COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 29.5.2019

COM(2019) 260 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2019 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2019) 215 final} - {SWD(2019) 216 final} - {SWD(2019) 217 final} - {SWD(2019) 218 final} - {SWD(2019) 219 final} - {SWD(2019) 220 final}

I.    INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2015, la Comisión Europea estableció una estrategia a medio plazo para la política de ampliación de la UE 1 que abarcara el mandato de la actual Comisión. La presente Comunicación hace un balance de los progresos realizados, hasta finales de febrero de 2019, en la aplicación de la política de ampliación. Además de presentar los avances, se examinan los importantes desafíos a los que se enfrentan los países aspirantes a ser Estados miembros.

Balcanes Occidentales

La Estrategia de los Balcanes Occidentales 2 , presentada por la Comisión Europea en febrero de 2018, constituyó un fuerte impulso para la región en su trayectoria europea. La estrategia confirmaba nuevamente el futuro de los Balcanes Occidentales como parte integrante de la UE y reiteraba que su posible adhesión a la Unión Europea, supeditada al cumplimiento de criterios firmes y previamente fijados, redundaría en el propio interés político, económico y de seguridad de la Unión. Por otra parte, se corroboraban los importantes avances que ha hecho la región no solo en cuanto a reformas, sino también para superar las secuelas de la guerra y los conflictos. Ahora bien, a fin de que los países interesados cumplan todas las condiciones de adhesión, y, en particular, con miras a la consolidación de sus democracias, se requieren reformas más profundas, exhaustivas y convincentes en ámbitos cruciales, entre los que destacan el Estado de Derecho —incluida la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada—, las reformas económicas y la competitividad, la cooperación regional y la reconciliación. La Comisión pedía que se intensificara ostensiblemente la asistencia política, técnica y financiera de la UE a la región, especialmente a través de las seis iniciativas emblemáticas de la Estrategia, que cuentan con el respaldo de 11 700 millones EUR de ayuda a la preadhesión para el período 2014-2020. A fin de mejorar la estructura de incentivos en este ámbito, la Comisión también señalaba que, con la voluntad política necesaria, la materialización de reformas reales y sostenidas, y soluciones definitivas a los conflictos con sus vecinos, los países que actualmente llevan la delantera en las negociaciones de adhesión podrían estar listos para la adhesión en 2025.

En la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, celebrada en Sofía en mayo de 2018, los dirigentes de la UE reafirmaron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, y los socios de los Balcanes Occidentales volvieron a manifestar su adhesión a esta perspectiva europea como firme opción estratégica. Los dirigentes de la UE aprobaron la Declaración de Sofía y el Programa de Prioridades de Sofía 3 , en los que se recogen nuevas medidas destinadas a reforzar la cooperación con la región en ámbitos clave como la seguridad, el Estado de Derecho y la migración.

Los dirigentes de la UE también dieron señales claras a los distintos países de los Balcanes Occidentales el año pasado. En respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión en 2018 sobre la apertura de las negociaciones de adhesión con la República de Macedonia del Norte y con la República de Albania, el Consejo acordó en junio ofrecer una respuesta positiva ante los avances realizados y marcar la senda para la apertura de negociaciones de adhesión con ambos países en junio de 2019. En lo tocante a Kosovo 4*, la Comisión informó de que se ya se cumplían todos los criterios de referencia para la exención de visado en los desplazamientos al espacio Schengen, y, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo, en primera lectura, manifestó su apoyo a la propuesta de la Comisión de liberalizar el régimen de visados.

El refuerzo del compromiso de la UE con la región y su mayor implicación a lo largo del último año ya están dando frutos concretos y notables. Macedonia del Norte no solo ha proseguido su ambicioso programa de reformas, sino que, además, llegó a un acuerdo histórico con Grecia gracias al cual se zanjó una disputa sobre la denominación del país que había durado ya veintisiete años. Este acuerdo y el acuerdo bilateral con Bulgaria constituyen un ejemplo para el conjunto de la región sobre cómo fortalecer las relaciones de buena vecindad y dan testimonio del poder de atracción que ejerce la perspectiva europea. De manera similar, Albania está llevando a cabo profundas reformas, en particular, una gran transformación de su sistema judicial que comprende un proceso de reevaluación sin precedentes de jueces y fiscales.

Estos avances positivos que se están realizando exigen ahora una respuesta específica y rápida por parte de la Unión. La UE no solo tiene la oportunidad de afianzar ese impulso positivo a largo plazo que está viviendo la región, sino que, además, es la primera interesada en que así sea. La Unión ha de estar a la altura de sus compromisos y reconocer lo que es debido. Si no se recompensan los progresos objetivos pasando a la siguiente fase en la senda europea, se perjudicará la credibilidad de la UE en la región y fuera de ella. Una respuesta tibia a logros históricos y reformas sustanciales socavaría la estabilidad, desalentaría en gran medida reformas todavía muy necesarias y afectaría a la labor realizada en torno a cuestiones bilaterales delicadas como el diálogo entre Belgrado y Pristina. Estratégicamente, esto no haría más que afianzar las posiciones de los competidores geopolíticos de la UE a las puertas de Europa.

Sin embargo, no todos los países han aprovechado las oportunidades que ofrece la Estrategia de los Balcanes Occidentales. Algunos se han estancado en sus esfuerzos, especialmente en los ámbitos críticos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Los países más avanzados en el proceso de adhesión corren el riesgo de no alcanzar los ambiciosos objetivos que han declarado si no redoblan sus esfuerzos de manera significativa, en particular, en lo tocante a las reformas fundamentales. Todos los dirigentes políticos de la región deben estar a la altura de las expectativas de reforma de sus ciudadanos y no dejar lugar a dudas con respecto a su orientación estratégica y su determinación de adherirse a la UE. La adhesión a la UE es una elección fundamental, basada en valores, que requiere una actuación más decidida por parte de todos los países.

La Comisión, en paralelo a la presente Comunicación, ha adoptado el Dictamen sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina. La conclusión y la recomendación del Dictamen se recogen en el anexo de la presente Comunicación.

Turquía

Turquía es un socio clave para la UE y sigue siendo un país candidato. Han continuado el diálogo y la cooperación, especialmente al más alto nivel, en los ámbitos esenciales de interés común, en particular, mediante una cooperación eficaz en materia de migración y el firme apoyo de la UE a los refugiados. No obstante, Turquía ha seguido alejándose de la Unión Europea, no solo por los graves retrocesos observados en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, sino también debido al debilitamiento del sistema de contrapoderes institucionales como resultado de la entrada en vigor de la reforma de su Constitución. En junio de 2018, el Consejo señaló unánimemente que las negociaciones para la adhesión de Turquía habían llegado efectivamente a un punto muerto y no se podían examinar nuevos capítulos para su apertura o cierre. Los hechos que fundamentan esta valoración siguen siendo válidos.

Acelerar la armonización con la política exterior y de seguridad común de la UE, incluido en lo referente a las medidas restrictivas, es una parte importante del proceso de ampliación y un elemento también importante para poder confirmar que los países comparten plenamente los principios, valores y objetivos que la Unión trata de promover en su vecindad y fuera de ella. Albania y Montenegro no han dejado de sumarse a las posiciones de la política exterior y de seguridad común.

II.    APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE 2015

Esforzarse de manera más activa para llevar a cabo las reformas fundamentales es un aspecto clave a fin de cumplir los criterios de adhesión de Copenhague y Madrid. Los esfuerzos en estos ámbitos, que son indivisibles y se refuerzan mutuamente, deben proseguirse con más contundencia y con un compromiso político más claro. 

a) Funcionamiento de las instituciones democráticas

El buen funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un reto clave en la mayoría de los países. Es preciso integrar sólidamente el papel central de los Parlamentos nacionales en la cultura política. Aún es necesario afianzar un diálogo constructivo entre los distintos partidos. Los partidos de la oposición, que también tienen una gran responsabilidad de cara a la configuración del futuro de sus países, deben tener la posibilidad de desempeñar plenamente su papel y participar en los procesos democráticos. Es fundamental consolidar la rendición de cuentas parlamentaria, la supervisión del ejecutivo y el control democrático.

En los Balcanes Occidentales, aún está por establecerse un diálogo constructivo en todo el espectro político, especialmente en el seno de los Parlamentos. Los contraproducentes boicoteos parlamentarios, como en el caso de Albania, Montenegro y Serbia, siguen siendo motivo de preocupación. Han ido en aumento las manifestaciones ciudadanas en las que se exigen reformas. En Serbia, por ejemplo, podrían usarse mecanismos de mediación y diálogo, como los ofrecidos por el Parlamento Europeo. Los Gobiernos han de velar por que la oposición tenga la posibilidad de desempeñar plenamente su papel dentro de los marcos existentes, y la oposición debe participar de manera constructiva en el proceso democrático.

El refuerzo de la función de supervisión parlamentaria exige esfuerzos sustanciales. En 2018, el Parlamento de Macedonia del Norte logró mejorar su capacidad de supervisión, restaurar el sistema de contrapoderes institucionales y disminuir notablemente —hasta el 20 %— el recurso a procedimientos parlamentarios abreviados. Sin embargo, este fenómeno sigue siendo preocupante en el conjunto de la región. La cifra correspondiente asciende al 44 % en el caso de Serbia, donde las prácticas parlamentarias de la coalición en el poder han provocado el deterioro del debate y el control legislativos. En Montenegro, la comisión temporal multipartidista sobre nuevas reformas de la legislación electoral y de otro tipo aún no ha empezado a dar resultados.

Las elecciones deben ser libres y justas, y las recomendaciones de las misiones de observación han de aplicarse correctamente. Las deficiencias que se vienen arrastrando desde hace tiempo deben abordarse a lo largo de todo el ciclo electoral. En cuanto a las normas relativas a la financiación pública y privada de los partidos políticos, se requiere una reforma sustancial.

En Turquía, el nuevo sistema presidencial, que entró en vigor después de las elecciones de junio de 2018, ha limitado considerablemente las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento. No hay un diálogo parlamentario constructivo ni existe un sistema de contrapoderes institucionales. Tampoco se han abordado las deficiencias del sistema de inmunidad parlamentaria heredadas del pasado. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política.

b) Estado de Derecho y seguridad

El Estado de Derecho es un elemento esencial de una democracia que funciona correctamente. Se fundamenta en la celebración de elecciones libres y justas, la existencia de un Parlamento que funcione debidamente y pueda desempeñar de forma plena sus funciones legislativas y de supervisión fundamentales, y la separación de poderes, todo ello unido a un sistema efectivo de contrapoderes institucionales.

El Estado de Derecho es un elemento clara y firmemente anclado en el proceso de adhesión a la UE. Es un aspecto crucial de la transformación democrática y la referencia clave que utiliza la UE para valorar los progresos de los países candidatos en su trayectoria hacia la adhesión. No obstante, lograr avances creíbles en este ámbito sigue siendo un reto significativo. Estas deficiencias a menudo guardan relación con la falta de voluntad política, la resistencia institucional y un entorno cada vez más hostil para la sociedad civil, lo que, en parte, refleja la existencia de determinados elementos de captura del Estado. En consecuencia, el Estado de Derecho todavía no se aplica debidamente a todos los niveles de poder. En Turquía no se ha tomado ninguna medida para poner remedio a la regresión en el ámbito del Estado de Derecho.

Un poder judicial que funcione correctamente y sea independiente, en el que las resoluciones se apliquen de manera efectiva, es de vital importancia para el Estado de Derecho. Albania ha hecho importantes progresos en el proceso de reforma de su sistema judicial, que continúa según el ritmo previsto. La creación de los nuevos órganos jurisdiccionales tiene por objeto garantizar la gobernanza independiente del poder judicial. El proceso de investigación de expedientes ha dado otros resultados visibles: en total, se han tomado más de 140 decisiones, todos los asuntos prioritarios se han resuelto en primera instancia y se ha producido la destitución o la dimisión voluntaria de 88 de los jueces investigados. Sin embargo, las reformas en el conjunto de la región de los Balcanes Occidentales siguen adoleciendo de un ritmo de cambio lento en la cultura judicial. En Serbia, aún no se han aprobado las reformas destinadas a adaptar la Constitución del país a las normas europeas para el poder judicial. En Turquía, continúan la presión política y el traslado de un gran número de jueces y fiscales en contra de su voluntad, lo que ha minado aún más la independencia del poder judicial turco.

Tanto en los Balcanes Occidentales como en Turquía siguen dándose casos de corrupción generalizada. El éxito en la lucha contra la corrupción a nivel medio y alto es dispar en la región. Mientras que algunos países, como Macedonia del Norte y Albania, han hecho progresos, el balance de la mayoría sigue sin ser convincente y está aún lejos de satisfacer los requisitos para la adhesión. Hay que hacer frente a la corrupción política y de alto nivel de forma más clara y coherente. Asimismo, se necesitan resultados tangibles en la lucha contra la corrupción para crear un entorno empresarial estable y transparente y mitigar las amenazas reales a las estructuras democráticas. La contratación pública todavía es especialmente propensa a la corrupción generalizada. Es preciso reforzar los mecanismos de control a lo largo de todo el proceso de contratación y aumentar significativamente la transparencia a través de medidas sólidas y ambiciosas.

La delincuencia organizada sigue siendo un problema muy grave en los Balcanes Occidentales y en Turquía: hay importantes rutas de contrabando que atraviesan su territorio, así como poderosas redes delictivas de alcance internacional que siguen operando desde y a través de estos países. Los países han abordado algunos aspectos de este fenómeno, y, a lo largo de 2018, se han producido importantes detenciones e incautaciones de drogas. La cooperación operativa, incluida con las agencias de la UE, se ha intensificado, sobre todo en el caso de Albania, lo que ha permitido obtener resultados concretos sobre el terreno. Sin embargo, de manera general, el balance en materia de condenas firmes en casos de delincuencia organizada sigue siendo a menudo deficiente. Solo algunos países pueden poner sobre la mesa un puñado, si acaso, de condenas firmes en casos de delincuencia organizada o blanqueo de capitales en los últimos años. Estos resultados tan pobres ponen de manifiesto la ineficacia de los procedimientos penales, transmiten un mensaje claro de impunidad y contribuyen al riesgo de infiltración de la delincuencia en los sistemas políticos y económicos. Por otra parte, los países deben incrementar de manera significativa la incautación y el decomiso de activos en casos tanto de delincuencia organizada como de corrupción, así como enfrentarse a los grupos delictivos con mayor contundencia.

Los Balcanes Occidentales han dado grandes pasos en los últimos años para modernizar el marco jurídico e institucional en lo referente a la lucha contra el terrorismo. Además, se ha seguido mejorando y reforzando la cooperación operativa con los Estados miembros y las agencias de la UE. Todos los países de los Balcanes Occidentales participan activamente en la Iniciativa sobre la lucha contra el terrorismo en los Balcanes Occidentales (WBCTi). No obstante, la mayoría aún debe redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la cuestión de los combatientes extranjeros que regresan y prevenir el extremismo y la radicalización, especialmente en las prisiones. Es necesario mejorar las capacidades de seguimiento en línea y de respuesta. El rastreo proactivo de los flujos financieros ha de basarse en un enfoque más estratégico de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Turquía tiene que revisar su legislación antiterrorista. Si bien es una potestad legítima del país luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas.

Urge introducir reformas en el ámbito del Estado de Derecho con mayor firmeza y credibilidad. Esta es la condición más importante para que los Balcanes Occidentales avancen en sus respectivas sendas europeas, sin olvidar el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales de las negociaciones de adhesión en lo referente al Estado de Derecho (capítulos 23 y 24) en el caso de Montenegro y Serbia.

Una vez se cumplan los criterios de referencia provisionales, la UE podrá, a través de la fijación de los criterios de referencia de cierre, establecer claramente los requisitos de Estado de Derecho que los países en fase de negociación deberán cumplir en última instancia para considerarse que, por lo que respecta a este ámbito crucial, están listos para ser miembros de la UE. Montenegro es el primer país en fase de negociación que podría llegar a esa etapa, siempre y cuando solucione las carencias que aún presenta en los ámbitos críticos de la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos.

El propósito de los criterios de referencia provisionales en relación con el Estado de Derecho es ante todo garantizar que el país de que se trate dispone de la estructura institucional y legislativa necesaria y puede demostrar que ha comenzado a obtener resultados en materia de aplicación. Una vez que ese marco esté operativo, la Comisión propondrá criterios de referencia de cierre a los Estados miembros de la UE. Estos parámetros se centrarían principalmente en la obtención de resultados tangibles y en la consolidación de una trayectoria de aplicación firme, creíble y sostenible. 

c) Derechos fundamentales

Los ordenamientos jurídicos de los Balcanes Occidentales recogen en gran medida los derechos fundamentales. Sin embargo, es preciso intensificar los esfuerzos para mejorar la aplicación. Durante el período de referencia, Turquía ha experimentado un fuerte y continuo deterioro de derechos humanos clave.

La evolución del ámbito de la libertad de expresión y de la independencia de los medios de comunicación en toda la región suscita una preocupación creciente. Se ha producido un grave retroceso en Turquía, donde el ejercicio de la libertad de expresión se ha visto considerablemente obstaculizado y más de 160 periodistas siguen encarcelados, una de las cifras más elevadas del mundo.

En cuanto a los Balcanes Occidentales, se han observado muy pocos esfuerzos a este respecto. En general, la intimidación verbal y física sigue existiendo, y las investigaciones y actuaciones judiciales todavía son lentas. Los intentos de influir en la independencia de los servicios públicos de radiodifusión, la falta de transparencia respecto de la financiación pública y privada de los medios de comunicación, y la distorsión del mercado publicitario están a la orden del día en todos los países de la región. El entorno empresarial de los medios de comunicación también se caracteriza por la frecuente injerencia política y la opacidad en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, aspectos que socavan la sostenibilidad de medios independientes. La UE mantiene su firme apoyo a las organizaciones locales de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación independientes.

En cuanto a la lucha eficaz contra los abusos de los derechos del niño, los Balcanes Occidentales y Turquía deben intensificar sus esfuerzos a este respecto. Asimismo, los Gobiernos han de tratar el problema de la discriminación de las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables. También se requieren mayores esfuerzos para garantizar la igualdad de género y prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. En los Balcanes Occidentales, se ha avanzado en lo tocante a los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. No obstante, todavía hay mucho por hacer para combatir la discriminación y, en particular, la incitación al odio y la violencia. Los gitanos aún se enfrentan a la exclusión social, la marginación y la discriminación. Sigue siendo necesario introducir mejoras en las condiciones carcelarias. En Turquía, a pesar del levantamiento del estado de excepción, la mayoría de las medidas introducidas durante ese período permanecen en vigor, incluidas aquellas que limitan derechos procesales fundamentales como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

d) Reforma de la Administración Pública

La reforma de la Administración Pública es fundamental para mejorar la gobernanza a todos los niveles. Ello comprende la calidad y la rendición de cuentas de la Administración, la profesionalización de la función pública y la despolitización, la buena gestión de las finanzas públicas y la garantía de la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos y las empresas. Los avances a este respecto en los Balcanes Occidentales han sido moderados. Turquía ha experimentado un grave retroceso en el ámbito de la función pública, que también ha afectado a la planificación de políticas y la rendición de cuentas, a raíz de una importante reestructuración de la Administración Pública y del sistema de la función pública mediante decretos presidenciales.

Se han observado ciertos progresos en cuanto a la mejora de la planificación de políticas, pero se requieren nuevas medidas dirigidas a garantizar un control de calidad sólido por parte de los Gobiernos centrales. Aún es frecuente que las políticas, la legislación y las inversiones públicas se preparen sin llevar a cabo evaluaciones de impacto ni consultas interinstitucionales y públicas. Deben hacerse esfuerzos considerables para garantizar la transparencia y la eficacia de la contratación pública. A fin de reducir el despilfarro de recursos, el fraude y la corrupción, se requiere una pronta adaptación al acervo de la UE acompañada de un sistema eficaz de control interno público.

