1.1.

interpretó y aplicó erróneamente el artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 65/2011 (3) y, basándose en dicha interpretación, declaró de manera injustificada que durante el control sobre el terreno las instituciones lituanas no habían verificado si las solicitudes de pago presentadas por el beneficiario de la ayuda estaban respaldadas por documentos contables u otros documentos pertinentes;

1.2.

interpretó erróneamente el artículo 26, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 65/2011 y, basándose en dicha interpretación, declaró de manera injustificada que, durante el control sobre el terreno, las instituciones lituanas no habían verificado si las operaciones objeto de financiación pública se habían ejecutado con arreglo, en particular, a las normas sobre contratación pública;

1.3.

interpretó erróneamente el artículo 25, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 65/2011 y, basándose en dicha interpretación, consideró que los inspectores que habían practicado el control sobre el terreno no cumplían el requisito de ser independientes de los trabajadores que habían participado en los controles administrativos de la misma operación.

2.1.

interpretó erróneamente el artículo 24, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 65/2011 y, basándose en dicha interpretación, declaró de manera injustificada que la moderación de los costes propuestos no se había verificado de manera adecuada;

2.2.

en todo caso, aplicó injustificadamente una corrección financiera del 5 %, siendo así que la escala prevista para el incumplimiento potencial del sistema de control de la validez del gasto es significativamente menor.

3.1.

no tuvo debidamente en cuenta los datos aportados por las instituciones lituanas relativos al examen solicitado por la Agencia y llevado a cabo por peritos independientes, durante el cual se determinó qué daño se había podido causar efectivamente a los fondos de la UE y cuál era su importe así como qué daño estaba relacionado con las deficiencias del sistema de control de las contribuciones en especie (actividades de voluntariado no remuneradas), y aplicó injustificadamente una corrección financiera a tanto alzado del 5 %;

3.2.

consideró erróneamente que se había infringido el artículo 24, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (UE) n.o 65/2011 durante los controles administrativos de las solicitudes de ayuda y la verificación de los gastos de los proyectos [contribuciones en especie (bienes inmuebles)].