16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/1

1.

La Empresa Común Artemis, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

Los miembros fundadores de la Empresa Común Artemis son la Unión Europea, representada por la Comisión, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia, Suecia, Reino Unido y Artemisia, una asociación que representa empresas u otras organizaciones de investigación activas en el ámbito de los sistemas de computación empotrados en Europa. Al final de 2009, Chipre, la República Checa, Letonia y Noruega se convirtieron también en miembros de la Empresa Común.

3.

El objetivo principal de la Empresa Común Artemis es definir y ejecutar un «programa de investigación» para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad europeas y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones sociales (véase el cuadro).

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común Artemis para cubrir los costes de explotación y las actividades de investigación asciende a 420 millones de euros sufragados a través del presupuesto del séptimo programa marco de investigación. La asociación Artemisia contribuye a sufragar estos costes con un máximo de 30 millones de euros y los Estados miembros lo hacen en especie (facilitando la ejecución de los proyectos), además de aportar, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la UE. Las organizaciones de investigación que participan en los proyectos tienen que contribuir en especie también.

5.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 26 de octubre de 2009.

15.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El presupuesto final incluía créditos de compromiso y créditos de pago por valor de 46 millones de euros y 8 millones de euros, respectivamente. Los créditos de compromiso se utilizaron en un 81 % y los de pago en un 20 %. La utilización relativamente baja de los créditos de pago refleja la fase de inicio del programa de investigación Artemis.

17.

El Tribunal observa que las empresas comunes no tienen capital propio y que sus actividades son financiadas a través de las contribuciones de sus miembros, y recomienda que esta característica específica de dichas empresas figure con claridad en sus cuentas.

18.

Por este motivo, el Tribunal acoge con satisfacción el hecho de que, conforme a la norma contable no 1 (contabilidad de grupos) de la UE, las contribuciones de los miembros se recojan en el activo neto del balance de las empresas comunes y que en las notas a las cuentas figure toda información complementaria sobre su naturaleza.

19.

El Tribunal considera necesario armonizar en la medida de lo posible el modo de presentar las contribuciones de los miembros en las cuentas de las empresas comunes y toma nota de la intención de la Comisión de publicar orientaciones detalladas a este respecto.

20.

La Empresa Común se encuentra en su fase de lanzamiento y no finalizó la implantación de sus controles internos ni su sistema de información financiera durante 2009. Al término del ejercicio, los procesos operativos subyacentes no habían sido formalizados aún ni validados por el contable como lo exige su reglamento financiero.

21.

En particular, es necesario proseguir con el trabajo de documentación de los procesos y actividades informáticos, así como de análisis de los riesgos en este ámbito. Tampoco en 2009 la Empresa Común había elaborado un plan de continuidad de las actividades ni una política de protección de datos.

22.

El artículo 17 del Reglamento (CE) no 74/2008, relativo a la creación de la Empresa Común Artemis, especifica que entre la Empresa Común Artemis y Bélgica se celebrará un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar este país a la Empresa Común. No obstante, al fin de 2009 no se había celebrado tal acuerdo.

23.

EL artículo 73 del reglamento financiero de la Empresa Común establece que esta contará con una función de auditoría interna que se ajuste a las normas internacionales en la materia. Sin embargo, al final de 2009, aún no no se había creado este importante elemento del sistema de control interno.

24.

En consonancia con los puntos de vista formulados en sus dictámenes no 4/2008, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común para el desarrollo de la energía de fusión, y el no 2/2010, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común SESAR, el Tribunal considera que es preciso clarificar la disposición actual de los estatutos de la Empresa Común acerca de la función del auditor interno de la Comisión.

25.

Según el artículo 10 de los estatutos de la Empresa Común Artemis, las funciones encomendadas al auditor interno de la Comisión se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del consejo de administración de la Empresa Común. Esta disposición resulta apropiada para la función de auditoría interna en el seno de la Empresa Común, pero no para el auditor interno de la Comisión, cuyas competencias abarcan la totalidad del presupuesto general de la UE.

16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/7

1.

La Empresa Común Clean Sky, con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por el período que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017.

2.