En la mayoría de los países queda pendiente garantizar la profesionalización de la función pública y abordar la excesiva politización. La estructura de la Administración Pública debe garantizar la existencia de líneas eficaces de rendición de cuentas. La mayoría de los países se ha esforzado en mejorar los servicios dirigidos a ciudadanos y empresas, en particular, los servicios electrónicos, pero se requiere una mayor coordinación entre las diversas iniciativas y la reforma global de la Administración Pública.

Ha de tenerse en cuenta el papel que desempeñan las autoridades regionales y locales en el proceso de adaptación al acervo de la UE y la futura aplicación de sus normas. Debe encontrarse un equilibrio adecuado entre los Gobiernos central, regional y local que contribuya de la mejor manera posible a la aplicación de las reformas y a la prestación de servicios a los ciudadanos.

e)    Migración    

La crisis de los refugiados y la migración irregular han sido retos clave tanto para la UE como para los Balcanes Occidentales y Turquía. La colaboración ha proseguido mediante una labor conjunta a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo oriental y los Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos siguen siendo motivo de preocupación. Es preciso que los países socios adopten nuevas medidas destinadas a garantizar la plena armonización con la política de visados de la UE.

La Declaración UE-Turquía 5 de marzo de 2016 ha seguido ofreciendo resultados concretos por lo que respecta a la reducción de los cruces irregulares y peligrosos y a las vidas salvadas en el mar Egeo. El número de llegadas irregulares es ahora un 97 % inferior a la cifra registrada en el período anterior a la aplicación de la Declaración, y el número de vidas perdidas en el mar ha disminuido sustancialmente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad turcos han intensificado sus esfuerzos durante el período de referencia.

Turquía ha mantenido sus extraordinarios esfuerzos para acoger a más de 3,6 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y a aproximadamente 370 000 refugiados procedentes de otros países. Por su parte, la UE ha seguido brindando su apoyo al país para hacer frente al problema. El Mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía 6 , con un presupuesto total de 6 000 millones EUR, continúa satisfaciendo las necesidades humanitarias y de desarrollo de los refugiados y las comunidades de acogida. El primer tramo, de 3 000 millones EUR, se ha adjudicado en su totalidad. Los resultados son claramente visibles y muy efectivos: aproximadamente 1,6 millones de refugiados están recibiendo transferencias mensuales en efectivo a través de la Red de Seguridad Social de Emergencia, se han ofrecido 5 millones de consultas de asistencia sanitaria primaria, y las familias de más de 494 000 niños que asisten a la escuela han recibido ayudas económicas. La ejecución del segundo tramo, de otros 3 000 millones EUR, está en curso. El Mecanismo sigue siendo un instrumento de coordinación emblemático que permite prestar la ayuda de la UE de forma rápida, eficiente y eficaz.

En los Balcanes Occidentales, la continuación de las medidas de respuesta coordinadas por la UE en apoyo de los esfuerzos nacionales se ha traducido, durante el período de referencia, en una reducción adicional del 35 % en las llegadas irregulares a través de esta ruta, un resultado con el que se mantiene la tendencia a la baja ya registrada en 2017. No obstante, aún queda trabajo por hacer a fin de dotar a los países de más recursos para gestionar la migración, especialmente por lo que respecta a una mejor gestión de las fronteras y la reducción de la migración irregular. Bosnia y Herzegovina tuvo que hacer frente a la llegada de más de 20 000 migrantes y refugiados en 2018. La UE sigue apoyando a la región, reforzando el desarrollo de las capacidades de los países socios para gestionar los flujos migratorios y estableciendo procedimientos de asilo, mecanismos de retorno y un intercambio de información. Se han concluido las negociaciones con cinco países de la región relativas a acuerdos sobre el estatuto, que autorizan el envío de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con competencias ejecutivas a las zonas limítrofes con la frontera exterior de la UE para apoyar a las autoridades nacionales de fronteras. El acuerdo con Albania ha entrado en vigor, y ya se ha enviado a los primeros guardias de fronteras. Es necesario que los países de los Balcanes Occidentales redoblen sus esfuerzos para afrontar la cuestión de las solicitudes de asilo infundadas presentadas por ciudadanos de la región en los Estados miembros de la UE.

f)    Economía

Las economías de los Balcanes Occidentales y Turquía todavía se enfrentan a importantes desafíos que no les permiten aprovechar plenamente su potencial económico. A pesar de una cierta aceleración del crecimiento, la creación de empleo y el aumento de la renta en los últimos años, los países aún van a la zaga en cuanto a la reforma de sus estructuras económicas y la mejora de la competitividad. Siguen enfrentándose a problemas como la elevada tasa de desempleo —especialmente en el caso de los jóvenes—, una acusada inadecuación de las cualificaciones, la persistencia de la economía informal, entornos empresariales desfavorables y un bajo nivel de innovación.

En Turquía, ha continuado el grave retroceso en la economía, lo que suscita una profunda preocupación acerca de la viabilidad de su economía de mercado. Las condiciones económicas empeoraron en 2018 debido al marcado deterioro de las condiciones de financiación, que puso de manifiesto las vulnerabilidades macroeconómicas gestadas durante años. La gobernanza económica se ha deteriorado aún más al haber una mayor injerencia del Estado en la economía. Turquía debe invertir la tendencia de retroceso en las reformas del mercado.

En el caso de los Balcanes Occidentales, el clima de inversión, que se ha mantenido en gran medida sin cambios, se caracteriza por la debilidad del Estado de Derecho, la falta de un control adecuado de las ayudas públicas, el arraigo de la economía sumergida, el escaso acceso a la financiación y un bajo nivel de integración y conectividad regionales. La influencia del Estado en la economía persiste, y ello dispara el riesgo de corrupción a causa de la pobre gestión de las finanzas públicas y los cambios frecuentes en el marco normativo y los impuestos. Es imperioso modernizar y mejorar la infraestructura, y las inversiones deben canalizarse a través de carteras de proyectos únicos y ser coherentes con las prioridades acordadas con la UE. Las decisiones sobre grandes inversiones han de basarse en la transparencia y en una estricta diligencia debida, como ocurre en el caso de los proyectos de conectividad financiados a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales.

La integración regional es clave para mejorar el nivel de vida en los Balcanes Occidentales. La creación de un Espacio Económico Regional (EER) redunda en una mayor competencia y favorece el desarrollo de economías de escala y el incremento de la productividad. Además de abrir el comercio intrarregional, la existencia de un mercado regional aumentaría el atractivo de los Balcanes Occidentales como destino de inversión. La integración del mercado sobre la base de las reglas y normas de la UE ayudará a crear oportunidades para el desarrollo de nuevas cadenas de valor y el aumento del atractivo de la región de cara a la inversión extranjera directa, en particular, la procedente de la UE. La mejora de la conectividad en los ámbitos del transporte y de la energía acelerará la integración de la región en las redes paneuropeas, al tiempo que reforzará la competitividad de los mercados de la energía y favorecerá el desarrollo de corredores económicos en toda la región. El Tratado de la Comunidad del Transporte, que ya ha sido ratificado por todas las partes, respaldará y reforzará la aplicación de la Agenda de Conectividad. La creación de un espacio digital y de unos mercados de trabajo más integrados también abre nuevas posibilidades para los jóvenes de la región. 

El nuevo Acuerdo Regional sobre Itinerancia, firmado en abril de 2019, aportará importantes beneficios a los ciudadanos y a las empresas de la región. Gracias a este acuerdo, las tarifas de itinerancia se irán reduciendo progresivamente a partir de julio de 2019 (el precio al por menor de la transferencia de datos y las llamadas disminuirá en un 25 %, y el de los SMS, en un 33 %) hasta desaparecer por completo en julio de 2021. Los usuarios móviles de la región podrán disfrutar plenamente de las ventajas de sus paquetes nacionales cuando estén en itinerancia en los Balcanes Occidentales, sin coste adicional alguno. El acuerdo también allana el camino para la elaboración de un plan de actuación con miras a la reducción de los costes de itinerancia entre los Balcanes Occidentales y la UE, tal y como se establece en la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales.

La UE sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial de los Balcanes Occidentales, tanto en el caso de las importaciones (73,5 %) como en el caso de las exportaciones (80,6 %). Las empresas de la UE, que proporcionan el 73 % de la inversión extranjera directa, son los mayores inversores de la región y, por tanto, el principal motor externo para el crecimiento y la creación de empleo. Es fundamental consolidar la resiliencia de la región a fin de garantizar que toda actividad económica financiada con fondos extranjeros se ciñe a los valores, las normas y los estándares de la UE, en particular, en ámbitos clave como el Estado de Derecho, la contratación pública, el medio ambiente, la energía, las infraestructuras y la competencia. La actividad empresarial e inversora de China en los Balcanes Occidentales, que ha ido en aumento, puede, en principio, brindar nuevas oportunidades a la región; sin embargo, este tipo de inversiones suelen descuidar la parte relativa a la sostenibilidad socioeconómica y financiera y pasar por alto las normas de la UE en materia de contratación pública, de modo que pueden acabar dando lugar a un alto nivel de endeudamiento y a la transferencia del control sobre activos y recursos estratégicos. En vista de ello, los países socios deben aplicar íntegramente los Acuerdos de Asociación y Estabilización con la UE, tanto en el fondo como en la forma, y dar prioridad a las reformas relativas a los capítulos de negociación pertinentes del proceso de adhesión. La UE ha de orientar estas reformas con mayor firmeza y tener presentes las cuestiones mencionadas en futuros marcos de negociación.

La UE contribuye a la mejora de la gobernanza económica en los Balcanes Occidentales y Turquía mediante el proceso anual del programa de reforma económica. Este proceso, que forma parte de la preparación para la adhesión a la UE, se ha convertido en el instrumento clave para formular y aplicar reformas macroeconómicas y estructurales destinadas a incrementar la competitividad e impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Contribuye a consolidar un crecimiento sostenible a largo plazo y la convergencia, facilita la formulación de políticas y favorece los progresos en pos del cumplimiento de los criterios económicos de adhesión. A fin de mejorar la aplicación de las reformas señaladas, es preciso trabajar en el refuerzo de la implicación. 

El desarrollo económico y el aumento de las oportunidades de empleo son fundamentales también para poner freno a los problemas demográficos de los Balcanes Occidentales, donde las elevadas tasas de emigración van acompañadas de bajas tasas de natalidad. Sin unas economías más fuertes y una gobernanza democrática en sentido amplio, estos fenómenos persistirán, con los consiguientes riesgos de desencanto generalizado, especialmente entre los jóvenes, y fuga de cerebros.

g)    Cooperación regional y relaciones de buena vecindad

La política de ampliación de la UE debe seguir exportando estabilidad. Por tanto, la UE no solo no puede importar conflictos bilaterales, con la inestabilidad que ello conlleva, sino que tampoco lo hará. Antes de que un país se adhiera, es preciso hallar soluciones definitivas y vinculantes que contribuyan a la estabilidad regional y aplicarlas. El acuerdo histórico celebrado entre Macedonia del Norte y Grecia, con el que se ha puesto fin a una disputa relacionada con la denominación del país que duraba ya veintisiete años, constituye un ejemplo de reconciliación dentro y fuera de la región. Sin embargo, se necesitan con urgencia más esfuerzos firmes y convincentes en todos los Balcanes Occidentales. Las relaciones entre Pristina y Belgrado han empeorado, sobre todo tras la última de una serie de provocaciones por ambas partes: la decisión de Kosovo de imponer aranceles del 100 % a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina, contraviniendo el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio. Kosovo debe revocar esta decisión urgentemente, y ambas partes deben abstenerse de adoptar nuevas medidas que puedan considerarse una provocación. Es urgente avanzar en lo referente al diálogo facilitado por la UE hacia la plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, cuyo resultado debe ser la celebración y aplicación de un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante.

Lasrelaciones de buena vecindad y la cooperación regional son elementos esenciales de los procesos de estabilización y asociación y de ampliación. Con la Cumbre de Sofía se renovó el compromiso de consolidar las relaciones de buena vecindad, la estabilidad regional y la cooperación mutua. Han proseguido los contactos periódicos entre Gobiernos, así como el diálogo técnico y la cooperación a nivel bilateral y regional. No obstante, se necesitan más esfuerzos, en particular en los ámbitos más delicados. Debe intensificarse la cooperación regional especialmente en lo relativo a los crímenes de guerra, en particular, mediante iniciativas de reconciliación, como la creación de una comisión regional de esclarecimiento de la verdad. También es necesario seguir trabajando en la cuestión de las personas desaparecidas, ámbito para el cual la adopción del plan de acción marco regional representa un importante paso adelante. Deben evitarse las declaraciones o actuaciones que repercutan negativamente en las relaciones de buena vecindad. En la UE no hay lugar para discursos incendiarios ni para el enaltecimiento de los criminales de guerra, sean del bando que sean.

Ha continuado la cooperación regional, un ámbito para el cual la Agenda de Conectividad de la UE ha desempeñado un papel importante, especialmente gracias a la adopción del Plan de Acción para el Espacio Económico Regional, el desarrollo de redes de transporte y energía, la Agenda Digital y la realización de proyectos de movilidad juvenil con el apoyo de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil. El programa Erasmus+ ha seguido promoviendo el diálogo intercultural en la educación superior y entre los jóvenes. El Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental y otras iniciativas regionales también han contribuido al fomento de la estabilización y la cooperación. Se han realizado ciertos progresos en la concreción sobre el terreno de proyectos de conectividad. No obstante, se necesitan esfuerzos adicionales considerables para cumplir las obligaciones pendientes de los acuerdos y compromisos regionales y hacer que se apliquen en la práctica, sin olvidar las medidas de reforma en materia de conectividad acordadas en 2015. Las prioridades en materia de conectividad y medio ambiente en la región requerirán especialmente fuertes sinergias con los Estados miembros vecinos, en particular, a través de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico. No debe haber ningún obstáculo para la participación plena e inclusiva de todos los socios de los Balcanes Occidentales en las iniciativas y los actos de cooperación regional. En general, la cooperación regional no puede imponerse desde el exterior, sino que debe ser impulsada de manera más activa por los países de la región, que ha de asumir plenamente los esfuerzos que contribuyen a la estabilidad, la reconciliación y el aumento de las oportunidades económicas.

Partiendo de la declaración firmada en la reunión ministerial de febrero de 2019 sobre la transición a la energía limpia, hay un margen considerable para que los Balcanes Occidentales pongan en marcha una «agenda ecológica» para la región que aborde las cuestiones medioambientales, desde la eliminación de residuos y la contaminación atmosférica hasta problemas más amplios como el cambio climático. Esto no solo tendría beneficios directos en la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sino que, además, aumentaría el atractivo de la región de cara a las inversiones y el turismo, y permitiría aprovechar el enorme potencial económico del crecimiento ecológico y la economía circular.

Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha en el marco de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas en relación con Chipre y seguir trabajando en una solución justa, global y viable, sin olvidar los aspectos externos. Será de capital importancia que Turquía mantenga su compromiso con las negociaciones dirigidas a alcanzar una solución justa, global y viable para la cuestión chipriota en el marco de las Naciones Unidas y que siga contribuyendo en términos concretos a dichas negociaciones. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar de manera íntegra el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre. La Comisión exhorta a Turquía a evitar todo tipo de amenaza, fuente de fricciones o actuación que perjudique las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de conflictos. La Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar los recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, sin olvidar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

h) Asistencia financiera de preadhesión en el próximo marco financiero plurianual

La propuesta de la Comisión relativa al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) 7 dentro del próximo marco financiero plurianual (2021-2027) prevé un sólido enfoque guiado por objetivos políticos, con un despliegue más estratégico y dinámico de la ayuda, que da preeminencia a los requisitos fundamentales para la adhesión en la estructura del instrumento. Al orientar de manera más específica la ayuda financiera de la UE hacia las prioridades clave, el IAP III ejercerá un efecto de palanca aún mayor en apoyo de las reformas y hará que los socios se acerquen más a los valores y estándares de la Unión. Se espera que el nuevo IAP III equilibre el rendimiento inherente, incentivando a los socios que progresen y, de una manera equilibrada, garantizando que todos los socios reciban un apoyo equitativo que les ayude en sus esfuerzos de reforma.

Este año se celebra el 10.º aniversario del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO). Esta fructífera plataforma de cooperación y coordinación, liderada por la Comisión, reúne a instituciones financieras internacionales y nacionales, así como a donantes bilaterales y a los beneficiarios. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel decisivo en la preparación y financiación de importantes proyectos de infraestructura en los Balcanes Occidentales vinculados a la conectividad, aunque también en relación con el medio ambiente y el sector social. La UE ha aportado 925 millones EUR de los fondos de preadhesión, que, hasta el momento, han logrado movilizar 5 400 millones EUR en créditos firmados y, según las estimaciones, más de 18 000 millones EUR en inversiones. En consonancia con la Estrategia de los Balcanes Occidentales, el MIBO se seguirá ampliando desde los puntos de vista estratégico y financiero.

III.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de adhesión a la UE sigue basándose en criterios ya fijados, condiciones equitativas y rigurosas, y el principio de méritos propios. La adhesión a la UE exige que se lleven a cabo complejas reformas en un contexto difícil, objetivo este que solo puede lograrse a largo plazo.

A partir del análisis anterior y de las evaluaciones expuestas en los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I

1.Una política de ampliación creíble es una inversión geoestratégica en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico en el conjunto de Europa. Es también parte fundamental de la estrategia más amplia destinada a fortalecer la Unión de aquí a 2025. La UE y aquellos de sus socios que aspiran a la adhesión tienen ante sí oportunidades comunes, pero también comparten desafíos como la migración, la delincuencia organizada y el terrorismo. Preparar a los países interesados para que satisfagan todos los requisitos de adhesión es todavía una de las prioridades políticas clave de la UE. 

2.Turquía sigue siendo un socio fundamental de la Unión Europa en varios ámbitos de interés común. La Estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales de febrero de 2018 supuso un nuevo impulso para la región y el refuerzo del compromiso por parte de la UE y sus Estados miembros. Sin embargo, no todos los países interesados están aprovechando de igual manera esta oportunidad histórica. Albania y Macedonia del Norte sí lo están haciendo y están llevando a cabo las reformas necesarias, especialmente en los ámbitos definidos unánimemente en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018. Montenegro y Serbia deben actuar con mayor determinación e intensificar sus esfuerzos en los ámbitos cruciales. Bosnia y Herzegovina se enfrenta a numerosos desafíos estructurales. El Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de este país ofrece un completo plan de actuación en materia de reformas que constituye un nuevo impulso para el país en su proceso de integración en la UE. Kosovo ha de volver a centrar sus políticas en seguir progresando en su trayectoria europea.

3.A fin de que el proceso avance, los candidatos a la adhesión tienen que asumir como prioridad la necesidad de acelerar el ritmo y obtener resultados reales y duraderos en relación con las cuestiones clave reflejadas en el principio de «primero lo fundamental»: Estado de Derecho, reforma del poder judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, seguridad, derechos fundamentales, funcionamiento de las instituciones democráticas, reforma de la Administración Pública, desarrollo económico y competitividad. Asimismo, es urgente que los Balcanes Occidentales avancen en lo referente a la reconciliación, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, siguiendo el ejemplo del acuerdo histórico celebrado entre Macedonia del Norte y Grecia.

