COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 19.6.2024
COM(2024) 600 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Semestre Europeo de 2024 - Paquete de primavera
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años, la UE ha demostrado un alto grado de resiliencia económica y social frente a grandes perturbaciones, en particular gracias a una respuesta coordinada. La UE y sus Estados miembros se han enfrentado con éxito a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y las consiguientes subidas de los precios de la energía y las subidas de la inflación. Si bien la economía de la UE registró una fuerte recuperación tras la pandemia, las consecuencias de la crisis energética desencadenada por la guerra de agresión de Rusia dieron lugar a una acusada ralentización en 2023. Se espera que el crecimiento repunte gradualmente a lo largo de este año y del próximo. El Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas y sociales ha apoyado las respuestas destinadas a lograr una recuperación sostenible y la transición ecológica y digital, reforzando al mismo tiempo la resiliencia de la UE. El Semestre Europeo señaló las necesidades específicas de reforma e inversión de los Estados miembros, abordando tanto los retos antiguos como los nuevos, y orientó sus respuestas a la crisis de la COVID-19 y a las perturbaciones del suministro y los precios de la energía. Las recomendaciones específicas por país (REP), propuestas por la Comisión y aprobadas por el Consejo en el contexto del Semestre Europeo, constituyeron la base para la programación en el marco de la política de cohesión y para los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PRR), incluidos los capítulos de REPowerEU, que los Estados miembros elaboraron para hacer frente a los retos antes mencionados en el marco de NextGenerationEU. Además, el Semestre sigue siendo clave para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza.
El Semestre Europeo ha permitido que los instrumentos de financiación de la UE apoyen los objetivos estratégicos de la UE de manera específica y eficiente. La aplicación en curso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), incluida la introducción de capítulos específicos de REPowerEU en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, el Instrumento de Apoyo Técnico y el uso de los fondos de la política de cohesión, siguen desempeñando un papel fundamental en la configuración de los programas de reforma e inversión en todos los Estados miembros. Como se establece en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible, el ciclo de 2024 del Semestre Europeo explora las complementariedades y sinergias entre los diferentes instrumentos de financiación de la UE y las acciones de reforma e inversión de los Estados miembros y hace balance del estado de aplicación de los planes de recuperación y resiliencia y de los programas de la política de cohesión. Hasta la fecha, el MRR ha desembolsado más de 240 000 millones EUR a los Estados miembros en subvenciones y préstamos, lo que representa el 37 % de los fondos totales disponibles. Asimismo, desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se han desembolsado más de 256 000 millones EUR con cargo a los fondos de la política de cohesión. Como se ilustra en los informes por país de este año, estos instrumentos y otros programas de financiación de la UE han apoyado la recuperación de la UE hacia un futuro más ecológico, más digital, más justo y más resiliente mediante la creación de empleo, la mejora de la competitividad, la estabilidad macroeconómica y la cohesión territorial y social. Además, este ciclo del Semestre ofrece orientaciones con vistas a la próxima revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, e incluye un llamamiento a aprovechar las oportunidades que ofrece la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) para apoyar el desarrollo de capacidades de producción de tecnologías críticas, al mismo tiempo que fomenta unas condiciones de igualdad.
La UE está decidida a adoptar nuevas medidas para garantizar su competitividad, prosperidad y liderazgo a largo plazo en la escena mundial y reforzar su autonomía estratégica abierta. La UE y sus Estados miembros cuentan con sólidas bazas en las que basarse: trabajadores altamente cualificados, excelencia en la investigación, infraestructuras de calidad, una sólida base manufacturera en sectores clave, un sector de servicios fuerte, unos sistemas de bienestar social muy desarrollados y una estrategia global para la transición ecológica y digital. Además, las cuatro libertades del mercado único son un poderoso motor de convergencia y crecimiento, que promueve una economía social de mercado altamente competitiva, la cohesión económica, social y territorial y la igualdad de condiciones. La convergencia económica es especialmente evidente en el caso de los trece Estados miembros que se han adherido a la UE desde 2004 y han experimentado un crecimiento convergente económico y social impresionante e ininterrumpido, resistente a las grandes crisis que la UE ha sufrido (). No obstante, la economía de la UE se enfrenta a retos que amenazan su competitividad, con un bajo incremento de la productividad, intensificado por una dinámica de inversión débil y una escasez persistentemente elevada de mano de obra y de cualificaciones. También hay un amplio margen para una mayor convergencia económica y social al alza, tanto entre los Estados miembros como dentro de ellos. La UE seguirá abordando los retos estructurales que obstaculizan su competitividad y resiliencia. Esto requiere profundizar el mercado único en sus cuatro dimensiones, realizar inversiones bien orientadas a escala de la UE, nacional y regional, y desarrollar un ambicioso programa de reformas. Además del análisis facilitado por la Comisión (), el informe de alto nivel de Enrico Letta () presenta propuestas concretas para fundamentar el debate sobre el futuro del mercado único en torno a ámbitos prioritarios clave (). El informe de alto nivel sobre la competitividad de la UE, elaborado por Mario Draghi, proporcionará más orientación. En este paquete de primavera, la Comisión ofrece análisis y propone recomendaciones específicas por país con el fin de abordar los principales cuellos de botella y establecer las condiciones adecuadas para impulsar la competitividad, alineando al mismo tiempo dichas acciones con el intento de la UE de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
2. MARCO DE GOBERNANZA ECONÓMICA REVISADO
La legislación revisada por la que se reforma el marco de gobernanza económica de la UE entró en vigor el 30 de abril de 2024 (). La reforma aborda las deficiencias del marco anterior, haciéndolo más sencillo, transparente y eficaz, con una mayor implicación nacional y una mejor aplicación de las reglas. El marco reformado tiene por objeto reforzar la sostenibilidad de la deuda mediante un saneamiento fiscal gradual, salvaguardando al mismo tiempo la inversión pública. Dicho marco promueve un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones, particularmente en ámbitos estratégicos como la transición ecológica y digital, la resiliencia social y económica y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, la seguridad energética y la creación de capacidades de defensa. El marco reformado se integrará plenamente en el Semestre Europeo. Como elemento central del nuevo marco, se espera que los Estados miembros preparen planes fiscales-estructurales a medio plazo, en los que establecerán sus sendas de gasto y sus reformas e inversiones prioritarias para los próximos cuatro años. La credibilidad del nuevo marco estará respaldada por la participación de los parlamentos nacionales y otras partes interesadas nacionales, incluidas las instituciones fiscales independientes y los interlocutores sociales, en particular a la hora de elaborar los planes. Este proceso debe reforzar la implicación nacional proporcionando a los Estados miembros un mayor margen de maniobra para diseñar sus sendas de ajuste fiscal y estableciendo compromisos de reforma e inversión, en consonancia con las prioridades comunes de la UE y las inversiones necesarias en bienes públicos europeos. Los Estados miembros presentarán informes anuales de situación para facilitar una supervisión y un control más eficaces de la aplicación de sus compromisos.
La Comisión está trabajando con los Estados miembros para garantizar la presentación, evaluación y aprobación oportunas del primer conjunto de planes fiscales-estructurales a medio plazo. El 21 de junio, la Comisión debe proporcionar a los Estados miembros orientaciones sobre los requisitos de información para los planes y los informes anuales de situación subsiguientes. Cuando proceda, la Comisión transmitirá a los Estados miembros orientaciones numéricas sobre los ajustes fiscales (trayectorias de referencia e información técnica). Siguiendo estas orientaciones, los Estados miembros y la Comisión mantendrán diálogos técnicos para ayudar a preparar los planes. Los Estados miembros deben presentar su primer plan fiscal-estructural a medio plazo en otoño. El plazo legal es el 20 de septiembre, a menos que el Estado miembro y la Comisión acuerden ampliar dicho plazo por un período razonable. Con el fin de garantizar que los presupuestos para 2025 constituyan el primer paso en la aplicación de los planes fiscales-estructurales a medio plazo y garantizar la plena aplicación a partir de 2025, los planes fiscales estructurales a medio plazo se evaluarán junto con los proyectos de planes presupuestarios para los Estados miembros de la zona del euro, que deben presentarse a más tardar el 15 de octubre.
Las REP, incluidas las propuestas por la Comisión en este paquete de primavera, respaldan firmemente los compromisos de reforma e inversión que deben establecerse en los planes fiscales-estructurales a medio plazo de los Estados miembros. Los planes explicarán cómo tienen previsto los Estados miembros garantizar la realización de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos determinados en el contexto del Semestre Europeo y a las prioridades comunes de la UE. Cuando un Estado miembro presente un conjunto de compromisos de reforma e inversión que sustenten una ampliación del período de ajuste de hasta tres años, dichos compromisos deben dar lugar a una mejora sostenible del potencial de crecimiento y resiliencia de la economía del Estado miembro de que se trate y apoyar la sostenibilidad fiscal, garantizar una inversión pública sostenida y abordar las recomendaciones específicas por país pertinentes, así como las prioridades comunes de la Unión.
3. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS DE 2024
Los informes por país de 2024 analizan exhaustivamente la evolución económica y social de los Estados miembros y ofrecen una visión general de su competitividad. Los informes señalan los principales retos pendientes que requieren nuevas medidas, centrándose en la competitividad. También ofrecen una evaluación actualizada de los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones específicas por país anteriores, el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos conexos de la Estrategia Europa 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como las metas de los ODS. Los informes también hacen balance del estado de aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, incluidos sus capítulos de REPowerEU, y de los programas de la política de cohesión, y describen cómo se complementan estos instrumentos entre sí. Además, determinan prioridades fundamentales con vistas a la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión.
Sobre la base del análisis de los informes por país, las recomendaciones de la Comisión para las REP tienen por objeto reforzar la competitividad de los Estados miembros. Se invita a los Estados miembros a que actúen con rapidez y garanticen la ejecución oportuna de los programas de la política de cohesión, así como de las reformas e inversiones previstas en sus planes de recuperación y resiliencia, con inclusión de los que figuran en los capítulos de REPowerEU. A pesar de los continuos progresos realizados, algunos Estados miembros se enfrentan a retrasos considerables y dificultades importantes, lo que requiere una actuación rápida. Las REP siguen señalando retos que no abordan o solo abordan parcialmente los PRR. Al mismo tiempo, han surgido nuevos retos y prioridades de actuación, y se han ampliado los existentes en lo que respecta a su incidencia en la competitividad, que exigen que los Estados miembros adopten medidas estratégicas adicionales. A este respecto, se prevé que los Estados miembros incluyan las reformas e inversiones en sus próximos planes fiscales-estructurales a medio plazo (), en particular, para respaldar la posible ampliación de un período de ajuste. Además, la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión brinda la oportunidad de examinar los retos y vulnerabilidades que han cobrado mayor importancia desde la aprobación de los últimos programas.
Para cada Estado miembro, las REP incluyen:
1.una recomendación sobre política fiscal, en particular sobre reformas fiscales-estructurales cuando proceda;
2.una recomendación sobre la ejecución del PRR y los programas de la política de cohesión, teniendo en cuenta los riesgos específicos por país en lo que respecta a la ejecución, que incluye orientaciones con vistas a la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión;
3.en su caso, nuevas recomendaciones sobre los retos estructurales pendientes o nuevos, centrándose en la mejora de la competitividad.
4. RETOS FUTUROS PENDIENTES
4.1. Estabilidad macroeconómica
Está previsto que el crecimiento económico de la UE aumente gradualmente en 2024, aunque a un ritmo desigual entre los Estados miembros. El fuerte crecimiento del PIB en 2021-2022, combinado con la elevada inflación, dio lugar a un marcado descenso de las ratios deuda/PIB. Se prevé una ralentización de este descenso en un contexto de inflación más baja y de mantenimiento de un crecimiento moderado. Tras la desaceleración de 2023, se espera que el crecimiento del PIB repunte gradualmente, hasta el 1,0 % en 2024 y el 1,6 % en 2025. En el ámbito exterior, la considerable caída de los precios de la energía en 2023 mejoró la situación de las balanzas por cuenta corriente en Europa. La Comisión ha determinado vulnerabilidades relacionadas con desequilibrios macroeconómicos o desequilibrios excesivos en nueve Estados miembros en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM). En el recuadro 2 se resumen las conclusiones relativas a los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros.
