COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 21.11.2018
COM(2018) 770 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019:
Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial
Introducción
En 2019, se espera que la economía de Europa siga expandiéndose, proporcionando empleo a un número récord de personas y sacando a millones de personas de la pobreza y de la exclusión social. Las reformas estructurales, la inversión y unas políticas presupuestarias responsables aplicadas por los Estados miembros, además de una acción decisiva a nivel europeo, incluido el Plan de Inversiones para Europa, han contribuido a restablecer la estabilidad y a dar una mayor prosperidad a la actual economía europea. El empleo ha alcanzado un nivel récord de 239 millones de personas y el desempleo ha vuelto al nivel anterior a la crisis, lo cual ha ayudado a más de 10 millones de personas a salir de la pobreza o de la exclusión social en los últimos años.
La economía europea está entrando ahora en su sexto año de crecimiento ininterrumpido. La dispersión de las tasas de crecimiento en la zona del euro es la más baja en la historia de la Unión Económica y Monetaria. Ha vuelto la convergencia real, con unas tasas de crecimiento más elevadas registradas en los Estados miembros con niveles de PIB más bajos. El fuerte crecimiento y los bajos tipos de interés han favorecido una disminución continua de los déficits públicos nacionales, que, en la mayoría de los casos, han vuelto a los niveles anteriores a la crisis. El déficit de inversión generado por la crisis ya casi está saneado. Después de muchos años difíciles, Grecia ha concluido con éxito su programa de asistencia financiera, y ha conservado su lugar en el núcleo de la zona del euro y la Unión Europea.
Sin embargo, el crecimiento de la economía no ha beneficiado de la misma forma a todos los ciudadanos y a todos los países, y sigue siendo vulnerable frente a la inestabilidad global y los retos a medio y largo plazo. Las variables económicas fundamentales para un crecimiento sostenido en Europa existen. Sin embargo, se prevé que el crecimiento económico será moderado y se enfrentará a importantes riesgos de sobreestimación. Las condiciones de financiación siguen siendo favorables, pero se prevé cierto endurecimiento, a medida que el crecimiento sigue, la inflación se recupera y la política monetaria se normaliza gradualmente. La inquietud en lo que respecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países con un nivel elevado de deuda podría dar lugar a un incremento de los costes de financiación en todos los sectores de la economía, en particular en el sector bancario. Algunos Estados miembros siguen registrando una elevada tasa de desempleo, y la renta de los hogares es inferior a los niveles anteriores a la crisis. Otros sufren una situación de subempleo o falta de capacidades. El crecimiento de la productividad es bajo y la difusión de las tecnologías digitales es lenta. Los retos a largo plazo —como el envejecimiento de la población, la digitalización y sus efectos sobre el trabajo, el cambio climático y el uso insostenible de los recursos naturales— siguen siendo apremiantes. Entre los factores de riesgo adicionales, cabe destacar un mayor endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y sus posibles repercusiones sobre la estabilidad financiera en los mercados emergentes; las continuas tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial y la persistencia de incertidumbres en lo concerniente a las futuras relaciones de la Unión con el Reino Unido.
Los nuevos retos y la incertidumbre global nos recuerdan que el actual impulso económico ofrece una oportunidad que no debe desaprovecharse. Redoblar los esfuerzos de reforma, seleccionar cuidadosamente las inversiones y reducir los niveles de deuda, en consonancia con las normas presupuestarias europeas comunes, es fundamental para que la Unión y sus Estados miembros sean más fuertes, más inclusivos y más resilientes. Las políticas económicas y presupuestarias deben preservar la estabilidad macroeconómica, luchar contra los altos niveles de deuda y crear reservas que amortigüen las perturbaciones externas o internas para mitigar las repercusiones en materia social y de empleo. La inversión y las reformas estructurales deben centrarse aún más en impulsar el crecimiento potencial.
Una economía resiliente e inclusiva permitirá a la Unión aprovechar sus puntos fuertes a escala mundial y promover los beneficios del multilateralismo y de la integración económica. El euro es un factor de estabilidad y un escudo frente a los crecientes riesgos negativos para las perspectivas económicas mundiales. Sin embargo, es preciso seguir reforzando su estructura. Un mercado único plenamente integrado y que funcione correctamente ayudará a proteger a Europa contra futuras perturbaciones y crisis, mientras que una verdadera Unión de Mercados de Capitales liberará financiación adicional para el crecimiento de Europa. También es fundamental dotar rápidamente a nuestra Unión de un presupuesto a largo plazo que tenga en cuenta el rápido desarrollo en lo que respecta a la innovación, y al entorno económico y geopolítico, a fin de apoyar el cambio estructural y lograr una Europa más fuerte y más cohesionada frente al aumento de la incertidumbre, tanto a nivel interno como externo. Para reforzar la dimensión social de la Unión y fomentar la convergencia al alza con vistas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, es necesario poner en práctica los principios proclamados en el pilar europeo de derechos sociales, tanto a nivel europeo como nacional.
1.Cuatro años después: se han obtenido resultados en materia de crecimiento, empleo e inversión
En 2014, Europa acababa de salir de la peor crisis económica y financiera de las últimas generaciones. La producción económica real empezaba apenas a recuperar los niveles anteriores a la crisis, y un período prolongado de baja inversión, además de otros factores, afectaban negativamente a la productividad y a la competitividad. Unos elevados déficits públicos y otros desequilibrios macroeconómicos ponían en peligro la frágil recuperación. Las consecuencias sociales de la crisis se notaron profundamente en toda la Unión, con un elevadísimo nivel de desempleo, en particular entre los jóvenes, el aumento de la pobreza y unas crecientes desigualdades sociales.
