en lo referente a su educación;

W.

Considerando que, en 2012, la tasa media de abandono escolar en la UE fue del 13 % y que en algunos países superó el 20 % (Portugal, España y Malta) (16);

X.

Considerando que, incluso en aquellos países en los que el derecho a la salud está consagrado por la ley, muchos niños no tienen acceso a una asistencia sanitaria adecuada, y algunos niños tienen un acceso sumamente limitado a servicios que vayan más allá de la asistencia de urgencia, como un médico de familia o un dentista, debido en particular a una falta de disponibilidad de servicios públicos; que los niños nacidos en una situación de pobreza corren un riesgo mayor de sufrir enfermedades crónicas y de padecer más problemas de salud, lo que conduce a la perpetuación de las desigualdades;

Y.

Considerando que los problemas económicos de las familias contribuyen a un aumento de los problemas de salud mental de los padres y a rupturas familiares, lo que repercute de forma innegable en el bienestar psicosocial de los niños;

Z.

Considerando que el entorno en el que vive un niño, incluido el período prenatal, tiene una influencia decisiva en el desarrollo del sistema cognitivo, en la comunicación y el lenguaje y en las competencias sociales y emocionales, lo que influirá en su salud, bienestar, participación en comunidades y sus capacidades de aprendizaje (17);

AA.

Considerando que todos los niños tienen derecho a ser protegidos de los abusos, la violencia y los malos tratos por negligencia, y que diversas investigaciones concluyen que la presión financiera dentro de las familias, los recortes en los servicios públicos y el aumento de la pobreza pueden originar un incremento de la violencia contra los niños;

AB.

Considerando que la pobreza infantil es un fenómeno multidimensional que requiere una respuesta multidimensional; que el empleo es un factor importante, pero que no siempre garantiza la salida de la pobreza para la familia de los niños en cuestión;

AC.

Considerando que la pobreza infantil tiene un alto coste económico para las sociedades, en particular por el aumento del gasto en ayudas sociales;

AD.

Considerando que las familias en riesgo de pobreza tienen más probabilidades de vivir en zonas insalubres e inseguras, y que el 17 % de los niños de la UE-28 aún vive en esas condiciones, mientras que hay quince países por encima de la media; que el aumento de los desahucios como consecuencia de la incapacidad para pagar los costes de la vivienda ha obligado a que los niños tengan unas condiciones de alojamiento cada vez más inestables, lo que a su vez tiene un efecto negativo para el desarrollo del niño y para sus oportunidades en la vida;

AE.

Considerando que, según las Estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida (EU SILC) de Eurostat de 2012, la pobreza energética es un problema que afecta a todos los Estados miembros; que una de las consecuencias del incremento del precio de la energía es que muchos niños vivan en hogares sin calefacción, lo que eleva el número de casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares;

AF.

Considerando que las familias de los niños con problemas de salud, y los padres que también los padecen, afrontan con mayor frecuencia el riesgo de pobreza, desintegración familiar y dificultades para su integración en el mercado laboral;

AG.

Considerando que la futura agenda de los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015 y su universalidad brindan una oportunidad para elevar las inversiones en la infancia y sus derechos;

AH.

Considerando que los niños migrantes están sobrerrepresentados en el grupo de riesgo de pobreza y que sufren más discriminaciones debido a las barreras lingüísticas, situación que es aún peor para los niños migrantes en situación irregular; que en la actualidad, con la intensificación de los flujos migratorios, está aumentando el número de casos de hijos de migrantes que permanecen en su país natal al cuidado de otros familiares o de terceros, y que esto influye de forma negativa en el desarrollo de los niños, en especial desde el punto de vista afectivo;

AI.

Considerando que la gran importancia política que se ha concedido a la pobreza infantil en los últimos años en la UE y las declaraciones de apoyo de los jefes de Estado de la UE no han conducido a reducciones significativas de los niveles de pobreza infantil;

AJ.

Considerando que los programas de ayuda alimentaria a las familias desfavorecidas deberían contar con un mayor respaldo financiero, dado el aumento del número de niños que solo tienen acceso a la alimentación en la escuela; que estos programas son importantes, pero no pueden contemplarse como una solución a largo plazo;

AK.

Considerando que las cuestiones medioambientales, como la contaminación, el tráfico, la contaminación del suelo o la mala calidad del agua potable, afectan con frecuencia de manera desproporcionada a los niños que viven en condiciones de pobreza;

1.

Recomienda a los Estados miembros que suscriban un compromiso real con el desarrollo de políticas para combatir la pobreza infantil que se centren en modificar los factores de la pobreza infantil e incrementar la efectividad, la calidad, los importes y el alcance de las ayudas sociales dirigidas específicamente a los niños, pero también a los padres desempleados y al fenómeno de los asalariados pobres (como el subsidio por desempleo y unos ingresos mínimos adecuados), y que promuevan legislaciones laborales que garanticen los derechos sociales, incluido un salario mínimo garantizado adecuado que respete las prácticas nacionales y los convenios colectivos, lo que ofrecerá una mayor seguridad a las familias y actuará contra el empleo precario, al tiempo que fomentará el trabajo con los derechos sociales pertinentes;

2.

Pide que se supervise y evalúe la eficacia de las ayudas, a fin de adecuar la políticas de lucha contra la pobreza, la exclusión y el abandono escolar a las exigencias de equidad social vigentes; insta a los Estados miembros a que desarrollen y apliquen procesos diversificados de recogida de las pruebas pertinentes para cada fase de intervención;

3.

Recomienda que la Comisión establezca, conjuntamente con los Estados miembros, una hoja de ruta para la aplicación del enfoque de tres pilares adoptado en la Recomendación de la Comisión titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», en términos de acceso a los recursos, servicios y participación de los niños; estima que, a fin de lograr unos mejores resultados con el enfoque de tres pilares, podría resultar útil elaborar indicadores precisos y específicos del nivel de pobreza infantil y de las zonas más afectadas por este fenómeno; pide a los Estados miembros que integren de manera efectiva los aspectos relevantes del Paquete sobre inversión social y de la Recomendación de la Comisión arriba mencionada en sus programas nacionales de reformas e informes sociales nacionales anuales de una manera exhaustiva y pide a la Comisión que fije un objetivo secundario en la Estrategia Europa 2020 para la reducción de la pobreza y la exclusión social infantiles, haga que la reducción de la pobreza y la exclusión social infantiles sea visible y explícita en todas las fases del Semestre Europeo; hace hincapié en que la reducción de la pobreza infantil mediante la inversión en la infancia debe proponerse como una prioridad central para el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2016, como un medio clave para avanzar hacia el objetivo sobre pobreza; pide a la Comisión que garantice la vigilancia y la notificación anuales por parte de los Estados miembros acerca de la ejecución de la Recomendación de la Comisión mediante la hoja de ruta y utilice el Fondo Social Europeo para ejecutar dicha Recomendación, y que lleve a cabo una evaluación de los efectos de las reformas propuestas en los programas nacionales de reformas sobre la pobreza;

4.

Pide a los Estados miembros que, en sus esfuerzos por luchar contra la pobreza infantil, también hagan frente a la situación de las mujeres que cuidan de los niños y de familiares con necesidades especiales y discapacidades;

5.

Recomienda a los Estados miembros que al utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) y crear políticas sociales dediquen una mayor atención a proteger de la pobreza a las familias (principalmente a las monoparentales) con niños con problemas de salud;

6.

Reitera la importancia de contar con políticas públicas de carácter preventivo que inviertan en políticas razonables de bienestar infantil que apoyen la educación de individuos capacitados, aptos para integrarse en la sociedad y en el mercado laboral, más que centradas en las consecuencias de su exclusión social y pobreza;

7.

Considera que, sin descuidar la necesidad de ayudar a los niños en situación de pobreza, abandono escolar y exclusión social, las políticas de apoyo a los niños y jóvenes han de estar claramente marcadas por la prevención e incluir estrategias a largo plazo de lucha contra las desigualdades sociales;

8.

Recomienda a los Estados miembros que concedan o mejoren las prestaciones sociales universales dirigidas a los niños, como el reparto de comidas subvencionadas o gratuitas, especialmente para los niños desfavorecidos o pobres, con el fin de garantizar un crecimiento sano; pide a los Estados miembros que adopten medidas de empleo activas como parte de unas estrategias y unas políticas exhaustivas que respalden el acceso de los padres a un empleo de calidad y a unos ingresos adecuados y el acceso a servicios públicos de gran calidad (especialmente de atención a la infancia, educación, sanidad, vivienda y actividades de esparcimiento), facilitando la conciliación de la vida profesional con la familiar, así como que refuercen la participación de los niños y de sus familias en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de estas políticas; destaca que las soluciones universales deben ir acompañadas de medidas específicas para apoyar a los grupos de niños y adolescentes más vulnerables y marginados; lamenta que los Gobiernos de los Estados miembros tiendan a alejarse cada vez más de las políticas de ayuda universal en favor de un apoyo con mayor control de los recursos, puesto que las pruebas demuestran que las políticas de ayuda universal ofrecen una mejor protección frente a la pobreza infantil (18);

9.

Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que convengan normas para la UE o establezcan una metodología acordada con vistas a determinar el coste de educar a un niño y definir los recursos adecuados para evitar y combatir la pobreza infantil;

10.

Pide a la Comisión que se abstenga de recomendar reformulaciones y recortes de los servicios públicos de los Estados miembros y de promover la flexibilización de las relaciones laborales y la privatización los servicios públicos, medidas que sin lugar a dudas han contribuido a socavar los derechos sociales de los niños;

11.

Pide a la Comisión que haga hincapié en la necesidad de invertir en una educación pública y gratuita, fijando métodos de enseñanza específicos para los grupos sociales más vulnerables, como los inmigrantes o las personas con distintos tipos de discapacidad; considera que la educación puede ser una prioridad básica a fin de garantizar que los niños adquieran las competencias que les permitirán acceder a puestos de trabajo cualificados y adecuadamente remunerados, de forma que puedan construirse su propio camino para salir de la pobreza;

12.

Recuerda que hacer frente a la pobreza infantil requiere la adopción de un enfoque basado en el ciclo de vida, incluida la ruptura del ciclo intergeneracional del riesgo de pobreza, que refleje las diferentes necesidades de la primera infancia, de la infancia y de la adolescencia, aplicando un enfoque totalmente orientado al niño mediante la medición del número de privaciones que cada niño sufre simultáneamente, de manera que se determinen así quiénes son los más desfavorecidos, y midiendo no solo la pobreza económica sino también las privaciones multidimensionales;

13.

Recomienda que todos los niños tengan acceso a servicios de buena calidad en esta fase crucial de su desarrollo; estima que la salud, la educación, el apoyo a los padres y a la familia, la vivienda y la protección son servicios clave facilitados por las autoridades locales y regionales en la mayoría de los casos;

14.

Insta a los Estados miembros a que adopten, apliquen y supervisen planes de reducción de la pobreza infantil multidimensional, centrándose en los derechos intrínsecos de los niños y estableciendo objetivos de reducción de la pobreza y la exclusión social infantiles, concediendo una atención o una prioridad explícita a los niños con un mayor riesgo de pobreza; recuerda la importancia de que los Estados miembros recuperen, como mínimo, los niveles de gasto real en protección social, sanidad, educación y vivienda social existentes antes de la crisis en beneficio de los niños más desfavorecidos;

15.

Insta a los Estados miembros a que apliquen planes para paliar el sentimiento de exclusión social de los niños con discapacidades de aprendizaje y a que implanten módulos formativos más eficaces que refuercen sus métodos de aprendizaje;

16.

Pide a los Estados miembros que reconozcan que la pobreza y la exclusión social infantiles constituyen obstáculos importantes que deben salvarse al objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de tasas de empleo, inversión en investigación, desarrollo, energía y desarrollo sostenible;

17.

Insta a los Estados miembros a dedicar una mayor atención a la creación y la disponibilidad de un entorno extraescolar adecuado en el que los niños puedan pasar el tiempo de forma razonable y estimulante fuera del horario escolar y durante el período de vacaciones, y a la prestación de atención sanitaria básica a los niños en zonas deprimidas y regiones remotas y de difícil acceso;

18.

Pide a los Estados miembros que eviten el confinamiento en guetos de aquellos niños que sufran pobreza y exclusión social mediante la creación de unas normas mínimas en materia de viviendas para niños, tenido en cuenta el interés superior del menor, y garantizando una vivienda adecuada que satisfaga sus necesidades y asegure su bienestar, privacidad y calidad de vida, contribuyendo así a lograr una mayor cohesión y justicia social y a luchar contra la exclusión social y la pobreza;

19.

Pide a la Comisión Europea y al Parlamento que aprovechen la oportunidad que brinda la revisión intermedia del marco financiero plurianual para mejorar la utilización del Fondo Social Europeo, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social, y que verifiquen si los niños ocupan un lugar prioritario en la programación y la aplicación de las políticas regionales y de cohesión, prestando especial atención a la obligación de eliminar las grandes instituciones residenciales (en vigor desde 2014) de cara a reforzar el estatus de los padres adoptivos y de acogida de modo que los niños huérfanos y desfavorecidos puedan realmente crecer en una familia o en un entorno de tipo familiar; insta asimismo a la Comisión a que elabore indicadores para analizar la pobreza infantil;

20.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que estudien si deben dirigirse estrategias basadas en la alimentación a grupos concretos de población, como la diversificación de la dieta y el enriquecimiento de los alimentos, así como la educación nutricional, medidas de salud pública y seguridad alimentaria y, finalmente, el empleo de complementos, con el fin de prevenir los efectos negativos de la malnutrición y la desnutrición en la salud de los niños;

21.

Recomienda a los Estados miembros que incluyan en sus presupuestos nacionales unas provisiones de los créditos y gastos que sean visibles, transparentes y participativas y sobre las que se rindan cuentas, con vistas a luchar contra la pobreza infantil y cumplir su deber de protección de los niños, también mediante un aumento del gasto público a fin de alcanzar tales objetivos; pide a los Estados miembros que optimicen la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el Fondo Social Europeo, al objeto de materializar los tres pilares de la Recomendación sobre invertir en la infancia;

22.

Recomienda que la Comisión publique directrices que respalden la participación de los niños en el proceso de elaboración de las políticas, poniendo en marcha mecanismos que fomenten y garanticen la participación de los niños en la toma de decisiones que afecten a sus vidas y que les permitan y animen a expresar opiniones informadas, garantizando que estas opiniones reciben la importancia debida y que se reflejan en las principales decisiones que les incumben;

23.

Recomienda a la Comisión Europea y a los Estados miembros que establezcan objetivos de reducción de la pobreza y la exclusión social infantiles;

24.