Acelerar la realización de la unión bancaria y avanzar hacia la realización de la unión de los mercados de capitales preservará aún más la estabilidad financiera y es esencial para financiar la doble transición ecológica y digital e impulsar la competitividad. El sistema bancario de la UE es sólido, como confirman los resultados de las últimas pruebas de resistencia realizadas por la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo. Sin embargo, el futuro del sistema financiero de la UE se anuncia más difícil, con unas perspectivas de mayores costes de financiación, menores ingresos por intereses y un aumento más lento de los préstamos, junto con un crecimiento económico moderado. Completar la unión bancaria, en particular mediante la introducción de un sistema común de garantía de depósitos, es una prioridad fundamental para lograr una mayor estabilidad financiera y respaldar una financiación adecuada para la economía de la UE. Con objeto de satisfacer las importantes necesidades financieras vinculadas a las transiciones ecológica y digital y estimular la innovación y la competitividad, las oportunidades de financiación basadas en el mercado deben complementar la financiación bancaria y, con carácter urgente, volverse más fácil y rápidamente accesibles en Europa. Hacer que la economía de la UE sea más productiva, resiliente y competitiva depende de unos mercados de capitales integrados, profundos y líquidos que puedan aprovechar de forma óptima el ahorro de los europeos y asignar el capital de manera más eficiente, en particular a empresas emergentes y en expansión innovadoras. En consonancia con las recientes Conclusiones del Consejo Europeo y la declaración del Eurogrupo, la Comisión sigue trabajando en medidas para crear un auténtico mercado único de capitales en beneficio de los ciudadanos y las empresas de toda la Unión.
El año 2024 marca un año de transición para la coordinación de las políticas fiscales en la UE, con la entrada en vigor del marco revisado de gobernanza económica. La crisis de la COVID-19, la subida temporal de los precios de la energía y las medidas necesarias para afrontar la situación han contribuido a un aumento sustancial de la deuda pública en varios Estados miembros en los últimos años. El apoyo fiscal debe reducirse ahora para situar la deuda en una senda descendente o mantenerla en niveles prudentes. Para 2024, las recomendaciones del Consejo de julio de 2023 incluyen orientaciones cuantificadas que siguen siendo válidas. Para 2025 y años posteriores, unas políticas fiscales prudentes deben garantizar que el crecimiento del gasto neto () sea coherente con los requisitos de ajuste fiscal del nuevo marco de gobernanza. Concretamente, los Estados miembros con una deuda pública superior al 60 % del PIB o un déficit superior al 3 % del PIB deben garantizar que el aumento del gasto neto se limite a una tasa que sitúe la ratio deuda pública / PIB en una trayectoria descendente verosímil a medio plazo, situando al mismo tiempo el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3 % del PIB y manteniéndolo por debajo de este valor de referencia a medio plazo. Además de la necesidad de mantener una estrategia fiscal prudente, la inversión pública debe mantenerse y, en caso necesario, aumentarse, para apoyar el crecimiento a largo plazo, la resiliencia social y económica, las transiciones ecológica y digital y la creación de capacidades de defensa. La Unión Europea se ha comprometido a aumentar su preparación y sus capacidades generales en materia de defensa para responder a sus necesidades y nivel de ambición en el contexto del aumento de las amenazas y los retos en materia de seguridad. Con el fin de mejorar el acceso de la industria europea de defensa a la financiación pública y privada, la Comisión dará curso a la solicitud del Consejo Europeo de explorar todas las opciones para movilizar fondos.
La Comisión tiene la intención de proponer al Consejo que abra procedimientos de déficit excesivo, tal como se anunció en la Comunicación sobre las orientaciones de política presupuestaria para 2024 (). En una primera fase, como parte de este paquete, la Comisión ha presentado un informe en el que se examinan las razones del rebasamiento del valor de referencia del déficit del 3 % del PIB en 12 Estados miembros (véase recuadro 1). El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit en siete Estados miembros. Esto significa que, para estos Estados miembros, la Comisión tiene la intención de proponer, en el mes de julio, decisiones por las que se establezca la existencia de un déficit excesivo, previo dictamen del Comité Económico y Financiero. La siguiente etapa del procedimiento, a saber, las Recomendaciones de la Comisión de Recomendaciones del Consejo con vistas a la corrección de los déficits excesivos, tendrá lugar junto con los dictámenes de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro. Este enfoque garantizará la coherencia entre los requisitos presupuestarios en el marco del procedimiento de déficit excesivo y la trayectoria de ajuste establecida en los planes fiscales-estructurales a medio plazo de los Estados miembros, siempre que estos planes se presenten a tiempo, como se ha indicado anteriormente. En ausencia de plan en el momento del dictamen de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios, y para evitar una falta de supervisión en el marco del procedimiento de déficit excesivo, los requisitos presupuestarios en el marco del procedimiento de déficit excesivo se basarían en las trayectorias de referencia. Este calendario es excepcional y está vinculado a la transición al nuevo marco, por lo que no sienta precedente.
Recuadro 1: Actualización de la supervisión fiscal en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado
Como parte del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2024, la Comisión ha adoptado un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE respecto de doce Estados miembros. Se trata de Bélgica, Chequia, Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Para todos estos Estados miembros, el informe evalúa su cumplimiento del criterio de déficit. Para 10 de estos Estados miembros (Bélgica, Chequia, Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia), el informe se basa en un déficit de las administraciones públicas superior al 3 % del PIB en 2023. Eslovenia y Finlandia se incluyen debido a que el déficit previsto para 2024 supera el valor de referencia del 3 % del PIB. El informe concluye que el criterio de déficit se cumple en el caso de Chequia, Estonia, España, Eslovenia y Finlandia y que no se cumple en el caso de Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Eslovaquia y Polonia. El cumplimiento del criterio de deuda no puede evaluarse plenamente en esta fase de conformidad con los criterios del nuevo marco, esto es, sin una senda de gasto neto aprobada por el Consejo ().
Se considera que Rumanía, que se encuentra en una situación de déficit excesivo desde 2020, no ha tomado medidas eficaces para corregir esta situación. El 3 de abril de 2020, el Consejo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía sobre la base de los datos de 2019. En su recomendación de 17 de junio de 2022, el Consejo pidió a Rumanía que pusiera fin a su situación de déficit excesivo, a más tardar, en 2024. El déficit de las administraciones públicas de Rumanía en 2022 se ajustó a la Recomendación del Consejo de 2022, pero se apartó de la Recomendación del Consejo de 2023. En el paquete de medidas presentadas hoy la Comisión incluye una propuesta de Decisión del Consejo que establece que Rumanía no ha tomado medidas eficaces en respuesta a la Recomendación del Consejo de 17 de junio de 2022.
Seguir reforzando la sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones y la relación eficacia/coste de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración ante el envejecimiento de la población, garantizando al mismo tiempo la adecuación, la calidad y el acceso, debe seguir siendo un objetivo fundamental para los Estados miembros. Los costes relacionados con el envejecimiento de la población representan aproximadamente una quinta parte del PIB de la UE y se prevé que aumenten significativamente a medio y largo plazo (). Los sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración deben adaptarse a estos retos, en particular mediante medidas para fomentar la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejorar la relación eficacia-coste de los sistemas de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración.
Aprovechar las fuentes de tributario infrautilizadas e intensificar el cumplimiento por parte de los contribuyentes puede contribuir a garantizar unos ingresos fiscales suficientes para apoyar la inversión pública, así como a alcanzar objetivos políticos comunes y salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Una estructura tributaria equilibrada y más preparada para el futuro, basada también en la comprobación de los recursos y en las evaluaciones del efecto distributivo, apoyará la consecución de un crecimiento inclusivo y sostenible. Esto incluye desplazar parte de la presión fiscal sobre el trabajo a una tributación medioambiental y recurrente sobre los bienes inmuebles de manera justa y eficiente, por ejemplo reforzando el principio de que «quien contamina paga». Unos instrumentos eficaces para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva y la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuyen a garantizar que los contribuyentes reciban un trato justo, que la financiación de los servicios públicos sea eficiente y que se apoye la inversión privada. La continuación de la modernización y digitalización de las administraciones tributarias debería seguir reduciendo los costes de cumplimiento y aumentar los ingresos tributarios.
Recuadro 2: Desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros
La Comisión ha evaluado la existencia de desequilibrios macroeconómicos en los 12 Estados miembros seleccionados para los exámenes exhaustivos en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2024. A once de estos Estados miembros se les habían detectado desequilibrios o desequilibrios excesivos en el ciclo anterior de supervisión en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, y se consideró que Eslovaquia presenta riesgos de aparición de desequilibrios. Este año, en respuesta a una petición de los Estados miembros (), los exámenes exhaustivos se han presentado antes del paquete de primavera para permitir debates multilaterales más profundos antes de la formulación de las REP en la primavera ().
La clasificación de los desequilibrios se basa en tres criterios: i) la gravedad de los desequilibrios, ii) la evolución de los desequilibrios y las perspectivas y iii) las medidas adoptadas. Dicha clasificación refleja una orientación más prospectiva del PDM, comunicada como parte de la revisión del marco de gobernanza económica. En el marco del enfoque prospectivo, estos tres criterios siguen vigentes, pero se hace más hincapié en la evolución de los desequilibrios subyacentes y en la adopción y aplicación de medidas por parte de las autoridades nacionales para superar dichos desequilibrios o los riesgos de los mismos.
Las clasificaciones en el marco del PDM también reflejan la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza económica, aclarando las respectivas funciones del PDM y del PEC en la supervisión macroeconómica general a la hora de abordar los riesgos para la sostenibilidad fiscal, a fin de lograr un régimen de supervisión más orientado y eficiente. En resumen, cuando los riesgos están esencialmente arraigados en cuestiones de sostenibilidad fiscal y cuando las medidas adoptadas pertenecen en gran medida al ámbito de la política fiscal, debe considerarse que el PEC es el instrumento adecuado para la supervisión y la formulación de recomendaciones políticas. Cuando, además de la sostenibilidad fiscal, existen riesgos macroeconómicos más amplios que requieren una reacción más completa de los poderes públicos, el PDM sigue siendo un instrumento adecuado para complementar la supervisión en el marco del PEC, incluido el procedimiento de déficit excesivo. Cuando las vulnerabilidades de un Estado miembro no están arraigadas en una deuda pública elevada o en la relajación fiscal, es probable que el PDM sea el único medio para garantizar un mecanismo de supervisión suficientemente sólido.
La Comisión adoptó varias decisiones en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En general, la evaluación de las vulnerabilidades macroeconómicas tiene lugar en un contexto marcado por una inflación aún elevada, aunque decreciente, impulsada por los precios de la energía. Los elevados precios de la energía han afectado negativamente a los saldos exteriores, y la inflación resultante ha dado lugar a unas condiciones de financiación más estrictas en los dos últimos años, facilitando al mismo tiempo la disminución de los niveles de deuda. En el último año, los precios de la vivienda han caído en los países en los que estaban más sobrevalorados. Las vulnerabilidades están disminuyendo en la mayoría de los Estados miembros sujetos a un examen exhaustivo y, en varios casos, dan lugar a una mejora en la clasificación de los desequilibrios en el marco del PDM. Por el contrario, en algunos otros Estados miembros las vulnerabilidades han aumentado en una medida tal que implica una nueva detección de desequilibrios o desequilibrios excesivos. La evolución es generalmente favorable en los restantes Estados miembros analizados, aunque subsisten importantes retos.
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Francia, España y Portugal ya no presentan desequilibrios, al haber disminuido en general sus vulnerabilidades. Los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas se analizarán en el marco del PEC reformado, en particular en el contexto del plan fiscal estructural a medio plazo y del procedimiento de déficit excesivo para Francia.
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Grecia e Italia presentan ahora desequilibrios, tras haber presentado desequilibrios excesivos hasta el año pasado, ya que sus vulnerabilidades han disminuido, aunque siguen siendo motivo de preocupación. Los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas se analizarán en el marco del PEC reformado, en particular en el contexto del plan fiscal estructural a medio plazo y del procedimiento de déficit excesivo para Italia.
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Se considera que Eslovaquia presenta actualmente desequilibrios. Sus vulnerabilidades relacionadas con la competitividad de costes, el saldo exterior, el mercado de la vivienda y la deuda de los hogares han persistido, y no se han adoptado medidas.