Gráfico 1. Dispersión del crecimiento del PIB en la zona del euro (2000-2018). Fuente: Comisión Europea
Actualmente, Europa ha pasado página en lo que respecta a la crisis económica y financiera. La economía europea está entrando ahora en su sexto año de crecimiento ininterrumpido. El sólido crecimiento económico ha ido acompañado de una recuperación de la inversión, una mayor demanda de consumo, una mejora de las finanzas públicas y la continua creación de empleo, aunque a distinto ritmo según los países. La dispersión de las tasas de crecimiento entre los países de la zona del euro ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la Unión Monetaria (véase el gráfico 1).
Los resultados microeconómicos también han mejorado en los últimos años. La diferencia de productividad respecto a Estados Unidos se ha estabilizado y la producción manufacturera de la UE ha aumentado considerablemente. Los bienes manufacturados y los servicios de Europa siguen siendo atractivos en el mercado mundial, a pesar de la caída de la demanda de los mercados emergentes y de los mayores precios del petróleo. La conectividad digital en los Estados miembros ha aumentado más del 40 % desde 2014.
Al entrar en funciones, el presidente Juncker presentó una ambiciosa agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. El empleo, el crecimiento y la inversión se hallaban a la cabeza de las diez prioridades presentadas. Desde entonces, los tres pilares principales para la política económica y social de la UE son un impulso coordinado de la inversión, un compromiso renovado para emprender reformas estructurales y la adopción de unas políticas presupuestarias responsables. En consonancia con las orientaciones integradas, estos elementos constituyen un triángulo virtuoso, que ha contribuido a reforzar la recuperación y apoyar el crecimiento económico.
El Plan de Inversiones para Europa ha contribuido de forma significativa a cumplir las promesas hechas en 2014.Ya ha incrementado el PIB de la UE en un 0,6 % y se prevé que contribuirá a un incremento de un 0,7 % adicional de aquí a 2020. Ha facilitado la canalización de inversiones públicas y privadas en proyectos que garanticen el crecimiento a largo plazo. Al complementar las acciones nacionales para mejorar el acceso a la financiación, el Plan Juncker ha incrementado y diversificado la disponibilidad de instrumentos financieros durante la recuperación. Se calcula que sus operaciones ya han respaldado la creación de más de 750 000 puestos de trabajo, y se prevé que esta cifra aumente hasta 1,4 millones antes de 2020.
Gráfico 2. Evolución del mercado de trabajo
Los progresos alcanzados para garantizar unas políticas presupuestarias sanas y unas reformas estructurales han sido fundamentales para reducir los niveles de deuda y estimular la creación de más y mejores puestos de trabajo. En el marco del Semestre Europeo, las reformas estructurales han respaldado el crecimiento integrador y el empleo, y al mismo tiempo han facilitado la reducción de los desequilibrios macroeconómicos. La incorporación del pilar europeo de derechos sociales en el Semestre Europeo desde 2018 también ha favorecido este proceso. La disciplina presupuestaria ha garantizado la estabilidad financiera en muchos Estados miembros. Actualmente las finanzas públicas tienen una base más sólida, aunque en los países muy endeudados es preciso reconstituir las reservas presupuestarias con más determinación. La calidad del gasto público ha mejorado, también gracias a la recuperación de la inversión. La mejora de las condiciones para las empresas, incluidas las medidas destinadas a aligerar la carga administrativa o aumentar la eficiencia de los sistemas fiscales, también ha sido decisiva para crear un entorno normativo adecuado y promover un clima de emprendimiento y de creación de empleo. Los progresos realizados a escala nacional y de la UE en ámbitos como los servicios, las infraestructuras, la banda ancha, la energía, el transporte, la economía circular, las reformas del mercado laboral, la asistencia sanitaria, la educación, la investigación, la formación y la innovación han creado nuevas oportunidades para el crecimiento y el empleo.
Todos estos avances han fomentado un crecimiento integrador y han contribuido a una mejora sustancial de las condiciones sociales y del mercado laboral. La tasa de empleo de las personas de edades comprendidas entre 20 y 64 años fue del 73,2 % en el segundo trimestre de 2018, el nivel más elevado nunca alcanzado en la UE (véase el gráfico 2). Con la tendencia actual, la UE está en el buen camino para alcanzar el objetivo del 75 % en 2020 previsto en la estrategia Europa 2020. Al mismo tiempo, como consecuencia de ello, recientemente la tasa de desempleo ha bajado al 6,8 %, es decir, un nivel anterior a la crisis. El desempleo juvenil y el desempleo de larga duración también están disminuyendo. Aun así, siguen siendo elevados en algunos Estados miembros. Gracias a la mejora de las condiciones del mercado laboral, el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, que fue de 113 millones de personas en 2017, por primera vez ha disminuido hasta niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, en varios Estados miembros la tasa de pobreza de las personas empleadas es elevada, e incluso aumenta. El riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo un reto, en particular en lo que respecta a los niños, las personas con discapacidad y los inmigrantes y descendientes de inmigrantes.
2.Principales retos de cara al futuro
A pesar de los progresos realizados, los riesgos y los retos externos están aumentando, lo cual exige una respuesta de una Europa más fuerte y más unida. Desde el auge de China en la cadena de valor mundial hasta la interrupción por parte de Estados Unidos del orden económico de la posguerra a través de un creciente proteccionismo comercial, la UE tendrá que afrontar el reto de un entorno mundial incierto que cambia rápidamente.