El objetivo de la Empresa Común Clean Sky es acelerar el desarrollo, la validación y la demostración de las tecnologías limpias de transporte aéreo en la UE para llevarlas a la práctica lo antes posible (véase el cuadro).

3.

Las actividades de investigación coordinadas por la Empresa común se dividen en seis ámbitos tecnológicos o «demostradores tecnológicos integrados» (DTI).

4.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, a través de la Comisión, como representante público, y socios industriales, como los responsables de los DTI, junto con sus miembros asociados.

5.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común Clean Sky para cubrir los costes de explotación y las actividades de investigación asciende a 800 millones de euros sufragados a través del presupuesto del séptimo programa marco de investigación. Los demás miembros de la Empresa Común han de aportar unos recursos equivalentes como mínimo a la contribución de la UE, incluidas las contribuciones en especie.

6.

La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma el 16 de noviembre de 2009.

16.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la declaración emitida por el tribunal.

17.

La aprobación, estructura y presentación del presupuesto aprobado de la Empresa Común para 2009 no respondían a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo por el que se crea la Empresa Común Clean Sky ni en su reglamento financiero. El presupuesto incumple el principio de equilibrio y no incluye todos los elementos exigidos (por ejemplo, un cuadro de personal).

18.

El presupuesto final incluía créditos de compromiso y de pago por valor de 91 millones de euros y 60 millones de euros, respectivamente. El porcentaje de utilización de los créditos de compromiso y de pago fue del 98 % y el de los de pago, inferior al 1 %. La Empresa Común celebró contratos por valor de 70,6 millones de euros en diciembre de 2009, pero los pagos de prefinanciaciones que ascendían a 56,5 millones de euros no pudieron efectuarse hasta enero de 2010.

19.

Las actividades de investigación prefinanciadas por la Comisión en 2008 en nombre de la Empresa Común no se realizaron plenamente durante 2009. Debido a los retrasos de los proyectos, únicamente se utilizaron 8,7 millones de euros, es decir el 65 % de los 13,6 millones de euros en concepto de prefinanciación, de manera que al final de 2009 la Empresa Común disponía de un importe pendiente recuperable potencial de 4,9 millones de euros.

20.

El Tribunal observa que las empresas comunes no tienen capital propio y que sus actividades son financiadas a través de las contribuciones de sus miembros, y recomienda que esta característica específica de dichas empresas figure con claridad en sus cuentas.

21.

Por este motivo, el Tribunal acoge con satisfacción el hecho de que, conforme a la norma contable de la UE no 1 (contabilidad de grupo), las contribuciones de los miembros se recojan en el activo neto del balance de las empresas comunes y que en las notas a las cuentas figure toda información complementaria sobre su naturaleza.

22.

El El Tribunal considera necesario armonizar en la medida de lo posible el modo de presentar las contribuciones de los miembros en las cuentas de las empresas comunes y toma nota de la intención de la Comisión de publicar orientaciones detalladas a este respecto.

23.

La Empresa Común se encuentra en la fase de lanzamiento y se han desarrollado procedimientos en ámbitos organizativos importantes como el flujo financiero y la adjudicación de contratos públicos. No obstante, como han demostrado las constataciones del Tribunal, es preciso seguir desarrollando estos procedimientos de control interno, a efectos de cumplir los requisitos de un control interno eficaz y eficiente establecidos en el reglamento financiero de la Empresa Común.

24.

Al término del ejercicio, los procesos operativos subyacentes no habían sido formalizados aún ni validados por el contable como lo exige su reglamento financiero.

25.

La Empresa Común Clean Sky utiliza las herramientas informáticas de gestión financiera de la Comisión, que pueden considerarse sólidas. No obstante, es necesario continuar desarrollando los procesos y las políticas en materia de informática para asegurar la continuidad operativa.

26.

No se aplicó debidamente el procedimiento fijado en el reglamento financiero de la Empresa Común Clean Sky ni el Acuerdo General con la Comisión para la solicitud del pago de las contribuciones de esta. El Tribunal verificó cinco órdenes de ingreso y constató que ninguna solicitud de pago iba acompañada de la previsión de tesorería necesaria.

27.