4.Como se reafirmó el año pasado, la UE apoya desde hace tiempo la perspectiva de adhesión a la Unión del conjunto de la región de los Balcanes Occidentales. Ahora bien, tal y como se afirma en la Estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales, ninguno de los países cumple en la actualidad los criterios de adhesión. Llegar a ese punto exige años de intenso trabajo y resultados. Además, la propia Unión debe ser más fuerte y más sólida antes de poder ampliarse 8 . Con todo, sigue siendo fundamental que haya una perspectiva firme y creíble para todos los países a fin de impulsar esa transformación, fomentar la reconciliación, exportar estabilidad a la región y promover los valores, las normas y los estándares de la UE. La UE ha de respetar sus compromisos y ofrecer una respuesta clara y positiva ante los resultados objetivos ya logrados por los países en relación con las condiciones establecidas. Se trata de una inversión estratégica, no solo en el futuro de la región, sino, ante todo, en el propio interés político y económico de la UE.

5.La UE continúa siendo el principal motor externo del crecimiento y la creación de empleo en los Balcanes Occidentales. Es imprescindible, para el éxito de la región, que toda actividad económica extranjera se ajuste plenamente a los valores, las normas y los estándares de la UE, especialmente en ámbitos como el Estado de Derecho, la competencia, la contratación pública, el medio ambiente, la energía y las infraestructuras. La creciente actividad empresarial e inversora de China en los Balcanes Occidentales puede, en principio, brindar nuevas oportunidades; sin embargo, estas inversiones a menudo descuidan la parte relativa a la sostenibilidad socioeconómica y financiera. Esto pone de manifiesto cuán importante es que los países socios apliquen íntegramente, tanto en el fondo como en la forma, los Acuerdos de Estabilización y Asociación con la UE en los ámbitos antes mencionados y den prioridad a las reformas pertinentes en el marco del proceso de adhesión.

II

6.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos de interés común, desde la migración y la lucha contra el terrorismo hasta la energía, el transporte y el comercio. En las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de junio de 2018 se señaló unánimemente que, a la vista de las circunstancias imperantes, las negociaciones para la adhesión de Turquía habían llegado efectivamente a un punto muerto y no se podían examinar nuevos capítulos para su apertura o cierre. Los hechos que fundamentan esta valoración siguen siendo válidos. El compromiso reiterado del Gobierno turco con el objetivo de adhesión a la UE no ha ido acompañado de las medidas y reformas correspondientes, y siguen sin abordarse los aspectos que plantean serias preocupaciones a la UE ante la continua degradación del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el poder judicial.

Tras levantarse el estado de excepción en julio de 2018, Turquía introdujo muchos de los elementos más represivos de este régimen en la legislación en vigor. El nuevo sistema presidencial ha eliminado gran parte de los contrapoderes institucionales que había antes. El resultado ha sido una mayor politización de la Administración Pública y del poder judicial.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de junio de 2018 y las elecciones municipales de marzo de 2019 se caracterizaron por el alto índice de participación. A pesar de ser evidente que no se daban las condiciones necesarias para que los candidatos compitieran en pie de igualdad, los votantes tuvieron la posibilidad real de elegir. El partido en el poder disfrutó de una ventaja notable, en parte debido a la cobertura excesiva por parte de los medios de comunicación públicos y privados afiliados al Gobierno. Tras las elecciones municipales, el Consejo Electoral Supremo declaró que cuatro alcaldes y concejales que habían resultado electos en el sudeste de Turquía no eran aptos para asumir el cargo, a pesar de que sus candidaturas habían sido validadas antes de las elecciones. También anuló las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul y programó unas nuevas elecciones para el 23 de junio. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política. Estas decisiones van en contra de la esencia misma de un proceso electoral democrático: garantizar que prevalece la voluntad de los ciudadanos.

Se han observado graves retrocesos en los ámbitos de la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Es preciso que Turquía mejore la protección efectiva de los derechos fundamentales y que lleve a cabo una reforma integral y creíble del poder judicial que restablezca su independencia.

También la economía turca ha seguido experimentando un grave retroceso, y ello suscita una gran preocupación por la viabilidad de la economía de mercado del país. Frente a las fuertes presiones que pesan sobre la moneda nacional, las autoridades turcas adoptaron una serie de medidas políticas que han influido negativamente en el funcionamiento de los mercados. En cambio, se han tomado medidas positivas para mejorar el entorno empresarial, pero la preocupación ante la situación del Estado de Derecho no ha hecho más que disuadir a los inversores.

La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 sigue dando resultados, y ambas partes mantienen el compromiso de aplicarla. La tendencia a la baja de los cruces irregulares de Turquía a la UE desde la entrada en vigor de la Declaración se ha visto respaldada por la intensificación de los esfuerzos por parte de Turquía. Turquía ha mantenido sus excepcionales esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria y un apoyo ingentes a más de 3,6 millones de refugiados procedentes de Siria y aproximadamente 370 000 refugiados procedentes de otros países. Turquía y la UE han seguido desarrollando la fructífera cooperación creada en el marco del Mecanismo para los refugiados en Turquía. Para mayo de 2019, a partir de los 6 000 millones EUR movilizados por la UE, ya se habían puesto en marcha más de ochenta proyectos.

Turquía ha acogido con satisfacción los renovados esfuerzos de las Naciones Unidas para consultar a las partes interesadas acerca de la posible reanudación de las negociaciones con respecto a Chipre. Es importante preservar los progresos realizados hasta la fecha en el marco de las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas con el fin de hallar una solución para Chipre y proseguir los preparativos para una solución global, justa y viable, sin olvidar los aspectos externos. En este sentido, será fundamental que Turquía mantenga su compromiso con las negociaciones y siga contribuyendo a ellas.

Han aumentado las tensiones en la región relacionadas con las perspectivas de la exploración de hidrocarburos frente a las costas de Chipre debido a las medidas y declaraciones con las que Turquía cuestiona el derecho de la República de Chipre a explotar los recursos de hidrocarburos en su zona económica exclusiva. En mayo de 2019, las tensiones aumentaron nuevamente después de que Turquía enviara una plataforma de perforación escoltada por buques militares a la zona económica exclusiva de la República de Chipre. La Comisión recuerda la Declaración del Consejo Europeo de marzo de 2018 en la que se condenaban enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo. Asimismo, se recordaba la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las relaciones de buena vecindad, y se pedía al país que respetara los derechos soberanos de Chipre a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el Derecho internacional y de la UE. En marzo de 2019, la UE pidió a Turquía que no llevara a cabo ninguna actuación ilegal de este tipo, ante las cuales respondería adecuadamente y en plena solidaridad con Chipre.

Urge que Turquía cumpla su obligación de garantizar la aplicación íntegra y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y elimine todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido progresos en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

Ha proseguido la cooperación operativa en materia de migración con Grecia. No obstante, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental han socavado la estabilidad y la seguridad de la región. Se han producido violaciones reiteradas y crecientes de las aguas territoriales y los espacios aéreos de Grecia y Chipre por parte de Turquía. Han mejorado las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE, en particular, con Alemania, Austria y los Países Bajos.

7.Montenegro abrió dos nuevos capítulos de negociación en 2018, con los que ya suma un total de treinta y dos capítulos abiertos, si bien tres de ellos están provisionalmente cerrados. La prioridad global, y el próximo hito que se debe alcanzar, es el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales en materia de Estado de Derecho fijados en el marco de los capítulos 23 y 24. Tras más de cinco años de trabajo a este respecto, Montenegro ha avanzado significativamente en la reforma de su marco jurídico e institucional en este ámbito, y ya se aprecian los primeros resultados en la mayoría de los ámbitos. Una vez se cumplan los criterios de referencia provisionales, la UE, mediante la fijación de los criterios de referencia de cierre, tendrá la oportunidad de establecer claramente los requisitos en materia de Estado de Derecho que Montenegro deberá satisfacer para que se puedan cerrar los capítulos correspondientes. Ahora bien, Montenegro no podrá pasar a esa nueva etapa del proceso de adhesión hasta que no resuelva las carencias que aún presenta en los ámbitos críticos de la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos. Serán los avances relativos a los capítulos sobre el Estado de Derecho los que sigan marcando el ritmo general de las negociaciones de adhesión.

El panorama político de Montenegro todavía está polarizado, y la oposición ha continuado en gran medida su boicot parlamentario desde las pasadas elecciones de otoño de 2016. Las acusaciones de corrupción y de financiación ilegal de partidos políticos a principios de 2019 desencadenaron manifestaciones pacíficas por parte de los ciudadanos. Llevar el debate político de nuevo al Parlamento es responsabilidad de todos los partidos. Aún está pendiente que la comisión temporal multipartidista sobre nuevas reformas de la legislación electoral y de otro tipo dé resultados a través del diálogo entre los partidos. Se ha avanzado mucho en la planificación de políticas, la contratación basada en los méritos y la racionalización de la organización de la Administración del Estado, pero la despolitización de la función pública sigue constituyendo un reto particular, especialmente a nivel local. El país ha fortalecido su marco jurídico en materia de migración y asilo. La economía de Montenegro ha ido creciendo a un ritmo sólido, pero la deuda pública alcanzó un nuevo récord. El desarrollo del sector privado sigue estando limitado por las deficiencias en el entorno empresarial y en el poder judicial, así como por la gran prevalencia de la economía informal, lo que refleja la escasa capacidad de ejecución que tienen las instituciones estatales clave responsables de velar por el respeto del Estado de Derecho y la competencia en el mercado.

8.Durante el período de referencia, Serbia ha iniciado las negociaciones relativas a cuatro nuevos capítulos, con los que ya suma un total de dieciséis capítulos abiertos, si bien dos de ellos están provisionalmente cerrados. Los progresos en lo referente al Estado de Derecho y la normalización de las relaciones con Kosovo son esenciales y seguirán determinando el ritmo global de las negociaciones de adhesión. Si desea mantener el equilibrio general de sus negociaciones de adhesión a la UE, Serbia debe acelerar significativamente el ritmo de las reformas relacionadas con el Estado de Derecho, en particular, por lo que se refiere a la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación, el tratamiento nacional de los crímenes de guerra y la lucha contra la delincuencia organizada.

Serbia presenta un panorama político cada vez más polarizado y con menor cabida para las opiniones políticas divergentes. Urge crear un entorno más propicio para que se dé un auténtico debate entre los diferentes partidos que permita forjar un amplio consenso proeuropeo, que es vital para que el país progrese en su trayectoria europea. Varios partidos de la oposición empezaron a boicotear el Parlamento en marzo de 2019. Las prácticas parlamentarias de la coalición en el poder han provocado el deterioro del debate y el control legislativos y han minado la supervisión del poder ejecutivo por parte del Parlamento. En diciembre de 2018, en respuesta a la agresión sufrida por el dirigente de un partido de la oposición, empezaron a organizarse manifestaciones semanales contra el Gobierno en Belgrado. Si bien no se ha registrado ningún avance general en materia de libertad de expresión, se ha preparado una nueva estrategia para los medios de comunicación de forma transparente e integradora. Ahora, es preciso que la estrategia se adopte y aplique con carácter urgente, dados los graves problemas en este ámbito. Se han hecho algunos progresos en el ámbito de la prestación de servicios a los ciudadanos, pero se requieren más esfuerzos dirigidos a la profesionalización y la despolitización de la Administración Pública. La capacidad de Serbia para atraer y retener a personal cualificado en las Administraciones que se ocupan de las cuestiones de la UE es crucial. El proceso de reforma constitucional en curso, basado en el proyecto de octubre de 2018 propuesto por el Gobierno, tiene por objeto, en particular, reforzar las salvaguardias para la independencia judicial en consonancia con las normas europeas. Las reformas económicas han seguido dando resultados, sobre todo en cuanto a la estabilización macroeconómica. La presión sobre los precios se ha mantenido moderada, y los resultados del mercado de trabajo han mejorado. Sin embargo, las grandes reformas estructurales de la Administración Pública, la Administración tributaria y las empresas de propiedad estatal han avanzado lentamente. El sector privado aún padece deficiencias en el Estado de Derecho y en el respeto de una competencia leal. Serbia ha seguido contribuyendo significativamente a la gestión de los flujos migratorios mixtos hacia la UE.

En lo que respecta al diálogo con Pristina facilitado por la UE, en líneas generales, Serbia ha mantenido su compromiso, a pesar de la introducción de los aranceles por parte de Kosovo. Serbia debe esforzarse con más ahínco y contribuir, especialmente a través de sus relaciones internacionales, a la creación de un entorno propicio para la celebración de un acuerdo integral y jurídicamente vinculante con Kosovo. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Serbia y Kosovo puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE.

9.Macedonia del Norte ha dado grandes pasos hacia su objetivo estratégico de integración en la UE y la OTAN. El país ha demostrado su determinación de llevar adelante el programa de reformas de la UE y ha ido obteniendo resultados tangibles de forma continuada, en particular, respecto de las condiciones señaladas en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018 para la apertura de las negociaciones de adhesión. A lo largo del período de referencia, el Gobierno —y también gradualmente la oposición— ha dejado patente de manera sistemática su voluntad política de avanzar, y se ha observado un cambio de mentalidad positivo, a pesar de los desafíos políticos. La sostenibilidad de estas reformas estructurales es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso continuo. Los cambios legislativos pertinentes en estos ámbitos se han llevado a cabo principalmente de manera inclusiva y transparente, contando con la participación de la oposición, la sociedad civil y los socios internacionales. Ya se han logrado los primeros resultados concretos en cuanto al refuerzo de la independencia del poder judicial y la constitución de un historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción y delincuencia organizada, especialmente en casos de alto nivel. Deben continuar estos esfuerzos sin pausa y de manera transparente a fin de garantizar que el poder judicial funcione con profesionalidad e imparcialidad. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha dado pasos importantes para luchar contra la corrupción de forma proactiva, contando con la participación de funcionarios de alto nivel de todo el espectro político. Se han establecido salvaguardias en el ámbito de los servicios de inteligencia y seguridad, en cooperación con la OTAN y los socios estratégicos, a fin de prevenir que se repitan los graves problemas del pasado. Se han hecho esfuerzos para mejorar la profesionalización de la Administración Pública, y la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha tomado medidas en los casos de supuestos nombramientos politizados. En general, se ha restablecido el sistema de contrapoderes institucionales, lo que ha contribuido a consolidar la democracia y el Estado de Derecho en el país. Las elecciones presidenciales celebradas el 21 de abril y el 5 de mayo de 2019 se desarrollaron de forma tranquila, pacífica y transparente. El acuerdo histórico alcanzado con Grecia ha puesto fin a una antigua disputa y constituye un ejemplo de reconciliación para la región y el conjunto de Europa. La Comisión confía en que se siga aplicando el Tratado de Amistad con Bulgaria. Tras años de estancamiento, el crecimiento económico se ha reanudado con un 2,7 % en 2018, y el desempleo ha ido en descenso, aunque aún es elevado. El Gobierno ha adoptado reformas en materia de impuestos sobre la renta y pensiones y ha tomado nuevas medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y lograr una mayor transparencia. Sin embargo, la falta de personal cualificado, los desafíos estructurales en el entorno empresarial y el déficit de inversión en infraestructuras obstaculizan la competitividad y la integración de las empresas nacionales en las cadenas de valor mundiales.

En vista de los notables progresos realizados y del cumplimiento de las condiciones fijadas unánimemente por el Consejo en junio de 2018, la Comisión recomienda que el Consejo inicie las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte. A fin de respaldar el continuo impulso de reforma, la Comisión propone aplicar al país un enfoque reforzado para los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad.

10.Albania ha seguido progresando adecuadamente y ha demostrado que mantiene su determinación de llevar adelante el programa de reformas de la UE. El país ha ido obteniendo resultados tangibles de forma continuada, especialmente respecto de las condiciones fijadas en las Conclusiones del Consejo de junio de 2018 para el inicio de las negociaciones de adhesión, en medio de un clima político constantemente polarizado. Los partidos de la oposición, la mayoría de los cuales renunció a su mandato parlamentario en febrero de 2019, deben reanudar de forma constructiva las relaciones con las instituciones democráticas y comprometerse con un amplio consenso europeo. Se ha proseguido la reforma del poder judicial de forma constante, lo que ha dado lugar a un buen avance general y a que se sienten las bases para reforzar sustancialmente el sector y consolidar la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad y la rendición de cuentas. Se han logrado resultados concretos en el proceso de reevaluación de todos los jueces y fiscales (investigación de expedientes). También ha continuado la reestructuración institucional del poder judicial. Se han creado nuevos organismos para el autogobierno independiente del poder judicial que han dado lugar a la posterior formación de instituciones judiciales y de investigación especializadas para la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Se ha seguido luchando con determinación contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluida la lucha contra el cultivo y el tráfico de drogas, lo que ha contribuido a lograr una trayectoria sólida de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas. En los últimos años, Albania ha demostrado su firme compromiso de luchar contra la producción y el tráfico de cannabis. La cooperación policial internacional, especialmente con los Estados miembros de la UE, también se ha intensificado, y gracias a ello se han llevado a cabo con éxito varias operaciones policiales a gran escala y han tenido lugar detenciones y enjuiciamientos de dirigentes de redes delictivas organizadas. Lograr una trayectoria sólida de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas en la lucha contra la corrupción a todos los niveles, así como en la lucha contra la delincuencia organizada, sigue siendo un reto a largo plazo que exige de Albania nuevos esfuerzos intensos y constantes, y, en particular, su cooperación operativa con los Estados miembros de la UE.

Además, ha proseguido la reforma de la Administración Pública, con los objetivos generales de incrementar la profesionalidad y la transparencia en los procedimientos de selección de la función pública, así como de reforzar la formulación de políticas mediante la consolidación de las estructuras de coordinación sectorial y el establecimiento del marco normativo para las evaluaciones de impacto. Se ha seguido adelante con la adopción de medidas destinadas a reforzar la protección efectiva de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías y de los gitanos, y las políticas contra la discriminación. El crecimiento económico ha ido en aumento, del 3,8 % en 2017 al 4,2 % en 2018, y tanto el desempleo como el déficit presupuestario han disminuido, aunque todavía son elevados. La falta de conocimientos productivos, el bajo nivel educativo y las transferencias de tecnología dificultan su competitividad e integración en las cadenas de valor internacionales.

En vista de los notables progresos realizados y del cumplimiento de las condiciones fijadas unánimemente por el Consejo en junio de 2018, la Comisión recomienda que el Consejo inicie las negociaciones de adhesión con Albania. A fin de respaldar el continuo impulso de reforma, la Comisión propone aplicar al país un enfoque reforzado para los capítulos de negociación sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad. Albania debe seguir trabajando en forjar una trayectoria sólida en la lucha contra la corrupción a todos los niveles y la lucha contra la delincuencia organizada. Asimismo, a fin de mantener y consolidar los progresos realizados por el país, se requiere un consenso nacional más fuerte en relación con la prioridad absoluta de la integración en la UE que permita superar la actual polarización y muestre que hay una voluntad política que prevalece sobre las diferencias entre partidos.

11.En Kosovo, la situación política general se ha revelado difícil. Los progresos realizados respecto de determinadas reformas clave relacionadas con la UE se han visto eclipsados por la decisión del Gobierno de imponer un arancel del 100 % a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina, contrariamente al ACELC y al espíritu del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Kosovo debe retirar esta medida urgentemente y centrar su atención en adelantar la aplicación del AEA, para lo que se requiere un sólido consenso entre los partidos. Además, Kosovo ha de aplicar de manera efectiva la legislación recientemente adoptada en los ámbitos del Estado de Derecho y la Administración Pública, así como llevar a término la aplicación del Programa Europeo de Reforma. Se requieren una actuación más firme para evitar injerencias políticas en la selección de altos funcionarios y una mayor coordinación de los esfuerzos para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. El nombramiento de personas condenadas por crímenes de guerra o por corrupción o delincuencia organizada para ocupar puestos oficiales va en contra de los valores europeos. Se debe luchar con determinación contra los altos niveles de corrupción y delincuencia organizada, especialmente en el norte de Kosovo. Ha habido ciertos progresos en lo referente a la economía, que ha experimentado un crecimiento continuado y algunas mejoras en el entorno empresarial. No obstante, deben adoptarse medidas para aumentar los niveles de actividad y de empleo, garantizar que el presupuesto se ajuste a las normas presupuestarias vigentes y hacer frente a la economía informal.