Un futuro próspero de Europa depende de su capacidad para hacer frente a vulnerabilidades persistentes, dar respuesta a los retos a largo plazo y resistir a los riesgos que se multiplican a nivel mundial. La globalización ha contribuido al crecimiento económico, pero no ha aportado los mismos beneficios a todos. Algunas regiones y sectores han tenido dificultades para aprovechar al máximo la integración del mercado y la innovación tecnológica. A pesar de unas condiciones económicas favorables, sigue habiendo altos niveles de desigualdad de ingresos.
En varios Estados miembros, el lento ritmo de las reformas, el débil crecimiento de la productividad y los elevados niveles de deuda reducen el potencial de crecimiento de la economía. El envejecimiento de la población, la digitalización y el cambio climático ejercen una presión creciente sobre nuestra mano de obra, los sistemas de bienestar social y la industria, y nos obligan a innovar y llevar a cabo reformas para mantener un alto nivel de vida.
Recuadro: Principales riesgos y retos
üVulnerabilidades persistentes: lento crecimiento de la productividad; desigualdad de ingresos persistente y lenta reducción de la pobreza; disparidades regionales y territoriales; elevado endeudamiento público y privado y otros desequilibrios macroeconómicos, en particular en la zona del euro.
üRetos a corto plazo: aumento del proteccionismo y tensiones geopolíticas que afectan a las relaciones comerciales; inestabilidad en los mercados emergentes; inadecuación de las capacidades y escasez de mano de obra en algunos países y sectores; migración; difusión lenta de las nuevas tecnologías digitales; retirada gradual de los bancos centrales; pérdida de impulso de las reformas / riesgos de inversión de los procesos de reforma y empeoramiento de los desequilibrios presupuestarios.
üRetos a medio y largo plazo: aprovechar el potencial de crecimiento de la digitalización; repercusiones de las transformaciones tecnológicas en los trabajadores y en sectores específicos; impacto de los cambios demográficos y papel de la migración; mitigación del cambio climático y adaptación a él; y utilización sostenible de los recursos naturales.
La estabilidad macrofinanciera y la solidez de las finanzas públicas siguen siendo una condición indispensable para un crecimiento sostenible. La aplicación de reformas estructurales y el restablecimiento de un margen de maniobra presupuestaria se refuerzan mutuamente a este respecto: unas reformas que impulsen el crecimiento darían lugar a una reducción de los niveles de la deuda, mientras que la reducción de la deuda puede crear margen para la inversión y el crecimiento. Si bien todos los países deberían eliminar los estrangulamientos que frenan la inversión, su estímulo en los países de la zona del euro con grandes superávits por cuenta corriente contribuirá al reequilibrio.
Para hacer frente a posibles futuras perturbaciones hay que realizar progresos —esperados desde hace tiempo— en la profundización de la Unión Económica y Monetaria. Es urgente centrarse en culminar la Unión Bancaria —incluido el establecimiento de un mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución— y en crear una función de estabilización central para hacer frente a grandes perturbaciones asimétricas, manteniendo al mismo tiempo fuertes incentivos para las reformas estructurales en el nivel nacional. La Comisión ha realizado varias propuestas concretas para lograrlo, la mayoría de las cuales están actualmente pendientes de aprobación por el Parlamento y el Consejo. Las incertidumbres económicas mundiales repercuten en la confianza de las empresas y de los consumidores, así como en las perspectivas económicas. Esto conlleva un incremento del coste resultante del retraso de las medidas y refuerza la necesidad de consolidar el papel internacional del euro. Una economía fuerte permitirá a la UE aprovechar sus puntos fuertes a escala mundial, y fomentará el multilateralismo.
El refuerzo del proteccionismo y de las tensiones comerciales en la escena mundial también han amplificado la importancia de un buen funcionamiento del mercado único. Para atenuar esas amenazas, es fundamental llevar a cabo rápidamente las reformas pendientes en lo que respecta a los mercados de capitales y de la energía, así como de la economía digital, adoptar medidas creíbles que garanticen la aplicación de la ley y proseguir las reformas del mercado de productos y servicios a escala nacional. La adopción de las medidas propuestas por la UE para reforzar la movilidad de los trabajadores mediante el establecimiento de normas claras y justas es clave a fin de garantizar que el mercado interior beneficie a los ciudadanos en términos más generales. Un acuerdo sobre normas armonizadas con vistas a una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades eliminaría los obstáculos fiscales transfronterizos y beneficiaría a las empresas en el mercado único.
Gráfico 3. Fuente: Comisión Europea
En las dos últimas décadas, la productividad total de los factores en la zona del euro ha quedado por detrás de los principales competidores mundiales (véase el gráfico 3). Mejorar la productividad es fundamental para sostener el crecimiento económico. En particular, puede permitir a la UE seguir siendo competitiva, apoyar el crecimiento de los salarios, crear puestos de trabajo de calidad y fomentar la convergencia al alza de los niveles de vida. Un mayor crecimiento de la productividad también permitiría a la UE ampliar su participación en las cadenas de valor mundiales.
Existen considerables diferencias de productividad entre las empresas, las regiones y los sectores de la UE. En particular, el crecimiento de la productividad en la mayoría de los sectores de servicios no consigue seguir el ritmo de la industria manufacturera ni de la competencia internacional. Esto afecta significativamente a la competitividad de la UE, ya que nueve de cada diez puestos de trabajo creados recientemente se hallan en los sectores de servicios. En la mayoría de los Estados miembros, las empresas más productivas han aumentado su productividad, mientras que las menos productivas se han estancado. Esa situación sugiere que la difusión de las tecnologías de las empresas más innovadoras al resto de la economía se ha ralentizado. Mejorar la eficiencia de la asignación de recursos ayudaría a transferir capital y trabajo de empresas menos productivas a empresas más productivas, a reducir la dispersión y a aumentar la productividad global. Dado que la productividad es un factor determinante para el crecimiento de los salarios, también tendría un efecto al alza sobre los salarios.