En consonancia con los puntos de vista formulados en sus dictámenes no 4/2008, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común para el desarrollo de la energía de fusión, y no 2/2010, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común SESAR, el Tribunal considera que es preciso clarificar la disposición actual de los estatutos de la Empresa Común acerca de la función del auditor interno de la Comisión.

28.

Según el artículo 11 de los estatutos de la Empresa Común, las funciones encomendadas al auditor interno de la Comisión se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del consejo de administración de la Empresa Común. En opinión del Tribunal, esta disposición es adecuada para la función de auditoría interna en el seno de la Empresa Común, pero no para el auditor interno de la Comisión, cuyas competencias abarcan la totalidad del presupuesto general de la UE.

29.

De conformidad con el Reglamento del Consejo de diciembre de 2007 por el que se crea la Empresa común, entre esta y Bélgica se celebrará un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestarle Bélgica como Estado anfitrión. En el momento de la fiscalización no se había firmado tal acuerdo.

16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/15

1.

La Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores (Empresa Común IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 (1) por un período de diez años.

2.

Los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea, representada por la Comisión, y la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA).

3.

La Empresa Común IMI tiene como objetivo mejorar de forma significativa la eficiencia y la eficacia del proceso de elaboración de medicamentos, con la finalidad a largo plazo de que el sector farmacéutico fabrique medicamentos innovadores más eficaces y seguros (véase el cuadro).

4.

La contribución máxima de la UE a la Empresa Común IMI para cubrir sus gastos corrientes y sus actividades de investigación asciende a 1 000 millones de euros, que se abonarán con cargo al séptimo programa marco de investigación. La UE y la EFPIA, como miembros fundadores, contribuirán a partes iguales, cada uno de ellos con un importe que no superará el 4 % del total de la contribución financiera de la UE. Los demás miembros contribuirán a los gastos corrientes en proporción de su contribución total a las actividades de investigación. Las empresas de investigación farmacéutica miembros de la EFPIA contribuirán a la financiación de las actividades de investigación mediante contribuciones en especie al menos equivalentes a la contribución financiera de la UE. Los nuevos miembros también realizarán contribuciones financieras a las actividades de investigación.

5.

La Empresa Común comenzó a operar de manera autónoma el 16 de noviembre 2009.

15.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El presupuesto definitivo incluía créditos de compromiso por valor de 82 millones de euros y créditos de pago por valor de 82 millones de euros. Dado que al término de 2009 solo se había iniciado un número reducido de actividades, el presupuesto de pagos no resulta realista. Así lo ilustran los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 97 % y un 1 %, respectivamente.

17.

El Tribunal observa que las empresas comunes no tienen capital propio y que sus actividades son financiadas a través de las contribuciones de sus miembros, y recomienda que esta característica específica de dichas empresas figure con claridad en sus cuentas.

18.

Por este motivo, el Tribunal acoge con satisfacción el hecho de que, conforme a la norma contable no 1 (contabilidad de grupos) de la UE, las contribuciones de los miembros se recojan en el activo neto del balance de las empresas comunes y que en las notas a las cuentas figure toda información complementaria sobre su naturaleza.

19.

El Tribunal considera necesario armonizar en la medida de lo posible el modo de presentar las contribuciones de los miembros en las cuentas de las empresas comunes y toma nota de la intención de la Comisión de publicar orientaciones detalladas a este respecto.

20.

La Empresa Común se encuentra en su fase de lanzamiento y no ha implantado la totalidad de sus sistemas de control interno y de información financiera durante 2009. A final del ejercicio, los procesos operativos subyacentes de la organización seguían sin estar formalizados y todavía no habían sido validados por el contable como lo exige el reglamento financiero de la Empresa Común.

21.

En particular, es necesario proseguir con el trabajo de documentación de los procesos y actividades informáticos, así como de análisis de los riesgos en este ámbito. Tampoco en 2009 la Empresa Común elaboró un plan de continuidad de las actividades ni una política de protección de datos.

22.

Con arreglo al Reglamento del Consejo por el que se establece la Empresa Común IMI, debe celebrarse entre la Empresa Común IMI y Bélgica un acuerdo de sede que regule la dotación de oficinas, los privilegios e inmunidades y otras formas de apoyo que deba prestar Bélgica a la Empresa Común IMI. Sin embargo, al final de 2009 no se había celebrado dicho acuerdo.

