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Los casinos se benefician de un trato fiscal favorable a efectos del impuesto sobre el valor añadido, ya que, en contra de lo dispuesto en el Derecho de la Unión, sus operaciones solo se gravan sobre la base de los ingresos brutos procedentes de los juegos de azar.

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No se cumplen los requisitos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para la reducción de la base imponible (cuota obligatoria de distribución legal y separación técnica de las cantidades apostadas).

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La ventaja tiene un efecto selectivo en relación con los explotadores de salas de juego comerciales, aunque ambos operen en el mismo mercado pertinente.

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La Comisión consideró, sin proceder a su propio examen, que los casinos están sujetos a obligaciones legales de desembolso.

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El demandante ha demostrado de manera fundamentada que no existía tal base jurídica.

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A pesar de las dudas existentes, la Comisión no incoó el procedimiento de investigación formal.

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Infracción de la obligación de instrucción de la Comisión y vulneración de los derechos procesales de la parte demandante.

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La Decisión no está suficientemente motivada, ya que comunica el resultado sin exponer las consideraciones esenciales en las que se basa.

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La falta de motivación constituye una causa de nulidad autónoma.