Insta a los Estados miembros a que celebren, en caso necesario, acuerdos de cooperación con entidades e instituciones que promuevan la educación, la formación cultural o deportiva y la integración de los niños y que luchen contra la pobreza infantil; recomienda, no obstante, que los Estados miembros garanticen la supervisión, la calidad, la sostenibilidad y la pertinencia de las ayudas, así como los resultados efectivos de las mismas;

25.

Pide a los Estados miembros que pongan en marcha legislación específica que proteja y refuerce los derechos de maternidad y paternidad, también mediante la aplicación de instrumentos eficaces que garanticen la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, y que salvaguarden la vuelta al trabajo de las mujeres tras el embarazo y la baja por maternidad, y de apoyo a las familias monoparentales; subraya, además, que un fortalecimiento de la legislación sobre el permiso de paternidad representa un importante impulso para la lucha contra la discriminación de género y salarial en el trabajo; insta a los Estados miembros a que garanticen que los empleadores no puedan justificar un trato desigual ni el acoso por motivos de embarazo, educación de los niños o asuntos familiares;

26.

Recomienda a los Estados miembros que desarrollen políticas sociales proactivas, universales e integradas que eviten la pobreza y la separación de los niños de su entorno familiar; pide a los Estados miembros que velen por que se recurra al internamiento en instituciones de los niños y jóvenes solo como último recurso y en circunstancias excepcionales, y que se destinen los fondos estructurales de la UE y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a facilitar el traslado de niños internados en instituciones a familias de acogida y servicios comunitarios;

27.

Recomienda a los Estados miembros que abandonen los sistemas de protección institucional en favor de sistemas de adopción estables, que preparen mejor a los niños y jóvenes para una vida independiente, la educación continua o el mundo del trabajo;

28.

Recomienda que los Estados miembros establezcan y apliquen sistemas integrados de protección de menores para defenderlos de la violencia, los abusos, la explotación y el abandono, de forma que se garantice que todos los responsables y los elementos del sistema trabajan juntos, independientemente de los sectores o las agencias que compartan responsabilidades, con el fin de crear un entorno de protección y capacitación para todos los niños;

29.

Insta a los Estados miembros a aplicar políticas que faciliten la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo dignos, así como el desarrollo de sistemas de formación, mejora de las cualificaciones y beneficios como el teletrabajo u horarios laborables flexibles que favorezcan la entrada o el retorno al mercado laboral de los padres tras una interrupción de su carrera profesional;

30.

Pide a las instituciones y agencias de la UE, a las autoridades de los Estados miembros y a otras partes interesadas que fijen funciones claras, responsabilidades, un diálogo periódico y procedimientos para los casos en que los niños requieran protección en situaciones transfronterizas;

31.

Recomienda a los Estados miembros que garanticen a todos los niños el acceso a una educación pública gratuita, integradora y de calidad para todas las edades, incluida la educación infantil y atención a la infancia y la educación formal y no formal, fomentando su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico, que establezcan una proporción adecuada entre profesores y alumnos y promuevan la amalgama social en la educación al objeto de velar por la seguridad y el bienestar de los niños, asegurando que todos ellos puedan beneficiarse de una educación integradora de gran calidad y, por lo tanto, maximizar el impacto que tienen los sistemas educativos en la igualdad de oportunidades y la ruptura del ciclo de la pobreza;

32.

Insta a los Estados miembros a que incrementen la calidad de los servicios educativos que ofrecen utilizando un enfoque individualizado y fomentando la cooperación entre los profesores, los trabajadores sociales y los padres con el objeto de evitar el abandono de los estudios por parte de los niños y jóvenes;

33.

Pide a los Estados miembros que presten especial atención al desarrollo de una educación infantil y una atención a la infancia asequibles y accesibles, considerándolo como una inversión social destinada a hacer frente a la desigualdad y a los retos a los que se enfrentan especialmente los niños de familias desfavorecidas, y que conciencien asimismo a los padres sobre los beneficios de una participación activa en los programas de educación infantil y atención a la infancia;

34.

Pide a los Estados miembros que promuevan una escuela integradora, lo que pasa no solo por la adecuación del número de profesores de educación especial, sino también por la integración de los niños con necesidades educativas especiales en las clases normales;

35.

Insta a los Estados miembros a que garanticen a los niños de todos los grupos sociales el acceso generalizado e igualitario a las guarderías y los centros de educación infantil;

36.

Pide a los Estados miembros que fomenten la participación escolar plena de todos los niños mediante la facilitación gratuita de material básico, comidas escolares nutritivas y el transporte escolar necesario a los niños pobres o en riesgo de pobreza con el fin de aumentar la efectividad de las inversiones públicas actuales en el sector y luchar más eficazmente contra la transmisión intergeneracional de la pobreza;

37.

Insta a los Estados miembros a que garanticen una asistencia sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad en lo que se refiere a la prevención, los programas de inmunización y la atención primaria, el acceso al diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, y que faciliten terapias del lenguaje y psicológicas para los niños, garantizando a las mujeres el derecho a la salud sexual y reproductiva mediante el aseguramiento de la atención sanitaria de los bebés, la asistencia de maternidad y a domicilio en el periodo prenatal y posnatal, especialmente en caso de nacimiento prematuro, y el acceso a médicos de cabecera, enfermeras, dentistas, servicios de consulta para las familias y especialistas de salud mental para todos los niños y sus familias; pide a los Estados miembros y a la Comisión que integren estos aspectos en las estrategias nacionales y de la UE de salud pública;

38.

Recomienda a los Estados miembros que faciliten el apoyo necesario para garantizar el derecho a la cultura, el deporte y el ocio, el acceso a zonas verdes y un entorno sano para todos los niños, prestando especial atención a garantizar la igualdad de acceso y la calidad para los niños en situación de pobreza, los que viven en zonas remotas y los que tienen una discapacidad, los que pertenecen a una minoría étnica, religiosa o lingüística así como a los niños migrantes, a los niños que se desplazan dentro de la UE, independientemente de su nacionalidad, y a los niños abandonados; recuerda el derecho al juego recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

39.

Hace hincapié en la necesidad de intensificar la protección de los niños en situación de pobreza o exclusión social frente a la violencia doméstica;

40.

Pide a los Estados miembros, y especialmente a aquellos en los que las desigualdades sociales son más pronunciadas, que refuercen los derechos sociales y el acceso a los servicios y a la protección social que debe garantizar el Estado, incrementando el número de funcionarios y técnicos en los servicios de seguridad social que trabajan con los niños y sus familias y reforzando la atención médica, psicológica y social, especialmente a quienes tengan una necesidad mayor, en particular los niños, según lo previsto en la estrategia de intervención temprana;

41.

Recomienda que los Estados miembros establezcan mecanismos que fomenten y garanticen la participación de los niños en la toma de decisiones que afecten a sus vidas y que permitan y animen a los niños a expresar opiniones informadas, garantizando que estas opiniones reciban la importancia debida y que se reflejen en las decisiones principales que les incumban;

42.

Reconoce el papel de la sociedad civil, incluidas las organizaciones que luchan por los derechos de los niños y contra la pobreza, para garantizar la coherencia política de la UE, y pide un diálogo civil reforzado sobre la prevención y la gestión de la pobreza infantil en los Estados miembros;

43.

Insta a la Comisión a que la tasa de abandono escolar prematuro y la gestión de la pobreza infantil sean una prioridad explícita;

44.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que participen activamente en la lucha contra el tráfico de niños para cualquier forma de explotación, entre otras el trabajo, el matrimonio forzado, la adopción ilegal, las actividades ilícitas y la explotación sexual;

45.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden el funcionamiento de las redes europeas y transnacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión infantiles y juveniles; resalta que la integración de las regiones ultraperiféricas y las regiones más desfavorecidas en esas redes e instituciones debe recibir especial apoyo;

46.

Estima que el derecho a una educación, sanidad y sistemas de seguridad social gratuitos y universales son condiciones básicas para luchar contra la pobreza, en particular la infantil; pide a la Comisión y a los Estados miembros, con este objetivo en mente y visto el deterioro de los servicios públicos, que introduzcan una garantía infantil de modo que cada niño pobre pueda tener acceso a una sanidad, educación y atención a la infancia gratuitas, a una vivienda digna y una alimentación adecuada, como parte de un plan integrado europeo de lucha contra la pobreza infantil que englobe tanto la Garantía Infantil como los programas que brindan ayuda y oportunidades a los padres para salir de las situaciones de exclusión social e integrarse en el mercado de trabajo;

47.

Pide a los Estados miembros que apoyen, a través de sus municipios, a los centros locales de ayuda a los niños y las familias, en especial en las comunidades y/o zonas más afectadas por el fenómeno de la pobreza infantil, en los que no solo esté previsto el apoyo y/o el asesoramiento jurídico y parental y el apoyo escolar, sino también la formación y la orientación para un estilo de vida saludable y una utilización segura de internet, entre otros aspectos;

48.

Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen métodos estadísticos que integren en la medición de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la discriminación y el bienestar infantil indicadores pluridimensionales desglosados por edad, sexo y grupos especialmente desfavorecidos (ingresos de los padres, acceso a servicios públicos de calidad, participación en actividades sociales y culturales, acceso a servicios de educación formal y no formal adecuados, exposición a riesgos físicos, seguridad, entorno familiar estable y nivel de satisfacción con la vida) a fin de conformar el desarrollo de políticas basado en datos y a que tengan en cuenta las limitaciones de las mediciones de la pobreza relativa y la labor del PNUD, Unicef, la OCDE y el Subgrupo sobre Indicadores del Comité de Protección Social, ampliando los indicadores de personas con riesgo de pobreza o exclusión social; invita a la Comisión y a los Estados miembros a crear respuestas basadas en un enfoque exhaustivo y a utilizar plenamente los datos recogidos en el marco de iniciativas como el Análisis de superposición de la privación múltiple (MODA) creado por Unicef; hace hincapié en que deben crearse indicadores adicionales para optimizar la evaluación de la calidad de los servicios, los resultados y el acceso a los servicios, por ejemplo en lo relativo a las situaciones socioeconómicas y la procedencia de los padres (migrantes o minorías), el género, la discapacidad y los aspectos geopolíticos;

49.

Invita al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones a que elaboren dictámenes sobre la inversión en la infancia;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/31

—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 151, 153, 162 y 174 a 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos los convenios europeos que protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la jurisprudencia correspondiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en este ámbito, y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

—

Visto el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,

—

Vistos las Directivas de la UE contra la discriminación, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo no 12 de dicho Convenio,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 5 de enero de 2011, sobre los derechos de las personas con discapacidad,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, igualdad y ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (6),

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (7),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el período 2007-2013 (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní (9),

—

Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea (10),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (11),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (12),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre la situación social de los romaníes y su mejor acceso al mercado de trabajo en la UE (13),

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial, de 23 de julio de 2014, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión»,

—

Vista la ficha de orientación temática de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, sobre la población romaní y las comunidades marginadas (Objetivo temático 9 — Inclusión social y pobreza),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2014, titulada «Informe sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos» (COM(2014)0209),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 2012, titulada «Las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE» (COM(2012)0226),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, titulada «Estrategia de la Unión Europea para la Región del Danubio» (COM(2010)0715),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, sobre las medidas para la integración efectiva de los gitanos en los Estados miembros (14),

—

Vista la nota de orientación de la Comisión sobre el empleo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos al hacer frente a la segregación educativa y espacial (proyecto), de 1 de julio de 2015,

—

Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita formulada a la Comisión el 24 de febrero de 2015 sobre la financiación de las comunidades marginadas (E-002782/2015),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre las Estrategias para la integración de los gitanos (15),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0314/2015),

A.

considerando que la política de cohesión tiene por objeto mejorar la cohesión económica, social y territorial reduciendo las disparidades sociales, incluidas la reducción y la erradicación de la pobreza y la exclusión, y aboga por la prevención de la segregación y por la promoción de la igualdad de acceso y de oportunidades para todos los ciudadanos, incluidas las comunidades más marginadas y también los grupos e individuos de todas las edades que sufren pobreza y exclusión social y carecen de acceso a la educación, el empleo, la vivienda y los regímenes de atención sanitaria;

B.

Considerando que la política de cohesión, tal como se define en el Acta Única Europea de 1986, consiste en reducir las desigualdades entre las diversas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, y que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea añade otra faceta de la cohesión, refiriéndose a «la cohesión económica, social y territorial»;

C.

Considerando que para el objetivo de la cohesión social se requiere una acción europea en las políticas de inclusión de las comunidades marginadas y que los Estados miembros hagan uso de sus competencias en dicho ámbito mediante la aplicación de medidas de apoyo y también la participación en programas de cooperación transnacionales y nacionales;

D.

Considerando que en 2010 se introdujeron en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) oportunidades de financiación para las comunidades marginadas, y que el marco legislativo para la política de cohesión 2014-2020 ofrece un enfoque estratégico;

E.

Considerando que en el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 se dispone que el Fondo Social Europeo (FSE) beneficiará a los ciudadanos, incluidos los grupos desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad, los inmigrantes, las minorías étnicas, las comunidades marginadas y las personas de cualquier edad que sufren pobreza y exclusión social;

F.

Considerando que, durante el período de programación 2014-2020, al menos el 23,1 % del presupuesto de la política de cohesión se asignará a inversiones en el marco del FSE; que el FEDER y el FSE desempeñan un papel específico y significativo habida cuenta de que al menos el 20 % de los recursos del FSE está asignado, en cada Estado miembro, al objetivo específico de fomento de la inclusión social y de lucha contra la pobreza y toda forma de discriminación, lo que constituye una herramienta esencial para promover una mayor inclusión de las comunidades marginadas;

G.

Considerando que el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 fija una serie de requisitos previos que deben cumplirse relacionados con la no discriminación, el género y la discapacidad (16);

H.

Considerando que el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial ha demostrado que la crisis económica ha generado un aumento de la pobreza y la exclusión social;

I.

Considerando que la crisis económica y los consiguientes recortes presupuestarios y medidas de austeridad han generado numerosos problemas, que a menudo se han traducido en graves problemas presupuestarios para los municipios, lo que a su vez ha reducido las opciones para abordar la problemática de los grupos marginados, intentar mejorar su inclusión y evitar la segregación, ya que esas políticas dependen fundamentalmente, y en ocasiones únicamente, de la financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

J.

Considerando que las consecuencias de la crisis económica y los recortes realizados en los servicios públicos han agravado la situación de las mujeres dentro de las comunidades marginadas;

K.