Para progresar, unas economías cada vez más digitalizadas y globalizadas requieren inversiones más consistentes y más inteligentes en capacidades y en educación. La digitalización ofrece importantes ventajas, pero también conlleva retos para los trabajadores y los empresarios. El actual cambio tecnológico se traduce en una rápida reestructuración, incluso en las industrias tradicionales, lo cual exige una mano de obra más cualificada y una mejora de las capacidades. Incluso ahora, la inadecuación de las cualificaciones es considerable, ya que el 40 % de los empleadores de la UE señala que tiene dificultades para contratar a personas con las capacidades adecuadas. Por término medio en la UE, las tasas de empleo de los trabajadores con bajo nivel de estudios son casi 30 puntos porcentuales más bajas que las de los trabajadores con un nivel de estudios elevado. Más de 60 millones de adultos no tienen las capacidades necesarias en lectura, escritura y cálculo, ni en el ámbito digital.
Las grandes disparidades regionales y territoriales siguen siendo una importante fuente de preocupación. La UE ha sido una máquina de convergencia sin precedentes, que ha contribuido a garantizar una mayor cohesión dentro de los Estados miembros y entre ellos en una Unión ampliada. Sin embargo, en muchos países de la UE, algunas regiones se están quedando atrás. Si bien las regiones más pobres se han vuelto más prósperas desde 2010, la brecha económica que las separa de las regiones más ricas ha crecido. El cambio tecnológico y la transición energética podrían aumentar esa brecha, a menos que se adopten las medidas adecuadas para impulsar la competitividad regional (por ejemplo, la creación de incentivos para la adopción de nuevas tecnologías y el reciclaje de la mano de obra, o abordar el declive demográfico). A este respecto, las inversiones realizadas a través de la política de cohesión de la UE tienen un papel importante que desempeñar, junto con las reformas nacionales orientadas a impulsar el crecimiento potencial, la inclusión y la buena gobernanza. Las propuestas de la Comisión relativas al nuevo marco financiero plurianual fomentan vínculos más fuertes entre las necesidades de reformas estructurales detectadas en el contexto del Semestre Europeo y las inversiones europeas en los Estados miembros, a fin de impulsar la competitividad y la cohesión.
Si bien la desigualdad de ingresos es menor en la UE que en otras economías desarrolladas, se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis. El pilar europeo de derechos sociales tiene por objeto lograr la convergencia hacia una mejora de las condiciones de vida y de trabajo. A este respecto, son fundamentales las reformas, incluido el desarrollo de sistemas de protección social inclusivos y favorables al crecimiento, de sistemas fiscales y de prestaciones más justos y de unas instituciones del mercado de trabajo que combinen la flexibilidad con la seguridad. A medida que van apareciendo nuevas formas de trabajo, como el trabajo en plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia, habrá que modernizar y adaptar la protección social, tradicionalmente orientada a los trabajadores a tiempo completo con contratos indefinidos. En un mundo globalizado, la capacidad de un gobierno para gravar por sí solo los ingresos más elevados y los propietarios de patrimonios más ricos es cada vez más limitada. Garantizar una fiscalidad más equitativa —en particular de la economía digital— en consonancia con las medidas propuestas por la UE, es una condición indispensable para un crecimiento más integrador.
El envejecimiento de la población europea es un reto para las pensiones, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Se prevé que la ratio entre el número de personas de más de 65 años y las personas de 15-64 años aumentará del 28,8 % en 2015 al 35,1 % en 2025, y será superior al 50 % en 2050. Esto tiene implicaciones importantes para el futuro crecimiento económico y la distribución de los recursos: requerirá medidas adicionales para garantizar tanto la sostenibilidad fiscal como una cobertura adecuada. La situación de los jóvenes es especialmente preocupante, ya que pueden enfrentarse a una doble carga: tener que pagar unos tipos de contribución más elevados durante su vida activa y recibir pensiones más bajas al jubilarse. Un mercado laboral más dinámico e integrador, así como unos sistemas de protección social reformados, podrían mitigar los riesgos sociales y para las finanzas públicas derivados del envejecimiento de la población.
3.Establecer las correctas prioridades para un futuro próspero
Europa necesita tener una visión a largo plazo y aumentar su resiliencia socioeconómica a fin de reforzar su capacidad para hacer frente a las perturbaciones y aprovechar las nuevas oportunidades. El constante crecimiento que Europa está experimentando en la actualidad proporciona el entorno adecuado para llevar a cabo las reformas urgentes pendientes que son necesarias para responder a los retos a los que nos enfrentamos.
Hoy, tomar las decisiones políticas adecuadas es fundamental para conseguir un crecimiento mayor y más justo, mejores puestos de trabajo y una mayor capacidad para suavizar los efectos de los ciclos económicos mundiales. Un conjunto coherente de prioridades es fundamental para orientar los planes nacionales de reformas y complementar los esfuerzos realizados a nivel de la UE. La clave para un futuro próspero sigue siendo 1) realizar inversiones de gran calidad; 2) centrarse en las reformas que incrementen el crecimiento de la productividad, la inclusividad y la calidad institucional; y 3) seguir garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas.