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Se considera que Rumanía presenta desequilibrios excesivos, tras haber presentado desequilibrios hasta el año pasado, ya que persisten vulnerabilidades relacionadas con la balanza de pagos, vinculadas principalmente a déficits públicos elevados y crecientes, mientras que han aumentado las presiones sustanciales sobre los precios y los costes, y las medidas adoptadas han sido insuficientes.
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Alemania, Chipre, Hungría, los Países Bajos y Suecia siguen presentando desequilibrios. En el caso de Alemania, será necesario adoptar medidas adecuadas en el contexto del plan fiscal estructural a medio plazo para revisar la evaluación.
En el apéndice 4 se detallan los aspectos específicos de cada uno de los doce Estados miembros afectados.
4.2 Productividad
La UE ha experimentado una desaceleración del aumento de la productividad desde principios de la década de 2000, agravada por unas tasas de inversión moderadas a raíz de la crisis financiera y una brecha de productividad cada vez mayor en comparación con otras grandes economías. Aunque las tasas de inversión se han recuperado, el aumento de la productividad de la UE va a la zaga, especialmente en comparación con los Estados Unidos. Esto se debe al menor tamaño de los sectores de alto crecimiento, como el sector de fabricación de TIC y el de servicios digitales, a que la innovación no se ha ampliado suficientemente, a la falta de inversión en investigación e innovación y a la persistente escasez de capacidades. Además, la UE necesita un entorno empresarial más propicio a la innovación. Elo requiere abordar una serie de cuellos de botella a escala regional, a escala nacional y a escala de la UE. En particular, la UE debe reducir la carga administrativa, preparar el mercado único para el futuro, mejorar el acceso a la financiación y movilizar más capital privado completando la unión bancaria y profundizando e integrando nuestros mercados de capitales, aumentar los niveles de cualificación y garantizar un entorno reglamentario estable y un sistema de declaración más ágil para las empresas.
La profundización del mercado único es crucial para favorecer la productividad y la competitividad. Un mercado plenamente integrado crea un entorno propicio para que las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan éxito y logren la escala necesaria para competir a escala mundial. Debe prestarse especial atención a los mercados de servicios, que son parte integrante de la economía de la UE y están cada vez más interrelacionados con el resto de los ecosistemas industriales. Se requieren esfuerzos conjuntos a escala de la UE, nacional, regional y local, en particular para reducir la burocracia, las obligaciones de información y los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias, unificar las normas y eliminar los obstáculos a la inversión. La Comisión presentó recientemente las primeras propuestas legislativas para reducir las obligaciones de notificación a nivel europeo en un 25 %, y se anima a los Estados miembros a que se ajusten a este nivel de ambición. El aumento de la competencia a través de la contratación pública y la mejora de la gobernanza y la capacidad administrativa (
) también puede contribuir a un entorno empresarial favorable. El respeto del Estado de Derecho, en particular unos sistemas judiciales independientes, de calidad y eficientes, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley también son determinantes esenciales de un entorno empresarial que fomenta la inversión y la innovación. La participación en el mercado único de todas las regiones es necesaria para integrarlas en las cadenas de valor europeas y mundiales, evitando el estancamiento del desarrollo y, por ende, las trampas para el desarrollo. Hay margen para seguir aprovechando el potencial y las ventajas competitivas de todas las regiones de la UE, especialmente en aquellos Estados miembros en los que el desarrollo económico está impulsado por la competitividad de las regiones de las capitales. La mejora de la accesibilidad y la conectividad mediante mayores inversiones en infraestructuras de transporte y en servicios de transporte modernos de bajas emisiones será fundamental para un desarrollo geográficamente equilibrado. Además, es importante tener en cuenta cualquier efecto que la guerra de agresión rusa en Ucrania pueda tener en la resiliencia de las regiones limítrofes con Rusia.
Una política industrial coherente y global es vital para apoyar la transformación tecnológica de la UE y garantizar unas cadenas de suministro resilientes, preservando al mismo tiempo unos mercados competitivos y no distorsionados. Una política industrial a escala de la UE, en coordinación con acciones a nivel nacional para preservar la igualdad de condiciones y la integridad del mercado único, es esencial para ayudar a aumentar la capacidad de producción y crear puestos de trabajo de calidad, especialmente para las cadenas de suministro y las tecnologías críticas. Esto puede lograrse aplicando el Plan Industrial del Pacto Verde (), movilizando los fondos de la UE y otros instrumentos financieros de la UE de manera más estratégica para atraer más apoyo privado, haciendo uso de la contratación pública en sectores estratégicos para apoyar soluciones resilientes, ecológicas, sociales, digitales e innovadoras, y aplicando la iniciativa STEP, cuyo objetivo es reforzar las tecnologías críticas. Paralelamente, debe garantizarse una competencia leal, no solo dentro del mercado único, sino también con respecto a terceros países.
La política comercial tiene un papel importante que desempeñar en el refuerzo de la competitividad de la UE. La pandemia de COVID-19 y la agresión no provocada de Rusia contra Ucrania causaron perturbaciones en nuestras cadenas de suministro, revelando vulnerabilidades relacionadas con la falta de diversificación de las fuentes para determinados insumos críticos y con una dependencia excesiva de un número limitado de socios comerciales. La mejor forma de preservar las cadenas de suministro de la UE es contar con una combinación de proveedores nacionales y diversificados de terceros países y capacidades industriales conexas. La apertura económica es un punto fuerte, y la amplia red de acuerdos comerciales de la UE está contribuyendo a apoyar el crecimiento y el empleo. El comercio debe proseguirse en tiempos de crecientes tensiones internacionales. Ante la amenaza de exceso de capacidad en sectores estratégicos provocada por subvenciones distorsionadoras y decisiones comerciales unilaterales, la UE intentará hacer uso de todos los instrumentos a su alcance para garantizar la igualdad de condiciones, mejorar la transparencia de las cadenas de suministro, aumentar la diversificación de los suministros vulnerables y trabajar en pro de asociaciones más estrechas con nuestros socios comerciales, reforzando al mismo tiempo su seguridad económica.
Una mayor inversión en investigación e innovación (I+i), especialmente por parte del sector privado, es esencial para impulsar la competitividad. La UE va a la zaga de otras grandes economías, como las de Estados Unidos, China y Japón, en inversiones privadas en I+i. La UE dista mucho de su objetivo del 3 % del PIB para el gasto en I+i (), debido a la atonía del gasto del sector empresarial () y a la escasa inversión pública en I+i. El reforzamiento de los incentivos para las inversiones privadas en I+i requiere condiciones marco favorables, como unos entornos fiscales y empresariales favorables. Los Estados miembros deben aplicar reformas ambiciosas para construir ecosistemas integrados de I+i, centrándose en la gobernanza, las infraestructuras y los sistemas públicos de investigación, la colaboración entre la comunidad científica y el sector empresarial y la transferencia de conocimientos, así como el desarrollo y la adopción de innovaciones, en particular mediante la contratación pública, haciendo especial hincapié en las perspectivas de carrera de los investigadores y en la retención y atracción del talento en toda Europa. Deben maximizarse las sinergias entre los programas a escala de la UE y de los Estados miembros.
También deben dirigirse esfuerzos renovados a la transición digital, que es crucial para construir una economía moderna competitiva. Por una parte, la UE es un líder mundial en el desarrollo de tecnologías que combinan innovaciones digitales y ecológicas. Por otra parte, solo el 8 % de las empresas utilizaron tecnologías de inteligencia artificial (IA) en 2023 y solo el 58 % de las pymes lograron una intensidad digital básica. La UE ha intensificado sus esfuerzos para reforzar las capacidades digitales, proporcionando niveles más elevados de financiación de la UE, en particular a través de los planes de recuperación y resiliencia y los programas de la política de cohesión, y poniendo en marcha iniciativas como los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) para la microelectrónica () y las tecnologías de computación en nube (). No obstante, es necesaria una mayor inversión pública en infraestructuras y capacidades digitales, particularmente para hacer frente a la escasez de especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) () y colmar la brecha digital. Además, las iniciativas que eliminan los obstáculos al uso transfronterizo de las tecnologías, simplifican los procedimientos administrativos y automatizan el intercambio de información dentro de la UE también son cruciales para la transición digital. A nivel de los Estados miembros, debe incentivarse la inversión privada y la contratación pública en tecnologías digitales e IA.
Es fundamental mejorar el acceso a la financiación para los proyectos innovadores, especialmente para las empresas emergentes y las empresas en expansión. Los resultados de la UE se ven obstaculizados por las actividades innovadoras y arriesgadas que solo tienen un acceso limitado a la financiación, como la financiación mediante fondos propios y el capital riesgo (
). Este escaso desarrollo contribuye al bajo número de empresas emergentes de la UE que logran valoraciones elevadas y tienen éxito en los mercados mundiales. Las reformas nacionales para mejorar la asignación del ahorro y la financiación del capital, así como para impulsar el mercado de capitales y formas alternativas de financiación, especialmente para las pymes y las empresas de la economía social, son necesarias para abordar estas deficiencias y apoyar la productividad y la innovación en toda la Unión. A escala de la UE, acelerar los avances en la unión de los mercados de capitales es esencial a fin de aumentar las fuentes de financiación basadas en el mercado para empresas de todos los tamaños e integrar los mercados de capitales de la UE en un auténtico mercado único de capitales. Un acuerdo rápido y ambicioso de los colegisladores de la UE sobre la propuesta de la Comisión destinada a garantizar unos marcos de insolvencia eficaces y armonizados favorecería una asignación más eficaz de los recursos y apoyaría las actividades y los sectores con el mejor potencial de crecimiento.
Mejorar los resultados educativos y el desarrollo de capacidades es esencial para la productividad y la competitividad de la UE. Se necesitan conjuntos de capacidades reforzados para una economía cambiante y para el éxito de las transiciones ecológica y digital. Al mismo tiempo, los últimos resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE muestran una disminución significativa de las capacidades básicas de los alumnos de 15 años en toda la UE. El acceso a una educación y formación inclusivas y de alta calidad, con profesores cualificados y planes de estudios modernizados en los Estados miembros y sus regiones sigue siendo fundamental para garantizar la prosperidad y el progreso social de la UE y superar la trampa para el desarrollo del talento a la que se enfrentan algunas regiones (). La mejora de las capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y el aumento del número de titulados en CTIM, particularmente mujeres, también impulsarán la investigación, la innovación y la competitividad.
4.3. Sostenibilidad del medio ambiente
En consonancia con su objetivo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y de aumentar la competitividad y la autonomía estratégica abierta, la UE proseguirá sus esfuerzos para diversificar el suministro de energía y modernizar las infraestructuras energéticas. La proporción de las importaciones rusas en el total de las importaciones de gas de la UE cayó al 15 % en 2023, a partir de una media histórica de aproximadamente el 40 %, pero algunos Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para eliminar las importaciones de gas natural licuado procedente de Rusia. La gran mayoría de los países de la UE han incluido capítulos de REPowerEU en sus PRR modificados, por un importe superior a 60 000 millones EUR, lo que ha aumentado la utilización de las energías renovables y la eficiencia energética y la necesaria reducción de la dependencia respecto de los combustibles fósiles antes de 2030. El apoyo previsto de la política de cohesión por valor de 47 000 millones EUR en los ámbitos de la eficiencia energética, las energías renovables y los sistemas energéticos inteligentes también desempeñará un papel importante en la ejecución de varias acciones fundamentales en el marco del plan
REPowerEU
. Se espera que las inversiones en producción de energía apoyadas por el MRR proporcionen al menos 60 GW de capacidad adicional de energía renovable de aquí a 2026, y en el marco de la política de cohesión se instalarán 9,5 GW de capacidad adicional de energía renovable de aquí a 2029. En 2023, la cuota de las fuentes de energía renovables en la generación de electricidad aumentó hasta el 43 % () y las reformas de los procedimientos de concesión de licencias, igualmente en el marco de los PRR, han contribuido a este aumento sustancial. Para mantener este impulso, es necesario abordar con carácter prioritario los cuellos de botella persistentes relacionados con la capacidad administrativa, incluidos los procedimientos de planificación y concesión de licencias a nivel local. Además, es fundamental acelerar la expansión y modernización de las redes eléctricas, incluidas las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía y las interconexiones, para seguir permitiendo la integración de las energías renovables en el sistema energético y aumentar la electrificación. El Plan de Acción de la UE para las Redes (), adoptado en noviembre de 2023, allana el camino para la creación de redes eléctricas sostenibles y resilientes. La primera lista de proyectos de interés común y mutuo de la UE () señala las infraestructuras energéticas que son prioritarias para la UE en lo que respecta a la aplicación del Pacto Verde y al aumento de la seguridad energética, centrándose en las redes necesarias para la electrificación, el desarrollo de energías renovables marinas y el despliegue de la economía del hidrógeno verde.
