1)

¿Debe interpretarse el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, (2) en el sentido de que la comparecencia del acusado por videoconferencia también incluye la participación del acusado en el enjuiciamiento de un asunto penal en otro Estado miembro por videoconferencia desde su Estado miembro de residencia?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, (3) en el sentido de que el derecho del acusado a acudir a la fase oral también puede garantizarse gracias a la participación del acusado en el enjuiciamiento de un asunto penal que tiene lugar en otro Estado miembro mediante videoconferencia desde su Estado miembro de residencia?

3)

¿Equivale la participación del acusado en el enjuiciamiento de un asunto que tiene lugar en otro Estado miembro mediante videoconferencia desde su Estado miembro de residencia a su presencia física en la vista ante el tribunal del Estado miembro ante el cual el asunto se está desarrollando?

4)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera y/o segunda, ¿solamente puede organizarse la videoconferencia por mediación de las autoridades competentes del Estado miembro?

5)

En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión prejudicial, ¿puede el tribunal del Estado miembro ante el cual el asunto se está desarrollando entrar en comunicación directamente con un acusado que se encuentra en otro Estado miembro y enviarle el vínculo para conectarse a la videoconferencia?

6)

¿No es la organización de la videoconferencia sin la mediación de las autoridades competentes del Estado miembro incompatible con el mantenimiento del espacio único de libertad, seguridad y justicia de la Unión?