Realizar inversiones de gran calidad
La inversión es el motor del crecimiento y de la creación de empleo. Los Estados miembros deben seguir fomentando un entorno que sea favorable a las inversiones que generen crecimiento. Una inversión pública y privada bien enfocada debería ir acompañada de unas reformas estructurales bien diseñadas. Debería servir para crear o modernizar las infraestructuras estratégicas, reforzar el capital humano para la competitividad del mañana y mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Debería asimismo contribuir a alcanzar el objetivo de la Unión de avanzar hacia una economía circular hipocarbónica, en apoyo de la sostenibilidad a largo plazo. De hecho, una inversión que promueva la sostenibilidad medioambiental puede impulsar la productividad en todos los sectores de la economía a través de una mayor eficiencia de los recursos y de una reducción de los costes de los insumos.
Existe un importante déficit de inversión en la investigación y la innovación,en particular en la infraestructura digital y los activos intangibles. El auge de las tecnologías digitales está cambiando profundamente la dinámica de innovación. Los efectos de red y la complejidad del proceso de innovación están aumentando. Los beneficios de la innovación se concentran en un puñado de empresas que han alcanzado fuertes tasas de crecimiento de la productividad. Para garantizar una mayor productividad general impulsada por la innovación, se requiere una mayor difusión y asimilación de la innovación en toda la UE. La inversión debería reforzar los vínculos entre el mundo científico y las empresas, haciendo más hincapié en la difusión de la innovación y en la creación de nuevos mercados, ampliando la infraestructura digital (por ejemplo, la banda ancha y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas) y desarrollando el conjunto adecuado de capacidades.
La inversión en educación, formación y desarrollo de las capacidades es fundamental para aumentar la productividad y el mantenimiento del empleo en un contexto de rápida evolución y digitalización. Los Estados miembros deberían dotar a los jóvenes de las competencias que correspondan a las necesidades del mercado laboral, y al mismo tiempo permitir y fomentar el aprendizaje permanente. Deberían prestar especial atención a la capacidad de adaptación de la mano de obra, en particular de las personas poco cualificadas, a fin de garantizar la óptima utilización de los avances tecnológicos. También es necesario prestar especial atención a la lucha contra las desigualdades en el acceso a una educación y formación de calidad, desigualdades que sigue habiendo en la mayoría de los Estados miembros.
Recuadro: Capacidades y conocimientos para el crecimiento de mañana
Una inversión pública de calidad en educación y formación es fundamental para impulsar un crecimiento sostenible, inclusivo y basado en el uso intensivo de conocimientos. Los malos resultados educativos tienen repercusiones importantes sobre el futuro de las tasas de empleo, los niveles de pobreza y la competitividad. Los efectos perturbadores de la innovación en el lugar de trabajo hacen aún más necesario tener una educación y una formación de calidad. En la mayoría de los Estados miembros, eso requiere más inversiones y reformas en los sistemas de educación y formación. La eficiencia y la pertinencia para el mercado laboral de las inversiones dirigidas a mejorar los resultados educativos podrían mejorarse aún más.
Es fundamental garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad y conseguir elevados resultados educativos. Para ello se requieren inversiones adecuadas. Es decisivo aplicar un enfoque estratégico global, que en muchos casos debe empezar por garantizar el acceso a unos servicios de calidad en el ámbito de la educación y de los cuidados de la primera infancia, como primer paso hacia el éxito en la educación y el empleo en las etapas posteriores de la vida. Además, el refuerzo de las capacidades básicas debería ser un asunto prioritario para la acción, junto con el refuerzo de la educación inicial y el desarrollo profesional permanente de los profesores y los formadores. Los Estados miembros también deben reforzar los sistemas de educación y formación profesionales y hacerlos más atractivos como opción de primera elección, incrementando su flexibilidad y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo y aumentando las posibilidades de formación y aprendizaje basado en el trabajo. También son necesarios esfuerzos para modernizar la educación superior.
Es fundamental elaborar un enfoque estratégico para el desarrollo permanente de las capacidades. Para mejorar la resiliencia de las personas y su adaptabilidad a los cambios, la acción política debe apoyar el compromiso activo de todos los adultos en actividades de reciclaje o de mejora de las capacidades. Una sólida información sobre el mercado de trabajo y las capacidades debería ser la base para las decisiones en materia de gasto y contribuir a prever posibles necesidades de reestructuración. El éxito de las estrategias de desarrollo permanente de las capacidades depende en gran medida de los servicios de orientación y apoyo en todas las fases del aprendizaje. Deberían intensificarse los esfuerzos para que los adultos poco cualificados puedan tener acceso al perfeccionamiento profesional (incluidas las capacidades transversales y digitales), ayudándoles a adquirir las cualificaciones pertinentes para el mercado laboral. Esto también servirá para respaldar la integración de los migrantes y para un mejor uso de sus capacidades y cualificaciones.
El crecimiento económico actual debería traducirse en una distribución anticipada de la inversión en la modernización y la descarbonización de la industria, de los transportes y de la energía de Europa. Las inversiones en infraestructuras en estos ámbitos deben responder a la evolución de las necesidades del futuro y facilitar la inserción de las empresas de la UE en las cadenas de valor internacionales dentro y fuera del mercado único. Es necesario seguir disociando el uso de la energía y los recursos del crecimiento económico de la UE para alcanzar los objetivos de 2030 en materia de clima y energía, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Invertir en la economía circular hipocarbónica, en particular a través de la innovación, es una de las claves para que Europa siga siendo competitiva a nivel mundial y para aumentar la productividad sin poner en peligro el nivel de vida. La modernización de las infraestructuras de transporte, incluidas las inversiones en la movilidad inteligente, sostenible y segura, en particular la movilidad sin emisiones, sigue siendo un problema en algunos Estados miembros. Para lograr que la vivienda sea más asequible y reducir el consumo de energía, se necesitan inversiones destinadas a la construcción de viviendas y normativas nacionales simplificadas.