A pesar de algunos avances, sigue existiendo una brecha de ambición con respecto a la consecución de los objetivos para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética. La industria europea se enfrenta a la carga de unos precios de la energía comparativamente elevados. Por tanto, reducir la demanda de energía mediante el aumento de la eficiencia energética y la transición a energías renovables menos costosas es esencial para mejorar la competitividad europea. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros carecen de una estimación sólida y suficientemente detallada de las necesidades de inversión, así como de medidas concretas para atraer inversiones privadas que financien la transición hacia energías limpias. La Comisión pide a todos los Estados miembros que presenten planes nacionales de energía y clima actualizados y concretos a más tardar el 30 de junio de 2024, teniendo en cuenta sus recomendaciones sobre los proyectos de planes y las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. Esto incluye la necesidad de que los Estados miembros refuercen las políticas de eliminación de las ayudas a los combustibles fósiles para ajustarse al objetivo de la UE de convertirse en una economía climáticamente neutra. La Comisión también anima a los Estados miembros a incluir o seguir desarrollando capítulos sobre investigación e innovación en sus planes nacionales de energía y clima, haciendo referencia al Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética ().
Aumentar la autonomía, la resiliencia y la competitividad de la industria de cero emisiones netas de la UE es esencial para la transición ecológica y la competitividad de la UE. Para ampliar la fabricación de tecnologías limpias, en mayo de 2024 se adoptó la Ley sobre la industria de cero emisiones netas (). Dicha Ley crea las condiciones reglamentarias favorables necesarias para atraer y apoyar la inversión en tecnologías y proyectos conexos que permitan satisfacer el aumento de la demanda de la UE y mundial. También tiene por objeto acelerar y racionalizar los procedimientos de concesión de licencias en los Estados miembros, en particular para construir más instalaciones de producción de tecnologías de cero emisiones netas e invertir en la descarbonización de las instalaciones industriales de gran consumo energético. Ejemplos de estas tecnologías son el transporte impulsado por hidrógeno, los combustibles de aviación sostenibles, los vehículos de emisión cero, el ferrocarril de alta velocidad y los sistemas de transporte inteligentes. Además de los 85 000 millones EUR para inversiones en energías renovables y tecnologías limpias en el marco de la política de cohesión, el MRR ha proporcionado aproximadamente 27 000 millones EUR en apoyo de la producción y la implantación de tecnologías de cero emisiones netas, mientras que el Fondo de Innovación ha proporcionado aproximadamente 407 millones EUR. También se anima a los Estados miembros a gastar el 25 % de sus ingresos procedentes de las subastas del RCDE a tal efecto. Hasta la fecha, InvestEU ha movilizado inversiones por un importe superior a 250 000 millones EUR, más de la mitad del cual en apoyo de la acción por el clima, y dos tercios de la financiación procede de inversiones privadas.
La consecución de los objetivos de la transición ecológica y digital de la UE requiere el acceso a fuentes seguras, sostenibles y diversificadas de materias primas fundamentales, y la creación de cadenas de suministro para la minería, el procesamiento y el refinado, al tiempo que se promueven prácticas de abastecimiento sostenibles, el reciclado y la adopción de materias primas secundarias. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que entró en vigor el 23 de mayo de 2024, crea un marco regulador para reforzar la seguridad del suministro de materias primas fundamentales de la UE. Designa proyectos estratégicos a lo largo de la cadena de valor de un subconjunto de materias primas fundamentales e incluye también medidas para reforzar las capacidades de seguimiento de la UE y mejorar la circularidad de las materias primas fundamentales en el mercado europeo. La promoción de la economía circular, incluidas las soluciones circulares, contribuirá aún más a alcanzar la neutralidad climática, ya que tiene el potencial de ahorrar hasta el 25 % de las actuales emisiones de gases de efecto invernadero de la UE ().
Con la Ley Europea del Clima, la UE se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y a reforzar la adaptación al cambio climático. Son necesarios mayores esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía con el fin de alcanzar los objetivos intermedios vinculantes para 2030, en particular en los ámbitos del transporte, los edificios y la agricultura. Una parte sustancial de las inversiones de los Estados miembros en el marco del MRR tienen por objeto desarrollar la movilidad sostenible y mejorar la eficiencia energética. La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios ()y la iniciativa «Nueva Bauhaus Europea» () son fundamentales para lograr un entorno de construcciones climáticamente neutro, circular y favorable a la naturaleza (). Reducir la contaminación industrial mediante la implantación de tecnologías de producción más limpias también generaría importantes ahorros de costes (). Asimismo, debe acelerarse la eliminación de los combustibles fósiles, así como la reforma de las ayudas perjudiciales para el medio ambiente y la aplicación de enfoques de presupuestación ecológica. Paralelamente, deben reforzarse los sumideros de carbono de los Estados miembros proporcionados por sus sectores de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS). Además, en marzo de 2024, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la gestión de los riesgos climáticos () que señala los importantes esfuerzos que deben realizar los Estados miembros para garantizar la existencia de marcos institucionales adecuados que permitan gestionar dichos riesgos. Las regiones costeras, mediterráneas y orientales son más vulnerables y se ven afectadas de forma desproporcionada, y se enfrentan a pérdidas económicas anuales estimadas de al menos el 1 % del PIB, además de a una mayor exposición humana a los daños relacionados con el clima. La disponibilidad y la resiliencia en el sector del agua (), junto con la gestión del agua, especialmente en las regiones más afectadas por el cambio climático y la contaminación del agua, incluidas las regiones ultraperiféricas, siguen siendo fundamentales para el buen funcionamiento de los ecosistemas. Esto se refiere especialmente a la transición energética y a la seguridad del suministro energético. La aplicación del principio de «quien contamina paga» garantizaría que las señales de precios tengan en cuenta las externalidades medioambientales.
4.4. Equidad
El mercado laboral de la UE sigue mostrando resiliencia con un empleo cercano a niveles récord, y los ingresos reales han empezado a aumentar de nuevo para la mayoría de las personas. El aumento del empleo ha sido mayor entre las mujeres, los migrantes legales y los trabajadores de más edad. Esto ha venido acompañado de una fuerte subida de los salarios, que se prevé será del 5,9 % en 2023. La subida de los salarios superó la inflación en el tercer trimestre de 2023, mientras que se prevé que los salarios reales recuperen plenamente sus niveles de 2021 en 2025. Los salarios mínimos siguen desempeñando un papel importante a este respecto ().
Al mismo tiempo, a pesar de cierta relajación en los últimos trimestres, la escasez de mano de obra sigue estando muy extendida en todos los sectores y niveles de cualificación (), mientras que los niveles de desempleo siguen siendo elevados en algunas regiones y persisten las desigualdades. Sigue habiendo un amplio margen para mejorar la participación en el mercado laboral de los grupos infrarrepresentados, incluidas las mujeres, las personas de más edad y los jóvenes, así como los grupos desfavorecidos, como los gitanos, las personas de origen migrante y las personas con discapacidad, según se destaca en el plan de acción recientemente adoptado sobre la escasez de mano de obra y de capacidades (), así como en el paquete de medidas sobre movilidad de las capacidades y el talento () y en las estrategias de la Unión de la Igualdad (). A largo plazo, es probable que la escasez de mano de obra y de capacidades siga aumentando, debido a la reducción de la mano de obra debido a los cambios demográficos y al aumento de la demanda de trabajadores con capacidades específicas, por ejemplo, las necesarias para las transiciones digital y ecológica, así como para los sectores de la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. El plan de acción promueve la importancia de una mayor participación en la educación y la formación. Los Estados miembros y los interlocutores sociales deben desarrollar conjuntamente información estratégica sobre capacidades, crear nuevas asociaciones sectoriales y regionales en materia de capacidades y adaptar los planes de estudios para satisfacer mejor las necesidades del mercado laboral, particularmente en el ámbito de la educación y formación profesionales. Además, un diseño adecuado de la fiscalidad y las prestaciones sociales (prestando atención a su efecto distributivo), unas condiciones de trabajo adecuadas y la mejora de las políticas activas del mercado de trabajo pueden contribuir a fomentar la participación en el mercado laboral. Aparte de colmar las brechas de género en el empleo, las inversiones y reformas para mejorar los resultados educativos y las capacidades también contribuyen a mejorar la igualdad de oportunidades, los resultados del mercado laboral y la productividad.
Mejorar los resultados educativos para todos es fundamental a fin de reforzar la productividad y la competitividad y apoyar la convergencia social al alza en la UE. El preocupante descenso general de los resultados de PISA refleja un rendimiento que, en general, ha disminuido —particularmente en el caso de los mejores alumnos, que se espera impulsen la innovación en el futuro—, así como una creciente brecha socioeconómica en los resultados educativos, subrayando la necesidad de mejorar los resultados educativos en general, reducir las desigualdades y promover la excelencia en la educación (). Los niveles de inactividad siguen siendo elevados entre los jóvenes. Las crecientes brechas, incluidas las notables disparidades regionales en el acceso a la educación y en la calidad de la misma, crean dificultades a regiones enteras y a los grupos de población desfavorecidos, lo que socava la cohesión social y territorial y la competitividad de los Estados miembros. Son necesarios esfuerzos para aumentar la disponibilidad, la inclusividad y la calidad de la educación promover el éxito escolar, proporcionar vías para que los alumnos alcancen la excelencia, y garantizar una transición fluida entre la educación y el empleo. En última instancia, estos esfuerzos también sirven para apoyar los valores democráticos y el funcionamiento de nuestras sociedades libres. Intensificar la prestación de servicios de educación y cuidados de la primera infancia inclusivos y de calidad puede mejorar las oportunidades de aprendizaje para los niños desfavorecidos e impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
El aumento del coste de la vida perjudica en mayor medida a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. Aunque la inflación está disminuyendo rápidamente, el aumento de los costes de los alimentos, la energía y el transporte está afectando negativamente a los grupos de renta más baja y a las personas en situación de desventaja (
). Esto justifica la continuación de los esfuerzos para reducir la pobreza, incluida la pobreza energética. Aunque los riesgos globales de pobreza se han mantenido prácticamente sin cambios, la pobreza infantil está aumentando y las brechas en la situación social, por ejemplo entre distintos grupos y regiones, requieren un seguimiento continuo. Un acceso asequible a los servicios esenciales sigue siendo importante para satisfacer las necesidades básicas de las personas, ya que da lugar a un menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y a una menor brecha de género en el empleo (). La insuficiente disponibilidad de viviendas asequibles es un reto cada vez mayor en toda la UE, que afecta más gravemente a algunos Estados miembros.
Los sistemas de protección social deben ser adecuados y preparados para el futuro. El envejecimiento de la población, los cambios en el mundo laboral y las transiciones ecológica y digital requieren un mayor desarrollo de la forma en que se diseñan y financian los sistemas de protección social, a fin de garantizar que las personas sigan contribuyendo a la protección social y se beneficien de ella. Esto incluye el refuerzo de los incentivos y el apoyo a los beneficiarios para que accedan al mercado laboral, y la mejora de la adecuación, la relación eficacia/coste y la cobertura de los servicios, especialmente la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. En muchos Estados miembros, el refuerzo de la resiliencia y la capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración sigue siendo una prioridad, por ejemplo, mediante la desinstitucionalización e infraestructuras suficientes y adecuadas y abordando la escasez de mano de obra, por ejemplo, mediante unas condiciones de trabajo adecuadas. Aprovechar el potencial de las herramientas digitales y la IA también puede ayudar a facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de manera más eficaz, pero requiere aumentar los niveles de capacidades digitales del personal sanitario y del público en general. Además, es importante garantizar que la transformación digital de los sistemas sanitarios beneficie a todos los ciudadanos y contribuya a reducir las desigualdades en materia de salud. Por otra parte, se anima a los Estados miembros a abordar el cambio demográfico en todos los ámbitos, haciendo uso de los instrumentos disponibles a escala de la UE, incluido el conjunto de instrumentos sobre demografía (), en combinación con las políticas nacionales y basando sus esfuerzos en las realidades locales.
