1)

¿Constituye una restricción a la libre circulación de capitales contemplada en el artículo 63 TFUE una normativa como la portuguesa, que establece la aplicación de un tipo impositivo más elevado a la adquisición y a la tenencia de bienes inmuebles por sujetos pasivos dominados o controlados, directa o indirectamente, por una entidad que tenga su domicilio fiscal en un país, territorio o región sujeto a un régimen fiscal más favorable e incluido en la lista aprobada mediante Orden del ministro de Hacienda?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿constituyen la lucha contra el fraude y la evasión fiscales una razón imperiosa de interés general que pueda justificar dicha restricción?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿puede considerarse que tal restricción va más allá de lo necesario si:

4)

¿Restringen la libre circulación de capitales, tal como se define en el artículo 63 TFUE, las disposiciones de la legislación portuguesa relativas a la imposición sobre el patrimonio que figuran en el artículo 17, apartado 4, letra b), del Código del IMT (1) y en el artículo 112, apartado 4, letra b), del Código del IMI, que, respectivamente, establecen tipos impositivos fijos más elevados del 10 % y del 7,5 % (en lugar de los tipos generales, que oscilan entre el 5 % y el 6,5 % y entre el 0,3 % y el 0,8 %) —el primero, aplicable en el momento de la adquisición a título oneroso y el segundo, a la tenencia de bienes inmuebles—, cuando el sujeto pasivo (propietario del inmueble situado en Portugal) pertenece, directa o indirectamente, a una entidad con domicilio fiscal en un país, territorio o región sujeto a un régimen fiscal más favorable —en particular, cuando las demandantes están establecidas en Portugal y son propiedad, de forma indirecta, de una entidad o entidades con domicilio fiscal en las Islas Caimán, que se incluyen en la lista aprobada mediante Orden del Ministerio de Hacienda—[?]

5)

En caso de que la restricción esté justificada y no vaya más allá de lo necesario, ¿es admisible una diferencia de trato entre entidades que adquieren y poseen bienes inmuebles, residentes en un país, territorio o región sujetos a un régimen fiscal más favorable que están incluidos en la lista aprobada mediante Orden del ministro de Hacienda y con los que existen mecanismos de asistencia administrativa mutua e intercambio de información en materia fiscal, y entidades que adquieren y poseen bienes inmuebles, residentes en Portugal o en otros países no incluidos en dicha lista, mediante la aplicación de un tipo impositivo más elevado a las primeras en función, exclusivamente, del territorio respectivo de residencia?