Considerando que las mujeres pertenecientes a comunidades marginadas sufren una discriminación múltiple más intensa y tienen una tasa de empleo mucho más baja que los hombres de dichas comunidades y que otras mujeres;

L.

Considerando que un gran número de agentes públicos y privados de diferentes niveles y sectores, entre ellos representantes de la sociedad civil, participan y a menudo desempeñan un papel importante en la ejecución de las políticas de inclusión, por lo que se requiere un enfoque coherente y bien coordinado;

M.

Considerando que, a escala de la Unión Europea, no existe actualmente una definición del concepto de comunidad marginada; que para entender la relación hay que empezar por entender la marginación sobre la base de un análisis de las particularidades y características de los grupos marginados en el que se tengan en cuenta su situación y sus necesidades específicas, como las condiciones de vida y de trabajo, el limitado acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y al empleo, así como el abandono escolar prematuro, junto con la exclusión estructural y sistémica, y cuyo objetivo sea garantizar la inclusión socio-económica de los grupos marginados;

N.

Considerando que la Comisión no ha ofrecido una definición del concepto de comunidades marginadas, dejando a los Estados miembros la responsabilidad de decidir al respecto sobre la base de sus indicadores nacionales; y que, no obstante, dicho concepto puede establecerse partiendo de un conjunto de indicadores pertinentes como la exclusión social, un alto nivel de desempleo de larga duración, un bajo nivel de educación, unas viviendas en condiciones (extremadamente) degradadas, un alto nivel de discriminación y la exposición excesiva a riesgos sanitarios o la falta de acceso a infraestructuras de atención médica, englobando a las poblaciones consideradas más vulnerables y más necesitadas de asistencia;

O.

Considerando que la marginación es un fenómeno social que consiste en la existencia de personas o comunidades excluidas socialmente y a las que se impide sistemáticamente participar en procesos sociales y políticos que son fundamentales para formar parte de la sociedad o se les niega el acceso a ellos; que con la expresión «comunidades marginadas» se hace referencia a grupos y personas diversos, como las minorías, la población romaní, las personas con discapacidad, las personas que viven por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de ello, los migrantes, los refugiados y los grupos objeto de exclusión social dentro de la sociedad; que el racismo, el patriarcado, la homofobia, las desventajas económicas y otros factores de discriminación contribuyen a la creación de estratos de desigualdad y a una dinámica de desempoderamiento de las mujeres dentro de las comunidades marginadas;

P.

Considerando que entre las características comunes a las comunidades marginadas se incluyen comunidades de lugares, como las comunidades marginadas que residen en zonas rurales y barrios desfavorecidos, comunidades de intereses, como refugiados y solicitantes de asilo, y minorías étnicas y lingüísticas, y personas con discapacidad, ancianos, personas sin hogar y pueblos indígenas; y que los diferentes tipos de comunidades marginadas comparten dificultades comunes y todas sufren múltiples formas de estigmatización y discriminación;

Q.

Considerando que en Europa existen numerosos grupos marginados; que, entre ellos, la población romaní, expresión que se entiende de diferentes maneras dentro de Europa, es la mayor minoría étnica de Europa y una de las comunidades más marginadas;

R.

Considerando que en la política de cohesión se deben abordar las comunidades marginadas en su diversidad, teniendo en cuenta las necesidades específicas; que la inclusión de las comunidades marginadas en la financiación requiere esfuerzos a todos los niveles, un planteamiento a largo plazo integrado y coherente, soluciones permanentes, empoderamiento, aprovechamiento de la experiencia y creación de capacidades, también para las mujeres y las niñas de las comunidades marginadas, y la transición de una asistencia institucional a otra de ámbito comunitario, a fin de acabar con la segregación y conseguir la normalización;

S.

Considerando que las estrategias europeas de la política de cohesión para el empoderamiento de las mujeres de las comunidades marginadas han de tener en cuenta la situación de las mujeres mayores, con discapacidad, cuidadoras o que padecen problemas de salud mental;

T.

Considerando que los proyectos basados en el arte y en la cultura que promueven intercambios interculturales, la capacitación de los participantes, el desarrollo de aptitudes creativas y sociales y la participación activa en la vida de la comunidad local son algunas de las herramientas más efectivas para abordar la inclusión social y la integración;

U.

Considerando que la educación, tanto formal como informal, resulta fundamental para vencer la marginación y la discriminación múltiple por su capacidad para facilitar el diálogo, la apertura y la comprensión entre las comunidades, así como para empoderar a las comunidades marginadas; y que no hay que olvidar ni la perspectiva de género en la educación ni el papel que desempeña en la capacitación de las mujeres y niñas de las comunidades marginadas;

1.

Recuerda la urgente necesidad de afrontar la cuestión de las comunidades marginadas; subraya el importante papel de la política de cohesión a la hora de apoyar su inclusión económica, social y territorial;

2.

Recuerda que se introdujo a las comunidades marginadas como un elemento central de las medidas de la política de cohesión debido a la creciente preocupación respecto de ellas y al compromiso en favor de la lucha contra la exclusión social, así como a la inquietud ante la situación de la población romaní y la ya antigua demanda de mejora de sus condiciones de vida;

3.

Pide a la Comisión Europea que facilite orientación sobre la definición del concepto de comunidades marginadas, especificando una serie de particularidades y características de los grupos marginados, teniendo en cuenta la situación, los retos y las necesidades específicos de cada posible grupo destinatario, con el fin de promover su inclusión socioeconómica, y haciendo participar a representantes de dichas comunidades; hace hincapié en que esa orientación aumentaría aún más la efectividad de la política de cohesión al reforzar la cohesión económica, social y territorial en toda la Unión Europea;

4.

Acoge con satisfacción que el marco legislativo de la política de cohesión 2014-2020 introduzca nuevos elementos que contribuyen a consolidar el planteamiento inicial ampliando las oportunidades de financiación e incluyendo mecanismos para garantizar que el apoyo prestado a las comunidades marginadas respete los valores y objetivos europeos y tenga en cuenta la necesidad de implicar a los grupos en cuestión en todo el proceso;

5.

Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre el aprovechamiento de las oportunidades de financiación para las comunidades marginadas; solicita que se realice un análisis que permita extraer conclusiones adecuadas y determinar los obstáculos que impiden un mayor aprovechamiento o la obtención de los mejores resultados posibles;

6.

Pide a la Comisión que realice un seguimiento del uso efectivo del Código de Conducta Europeo en lo relativo al principio de asociación y a la participación de la sociedad civil; recuerda que, al prepararse y ejecutarse programas en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, deben aplicarse los principios horizontales del Reglamento sobre disposiciones comunes, que encarnan derechos fundamentales como la promoción de la igualdad de oportunidades, la prevención de la discriminación y el fomento del desarrollo sostenible; recuerda que todas las acciones de los Estados miembros, que están financiadas en el marco de la política de cohesión de la UE, deben respetar los principios de los derechos fundamentales y no deben contribuir nunca en modo alguno a la segregación;

7.

Hace hincapié en que la igualdad de oportunidades y la no discriminación están plasmadas en las normas sobre financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) con el fin de erradicar las causas sistémicas de la desigualdad, ya sean económicas o sociales, estén basadas en el género o se refieran al acceso a la cultura y la educación; destaca que sensibilizar sobre la xenofobia y el racismo sistémicos y entenderlos debe ser una prioridad a la hora de analizar las raíces de la exclusión;

8.

Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio que se aplica horizontalmente a la política de cohesión; lamenta la discriminación múltiple que sufren particularmente las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad de las comunidades marginadas;

9.

Hace hincapié en que la ejecución de la política de cohesión debe afrontar el reto crucial de la pobreza y la exclusión de jóvenes y niños, adultos y personas con discapacidad, incluida la transición desde una atención y unos servicios institucionales a una atención y unos servicios basados en la comunidad; insta a los Estados miembros a emprender las acciones y medidas adecuadas para desarrollar y ejecutar estrategias a tal fin, aplicando un enfoque integrado;

10.

Señala que, al elaborar políticas dirigidas a destinatarios específicos de acuerdo con el principio de focalización explícita pero no exclusiva, se ha de procurar no excluir a otros grupos que se encuentren en circunstancias socioeconómicas similares, evitando de esa forma desencadenar reacciones defensivas; destaca que este principio es solo un primer paso para el reconocimiento de la necesidad de prestar atención a algunas de las comunidades y personas más vulnerables y marginadas;

11.

Hace hincapié en que se deben instaurar estructuras responsables, transparentes y democráticas para luchar contra la corrupción y el uso fraudulento de los fondos y garantizar la inclusión de las comunidades marginadas;

12.

Considera que, al abordar la inclusión de los grupos marginados, el acceso a los servicios públicos es uno de los objetivos principales; pide a los Estados miembros que mejoren la provisión de material de información sanitaria convenientemente adaptado y el desarrollo de estrategias de prevención de enfermedades e iniciativas sanitarias comunitarias en las comunidades marginadas; pide que se creen estructuras especializadas, como los puntos de información que ofrecen asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la atención sanitaria, al mercado laboral y a la educación; pide que se proceda a pasar en las administraciones públicas de un enfoque determinado por la demanda a un enfoque basado en los servicios de acogida;

13.

Pide que se establezcan una mejor coordinación y unos vínculos más fuertes entre las estrategias nacionales para comunidades marginadas, incluidas las estrategias nacionales de integración de los gitanos, las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y las estrategias para la inclusión de otras comunidades marginadas o menos favorecidas, y las estrategias de igualdad de género con la política de cohesión;

14.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en la aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos, consideren a los niños como una prioridad, y reitera la importancia de promover la igualdad en el acceso a la vivienda, a la asistencia sanitaria, a la educación y a unas condiciones de vida dignas para los niños;

15.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que fomenten el empleo de la financiación del FSE para apoyar proyectos de aprendizaje informal y de aprendizaje permanente, así como proyectos basados en la cultura, con el fin de alcanzar los objetivos en materia de inversión en nuevas competencias de innovación y en materia de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social;

16.

Recuerda —teniendo en cuenta las crecientes disparidades regionales, los retos demográficos y la situación que debe afrontar un número cada vez mayor de jóvenes que han abandonado o tienen previsto abandonar su país de origen— que en el ciclo presupuestario 2014-2020 se dispone de menos financiación para la política de cohesión; considera que la política de cohesión tiene todavía potencial para añadir valor a los trabajos ya en curso en los Estados miembros, y que, centrándose en la mejora de las oportunidades de empleo, la participación social y la inversión en el desarrollo de las capacidades, en particular en las regiones que más lo necesitan, la política de cohesión redundará, entre otras ventajas, en una mayor inclusión social y en la reducción de la pobreza, proporcionando a los Estados miembros la flexibilidad adecuada para poder prestar una ayuda individualizada en función de las necesidades locales, y garantizar que la financiación se utilice en aquellas zonas en las que el desempleo es más elevado y en las que es más necesaria;

17.

Recomienda a la Comisión que vele por que los Estados miembros respeten estos principios durante la ejecución de los programas operativos; pide a la Comisión que incluya su análisis en su informe, incluido lo relacionado con las estrategias nacionales de integración de los gitanos;

18.

Destaca que los recortes en el presupuesto de servicios públicos en algunos Estados miembros durante la crisis han provocado un aumento del desempleo, la ausencia de seguridad social, una difícil situación de la vivienda y problemas de salud; pide a los Estados miembros que utilicen de forma más eficaz el apoyo del FSE, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y la igualdad de acceso a dichos servicios por parte de las comunidades marginadas, y que luchen contra todas las formas de discriminación;

19.

Pide que se tenga en cuenta la perspectiva de los derechos humanos a la hora de concebir medidas que reciban apoyo de los fondos de cohesión, y subraya que se deberían integrar los derechos culturales, económicos y sociales en las políticas destinadas a reconocer como ciudadanas activas por derecho propio a las mujeres de las comunidades marginadas, y que el racismo, ya sea visible o invisible, se debería abordar de manera explícita en la fase de concepción de toda medida y política;

20.

Señala que el principio de asociación debe conducir a la participación a todos los niveles y debe ser aplicado obligatoriamente por todos los Estados miembros, y no quedarse en una mera formalidad; destaca la importancia de la aplicación del Código de Conducta sobre las asociaciones para garantizar la igualdad de participación y representación de los socios, debiendo prestarse una atención específica a la inclusión de las comunidades marginadas, de modo que puedan tenerse en cuenta su situación específica y cualesquiera retos a los que puedan enfrentarse al contribuir a la asociación de forma sustancial; expresa su preocupación por el insuficiente cumplimiento del principio de participación obligatoria de los socios, de conformidad con los principios correspondientes establecidos en el RDC y en el Código de Conducta europeo sobre las asociaciones; insta a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar la participación de los socios, en particular de los más afectados, y a poner en práctica un sistema de incentivos e intercambio de mejores prácticas, que contemple un apoyo específico a las autoridades de gestión y a los beneficiarios que han obtenido resultados especialmente buenos en este ámbito;

21.

Lamenta que la Comisión haya aceptado acuerdos de asociación en los que las comunidades marginadas no estén lo suficientemente incluidas; pide a la Comisión que tome medidas para facilitar la inclusión de las comunidades marginadas en la preparación, ejecución y evaluación de los proyectos como herramienta para empoderar a las comunidades afectadas; sugiere que la presentación de recomendaciones en el marco del Semestre Europeo puede ser un instrumento adecuado para promover que los Estados miembros tomen las medidas necesarias;

22.

Pide a los Estados miembros que actúen conforme a las recomendaciones específicas por países relativas a la inclusión social de las comunidades marginadas, y a la Comisión, que supervise estrechamente dicha actuación;

23.

Celebra que algunos Estados miembros, incluidos aquellos que reciben recomendaciones, elijan la integración socioeconómica de las comunidades marginadas como inversión prioritaria en sus programas operativos; advierte, no obstante, de que este planteamiento debe incorporarse también en ámbitos políticos como la educación y el empleo;

24.

Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los fondos; destaca la necesidad de centrarse particularmente en las medidas de financiación que vayan más allá de las acciones específicas en el marco del objetivo temático relativo a la inclusión social, la lucha contra la pobreza y todas las formas de discriminación, privilegiando así un enfoque integrado y sistemático;

25.

Considera que la gobernanza y la coordinación a todos los niveles desempeñan un papel importante; hace hincapié en que la participación de las autoridades y partes interesadas locales es fundamental para llegar al grupo destinatario, y que ello requiere la máxima proximidad territorial posible;

26.

Destaca la importancia de adoptar un enfoque integrado; opina que los fondos deben utilizarse de manera más integrada, también a través de programas multifondo, un desarrollo local participativo, inversiones territoriales integradas y financiación cruzada, tal y como se contempla en el artículo 98, apartado 2, del RDC, y que deben lograrse sinergias con otros instrumentos de financiación nacionales y de la UE; pide a las administraciones y a las autoridades interesadas que se esfuercen por cooperar de forma activa a todos los niveles, también a nivel transfronterizo;

27.