Debe aprovecharse más la inversión privada, procedente de mercados de capitales integrados y que funcionan correctamente. Mientras la UE finaliza la elaboración de su plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales, toda la diversidad de los mercados de capitales de Europa, desde las plataformas mundiales hasta las redes integradas a nivel regional, pasando por las iniciativas locales, deberían desarrollarse más para financiar a las empresas y fomentar la descarbonización y la transición hacia una economía más sostenible.
Las propuestas de la Comisión relativas al próximo marco financiero plurianual de la UE respaldan plenamente la realización de más y mejores inversiones por parte de las autoridades nacionales y el sector privado. Como se ha mencionado anteriormente, la Comisión tiene previsto establecer unos vínculos más efectivos entre el Semestre Europeo y la financiación de la UE para el período 2021-2027 (véase el recuadro a continuación). Por otra parte, el nuevo programa InvestEU reunirá bajo un mismo techo la multitud de instrumentos financieros de la UE disponibles para apoyar la inversión. De esa forma, la financiación de la UE para proyectos estratégicos de inversión en Europa será más sencilla, más eficiente y más flexible. Al reforzar las prácticas existentes en el contexto del próximo marco financiero plurianual, los programas de la UE se utilizarán de forma coherente para maximizar el valor añadido de la financiación de la UE y respaldar las reformas a nivel nacional en el contexto del Semestre Europeo, con el objetivo último de cumplir de forma eficaz las prioridades políticas de la UE.
Recuadro: Una mayor armonización entre el Semestre Europeo y la financiación de la UE destinada a la cohesión
Abordar los retos detectados en el contexto del Semestre Europeo es clave para impulsar la inversión y hacerla más eficaz con vistas a alcanzar una mayor cohesión socioeconómica y territorial en toda la UE. Al mismo tiempo, en algunos casos son necesarias inversiones para apoyar la aplicación de las recomendaciones específicas por país. Ya existen vínculos formales entre la financiación de la UE destinada a la cohesión y la coordinación de las políticas económicas en el marco del Semestre Europeo. Crear mayores sinergias y una complementariedad entre ellas puede ser muy beneficioso para ambos procesos.
Para alcanzar este objetivo, el Semestre Europeo de 2019 hará más hincapié en evaluar las necesidades de inversión a fin de orientar las decisiones de programación para el período 2021-2027. El análisis de los informes por país de 2019 examina las necesidades de inversión en cada país, incluidas, si procede, las dimensiones regional y sectorial. Sobre la base de este análisis, un nuevo anexo del informe por país determinará las necesidades de inversión que sean pertinentes para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo de Cohesión durante el período 2021-2027, lo que proporcionará una sólida aportación analítica para el diálogo de programación con los Estados miembros.
Basándose en los informes por país, la Comisión también tiene previsto indicar, como parte de sus propuestas para las recomendaciones específicas por país de 2019, los ámbitos prioritarios para la inversión pública y privada a fin de facilitar en mayor medida la aplicación de las reformas impulsoras del crecimiento.
Concentrar los esfuerzos de las reformas en el crecimiento de la productividad, la inclusividad y la calidad institucional
Las inversiones de calidad deben ir acompañadas de las reformas estructurales adecuadas. Una visión de futuro del crecimiento requiere renovar el enfoque de los esfuerzos nacionales de reforma en tres ámbitos clave: el crecimiento de la productividad, la inclusividad y la calidad institucional.
Un mayor crecimiento de la productividad debe ser un objetivo prioritario de las reformas nacionales. Una implantación mayor y más rápida de las tecnologías que mejoran la productividad requiere medidas específicas para promover la inversión correspondiente (por ejemplo, incentivos fiscales), el desarrollo de capacidades, y el refuerzo de los vínculos entre los sistemas de educación y formación y las empresas. Las tecnologías digitales avanzadas, como la informática de alto rendimiento, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, han alcanzado un grado de madurez suficiente para implantarlas y expandirlas. Además, tienen el potencial para crear nuevas fuentes de ingresos y puestos de trabajo si se ofrecen los incentivos adecuados para las empresas.
Los Estados miembros deben asumir la responsabilidad tanto colectiva como individual en el mercado único para liberar su potencial desaprovechado. Junto con la innovación y la difusión de la tecnología, los mercados de productos y servicios que funcionan correctamente son un motor clave del crecimiento de la productividad, ya que permiten una asignación más eficiente de los recursos. Si bien algunos Estados miembros cuentan con un entorno empresarial favorable, otros necesitan reformas más profundas a fin de facilitar la entrada y la salida de los mercados de bienes y servicios. Las reformas son particularmente necesarias en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, el transporte, los servicios empresariales y los mercados al por menor. Sigue habiendo comportamientos de rentismo parasitario que retrasan la introducción de innovaciones y de nuevos modelos empresariales, como la economía colaborativa y circular. En muchos casos, los marcos de insolvencia no son lo suficientemente eficaces para liberar recursos para las nuevas empresas.
Es necesario llevar a cabo nuevas reformas para encontrar el equilibrio adecuado entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo. La legislación laboral y los sistemas sociales deben ofrecer seguridad a todas las categorías de trabajadores, facilitar las transiciones entre empleos y situaciones profesionales, así como fomentar la movilidad y la flexibilidad, a la vez que combaten más eficazmente la segmentación del mercado de trabajo y la pobreza de los trabajadores. Unas políticas activas del mercado de trabajo y unos servicios públicos de empleo más eficaces son fundamentales a este respecto. En algunos Estados miembros, los incentivos fiscales y estratégicos destinados a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral también pueden suponer una vía importante para la mejora de la productividad.