La transición hacia una Europa climáticamente neutra debe ser justa e inclusiva. El apoyo financiero y técnico del Fondo de Transición Justa y otros instrumentos está ayudando a las regiones vulnerables a acelerar su diversificación económica, y a las personas de esas regiones a adquirir capacidades para los puestos de trabajo que se creen como resultado de la transición hacia una Europa climáticamente neutra.
La aplicación del pilar europeo de derechos sociales sigue respaldando la convergencia social al alza en la UE (). A pesar de los avances en los objetivos nacionales de empleo para 2030, los Estados miembros deben realizar esfuerzos significativos adicionales, en particular para cumplir los objetivos en materia de capacidades y reducción de la pobreza, y también para contribuir al cumplimiento de los compromisos a escala de la UE en estos ámbitos, así como para apoyar la convergencia social al alza y la cohesión social en la UE. Además de aplicar reformas fundamentales en estos ámbitos, los Estados miembros están invirtiendo considerablemente en una Europa más social, con más de 163 000 millones EUR destinados a la educación, la salud, el empleo y las políticas sociales en el marco del MRR, y más de 165 000 millones EUR en inversiones (con cofinanciación nacional) en el marco de la política de cohesión en 2021-2027. El 6 de mayo de 2024, la Comisión publicó un análisis detallado por país en los ámbitos del empleo, la educación, las capacidades y la inclusión y protección social para siete Estados miembros, en consonancia con las características del marco de convergencia social (véase el recuadro 3) (). Como parte del paquete de primavera, la Comisión también propone actualizar las orientaciones para las políticas de empleo para el próximo ciclo anual, a fin de reflejar el contexto socioeconómico y las iniciativas políticas más recientes.
Recuadro 3: Análisis de la convergencia social al alza en consonancia con las características del marco de convergencia social
La Comisión ha evaluado la existencia de retos para la convergencia social al alza en siete Estados miembros en consonancia con las características del marco de convergencia social. El marco de convergencia social implica un análisis en dos fases de los riesgos y retos para la convergencia social al alza en los Estados miembros. En la primera fase del análisis, presentada en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2024 (), se analizan las políticas sociales, del mercado laboral y en materia de capacidades de todos los Estados miembros. Se determinó que siete Estados miembros (Bulgaria, Estonia, España, Italia, Lituania, Hungría y Rumanía) presentaban riesgos para la convergencia social al alza. En mayo de 2024, los servicios de la Comisión publicaron una segunda fase del análisis para estos siete países, centrada en los ámbitos de actuación que en la primera fase se consideró presentaban potenciales riesgos para la convergencia social al alza a través de los indicadores principales del cuadro de indicadores sociales. Esta segunda fase del análisis se basa en un amplio conjunto de datos cuantitativos y cualitativos y en los factores fundamentales que impulsan los retos para la convergencia social al alza, En dicha fase se examina con más detalle la evolución de la situación y se tienen en cuenta las respuestas estratégicas pertinentes adoptadas o previstas por el Estado miembro. Las conclusiones del análisis de convergencia social se reflejan en los informes por país y han servido de base al Semestre Europeo de 2024.
Este análisis ha alimentado los exámenes multilaterales de los comités pertinentes del Consejo.
5. CONCLUSIONES
El Semestre Europeo proporciona el marco de coordinación de políticas para abordar los principales retos económicos y sociales a escala de la UE y de los Estados miembros. El ciclo del Semestre Europeo de 2024 se centra especialmente en la competitividad, y pide a la UE y a sus Estados miembros que aborden los obstáculos que no están suficientemente cubiertos por las medidas de los planes de recuperación y resiliencia o los programas de la política de cohesión. También prepara el terreno para aplicar con éxito el nuevo marco de gobernanza económica, que reforzará la sostenibilidad fiscal y apoyará el crecimiento sostenible y la resiliencia a largo plazo, garantizando al mismo tiempo el progreso continuo de la UE hacia el cumplimiento de los ODS y, en particular, los objetivos en materia de clima y energía. La mayoría de los Estados miembros siguen avanzando en la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia y sus programas de la política de cohesión. Sin embargo, habida cuenta del plazo de 2026 para el gasto del MRR y de la revisión intermedia de la política de cohesión, se recomienda a algunos Estados miembros que aborden urgentemente los retrasos acumulados y los retos estructurales. La revisión intermedia de los programas de la política de cohesión brinda la oportunidad de considerar ajustes, así como de utilizar la iniciativa STEP para mejorar la competitividad.
La Comisión pide al Consejo Europeo que respalde las propuestas de la Comisión de recomendaciones específicas por país de 2024, y al Consejo de la UE que las adopte. La Comisión también pide a todos los Estados miembros que cumplan plena y oportunamente las recomendaciones, en estrecho diálogo con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.
APÉNDICE 1 – VISIÓN GLOBAL DE LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS TRATADOS EN LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS
APÉNDICE 2 – AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS
El ciclo del Semestre Europeo de 2024 hace balance de las medidas estratégicas adoptadas por los Estados miembros para abordar los retos estructurales detectados en las recomendaciones específicas por país (REP) adoptadas desde 2019. Tras el establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como herramienta clave para cumplir las prioridades estratégicas nacionales y de la UE, la evaluación de las recomendaciones específicas por país de 2024 tiene en cuenta las medidas estratégicas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha (
), así como los compromisos asumidos en los planes de recuperación y resiliencia (PRR), en función de su grado de ejecución. Por lo tanto, la evaluación refleja el estado actual de ejecución de los planes de recuperación y resiliencia, y no el nivel de avances que podrían lograrse suponiendo la plena aplicación de los planes (
). En consonancia con el ámbito de aplicación del MRR, la evaluación de las REP de 2024 abarca las REP de 2019-2022 (evaluación plurianual) y las REP de 2023 (evaluación anual).
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Gráfico 1: Nivel actual de aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2019-2022
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Gráfico 2: Aplicación de las REP de 2019-2023: evaluación anual en cada año consecutivo en comparación con la aplicación hasta la fecha
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Nota: La evaluación plurianual que figura en el gráfico 1 examina la ejecución de las recomendaciones específicas por país de 2019-2022 desde el momento en que se adoptaron por primera vez hasta la publicación de la presente Comunicación. Cabe señalar que las REP de 2021 solo se refieren a la política fiscal y, a efectos de la evaluación de las REP de 2024, ya no se han considerado pertinentes. En el gráfico 2, la evaluación anual muestra los avances registrados en el primer año tras la adopción de las REP, mientras que la evaluación plurianual muestra la evaluación de las REP formuladas hasta la fecha.
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Desde una perspectiva plurianual, se han logrado al menos algunos avances en la aplicación del 71 % de las recomendaciones específicas por país de 2019-2022 (véase el gráfico 1). En comparación con la evaluación del año pasado, se han logrado avances adicionales significativos en las REP de 2019 y 2020. Hasta la fecha, el 75 % de estas REP han registrado al menos algunos avances en la aplicación, frente al 68 % en 2023. Esto muestra que el MRR, como instrumento basado en el rendimiento, sigue acelerando la adopción de medidas para aplicar las REP pertinentes, y se espera que siga reforzando la aplicación de las REP a medida que se emprendan reformas e inversiones adicionales en los planes de recuperación y resiliencia en los próximos años. Sin embargo, la aplicación de las reformas difiere de forma significativa entre los distintos ámbitos de actuación. En los últimos años, los Estados miembros han avanzado más en el acceso a la financiación y a los servicios financieros, seguidos de la lucha contra el blanqueo de capitales, el funcionamiento del mercado laboral, el marco presupuestario y la gobernanza fiscal. Por otra parte, los avances han sido especialmente lentos en materia de política fiscal, administración tributaria, evasión y elusión fiscales, no discriminación e igualdad de oportunidades, sistemas de pensiones y vivienda.
Los avances en la aplicación de las REP adoptadas en 2023 también han sido sustanciales. Los Estados miembros han logrado al menos «algunos avances» en cerca del 59 % de las recomendaciones que se les dirigieron en julio de 2023 (gráfico 2). Considerando los ámbitos en los que un número significativo de Estados miembros recibieron una recomendación en 2023, donde globalmente se han logrado más avances ha sido en los ámbitos de marco presupuestario y gobernanza fiscal, seguidos por entorno empresarial, eficiencia energética, energías renovables e infraestructuras y redes de energía. En cambio, se han logrado menos avances en el seguimiento de las recomendaciones relativas a la política fiscal.
Los resultados de la evaluación de las recomendaciones específicas por país de 2024, junto con las de los años anteriores, estarán disponibles en el sitio web de la Comisión.
APÉNDICE 3: AVANCES A ESCALA DE LA UE EN LA APLICACIÓN DE LOS ODS
Durante el período de cinco años evaluado (), la UE ha logrado avances significativos con vistas a reducir las desigualdades (ODS 10), promover el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) y reducir la pobreza (ODS 1). También se han logrado buenos avances en relación con los objetivos de hambre cero (ODS 2), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), producción y consumo responsable (ODS 12), vida submarina (ODS 14), educación de calidad (ODS 4) e igualdad de género (ODS 5). La UE también ha realizado avances hacia los objetivos de paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) y acción por el clima (ODS 13).
Los avances hacia el objetivo en materia de agua limpia y saneamiento (ODS 6) fueron limitados: varios indicadores mostraron una evolución positiva, pero otros no mostraron avances, llegando a registrar incluso retrocesos. En el caso de la energía asequible y no contaminante (ODS 7), se observó un ligero alejamiento respecto del objetivo debido a la repercusión negativa en la asequibilidad de la energía derivado de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y de la consiguiente crisis energética en la UE. Los avances hacia el objetivo de salud y bienestar (ODS 3) se vieron perturbados por los efectos adversos de la pandemia de COVID-19, que ahora son plenamente visibles en los datos disponibles. El objetivo relativo a la vida terrestre (ODS 15) se caracteriza por varias tendencias insostenibles en los ámbitos de la biodiversidad y la degradación del suelo, lo que da lugar a una evaluación moderadamente desfavorable de los avances de la UE en este ámbito durante el corto periodo evaluado. La Comisión Europea ha propuesto importantes iniciativas estratégicas para invertir la degradación de los ecosistemas en el marco del Pacto Verde Europeo, como la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad, la Estrategia de la UE en favor de los Bosques, la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030 y la Estrategia «De la Granja a la Mesa».
APÉNDICE 4 - CONCLUSIONES DE LOS EXÁMENES EXHAUSTIVOS DE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DE LOS PAÍSES DE LA UE
Se han detectado desequilibrios o desequilibrios excesivos en nueve de los doce Estados miembros objeto de un examen exhaustivo. En el examen exhaustivo se analiza la gravedad de los desequilibrios, su evolución reciente y prevista y las medidas adoptadas al respecto. Este año, el análisis de los exámenes exhaustivos se ha presentado antes del paquete de primavera del Semestre Europeo para permitir debates multilaterales más profundos con los Estados miembros antes de las conclusiones sobre las constataciones de desequilibrios y la consiguiente formulación de las recomendaciones específicas por país ().
Las clasificaciones reflejan la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza económica, aclarando las respectivas funciones del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en la supervisión macroeconómica general, en particular a la hora de evaluar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cuando los riesgos están esencialmente arraigados en problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas y las respuestas necesarias entran en gran medida en el ámbito de la política fiscal, debe considerarse que el PEC constituye el instrumento adecuado para la supervisión y la formulación de recomendaciones. Cuando existan riesgos macroeconómicos más amplios, además de la sostenibilidad fiscal, incluidos posibles efectos indirectos, que requieran una respuesta más amplia, el PDM debe seguir complementando la supervisión en el marco del PEC. Cuando las vulnerabilidades no se basen en una deuda elevada o en la relajación fiscal, el PDM será el principal medio para garantizar un mecanismo de supervisión suficientemente sólido.