Señala que, actualmente, la financiación cruzada se utiliza de forma limitada, lo que puede deberse en parte a las normas complejas descritas en el artículo 98, apartado 2, del RDC; considera que aumentar la flexibilidad de las normas de financiación cruzada, especialmente en lo relativo a las comunidades marginadas, puede aumentar la efectividad de los proyectos y ofrecer un valor añadido importante para su impacto; pide, por consiguiente, a la Comisión que lleve a cabo un análisis de la aplicación y del nivel de empleo de la financiación cruzada;

28.

Señala que las comunidades marginadas viven a menudo en barrios desfavorecidos; destaca la importancia de poner verdaderamente en práctica los programas de renovación y regeneración urbana para los barrios más desfavorecidos, que combinan asociaciones y enfoques integrados y de base local, que abordan los retos económicos, sociales y territoriales, y que mejoran el entorno urbano, además de centrarse en aumentar la conectividad a fin de dotar de un mejor acceso a esas comunidades; considera que la futura Agenda urbana de la UE debe abordar de manera adecuada los retos y las necesidades clave relacionados con las comunidades marginadas de las zonas urbanas para evitar la creación de guetos y luchar de manera satisfactoria contra la segregación, la pobreza y la exclusión social;

29.

Llama la atención sobre las necesidades específicas de las comunidades marginadas que residen en zonas rurales, montañosas y aisladas, en particular, los retos relacionados con la conectividad, la movilidad y el acceso a los servicios, así como los que se plantean en términos de oportunidades culturales y sociales; destaca la importancia de que las regiones estén mejor conectadas; señala asimismo que las personas que viven en zonas transfronterizas suelen ser objeto de marginación debido a su situación geográfica, y que esto debería tenerse mejor en cuenta a la hora de elaborar la política de cohesión, en particular en lo relativo al objetivo de cooperación territorial europea;

30.

Destaca la necesidad de desarrollar las capacidades de las partes interesadas, incluidos los servicios públicos, las administraciones y los organismos de la sociedad civil, con objeto de empoderar a las comunidades, especialmente al permitirles participar en mayor medida en la elaboración de políticas; pide que, a este fin, se recurra también a una asistencia técnica y una financiación específicas;

31.

Pide a la Comisión que ofrezca el apoyo técnico necesario para mejorar la capacidad administrativa de los órganos implicados en la administración de los Fondos Estructurales, y pide a los Estados miembros que faciliten asesoramiento y asistencia administrativa, por ejemplo organizando sesiones de formación y ofreciendo asistencia y aclaraciones respecto de las solicitudes de ayuda, con el fin de facilitar a las comunidades marginadas, como la comunidad romaní, la obtención de información sobre los programas de financiación europeos y nacionales destinados a apoyar el emprendimiento y el empleo, y la presentación de las solicitudes pertinentes;

32.

Destaca que los interlocutores sociales deben tener acceso a la asistencia técnica, y ello no solo para ver reforzadas sus capacidades, sino también para garantizar su coordinación y representación en comités ad hoc que definen y aplican los programas operativos;

33.

Hace hincapié en que, en colaboración con los representantes de las comunidades marginadas, y tras haber facilitado directrices sobre una definición de «comunidades marginadas», la Comisión debe establecer un grupo de expertos ad hoc que ofrezca asesoramiento, y debe promover una formación adecuada para el personal administrativo, a fin de facilitar un conocimiento específico acerca de los problemas de las comunidades marginadas y de luchar contra las prácticas discriminatorias, con vistas a fomentar la inclusión a través de un diálogo constructivo y eficaz, y a aplicar y supervisar los proyectos financiados por la UE relacionados con comunidades marginadas de la forma más integrada y eficaz posible, maximizando así su impacto;

34.

Considera esencial incluir a los organismos para la igualdad, a las organizaciones de mujeres y a las mujeres de las comunidades marginadas en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación, el uso, la ejecución y la gestión de los fondos a todos los niveles —desde las autoridades locales y regionales hasta las instituciones de la UE pasando por los Estados miembros—, y considera que el seguimiento y la evaluación de los programas ejecutados debería percibirse como un proceso clave para mejorar la participación de las mujeres de las comunidades marginadas;

35.

Toma nota del enfoque según el cual todas las medidas políticas estratégicas y operativas, incluida la suficiente capacidad administrativa o institucional, deben estar adoptadas antes de que se realice la inversión; alienta a la Comisión a que supervise cuidadosamente el cumplimiento de tales condiciones y vele por que los Estados miembros afectados adopten medidas complementarias, principalmente en materia de promoción de la inclusión y lucha contra la pobreza y la discriminación;

36.

Señala que para ser efectivos, los proyectos financiados por la UE deben tener una perspectiva a largo plazo, y los fondos deben respaldar la inversión en las necesidades reales de los beneficiarios, con mecanismos que garanticen que se llega a los grupos destinatarios y que aborden la exclusión y la marginación; aboga por mecanismos de evaluación cualitativa y de control; pide a la Comisión que instaure mecanismos proactivos y participativos de seguimiento y observación de las medidas tomadas por los Estados miembros en los procesos de programación y evaluación de los fondos destinados a las comunidades marginadas;

37.

Destaca que la exclusión del acceso a la vivienda, la situación de carencia de hogar, la exclusión educativa y el desempleo suelen ser elementos clave de la marginación; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de tomar iniciativas integradas en materia de vivienda, educación y empleo a favor de las comunidades marginadas;

38.

Recuerda —teniendo en cuenta que la reciente crisis económica y financiera ha afectado especialmente a los grupos marginados, que corren un riesgo mayor de perder sus puestos de trabajo cuando el mercado laboral está sometido a turbulencias— que la educación y el empleo son los mejores instrumentos para salir de la pobreza y que la integración de las comunidades marginadas en la sociedad y en el mercado laboral deben tener un carácter prioritario; constata con preocupación que a los miembros de las comunidades marginadas se les suele excluir de la sociedad y que a menudo sufren discriminación, por lo que deben superar una serie de impedimentos a la hora de acceder a una educación de alta calidad, al empleo, a la asistencia sanitaria, al transporte, a la información y a los servicios en general, todo lo cual plantea un problema complejo que debe abordarse de forma adecuada mediante el uso complementario y una combinación eficaz de los FEIE y los recursos nacionales; destaca, por tanto, la necesidad de redoblar los esfuerzos en el despliegue de los actuales programas de la UE como la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el programa Erasmus+ y Europa Creativa, con miras a llegar a los miembros de las comunidades marginadas, acompañando dichos esfuerzos de un seguimiento regular para verificar sus resultados, con el fin de romper el ciclo de la pobreza y la marginación y promover las competencias y las cualificaciones profesionales de los ciudadanos;

39.

Pide que los fondos se utilicen para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso de las mujeres de las comunidades marginadas a la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria, el empleo, los servicios de guardería, los servicios sociales, los servicios de atención a las víctimas y la administración de justicia, todo ello de la mayor calidad y de forma estable;

40.

Hace hincapié en que los representantes de las comunidades marginadas deben participar activamente en los mecanismos de seguimiento, y que deben poder hacerlo como miembros de pleno derecho; señala que se podría haber adquirido una experiencia considerable a nivel local, regional, nacional y transnacional; destaca la necesidad de difundir y aprovechar las mejores prácticas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen todas las mejores prácticas existentes, incluidas las prácticas innovadoras relacionadas con la inclusión en la sociedad de grupos e individuos marginados, y que inicien actividades de trabajo en red, también entre trabajadores sociales, monitores de jóvenes y trabajadores comunitarios, así como con académicos e investigadores; hace hincapié en la necesidad de crear una plataforma de red a escala de la UE para facilitar el intercambio de mejores prácticas y para la resolución conjunta de problemas, que también pueda servir como mecanismo de aprendizaje virtual para la creación de capacidad;

41.

Invita a la Comisión a tener en cuenta la política de cohesión y las comunidades marginadas en su diálogo estructurado anual con la sociedad civil y las organizaciones que representan a los socios, asegurando al mismo tiempo la participación de los representantes de las comunidades marginadas y facilitando un debate basado en análisis cuantitativos y cualitativos;

42.

Señala que no solo se requiere que la sociedad en su conjunto esté concienciada sobre la inclusión estructural y sistémica, sino que esto es de particular importancia para el trabajo de los responsables políticos y de las partes interesadas a todos los niveles administrativos, así como de otros organismos públicos implicados; pide a todas las partes interesadas del sector público y a las instituciones educativas que lleven a cabo un análisis exhaustivo de las causas de la discriminación y de la marginación, y que trabajen para concienciar de que es necesario acabar con la xenofobia y el racismo, y con todos los tipos de marginación que conduzcan a la exclusión sistémica, incluido el antigitanismo; pide a la Comisión que aplique y controle rigurosamente la legislación de la UE en materia de lucha contra la discriminación; pide a los servicios de empleo públicos que presten servicios de alta calidad adaptados a las distintas necesidades;

43.

Destaca la necesidad de un enfoque dual para asistir e integrar a los grupos marginados, que debe adoptarse directamente en relación con los afectados prestando servicios de educación —incluidas las infraestructuras educativas—, formación y orientación profesional, y facilitando la creación de oportunidades de trabajo, y en relación con la comunidad y las autoridades locales con el fin de mejorar o modificar la percepción pública sensibilizando a la sociedad sobre los efectos de los perjuicios, mejorando los servicios públicos y adaptando los sistemas sociales;

44.

Destaca que la educación es un derecho fundamental consagrado en el Tratado de la Unión Europea; hace hincapié en que garantizar la igualdad de acceso de todos los miembros de la sociedad a una educación de alta calidad es fundamental para romper el ciclo de la exclusión social; considera que la educación formal, no formal e informal, caracterizada por la educación en la diversidad, constituye el primer paso hacia una verdadera integración política, económica y social de las comunidades marginadas; subraya la necesidad de aplicar programas, proyectos y actividades de apoyo para las comunidades marginadas con el fin de facilitar la educación preescolar y de sustentar la necesidad de una educación formal, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades para otros tipos de educación y de aprendizaje permanente, en particular en el ámbito de las competencias profesionales y las TIC, y de mejorar el acceso a los medios de comunicación, en aras también del empoderamiento de las mujeres y las niñas de las comunidades marginadas;

45.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que fomenten el empleo del FEDER para apoyar a las pymes y a las empresas de la economía social que cuentan con la participación de comunidades marginadas y que las benefician; señala la necesidad de establecer actividades de apoyo para comunidades marginadas con el fin de ofrecer ayuda y crear las condiciones necesarias para el espíritu emprendedor a pequeña escala, preservando así distintas maneras de hacer negocios;

46.

Señala que muchos sectores sufrirán una importante transformación en los próximos años, en parte debido a un mayor uso de las herramientas y las soluciones en línea; señala asimismo que esta evolución someterá a presión a los trabajadores con una cualificación media o baja, lo cual repercutirá a su vez especialmente en los miembros de las comunidades marginadas, dado que actualmente son los que suelen encontrar trabajo en estos sectores; destaca la importancia que revisten una formación y unos servicios accesibles y asequibles para todos en el ámbito de las nuevas tecnologías y los nuevos sectores, teniendo especialmente en cuenta las oportunidades que brindan el sector digital y la economía verde, en particular para los grupos sociales más desfavorecidos; señala la importancia de las microempresas y las pequeñas empresas para ayudar a sostener el empleo en las zonas rurales, y pide, por tanto, que se haga mayor hincapié en garantizar el acceso de estas empresas a la financiación;

47.

Señala la importancia de empoderar a las mujeres dentro de las comunidades marginadas, animando a las mujeres empresarias y fomentando su participación en dichas comunidades;

48.

Destaca el importante papel que pueden desempeñar el emprendimiento social, las cooperativas, las mutuas y las empresas alternativas a la hora de empoderar a las mujeres de las comunidades marginadas; recomienda que los Fondos de Cohesión, en particular el FSE, apoyen las inversiones en este ámbito que tengan una perspectiva de género sólida;

49.

Pide a la Comisión que examine las limitaciones de los actuales criterios de asignación para determinar la ayuda procedente de los fondos de la política de cohesión basados en el PIB, utilizando mejor los indicadores disponibles —como los datos sobre la renta y las condiciones de vida (EU SILC) de Eurostat— que pueden detectar las bolsas de pobreza y la vulnerabilidad social en el territorio de la Unión, con el fin de orientar mejor la ayuda de la UE a las comunidades marginadas;

50.

Subraya que, en el debate político europeo, las comunidades marginadas suelen ser objeto de instrumentalizaciones políticas tendenciosas y que sería, por tanto, necesario analizar pormenorizadamente la exclusión estructural, tanto en los acuerdos de asociación como en los distintos programas operativos; pide a la Comisión que ofrezca una orientación coherente, consistente y clara sobre la creación, la aplicación y la gestión de los proyectos financiados por la UE que estén relacionados con las comunidades marginadas, que incluya análisis exhaustivos, ejemplos de mejores prácticas y recomendaciones políticas, a fin de garantizar que en los fondos de la UE se incluya a las comunidades marginadas, también con vistas al próximo periodo de programación;

51.

Pide la inclusión de una perspectiva de género y un análisis multidisciplinar en todas las iniciativas, programas, acciones y acuerdos de financiación en materia de integración e inclusión social financiados por la UE, a fin de que sea posible mejorar tanto la atención a las necesidades específicas de las mujeres de las comunidades marginadas como la percepción de la diversidad de voces y puntos de vista de las mujeres en distintos puestos y funciones estructurales; considera que las evaluaciones del impacto del género y la integración de la dimensión de género en los presupuestos son útiles a la hora de evaluar el impacto que tienen en las mujeres las prioridades en materia de financiación, la asignación de los recursos financieros y las condiciones de los programas de financiación; subraya la necesidad de recopilar sistemáticamente y analizar regularmente los datos desglosados por género;

52.

Invita a los Estados miembros a que ofrezcan un reconocimiento a la dedicación ejemplar en pro de la integración y la inclusión de grupos marginados en la ejecución de los fondos de la UE; sugiere que este reconocimiento a un trabajo destacable podría concederse a municipios o regiones de los Estados miembros;

53.