La inclusividad también debe ocupar un lugar central en los esfuerzos de reforma para garantizar que el aumento de la productividad beneficie a todos los ciudadanos. Esto requiere un mayor énfasis en una educación, una formación y un aprendizaje para adultos de calidad, en particular para las personas poco cualificadas (véase el recuadro dedicado a este tema); un diseño apropiado e innovador de los sistemas fiscales y de prestaciones, y un acceso continuado o mejorado a los servicios de cuidados de larga duración, asistencia sanitaria y atención a la infancia.
El incremento de los salarios, gracias al aumento de la productividad, puede reducir las desigualdades y favorecer una convergencia al alza de los niveles de vida. En 2017, la evolución de los salarios reales siguió, en general, a la zaga de la productividad, lo que representa ya una tendencia a largo plazo. En un contexto de disminución de la cobertura de las negociaciones colectivas, las políticas que aumentan la capacidad institucional de los interlocutores sociales podrían ser beneficiosas en aquellos países en los que el diálogo social es frágil o se ha visto afectado negativamente por la crisis.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad requiere también sistemas fiscales y de prestaciones inclusivos y eficientes. Las reformas nacionales de los sistemas fiscales y de prestaciones deben centrarse en la adecuación de las prestaciones y la cobertura, así como en la optimización de los incentivos para la participación en el mercado de trabajo. En una serie de Estados miembros, la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales sigue siendo esencial para asegurar que la carga se distribuya de una forma justa entre los contribuyentes y garantizar que se disponga de ingresos fiscales para la inversión en servicios públicos de alta calidad. Se estima que, en la UE, solo la elusión fiscal de las empresas representa entre 50 000 y 70 000 millones de euros anuales.
Los Estados miembros deben seguir promoviendo las políticas de activación e inclusión social, además del acceso universal a servicios de asistencia asequibles y de calidad. Son especialmente necesarias medidas para fomentar la participación de los trabajadores con empleos atípicos y los trabajadores por cuenta propia en los regímenes de seguridad social. Ampliar el acceso a los servicios de asistencia de calidad (por ejemplo, la atención a la infancia o los cuidados de larga duración) garantizaría más oportunidades para que las mujeres se incorporen al mundo laboral o permanezcan en él, y reduciría el riesgo de pobreza y exclusión social entre los niños y los grupos vulnerables. Unas políticas más eficaces para integrar a los migrantes en el mercado de trabajo contribuirían a una mayor integración social. A fin de garantizar la sostenibilidad presupuestaria y mantener el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, los Estados miembros necesitan optimizar la relación coste/eficacia mediante la inversión en innovación, la mejora de la integración de la asistencia sanitaria en la atención primaria, ambulatoria especializada y hospitalaria, y el refuerzo de los vínculos con la asistencia social para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población. Para respaldar estos esfuerzos, también está justificado un mayor énfasis en la prevención.
El buen funcionamiento de las instituciones públicas contribuye a aumentar el crecimiento y es una condición indispensable para llevar a cabo con éxito otras reformas. Los análisis empíricos muestran que, por lo general, una mejor calidad institucional va asociada a una mayor productividad. Esta se refiere, en particular, a elementos relacionados con la eficacia de la administración pública, el nivel de digitalización de los servicios públicos, la calidad y la estabilidad del marco regulador, la lucha contra la corrupción y el respeto del Estado de Derecho. Todos estos aspectos pueden tener un impacto en las decisiones de inversión y podrían mejorarse incrementando el intercambio y la aplicación de las mejores prácticas de la UE. Asimismo, los Estados miembros deberían centrarse de manera más sistemática en la calidad de la gobernanza y subsanar las deficiencias.
El Estado de Derecho, los sistemas de justicia eficaces y unos marcos de lucha contra la corrupción sólidos son fundamentales para atraer a las empresas y posibilitar el crecimiento económico. Se trata, en particular, de la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales, así como de un planteamiento global de lucha contra la corrupción que combine la prevención, enjuiciamientos efectivos y sanciones. Además, esto debe ir acompañado de transparencia e integridad en el sector público y protección jurídica efectiva de los denunciantes, así como de la presencia de medios de comunicación independientes y un mayor compromiso con la sociedad civil. En algunos Estados miembros, para luchar contra la economía sumergida, la aplicación más estricta de la ley ha de complementarse con políticas de prevención sólidas e incentivos para utilizar sistemas de pago electrónico o soluciones digitales.
El crecimiento económico, que sigue siendo favorable en la actualidad, ofrece las condiciones óptimas para el éxito en la aplicación de las reformas, pero en algunos países los esfuerzos de reforma están perdiendo impulso. Para apoyar e incentivar que se sigan aplicando reformas a nivel nacional, la Comisión ha propuesto la creación del Programa de Apoyo a las Reformas. Este nuevo instrumento presupuestario de la UE para el período 2021-2027 proporcionará incentivos financieros para las reformas y una mayor asistencia técnica, sobre la base del éxito y de la gran demanda del actual programa de apoyo a las reformas estructurales.
Garantizar la estabilidad macroeconómica y unas finanzas públicas saneadas
Los desequilibrios macroeconómicos en la UE han disminuido, pero sigue habiendo puntos débiles. Una reevaluación global de los riesgos en los mercados financieros internacionales podría incitar a los inversores a reevaluar los riesgos heredados, como los niveles altos de deuda, las deficiencias persistentes en el sector bancario y el limitado margen de maniobra en materia presupuestaria en algunos Estados miembros. Una nueva corrección de los grandes desequilibrios exige, por consiguiente, nuevas reducciones de la deuda pública y privada elevada, así como un mayor refuerzo del sector financiero. Esto contribuirá a crear el margen de maniobra en materia presupuestaria necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, desarrollar capacidad para afrontar futuras crisis y liberar fondos para las inversiones futuras.