23.

Con arreglo al artículo 73 su reglamento financiero, la Empresa Común debería contar con un servicio de auditoría interna que se ajuste a las normas internacionales en la materia. No obstante, este importante elemento del sistema de control interno todavía no se había establecido al final de 2009.

24.

Como indicó en sus dictámenes no 4/2008, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión («Fusion for Energy»), y no 2/2010, sobre las normas financieras de la Empresa Común SESAR, el Tribunal considera que debería precisarse la actual disposición de los estatutos de la Empresa Común sobre la función del auditor interno de la Comisión.

25.

En su artículo 10, los estatutos de la Empresa Común IMI establecen que las funciones del auditor interno de la Comisión se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del consejo de administración de la Empresa Común. Esta disposición es apropiada para la función de auditoría interna de la Empresa Común, pero no para el auditor interno de la Comisión, cuyas competencias abarcan la totalidad del presupuesto general de la UE.

16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/22

1.

La Empresa Común Europea para el ITER (1) y el desarrollo de la energía de fusión se estableció en marzo de 2007 (2) por un período de 35 años. Mientras que las principales instalaciones de fusión se implantarán en Cadarache, en Francia, la sede de la Empresa Común se halla en Barcelona.

2.

Los miembros de la Empresa Común son la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), representada por la Comisión Europea, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que hayan celebrado un acuerdo de cooperación con Euratom en el campo de la fusión nuclear controlada y que hayan manifestado su deseo de convertirse en miembros (a 31 de diciembre de 2009: Suiza).

3.

Los objetivos de la Empresa Común son los siguientes (véase también el cuadro):

4.

Cuando se fundó la Empresa Común, los recursos totales indicativos que se consideraron necesarios para el período comprendido entre 2007 y 2041 ascendieron a 9 653 millones de euros. La contribución total de Euratom representó 7 649 millones de euros, de los cuales un máximo del 15 % se destinó a los gastos administrativos. Otros recursos consisten en contribuciones del ITER en calidad de Estado anfitrión (Francia), las contribuciones anuales de los miembros, contribuciones voluntarias de miembros no incluidos en Euratom y recursos adicionales que se recibirán según lo dispuesto por el consejo de administración. El Tribunal hace hincapié en la necesidad de aumentar de manera sustancial los recursos destinados al proyecto ITER (véanse los apartados 31 a 33).

14.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

15.

El presupuesto definitivo de pagos autorizados de la Empresa Común con respecto al ejercicio 2009 se elevó a 173,6 millones de euros. El porcentaje global de utilización de los créditos de pago ascendió al 65,3 %, del cual un 65,5 % correspondía a gastos de operaciones y el 64,2 % a gastos administrativos. Al final de 2009, la Empresa Común disponía de depósitos en cuentas bancarias por un importe de 42 millones de euros. La infrautilización del gasto se debió sobre todo a los retrasos registrados en el programa de «fusión» de Euratom, tal y como manifestó el Tribunal en 2008.

16.

El Tribunal observa que las Empresas Comunes no tienen capital propio y que sus actividades son financiadas a través de las contribuciones de sus miembros, y recomienda que esta característica específica de las mismas figure con claridad en las cuentas.

17.

A diferencia de las demás Empresas Comunes europeas, la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión se financia en su totalidad con fondos públicos. En consecuencia, las disposiciones generales de la norma contable de la UE no 1 (contabilidad de grupos) sobre la presentación de las contribuciones de los miembros en el activo neto en el balance no son aplicables para esta Empresa Común, cuyas contribuciones figuran en la rúbrica de ingresos de explotación de la cuenta de resultado económico.

18.

Si bien este tratamiento contable es aceptable en el caso de la Empresa Común, de manera general el Tribunal considera necesario armonizar en la medida de lo posible las cuentas de las empresas comunes, y toma nota de la intención de la Comisión de publicar orientaciones detalladas a este respecto.

19.

Aun reconociendo que en 2008 la Empresa Común se encontraba en su fase de lanzamiento, el Tribunal observó en su informe anterior que esta no había finalizado la implantación de sus controles internos ni de su sistema de información financiera.