Invita a los Estados miembros a que faciliten y fomenten el trabajo en red entre los municipios y las ciudades que se enfrentan a la integración de grupos marginados; sugiere que el Pacto entre alcaldes sobre el cambio climático puede servir como ejemplo de una red de este tipo;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/42

—

Visto el Tratado de la Unión Europea,

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Vistas sus resoluciones anteriores sobre la UE y las Naciones Unidas, en particular su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el 69o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1), y su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor global: su papel en organizaciones multilaterales (2),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre las prioridades de la UE para el 70o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

—

Vista la Carta de las Naciones Unidas,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas (3), que otorga a la UE el derecho a intervenir en la Asamblea General, a presentar oralmente propuestas y enmiendas que se someterán a votación a petición de un Estado miembro y a ejercer el derecho de respuesta,

—

Vista la primera declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, de 14 de febrero de 2014, acerca del papel que ha desempeñado la UE en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (4),

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Vista la declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en 2001,

—

Visto el estudio publicado en marzo de 2015 por la Dirección General de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo, titulado «Reforming the United Nations: State of Play, Ways Forward»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0308/2015),

A.

Considerando que el futuro de la Unión Europea está ligado a la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos a escala mundial; que los retos a los que se enfrenta la UE requieren soluciones mundiales y las cuestiones mundiales requieren la acción europea;

B.

Considerando que los principios y objetivos de la política exterior de la UE están consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y están estrechamente interrelacionados con los de las Naciones Unidas; que el artículo 21 del TUE pide expresamente el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional;

C.

Considerando que la UE tiene un potencial único para movilizar recursos a través de todos los instrumentos disponibles en los ámbitos de la diplomacia, la seguridad, la defensa, la economía, el desarrollo y la acción humanitaria, de plena conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas; que el uso de estos instrumentos sobre la base de un enfoque integral confiere a la UE una flexibilidad única para abordar con eficacia los objetivos más difíciles en materia de seguridad;

D.

Considerando que la UE participa activamente, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en la promoción de la paz, la seguridad y el progreso, a través de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD);

E.

Considerando que la UE salvaguarda sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad y actúa para preservar la paz, prevenir los conflictos y reforzar la seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki de 1975, y con los principios de la Carta de París para una Nueva Europa adoptada en 1990; que la UE forma parte del sistema de seguridad colectivo de las Naciones Unidas, en particular como uno de los acuerdos regionales previstos en el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas;

F.

Considerando que la UE promueve el progreso económico, social y ambiental sostenible de los países en desarrollo con los objetivos primordiales de erradicar la pobreza, promover la paz y la estabilidad duraderas y combatir las desigualdades sociales, y presta asistencia humanitaria a las poblaciones, países y regiones que se enfrentan a todo tipo de crisis, ya sean naturales o de origen humano;

G.

Considerando que la UE es un actor líder en distintos ámbitos políticos interrelacionados: comercio, desarrollo, ayuda humanitaria, medio ambiente y derechos humanos;

H.

Considerando que la UE trabaja en favor de la sostenibilidad ambiental promoviendo medidas y acciones internacionales para preservar y mejorar la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales;

I.

Considerando que la UE desempeña también un papel de liderazgo en políticas ambientales, en particular en la lucha contra el cambio climático, no solo estando a la vanguardia y fijándose objetivos ambiciosos, sino también abogando incansablemente en las negociaciones mundiales por acuerdos vinculantes y acciones concretas y mensurables;

J.

Considerando que la UE refuerza los fundamentos de la sostenibilidad social y la buena gobernanza mediante la consolidación, el apoyo y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional;

K.

Considerando que, de conformidad con sus Tratados, la UE promueve un sistema internacional basado en una cooperación multilateral más estrecha y en la buena gobernanza mundial y que está comprometida con el multilateralismo eficaz, cuyo elemento central son las Naciones Unidas; considerando que dicho compromiso se fundamenta en la convicción de que, para ofrecer una respuesta satisfactoria a las crisis, los desafíos y las amenazas mundiales, la comunidad internacional necesita un sistema multilateral eficiente, basado en los derechos y valores universales;

L.

Considerando que la política exterior de la UE ha puesto su principal énfasis en las relaciones bilaterales, así como en la cooperación y las asociaciones con países, grupos de países y otras organizaciones regionales e internacionales de todo el mundo; que en las últimas décadas se ha prestado especial atención a los objetivos y asuntos geopolíticos en las vecindades oriental y meridional de la UE; y que la UE mantiene asimismo relaciones especiales con países africanos y en sus actuaciones presta especial atención a los problemas de estos países;

M.

Considerando que, en un contexto de interdependencia mundial creciente, la UE debe reforzar su papel tanto en las relaciones bilaterales como en los foros multinacionales;

N.

Considerando que la UE ha participado y desempeña un importante papel en las negociaciones y en la mediación internacionales, en particular en las negociaciones entre el grupo 3UE+3 e Irán, así como en el proceso de paz en Oriente Próximo;

O.

Considerando que, en su calidad de mayor bloque comercial del mundo, la UE desempeña un importante papel en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y ha elaborado medidas activas de política comercial con vistas a promover el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente y los recursos naturales;

P.

Considerando que la UE y sus Estados miembros aportan la mayor contribución financiera al presupuesto general de las Naciones Unidas, así como a sus operaciones de asistencia humanitaria, de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de mantenimiento de la paz; que las políticas de la UE en materia de desarrollo revisten una gran importancia puesto que promueven de forma activa la reducción de la pobreza, así como la sostenibilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo así la paz y la seguridad; y que la UE es parte de más de 50 acuerdos y convenios multilaterales de las Naciones Unidas como el único participante no estatal;

Q.

Considerando que la UE es uno de los más entregados defensores y promotores de los derechos humanos, las libertades fundamentales, los valores y la diversidad culturales, la democracia y el Estado de Derecho; que, además de ocupar un lugar central en su política multilateral, en todas sus asociaciones bilaterales se incluyen disposiciones relativas a estos principios; y que la UE siempre ha sido un firme partidario de la justicia internacional;

R.

Considerando que la UE desempeña un importante papel de apoyo a las operaciones de las Naciones Unidas en ámbitos de preocupación mutua, en particular en la protección de civiles y, especialmente, de mujeres y niños afectados por conflictos armados;

S.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor básico de la UE reconocido en sus Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; considerando que la UE ha asumido la responsabilidad de integrar la igualdad de género en todas sus actividades y ámbitos políticos, sin olvidar la política exterior y la política de cooperación al desarrollo;

T.

Considerando que la humanidad comparte valores e intereses comunes; considerando que debe haber un reparto equitativo de la carga y de los beneficios a la hora de resolver problemas comunes y de promover objetivos y valores comunes;

U.

Considerando que el sistema de las Naciones Unidas es el principal foro mundial para mejorar la gobernanza mundial y que, como tal, representa el mejor foro en el que promover los valores e intereses de la UE;

V.

Considerando que el principal objetivo después de la Segunda Guerra Mundial era el mantenimiento de la paz y la seguridad; que la promoción del desarrollo económico y social y de los derechos humanos ocupó un lugar central en la Carta; que las cuestiones ambientales surgieron en la agenda de las Naciones Unidas desde principios de la década de 1970; que, en 1987, el Informe Brundtland titulado «Nuestro futuro común» definió el concepto del desarrollo sostenible como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias; que, en la Conferencia de Río (CNUMAD) de 1992, las políticas de desarrollo y medio ambiente se fusionaron en una combinación de reducción efectiva de la pobreza y fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo;

W.

Considerando que el sistema de las Naciones Unidas abarca todos los ámbitos de cooperación y se articula en torno al Consejo de Seguridad que, asistido por órganos subsidiarios y de asesoramiento, es el responsable principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;

X.

Considerando que el Sistema de las Naciones Unidas se compone de 19 agencias, entre ellas, la FAO, el FIDA, la OIT, el FMI, la Unesco, la ONUDI, la OMS y el Grupo del Banco Mundial, cuenta con 11 fondos y programas, entre ellos, la UNCTAD, el PNUD, el PNUMA, el ACNUR, el Unicef, la ONU-Mujeres y el PMA (5), así como 9 comisiones orgánicas, 5 comisiones regionales y una serie de órganos similares, y que organizaciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) están también vinculados al sistema de las Naciones Unidas;

Y.

Considerando que la mayoría de estas agencias, fondos, programas, comisiones y comités trabajan bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General, a los que algunos de ellos rinden cuentas;

Z.

Considerando que la UE y sus Estados miembros desempeñan un papel fundamental a la hora de promover los principios y objetivos de las Naciones Unidas y de resolver los problemas comunes de la humanidad; que, por otro lado, Europa necesita socios mundiales para resolver sus propios problemas en ámbitos como la seguridad, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, los flujos migratorios y la protección del derecho de asilo, y para resolver la inestabilidad financiera;

AA.

Considerando que la Unión Europea tiene una responsabilidad especial en lo que se refiere al mantenimiento de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en favor de sus países vecinos;

AB.

Considerando que es crucial que las acciones llevadas a cabo en el marco de las Naciones Unidas respeten el Derecho internacional, y que los delitos perpetrados bajo mandato de las Naciones Unidas son extremadamente perjudiciales para la credibilidad de la organización y no deberían quedar impunes;

AC.

Considerando que los países se dividen en zonas geográficas, lo que a menudo lleva a los países a votar por bloques, y que los propios Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) son los que con frecuencia vulneran sistemáticamente los derechos humanos, socavando así la eficacia y la credibilidad de la totalidad del CDHNU;

AD.

Considerando que los beneficios derivados de las actividades de pillaje y contrabando de lugares y objetos culturales y religiosos en Irak y Siria por parte del Daesh/EI se está utilizando para contribuir a financiar sus actividades terroristas, y que incumbe a la Unesco y a su Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales desempeñar un papel fundamental para garantizar la protección urgente del patrimonio cultural de Siria e Irak;

AE.

Considerando que la UE y las Naciones Unidas colaboran estrechamente en los escenarios de crisis más delicados, en particular en Oriente Próximo y el norte de África, y que deben redoblar sus esfuerzos con miras a alcanzar una solución política y pacífica a dichas crisis;

AF.

Considerando que está previsto que el debate y la decisión sobre la renovación del mandato del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) tengan lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015; considerando, asimismo, que el Parlamento ha pedido a la Asamblea que renueve el mandato del FGI y refuerce sus recursos y el modelo multisectorial de gobernanza de Internet;

1.

Recuerda que la UE y sus Estados miembros comparten los valores y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, tal como establece el artículo 21, apartado 1, del TUE, y que desempeñan un papel fundamental en la promoción de dichos principios y de los objetivos de las Naciones Unidas por medio de la acción exterior de la Unión; considera que la UE necesita socios globales si pretende alcanzar con éxito sus objetivos de política exterior, en particular en los ámbitos de la paz y la seguridad, el terrorismo, la delincuencia organizada, los conflictos regionales, el disfuncionamiento de los Estados y la proliferación de armas de destrucción masiva;

2.

Considera que el entorno en materia de seguridad de la UE es cada vez más inestable y volátil debido al gran número de desafíos a la seguridad existentes desde hace tiempo y de nueva aparición; considera, asimismo, que la guerra en el este de Ucrania, los conflictos en Siria e Irak, con la escalada de la organización terrorista del EI, la crisis libia y la amenaza terrorista en África (especialmente en el Sahel, Libia y el Cuerno de África) constituyen graves amenazas mundiales que exigen respuestas globales, y estima que la UE no puede abordar esas amenazas por sí sola, sino que necesita el apoyo de sus socios internacionales;

3.

Celebra que la UE y sus Estados miembros tomen parte activa en los trabajos del sistema de las Naciones Unidas y contribuyan a ellos de diferentes maneras y bajo diferentes formatos, todo lo cual debería revestir más visibilidad;

4.

Celebra, asimismo, la importante contribución de la UE a la ayuda humanitaria y a la ayuda al desarrollo en todo el mundo; recuerda que la UE y sus Estados miembros son, conjuntamente, el mayor contribuyente mundial a la ayuda humanitaria y a la ayuda al desarrollo;

5.

Recuerda que la UE se ha convertido en un verdadero actor internacional y, como tal, tiene estatuto de «observador privilegiado» en las Naciones Unidas, con derecho a intervenir en las reuniones de la Asamblea General en los debates entre los representantes de los principales grupos y ante Estados particulares, derecho a presentar propuestas y enmiendas, derecho de respuesta y derecho a plantear cuestiones de orden y a distribuir documentos;

6.

Recuerda, asimismo, que en el seno de las Naciones Unidas la UE está representada por una multitud de actores: el Presidente del Consejo Europeo, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Comisión Europea y las delegaciones de la UE, así como por sus 28 Estados miembros, dos de los cuales (Francia y el Reino Unido) son miembros permanentes con derecho de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU); insiste en que, de conformidad con el Tratado, los Estados miembros de la UE están obligados a coordinar su acción en todos los foros internacionales;

7.

Está convencido de que, a fin de conseguir mejor sus objetivos de la política exterior consagrados en el Tratado, la UE debe procurar fortalecer la gobernanza mundial dentro del sistema de las Naciones Unidas e incrementar su influencia y la de sus Estados miembros en el seno de dicho sistema; recuerda el compromiso de la UE de apoyo activo a una reforma integral del sistema de las Naciones Unidas con el fin de reforzar su legitimidad, su representación regional y su transparencia, su rendición de cuentas y su eficacia para responder a los complejos y polifacéticos desafíos de la actualidad; destaca, en particular, la importancia de revitalizar la labor de la Asamblea General;

8.

Hace hincapié en que, en el seno de la Asamblea General, la UE debe desempeñar un papel más decisivo, con visibilidad e influencia política suficientes, que le permita ejecutar mejor sus obligaciones internacionales, en consonancia con la Resolución antes mencionada de la Asamblea General de 3 de mayo de 2011;

9.

Reitera su apoyo al papel de los parlamentos y las asambleas regionales en el sistema de las Naciones Unidas;

10.

Pide a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que examinen y revisen, en estrecha cooperación con la Asamblea General, el opaco proceso de selección del Secretario General de las Naciones Unidas y garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres respecto de ese puesto; pide a los organismos de las Naciones Unidas, y en particular al Consejo de Seguridad, que presten suficiente atención a la integración de la perspectiva de género dentro de las Naciones Unidas, y a los Estados miembros de la UE, que lideren este esfuerzo alentando y promoviendo la presentación de candidaturas femeninas; expresa su deseo de que la siguiente persona elegida para ocupar el puesto de Secretario General de las Naciones Unidas sea una mujer; pide a la UE que apoye a ONU Mujeres al tomar en consideración la discriminación por motivos de identidad de género y expresión de género;

11.

Subraya las prioridades actuales de la UE, fijadas para el 70o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reiteran la antigua reivindicación de la Unión de que las Naciones Unidas racionalicen sus estructuras, presupuesto y métodos de trabajo, sin rehuir cuestiones difíciles como la reforma del Consejo de Seguridad;

12.

