17.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 41/35

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7-16

1.

La Agencia Europea de Reconstrucción (en lo sucesivo denominada «la Agencia») se creó en virtud del Reglamento (CE) no 1628/96 del Consejo (1), sustituido por el Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo (2). La Agencia se estableció en febrero de 2000 e, inicialmente, su labor consistía en gestionar los programas de ayuda de la Unión en Kosovo. Tras dos ampliaciones de su mandato, en 2001 y en 2002, la Agencia opera también en Serbia y Montenegro, así como en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Su sede se encuentra en Salónica y dispone de centros operativos en Prístina, Belgrado, Podgorica y Skopie. Los programas gestionados por la Agencia tienen como objetivo promover el fortalecimiento de las instituciones y su buena administración, apoyar el desarrollo de la economía de mercado y de las infraestructuras vitales y reforzar la sociedad civil. El cuadro 1 presenta de forma sintética las competencias y actividades de la Agencia con arreglo a la información comunicada por ésta.

2.

El Tribunal ha examinado las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2003 y las operaciones subyacentes. El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con sus políticas y normas de auditoría, que resultan de la adaptación de las normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas para reflejar las características del ámbito comunitario. El Tribunal ha obtenido de este modo garantías suficientes en las que basar la opinión expresada a continuación.

3.

En opinión del Tribunal, las cuentas de la Agencia no reflejan fielmente la situación económica y patrimonial de ésta (véanse los apartados 8 y 10).

4.

Al no disponer de información necesaria sobre el uso final dado a los fondos confiados por la Agencia a organismos terceros nacionales e internacionales, el Tribunal no puede formular una opinión sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a pagos efectuados en 2003 por valor de 21,4 millones EUR (véase el apartado 15). En cuanto al resto y sin perjuicio de las observaciones formuladas en los siguientes apartados 5 y 6, el Tribunal considera que las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Agencia son legales y regulares.

5.

En lo que se refiere a los pagos, el Tribunal constató errores relacionados con la validez de los justificantes, el respeto de las disposiciones contractuales y las delegaciones de poder público (véase el apartado 13).

6.

Por lo que atañe a la adjudicación de los contratos, el Tribunal observó, en una de cada cinco operaciones examinadas, anomalías de procedimiento que cuestionan el respeto del principio de igualdad de oportunidades entre los candidatos (véase el apartado 14).

7.

La ejecución de los créditos del ejercicio 2003 y de los créditos prorrogados del ejercicio anterior se presenta en el cuadro 2. La cuenta de gestión y el balance publicado por la Agencia con respecto al ejercicio 2003 se presentan de forma sintética en los cuadros 3 y 4  (3).

8.

El artículo 1 del Reglamento financiero de la Agencia dispone que el presupuesto de ésta se autorizará según el principio de los créditos disociados, que distingue entre créditos de compromiso y créditos de pago. De conformidad con el artículo 3 de este mismo reglamento, el total de los ingresos cubrirá el total de los pagos, lo que implica que el presupuesto deberá ser equilibrado para que su ejecución también sea lo más equilibrada posible. Sin embargo, el presupuesto de la Agencia aprobado por el consejo de administración no respeta, en la práctica, el principio de los créditos disociados, lo que conduce a que ésta presente como gastos no sólo los pagos del período imputados a los créditos del ejercicio, sino también todos los saldos pendientes de liquidación relativos a compromisos de dicho ejercicio (4), con independencia del grado de ejecución de estos compromisos. En consecuencia, el resultado contable del ejercicio se sitúa al margen de la realidad económica de las operaciones de la Agencia. Así, el déficit acumulado a 31 de diciembre de 2003, que se elevaba a 140,95 millones EUR, resulta en gran medida artificial, ya que se debe a compromisos pendientes de pago relacionados con operaciones económicas que aún no han sido realizadas.

9.