20.

A pesar de que la Empresa Común tomó medidas durante 2009 para elaborar normas de control interno, al final de este ejercicio seguían sin estar suficientemente formalizadas algunas de las principales actividades de la organización. No se contaba con instrumentos apropiados para gestionar los contratos operativos. Tanto la ejecución presupuestaria como la presentación de los informes relativos a esta se realizaban mediante hojas de cálculo y no existe ninguna base de datos en la que se centralice la información administrativa, financiera y de gestión.

21.

En abril de 2009, se procedió a la reorganización administrativa de la Empresa Común. En la nueva estructura, las funciones presupuestaria y contable han sido asignadas al servicio de adjudicación de contratos públicos, lo que plantea el problema de la necesaria separación de funciones en las actividades financieras y operativas (véase también el apartado 31).

22.

Como ya se indicó en 2008, los procesos operativos subyacentes no fueron validados por el contable como lo exige el reglamento financiero de la Empresa Común.

23.

En julio de 2009, la Empresa Común creó un servicio de auditoría interna. Sin embargo, no se han valorado todavía los sistemas de gestión ni la eficiencia de los sistemas de control interno previstos en su reglamento financiero. Dicha valoración es especialmente importante si se tiene en cuenta la reorganización interna que realizó en 2009.

24.

El Tribunal examinó una muestra de 31 operaciones. En dos casos, la Empresa Común contrajo compromisos presupuestarios después de haber contraído obligaciones jurídicas, contrariamente a las exigencias del reglamento financiero y, en otros dos casos, los documentos justificativos eran insuficientes para verificar los procedimientos de validación previos a los pagos.

25.

Al examinar el pago de una subvención por valor de 584 000 euros, el Tribunal observó que el agente que autorizó el pago solo tenía competencias delegadas para autorizar pagos de subvenciones por un valor máximo de 200 000 euros. En un pago examinado de más de 10 millones de euros correspondiente a trabajos de preparación del terreno, el Tribunal solo encontró pruebas de que la Empresa Común había procedido a verificaciones formales, lo cual no ofrece suficientes garantías, en particular por lo que se refiere a las obligaciones financieras del acuerdo de subvención y a la subvencionalidad de los gastos.

26.

En 2008, el Tribunal detectó que algunos miembros de la Empresa Común no habían pagado sus contribuciones dentro del plazo fijado por el consejo de administración.

27.

En 2009, la fecha límite que tenían los miembros para pagar sus contribuciones anuales fue el 31 de mayo de 2009. Pese a que la Empresa Común envió varios recordatorios, al final del ejercicio dos miembros todavía no habían abonado dicha contribución.

28.

En 2008, el Tribunal identificó varios problemas que requerían la introducción de modificaciones en el reglamento financiero de la Empresa Común a efectos de reforzar su marco financiero (13). Al final de 2009, dichas modificaciones no se habían introducido.

29.

El Tribunal señaló en su Dictamen no 4/2008 que el reglamento financiero de la Empresa Común no hace referencia a las competencias del auditor interno de la Comisión para inspeccionar a la Empresa Común.

30.

El Tribunal reitera que, según el reglamento financiero marco, por regla general el auditor interno de la Comisión ejerce las mismas competencias respecto de las agencias de la UE, incluidas las Empresas Comunes, que respecto de los servicios de la Comisión.

31.

En mayo de 2010, la Comisión publicó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación del proyecto ITER (14). La Comisión concluye que los importantes incrementos en los costes del ITER requieren que se revise la gobernanza de la Empresa Común y sus políticas de adquisición, así como la creación de un marco financiero sostenible. Concretamente, la Comisión estima que serán necesarios aproximadamente 1400 millones de euros para hacer frente a los incrementos de costes en la contribución de Euratom al ITER en 2012 y 2013.

32.

A pesar de que durante sus reuniones de noviembre de 2009 y julio de 2010 el Consejo confirmó su apoyo al proyecto ITER, en septiembre de 2010 ni dicha institución ni el Parlamento habían manifestado aún su acuerdo con respecto a la financiación suplementaria necesaria en 2012 y 2013 para la contribución de Euratom al proyecto ITER.