Subraya que la Asamblea General, que representa a los Gobiernos de todos los países miembros, debe contar con medios y recursos para marcar el rumbo del sistema de las Naciones Unidas y coordinar todas sus actividades;

13.

Está convencido de que el Consejo de Seguridad debe reformarse para reflejar mejor la nueva realidad mundial y hacer frente más eficazmente a los retos de seguridad presentes y futuros; anima a los países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se abstengan de ejercer el veto en situaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad;

14.

Recuerda, a la vista de la contribución de la UE a la arquitectura de paz y seguridad en el mundo y del objetivo contemplado en el Tratado de Lisboa de mejorar la política exterior europea, el objetivo a largo plazo de la UE de contar con un asiento en un Consejo de Seguridad ampliado, y reitera su petición de celebrar un debate en toda Europa sobre dicha reforma; pide una vez más a la Vicepresidenta/Alta Representante (VP/AR) que trabaje en pro de posiciones comunes de la UE acerca de cuestiones pertenecientes al ámbito de competencia del Consejo de Seguridad, así como la mejora de los mecanismos de cooperación existentes destinados a garantizar que los Estados miembros de la UE con asientos en el Consejo de Seguridad defiendan las posiciones comunes de la UE en este foro; recuerda que, conforme al artículo 34 del TUE, los miembros del CSNU de la UE mantendrán informados a los demás Estados miembros y a la Alta Representante y defenderán las posiciones y los intereses de la UE; recuerda igualmente que, en aquellos aspectos en los que la UE tenga una posición definida sobre un punto del programa del CSNU, dichos Estados solicitarán que se invite a la Alta Representante para presentar la posición de la Unión;

15.

Recuerda que en el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas se promueve un papel mejorado para las organizaciones regionales y subregionales en el seno de las Naciones Unidas, y pide a la UE y a la OSCE que aspiren a una mayor participación propia y de otras organizaciones regionales en la gobernanza mundial;

16.

Considera que la UE debe aprovechar mejor las asociaciones con las agencias especializadas, fondos, programas, comisiones y comités de las Naciones Unidas, a través de una mayor cooperación con las Naciones Unidas; pide el fortalecimiento de la coordinación de la UE en los consejos de esos organismos para garantizar que la UE hable con una sola voz;

17.

Subraya que, además de llevar a cabo estas reformas necesarias en las Naciones Unidas, un mejor logro de los objetivos de la política exterior de la UE, incluida la promoción de valores fundamentales, presupone una coordinación más efectiva de las diferentes dimensiones del conjunto de su política exterior, tanto bilateral como multilateral; pide una vez más una mayor visibilidad de las acciones y la asistencia de la UE en todos los foros multilaterales y sobre el terreno;

18.

Pide a la UE una coordinación más eficaz de su labor en el ámbito de la ayuda humanitaria, por ejemplo mediante la DG ECHO, con las respectivas agencias de las Naciones Unidas, con el fin de crear una eficiencia óptima con recursos limitados y evitar solapamientos innecesarios;

19.

Pide a las instituciones pertinentes de la UE y las Naciones Unidas que respeten y apliquen plenamente el acuerdo marco financiero y administrativo; pide a la Comisión que informe al Parlamento de la aplicación de este acuerdo marco y de las directrices conexas, así como que determine en qué ámbitos se ha de mejorar y presente propuestas pertinentes a tal fin;

20.

Subraya la importancia de la cooperación entre la UE y el PNUD para mejorar la eficacia de la ayuda; destaca el compromiso de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo y anima a todos los Estados, así como a los agentes del sector privado, a que también se comprometan con ella;

21.

Cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha contribuido de modo muy satisfactorio al avance que ha logrado Europa en términos de respeto de los derechos humanos y que ello puede servir como ejemplo para otras regiones;

22.

Pide la mejora de los instrumentos preventivos y de alerta temprana y capacidades de mediación reforzadas de las Naciones Unidas, con mandatos coherentes y alcanzables para las operaciones de consolidación y de mantenimiento de la paz que incluyan un componente de derechos humanos y estrategias de retirada claras; anima a los Estados miembros de la UE a que apoyen de modo más significativo las operaciones de consolidación y de mantenimiento de la paz, y pide a la UE que refuerce sus labores de mediación en la resolución de conflictos; insta al Consejo de Seguridad a que, ante las recientes atrocidades y violaciones de los derechos humanos perpetradas por algunos grupos extremistas y terroristas, así como la continua violencia sexual en los conflictos, incluido el uso de la violación como arma de guerra, defina, de acuerdo con la doctrina de la «responsabilidad de proteger», un conjunto ambicioso de instrumentos y medios para garantizar una prevención eficaz de estas atrocidades y defienda el Estado de Derecho y el Derecho internacional humanitario, y a que pida a los Estados miembros de las Naciones Unidas que luchen contra la trata de personas y restrinjan el reclutamiento y la financiación de grupos terroristas, impidiendo y suprimiendo el reclutamiento, la organización, el transporte y el equipamiento de combatientes terroristas y la financiación de sus viajes y actividades;

23.

Insta a la UE a que apoye el refuerzo de la coherencia, las sinergias y las complementariedades entre las supervisiones de las operaciones de paz, la estructura para la consolidación de la paz de las Naciones Unidas y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad; destaca la importancia de una participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres como agentes activos en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación y el mantenimiento de la paz, la respuesta humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos; acoge con satisfacción, en este contexto, el hecho de que la Comisión ha revisado su política de ayuda humanitaria, que ahora establece que el Derecho humanitario internacional y la legislación en materia de derechos humanos podrían justificar que se ofrezca a las mujeres víctimas de violaciones de guerra la posibilidad de abortar sin riesgo;

24.

Insta a la UE a que promueva una amplia definición del concepto de seguridad humana, asociándolo más estrechamente a los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo humano;

25.

Está convencido de que la UE debe prestar un apoyo sólido y comprometido a la Corte Penal Internacional (CPI), en particular reforzando y ampliando su relación con las Naciones Unidas, especialmente con el Consejo de Seguridad, y garantizando la rápida ratificación por los Estados miembros de la UE de las enmiendas de Kampala a los Estatutos de Roma, que definen el crimen de agresión; recuerda que la responsabilidad principal de llevar a los delincuentes ante la justicia recae en los propios Estados, y apoya la jurisdicción de la CPI cuando las autoridades nacionales no tienen la capacidad o la voluntad de llevar ante la justicia los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional;

26.

Apoya el refuerzo de la cooperación operativa entre la UE y las Naciones Unidas en la gestión de las crisis, también colaborando la UE con las Naciones Unidas al compartir el análisis (para llegar a un análisis conjunto) y la planificación de las operaciones de paz y seguridad (para facilitar los aspectos operativos);

27.

Considera que se debe asegurar mejor el cumplimiento de las promesas de ayuda humanitaria de los Estados miembros de las Naciones Unidas, mediante la publicación regular de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones;

28.

Acoge con satisfacción el compromiso de la UE con una mayor responsabilidad y transparencia en el comercio de armas y respalda la promoción de la universalización y plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como la aplicación del resultado de la Primera Conferencia de Estados Parte; pide a la UE que continúe con la promoción del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) como piedra angular del sistema mundial de no proliferación nuclear y, por tanto, base esencial para el desarme nuclear de conformidad con el artículo VI de dicho Tratado; pide asimismo a la UE que adopte medidas activas encaminadas al desarme mundial;

29.

Subraya la importancia de que la UE prosiga la promoción activa de la igualdad y la no discriminación; acoge con satisfacción la primera reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los derechos de la comunidad LGBTI, celebrada el 24 de agosto de 2015, en la que se condenaron los ataques y asesinatos de personas LGBTI en Oriente Próximo por parte del EI; anima al Consejo de Seguridad a que siga teniendo en cuenta las violaciones de los derechos de las personas LGBTI;

30.

Recuerda la posición de la UE de tolerancia cero frente a la pena de muerte; subraya la importancia de que la UE siga avanzando en la moratoria sobre la pena de muerte;

31.

Está convencido de que las dimensiones económica, social, ambiental y del desarrollo del sistema de las Naciones Unidas deben reforzarse sustancialmente, velando por una orientación más política de los órganos de las Naciones Unidas y mejorando la cooperación entre ellos, así como asegurando un uso más eficaz y transparente de los recursos disponibles; considera que esto debe lograrse, en primer lugar, mediante una reforma estructural y funcional del principal órgano responsable al respecto en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, el Consejo Económico y Social; pide a las instituciones y los Estados miembros de la UE que estudien la posibilidad de reforzar su papel en el Consejo Económico y Social, desarrollándolo hasta que llegue a convertirse en un Consejo de Desarrollo Sostenible;

32.

Celebra la creación del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, cuya función es ofrecer liderazgo, orientaciones y recomendaciones políticas en materia de política de desarrollo en cuanto a los tres pilares (social, económico y ambiental) del desarrollo sostenible; está convencido de que dicho Foro debe convertirse en el principal órgano de toma de decisiones para el conjunto de la política de desarrollo, garantizando así una evaluación coordinada y eficiente de las necesidades, así como la adopción de las hojas de ruta, decisiones y medidas vinculantes necesarias relativas al marco de desarrollo sostenible posterior a 2015; insiste en la necesidad de aplicar de manera efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la cumbre de las Naciones Unidas en septiembre de 2015;

33.

Está convencido de que, a la vista de las recurrentes crisis humanitarias ligadas a los refugiados y migrantes que tanto sufrimiento humano están causando, y habida cuenta de que el desarrollo sostenible de los países de origen podría ofrecer en última instancia una solución a la crisis humanitaria, debe coordinarse el trabajo de todas las agencias relacionadas con este asunto;

34.

Opina que los desafíos que plantea la crisis humanitaria vinculada a los refugiados deben ser gestionados de modo integral, en un espíritu de solidaridad en el seno de la UE y en estrecha cooperación con las Naciones Unidas y con sus agencias;

35.

Pide a las Naciones Unidas y a la UE que intensifiquen sus esfuerzos conjuntos con miras a lograr un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de París 2015, y a garantizar que se aplicará rápidamente la COP21;

36.

Opina que el trabajo del Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio puede coordinarse también como parte del sistema de las Naciones Unidas, manteniendo al mismo tiempo sus estructuras de toma de decisiones, a fin de velar por que sus decisiones respectivas se tomen de una forma responsable, eficiente, coherente y no superflua y sus acciones se lleven a cabo de igual modo;

37.

Apoya el objetivo de instaurar, a nivel multilateral, un régimen de protección de las inversiones con un nuevo sistema en el que se respete la jurisdicción de los tribunales nacionales, y pide a la Comisión que incorpore dicho objetivo a su programa de negociaciones cuando elabore acuerdos sobre inversiones; considera que un eventual tribunal internacional permanente para la resolución de litigios en materia de inversiones puede enmarcarse dentro del sistema de las Naciones Unidas y debe basarse en los derechos y obligaciones de aquellos sometidos a su jurisdicción, haciéndose hincapié en los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; estima que el sistema de las Naciones Unidas ofrece unas pautas útiles para un sistema de ese tipo, particularmente en lo que respecta a la financiación;

38.

Considera necesario propiciar la conclusión de la Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC, y cree que las Naciones Unidas pueden valerse de su posición única para conseguir que estas conversaciones sean un éxito para los países en desarrollo; considera que las Naciones Unidas pueden trabajar conjuntamente con la OMC, así como proporcionar asesoramiento y orientación a los países en desarrollo por lo que se refiere a la promoción de una estrategia de comercio e inversión, desempeñando la UE un papel fundamental a este respecto;

39.

Es consciente de la necesidad de reforzar y aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; insta a la UE a que contribuya al éxito de la labor realizada por el Grupo de trabajo intergubernamental sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos;

40.

Considera que las Naciones Unidas deben mejorar el conjunto de las cuestiones relacionadas con el bienestar de las personas; opina que estas incluyen la sostenibilidad cultural y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, mediante la integración de la educación, el turismo, la diplomacia cultural, la protección del patrimonio, el sector creativo y la investigación científica en la elaboración de las políticas;

41.

Recomienda que se garantice la cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en el ámbito de la educación en los programas de emergencia en caso de crisis humanitarias, conflictos armados y catástrofes naturales, prosiguiendo el apoyo a programas tales como el Programa de Unicef de educación en situaciones de emergencia y de transición después de las crisis, el Programa del ACNUR para una educación de calidad en los campos de refugiados y el trabajo educativo del OOPS;

42.

Se congratula de la organización en grupos del trabajo de la Comisión elegida en 2014, que otorga a la VP/AR la responsabilidad reforzada de coordinar la política exterior de la UE, en estrecha cooperación con otras instituciones de la UE; subraya que las políticas de dimensión mundial deben ocupar un lugar central en el trabajo de este grupo específico;

43.

Pide a la VP/AR que incluya en su informe anual sobre la PESC una completa sección sobre la promoción de los objetivos de la política exterior de carácter mundial de la UE;

44.

Considera que el Parlamento debe ser capaz de hacer frente a los retos mundiales de la misma manera profunda y global que la Comisión, y organizar su trabajo en consecuencia; anima a todas las comisiones del Parlamento cuyo ámbito de competencia abarque políticas de dimensión externa y mundial a que remitan sus opiniones sobre la sección pertinente del informe de la VP/AR a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para dicho informe;

45.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Secretario General de las Naciones Unidas.