En julio de 2018, la Comisión confirmó que Kosovo había cumplido todos criterios aprobados por el Consejo para la liberalización del régimen de visados. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo apoyó, en primera lectura, la propuesta de la Comisión de liberalizar el régimen de visados. Ahora, la propuesta está pendiente de adopción en el Consejo y debe tratarse con carácter urgente. Kosovo ha de seguir esforzándose en respetar todos los criterios, especialmente en los ámbitos del Estado de Derecho y la migración.

En general, Kosovo ha mantenido su compromiso en relación con el diálogo con Belgrado facilitado por la UE. Kosovo debe esforzarse con más ahínco y contribuir a la creación de un entorno propicio para la celebración de un acuerdo integral y jurídicamente vinculante con Serbia. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE. El Gobierno de Kosovo ha de retirar los aranceles a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina.

IV. ANEXOS

1.Conclusión y recomendación del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina

2.Resúmenes de las conclusiones de los informes

3.Aplicación de la Estrategia de los Balcanes Occidentales y del Programa de Prioridades de Sofía: Refuerzo del compromiso de la UE

4.Anexo estadístico

ANEXO 1: Conclusión y recomendación del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina aún no ha alcanzado un grado suficiente de cumplimiento de los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 en relación con la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías. En este sentido, el país debe hacer un esfuerzo considerable para cumplir de modo suficiente dichos criterios mediante el refuerzo de sus instituciones con el objetivo de garantizar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías. Bosnia y Herzegovina ha de adaptar su marco constitucional a las normas europeas y asegurarse de que sus instituciones funcionan debidamente y pueden asumir las obligaciones derivadas de la UE. Si bien una estructura estatal descentralizada es compatible con la pertenencia a la UE, Bosnia y Herzegovina tendrá que reformar sus instituciones a fin de poder participar de manera efectiva en la toma de decisiones en la UE y ser capaz de aplicar y hacer cumplir íntegramente el acervo.

Bosnia y Herzegovina debe mejorar su marco electoral y el funcionamiento del poder judicial. Asimismo, ha de reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular, el blanqueo de capitales y el terrorismo, y garantizar el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión de fronteras, migración y asilo. El país tiene que intensificar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en particular, velando por que haya un entorno favorable para la sociedad civil y la reconciliación, así como la protección e inclusión de los grupos vulnerables. También debe tomar medidas esenciales para la reforma de la Administración Pública.

En lo referente a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha alcanzado un cierto grado de estabilidad macroeconómica. No obstante, para pasar a convertirse en una economía de mercado viable, que es un criterio establecido por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, Bosnia y Herzegovina ha de esforzarse especialmente en acelerar sus procedimientos de toma de decisiones y mejorar tanto el entorno empresarial como la eficiencia y la transparencia del sector público y, en particular, de las empresas públicas. El país debe hacer frente a los obstáculos que impiden el correcto funcionamiento de los mecanismos de mercado, como un Estado de Derecho débil, la considerable carga burocrática, la corrupción, unos procedimientos administrativos largos y excesivamente complejos, y la gran fragmentación del mercado interior del país. Para ser capaz a medio plazo de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión, Bosnia y Herzegovina debe prestar especial atención a la baja calidad de la educación y su falta de adecuación con respecto a las necesidades del mercado laboral, los problemas relativos a la calidad del capital físico (por ejemplo, el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de transporte y energía) y la lenta adaptación de la estructura económica del país.

Es preciso que Bosnia y Herzegovina mejore su trayectoria en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Estabilización y Asociación, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de la dimensión parlamentaria del Acuerdo y la aprobación de un plan nacional para la adopción del acervo de la UE. 

En general, Bosnia y Herzegovina aún tiene camino que recorrer en lo que respecta a su nivel de preparación para asumir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE, de modo que debe acelerar significativamente el proceso de armonización con el acervo de la UE y, además, aplicar y velar por que se cumpla la legislación correspondiente. Ha de prestar especial atención a los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la agricultura y el desarrollo rural, la pesca, la política de transporte, la energía, la política económica y monetaria, las estadísticas, la política social y el empleo, la política empresarial e industrial, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, la educación y la cultura, la protección de los consumidores y la salud, y el control financiero.

La adhesión de Bosnia y Herzegovina tendría, en general, una escasa repercusión en las políticas de la Unión Europea y no afectaría a la capacidad de la Unión para mantener e intensificar su propio desarrollo. Al mismo tiempo, las cuestiones de funcionalidad detectadas en Bosnia y Herzegovina, especialmente las relacionadas con el proceso interno de toma de decisiones, así como la incertidumbre y los solapamientos entre los distintos niveles de gobierno del país con respecto a una serie de competencias, podrían afectar negativamente al proceso de toma de decisiones a nivel de la UE, en particular, cuando se trate de cuestiones que requieran la unanimidad de los Estados miembros de la UE. Por tanto, Bosnia y Herzegovina debe iniciar un proceso para resolver esas cuestiones de funcionalidad y así cumplir los requisitos de la UE en materia de adhesión y poder asumir las obligaciones conexas.

La Comisión considera que las negociaciones con Bosnia y Herzegovina para su adhesión a la Unión Europea no deben iniciarse hasta que el país no haya alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión y, en particular, de los criterios políticos de Copenhague, que exigen la estabilidad de las instituciones que garantizan especialmente la democracia y el Estado de Derecho. Bosnia y Herzegovina tendrá que mejorar fundamentalmente su marco legislativo e institucional a fin de garantizar que cumple las siguientes prioridades clave:

Democracia / Funcionalidad

1.Garantizar que las elecciones se llevan a cabo en consonancia con las normas europeas aplicando las recomendaciones pertinentes de la Comisión de Venecia y de la OSCE/OIDDH, velando por la transparencia de la financiación de los partidos políticos y celebrando elecciones municipales en Mostar.

2.Garantizar el funcionamiento a todos los niveles del mecanismo de coordinación sobre asuntos de la UE, en particular, mediante el desarrollo y la adopción de un programa nacional para la adopción del acervo de la UE.

3.Garantizar el buen funcionamiento de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación.

4.Mejorar sustancialmente el marco institucional, en particular, en el plano constitucional, a fin de:

a)garantizar la seguridad jurídica en relación con el reparto de competencias en los diferentes niveles de gobierno;

b)introducir una cláusula de sustitución que permita al Estado, en el momento de la adhesión, ejercer temporalmente las competencias de otros niveles de gobierno con miras a prevenir y subsanar infracciones del Derecho de la UE;

c)garantizar la independencia del poder judicial, incluida su institución de autogobierno, el Alto Consejo Judicial y Fiscal;

d)reformar el Tribunal Constitucional, sin olvidar la cuestión de los jueces internacionales, y velar por la ejecución de sus decisiones;

e)garantizar la seguridad jurídica, en particular, mediante la creación de un órgano judicial encargado de velar por la interpretación coherente del Derecho en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina;

f)garantizar la igualdad y la no discriminación de los ciudadanos, especialmente mediante el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del TEDH en el asunto Sejdić-Finci;

g)velar por que todos los órganos administrativos encargados de aplicar el acervo se basen únicamente en la profesionalidad y suprimir los derechos de veto en su toma de decisiones, de conformidad con el acervo.

5.Tomar medidas concretas destinadas a promover un entorno propicio para la reconciliación y, de este modo, superar la herencia del pasado bélico.

Estado de Derecho

6.Mejorar el funcionamiento del poder judicial a través de la adopción de nuevos instrumentos legislativos sobre el Alto Consejo Judicial y Fiscal y los órganos jurisdiccionales de Bosnia y Herzegovina, en sintonía con las normas europeas.

7.Reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular, el blanqueo de capitales y el terrorismo, especialmente mediante lo siguiente:

a)adoptar y aplicar legislación en materia de conflicto de intereses y protección de denunciantes de irregularidades;

b)velar por el funcionamiento y la coordinación eficaces de los organismos anticorrupción;

c)armonizar la legislación y reforzar las capacidades en materia de contratación pública;

d)garantizar una cooperación eficaz entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y con las fiscalías;

e)mostrar progresos en lo referente a asentar una base de investigaciones proactivas, autos de acusación confirmados, enjuiciamientos y condenas firmes contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluido al nivel más alto;

f)despolitizar y reestructurar las empresas públicas, y garantizar la transparencia de los procesos de privatización.

8.Garantizar una coordinación efectiva, a todos los niveles, de la capacidad de gestión de fronteras y de gestión de la migración, así como velar por que funcione el sistema de asilo.

Derechos fundamentales

9.Consolidar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente garantizando la aplicación de la legislación en materia de no discriminación y de igualdad de género.

10.Garantizar el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, especialmente mediante a) la abolición de la referencia a la pena de muerte en la Constitución de la Republika Srpska y b) el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura y los malos tratos.

11.Asegurar la existencia de un entorno propicio para la sociedad civil, especialmente mediante el respeto de las normas europeas sobre la libertad de asociación y la libertad de reunión.

12.Garantizar la libertad de expresión y de los medios de comunicación, así como la protección de los periodistas, especialmente a) asegurando que se dé un seguimiento judicial adecuado a los casos de amenazas y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y b) garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de radiodifusión.

13.Mejorar la protección y la inclusión de los grupos vulnerables, en particular, las personas con discapacidad, los menores, las personas LGBTI, los miembros de la comunidad gitana, los detenidos, los migrantes y los solicitantes de asilo, así como las personas desplazadas y los refugiados, en consonancia con el objetivo de cierre del anexo VII del Acuerdo de paz de Dayton.

Reforma de la Administración Pública

14.Completar los pasos esenciales de la reforma de la Administración Pública para mejorar su funcionamiento global garantizando una función pública profesional y despolitizada y un enfoque coordinado a escala nacional para la formulación de políticas.

La Comisión anima a Bosnia y Herzegovina, en todos los niveles de gobierno, a acordar y poner en marcha medidas de reforma socioeconómica, en sintonía con las directrices políticas del PRE.

Asimismo, la Comisión anima a Bosnia y Herzegovina a seguir participando en la cooperación regional y a reforzar las relaciones bilaterales con los países vecinos, en particular, celebrando acuerdos fronterizos y esforzándose en lograr una reconciliación duradera en los Balcanes Occidentales.

La Comisión recomienda al Consejo que debata el presente Dictamen y el seguimiento de las prioridades clave mencionadas tras la formación de los Gobiernos en Bosnia y Herzegovina.

La Comisión supervisará los avances de Bosnia y Herzegovina en el marco institucional del Acuerdo de Estabilización y Asociación y seguirá apoyando financieramente al país a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión.

La Comisión presentará un informe sobre Bosnia y Herzegovina, como parte del paquete de ampliación de 2020, en el que se analizará la realización de las prioridades clave antes expuestas de cara a los próximos pasos que deberá dar el país para avanzar en su senda hacia la adhesión a la UE.

ANEXO 2: Resúmenes de las conclusiones de los informes

Turquía

El estado de excepción, declarado el 15 de julio de 2016 tras el intento de golpe de Estado, finalizó el 18 de julio de 2018, cuando expiró su última prórroga, pero de inmediato le siguió la adopción por el Parlamento turco de una ley que mantenía durante tres años más muchos de los elementos de la normativa de excepción. Esta ley limita determinadas libertades fundamentales y permite, en particular, destituir a funcionarios públicos (incluidos jueces), prolongar las detenciones y restringir la libertad de circulación y la libertad de reunión; además, amplía las competencias de los gobernadores provinciales designados por el Gobierno.

La UE, que condenó de forma inmediata y firme el intento de golpe de Estado, reiteró su pleno apoyo a las instituciones democráticas del país y reconoció la necesidad legítima de Turquía de adoptar medidas rápidas y proporcionadas ante una amenaza de tal gravedad. No obstante, el amplio alcance y la naturaleza colectiva de las medidas adoptadas desde el intento de golpe de Estado en el marco del estado de excepción, tales como destituciones, detenciones y arrestos generalizados, siguen siendo motivo de serias preocupaciones.

Durante el estado de excepción, se dictaron 36 decretos que restringían algunos derechos civiles y políticos, así como los derechos de defensa, ampliaban las competencias de la policía y las de los fiscales para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos, y preveían la destitución de más de 152 000 funcionarios, incluidos profesores universitarios y de otros niveles educativos y cargos públicos.

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que no es competente para revisar la legalidad de los decretos dictados en virtud de las competencias legislativas atribuidas durante el estado de excepción; el Parlamento ha revisado 32 de ellos. En mayo de 2017, las autoridades turcas crearon una Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción a la que se encomendó el examen individual de todas las denuncias.

En mayo de 2019, se habían presentado 126 600 solicitudes. De estas, la Comisión de investigación ha revisado 70 406, y solo 5 250 han dado lugar a la reincorporación, mientras que 65 156 denuncias han sido desestimadas. 55 714 solicitudes están pendientes de resolución. El ritmo de tramitación de las solicitudes plantea dudas en cuanto a si cada caso se está examinando de forma individual. Dado que no se celebran audiencias, los solicitantes carecen en general de garantías procesales, y las decisiones se toman sobre la base de los expedientes escritos relacionados con la destitución original, todo lo cual pone en tela de juicio el grado en que la Comisión de investigación constituye un medio de tutela judicial efectiva.

Con la conclusión del estado de excepción, Turquía ha puesto fin a las excepciones al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, el procedimiento de control completo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reabrió en abril de 2017 sigue su curso.

Al margen de la Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción, la capacidad de Turquía para garantizar internamente una tutela judicial efectiva como la entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha visto nuevamente socavada. Varias sentencias judiciales favorables a demandados insignes, incluidos destacados defensores de los derechos humanos, fueron revocadas rápidamente por otro órgano jurisdiccional o incluso por el mismo, en algunos casos a raíz de los comentarios del poder ejecutivo.

Muchos defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil, medios de comunicación, profesores universitarios, políticos, médicos, abogados, jueces y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) siguen detenidos, a veces sin una acusación, y se enfrentan a campañas de difamación por parte de los medios de comunicación y los políticos de alto nivel. El margen de maniobra de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales es cada vez menor, como pone especialmente de relieve la introducción de nuevos obstáculos administrativos. En el caso de las organizaciones de defensa de los derechos clausuradas durante el estado de excepción, no se les ha ofrecido ninguna vía de reparación en relación con los decomisos. Desde octubre de 2018, tras la modificación del Reglamento interno del Parlamento, las organizaciones de la sociedad civil quedan excluidas del proceso de consulta legislativa en las comisiones parlamentarias. No existen mecanismos inclusivos para consultar a la sociedad de la manera más amplia posible.

Turquía aún no ha abordado las principales recomendaciones del Consejo de Europa y sus organismos. Las acusaciones de irregularidades deben esclarecerse mediante procedimientos transparentes e individualmente. La responsabilidad penal individual solo puede determinarse dentro del pleno respeto de la separación de poderes, la plena independencia del poder judicial y el derecho de toda persona a un juicio justo.

El nuevo sistema presidencial ha centralizado el poder en manos del ejecutivo y ha reducido considerablemente las funciones legislativas y de supervisión del Parlamento. Desde julio de 2018, el Parlamento ha adoptado 17 instrumentos legislativos, entre los que se incluyen unas controvertidas modificaciones de su Reglamento interno. Los ministros ya no comparecen ante los diputados, que solo pueden formular preguntas escritas.

La creciente polarización política, especialmente en el período previo a las elecciones municipales de marzo de 2019, sigue impidiendo un diálogo parlamentario constructivo. Continúa la marginación de la oposición, en particular, del Partido Democrático Popular (HDP), y muchos de sus diputados están detenidos. Tampoco se han abordado las deficiencias del sistema de inmunidad parlamentaria heredadas del pasado.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de junio de 2018 y las elecciones municipales de marzo de 2019 se caracterizaron por el alto índice de participación. Los votantes han tenido la opción real de elegir a un candidato, a pesar de no darse las condiciones para que los candidatos compitieran en igualdad de condiciones. El partido en el poder ha gozado de una ventaja notable que se ha visto reflejada en la excesiva cobertura por parte de los medios de comunicación públicos y privados afiliados al Gobierno. Tras las elecciones municipales, el Consejo Electoral Supremo declaró que cuatro alcaldes y concejales que habían resultado electos en el sudeste de Turquía no eran aptos para asumir el cargo, a pesar de que sus candidaturas habían sido validadas antes de las elecciones. También anuló las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul y programó unas nuevas elecciones para el 23 de junio. Las decisiones del Consejo Electoral Supremo de volver a organizar las elecciones en Estambul y entregar la alcaldía de determinados ayuntamientos de la zona sudoriental a candidatos que habían acabado en segundo lugar generan gran preocupación en cuanto a la legalidad y la integridad de los procesos electorales y el grado en que la institución es independiente de la presión política. Van en contra del objetivo fundamental de un proceso electoral democrático: garantizar que prevalezca la voluntad de los ciudadanos. Los partidos de la oposición criticaron duramente la decisión de anular y volver a convocar las elecciones a la alcaldía metropolitana en Estambul.

La plena entrada en vigor del sistema presidencial ha remodelado la Administración estatal y ejecutiva. El sistema presidencial, y, en particular, la abolición del cargo de primer ministro y de otros cargos como los subsecretarios de los Ministerios, ha provocado una mayor politización de la Administración Pública. El presidente tiene ahora el poder de nombrar a los directores de la gran mayoría de las autoridades públicas reguladoras.

Antes de las elecciones municipales de marzo de 2019, las continuas detenciones y destituciones de políticos locales, el nombramiento de administradores y el carácter arbitrario de estos nombramientos habían privado a los votantes de su representación política a nivel local y puesto en grave riesgo la democracia local.

El Gobierno ha reformado el marco jurídico que rige las relaciones entre civiles y militares y aumentado de forma significativa las competencias del ejecutivo sobre el Ejército, con lo que se ha reforzado la supervisión civil. Como parte de la reforma constitucional, se han suprimido de manera efectiva los altos tribunales militares, pero la rendición de cuentas ante el Parlamento por parte del Ejército y los servicios de inteligencia sigue siendo insuficiente, y el personal de seguridad aún goza de una amplia protección jurídica. La comisión parlamentaria de supervisión del cumplimiento de la ley sigue siendo ineficaz. Aún no se ha mejorado el marco jurídico para la supervisión del gasto militar.

La situación en el sudeste sigue siendo difícil, a pesar de la mejora de la seguridad en sentido general. El Gobierno ha proseguido las operaciones de seguridad ante los actos violentos recurrentes por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que todavía figura en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas. Si bien es una potestad legítima del Gobierno luchar contra el terrorismo, también es su responsabilidad garantizar que se haga respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. Si bien ha habido cierta reconstrucción, solo unos pocos desplazados internos han recibido indemnizaciones. No ha habido ningún progreso visible en cuanto a la reanudación de un proceso político creíble para alcanzar una solución pacífica y duradera.

Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de la reforma de la Administración Pública, y se han producido graves retrocesos en la gestión de la función pública y los recursos humanos que también han afectado a la evolución de las políticas y la rendición de cuentas. Los cambios en el sistema de la función pública no han hecho más que aumentar la politización de la Administración. Los nombramientos basados en el mérito y la competitividad para altos cargos de dirección siguen siendo la excepción. Las graves deficiencias procesales ponen en tela de juicio la efectividad de la Comisión de investigación sobre las medidas adoptadas durante el estado de excepción como vía de reparación para los funcionarios públicos destituidos.