33.

El Tribunal observa que estas situaciones pueden afectar sobremanera las actividades y el presupuesto de la Empresa Común.

16.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/30

1.

La Empresa Común SESAR fue creada en febrero de 2007 (1), con sede en Bruselas, con objeto de gestionar las actividades del proyecto SESAR («Single European Sky Air Traffic Management Research», Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo).

2.

El proyecto SESAR tiene por objeto modernizar la gestión del tráfico aéreo en Europa («air traffic management», ATM) y consta de tres fases:

3.

La Empresa Común está concebida como una asociación entre los sectores público y privado. Los miembros fundadores son la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y Eurocontrol, representado por su agencia. En respuesta a una convocatoria de manifestaciones de interés, 15 empresas públicas y privadas del sector de la navegación aérea son miembros de la Empresa Común. Entre las empresas se encuentran proveedores de servicios de navegación aérea, industrias de fabricación de material terrestre y aeroespacial, constructores aeronáuticos, autoridades aeroportuarias y fabricantes de equipos de a bordo.

4.

El presupuesto de la fase de desarrollo del proyecto SESAR se eleva a 2 100 millones de euros, que han de aportar a partes iguales la Unión Europea, Eurocontrol y los socios públicos y privados. La contribución de la UE procede del séptimo programa marco de investigación y del programa de redes transeuropeas de transporte. Alrededor de un 90 % de la financiación procedente de Eurocontrol y de las demás partes interesadas consistirá en contribuciones en especie.

5.

La Empresa Común SESAR inició su andadura de manera autónoma el 10 de agosto de 2007.

15.

Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la declaración emitida por el Tribunal.

16.

El presupuesto definitivo aprobado por el consejo de administración con respecto al ejercicio 2009 incluía créditos de compromiso por valor de 325 millones de euros y créditos de pago por valor de 157 millones de euros. Así lo ilustran los porcentajes de utilización de los créditos de compromiso y de pago, situados en un 97,1 % y un 43,2 %, respectivamente.

17.

En 2009, las contribuciones de los miembros (38,8 millones de euros) y el resultado del ejercicio anterior (115,6 millones de euros) se incrementaron a 154,4 millones de euros, frente a los 67,9 millones de euros en concepto de pagos y la prórroga de créditos por valor de 2,5 millones de euros, lo que dio lugar a un resultado presupuestario de 84 millones de euros y a depósitos en cuentas bancarias al final del ejercicio por un total de 86,8 millones de euros, por lo que no se respetó el principio presupuestario de equilibrio.

18.

De conformidad con el artículo 51 de la normativa financiera de la Empresa Común SESAR, los fondos abonados por la Comisión a la Empresa Común en concepto de subvención devienen intereses en beneficio del presupuesto general de la UE. Al final de 2009, la Empresa Común no había recibido la solicitud de efectuar el pago del interés por un valor de 1,7 millones de euros acumulado en el período comprendido entre 2007 y 2009.

19.

El Tribunal observa que las empresas comunes no tienen capital propio y que sus actividades son financiadas a través de las contribuciones de sus miembros, y recomienda que esta característica específica de dichas empresas figure con claridad en sus cuentas.

20.

Por este motivo, el Tribunal acoge con satisfacción el hecho de que, conforme a la norma contable no 1 de la UE (contabilidad de grupo), las contribuciones de los miembros se recojan en el activo neto del balance de las empresas comunes y que en las notas a las cuentas figure toda información complementaria sobre su naturaleza.

21.

Este hecho supone una modificación en la política contable aplicada por la Empresa Común en las cuentas de 2008, donde las contribuciones de los miembros se reconocían como ingresos en la cuenta de resultado económico. Las cifras correspondientes se presentan de nuevo en las cuentas de 2008 para permitir su comparación con las cuentas de 2009.

22.

El Tribunal considera necesario armonizar en la medida de lo posible el modo de presentar las contribuciones de los miembros en las cuentas de las empresas comunes y toma nota la intención de la Comisión de publicar orientaciones detalladas a este respecto.

23.

Aun tras reconocer que la Empresa Común se encontraba en su fase de lanzamiento en 2008, el Tribunal observó en su anterior informe que la Empresa Común no había implantado la totalidad de sus sistemas de control interno y de información financiera.