La evolución de las vulnerabilidades ha sido diversa en los distintos Estados miembros, pero en muchos casos estas han disminuido, ya que las condiciones económicas se han ajustado a una inflación elevada, pero decreciente. La valoración de los desequilibrios de este año ha tenido lugar en un contexto de débil impulso el año pasado y perspectivas de una aceleración gradual del crecimiento este año. Las presiones inflacionistas han disminuido, en parte debido a una reducción significativa de los precios de la energía, lo que ha mejorado las posiciones exteriores, pero las presiones sobre los costes y los precios siguen siendo importantes. Al mismo tiempo, el endurecimiento de las condiciones financieras en los dos últimos años aumenta los riesgos. Paralelamente, la evolución de las vulnerabilidades también se ha visto afectada por los diferentes grados de la actuación política. Es posible que el efecto de esta evolución económica no haya desaparecido completamente, lo que requiere un estrecho seguimiento continuo de los desequilibrios, siendo importante una perspectiva de futuro. En los apartados siguientes se detallan las vulnerabilidades y perspectivas más importantes en este momento.
Las presiones sobre la competitividad de costes y precios se están relajando, pero las dinámicas divergentes entre países siguen siendo un problema. La inflación general ha disminuido claramente en todos los países de la UE, habiendo desempeñado un papel fundamental en ello la caída de los precios de la energía, aunque la desinflación ha sido más amplia, como indican las significativas caídas de la inflación básica desde principios de 2023. La divergencia de la inflación ha disminuido en la zona del euro y en la UE, pero no de manera uniforme. Las diferentes velocidades de repercusión de los menores costes en otros bienes y servicios y los diferentes calendarios de eliminación de las medidas adoptadas para contener los precios de la energía en 2022 desempeñan un papel en la reducción de los diferenciales de inflación. Las presiones inflacionistas internas han seguido siendo significativas, y los costes laborales unitarios y los márgenes de beneficio han seguido aumentando. Los costes laborales unitarios se aceleraron en 2023, impulsados por las elevadas subidas de los salarios en un contexto de desempleo en niveles históricamente bajos y frente a la atonía de la productividad laboral en coyunturas de débil crecimiento. Por el contrario, la apreciación del tipo de cambio nominal, particularmente en la mayoría de los países no pertenecientes a la zona del euro, puede haber atenuado algunas presiones inflacionistas.
Aunque se espera que sigan disminuyendo, las presiones sobre los costes y los precios siguen siendo un problema. Hay perspectivas de una nueva desaceleración de las presiones sobre los costes, incluidos los costes laborales unitarios, ya que se espera que la subida salarial disminuya y la productividad aumente siguiendo el ciclo económico. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada en gran parte de la zona del euro y de la UE. La desinflación puede progresar más lentamente de lo esperado si las presiones derivadas de la evolución de los salarios y los beneficios siguen siendo intensas durante mucho tiempo. Divergencias duraderas en la evolución de los costes y los precios que no estén arraigadas en el aumento de la productividad pueden afianzar las pérdidas de competitividad, con riesgos para las posiciones exteriores y la eficacia de la orientación de la política monetaria. Para hacer frente a esta situación, es necesario adoptar medidas, tales como recurrir a la política fiscal para mantener la demanda en niveles más sostenibles y realizar esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los mercados.
Las balanzas por cuenta corriente se fortalecieron con la reducción de los precios de la energía, pero la continuación de los grandes déficits y superávits por cuenta corriente pone de manifiesto la preocupación en torno a la dinámica de la demanda interna. Las posiciones exteriores en toda la UE se han beneficiado de la reducción de los precios de importación de energía a partir de los máximos alcanzados en 2022. Al mismo tiempo, algunos países se han beneficiado de una nueva fuerte expansión de las exportaciones turísticas, mientras que la balanza comercial de otros se vio afectada por la debilidad del comercio mundial, especialmente de los productos manufacturados y, en particular, del comercio fuera de la UE. En general, más allá del balance energético, la evolución de las posiciones exteriores fue diversa, dependiendo, en parte, de la fortaleza de la demanda interna. En algunos casos, el dinamismo del consumo y la inversión dieron lugar a la continuación de grandes déficits por cuenta corriente; en otros casos, la atonía de la demanda interna contribuyó a la persistencia de grandes superávits.
De cara al futuro, se espera que las variaciones en las balanzas por cuenta corriente sean más moderados que en los últimos años, pero en muchos casos deberían registrarse pequeños aumentos. Las variaciones previstas están impulsadas por las limitadas variaciones en la relación de intercambio, así como por las perspectivas de una cierta aceleración del comercio mundial, junto con variaciones limitadas de la demanda interna. La mayor parte de los grandes déficits por cuenta corriente se reducirían solo ligeramente. Además, estos déficits tienden a ser más bajos de lo que correspondería teniendo en cuenta los principales indicadores económicos y peores que sus niveles anteriores a la pandemia. Se espera que en la mayoría de los demás casos sigan aumentando, incluidos amplios y duraderos superávits por cuenta corriente, que se mantendrán muy por debajo de los niveles observados antes de 2022.
La mayor parte de las posiciones de inversión internacional neta negativas siguieron mejorando en 2023, respaldadas por el crecimiento del PIB nominal. Algunas de las posiciones más negativas mejoraron a pesar de los elevados déficits por cuenta corriente. Sin embargo, algunas de esas ratios PIIN/PIB más negativas podrían no seguir mejorando este año o el próximo, y en otros casos no tanto como recientemente, como consecuencia de un menor crecimiento del PIB nominal y de la persistencia de grandes necesidades de endeudamiento exterior.
Los precios de la vivienda se han moderado o reducido en algunos casos, lo que ha dado lugar a una reducción de la sobrevaloración de los mercados de la vivienda. Los mercados de la vivienda volvieron a enfriarse en 2023 en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación y de presión sobre los ingresos de los hogares; estos dos factores afectan a la reducción de la capacidad de endeudamiento de los hogares y a la moderación de la demanda de vivienda. La corrección de los precios de la vivienda ha sido más pronunciada en los países en los que los precios estaban más sobrevalorados y los hogares estaban más endeudados. En esos casos, el grado de sobrevaloración de los mercados de la vivienda disminuyó, aunque los precios de la vivienda suelen seguir estando sobrevalorados, y las ratios precios-ingresos se redujeron. Por el contrario, en algunos casos los precios de la vivienda siguieron subiendo de forma acusada, a veces continuando el dinamismo de años anteriores, o de forma más novedosa. Los precios de los inmuebles comerciales también han sido corregidos, pero siguen siendo problemáticos en algunos países.
La dinámica de los precios de la vivienda debería seguir siendo moderada, ya que las condiciones financieras siguen siendo restrictivas, pero con el tiempo los precios pueden volver a aumentar a medida que la capacidad de endeudamiento se recupere, con una oferta que seguiría siendo limitada. El período de reducciones de los precios de la vivienda puede estar terminando, pero las perspectivas a corto plazo siguen estando marcadas por unas condiciones de financiación restrictivas que moderan la demanda y los precios. No obstante, estos factores pueden invertirse a medida que los tipos de interés vayan bajando y las rentas de los hogares aumenten con la subida de los salarios reales. Al mismo tiempo, la reciente reducción del número de nuevas viviendas y de licencias de construcción en varios países sugiere que la escasez de vivienda puede estar empeorando en lugar de mejorar, lo que tenderá a añadir presiones al alza sobre los precios. Paralelamente, aspectos estratégicos siguen impulsando la propiedad de viviendas financiadas mediante deuda en varios países, tales como los regímenes fiscales y las disfunciones de los mercados de alquiler, que pueden alimentar la subida de los precios una vez que las condiciones de financiación sean suficientemente atractivas. La preocupación en torno a los inmuebles comerciales aún no ha desaparecido y el sector sigue siendo especialmente sensible a las condiciones de financiación.
Las elevadas ratios de deuda privada y pública han seguido disminuyendo debido al elevado crecimiento del PIB nominal y a la reducción del endeudamiento, pero siguen siendo significativas en varios casos. Las ratios deuda/PIB se han ido reduciendo de forma visible desde 2021, impulsadas en gran medida por un mayor crecimiento del PIB nominal, aunque estos efectos ya tendieron a debilitarse en 2023, con una ralentización del crecimiento del PIB en términos reales. Además, los flujos de crédito se debilitaron visiblemente tanto para los hogares como para las sociedades no financieras debido al endurecimiento de las condiciones de financiación, llegando incluso a ser ligeramente negativos en algunos casos, lo que contribuyó al desapalancamiento. No obstante, las deudas privadas siguen siendo elevadas en varios casos. En cuanto a la deuda pública, en varios países se sumaron importantes déficits públicos a las ratios de deuda, que siguen estando por encima de los niveles anteriores a la crisis de la COVID-19 y se prevé que aumenten en ausencia de nuevas medidas en algunos países con una deuda elevada.
El desapalancamiento de la deuda debe continuar, pero de forma decreciente, a medida que la inflación siga disminuyendo, mientras que las condiciones financieras pueden seguir planteando riesgos para los deudores. Una inflación más baja está allanando el camino para unos tipos de interés más bajos, pero las condiciones de financiación pueden seguir siendo difíciles para algunos deudores y prestatarios. Por otra parte, aunque se espera que los tipos de interés disminuyan, es probable que se mantengan por encima de los mínimos registrados en los años anteriores al aumento de la inflación, ejerciendo presión sobre los costes del servicio de la deuda. Esto es más preocupante cuando las necesidades de refinanciación son mayores. Además, cuando el endeudamiento en divisas es significativo, los riesgos pueden agravarse con vulnerabilidades en la posición exterior que pueden afectar a la volatilidad de los tipos de cambio y a unas primas de riesgo más elevadas, lo que exige políticas prudentes. El reforzamiento del crecimiento económico potencial, en particular mediante la aplicación efectiva de los planes de recuperación y resiliencia, debe apoyar el desapalancamiento de la deuda a medio plazo.
El sector bancario ha mostrado resiliencia ante el débil dinamismo de la economía, pero es posible que los efectos del endurecimiento de las condiciones de financiación aún no se hayan dejado sentir plenamente. El sector bancario ha resistido adecuadamente la evolución macroeconómica más reciente. La rentabilidad de los bancos ha aumentado, con unos mayores ingresos por intereses, lo que ha contribuido a reforzar aún más sus ratios de capital. El débil crecimiento económico y el endurecimiento de las condiciones de financiación no parecen haber afectado a los activos de los bancos hasta la fecha. Los préstamos dudosos han seguido disminuyendo, aunque solo de forma marginal. En algunos países, la renegociación de los préstamos dudosos mantenidos fuera del sector bancario sigue siendo preocupante. En algunos casos, la exposición significativa a la deuda soberana nacional sigue siendo un riesgo. De cara al futuro, es posible que los efectos del endurecimiento de las condiciones monetarias de los dos últimos años sobre el servicio de la deuda aún no hayan aparecido en su totalidad y puedan evolucionar de forma desfasada. En el contexto actual, la situación del sector inmobiliario comercial puede requerir atención, ya que los bancos y otras instituciones financieras de algunos países tienen grandes exposiciones a los riesgos del sector.
Cuadro 1: CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL MARCO DEL PDM
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Resultados de 2023
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Resultados de 2024
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Sin desequilibrios
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CZ, EE, LV, LT, LU, SK
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ES, FR, PT
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Desequilibrios
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CY, DE, ES, FR, HU, NL, PT, RO, SE
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CY, DE, EL, HU, IT, NL, SK, SE
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Desequilibrios excesivos
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EL, IT
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RO
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(p.m.) No se realizó examen exhaustivo
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AT, BE, BG, DK, HR, FI, MT, PL, SI
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AT, BE, BG, CZ, DK, EE, HR, FI, IE, LV, LT, LU, MT, PL, SI
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Nota: Los Estados miembros cuya clasificación cambió entre 2023 y 2024 aparecen en negrita en ambas columnas.