27.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/51

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Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos los artículos 107, 108, 113, 115, 116, 175 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista su Decisión, de 12 de febrero de 2015, sobre el establecimiento de una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, sus competencias, composición numérica y mandato (1),

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Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre resoluciones fiscales y otras prácticas fiscales perniciosas en Luxemburgo, que se conocen como «LuxLeaks»,

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Vistos los resultados de las cumbres del G7, el G8 y el G20 sobre cuestiones fiscales de ámbito internacional, en especial las cumbres celebradas en Elmau (7 y 8 de junio de 2015), Brisbane (15 y 16 de noviembre de 2014), San Petersburgo (5 y 6 de septiembre de 2013), Lough Erne (17 y 18 de junio de 2013) y Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009),

—

Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1998 sobre la competencia fiscal perniciosa: un problema mundial emergente,

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Visto el informe titulado «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» de la OCDE de 2013, el Plan de acción de esta organización al respecto (BEPS) y sus publicaciones posteriores,

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Vistas las conclusiones recientes del Consejo Europeo sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (14 de marzo de 2013), la fiscalidad (22 de mayo de 2013), el intercambio automático de información (18 de diciembre de 2014), la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), el intercambio automático de información a escala mundial y las medidas fiscales perniciosas (18 de diciembre de 2014) y la evasión fiscal (27 de junio de 2014),

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y su informe al Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales, de 22 de junio de 2015,

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Vistos los informes semestrales del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) sobre el Código de Conducta, dirigidos al Consejo,

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Vistas la Directiva sobre cooperación administrativa (2), la Directiva sobre intereses y cánones (3) y las recientes propuestas legislativas de la Comisión para modificarlas,

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Vista la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (4) («Directiva sobre matrices y filiales»), modificada por última vez en 2015,

—

Vista la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (5),

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Visto el Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del TFUE (6),

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Vista la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros (7),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (8),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 26 de febrero de 2007, relativa a las actividades del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia en el ámbito de los procedimientos de prevención y resolución de litigios, y a las Directrices para los acuerdos previos sobre esos precios en la UE (COM(2007)0071),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de diciembre de 1998, relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2015)0302),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2015)0136),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal» (COM(2012)0722),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva (C(2012)8806),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal (C(2012)8805),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2012, sobre formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros países (COM(2012)0351),

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Vistas la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2011)0121) y la posición del Parlamento al respecto, de 19 de abril de 2012 (10),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

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Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (11), y los informes periódicos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) al Consejo,

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Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de abril de 2014, sobre la protección de los denunciantes de irregularidades,

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Vistos el informe Simmons & Simmons de 1999 sobre las prácticas administrativas a que se refiere el apartado 26 del informe del Grupo «Código de Conducta» de 1999, conocido como informe Primarolo (SN 4901/99,) y la actualización de este informe de 2009,

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Vistas las enmiendas adoptadas por el Parlamento, el 8 de julio de 2015, a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial (12),

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Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo (13),

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Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la fiscalidad (14),

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Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (15),

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Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero (16),

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Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales (17),

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Vista su Resolución, de 19 de abril de 2012, sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales (18),

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Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo — Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (19),

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Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal (20),

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Vistas las distintas audiencias parlamentarias —así como los informes correspondientes sobre esta cuestión—, mantenidas en el seno de los Parlamentos nacionales y, en especial, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Senado de los Estados Unidos y la Asamblea Nacional Francesa,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (A8-0317/2015),

A.

Considerando que el escándalo LuxLeaks, que estalló el 5 de noviembre de 2014 gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual publicó unas 28 000 páginas de documentos confidenciales por los que se establecían más de 500 resoluciones fiscales privadas entre la administración tributaria luxemburguesa y más de 300 empresas multinacionales entre 2002 y 2010, reveló el alcance del recurso a acuerdos secretos que incluían complejas estructuras financieras concebidas para obtener importantes reducciones fiscales; que, en muchos casos, filiales en Luxemburgo gestionaron centenares de millones de euros de empresas que tienen una presencia reducida y ejercen poca actividad económica en este país;

B.

Considerando que las cuestiones relativas a la erosión de la base imponible del impuesto sobre sociedades y las prácticas de planificación fiscal agresiva son conocidas y se analizan en el ámbito internacional desde hace, al menos, varias décadas; que LuxLeaks atrajo la atención del público y de los medios de comunicación hacia estas cuestiones, al revelar prácticas fiscales cuestionables fomentadas por empresas de auditoría en un Estado miembro específico; que las investigaciones de la Comisión y la labor del Parlamento por medio de su comisión especial han revelado que no se trata de un caso aislado, sino que la adopción de medidas fiscales para reducir la deuda tributaria global de algunas grandes sociedades a fin de aumentar de forma artificial la base imponible nacional a expensas de otros países, algunos de los cuales están sometidos a medidas de austeridad, es una práctica generalizada en Europa y fuera de ella;

C.

Considerando que tales comportamientos, que a menudo resultan en la desvinculación del lugar en que se genera el valor y el lugar en que se gravan los beneficios, no se limitan a las resoluciones fiscales, sino que abarcan un amplio abanico de prácticas fiscales perniciosas que aplican las administraciones tributarias nacionales en la UE y en terceros países;

D.

Considerando que someter estas prácticas al control público forma parte de la supervisión democrática; que, teniendo en cuenta sus repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad, solo pueden subsistir si permanecen ocultas o se toleran; que los periodistas de investigación, el sector no gubernamental y la comunidad académica han desempeñado un papel clave a la hora de denunciar casos de elusión fiscal y de informar de ello al público, y que, en la medida en que no pueden evitarse, su denuncia no debe depender del valor y el sentido ético de denunciantes individuales, sino que debe formar parte de mecanismos más sistemáticos de notificación e intercambio de información;

E.

Considerando que los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en los 28 Estados miembros de la Unión ascendió a una media del 2,6 % del PIB en 2012 (21);

F.

Considerando que, de conformidad con el Tratado, la fiscalidad de las empresas es competencia principalmente de los Estados miembros; que, teniendo la UE la competencia en materia de fiscalidad, el ejercicio de esa competencia debe regirse normalmente por la regla de la unanimidad en el Consejo; que esta circunstancia ha motivado que no se hayan adoptado todavía decisiones significativas a escala de la UE en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, a pesar de los avances recientes en la integración de la UE en lo que se refiere al mercado interior y a otros ámbitos cubiertos por los Tratados de la Unión, como los acuerdos comerciales internacionales, la moneda única, la gobernanza económica y fiscal y los principios y la legislación contra el blanqueo de capitales; que los Estados miembros deben respetar la legislación europea en materia de competencia y velar por que su legislación fiscal sea compatible con los principios del mercado interior y no cree distorsiones de la competencia; que, al otorgar el derecho de veto a cada Estado miembro, la regla de la unanimidad en el Consejo reduce los incentivos para pasar del statu quo a una solución más cooperativa; que, salvo que se recurra al procedimiento establecido en el artículo 116 del TFUE, para cambiar el requisito de la unanimidad en asuntos de fiscalidad directa sería necesario modificar el Tratado;

G.

Considerando que la situación actual, en virtud de la cual cada Estado miembro tiene un derecho de veto, implica que todos los Estados miembros deben actuar de manera decidida y cooperar en la lucha contra el problema paneuropeo de la evasión y la elusión fiscales;

H.

Considerando que, con algunas excepciones loables, los representantes políticos nacionales no han dado muestras, hasta la fecha, de voluntad de querer abordar el problema de la elusión fiscal, incluidas las resoluciones fiscales;

I.

Considerando que en el mercado interior europeo los capitales circulan libremente y las grandes empresas facilitan información sobre sus actividades de forma consolidada pero que las autoridades fiscales recaudan los impuestos a nivel nacional e intercambian muy poca información entre sí;

J.

Considerando que, en un mercado interior completado, ninguna distorsión artificial debe afectar a las decisiones de inversión y de localización de las empresas; que, no obstante, la globalización, la digitalización y la libre circulación de capitales crean las condiciones para una competencia fiscal más intensa entre Estados miembros y con terceros países, con vistas a atraer inversión y empresas; que es importante mantener las empresas en Europa y atraerlas, pero que estas iniciativas no deben adoptar la forma de regímenes fiscales potencialmente perniciosos, destinados en primer lugar a fomentar la inversión y atraer actividad económica adicional en reacción a medidas similares aplicadas por países vecinos o cuyo objetivo es corregir lo que se consideran desequilibrios preexistentes entre los Estados miembros, en cuanto a riqueza relativa, tamaño o posición periférica; que, por otra parte, en algunas jurisdicciones parece existir una correlación entre unos sistemas de fiscalidad de las empresas atractivos y un elevado nivel de riqueza nacional; que el diseño óptimo de los sistemas fiscales depende de numerosos factores y varía, por consiguiente, de un país a otro; que la competencia fiscal perniciosa entre Estados miembros limita el potencial del mercado único;

K.

Considerando que, en lugar de concentrarse meramente en la creación de un entorno empresarial atractivo con, por ejemplo, buenas infraestructuras y una mano de obra de gran calidad, en particular mediante gastos generadores de productividad, y de garantizar la estabilidad y previsibilidad de los sistemas fiscales, cada país, cuando opera en un contexto de competencia fiscal, se sirve de su legislación nacional en conjunción con su red de acuerdos fiscales para promoverse como destino de las inversiones y/o como nodo central por el que se canalicen los flujos financieros o en el que se registran los beneficios, atrayendo de este modo a empresas o sociedades ficticias a costa de otros países socios y creando prácticas desleales hacia ellos; que, considerados por separado, cada país tiene un claro interés en actuar «por libre», esto es, en ser el primero en diseñar y aplicar disposiciones y regímenes fiscales específicos para atraer la base imponible y el último en participar en cualquier acción cooperativa y coordinada con miras a abordar la elusión fiscal;

L.

Considerando que existe una competencia fiscal entre los Estados miembros; que en el artículo 4 del TUE se recoge el principio de cooperación leal entre los Estados miembros de la Unión; que los Estados miembros deben aplicar plenamente el principio de cooperación leal en materia de competencia fiscal;

M.

Considerando que algunos Estados miembros mantienen posiciones ambivalentes en cuanto a la elusión fiscal, lamentándose por un lado de la erosión de su base imponible nacional y, al mismo tiempo, siendo responsables del diseño de los sistemas fiscales nacionales e internacionales en vigor que la hacen posible, e incluso impidiendo cualquier avance de los sistemas fiscales hacia una solución más coordinada, que, en el marco de una movilidad total del capital dentro de la UE, y atendiendo al objetivo declarado de la Comisión de crear una unión de mercados de capitales, la interdependencia y los efectos mutuos de los sistemas fiscales nacionales y los ingresos fiscales nacionales deben tenerse en cuenta en su conjunto, tomando en consideración los amplios efectos indirectos transfronterizos, positivos y negativos, de las decisiones de cada Estado miembro en materia fiscal, puesto que los incentivos fiscales de un determinado país redundan en la erosión de la base imponible de otro;

N.

Considerando que estamos siendo testigos de una paradoja en virtud de la cual la libre competencia entre los Estados miembros en materia fiscal ha dado lugar a conductas anticompetitivas y a distorsiones de la competencia;

O.

Considerando que la introducción del mercado único europeo ha demostrado ser muy beneficioso para las economías nacionales, al hacerlas más competitivas y atractivas en una economía globalizada, y que la convergencia fiscal entre los Estados miembros tendrá, en última instancia, el mismo efecto;

P.

Considerando que el legislador y las administraciones tributarias, a menudo insuficientemente dotadas, no pueden anticipar sino solo reaccionar, algunas veces con gran retraso, a los regímenes innovadores de elusión fiscal concebidos y fomentados por algunos asesores fiscales, en particular de grandes empresas de auditoría, abogados y empresas intermediarias; que, en particular, la experiencia demuestra que los organismos de la UE que deben impedir la introducción de medidas fiscales perniciosas (por ejemplo el Grupo «Código de Conducta» creado por los Estados miembros en 1998, o la Comisión como guardiana de los Tratados) han dado muestras de su incapacidad para contrarrestar esta evolución indeseable, a veces reaccionando de forma ineficaz o sobre la base de un mandato demasiado limitado, y que se ha introducido en la Unión una multitud de nuevas medidas o acuerdos de elusión fiscal, a menudo agresivos, como el régimen de incentivos sobre las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles («patent box»); que las multinacionales, en la UE y en todo el mundo, confían en la experiencia de un sector bien organizado y competente de asesores fiscales, bancos y otros proveedores de servicios financieros para desarrollar sus regímenes de elusión fiscal; que este sector está representado al mismo tiempo en organismos que asesoran a gobiernos y a instituciones públicas en cuestiones fiscales, como, por ejemplo, la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal de la UE; que existe una preocupación por los conflictos de intereses que podrían surgir ante el hecho de que las mismas empresas faciliten asesoramiento tanto a las autoridades públicas como a las empresas multinacionales privadas;

Q.

Considerando que toda planificación fiscal debe realizarse dentro de los límites del Derecho y los Tratados aplicables; que, por consiguiente, la respuesta más adecuada a una planificación fiscal agresiva es una buena legislación y una coordinación internacional orientada a los resultados deseados;

R.

Considerando que la aplicación de la legislación es decisiva para la consecución de los objetivos deseados; que esta aplicación corresponde a las administraciones nacionales que, a menudo, tienen pocos incentivos para cooperar entre sí a escala europea; que esta situación se suma a las divergencias derivadas de las diferencias en las legislaciones de toda la Unión y las agrava;

S.

Considerando que la troika institucional (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) encargada de supervisar los programas de ajuste financiero y presupuestario en Estados miembros como Portugal y Grecia no intentó impedir amnistías fiscales, resoluciones fiscales, beneficios fiscales y regímenes de exención fiscal que eran y son injustamente discriminatorios, al favorecer a las empresas y personas que eluden el pago de impuestos, causando una gran sangría en los ingresos públicos e incrementando la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los ciudadanos, que ya sufren una carga impositiva excesiva;

T.

Considerando que la investigación y la persecución de los delitos fiscales y del blanqueo de capitales, que con frecuencia incluyen operaciones financieras y personas jurídicas en diversas jurisdicciones, constituye un gran reto; que, con frecuencia, el personal de los Estados miembros encargado de las investigaciones y que lleva a cabo las acciones judiciales contra los autores de delitos fiscales y otros delitos financieros no está suficientemente formado ni equipado;

U.

Considerando que las políticas de austeridad y contención presupuestaria de los últimos años han reducido significativamente la capacidad de las administraciones tributarias para investigar los delitos fiscales y las prácticas fiscales perniciosas; que estos recortes fueron particularmente perjudiciales en los países objeto de programas de asistencia financiera dirigidos por la troika, en los que el aumento de los ingresos del Estado se logró a costa de la sobrecarga impositiva de las pymes y los ciudadanos, en tanto que, con frecuencia, las grandes sociedades y los ricos defraudadores de impuestos se beneficiaron de amnistías fiscales, resoluciones fiscales y otras exenciones fiscales y regímenes de ventajas fiscales, como ocurrió en Portugal y Grecia;

V.

Considerando que las resoluciones fiscales cubren una amplia gama de prácticas en los Estados miembros, desde una política ad hoc hasta una aplicación de la legislación claramente estructurada, en cuanto al posible ámbito de aplicación y los temas cubiertos, el carácter vinculante, la frecuencia de uso, la publicidad, la duración y el pago de tarifas, y que no existe una definición acordada en común de las resoluciones fiscales en el ámbito internacional, excepto la referencia de la Comisión a ellas como «cualquier comunicación u otros instrumentos o recursos de efectos similares empleados por el Estado miembro o en su nombre en relación con la interpretación o aplicación de la legislación fiscal»;

W.