El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial de preparación. El grave retroceso ha ido a más, y las recomendaciones de los informes anteriores no se han aceptado ni se han aplicado. La presión política sobre jueces y fiscales y el traslado de un gran número de ellos en contra de su voluntad continúan, todo lo cual sigue afectando de forma negativa a la independencia y a la calidad y la eficiencia generales del poder judicial. Los nombramientos a gran escala de nuevos jueces y fiscales en el marco del sistema actual generan preocupación, ya que no se han adoptado medidas para hacer frente a la falta de criterios objetivos, basados en los méritos, uniformes y preestablecidos para la selección y los ascensos. La Academia de Justicia de Turquía, cerrada durante el estado de excepción, ha sido reabierta por decreto presidencial. La destitución de jueces y fiscales y su traslado forzoso aún producen un notable efecto intimidatorio que puede acabar dando lugar a una autocensura generalizada. No se han adoptado medidas para restablecer las garantías jurídicas destinadas a asegurar la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo o a consolidar la independencia del Consejo de Jueces y Fiscales (CJF). En agosto de 2018 se anunció una estrategia de reforma judicial para el período 2019-2023, pero aún no ha sido adoptada. Turquía consultó al Consejo de Europa y a la Comisión acerca del proyecto de estrategia.

El país se encuentra en una fase inicial por lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Se ha producido un retroceso, ya que los organismos de carácter preventivo desmantelados no han sido sustituidos por un organismo independiente, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la que Turquía es parte. Tanto el marco jurídico como el marco institucional siguen permitiendo una influencia indebida por parte del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de mayor repercusión. Las modificaciones legislativas previstas en anteriores estrategias de lucha contra la corrupción no se han aplicado. La legislación sobre contratación pública aún es incompatible con el acervo de la UE, y el alcance de las excepciones a las normas de la UE se ha ampliado. La ausencia de una estrategia y un plan de acción sólidos para la lucha contra la corrupción refleja la falta de voluntad política para combatir con decisión este fenómeno. No existe ningún organismo permanente y funcionalmente independiente de lucha contra la corrupción, ni ningún servicio especializado de la Fiscalía que dirija las investigaciones en este ámbito, y solo hay unos pocos órganos jurisdiccionales especializados. En general, la corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación.

Turquía tiene cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, pero los progresos son, en general, mínimos. El país necesita mejorar su legislación en materia de ciberdelincuencia, decomiso de activos y protección de testigos. La protección de datos en Turquía sigue sin estar en consonancia con las normas europeas y deberá revisarse para garantizar la aplicación del acuerdo operativo con Europol que está actualmente en fase de negociación. Turquía debe elaborar y aplicar un marco jurídico más completo y coherente para el decomiso de los productos del delito y mejorar su capacidad para gestionar los activos inmovilizados.

Turquía ha avanzado de forma notable en el ámbito de la política de migración y asilo y ha mantenido su compromiso con la aplicación efectiva de la Declaración UE-Turquía de marzo de 2016. La tendencia a la baja de los cruces irregulares de Turquía a las islas del mar Egeo desde la entrada en vigor de la Declaración ha estado respaldada por una labor más intensa de las fuerzas y los cuerpos de seguridad turcos. Turquía, que ahora acoge la mayor comunidad de refugiados del mundo, ha mantenido sus destacados esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria y un apoyo descomunales y sin precedentes a más de 3,6 millones de refugiados registrados procedentes de Siria y a aproximadamente 370 000 refugiados registrados procedentes de otros países. El país ha constituido siete grupos de trabajo para llevar a cabo la labor técnica relacionada con los criterios de referencia pendientes del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados. No obstante, no se ha registrado ningún progreso en cuanto a la armonización de la política de visados turca con la política común de visados de la UE.

Persiste el grave retroceso en materia de derechos humanos y fundamentales. Aunque el marco jurídico incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales, todavía no se ha puesto en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ni con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También se ha experimentado un grave retroceso en los ámbitos de la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, así como en materia de derechos procesales y de propiedad. No se ha modificado la legislación introducida inmediatamente después del levantamiento del estado de excepción, que eliminó salvaguardias fundamentales para proteger de los abusos a los activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los profesores universitarios y otras personas. El respeto de los derechos se ve obstaculizado por la fragmentación y la limitada independencia de las instituciones públicas responsables de la protección de esos derechos y libertades, así como por la ausencia de un poder judicial independiente. Los derechos sindicales siguen sometidos a fuertes presiones. No se han tomado medidas para investigar, enjuiciar o castigar a las personas implicadas en casos graves de violación de los derechos humanos durante el estado de excepción. El hecho de que el Gobierno usara el estado de excepción para dejar menos cabida a las opiniones divergentes o alternativas hizo que se extendiera un clima de intimidación en toda la sociedad. En diciembre de 2018, el número total de personas encarceladas sin acusación o un juicio pendiente era de 57 000, más del 20 % de la población reclusa. El hacinamiento es un problema, y las condiciones se están deteriorando. Las severas restricciones a la libertad de expresión han continuado, y la tendencia a perseguir a escritores, usuarios de redes sociales y otros miembros de la población, incluso a niños, por insultos al presidente ha aumentado de forma espectacular. La falta de transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación sigue suscitando dudas sobre la independencia de los editoriales. Los gitanos 9 , que siguen teniendo unas condiciones de vivienda deplorables, a menudo carecen de los servicios públicos básicos y dependen de las prestaciones sociales. Los proyectos de renovación urbana afectan principalmente a sus asentamientos, lo que obliga al desplazamiento de familias enteras. Es preciso mejorar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables y de las personas pertenecientes a minorías. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, los delitos de odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI todavía son fuente de gran preocupación.

Turquía ha acogido con satisfacción los renovados esfuerzos de las Naciones Unidas para consultar a las partes interesadas acerca de la posible reanudación de las negociaciones con respecto a Chipre. Las medidas y declaraciones con las que Turquía cuestiona el derecho de la República de Chipre a explotar los recursos de hidrocarburos en su zona económica exclusiva han provocado el aumento de las tensiones en la región relacionadas con las perspectivas de la exploración de hidrocarburos frente a las costas de Chipre. En mayo de 2019, las tensiones aumentaron nuevamente después de que Turquía enviara una plataforma de perforación escoltada por buques militares a la zona económica exclusiva de la República de Chipre. La Comisión recuerda la Declaración del Consejo Europeo de marzo de 2018 en la que se condenaban enérgicamente las continuas acciones ilegales de Turquía en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo. Asimismo, se recordaba la obligación de Turquía de respetar el Derecho internacional y las relaciones de buena vecindad, y se pedía al país que respetara los derechos soberanos de Chipre a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el Derecho internacional y de la UE. En marzo de 2019, la UE pidió a Turquía que no llevara a cabo ninguna actuación ilegal de este tipo, ante las cuales respondería adecuadamente y en plena solidaridad con Chipre.

La UE ha insistido en repetidas ocasiones en los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, que incluyen el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar sus recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía ni ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido progresos en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre.

La cooperación operativa con Grecia en materia de migración ha seguido avanzando. Sin embargo, las tensiones en el mar Egeo y en el Mediterráneo oriental no han favorecido unas buenas relaciones de vecindad y han socavado la estabilidad y seguridad de la región. Han mejorado las relaciones bilaterales con varios Estados miembros de la UE, en particular con Austria, Alemania y los Países Bajos. En efecto, los Países Bajos y Turquía han normalizado sus relaciones. Se han producido violaciones reiteradas y crecientes de las aguas territoriales y los espacios aéreos de Grecia y Chipre por parte de Turquía. Otro motivo de grave preocupación fue la detención durante seis meses de dos soldados griegos que habían estado patrullando la frontera terrestre, pero las relaciones mejoraron significativamente tras la liberación de los soldados en agosto de 2018 y la visita del primer ministro griego a Turquía en febrero.

En este contexto, la UE ha manifestado una vez más su honda preocupación y ha instado a Turquía a evitar todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, así como toda fuente de fricción o intervenciones que puedan dañar las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias.

En cuanto a los criterios económicos, ha continuado el grave retroceso de la economía turca, lo que aumenta la preocupación acerca de la viabilidad de la economía de mercado del país. En 2018, el acusado deterioro de las condiciones de la financiación externa puso al descubierto las vulnerabilidades gestadas durante años. En respuesta, las autoridades turcas tomaron una serie de medidas políticas que han influido negativamente en el funcionamiento de los mercados, sobre todo, al interferir en la formación de los precios e introducir restricciones al uso de divisas extranjeras. Se han agudizado las preocupaciones relativas a la independencia de las principales instituciones económicas. El déficit por cuenta corriente alcanzó su máximo en el primer semestre de 2018, antes de sufrir una fuerte corrección como consecuencia del debilitamiento de la economía y la caída de la lira. La tasa de inflación superó con creces el límite superior del margen de fluctuación tras la crisis monetaria y años de fuerte crecimiento del crédito, gran expansión monetaria y bajos tipos reales de interés. No se ha progresado en cuanto al incremento de la transparencia de las ayudas estatales.

Turquía ha progresado en cierta medida y tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la UE. Turquía está bien integrada en el mercado de la UE desde el punto de vista tanto del comercio como de la inversión. Se han introducido mejoras en el sector de la energía, y ha habido algunos avances en materia de gasto en investigación y desarrollo, educación y capital físico. No obstante, persisten problemas relacionados con la calidad de la educación y la igualdad de género.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha avanzado en su adaptación al acervo, si bien a un ritmo reducido. Se han producido nuevos casos de retroceso en relación con una serie de aspectos clave en los ámbitos de la libre circulación de capitales, la contratación pública, la competencia, la sociedad de la información, la política económica y monetaria, y las relaciones exteriores. Turquía está bastante avanzada en los ámbitos del Derecho de sociedades, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, el Derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores y la salud, la unión aduanera y el control financiero. La preparación de Turquía en materia de contratación pública es moderada, ya que persisten importantes lagunas en su adaptación al acervo. Turquía también está moderadamente preparada en materia de libre circulación de capitales, estadísticas, energía, fiscalidad, unión económica y monetaria, política regional, educación y cultura, PESC y política de transporte, todos ellos ámbitos en los que aún se requieren esfuerzos considerables. Hay otra serie de ámbitos en los que Turquía ha alcanzado un cierto grado de preparación, pero sigue siendo necesario que el país formule y aplique políticas más ambiciosas y mejor coordinadas, a saber, en materia de competencia, agricultura, seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, política social y empleo, medio ambiente y cambio climático. En todos los ámbitos es necesario prestar una mayor atención al cumplimiento de la legislación, y en muchos se requieren más avances significativos para lograr la armonización legislativa con el acervo de la UE, reforzar la independencia de las autoridades reguladoras y crear las capacidades administrativas necesarias.

Montenegro

Con respecto a los criterios políticos, el período de referencia ha seguido estando caracterizado por el bajo nivel de confianza en el marco electoral, que debe revisarse de forma exhaustiva e inclusiva. Para este y otros propósitos se creó en otoño de 2018 una comisión parlamentaria temporal sobre la reforma de la legislación electoral y de otro tipo. Sin embargo, aún debe ofrecer resultados dentro de su ambicioso mandato. Durante el período de referencia, se celebraron elecciones presidenciales y locales en once municipios y un municipio urbano. Las elecciones locales han ido teniendo lugar de forma continua, lo que ha dificultado la observación internacional y ha dejado un amplio margen para denuncias de irregularidades que no pueden evaluarse de forma independiente.

El panorama político sigue estando fragmentado, polarizado y caracterizado por la falta de un auténtico diálogo político. Se ha avanzado poco a lo largo de 2018 en lo referente al restablecimiento del diálogo político en el Parlamento, con el retorno temporal y parcial de la mayoría de los partidos de la oposición al Parlamento y la creación de la comisión parlamentaria temporal. No obstante, a raíz de la detención de un diputado de la oposición a finales de 2018 y de las acusaciones de corrupción y de financiación ilegal de partidos políticos (el «asunto de los sobres») a principios de 2019, gran parte de la oposición volvió a boicotear el Parlamento. Estas acusaciones también dieron lugar a la movilización de los ciudadanos a través de manifestaciones periódicas en las calles, intentos de diálogo político extraparlamentario y la petición por parte de la oposición de que se formara un Gobierno técnico.

Lograr que el debate político vuelva al Parlamento es responsabilidad de todos los actores políticos. Se requiere una participación activa y constructiva de todas las partes para reforzar la rendición de cuentas parlamentaria, la supervisión del ejecutivo y el control democrático, y mejorar la calidad de la legislación. No ha habido nuevos avances en el seguimiento político y judicial de la presunta malversación de fondos públicos para fines partidistas en 2012. Por lo que se refiere a las recientes acusaciones, el Ministerio Fiscal inició la investigación de algunas de ellas, y la Agencia Anticorrupción multó al partido político expuesto por recibir una donación ilegal en efectivo. Estas acusaciones requieren una respuesta institucional creíble, independiente y eficaz.

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario reforzar la transparencia, la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para introducir reformas. Sería conveniente establecer un nuevo marco jurídico y una nueva metodología en materia de planificación estratégica que ayudaran a mejorar la calidad de dicha planificación, así como el seguimiento y la ejecución. El entorno jurídico, institucional y financiero en el que operan las organizaciones de la sociedad civil ha mejorado en general. Sin embargo, aún está por garantizar en la práctica la verdadera inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas.

Montenegro está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. En conjunto, se han registrado algunos avances. Los progresos han sido notables especialmente en relación con el marco a medio plazo para la formulación de políticas, la contratación basada en los méritos y la racionalización de la organización de la Administración del Estado. Sin embargo, todavía se requiere una firme voluntad política para resolver de manera efectiva las cuestiones relacionadas con la despolitización de la función pública y la optimización de la Administración del Estado, la formulación de políticas integradoras y basadas en datos reales, la delegación de la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los gestores.

El sistema judicial de Montenegro está moderadamente preparado, y se han realizado algunos avances en este ámbito. El marco legislativo destinado a dotar al poder judicial de mayor independencia y profesionalidad aún no se ha aplicado plenamente. Se ha reforzado la capacidad institucional.

Montenegro ha alcanzado un cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Durante el período de referencia se han registrado pequeños avances. No obstante, la corrupción está generalizada en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación. Si bien la capacidad operativa de las instituciones ha mejorado, todas las instituciones deberían dar muestras de una actitud más proactiva. Todavía no se ha hecho frente a las amenazas a la credibilidad, la independencia y la fijación de prioridades de la Agencia Anticorrupción. Aún deben mejorar las investigaciones financieras y la incautación y el decomiso de activos. Ya se ha logrado una base inicial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, pero la respuesta de la justicia penal contra este tipo de corrupción sigue siendo demasiado limitada. Solo se podrá seguir mejorando a este respecto si se logra un entorno en el que las instituciones sean independientes, estén a salvo de cualquier influencia indebida y tengan incentivos para hacer pleno uso de sus competencias.

En el caso de la lucha contra la delincuencia organizada, Montenegro sigue estando moderadamente preparado. Se han registrado algunos progresos en la cooperación judicial y en determinados ámbitos de la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha logrado iniciar una trayectoria de investigaciones sobre blanqueo de capitales, investigaciones financieras e incautaciones temporales de productos del delito. El refuerzo de la cooperación policial internacional está dando resultados, como ilustran una serie de importantes operaciones internacionales, detenciones e incautaciones de droga. Sin embargo, se necesitan más resultados para constituir un historial convincente en relación con los tipos más complejos de delincuencia organizada, en los que entran en juego intereses creados a nivel local, en particular, el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos y el contrabando de tabaco, así como el decomiso de los productos del delito.

En materia de derechos fundamentales, Montenegro ha seguido adaptando su legislación a las normas de la UE. Ha mejorado la capacidad tanto de la oficina del Defensor del Pueblo como del Mecanismo Nacional de Prevención, pero es preciso seguir trabajando en el refuerzo del marco institucional y la protección efectiva de los derechos humanos. Montenegro debe velar por que existan mecanismos institucionales adecuados para proteger a los grupos vulnerables frente a la discriminación. La aplicación de la legislación sigue siendo débil, y es necesario incrementar la capacidad institucional en materia de derechos humanos. Las minorías gitana y egipcia siguen siendo las comunidades más vulnerables y discriminadas. La violencia de género y la violencia contra los menores aún constituyen una grave preocupación.

Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, pero no ha habido progresos durante el período de referencia. Los avances en relación con las investigaciones de casos de violencia contra periodistas han sido muy escasos. Las recientes injerencias políticas en el Consejo nacional del servicio público de radiodifusión y la Agencia de Medios de Comunicación Electrónicos son motivo de grave preocupación. El panorama de los medios de comunicación sigue estando muy polarizado, y persisten las dificultades para concienciar sobre el papel de la prensa libre. Los mecanismos de autorregulación aún son débiles.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparado en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. La economía ha seguido creciendo a un ritmo firme, y han mejorado los resultados del mercado laboral, aunque la tasa de desempleo se ha mantenido elevada. A pesar de la dinámica positiva de las exportaciones, el déficit por cuenta corriente, alimentado por la fuerte demanda interna, ha seguido siendo muy elevado y solo se ha financiado parcialmente mediante entradas netas de inversión extranjera directa. Los coeficientes de solvencia y liquidez del sector financiero han mejorado, pero las estrictas condiciones de préstamo todavía obstaculizan el acceso a la financiación para las pequeñas empresas. Los esfuerzos de saneamiento presupuestario continuaron a lo largo de 2018, pero no se consiguió el objetivo de déficit presupuestario, y la deuda pública alcanzó un nuevo récord, en parte debido a las necesidades de financiación para un gran proyecto de autopistas, financiado con un préstamo chino. El desarrollo del sector privado sigue estando limitado por las deficiencias en el entorno empresarial y en el poder judicial, así como por la gran prevalencia de la economía informal, lo que refleja la escasa capacidad de ejecución que tienen las instituciones estatales clave responsables de velar por el respeto del Estado de Derecho y la competencia en el mercado.

Montenegro ha realizado algunos avances y está moderadamente preparado en lo que respecta a su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado en la Unión. El desarrollo de infraestructuras en una serie de ámbitos está estableciendo gradualmente las condiciones previas para una mayor competitividad económica. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos dirigidos a mejorar el desarrollo del capital humano y reducir el desajuste entre los resultados educativos y las necesidades del mercado de trabajo. Las empresas locales deben crecer e intensificar sus esfuerzos para mejorar su competitividad a escala internacional.

En lo referente a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Montenegro ha mantenido un compromiso constructivo en cuanto a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y con los Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue participando activamente en la cooperación regional.

En relación con su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Montenegro ha llevado a cabo una importante labor de adaptación al acervo y de preparación para su aplicación en la mayoría de los ámbitos. El país ha alcanzado un buen nivel de preparación en ámbitos como el Derecho de sociedades, el Derecho de propiedad intelectual, la energía y la política exterior, de seguridad y de defensa. Está moderadamente preparado en muchos capítulos, como la libre circulación de mercancías, la política de competencia, la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, y la política empresarial e industrial. Montenegro tiene un cierto nivel de preparación en ámbitos como el medio ambiente, el cambio climático, la política social y el empleo. Se han realizado avances notables en los ámbitos del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, el Derecho de propiedad intelectual, la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, y la política veterinaria y fitosanitaria. De cara al futuro, Montenegro debe centrarse, en particular, en la política de competencia, el medio ambiente y el cambio climático, y la contratación pública. El refuerzo de la capacidad administrativa para garantizar la aplicación del acervo sigue constituyendo un desafío importante para este país. Montenegro ha seguido alineándose con el conjunto de las posiciones y declaraciones de política exterior y de seguridad común de la UE.