Estados miembros que ya no presentan desequilibrios
Ya no se detectan desequilibrios en Francia. Las medidas adoptadas han contribuido a reducir las vulnerabilidades relacionadas con la competitividad, que tenían importancia transfronteriza, en un contexto de bajo incremento de la productividad, pero es necesario proseguir los esfuerzos, al tiempo que persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública. La competitividad de precios ha evolucionado favorablemente desde 2021, en parte debido a una inflación más baja que la de sus socios comerciales. Sin embargo, los resultados en materia de competitividad de costes han sido más dispares, ya que la productividad del trabajo se ha visto frenada por factores temporales tras la crisis de la COVID-19, entre ellos el persistente acaparamiento de mano de obra en algunos sectores esenciales y las políticas destinadas a aumentar el número de puestos de trabajo, dando lugar a un fuerte aumento del empleo en los últimos años. Se espera que la productividad del trabajo y la competitividad mejoren en el futuro, gracias a las inversiones y reformas previstas, que deberían respaldar el desapalancamiento de la deuda. La deuda del sector privado aumentó notablemente durante la pandemia, pero estuvo acompañada de un aumento de la tasa de ahorro de los hogares y de aumentos del capital y de la acumulación de reservas de liquidez en las empresas, que ahora se están utilizando. El crédito a la inversión empresarial sigue siendo dinámico a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La proporción que representa la deuda pública en el PIB ha disminuido ligeramente con la recuperación del PIB desde 2021, hasta algo más del 110 % en 2023. Se prevé que se mantenga prácticamente estable en 2024, pero que vuelva a aumentar en 2025, en un contexto de elevados y continuados déficits públicos. La reacción de los poderes públicos frente a las vulnerabilidades detectadas en relación con la competitividad en un contexto de bajo incremento de la productividad ha sido, en términos generales, adecuada y debería apoyar el incremento de la productividad en los próximos años, pero deben proseguir los esfuerzos. La aplicación del PRR contribuirá a seguir abordando los retos en materia de competitividad, mejorando al mismo tiempo el incremento de la productividad. Aunque se han tomado medidas para reforzar las finanzas públicas, es evidente que son necesarios más esfuerzos para reducir la elevada deuda pública. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, incluida la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, ofrece un mecanismo de supervisión adecuado y sólido para hacer frente a los riesgos para la sostenibilidad fiscal.
Ya no se detectan desequilibrios en Portugal. Se han realizado avances significativos en la reducción de las vulnerabilidades relacionadas con el elevado nivel de deuda privada, pública y exterior, que se espera seguirá reduciéndose; Tras la interrupción provocada por la crisis de la pandemia de COVID-19, las ratios de deuda pública y privada reanudaron su descenso. Han disminuido sustancialmente desde 2021, gracias al fuerte crecimiento del PIB y al reciente superávit presupuestario en el caso de la deuda pública. La PIIN, claramente negativa, ha mejorado sustancialmente, gracias a un marcado crecimiento económico y a un superávit de la balanza por cuenta corriente, y su estructura sigue siendo favorable a la luz de la elevada proporción de instrumentos sin riesgo de impago. El endeudamiento privado y público y la PIIN siguen siendo elevados, pero se prevé que disminuyan aún más en el futuro, a pesar de que el crecimiento del PIB nominal sea menos favorable. La balanza por cuenta corriente volvió a registrar un superávit el año pasado y se prevé que siga arrojando un saldo positivo este año y el próximo, y se ha alcanzado un superávit presupuestario. El aumento de los tipos de interés ha ejercido cierta presión sobre los hogares endeudados y los precios de la vivienda han aumentado considerablemente durante varios años. Los préstamos dudosos han seguido disminuyendo desde unos niveles ya moderados. Se han realizado avances sostenidos para abordar las vulnerabilidades detectadas, que están en la base de los resultados visibles. Se espera que la ejecución en curso del PRR siga teniendo una incidencia favorable en el potencial de crecimiento, contribuyendo a la sostenibilidad de la balanza de pagos de Portugal y contribuyendo a la sostenibilidad fiscal.
Ya no se detectan desequilibrios en España. Se han realizado avances significativos en la reducción de vulnerabilidades con importancia transfronteriza relacionadas con la elevada deuda privada y exterior, y ha habido reducciones de la deuda pública; Tras una interrupción provocada por la pandemia de COVID-19, la ratio de deuda del sector privado y la ratio negativa de PIIN reanudaron su descenso en 2021, gracias al fuerte crecimiento del PIB nominal. Se espera que ambas sigan mejorando en los próximos años, aunque de forma más gradual que recientemente, ya que se espera que el crecimiento del PIB nominal sea menos favorable. La balanza por cuenta corriente ha registrado superávits durante una década y aumentó aún más en 2023, como consecuencia del rápido aumento de las exportaciones y de la reducción de los precios de la energía. La elevada ratio deuda pública / PIB ha ido disminuyendo, impulsada por el fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se esperan mejoras más moderadas este año y el año próximo, que reflejarían unos déficits presupuestarios todavía significativos y un crecimiento del PIB nominal menos favorable. La tasa de desempleo ha seguido una tendencia a la baja durante una década y se prevé que siga disminuyendo. El sector bancario ha seguido siendo resiliente en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación para los prestatarios. Se han logrado avances significativos para abordar las vulnerabilidades detectadas, en particular en los últimos años gracias a la aplicación del PRR, pero es necesario redoblar los esfuerzos, especialmente para reducir la elevada deuda pública.
Estados miembros que han pasado recientemente a registrar desequilibrios
Actualmente se considera que Eslovaquia presenta desequilibrios. A pesar de algunas mejoras recientes, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la competitividad de costes, el saldo exterior, el mercado de la vivienda y la deuda de los hogares, y no se han adoptado medidas. Eslovaquia fue objeto de un examen exhaustivo en 2023 y se consideró que sus vulnerabilidades no constituían desequilibrios macroeconómicos, ya que se esperaba que disminuyeran a medio plazo. Estas vulnerabilidades se han atenuado, pero no tan rápidamente como se esperaba hace un año. Por otra parte, las mejoras parecen ser cíclicas, con vulnerabilidades estructurales que parecen estar arraigadas y ausencia de medidas. El gran déficit por cuenta corriente mejoró el año pasado, pero se espera que siga siendo claramente negativo, lo que dará lugar a la persistencia de la PIIN significativamente negativa. La inflación básica ha demostrado ser más rígida de lo esperado y ha seguido siendo superior a la media de la zona del euro, mientras que los costes laborales unitarios siguen aumentando más que los de la mayoría de sus socios comerciales. No se espera que estas presiones sobre los precios y los costes disminuyan notablemente este año o el próximo, lo que podría obstaculizar las mejoras de la competitividad y de la balanza comercial. El endeudamiento de los hogares ha aumentado significativamente a lo largo de los años y se ha desacelerado en 2023, en un contexto de caída del crédito hipotecario. Los precios de la vivienda han caído, pero siguen estando algo sobrevalorados y se espera que vuelvan a subir dado que la oferta de vivienda sigue siendo limitada. La demanda de vivienda se ve respaldada por medidas como las ayudas hipotecarias recientemente adoptadas, que obstaculizan la transmisión de la política monetaria y son costosas desde el punto de vista de la política fiscal. El ajuste fiscal se ha retrasado, y se prevé que el elevado déficit público empeore este año, mientras que se espera que la ratio deuda pública / PIB aumente en 2024 y 2025 a pesar de un crecimiento favorable del PIB, lo que ejerce una presión al alza sobre la demanda interna. En general, las medidas no han sido suficientes para corregir las vulnerabilidades detectadas, contribuyendo a su arraigo. El ajuste fiscal contribuiría a reducir la inflación básica y a reforzar la posición exterior, así como a contener el aumento de la deuda pública; la puesta en marcha del procedimiento de déficit excesivo debe sustentar dicho ajuste. También es necesario actuar para mejorar la competitividad de precios y la competitividad no relacionada con los precios y reducir los riesgos relacionados con el mercado de la vivienda y la acumulación de deuda de los hogares, en particular mediante el desarrollo de un mercado del alquiler operativo.
Estados miembros que experimentan desequilibrios
Chipre sigue experimentando desequilibrios. En general, las vulnerabilidades relacionadas con la deuda privada, pública y exterior han disminuido, pero siguen siendo importantes, mientras que el gran déficit por cuenta corriente se ha ampliado aún más. Las proporciones que representan la deuda de los hogares y de las sociedades no financieras en relación con el PIB han seguido disminuyendo, aunque siguen siendo elevadas. Sin embargo, la deuda de las empresas y la deuda exterior están infladas por la deuda de las entidad con fines especiales, que plantean riesgos limitados para la economía nacional. El gran volumen de préstamos dudosos en poder de los bancos ha disminuido significativamente en los últimos años, particularmente en 2023, y se espera que la resolución de préstamos dudosos por parte de las empresas adquirentes de créditos respalde una mayor reducción de la deuda privada. No obstante, es probable que el endurecimiento de las condiciones financieras aumente la presión sobre los hogares y las empresas con alto nivel de endeudamiento. La ratio deuda pública/PIB está disminuyendo rápidamente, y se prevé que Chipre mantenga superávits presupuestarios este año y el próximo, lo que impulsará nuevas reducciones de la ratio de deuda. El gran déficit por cuenta corriente se amplió aún más en 2023, debido en gran medida a la persistente solidez de la demanda interna y a la repatriación de los beneficios, y se espera que siga siendo considerable este año y el próximo. La PIIN, muy negativa, no mejoró el año pasado y se deteriorará a menos que la balanza por cuenta corriente mejore notablemente. Se han realizado amplios esfuerzos para abordar las vulnerabilidades detectadas. Se espera que la aplicación plena y oportuna del PRR y de otras medidas contribuya a ampliar las exportaciones y reducir la dependencia excesiva respecto de las importaciones de petróleo.
Alemania sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con el amplio superávit por cuenta corriente siguen siendo importantes, a pesar de una cierta reducción a lo largo de los años, ya que persiste el problema subyacente de la debilidad de la demanda interna y la atonía de la inversión, que tiene importancia transfronteriza, mientras que la respuesta ha sido limitada. Con el descenso de los precios de la energía, la debilidad de la demanda interna y la atonía del comercio mundial, el superávit de la balanza por cuenta corriente volvió a aumentar, hasta el 5,9 % del PIB en 2023, frente al 4,2 % del PIB en 2022. Se prevé que aumente algo más este año y el próximo, aunque se mantendría muy por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia. Dado el tamaño de la economía alemana y su integración comercial en la zona del euro, esto tiene efectos indirectos negativos en el resto de la zona. La bajada de los precios de la vivienda ha reducido considerablemente la sobrevaloración de dichos precios, con un efecto limitado en el sistema financiero hasta la fecha, pero los inmuebles comerciales siguen necesitando un seguimiento. El descenso de la inversión en vivienda puede dar lugar a la reaparición de presiones sobre los precios y a los consiguientes riesgos de sobrevaloración en un futuro próximo. De cara al futuro, se espera un ligero deterioro de la competitividad de costes, y los hogares están empezando a recuperar cierto poder adquisitivo, paralelamente al aumento de los salarios en términos reales. La recuperación de la inversión privada está llevando tiempo y se espera que el saneamiento fiscal afecte a la demanda interna y a una posible presión sobre la inversión pública. Las vulnerabilidades subyacentes generales en términos de una importante brecha ahorro-inversión no han cambiado esencialmente: las necesidades de inversión han ido aumentando a lo largo de los años, debido principalmente a la inversión pública a nivel regional y a la inversión privada en general, lo que respaldaría el crecimiento económico en el futuro. Si bien el Gobierno ha adoptado algunas medidas para apoyar la inversión, y el PRR incluye importantes medidas para promover la inversión, el alcance de las medidas adoptadas no ha dado lugar hasta ahora a avances sustanciales ni ha sido suficiente para hacer frente al reto general de una mayor inversión privada y pública.