Considerando que las resoluciones fiscales no son en sí mismas problemáticas, dado que —como es su finalidad original— pueden ofrecer seguridad jurídica al contribuyente y reducir los riesgos financieros de las empresas honestas en aquellos casos en que la legislación fiscal o su aplicación concreta no quedan claras o son objeto de interpretaciones divergentes en determinadas circunstancias, especialmente cuando se trata de operaciones complejas, con lo que se evitan futuros litigios entre el contribuyente y las autoridades fiscales;

X.

Considerando que la práctica de las resoluciones se ha desarrollado, en el marco de una relación más estrecha y cooperativa entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, como un instrumento para abordar la complejidad creciente del tratamiento fiscal de determinadas transacciones en una economía cada vez más compleja, global y digitalizada; que, a pesar de las afirmaciones de los Estados miembros de que las resoluciones no son discrecionales, sino un mero instrumento para clarificar la legislación fiscal existente, aunque se mantengan en secreto, los trabajos de la comisión especial han confirmado que las resoluciones judiciales pueden emitirse sin ningún marco jurídico mediante acuerdos informales o discrecionales que apoyan estructuras creadas con fines fiscales que dependen de instrumentos de planificación fiscal habitualmente utilizados por las empresas multinacionales con objeto de reducir su contribución fiscal; que este parece ser el caso particular, aunque no exclusivo, de las resoluciones relativas a la fijación de los precios de transferencia entre empresas (los denominados acuerdos previos sobre precios de transferencia); que, al ofrecer seguridad jurídica solo a algunos actores elegidos pueden crear desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado y las empresas del mismo sector que no tienen acceso a ellas;

Y.

Considerando que ni la OCDE ni la Comisión Europea han pedido que se ponga fin a la práctica de las resoluciones fiscales como tales;

Z.

Considerando que las resoluciones fiscales previas no deben afectar de ninguna manera al tratamiento fiscal de ninguna operación, ni beneficiar a un contribuyente en perjuicio de otro, sino que, en igualdad de condiciones, deben tener el mismo efecto que la aplicación ex post de las disposiciones fiscales subyacentes; que, en consecuencia, este informe no se centra únicamente en las resoluciones fiscales, sino que incluye, en consonancia con el mandato recibido de la comisión especial (TAXE), cualquier medida fiscal de naturaleza o efectos similares, dentro del término genérico de «prácticas fiscales perniciosas», esto es, medidas destinadas a atraer a empresas o transacciones no residentes a expensas de otras jurisdicciones fiscales en las que normalmente deberían gravarse dichas transacciones y/o medidas destinadas a favorecer únicamente a algunas empresas, distorsionando de esa forma la competencia;

AA.

Considerando que las prácticas fiscales perniciosas pueden relacionarse, en cierta medida, con uno o varios de los siguientes efectos indeseados: falta de transparencia, discriminación arbitraria, distorsión de la competencia y desigualdad de condiciones dentro y fuera del mercado interior, repercusiones sobre la integridad del mercado único y sobre la equidad, estabilidad y legitimidad del sistema fiscal, una fiscalidad superior en factores económicos menos móviles, mayor desigualdad económica, competencia desleal entre Estados, erosión de la base imponible, descontento social, desconfianza y déficit democrático;

AB.

Considerando que debe reconocerse que, si bien las pymes siguen siendo el motor de la economía y del empleo en Europa, las empresas multinacionales desempeñan también una función clave en la generación de inversión, crecimiento económico y empleo; que el pago de la parte de impuestos que les corresponde en el país en el que tiene lugar realmente su actividad económica y la creación de valor sigue siendo una contribución fundamental de esas empresas al bienestar y la sostenibilidad de las sociedades europeas;

AC.

Considerando que su comisión especial competente, creada el 26 de febrero de 2015, celebró catorce reuniones, durante las cuales oyó al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, al presidente en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, a los ministros de Finanzas de Francia —Michel Sapin—, Alemania —Wolfgang Schäuble—, Italia —Pier Carlo Padoan— y España —Luis de Guindos—, a representantes de la OCDE, denunciantes de irregularidades, periodistas de investigación, expertos, académicos, representantes de las multinacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, así como a miembros de los Parlamentos nacionales de la UE (véase el anexo 1); que delegaciones de la Comisión TAXE visitaron Suiza para examinar aspectos específicos de la dimensión relativa a los terceros países de su mandato, y los siguientes Estados miembros a fin de llevar a cabo misiones de investigación: Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido; que también se organizaron reuniones con representantes de los Gobiernos de Gibraltar y las Bermudas; considerando que todas estas actividades, pese a haber aportado información valiosa de diversa índole sobre los sistemas y prácticas fiscales de la UE, no han aclarado todas las cuestiones pertinentes, en particular las incoherencias que siguen existiendo en las declaraciones del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker en relación con la página del informe Krecké mantenida en secreto durante largo tiempo;

AD.

Considerando que parte del trabajo de la comisión se vio obstaculizado por el hecho de que varios Estados miembros y el Consejo no respondieron a su debido tiempo (véase el anexo 2) y, al final, no remitieron toda la documentación solicitada o simplemente dieron respuestas de cortesía que apenas incidían en la sustancia de las solicitudes formuladas; que, de las diecisiete multinacionales invitadas, solo cuatro aceptaron comparecer ante la comisión en junio y julio de 2015 la primera vez que fueron invitadas; que otras once empresas multinacionales solo aceptaron comparecer ante la comisión después de la votación del informe en la Comisión TAXE y tras repetidas invitaciones, de modo que hubo de convocarse una nueva reunión extraordinaria poco después de la votación en el Pleno (véase el anexo 3); que la Comisión no cooperó plenamente tampoco y no envió todos los documentos de sesión y notas de las reuniones informales referentes al Código de Conducta, ofreciendo solo, debido a la intransigencia de algunos Estados miembros, un procedimiento limitado de consulta; que, por ello, fue necesario prolongar el mandato de la comisión;

AE.

Considerando que varias investigaciones de la Comisión sobre ayudas públicas en relación con acuerdos previos de precios de transferencia, validados por resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, que afectan a los beneficios imponibles atribuidos a determinadas filiales de multinacionales seguían todavía en curso en el momento de la aprobación del presente informe;

1.

Recuerda que los modelos de fiscalidad de las empresas en vigor en los países industrializados fueron concebidos en la primera mitad del siglo XX, una época en que la actividad transfronteriza era limitada; señala que la globalización y la digitalización de la economía han modificado radicalmente la cadena de valor mundial y el funcionamiento de los mercados y que las empresas de mayor tamaño cuentan en la actualidad con una estructura transnacional que forzosamente rebasa las normas fiscales nacionales; hace hincapié en que las normas nacionales e internacionales en el ámbito fiscal no han seguido el ritmo de las transformaciones del entorno empresarial;

2.

Destaca la necesidad de formular una política fiscal equilibrada y justa como parte integrante de la reforma estructural en los Estados miembros;

3.

Señala que, al tiempo que el cumplimiento de los distintos sistemas fiscales resulta cada vez más complejo para las empresas con operaciones transfronterizas, la globalización y la digitalización facilitan la organización de sus actividades por medio de centros financieros extraterritoriales y la creación de estructuras sofisticadas cuya finalidad es reducir la contribución impositiva global; expresa su preocupación por el hecho de que, debido a la crisis económica y de la deuda y al saneamiento presupuestario, la mayor parte de los Estados miembros hayan reducido considerablemente el personal de sus administraciones tributarias; subraya que conviene dotar a las administraciones tributarias nacionales de suficientes efectivos, en particular recursos humanos, para permitirles que funcionen de forma efectiva a la hora de prevenir, detectar y combatir la planificación fiscal agresiva, la evasión fiscal y la elusión fiscal, que generan una importante erosión de su base imponible, y garantizar una recaudación de impuestos más satisfactoria y equitativa y la credibilidad del sistema fiscal; toma nota de que algunos estudios realizados han puesto de manifiesto que unos efectivos competentes en las administraciones tributarias suponen unos ingresos para el Estado significativamente superiores a los gastos conexos,, ya que la eficacia de las administraciones tributarias tiene repercusiones directas positivas en los ingresos fiscales;

4.

Recalca la diferencia entre, por un lado, las prácticas perniciosas de determinadas administraciones tributarias y nacionales que permiten que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a fin de evitar la tributación en los territorios donde se generaron dichos beneficios y, por otro, la competencia entre los gobiernos a la hora de atraer la inversión extranjera directa (IED) o de mantener las actividades económicas dentro del país respetando plenamente la legislación de la UE;

5.

Destaca que el Tratado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, permite a los Estados miembros determinar sus propios tipos del impuesto de sociedades y la base imponible en tanto no se hayan acordado medidas de mayor calado en materia de convergencia fiscal en consonancia con el Tratado; destaca asimismo que, no obstante, las normas excesivamente complejas de los sistemas fiscales nacionales, junto con las diferencias entre estos sistemas, crean lagunas que las multinacionales aprovechan para una planificación fiscal agresiva, lo que provoca la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios, una carrera competitiva a la baja y, en última instancia, un resultado económico no óptimo; subraya que este tipo de elusión fiscal es un juego de suma negativa para todos los presupuestos nacionales considerados en su conjunto, dado que los aumentos en los ingresos fiscales resultantes de prácticas perniciosas en un Estado miembro (gracias a excepciones, deducciones específicas o lagunas) no compensan las reducciones de los ingresos fiscales en otros; observa que solo un enfoque conjunto y más coordinado por parte de los Estados miembros, que debe conducir a un marco común en el que los Estados miembros fijen sus tipos impositivos, puede impedir que prosiga la erosión de la base imponible y la competencia fiscal perniciosa y se produzca una carrera de tipos impositivos a la baja;

6.

Recuerda que algunos Estados miembros tienen, formalmente, unos impuestos sobre sociedades más elevados que otros, pero que, en realidad, debido a las deducciones y lagunas que benefician a las empresas nacionales, los tipos impositivos de los primeros son sustancialmente más bajos, con lo que el tipo impositivo en la práctica resulta más bajo que el de los Estados miembros con un tipo impositivo formalmente bajo;

7.

Destaca el hecho de que un impuesto sobre sociedades más reducido en algunos Estados miembros puede dar lugar a unos ingresos fiscales relativamente más altos de los que producirían unos tipos impositivos más altos;

8.

Señala que, de acuerdo con la Comisión (22), entre 1995 y 2014 se han reducido en 12 puntos porcentuales —del 35 % al 23 %— los tipos oficiales del impuesto sobre sociedades en la UE; hace hincapié en que este descenso de los tipos impositivos viene acompañado por una ampliación de la base imponible para mitigar las pérdidas de ingresos, y que los ingresos relativamente estables procedentes de los impuestos a empresas en el mismo periodo también pueden explicarse por una importante tendencia a la «incorporación», esto es, el paso de determinadas formas jurídicas de la actividad empresarial, como la propiedad (individual), al estatuto de sociedad, que comportan un cambio similar de la base imponible sobre las personas físicas a la base imponible sobre las sociedades;

9.

Toma nota de que la mayoría de los Estados miembros desembolsan grandes sumas de dinero en incentivos fiscales destinados a ofrecer a las pymes una ventaja competitiva, pero que, según la Comisión (23), estos intentos se ven socavados por el efecto de la planificación fiscal internacional en tres de cada cuatro Estados miembros examinados en un estudio reciente; observa que dichos efectos colocan a las pymes en una situación de desventaja competitiva pese a los elevados costes asociados a los gastos fiscales para apoyarlas y que estos resultados socavan las intenciones de los responsables políticos nacionales;

10.

Resalta la distancia creciente entre los tipos impositivos oficiales y los efectivos, en especial para las empresas que operan a escala mundial, lo cual refleja, al menos en parte, varias excepciones y exenciones del régimen fiscal general, bien sea perseguidas por el legislador para alcanzar objetivos específicos o bien como resultado de una planificación fiscal agresiva, esto es, de la creación de acuerdos puramente artificiales con fines exclusivamente fiscales;

11.

Hace hincapié en que las disparidades entre los distintos sistemas fiscales a escala mundial contribuyen a una erosión significativa de la base imponible y a la evasión fiscal, pero que una actuación a escala de la UE no bastará por sí sola para abordar estos problemas;

12.

Toma nota de la gran diversidad de los 28 sistemas fiscales de la UE, tanto por lo que se refiere a la definición de la base imponible como al nivel de los tipos impositivos, que es aún mayor si se tienen en cuenta aquellas jurisdicciones especiales con regímenes tributarios autónomos vinculadas a Estados miembros de la UE (territorios de ultramar y territorios dependientes de la Corona británica); lamenta que las nociones y los elementos básicos, como el equilibrio entre la fiscalidad de origen y de residencia, el establecimiento permanente y las entidades fiscales, la sustancia económica y las normas contra los abusos, la definición de intereses y cánones, el tratamiento de los activos inmateriales, y el tratamiento de la deuda y los fondos propios, por no hablar de lo que puede o no puede deducirse de la base imponible, no sean hoy objeto de ninguna definición conjunta ni de orientaciones de la UE, lo cual deja a los Estados miembros con sistemas fiscales no coordinados; subraya la necesidad de armonizar estas definiciones;

13.

Destaca que los regímenes preferenciales nacionales y los desajustes entre los distintos sistemas fiscales dentro del mercado único crean oportunidades para la elusión fiscal; observa que estos efectos no deseados se ven agravados por la interacción de un gran número de acuerdos fiscales bilaterales entre Estados miembros y terceros países, y la insuficiencia en dichos acuerdos de cláusulas contra los abusos;

14.

Señala que este marco fiscal no coordinado dentro de la Unión también adolece de una evidente falta de cooperación entre los Estados miembros; destaca, en este mismo contexto, que los Estados miembros no tienen necesariamente en cuenta los efectos de sus medidas fiscales para otros Estados miembros, no solo al concebir dichas medidas, sino también al compartir información relativa a la aplicación de las mismas, lo que provoca, de facto, una política fiscal basada en perjudicar al vecino, algo que es contrario a las propias bases del proyecto europeo; observa que un intercambio de información automático, sistemático y eficiente entre los Estados miembros permitiría tener en cuenta el tratamiento fiscal de flujos de ingresos específicos o de las transacciones en otros Estados miembros; señala que esta situación contribuye también a crear una situación inaceptable en la que los beneficios generados por las multinacionales en un Estado miembro a menudo se gravan en la Unión con tipos muy bajos o ni siquiera se gravan;

15.

Opina que la política fiscal y la política de competencia deben interpretarse como las dos caras de una misma moneda en el mercado interior, y pide a la Comisión que vuelva a examinar y que refuerce los mecanismos y los recursos de la política de competencia y las ayudas públicas;