En materia de migración, Montenegro se ha visto afectado por un fuerte aumento de la migración irregular debido al desplazamiento parcial del flujo migratorio regional hacia la denominada «ruta costera», que atraviesa Albania, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. En 2018, las autoridades montenegrinas detuvieron a 4 753 migrantes irregulares (un incremento del 460 % con respecto a 2017), lo que sometió a una enorme presión las capacidades administrativas y de acogida del país. El marco jurídico se reforzó con la entrada en vigor de un importante paquete jurídico sobre migración y asilo, y, además, se adoptaron algunas medidas para aumentar la capacidad de acogida y la capacidad operativa. Se han firmado importantes acuerdos de cooperación fronteriza con los países vecinos, y se ha rubricado el Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE. De cara al próximo período de referencia, Montenegro debe reforzar en mayor medida su capacidad para afrontar los flujos migratorios mixtos y la cuestión de la integración de los refugiados, así como destinar más recursos humanos y materiales a la gestión de las fronteras y al sistema de registro de migrantes.

Serbia

Por lo que se refiere a los criterios políticos, es urgente crear un entorno más propicio para que se dé un auténtico debate entre los diferentes partidos que permita forjar un amplio consenso proeuropeo, que es vital para que el país progrese en su trayectoria europea. Varios partidos de la oposición empezaron a boicotear el Parlamento a principios de 2019. Las prácticas parlamentarias de la coalición en el poder han provocado el deterioro del debate y el control legislativos y han minado la supervisión del poder ejecutivo por parte del Parlamento.

En diciembre de 2018, en respuesta a la agresión que sufrió el dirigente de un partido de la oposición, empezaron a organizarse manifestaciones semanales contra el Gobierno en Belgrado. Las manifestaciones, generalmente pacíficas, en las que se piden la libertad de los medios de comunicación y unas elecciones libres y justas han ido aumentando con el tiempo. Varios partidos de la oposición han anunciado su intención de boicotear las elecciones parlamentarias a menos que efectivamente se celebren unas elecciones libres y justas. Así pues, es preciso que Serbia aborde con carácter prioritario la totalidad de las recomendaciones relativas a las elecciones formuladas por los observadores internacionales.

Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la Administración Pública. Se han logrado algunos avances en el ámbito de la prestación de servicios y con la adopción de varias leyes nuevas. La injerencia política en el nombramiento de altos directivos sigue siendo un problema preocupante, sobre todo por lo que se refiere al número excesivo de cargos interinos. La capacidad de Serbia para atraer y retener a personal cualificado en las Administraciones que se ocupan de las cuestiones de la UE es crucial. Aún está pendiente el establecimiento de un sistema coordinado de seguimiento y notificación de la estrategia de reforma de la Administración Pública y del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas.

El sistema judicial de Serbia tiene cierto grado de preparación. Se han hecho algunos avances durante el período de referencia. Las recomendaciones del año anterior solo se han abordado parcialmente. Se han realizado algunos progresos en cuanto a la reducción del número de asuntos de ejecución antiguos y el seguimiento de las medidas destinadas a armonizar la práctica judicial. Está en curso el proceso de reforma constitucional, cuyo objetivo es adaptar la Constitución a las normas europeas para el poder judicial. Además de la adopción de las reformas constitucionales, es necesario revisar el sistema de nombramiento y evaluación de jueces y fiscales con miras a garantizar que la selección y la carrera profesional en el ámbito judicial se basen únicamente en los méritos. En la actualidad, el alcance de la influencia política sigue siendo motivo de preocupación.

Serbia tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Los progresos han sido escasos. No hay ninguna repercusión medible de las reformas destinadas a prevenir la corrupción. La revisión de la Ley Anticorrupción (también conocida como «Ley sobre la Agencia Anticorrupción») se ha adoptado en mayo de 2019. Respecto de la represión de la corrupción, ya se está aplicando la Ley sobre la Organización y las Competencias del Ejecutivo en la Represión de la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción, que entró en vigor en marzo de 2018, pero aún es demasiado pronto para evaluar plenamente su repercusión. Las autoridades policiales y judiciales todavía tienen que demostrar que son realmente capaces de llevar a cabo enjuiciamientos independientes en el plano operativo y sentenciar casos de corrupción de alto nivel. En general, la corrupción predomina en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación.

Serbia tiene cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han hecho algunos progresos durante el período de referencia. Serbia ha comenzado a aplicar el nuevo capítulo económico del Código Penal y la Ley sobre la Organización y las Competencias de las Autoridades Estatales en la Lucha contra la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción, y ha adoptado una estrategia en materia de ciberdelincuencia para el período 2019-2023. Sin embargo, no se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior. Serbia todavía tiene que constituir un historial convincente de investigaciones eficaces, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de delincuencia organizada, y, en particular, investigaciones financieras que lleven a la constitución de un historial de inmovilización y decomiso de activos de origen delictivo. El número de condenas por delincuencia organizada (especialmente en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos) sigue siendo bajo.

El marco legislativo e institucional para la defensa de los derechos fundamentales está en gran medida establecido. Se han adoptado modificaciones destinadas a mejorar el marco legislativo en relación con las minorías nacionales. Es preciso garantizar la aplicación coherente y eficiente de la legislación y las políticas. Aunque Serbia ya tiene un cierto nivel de preparación en lo referente a la libertad de expresión, no se ha registrado ningún avance en este ámbito. Esa falta de progresos se ha convertido en una cuestión muy preocupante. Hay una nueva estrategia para los medios de comunicación que se preparó de manera transparente e inclusiva, si bien aún debe adoptarse y aplicarse. Serbia ha de introducir medidas más firmes para proteger los derechos de las personas que sufren discriminación, en particular las personas LGBTI, las personas con discapacidades, aquellas con VIH/SIDA y otras personas vulnerables.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Serbia ha hecho algunos avances y está moderadamente preparada en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. Los desequilibrios externos se están acentuando, pero la financiación se ha mantenido en buena forma. Las presiones sobre los precios se han mantenido moderadas y la inflación se ha contenido. Los importantes ajustes presupuestarios de años anteriores han mejorado significativamente la sostenibilidad de la deuda. La estabilidad del sector financiero se ha preservado, y el mercado de trabajo ha ofrecido mejores resultados, a excepción de la tasa de actividad de los jóvenes, que ha decaído. Las grandes reformas estructurales de la Administración Pública, la Administración tributaria y las empresas de propiedad estatal han avanzado a un ritmo lento, con la consiguiente prolongación de la ineficiencia arrastrada del pasado. Las autoridades están abordando con lentitud las deficiencias en el marco presupuestario y su gobernanza. El Estado sigue teniendo una fuerte presencia en la economía, y el sector privado está poco desarrollado y padece las deficiencias en el Estado de Derecho y en el respeto de una competencia leal.

Serbia ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado en la Unión. La estructura de la economía ha seguido mejorando, y se ha mantenido un alto grado de integración económica con la UE. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación y la formación no satisfacen plenamente las necesidades del mercado de trabajo. La inversión ha aumentado, pero, tras años de déficit de inversión, aún es insuficiente para suplir las carencias de infraestructura. Si bien el coste del endeudamiento para las pequeñas y medianas empresas ha disminuido recientemente, estas empresas todavía se enfrentan a varios retos, en particular, la volatilidad del entorno empresarial y una competencia desleal.

Con carácter general, Serbia ha mantenido su compromiso en lo que respecta a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y los Estados miembros de la UE de su vecindad, y sigue participando activamente en la cooperación regional. En cuanto a la concesión de la sede de la Secretaría del Tratado de la Comunidad del Transporte, Serbia debe ahora redoblar sus esfuerzos a fin de garantizar que reúne las condiciones para asumir las actividades rápidamente.

Por lo que respecta a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha seguido participando en el diálogo y se ha mostrado comedida en su respuesta a la introducción de los aranceles. No obstante, Serbia ha de hacer esfuerzos sustanciales, en particular, en lo referente a sus relaciones internacionales, con miras a crear un entorno propicio para la celebración de un acuerdo jurídicamente vinculante con Kosovo. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Serbia y Kosovo puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha continuado trabajando en la adaptación de su legislación al acervo de la UE en todos los ámbitos. Unos recursos financieros y humanos adecuados y unos sólidos marcos estratégicos serán cruciales para el ritmo de las reformas. Serbia tiene un buen nivel de preparación en determinados ámbitos, como el Derecho de sociedades, la propiedad intelectual, la política de transporte, la ciencia y la investigación, la educación y la cultura, y las aduanas. Serbia ha mejorado la vinculación entre sus planes de inversión y la ejecución presupuestaria, pero aún tiene que poner en marcha un mecanismo único que permita determinar el grado de prioridad de todas las inversiones con independencia de la fuente de financiación, de conformidad con el programa gubernamental de reforma de la gestión de las finanzas públicas. Serbia está moderadamente preparada en ámbitos como la contratación pública, las estadísticas, las relaciones exteriores, la política social y el empleo, la política monetaria y los servicios financieros. Serbia ha seguido avanzando a buen ritmo en el ámbito de la agricultura y en lo que respecta a la adaptación al acervo de la UE en materia de transporte, mientras que en el ámbito de la energía los progresos han sido escasos. Aún no se ha prestado suficiente atención a los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático.

Serbia debe abordar, con carácter prioritario, los puntos de incumplimiento del AEA, en particular, en relación con el control de las ayudas estatales, la discriminación fiscal de las bebidas espirituosas importadas y la restricción de la competencia en el sistema de pago mediante tarjeta. Serbia ha de ir adaptando progresivamente su política exterior y de seguridad a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea en el período previo a la adhesión.

Serbia ha seguido gestionando los efectos de los flujos migratorios mixtos hacia la UE, que se han estabilizado a lo largo de 2018. Ha hecho algunos progresos en la aplicación de la estrategia de gestión integrada de las fronteras. Se ha rubricado el Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE. Ya se han adoptado la estrategia y el plan de acción de lucha contra la migración irregular. Serbia debe respetar la obligación de readmisión de nacionales de terceros países en virtud del Acuerdo sobre readmisión UE-Serbia. Además, es preciso que Serbia deje de apartarse de la política de visados de la UE.

Macedonia del Norte

Con respecto a los criterios políticos, Macedonia del Norte ha mantenido un ritmo constante de aplicación de las reformas de la UE a lo largo del período de referencia. El Gobierno ha tomado medidas para restaurar el sistema de contrapoderes institucionales y reforzar la democracia y el Estado de Derecho. El país ha seguido experimentando cambios fundamentales con un clima político inclusivo y abierto. El país ha seguido logrando resultados tangibles en ámbitos clave recogidos en las Conclusiones del Consejo, como el poder judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la reforma de los servicios de inteligencia y la Administración Pública. La cultura de compromiso en el panorama político ha mejorado gracias a los esfuerzos del Gobierno por llegar a todas las partes interesadas, incluidas la oposición y la sociedad civil, de una manera integradora y transparente. Tras la firma del histórico acuerdo alcanzado con Grecia en junio de 2018 (también conocido como el «Acuerdo de Prespa»), se organizó un referéndum consultivo en septiembre de 2018 a través del cual una mayoría abrumadora de los votantes apoyó la adhesión a la UE y a la OTAN al aceptar dicho acuerdo. Las elecciones presidenciales estuvieron bien organizadas, y se respetaron las libertades fundamentales, de modo que los ciudadanos pudieron elegir los candidatos con conocimiento de causa. El Parlamento ha mejorado su funcionamiento como foro para el mantenimiento de un diálogo político constructivo y ha reforzado sus funciones legislativa y de supervisión, en particular, limitando el recurso a procedimientos acelerados.

La situación interétnica se ha mantenido en general tranquila, a pesar de algunas tensiones ocasionales. El Gobierno ha proseguido su compromiso de aumentar la confianza entre las comunidades. El Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto de 2001 y proporciona el marco para preservar el carácter multiétnico de la sociedad, se menciona en el preámbulo de la Constitución y se sigue aplicando.

El clima en el que ejercen su actividad las organizaciones de la sociedad civil ha seguido mejorando. La sociedad civil ha continuado desempeñando un papel constructivo a la hora de apoyar los procesos democráticos. Se han adoptado documentos estratégicos que proporcionan orientaciones sobre la cooperación entre el Gobierno y la sociedad civil. Tanto los agentes gubernamentales como los no gubernamentales deben esforzarse en lograr un proceso de consulta verdaderamente significativo.

En cuanto a la reforma de los servicios de inteligencia, Macedonia del Norte ha avanzado considerablemente. Tras la reforma del sistema de interceptación de las comunicaciones, la nueva Agencia Técnica Operativa está en pleno funcionamiento. Asimismo, el país ha emprendido la reforma de sus servicios de inteligencia con la colaboración de la OTAN y otros socios. Se ha elegido un modelo y se ha adoptado el marco jurídico para la creación de una nueva Agencia Nacional de Seguridad.

Macedonia del Norte está moderadamente preparada en lo que respecta a la reforma de su Administración Pública. Se ha avanzado mucho, especialmente con la aplicación del marco estratégico de la reforma de la Administración Pública, la mejora de las consultas públicas y una mayor transparencia en la formulación de políticas y en el ámbito de la formulación y la coordinación de las políticas. Se han tomado medidas para hacer frente a los casos de presuntos nombramientos politizados. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales para mejorar la rendición de cuentas de la Administración y evitar su politización. El respeto de los principios de transparencia, mérito y representación equitativa sigue siendo esencial.

El sistema judicial del país ha alcanzado un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparado, y se ha avanzado bastante a la hora de abordar las «prioridades de reforma urgentes» y las recomendaciones tanto de la Comisión de Venecia como del Grupo de expertos de alto nivel sobre problemas sistémicos relacionados con el Estado de Derecho. El país ha demostrado que mantiene la determinación de mejorar el sistema judicial, y la aplicación del nuevo marco jurídico constituye una base sólida para seguir avanzando. Se ha elaborado una nueva ley sobre el Ministerio Fiscal cuyo objetivo es integrar la Fiscalía Especial en el sistema. Los órganos jurisdiccionales han dictado sentencias en ciertos casos de gran repercusión denunciados por la Fiscalía Especial. Más allá de los cambios jurídicos, todas las instituciones judiciales deben demostrar su ejemplaridad y contribuir, mediante esfuerzos adicionales, a restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Por lo que respecta a la lucha contra la corrupción, Macedonia del Norte tiene un cierto grado de preparación. Se han logrado avances notables gracias a la consolidación de un historial de investigación, procesamiento y enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel y mediante cambios en el marco legislativo. A este respecto, el nuevo marco jurídico para prevenir la corrupción ha mejorado, y el nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha sido mucho más transparente que en años anteriores. La Comisión ha dado pasos importantes para luchar contra la corrupción de forma proactiva, contando con la participación de altos funcionarios de todo el espectro político. La Fiscalía Especial ha confirmado su papel de liderazgo con respecto a la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para demostrar que la lucha contra la corrupción es una prioridad nacional a todos los niveles. No obstante, la corrupción está generalizada en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación.

En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, el país tiene un cierto grado de preparación. El marco legislativo se ajusta en líneas generales a las normas europeas, y los esfuerzos para aplicar estrategias contra la delincuencia organizada y medir activamente su repercusión han de continuar. También se han registrado algunos avances en lo referente al cumplimiento de las recomendaciones de los últimos años sobre la mejora del historial de resultados, el refuerzo de la cooperación policial y la mejora sustancial de la capacidad operativa para luchar contra la trata de seres humanos. Se han hecho nuevos progresos en el plano operativo mediante la mejora de la eficacia del Centro Nacional de Coordinación para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la participación en operaciones conjuntas con los Estados miembros de la UE y los países vecinos.

El marco jurídico para la protección de los derechos fundamentales se ajusta en gran medida a las normas europeas, y el país ha avanzado a buen ritmo. Ha logrado aumentar la protección contra los delitos de odio y la discriminación mediante modificaciones del Código Penal y la adopción de la Ley de prevención y protección contra la discriminación. También ha adoptado una ambiciosa estrategia de desinstitucionalización y, además, ha plasmado sus objetivos para combatir la violencia contra las mujeres en un plan de acción destinado a aplicar el Convenio de Estambul. Sin embargo, el mecanismo de supervisión externa de la policía todavía no está plenamente operativo, y el país debe seguir trabajando en el recurso a penas sustitutivas y a la libertad vigilada. Asimismo, el país debe esforzarse más en difundir y abordar de manera coherente las recomendaciones de los organismos europeos e internacionales de derechos humanos, en particular por lo que respecta al trato que se dispensa a las personas detenidas, las mujeres y las personas con discapacidad. El país tiene un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparado en el ámbito de la libertad de expresión, y ha avanzado bastante a lo largo del último año. El clima de libertad de los medios de comunicación y libertad de expresión ha seguido mejorando. Es esencial que los funcionarios y las élites políticas muestren un mayor nivel de tolerancia hacia las críticas, lo que ayudará a sustentar la libertad de expresión. El país no debe dejar de esforzarse en mejorar la independencia y las normas profesionales del organismo público de radiodifusión, así como su sostenibilidad financiera. Se han adoptado modificaciones de la Ley de medios de comunicación sonora y audiovisual, y su aplicación requerirá un firme compromiso político para garantizar la profesionalidad, el respeto de los principios de transparencia, nombramientos basados en el mérito y representación equitativa.

Con respecto a la cooperación regional, el país ha mantenido buenas relaciones con otros países candidatos y ha participado activamente en las iniciativas regionales. Se han tomado medidas históricas para mejorar las relaciones de buena vecindad, entre otras cosas a través de la entrada en vigor del Acuerdo de Prespa y su aplicación, que ha puesto fin a uno de los conflictos más antiguos de la región. La Comisión confía en que se mantenga la aplicación del tratado bilateral con Bulgaria.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Macedonia del Norte ha hecho algunos avances y tiene un buen nivel de preparación en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. El crecimiento económico se ha reanudado tras un año de estancamiento, aunque la inversión se ha mantenido a un nivel moderado. El Gobierno ha tomado medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas y la transparencia. Ha adoptado reformas del impuesto sobre la renta y del sistema de pensiones. No obstante, la composición del gasto ha empeorado, y el saneamiento presupuestario debe ser más ambicioso para situar las finanzas públicas en una senda sostenible. El funcionamiento del mercado de trabajo se ve perjudicado por la persistencia de problemas estructurales. La ejecución de los contratos y la gran economía informal siguen planteando problemas para el entorno empresarial.

Macedonia del Norte ha registrado algunos avances y tiene un nivel moderado de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La integración con la UE en materia de comercio e inversión es ahora mayor. Las exportaciones y la producción manufacturera se han diversificado aún más hacia productos de mayor valor. Ahora bien, la escasez de personal cualificado y la inadecuación entre las capacidades del personal disponible y las requeridas por las empresas —reflejo de las deficiencias de los planes de estudios— afectan negativamente a la productividad laboral y a la competitividad de la economía. Sigue habiendo un déficit considerable de inversiones en infraestructuras públicas.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, el país está moderadamente preparado en la mayoría de los ámbitos, en particular, en los de competencia, contratación pública, transportes y energía. El país muestra un buen nivel de preparación en ámbitos como el Derecho de sociedades, la unión aduanera, las redes transeuropeas, y la ciencia y la investigación. Se requieren esfuerzos adicionales en todos los ámbitos y especialmente en aquellos pocos en los que el país todavía se encuentra en una fase inicial de preparación, como la libre circulación de trabajadores y las disposiciones financieras y presupuestarias. También es preciso que el país dedique una mayor atención a la capacidad administrativa y la aplicación efectiva. El país ha seguido mejorando su armonización con las declaraciones de la UE y las decisiones del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común.

Macedonia del Norte sigue desempeñando un papel activo y constructivo en la gestión de los flujos migratorios mixtos. Coopera eficazmente con los Estados miembros de la UE y los países vecinos. Han proseguido los considerables esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida y unos servicios básicos a todos los migrantes que permanecen en el país. Se mantiene la incertidumbre en cuanto al alcance y la estructura de los flujos migratorios. La falta de coherencia en el registro de los migrantes detenidos en movimientos irregulares impide la elaboración periódica y adecuada de perfiles teniendo en cuenta la protección, así como la remisión a los mecanismos nacionales de protección. Se ha garantizado un control eficaz en las fronteras meridionales, en particular, mediante el envío a la frontera de agentes de los Estados miembros de la UE. Se ha rubricado el Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE. Sin embargo, aún es necesario hacer frente al problema de las frecuentes actividades de contrabando en la frontera septentrional. El país sigue sometido a fuertes presiones debido a su situación geográfica.