Hungría sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con las presiones sobre los precios y las necesidades de financiación exterior y pública siguen siendo importantes, aunque la mejora del entorno exterior ha mitigado algunos riesgos a corto plazo. El gran déficit por cuenta corriente se eliminó en 2023, debido a la reducción de la demanda interna en un contexto de recesión en Hungría y a la bajada de los precios de la energía. Junto con el endurecimiento de la política monetaria, estos factores contribuyeron a reducir la muy elevada tasa de inflación. No obstante, la inflación básica se ha mantenido entre las más altas de la UE, y los costes laborales unitarios han seguido aumentando considerablemente, ejerciendo presión sobre la competitividad. Se espera que la balanza por cuenta corriente vuelva a registrar un pequeño déficit a medida que se recupere la demanda interna, mientras que la economía y su financiación exterior siguen expuestas a la evolución de los precios de la energía y de las primas de riesgo. Los precios de la vivienda se ralentizaron y su sobrevaloración se redujo en 2023 en un contexto de aumento de los tipos de interés. El gran déficit presupuestario persiste como consecuencia de las políticas expansivas y al debilitamiento del crecimiento desde la recesión de 2023. Se prevé que el déficit se reduzca en cierta medida, pero siga siendo significativo y contribuya a la inflación y aumente las necesidades de endeudamiento exterior. Se prevé que la ratio deuda pública / PIB y la carga de intereses sigan siendo elevadas. Los avances han sido limitados en todos los ámbitos, particularmente en el fiscal y el estructural, lo que ha contribuido a la persistencia de las vulnerabilidades detectadas. El ajuste fiscal contribuiría a reducir la inflación básica y a reforzar la posición exterior, así como a contener el aumento de la deuda pública; este ajuste debe basarse en la puesta en marcha de un procedimiento de déficit excesivo. Una ejecución oportuna y eficaz del PRR contribuiría a reducir las vulnerabilidades, y se vería reforzada con la eliminación de las intervenciones distorsionadoras en los mercados y con reformas que apoyen el saneamiento fiscal.
Los Países Bajos siguen experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada en un contexto de sobrevaloración del mercado de la vivienda, que tienen importancia transfronteriza, siguen siendo relevantes a pesar de algunas mejoras. Las vulnerabilidades asociadas al amplio superávit de la balanza por cuenta corriente se han mitigado a través de la expansión relativamente acentuada de la demanda interna. El amplio superávit de la balanza por cuenta corriente ha sido elevado, y se espera que siga siéndolo, debido a un superávit sustancial de la balanza de bienes y servicios, que refleja un superávit del ahorro interno sobre la inversión para la economía en su conjunto. Sin embargo, la demanda interna ha aumentado más que en la zona del euro en los últimos años, lo que sugiere que los efectos indirectos del superávit por cuenta corriente sobre el resto de la zona están siendo cada vez menos preocupantes. La presencia significativa de empresas multinacionales en los Países Bajos, el efecto estadístico de los beneficios empresariales no distribuidos y el papel de los fondos de pensiones que acumulan grandes ahorros que se invierten en el extranjero son elementos que contribuyen a la gran brecha ahorro-inversión. La deuda privada siguió disminuyendo considerablemente en 2023, y cabe esperar nuevas reducciones, pero sigue siendo elevada. El elevado nivel de deuda, unido a las grandes tenencias de activos no líquidos, principalmente los planes de ahorro-vivienda y los planes de pensiones, hace que los hogares sean vulnerables a las cambiantes condiciones económicas, especialmente teniendo en cuenta la sobrevaloración del mercado de la vivienda. Los precios de la vivienda registraron cierta corrección durante la mayor parte del año pasado en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación, pero siguen estando sobrevalorados aunque menos que antes. Se han adoptado algunas medidas para abordar las vulnerabilidades detectadas, pero se requieren más esfuerzos a nivel político. Podrían seguirse varias opciones para hacer frente más enérgicamente a la escasez de viviendas, tales como un aumento de la inversión en vivienda y la eliminación de los obstáculos a la construcción de nuevas viviendas, abordando al mismo tiempo los incentivos fiscales para la propiedad de viviendas financiadas mediante deuda. Es poco probable que las recientes reformas del mercado privado del alquiler propicien la disponibilidad de viviendas.
Suecia sigue experimentando desequilibrios. Las vulnerabilidades relacionadas con su mercado inmobiliario y la elevada deuda privada siguen siendo importantes a pesar de algunas correcciones recientes, y las medidas para hacerles frente han sido limitadas. Tras aumentos significativos durante varios años, los precios de los inmuebles han ido disminuyendo desde finales de 2022. La deuda del sector privado disminuyó en relación con el PIB debido al elevado crecimiento del PIB nominal, resultante de la elevada inflación, mientras que los niveles de deuda siguieron aumentando en términos nominales. El rápido aumento de los tipos de interés ha afectado negativamente al servicio de la deuda de los hogares y de las empresas del sector inmobiliario comercial, ha reducido la demanda y ha afectado a los precios de los inmuebles. El predominio de los tipos de interés variables y de las hipotecas de muy larga duración ha ejercido presión sobre la situación financiera de los hogares, reduciendo la capacidad de reembolso y provocando una caída del consumo y contribuyendo a la recesión de 2023. Al mismo tiempo, la construcción de nuevas viviendas cayó bruscamente. A pesar de sus recientes caídas, los precios de la vivienda siguen estando significativamente sobrevalorados; los precios de los inmuebles comerciales tampoco parecen haberse ajustado plenamente aún y existen riesgos para el servicio de la deuda si los tipos de interés se mantienen elevados y las valoraciones disminuyen. El sector financiero está muy expuesto al sector inmobiliario, pero sus sólidos parámetros deberían servir de baluarte contra la propagación de los problemas inmobiliarios a la economía en general. Los avances en materia de política económica han sido limitados y, a falta de medidas más firmes, las vulnerabilidades detectadas persistirán y podrán dar lugar a un repunte de la adquisición de viviendas financiadas mediante deuda y de la sobrevaloración de los precios de la vivienda. Las medidas que aumenten la oferta de viviendas podrían contribuir en gran medida a prevenir estos problemas. Por otra parte, la fiscalidad sigue promoviendo la adquisición de viviendas financiadas mediante deuda, aplicando una deducibilidad fiscal a los pagos de intereses hipotecarios, y favoreciendo la propiedad de viviendas. El mercado del alquiler no se ha reformado.
Estados miembros que experimentan actualmente desequilibrios (que antes presentaban desequilibrios excesivos)
Grecia experimenta desequilibrios tras haberse detectado que presentaba desequilibrios excesivos en 2023. Las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y el elevado volumen de préstamos dudosos, en un contexto de alto nivel de desempleo, siguen siendo importantes, aunque han disminuido notablemente y se espera que sigan disminuyendo, pero la posición exterior sigue siendo débil. La ratio deuda pública / PIB ha seguido disminuyendo y, aunque sigue siendo elevada (casi el 162 % en 2023), los riesgos a corto plazo para la sostenibilidad de la deuda parecen bajos. El crecimiento del PIB nominal fue uno de los principales motores de la rápida caída de la ratio de deuda en los últimos años, pero se prevé que la mejora de los saldos de la política fiscal siga disminuyendo. El déficit por cuenta corriente, que se había ampliado notablemente entre 2020 y 2022, se redujo significativamente en 2023, pero sigue siendo elevado en un contexto de fuerte demanda interna. Solo se esperan mejoras marginales de la balanza por cuenta corriente este año y el próximo, ya que se prevé que el sólido aumento de la inversión mantenga las importaciones en un nivel elevado. La ratio PIIN/PIB, muy negativa, también mejoró el año pasado gracias al elevado crecimiento del PIB nominal, pero sigue siendo la más débil de la UE. Los préstamos dudosos han mostrado una fuerte reducción en los últimos años y siguieron disminuyendo en 2023, pero su renegociación fuera del sector bancario sigue siendo lenta, por lo que siguen pesando sobre la economía. El empleo aumentó y el desempleo siguió disminuyendo, pero sigue siendo relativamente elevado. Las medidas sostenidas aplicadas durante años y las amplias reformas estructurales han favorecido claramente una reducción de las vulnerabilidades detectadas. El mantenimiento de una política fiscal prudente y la aplicación continua y oportuna del PRR siguen siendo esenciales para mejorar la competitividad y garantizar el reequilibrio de la economía, particularmente en lo que respecta a la posición exterior.
Italia experimenta desequilibrios tras haberse detectado que presentaba desequilibrios excesivos en 2023. Persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y el débil aumento de la productividad, que tienen importancia transfronteriza, en un contexto de fragilidad del mercado laboral y de ciertas debilidades residuales del sector financiero. La ratio deuda pública / PIB de Italia ha disminuido notablemente desde el máximo alcanzado durante la crisis de la pandemia de COVID-19, debido principalmente al fuerte crecimiento del PIB nominal. No obstante, la ratio de deuda pública sigue siendo elevada, superior al 137 % del PIB en 2023, y se prevé que la tendencia a la baja se invierta este año y el próximo. Este cambio de tendencia se atribuye a un considerable ajuste stock-flujo que aumenta la deuda, a unos déficits públicos que siguen siendo considerables, aunque decrecientes, y a un menor crecimiento del PIB nominal. La variación de la productividad ha sido, en general y por término medio, positiva, pero limitada, lo que confirma la necesidad de reformas e inversiones para superar las deficiencias estructurales y fomentar unas condiciones favorables al incremento de la productividad. Las condiciones del mercado laboral han mejorado en los últimos años y no se han plasmado en presiones salariales. Las tasas de actividad laboral han aumentado hasta niveles récord, aunque siguen siendo comparativamente bajas. El sector financiero se ha fortalecido con mejoras en la calidad y la rentabilidad de los activos bancarios, mientras que los bancos italianos siguen estando muy expuestos en sus balances a la deuda soberana y a los préstamos garantizados por el Estado. Las medidas adoptadas han sido favorables para abordar las vulnerabilidades, especialmente a través de la ejecución del PRR, promoviéndose, en particular, la productividad y el crecimiento del PIB potencial para contribuir a reducir la ratio de deuda pública a largo plazo. Sigue siendo esencial mantener el ritmo de ejecución de los planes de recuperación y resiliencia y sería beneficioso realizar esfuerzos adicionales. Es evidente que se necesitan más medidas para reducir la elevada ratio de deuda pública. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, incluida la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, ofrece un mecanismo de supervisión adecuado y sólido que permite afrontar los riesgos para la sostenibilidad fiscal y complementar la supervisión en el marco del PDM.
Estados miembros que experimentan actualmente desequilibrios excesivos (que antes presentaban desequilibrios)
Rumanía, país que presentaba desequilibrios en 2023, se considera ahora con desequilibrios excesivos. Persisten las vulnerabilidades de la balanza de pagos, relacionadas principalmente con déficits públicos elevados y crecientes, mientras que las presiones significativas sobre los precios y los costes han aumentado y las medidas adoptadas han sido poco relevantes. El déficit por cuenta corriente mejoró ligeramente en 2023, debido principalmente al menor consumo privado y a los aumentos de la relación de intercambio, pero sigue siendo claramente elevado y no se prevé que mejore este año ni el próximo. Como consecuencia de ello, la PIIN ya no está mejorando en porcentaje del PIB a pesar del elevado crecimiento del PIB nominal, y la continuación de los grandes déficits por cuenta corriente podría hacer que pasase a ser más negativa. La inflación general ha disminuido, pero la inflación básica sigue siendo muy elevada, ligeramente por debajo de su máximo reciente y por encima de la observada hace un año. La progresión de los salarios y de los costes laborales se aceleró en 2023 y siguió firme en 2024, reflejando en parte importantes aumentos de los salarios mínimos y públicos, en un contexto de tensiones en el mercado de trabajo. Esto ha dado lugar a problemas de competitividad de costes, mientras que la competitividad no relacionada con los costes sigue viéndose afectada por cuellos de botella estructurales. Todos estos factores agravan la preocupación por la consolidación de las pérdidas de competitividad y los retrasos en la necesaria mejora de la balanza comercial. La situación fiscal, que es uno de los principales factores determinantes del elevado déficit por cuenta corriente, se deterioró el año pasado. Se prevé que el gran déficit público siga empeorando ligeramente en 2024 y 2025. La ratio deuda pública / PIB aumentó a pesar del elevado crecimiento del PIB nominal. Sigue siendo moderada (53 %), pero gran parte de la misma está denominada en moneda extranjera. La persistencia de elevados déficits públicos puede impulsar el endeudamiento exterior y hacer que Rumanía dependa más de fuentes de financiación externa, lo que haría al país vulnerable a los cambios en la confianza de los inversores y a las perturbaciones externas. Las medidas adoptadas para subsanar las vulnerabilidades detectadas no han sido suficientes. Una senda creíble de saneamiento fiscal es fundamental a fin de atenuar los riesgos para la estabilidad de la economía. Esto requiere el cumplimiento de las recomendaciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo y la plena aplicación de las reformas fiscales-estructurales incluidas en el PRR, en particular las destinadas a aumentar estructuralmente los ingresos públicos, y un control del gasto mucho más estricto que en los últimos años. La realización de las reformas del PRR y la inversión más allá de las reformas fiscales-estructurales también mejoraría la competitividad.