Sigue siendo esencial llevar a cabo medidas creíbles para alcanzar los objetivos presupuestarios acordados, en consonancia con las normas europeas comunes. En muchos países, la deuda sigue siendo elevada, lo que reduce el margen para absorber los impactos negativos en los ingresos. Dado que la economía continúa creciendo, es el momento de constituir las reservas presupuestarias necesarias para hacer frente a la próxima recesión y mitigar los posibles efectos en materia social y de empleo. Algunos Estados miembros han reducido su deuda pública y han alcanzado o superado su objetivo presupuestario a medio plazo, lo que ha creado posibilidades de inversión pública más elevada para apoyar el crecimiento potencial. Sin embargo, otros Estados miembros siguen soportando altos niveles de deuda pública, lo que limita su capacidad de invertir con vistas al futuro. Estos países también han progresado menos en lo que respecta a la reducción de la deuda pública en los últimos años. Deberían utilizar la actual expansión económica para acumular reservas, reforzar aún más las finanzas públicas, especialmente en términos estructurales, y priorizar el gasto en elementos que fomenten la resiliencia y el potencial de crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento proporciona normas claras para garantizar políticas presupuestarias responsables.
La mejora de la calidad y la composición de las finanzas públicas es importante para garantizar la estabilidad macroeconómica y representa un elemento fundamental de la política presupuestaria de los Estados miembros. En lo que respecta a los ingresos, deben establecerse sistemas fiscales eficaces que ofrezcan incentivos para la inversión y el crecimiento. También es necesario realizar esfuerzos en lo que respecta a los gastos, mediante análisis de gastos y dando prioridad a los gastos que favorezcan el crecimiento a largo plazo y la equidad.
También es fundamental garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Actualmente las personas gozan de vidas más largas y saludables, pero el cambio demográfico también está ejerciendo una presión cada vez mayor en los sistemas de protección social. Siguen siendo esenciales las reformas de las pensiones destinadas a ajustar el equilibrio entre la vida laboral y la jubilación y a apoyar los planes de ahorro complementarios para la jubilación. En muchos casos, la aplicación de estas reformas es difícil desde el punto de vista político y debe evitarse invertirlas, ya que esto podría poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir el potencial de crecimiento y la equidad entre generaciones. La mejora de la gobernanza de la contratación pública también podría contribuir en gran medida a una mayor eficiencia en el gasto público en varios Estados miembros.
La resiliencia del sector financiero ha mejorado, pero los esfuerzos para reducir los préstamos dudosos y reforzar los marcos de supervisión deben continuar. Mientras que algunos Estados miembros han avanzado significativamente en la reducción del volumen de préstamos dudosos, en otros son necesarios más esfuerzos, en particular en materia de insolvencia. La adopción de las medidas presentadas por la Comisión en marzo de 2018, de conformidad con el «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa», respaldará estos avances. Deben continuar aprovechándose las posibilidades que ofrecen la evolución tecnológica y un mercado plenamente integrado en una Unión Bancaria completa. Es necesario adaptar los marcos macroprudenciales para afrontar los riesgos de recalentamiento y evitar la creación de nuevos desequilibrios. Asimismo, deben mejorarse los marcos nacionales de supervisión, así como su coordinación, para garantizar la plena aplicación de las normas de la UE contra el blanqueo de capitales, así como la prevención y gestión de riesgos por parte de los bancos.
Conclusiones y próximos pasos
La UE y sus Estados miembros necesitan adoptar políticas decisivas y concertadas para cumplir su promesa de un crecimiento inclusivo y sostenible en el futuro, sobre todo en vista del aumento de la incertidumbre a nivel internacional. Europa debe aumentar su potencial de crecimiento y su resiliencia económica y social, de modo que refuerce su capacidad de hacer frente a las perturbaciones y de convertir los retos a largo plazo en oportunidades.
Los Estados miembros deben tener en cuenta las prioridades señaladas por la Comisión en este Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento en sus políticas y estrategias nacionales, especialmente en la elaboración de sus programas nacionales de reforma. Al mismo tiempo, han de acelerar la ejecución de sus planes de reforma y de las reformas clave destacadas en las recomendaciones específicas por país. Deben hacer pleno uso de los instrumentos políticos y de financiación de que disponen a nivel de la UE para fomentar las inversiones que estimulen el crecimiento. Asimismo, revestirá especial importancia garantizar sinergias aún mayores entre las prioridades establecidas mediante la coordinación de las políticas económicas y sociales a nivel de la UE y la financiación del presupuesto de la UE, en consonancia con las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual.
La Comisión proseguirá el diálogo que ha establecido con los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo. Su objetivo es alcanzar un acuerdo sobre los desafíos más acuciantes de los próximos informes por país y determinar los sectores de actuación prioritaria en la próxima ronda de recomendaciones específicas por país. La creación de consejos nacionales de productividad podría resultar beneficiosa para los debates nacionales sobre la manera de impulsar la productividad al proporcionar análisis independientes de alta calidad y reforzar la apropiación nacional de las reformas. Los Estados miembros deben velar por que los interlocutores sociales y los parlamentos nacionales participen plenamente en el proceso de reforma. Su participación, junto con un compromiso más amplio con la sociedad civil, es fundamental para mejorar la apropiación y la legitimidad de las reformas y lograr mejores resultados socioeconómicos.