24.

A pesar de que durante 2009 (11) se tomaron medidas importantes, al final de ese mismo año todavía había actividades principales de la organización que seguían sin estar suficientemente formalizadas y no se contaba con instrumentos integrados para gestionar la información financiera, presupuestaria y operativa. Como ya se observó en 2008, los procesos operativos subyacentes todavía no habían sido validados por el contable como lo exige el reglamento financiero de la Empresa Común.

25.

El examen efectuado por el Tribunal de una muestra de 36 operaciones identificó varios casos en los que los controles internos no habían funcionado correctamente. Por ejemplo, en un caso, la Empresa Común firmó un contrato de servicios de limpieza por un valor anual de 19 572 euros sin atenerse al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento financiero general y en el reglamento financiero de SESAR. En otro caso, para un contrato cuyo importe ascendía a 922 000 euros por un servicio de asistencia en la elaboración de los acuerdos relativos a la adhesión de los miembros, el Tribunal pudo obtener pruebas de que los servicios se habían prestado realmente, pero no pudo disponer de comprobación formal de dicha prestación como lo exige la normativa financiera.

26.

Según el artículo 25 del reglamento financiero de SESAR, deben usarse créditos presupuestarios con arreglo al principio de buena gestión financiera. El contrato para oficinas e instalaciones, que se firmó el 6 de septiembre de 2007 por un período de nueve años, preveía la posibilidad de terminación anticipada sin sanción al final de cada período trienal. No obstante, la Empresa Común se mudó a otras oficinas en 2009 y tuvo que pagar 380 235 euros correspondientes a los 12 meses siguientes de alquiler y gastos de las oficinas desalojadas.

27.

Sobre los resultados del programa SESAR, la Empresa Común será propietaria de todos los activos materiales e inmateriales que cree o que le sean transferidos para la fase de desarrollo del proyecto SESAR, conforme a los acuerdos específicos con sus miembros (12).

28.

Como se señaló en el anexo a los estados financieros, en esta etapa la Empresa Común SESAR no es capaz de estimar los activos que hayan de reconocerse como resultado de sus actividades. El Tribunal indica que al término de 2009 todavía no se ha establecido un sistema de información de la gestión integrado que permita asignar los costes a paquetes de actividades específicas o determinar la fuente de financiación de los costes operativos. Este elemento es necesario para la estimación correcta del coste de las actividades y, en su caso, el reconocimiento contable de los activos.

29.

Las normas financieras de la Empresa Común fueron inicialmente aprobadas por el consejo de administración en julio de 2007. En 2008, el Tribunal (13) observó que estas normas debían modificarse para ajustarse al Reglamento financiero marco de los organismos de la Unión Europea. A raíz de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1361/2008 del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) no 219/2007, que establece la Empresa Común SESAR, el consejo de administración adoptó el 28 de julio de 2009 las normas financieras actualmente en vigor, revocando el reglamento financiero adoptado en julio de 2007.

30.

El Tribunal publicó su Dictamen no 2/2010 sobre las normas financieras de la Empresa Común SESAR el 15 de abril de 2010 y formuló recomendaciones sobre las excepciones a los principios presupuestarios, las funciones del servicio de auditoría interna de la Comisión y las disposiciones con respecto a la afiliación a la Empresa Común SESAR y a la cofinanciación de las actividades.

31.

Como indicó en su Dictamen no 2/2010, sobre las normas financieras de la Empresa Común SESAR, y en su Dictamen no 4/2008, sobre el reglamento financiero de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión («Fusion for Energy»), el Tribunal considera que debería precisarse la actual disposición de los estatutos de la Empresa Común sobre la función del auditor interno de la Comisión.

32.

En virtud del artículo 7, letra a), de los estatutos de la Empresa Común SESAR, las funciones del auditor interno de la Comisión han de llevarse a cabo bajo la responsabilidad del consejo de administración de la Empresa Común. En opinión del Tribunal, esta disposición resulta apropiada para la función de auditoría interna de la Empresa Común, pero no para el auditor interno de la Comisión, cuyas competencias abarcan la totalidad del presupuesto general de la UE.