1.

¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 31 de la Tercera Directiva de seguros de vida (1) y el artículo 15, apartado 1, de la Segunda Directiva de seguros de vida (2), en su caso en relación con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a una normativa nacional con arreglo a la cual la información completa al consumidor solo se facilita después de que este presente una solicitud, esto es, junto con la póliza del seguro («modelo de póliza»)? En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior: ¿Se deduce de lo anterior, por sí solo, un derecho de oposición a favor del consumidor, es decir, un derecho a la anulación con efectos retroactivos del contrato de seguro? ¿Puede formularse frente a tal derecho la excepción de caducidad o de abuso de derecho?

2.

¿Le está vedado a un asegurador que no ha facilitado al consumidor información sobre su derecho de oposición, o que solo le ha facilitado información errónea, invocar la caducidad o el abuso de derecho frente a los derechos que para el consumidor se derivan de tal circunstancia, en especial el derecho de oposición?

3.

¿Le está vedado a un asegurador que no ha entregado al consumidor la información al consumidor, o que solo se la ha entregado de forma incompleta o errónea, invocar la caducidad o el abuso de derecho frente a los derechos que para el consumidor se derivan de tal circunstancia, en especial el derecho de oposición?

4.

¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 15, apartado 1, de la Segunda Directiva de seguros de vida, el artículo 31 de la Tercera Directiva de seguros de vida y el artículo 35, apartado 1, de la Directiva 2002/83 (3) (en su caso en relación con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), a una normativa o jurisprudencia nacional con arreglo a la cual, tras el ejercicio legítimo del derecho de oposición por el tomador del seguro, recae sobre él la carga de la alegación y de la prueba en relación con el cálculo del rendimiento obtenido por el asegurador? ¿Exige el Derecho de la Unión, especialmente el principio de efectividad, en caso de que sea lícita tal imposición de la carga de la alegación y de la prueba, que se reconozcan al tomador del seguro, como contrapartida, derechos de información frente al asegurador u otras facilidades que le permitan hacer valer sus derechos?