Albania

Con respecto a los criterios políticos, Albania ha seguido progresando en relación con su programa de reformas de la UE a lo largo del período de referencia. Persiste la marcada polarización de la vida política. Las actividades parlamentarias se han visto afectadas por un prolongado boicot de los partidos de la oposición, que además renunciaron en bloque a sus mandatos parlamentarios en febrero de 2019. Más de la mitad de esos mandatos ya han sido reasignados por la Comisión Electoral Central, de manera que se mantiene el cuórum necesario para que el Parlamento pueda desempeñar sus funciones. Los principales partidos de la oposición han decidido no inscribirse para las elecciones locales, previstas para el 30 de junio de 2019. La desvinculación de los principales partidos de la oposición ha perjudicado los esfuerzos en favor de una reforma electoral bipartidista, a pesar del afán de la mayoría por avanzar. Los partidos de la oposición deben reintegrarse de forma constructiva a las instituciones democráticas.

Albania está moderadamente preparada en lo que se refiere a la reforma de su Administración Pública. Ha proseguido la labor en varios ámbitos relacionados, lo que ha permitido ciertos progresos en cuanto a la eficiencia y la transparencia de la prestación de los servicios públicos, la mejora del marco regulador sobre evaluación del impacto de las políticas, una mayor transparencia de los procedimientos de selección de personal, y el refuerzo general de la capacidad de la Administración para llevar a cabo procedimientos de selección para la función pública basados en el mérito. Debe seguirse avanzando en la consolidación de estos logros, con el fin de garantizar una Administración Pública más eficiente, despolitizada y profesional.

El sistema judicial albano ha alcanzado un cierto grado de preparación. Se ha proseguido de forma constante la aplicación de la reforma global y exhaustiva de la justicia, lo que se ha traducido en avances satisfactorios en general. Se han creado las nuevas instituciones para el autogobierno del poder judicial, esto es, el Consejo Superior de Justicia, el Alto Consejo de la Fiscalía y el Consejo de Nombramientos en el ámbito de la Justicia, lo que constituye un paso decisivo para consolidar la independencia y la rendición de cuentas del poder judicial. La reevaluación temporal de jueces y fiscales (investigación de expedientes) ha ido avanzando sin cesar y ya ha producido los primeros resultados tangibles. Con el auspicio de la Comisión Europea, la Operación de Vigilancia Internacional ha seguido supervisando el proceso. Se han tramitado más de 140 expedientes, proceso que ha dado lugar a la destitución o a la dimisión de 88 jueces y al mantenimiento de 53 jueces en su cargo. La mayoría de destituciones están relacionadas con asuntos de activos no justificados. Estos resultados concretos y creíbles han fortalecido significativamente el sector y consolidado la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad y la rendición de cuentas del poder judicial.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se han hecho avances satisfactorios, especialmente gracias a la adopción del nuevo Plan de Acción 2018-2020 para la aplicación de la estrategia intersectorial contra la corrupción, las modificaciones de la Ley sobre la declaración y la auditoría de activos, la Ley sobre contratación pública y la adopción del Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo. La creación de un grupo de trabajo anticorrupción ha hecho que las investigaciones administrativas sean más proactivas. Se ha seguido mejorando el acceso directo a las bases de datos para los fiscales y la policía. Se ha seguido avanzado a buen ritmo en cuanto a la obtención de resultados en la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel. Entre los resultados concretos de la lucha contra la corrupción destaca el proceso de investigación de expedientes, que ha dado lugar a la destitución de varios jueces de alto rango, en particular, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior. La creación del Alto Consejo de la Fiscalía ha permitido iniciar el proceso de creación de organismos especializados de lucha contra la corrupción (la Estructura Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, y la Oficina Nacional de Investigaciones). Una vez se concluya el proceso de investigación de los candidatos, los organismos empezarán a funcionar, lo que fortalecerá la capacidad global para investigar y perseguir la corrupción. No obstante, en general, la corrupción predomina en muchos ámbitos y sigue siendo un motivo de preocupación.

Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han intensificado las operaciones policiales de desarticulación de organizaciones delictivas. Varias de las operaciones han concluido con múltiples detenciones y han dado lugar a una serie de importantes procesamientos y condenas. En efecto, estas operaciones se han traducido en la detención y el enjuiciamiento de conocidos dirigentes de grupos delictivos organizados. La cooperación policial internacional, especialmente con los Estados miembros de la UE, también se ha intensificado, y gracias a ello se ha podido llevar a cabo un gran número de operaciones policiales a gran escala. En los últimos años, Albania ha demostrado su firme compromiso de luchar contra la producción y el tráfico de cannabis. Albania ha permitido la puesta en marcha de un mecanismo intrusivo de vigilancia por parte de un Estado miembro de la UE (vigilancia aérea de la Guardia di Finanza italiana, cofinanciado por la UE). En las últimas dos campañas agrarias, la vigilancia aérea ha permitido comprobar que prácticamente no ha habido ninguna plantación de cannabis en Albania. Estos pasos representan avances tangibles en el cumplimiento de las recomendaciones de los últimos años sobre la mejora del historial de resultados. Aún deben proseguir los esfuerzos, en particular, por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales y el decomiso de activos procedentes de delitos y de otros tipos de enriquecimiento sin causa.

En cuanto a los derechos fundamentales, Albania observa en general los instrumentos internacionales de derechos humanos y ha desarrollado su marco jurídico en consonancia con las normas europeas. Durante el período de referencia, Albania se ha esforzado por cumplir las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos internacionales. No obstante, es preciso reforzar la aplicación en general de estos instrumentos. Se ha mejorado el marco jurídico en los ámbitos de los derechos del niño y la violencia doméstica. En mayo de 2018, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre vivienda social cuyo objetivo es consolidar la protección del derecho a la vivienda de los miembros más vulnerables de las comunidades gitana y egipcia 10 . Se requieren más esfuerzos por lo que se refiere a la consolidación de los derechos de propiedad. En cuanto a la libertad de expresión, el marco legislativo es en su conjunto propicio para el ejercicio de esta libertad, pero su aplicación exige esfuerzos adicionales.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. El crecimiento económico ha seguido aumentando y el desempleo ha disminuido, aunque aún es elevado. Las exportaciones han registrado un fuerte crecimiento, y el déficit por cuenta corriente se ha reducido. La elevada proporción entre la deuda pública y el PIB ha seguido disminuyendo, pero el ritmo del saneamiento presupuestario todavía es lento. Los bancos han seguido reduciendo el número de préstamos dudosos y el uso de moneda extranjera. El sector bancario se ha mantenido estable, aunque el crecimiento del crédito a empresas no ha repuntado. Se han dado pasos para desarrollar el mercado financiero. El entorno empresarial solo ha mejorado en algunos aspectos. Se espera que los avances en la aplicación de la reforma global del sistema judicial contribuyan a reforzar el entorno empresarial y atraer inversiones. Se han hecho algunos avances en lo referente al aumento de la participación en el mercado de trabajo y la calidad y eficacia de las instituciones y los servicios relacionados con él, pero la tasa de empleo y la participación en dicho mercado se mantienen bajas, y la economía informal aún es un importante proveedor de empleo.

Albania ha realizado algunos progresos y tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a la capacidad para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Albania ha realizado algunos avances en materia de energía, transporte y desarrollo de la infraestructura digital, pero la falta de conocimientos productivos, los bajos niveles educativos y las transferencias de tecnología dificultan la competitividad y la integración del país en las cadenas de valor internacionales. Las exportaciones y la integración regional son inferiores a las posibilidades existentes. Los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación y la formación están dando algunos resultados, pero deben continuar las reformas, especialmente a fin de abordar mejor las zonas rurales y los grupos vulnerables. La capacidad de Albania para la investigación, el desarrollo y la innovación sigue siendo muy reducida.

En el caso de las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Albania ha seguido participando activamente en la cooperación regional y mantiene relaciones de buena vecindad. Se han adoptado medidas importantes para tratar cuestiones bilaterales con Grecia.

Albania ha seguido adaptando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos y ha mejorado así su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión. El país está moderadamente preparado en muchos ámbitos, como el control financiero, la educación y la cultura, y las estadísticas, y en otros tiene un cierto nivel de preparación, en particular, en los ámbitos de la contratación pública y las redes transeuropeas. Albania deberá proseguir sus esfuerzos por lo que respecta a su preparación general para adoptar y aplicar el acervo de la UE. Para que haya un sistema de control interno del sector público que funcione debidamente, sigue siendo fundamental adoptar una política global de control interno de las finanzas públicas y coordinar su aplicación con la actual reforma de la gestión de la Administración Pública y las finanzas públicas. Albania debe seguir trabajando en el desarrollo de las redes de transporte y energía, así como las medidas correspondientes de reforma en materia de conectividad, también con el fin de mejorar la conectividad en toda la región.

Es preciso, por una parte, reforzar la capacidad administrativa y la profesionalidad de los organismos encargados de la aplicación del acervo, y, por otra, salvaguardar la independencia de los organismos reguladores. Sigue siendo esencial consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular, garantizando el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del sistema de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas. Albania ha proseguido su plena armonización con las posiciones y declaraciones de la política exterior y de seguridad común de la UE.

Por lo que respecta a la migración, se han hecho algunos avances en cuanto a la mejora de la capacidad institucional en materia de gestión de fronteras y asilo. Albania firmó en octubre de 2018 el Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con la UE. Se reforzado en mayor medida la capacidad de acogida para hacer frente a los flujos migratorios mixtos. Si bien ha disminuido el número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albanos en la UE, la cifra sigue siendo elevada, por lo que no deben relajarse los esfuerzos en este sentido, así como para luchar contra el fenómeno de los menores no acompañados.

Kosovo

Por lo que se refiere a los criterios políticos, Kosovo ha avanzado en la aplicación de determinadas reformas clave en relación con la UE, en particular, respecto de la mejora del marco jurídico en los ámbitos del Estado de Derecho y la Administración Pública. No obstante, se ha adoptado una serie de medidas y decisiones ad hoc que no están en consonancia con los objetivos de reforma declarados por el Gobierno. El excesivo tamaño del Gobierno, así como un nuevo aumento del número de viceministros, sigue afectando a su credibilidad y eficacia.

La Asamblea ha podido reunir mayorías con respecto a algunas cuestiones estratégicas clave para Kosovo, como ponen de manifiesto la ratificación del acuerdo de delimitación de la frontera con Montenegro y la adopción de importantes reformas legislativas relacionadas con la UE. Sin embargo, la Asamblea ha seguido desempeñando sus funciones en un contexto político muy polarizado, y persisten las deficiencias en su funcionamiento general, como lo demuestra, en particular, la frecuente falta de cuórum, que da lugar a retrasos en la actividad legislativa.

Apenas se ha avanzado en lo referente al seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE para las elecciones parlamentarias y municipales de 2017.

La situación en el norte de Kosovo sigue siendo especialmente complicada.

Hay un cierto nivel de preparación en materia de reforma de la Administración Pública. En general, se han realizado algunos avances durante el período de referencia; sin embargo, es preciso trabajar con ahínco para hacer frente al problema de la influencia de la política en la selección de altos funcionarios. Se ha avanzado mucho gracias a la adopción del paquete legislativo sobre el funcionamiento y la organización de la Administración Pública, sobre los funcionarios públicos y sobre los salarios. Otros logros son la adopción de directrices sobre planificación estratégica y el inicio de la aplicación del plan de acción sobre la racionalización de las agencias. La revisión del marco jurídico supone un paso importante hacia la creación de una función pública moderna y profesional, y la mejora de la rendición de cuentas. Si bien la Ley de salarios introduce un régimen salarial más transparente y equitativo para los funcionarios públicos, se plantean dudas en cuanto a su repercusión presupuestaria a medio plazo.

El sistema judicial de Kosovo se encuentra en una fase inicial. La adopción de la Ley sobre la responsabilidad disciplinaria de jueces y fiscales y la Ley sobre mediación han permitido hacer algunos progresos, y se ha avanzado en la implantación de un sistema electrónico de gestión de casos. El número de empleados judiciales en las fiscalías y los órganos jurisdiccionales ha aumentado en 2018, también en la Fiscalía Especial. Si bien en 2017 se concluyó formalmente el proceso de integración de los jueces y fiscales serbokosovares y su personal de apoyo en el sistema judicial de Kosovo, es necesario continuar la labor para garantizar la plena funcionalidad, en particular, en el caso del Tribunal de Apelación. El poder judicial sigue siendo vulnerable a injerencias políticas indebidas. La administración de justicia aún es lenta e ineficiente, y las instituciones del Estado de Derecho necesitan un apoyo continuado para desarrollar sus capacidades.

Kosovo se encuentra en una fase inicial / tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Kosovo ha realizado algunos avances a través de importantes reformas legislativas en el ámbito del Estado de Derecho y en lo tocante a la investigación y el enjuiciamiento de casos de alto nivel. También se han registrado avances en la incautación de activos, aunque el número de decomisos sigue siendo bajo. La corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación.

Kosovo se encuentra en una fase inicial en la lucha contra la delincuencia organizada. Se han logrado algunos avances, en particular, a través de importantes reformas legislativas en el ámbito del Estado de Derecho, la investigación y el enjuiciamiento de casos de alto nivel, y la inmovilización de activos. Sin embargo, se ha avanzado poco en el decomiso de activos, y el número de investigaciones financieras y condenas firmes sigue siendo bajo. Se necesitan medidas que garanticen estrictamente la ausencia de injerencias políticas en las actividades operativas de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la Fiscalía. La situación en el norte de Kosovo respecto a la delincuencia organizada sigue planteando problemas a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Se ha avanzado en la lucha contra el terrorismo, especialmente por lo que se refiere a la creación de mejores condiciones para la rehabilitación y la reintegración de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias. Las autoridades kosovares tienen que actuar con mayor eficacia para combatir el blanqueo de capitales, y debe armonizarse la legislación pertinente con el acervo de la UE y las normas internacionales.

El marco jurídico garantiza de forma genérica la protección de los derechos humanos y fundamentales, en consonancia con las normas europeas. Sin embargo, la aplicación de la legislación y las estrategias en materia de derechos humanos se ve a menudo desvirtuada por la inadecuación de los recursos financieros y de otro tipo, especialmente en el ámbito local, por las deficiencias en el establecimiento de prioridades políticas y por la falta de coordinación. Los mecanismos existentes para la coordinación y la aplicación de los derechos humanos no son eficaces. Sigue habiendo una gran dependencia de las donaciones extranjeras. Es preciso hacer más para garantizar el amparo efectivo de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, en particular, los gitanos, los ashkalíes y las personas desplazadas; garantizar la igualdad de género en la práctica; establecer un sistema integrado de protección del menor, y avanzar en la protección del patrimonio cultural. Kosovo tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, consagrada en la Constitución. Kosovo goza de un entorno mediático pluralista y dinámico. Las instituciones del Estado de Derecho se preocupan cada vez más por hacer un seguimiento de las amenazas y las agresiones contra periodistas, y se ha observado una disminución del número de incidentes. Queda por adoptar una solución sostenible para la financiación del organismo público de radiodifusión. Este organismo todavía es vulnerable a la presión y a la influencia políticas.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo se encuentra en una fase inicial y ha realizado algunos avances en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. El crecimiento económico ha sido sólido, pero tan complicada situación del mercado de trabajo sigue siendo motivo de preocupación. El Gobierno se ha adherido a las normas presupuestarias, pero las presiones sobre el gasto en relación con las prestaciones sociales destinadas a grupos específicos de la población y los salarios de los empleados públicos plantean riesgos para las finanzas públicas y obstaculizan el desarrollo del sector privado. El entorno empresarial ha mejorado en cierta medida, pero persisten problemas como una economía informal muy extendida, un poder judicial lento e ineficiente, una gran prevalencia de la corrupción y unas instituciones del Estado de Derecho que, en general, son débiles. A pesar del fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios, la diversificación de la economía ha avanzado a un ritmo lento.

Kosovo se encuentra en una fase inicial y ha registrado algunos progresos en lo que respecta a su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE. Kosovo ha hecho algunos progresos en la mejora de la infraestructura viaria, pero todavía hay importantes carencias en la infraestructura ferroviaria y de energía. Los progresos han sido escasos en cuanto a garantizar un suministro estable de energía, y las pérdidas en el sector de la electricidad siguen siendo elevadas. Kosovo ha logrado algunos progresos en la digitalización de la economía. Se ha avanzado poco en la mejora de la calidad de la educación y en la búsqueda de una solución para el déficit de mano de obra cualificada. Los cambios estructurales van viendo la luz lentamente, y la economía aún depende en gran medida del sector del comercio nacional. El crecimiento de las exportaciones se debe principalmente a las exportaciones de servicios a la diáspora; en cambio, la falta de diversificación de los productos dificulta el crecimiento de las exportaciones de bienes.

En el caso de las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Kosovo ha seguido participando en la mayoría de los foros regionales. No obstante, la decisión de Kosovo de imponer un arancel del 100 % a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina ha socavado los esfuerzos de cooperación regional.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo ha seguido participando en el diálogo. Ahora bien, es preciso que el Gobierno de Kosovo retire los aranceles a las importaciones procedentes de Serbia y de Bosnia y Herzegovina. Kosovo debe esforzarse más en crear un entorno propicio para la celebración de un acuerdo jurídicamente vinculante con Serbia. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias hacia la adhesión a la UE.

Por lo que respecta a la adaptación a las normas europeas, Kosovo ha alcanzado un cierto nivel de preparación. La adaptación legislativa ha proseguido en algunos ámbitos, pero la aplicación es escasa. Se han registrado algunos avances en el ámbito de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, así como en los servicios financieros, la contratación pública y la competencia. Se ha avanzado mucho en materia de estadísticas y control financiero. En el ámbito de la fiscalidad y las aduanas, se han realizado algunos avances por lo que respecta a la recaudación de impuestos, la reducción de la economía sumergida o la aplicación de medidas aduaneras para la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero Kosovo ha de intensificar la lucha contra la economía informal y la evasión fiscal. También ha habido algunos progresos en las cuestiones medioambientales, pero la aplicación va con retraso. El sector de la energía sigue enfrentándose a graves desafíos, a pesar de haberse logrado algunos progresos, en particular, en materia de eficiencia energética. En general, Kosovo necesita mejorar su capacidad y coordinación administrativas en todos los ámbitos, a fin de garantizar la aplicación eficaz del acervo.

Las autoridades han avanzado en la gestión de la migración regular e irregular. Estos esfuerzos deben proseguir y desarrollarse. A este respecto, Kosovo ha de establecer un mecanismo de retorno de los migrantes irregulares en consonancia con las normas y prácticas de la UE. 

ANEXO 3: Aplicación de la Estrategia de los Balcanes Occidentales y del Programa de Prioridades de Sofía: Refuerzo del compromiso de la UE

La Estrategia de los Balcanes Occidentales, adoptada el 6 de febrero de 2018, dio un nuevo impulso a las relaciones entre la UE y esta región. La Estrategia se centra en aquellos ámbitos en los que se necesitan nuevas reformas y esfuerzos de los socios de los Balcanes Occidentales, así como en el apoyo reforzado de la UE a la región, que incluye cincuenta y siete compromisos específicos agrupados en seis iniciativas emblemáticas. Una parte significativa de estas acciones fue posteriormente refrendada por los Estados miembros de la UE y los socios de los Balcanes Occidentales a través del Programa de Prioridades de Sofía, adoptado en la Cumbre de Sofía de 17 de mayo de 2018.