En 2003, el sistema contable de la Agencia contenía todavía debilidades graves. De esta forma, la contabilidad general se regía por el método de partida simple, pese a los riesgos que ello implica para la integridad de los datos y aunque el artículo 55 del Reglamento financiero de la Agencia exigiera la aplicación del método de partida doble.

10.

Pese a la observación formulada por el Tribunal en su Informe relativo al ejercicio 2002 (5), los fondos pagados a intermediarios financieros en concepto de programas de préstamos no se habían contabilizado en el activo de su balance. El uso de estos fondos sólo es objeto de una nota en el informe que acompaña a las cuentas (6). Desde su creación, la Agencia ha pagado 52,4 millones EUR (7) para estos programas. Además, para algunos de ellos que aún se encontraban en fase de ejecución en 2003 estaba previsto que la gestión de fondos la efectuasen contratistas de la Agencia. Los fondos pagados de este modo identificados por el Tribunal se elevaban a 43,38 millones EUR. En ambos casos, los saldos todavía disponibles al final del ejercicio 2003 deberían haber figurado en el activo del balance de la Agencia.

11.

Los esfuerzos realizados por la Agencia para mejorar la gestión presupuestaria, financiera y contable deberían intensificarse con vistas a la consolidación de sus cuentas con las de las instituciones comunitarias a partir del ejercicio 2005 (8). En efecto, es preciso que el presupuesto de la Agencia se adopte en las formas previstas por su Reglamento financiero (véase el apartado 8) y que las normas contables por las que se rigen tanto los ingresos como los gastos resulten conformes a los principios rectores de la contabilidad patrimonial.

12.

La gestión de un organismo financiero creado por la Agencia en Kosovo, cuya gestión se había confiado a un consultor externo, contenía deficiencias importantes (contabilidad incompleta, insuficiente análisis de los riesgos de crédito de los prestatarios, inadecuación de la documentación aportada con las solicitudes de préstamos). La Agencia no llevó a cabo una supervisión suficiente para identificar las deficiencias y tomar las medidas correctoras necesarias con la mayor rapidez posible.

13.

Se observaron anomalías en relación con los pagos efectuados en 2003. En algunos casos se trataba del incumplimiento de las disposiciones contractuales, o de las condiciones del pago (justificantes no conformes o incluso insuficientes). En otros casos, la mayor parte de las anomalías se deben a que los actos en virtud de los cuales se efectuaron los pagos no son conformes a las normas por las que se rigen las delegaciones de poder público o a aquéllas previstas para la modificación de contratos ya firmados. Estas anomalías muestran que la Agencia debería reforzar la vigilancia de los procedimientos de compromiso y de liquidación de los gastos.

14.

Además, se observaron anomalías que podían influir en las decisiones de adjudicación de contratos. Por ejemplo, se rechazaron candidatos por motivos administrativos o técnicos discutibles o insuficientemente justificados. Otras veces se sustituyeron jefes de proyecto, poco después del inicio de la ejecución del mismo, por personas con cualificaciones diferentes que las que habían permitido al candidato obtener el contrato. Con objeto de reducir los riesgos de errores, la Agencia debería reforzar su sistema de control interno seleccionando con rigor a las personas que participan en la evaluación de las ofertas y asegurándose de que los comités de evaluación motivan sus decisiones de manera explícita.

15.

En varios casos, la Agencia celebró acuerdos con organismos terceros, públicos o semipúblicos, nacionales o internacionales y en todos ellos debería velar ante todo por que se apliquen de manera rigurosa los mecanismos previstos para que dichos organismos le transmitan la información necesaria, a efectos de apreciar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

16.

En su informe relativo al ejercicio 2002 (9), el Tribunal hizo hincapié en el número excesivo de ordenadores delegados y subdelegados. Al final de 2003, su número era de 45 en relación con el título III y de 11 respecto de los títulos I y II, es decir 56 en comparación con los 67 de junio de 2003. Las delegaciones no tienen límites respecto de su importe y su duración. La Agencia debería continuar sus esfuerzos para reducir el número de delegaciones.