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El BCE aplicó erróneamente el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 260/68 al utilizar la «cantidad imponible» en lugar de la «base imponible» como denominador para el cálculo del tipo impositivo aplicable a los pagos efectuados como consecuencia del cese en el servicio, lo que dio lugar a una imposición excesiva sistemática. Tampoco garantizó una aplicación uniforme en todas las Instituciones, como exige el artículo 10. Al calificar de «ex gratia» las rectificaciones, el BCE intentó evitar todas las consecuencias jurídicas de la ilegalidad de los cálculos, lo que equivale a una utilización de procedimiento inadecuado.

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Al limitar las medidas correctoras a los pagos efectuados después del 1 de noviembre de 2021, el BCE introdujo una diferencia de trato arbitraria basada únicamente en el establecimiento de un límite temporal.

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Tras reconocer un error sistémico tras varios años de revisión interna, el BCE estaba obligado, en virtud del deber de asistencia y protección y del principio de buena administración, a subsanar sus efectos de manera leal, coherente y no discriminatoria.

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El BCE excluyó ilegalmente las indemnizaciones del cálculo de la indemnización compensatoria por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, mientras que dichas indemnizaciones se incluyen en el cálculo de la retribución de las vacaciones anuales durante la relación laboral.

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Las sumas indebidamente retenidas deben reembolsarse junto con los intereses compensatorios devengados desde la fecha del pago indebido hasta la restitución. Al negarse a conceder intereses, incluso en los casos de pagos en concepto de correcciones parciales, el BCE infringió el principio de reparación íntegra.