Desde la adopción de la Estrategia, la Comisión se ha centrado en cumplir sus compromisos mediante un mayor compromiso político, reforzar los vínculos operativos entre los Balcanes Occidentales y la UE y sus agencias, ampliar el acceso a la financiación y a la asistencia técnica, y reorientar la ayuda financiera de la UE en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA), que, solo en 2018, ascendió a una dotación anual para los Balcanes Occidentales de más de 1 100 millones EUR.

En el primer año de aplicación de la Estrategia, se han realizado progresos en las seis iniciativas emblemáticas. La región ha recibido una atención política considerable. En mayo de 2018 tuvo lugar en Sofía la primera cumbre UE-Balcanes Occidentales desde la de Salónica en 2003. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea han visitado la región en repetidas ocasiones, y se han celebrado varias reuniones ministeriales y de alto nivel. Todos estos actos han estado dirigidos a reunir la voluntad política necesaria para dar un nuevo impulso a los procesos de reforma y consolidar la cooperación regional.

La iniciativa emblemática 1, «Fortalecimiento del apoyo al Estado de Derecho», se centra en tres prioridades: un mejor seguimiento de las reformas judiciales, una asistencia técnica más específica en materia de cumplimiento del Derecho, y el refuerzo del apoyo a la sociedad civil, al activismo democrático y a los medios de comunicación independientes. El Foro Ministerial sobre Justicia y Asuntos de Interior UE-Balcanes Occidentales, que tuvo lugar en Tirana en octubre de 2018, fue crucial para avanzar en este ámbito, en particular, por lo que respecta al refuerzo de la cooperación con las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la UE y el diseño de indicadores adecuados para los sistemas judiciales.

En cuanto a la supervisión de las reformas judiciales, la Comisión ha pasado a aplicar un enfoque de misiones simultáneas sobre cuestiones específicas en las seis Administraciones socias, en las que los altos funcionarios de las fuerzas y los cuerpos de seguridad de la UE se reúnen con sus homólogos («evaluaciones por pares»). En 2018 se concluyó una serie de evaluaciones sobre la ejecución de sentencias civiles y mercantiles, ya se está llevando a cabo otra serie de evaluaciones sobre contratación pública, y más adelante en 2019 está prevista una serie más sobre delincuencia organizada. La Comisión también está desarrollando nuevas formas de recopilar datos más armonizados de los sistemas judiciales de los socios. Un resultado destacado a este respecto será un proyecto regional con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre supervisión de juicios en materia de corrupción y delincuencia organizada. Se ha celebrado un acuerdo con el Banco Mundial para que lleve a cabo una serie de encuestas sobre justicia a nivel regional, y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ) ayudará a la recogida de datos armonizados de la región.

La Comisión también ha emprendido una forma de asistencia técnica más personalizada, a saber, misiones de asesoramiento, centradas en las reformas judiciales y en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Actualmente se están llevando a cabo dos misiones de este tipo en Montenegro y en Albania, otras dos comenzarán en 2019 en Kosovo y en Bosnia y Herzegovina, y hay prevista una más en Macedonia del Norte y, posiblemente, otra en Serbia.

Asimismo, la Comisión está colaborando estrechamente con la Dotación Europea para la Democracia (DED) para brindar apoyo a las plataformas de medios de comunicación independientes, a la sociedad civil y a los activistas en favor de la democracia. Gracias a la ayuda adicional de la UE de 6 millones EUR, el Fondo pudo ampliar sus operaciones a los Balcanes Occidentales en 2018 y financiar catorce nuevas subvenciones en este ámbito.

La iniciativa emblemática 2, «Refuerzo del compromiso en materia de seguridad y migración», se refiere, por una parte, al compromiso con la región para hacer frente a las amenazas para la seguridad común, en particular, el terrorismo, el extremismo violento, la radicalización, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, el tráfico de armas y las amenazas híbridas, y, por otra, a la capacitación de los socios para que puedan afrontar los desafíos relacionados con la migración y la seguridad. Esta línea de actuación se vio refrendada en las reuniones ministeriales celebradas en Londres, en julio de 2018, y en Tirana, en octubre del mismo año, ambas fundamentales a efectos de establecer una cooperación más estrecha en materia de seguridad, arsenales de armas y planificación de las medidas conjuntas de lucha contra el terrorismo.

La Comisión y los seis socios de los Balcanes Occidentales acordaron un Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha Contra el Terrorismo en el Foro Ministerial sobre Justicia y Asuntos de Interior UE-Balcanes Occidentales de Tirana. Ahora, la Comisión está facilitando la elaboración de planes de acción específicos por país, en consonancia con las prioridades regionales. Por otra parte, la Comisión ha creado una red regional de coordinadores nacionales para la prevención del extremismo violento, que celebró dos reuniones en 2018 y una en marzo de 2019.

La Comisión está ultimando la revisión de su Plan de Acción 2015-2019 sobre el Tráfico de Armas de Fuego entre la UE y Europa Sudoriental. La UE ha asignado financiación específica de la línea presupuestaria correspondiente a la PESC para respaldar la aplicación de la Hoja de Ruta Regional sobre Armas Pequeñas y Ligeras (APAL), adoptada en la reunión de ministros del Interior celebrada en Londres en julio de 2018.

La UE se ha puesto en contacto con los socios de los Balcanes Occidentales para que participen en el ciclo de políticas de la UE contra la delincuencia grave y organizada, así como en la preparación y ejecución de los correspondientes planes de acción anuales. Por su parte, el SEAE ha aumentado la frecuencia de las reuniones de diálogo sobre política exterior y de seguridad común con los Balcanes Occidentes, a fin de fomentar una mayor armonización de la región con las posiciones comunes de la UE. Además, el SEAE se ha puesto en contacto con todos los socios de los Balcanes Occidentales para que participen en encuestas sobre las amenazas híbridas con el objetivo de determinar sus puntos vulnerables y orientar mejor la asistencia de la UE. Hasta el momento, se han iniciado las encuestas con cuatro socios.

En materia de migración, la Comisión, con la colaboración de las agencias de la UE y las organizaciones internacionales pertinentes, sigue llevando a cabo ambiciosos proyectos relacionados con la gestión de la migración, con miras a desarrollar la capacidad de los socios para gestionar los flujos mixtos de migración y establecer procedimientos de asilo, mecanismos de retorno y un intercambio de información. La Comisión también ha emprendido iniciativas para coordinar mejor el trabajo de los funcionarios de enlace del ámbito de la migración destinados en la región y mejorar el intercambio de información operativa.

Con el fin de lograr mejores sinergias en el ámbito de la seguridad y la migración, la Comisión se ha esforzado en facilitar una mayor participación de las agencias JAI en los Balcanes Occidentales. A este respecto, se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), se ha firmado un acuerdo de cooperación entre Eurojust y Albania (a semejanza de los ya vigentes con Montenegro y Macedonia del Norte) y se han concluido las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con los cinco países de la región que comparten frontera con la UE. El acuerdo con Albania ha entrado en vigor, y ya se ha enviado a los primeros guardias de fronteras. Por último, con el fin de coordinar mejor la labor de las agencias participantes, la Comisión ha creado un grupo de trabajo de agencias JAI de la UE para respaldar el trabajo en los Balcanes Occidentales.

La dotación total en 2018 para acciones relacionadas con el Estado de Derecho, la seguridad y la migración ascendió a más de 145 millones EUR.

La iniciativa emblemática 3, «Apoyo al desarrollo socioeconómico», se centra en fomentar los progresos en la realización del Espacio Económico Regional (EER), adaptar los marcos de inversión existentes para estimular la inversión en la región, hacer un uso más estratégico de los programas de reforma económica, y brindar apoyo a la educación y las reformas sociales. Las reuniones de los ministros de Economía en Viena, en julio de 2018, y de los ministros de Educación en Bruselas, en junio del mismo año, constituyeron importantes catalizadores de los progresos realizados en relación con esta iniciativa emblemática, en particular, en lo que se refiere a la realización del EER y a diversas iniciativas en el ámbito de la formación profesional, la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento de las cualificaciones. En 2019, la UE también tiene previsto organizar reuniones sistemáticas con los ministros de Empleo de los Balcanes Occidentales.

La Comisión, junto con el Consejo de Cooperación Regional, ha seguido trabajando para facilitar la aplicación del Plan de Acción Plurianual del EER. Entre los logros más significativos en este ámbito, destacan la entrada en vigor del Protocolo adicional 5 del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC) sobre facilitación del comercio en abril de 2018, la aprobación del Programa Regional de Reforma de la Inversión y la puesta en marcha de un programa regional para la diversificación y la integración de los mercados financieros. Se han finalizado las negociaciones sobre la liberalización del comercio de servicios, y han comenzado las relativas a la movilidad de los profesionales de la región.

La ampliación, tanto estratégica como financiera, del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO) está en curso. En 2018 se concluyó una revisión intermedia que se había llevado a cabo para servir de guía de cara a dicha ampliación, y, en diciembre de 2018, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se convirtió en institución financiera internacional (IFI) participante en el MIBO, seguida por el Grupo del Banco Mundial, que se unió en abril de 2019. La creación de la Garantía de los Balcanes Occidentales, destinada a atraer la inversión privada en la región, está avanzando gracias a la conclusión de la evaluación ex ante en 2018 y el inicio del diálogo con las instituciones financieras internacionales.

La Comisión también ha reforzado su apoyo al desarrollo del sector privado, centrándose en las empresas emergentes y en el acceso a la financiación para los jóvenes emprendedores. Se ha puesto en marcha un nuevo programa regional de garantía juvenil de 10 millones EUR dirigido a reforzar la capacidad empresarial de los jóvenes y ofrecer oportunidades de empleo; este programa podría proporcionar hasta 80 millones EUR de financiación. En Serbia, la Comisión ha iniciado un programa de garantía similar de 20 millones EUR que se espera que logre movilizar hasta 180 millones EUR en nuevos préstamos para empresas emergentes y empresas innovadoras serbias. Asimismo, la Comisión está adoptando medidas para ampliar a los Balcanes Occidentales el apoyo al desarrollo de estrategias de especialización inteligente que actualmente solo ofrece a los Estados miembros.

La UE ha tomado medidas para aumentar el uso estratégico de los programas de reforma económica (PRE) de los socios armonizando su preparación con el Semestre Europeo. El seguimiento de las reformas sociales y en materia de empleo se ha reforzado a través del ejercicio del PRE, pero también mediante la instauración de una reunión ministerial anual entre la UE y los Balcanes Occidentales, que este año tendrá lugar en junio de 2019. Además, la ayuda económica de la UE destinada al empleo, la educación, la inclusión social y la salud se ha visto reforzada con varios programas bilaterales de asistencia nuevos, así como un programa de movilidad en la región para la educación y formación profesionales (EFP). La UE está aumentando poco a poco sus ayudas en el marco de Erasmus+ con el fin de duplicarlas de aquí a 2020.

La dotación total del IAP en 2018 para acciones relacionadas con la competitividad, el crecimiento y la educación ascendió a más de 260 millones EUR.

La iniciativa emblemática 4, «Aumento de la conectividad», se centra en el desarrollo de vínculos en la región en los ámbitos del transporte y la energía con la finalidad de facilitar el comercio y fomentar el crecimiento económico. Las medidas previstas en el marco de esta iniciativa emblemática son la planificación de infraestructuras y la inversión en ellas, y la creación de un entorno regulador adecuado para la integración de los mercados regionales.

Las reuniones de los ministros de Transportes en Liubliana, en abril de 2018, y en Bruselas, en diciembre del mismo año, fueron cruciales para la adopción de una serie de declaraciones sobre la reforma del transporte, mientras que en la reunión de los ministros de Energía y Medio Ambiente en Podgorica se asistió a la adopción de una innovadora declaración sobre transición energética.

En el ámbito de la energía, la Comisión se está esforzando en facilitar la ampliación de la Unión de la Energía de la UE a los Balcanes Occidentales y la creación de un espacio regulador único en virtud del Tratado de la Comunidad de la Energía. Para seguir avanzando en este ámbito, será necesario lograr progresos en la parte pertinente del diálogo entre Belgrado y Pristina.

Un logro importante ha sido la firma de una declaración conjunta sobre la transición energética limpia a cargo de los ministros de Energía y Medio Ambiente de los Balcanes Occidentales en su reunión de febrero de 2019 en Podgorica. La Comisión ha destinado 30 millones EUR para subvenciones relacionadas con la eficiencia energética, además de los 50 millones EUR ya disponibles en el marco del instrumento regional de eficiencia energética (REEF). En 2018, la Comisión dio su apoyo a la firma del acuerdo para la construcción del interconector de gas entre Bulgaria y Serbia, que se financiará en parte a través del IAP y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En el ámbito del transporte, la Comisión ha seguido apoyando la aplicación del Tratado de la Comunidad del Transporte y el funcionamiento de su Secretaría. En particular, ya se han creado las instituciones de la Comunidad (Comité Director Regional y Consejo Ministerial), se ha firmado el acuerdo de sede con Serbia y se ha nombrado a un director en funciones (a principios de 2019).

La Comisión ha facilitado una declaración ministerial destinada a eliminar los obstáculos fronterizos mediante la integración de pasos fronterizos viales y ferroviarios. La declaración se basa en un estudio financiado por la UE en el que se señalaron treinta y dos pasos fronterizos prioritarios de la región que podrían integrarse. Actualmente se están firmando los acuerdos bilaterales entre los países afectados con respecto a cada uno de los pasos.

Tras la adopción de las correspondientes declaraciones ministeriales en la reunión ministerial de la RTE-T en Liubliana y la Cumbre de Sofía, la Comisión también está facilitando la preparación de una nueva estrategia ferroviaria regional y un plan de acción sobre seguridad vial cuyo objetivo es, en particular, reducir el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico mediante la eliminación de puntos negros. En 2018, la Comisión financió veinticuatro inspecciones de estos puntos negros por parte de expertos de Connecta.

En cuanto a la inversión en infraestructuras, el Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales siguió apoyando la agenda de conectividad en 2018. En la Cumbre de Sofía, la Comisión anunció que subvencionaría once nuevos proyectos de transporte (

La iniciativa emblemática 5, «Una Agenda Digital para los Balcanes Occidentales», se centra en el desarrollo de una economía y sociedad digitales en la región. La Agenda, basada en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se exponen las iniciativas clave, se presentó en junio de 2018 en la Asamblea Digital anual de la UE. Asimismo, la Comisión ha puesto en marcha diálogos sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con los socios de los Balcanes Occidentales, en el marco de los cuales la comisaria de Economía y Sociedad Digitales ha visitado la mayoría de las capitales de la región.

Por otra parte, la Comisión ha apoyado firmemente las negociaciones relativas a un nuevo acuerdo regional sobre itinerancia que conlleva la supresión de las tarifas de itinerancia intrarregionales en los Balcanes Occidentales. Se adoptó en la reunión ministerial sobre el ámbito digital de abril de 2019 y entrará en vigor en julio de 2019.

La Comisión ha destinado 30 millones EUR en el marco del MIBO a la asistencia técnica para la preparación de inversiones en conectividad de banda ancha, y otros 8 millones EUR a una iniciativa regional de desarrollo de la ciberseguridad.

La UE también está trabajando para abrir el acceso de los socios de los Balcanes Occidentales a diversos foros y grupos europeos. En particular, se ha incluido a los socios como observadores en el Grupo Europeo de Reguladores Encargados de los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA) y en el Grupo de Alto Nivel del Mercado Único Digital (DSM HLG). También se les ha invitado como observadores al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).

Por último, la Comisión está implicando a los socios en diversas iniciativas de la UE en el ámbito de las competencias digitales, la administración electrónica y la sanidad electrónica. Entre ellas figuran la red de Oficinas de Desarrollo de la Banda Ancha, el programa de prácticas «Oportunidad Digital», el programa ISA2 de los embajadores de la Semana de la Programación de la UE, la red de sanidad electrónica («eHealth»), la Alianza Europea de Inteligencia Artificial y el Observatorio y el Foro de la Cadena de Bloques de la UE.

La dotación total del IAP en 2018 para las medidas relacionadas con la conectividad en el transporte, la energía y el sector digital ascendió a 450 millones EUR.

La iniciativa emblemática 6, «Apoyo a la reconciliación y a las relaciones de buena vecindad», se centra en fomentar una paz sostenible y duradera en la región trabajando en torno a tres temas: gestionar la herencia del pasado, recuperar las relaciones interpersonales entre las comunidades y reforzar la cooperación en los ámbitos de interés mutuo. Estos asuntos figuran sistemáticamente en el orden del día de las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores de los Balcanes Occidentales y también de una serie de reuniones de alto nivel sobre cuestiones bilaterales iniciadas por la Presidencia austriaca en 2018.

La Comisión sigue apoyando el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales y el Tribunal Especial para Kosovo. Junto a la Comisión Internacional sobre Desaparecidos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión respalda los esfuerzos para resolver los casos pendientes de personas desaparecidas y atender las necesidades de sus familias. La Comisión también ha reforzado su apoyo a la creación de una comisión regional de esclarecimiento de la verdad.

La UE proporciona ayuda financiera a la Oficina Regional de Cooperación Juvenil, que constituye un importante instrumento para aumentar la movilidad y la cooperación entre los jóvenes. El Laboratorio sobre la juventud de los Balcanes Occidentales se puso en marcha con la intención de capacitar a los jóvenes para contribuir a la formulación de políticas. Se ha reforzado el apoyo a la cooperación entre las industrias culturales y creativas en el marco del programa «Europa Creativa».

Además de las diversas medidas plurinacionales en apoyo de la cooperación regional, el Programa de Cooperación Transfronteriza (PCT) está haciendo posible la realización de proyectos conjuntos y específicos de interés común relacionados con aspectos como la gestión de los recursos naturales, el turismo y la cultura. El apoyo global de la UE a las reformas institucionales y socioeconómicas contribuye a restaurar la confianza de los ciudadanos y las comunidades y, por tanto, a fomentar un entorno propicio a la reconciliación.

La dotación total del IAP en 2018 para el apoyo a las relaciones de buena vecindad y la reconciliación se situó cerca de los 80 millones EUR.

En los próximos años, la Comisión proseguirá su labor basándose en los logros mencionados de las seis iniciativas emblemáticas con el fin de cumplir íntegramente los compromisos asumidos en la Estrategia de los Balcanes Occidentales. Seguiremos manteniendo implicados e informados a los socios y a los Estados miembros a través del diálogo político, evaluaciones periódicas y reuniones de trabajo específicas. La dedicación constante y la cooperación regional constructiva de los socios de los Balcanes Occidentales serán decisivas para la consecución de los ambiciosos objetivos de la Estrategia y su plan de acción.

ANEXO 4: Estadísticas clave

(1)

  COM(2018) 450 final.

(2)

 «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales», [ COM(2018) 65 final ].

(3)

  https://www.consilium.europa.eu/media/34784/sofia-declaration_es.pdf

(4)

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

(5)

  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

(6)

  Decisión C(2015) 9500 de la Comisión , de 24 de noviembre de 2015, sobre la coordinación de las acciones de la Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados, modificada por la Decisión C(2016)855 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016. 

(7)

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) [ COM(2018) 465 final ].

 

(8)

 Por este motivo, en consonancia con su Hoja de Ruta para una Unión más Unida, más Fuerte y más Democrática, la Comisión ha presentado una serie de iniciativas destinadas a mejorar el marco democrático, institucional y político para la Unión de 2025, partiendo de la base de los Tratados actuales.

(9)

En consonancia con la terminología de las instituciones europeas, el término genérico «gitano» se utiliza aquí para hacer referencia a diferentes grupos, sin que ello implique la negación de las especificidades de cada uno.

(10)

En consonancia con la terminología de las instituciones europeas, el término genérico «gitano» se utiliza aquí para hacer referencia a diferentes grupos, sin que ello implique la negación de las especificidades de cada uno.