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Las demandantes alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, ya que el recargo EEG previsto en la Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Ley por la que se concede prioridad a las fuentes de energía renovables; en lo sucesivo, «EEG») y el régimen especial de compensación no constituían ninguna ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos estatales. Afirma que todos los hechos relevantes para la calificación de estas medidas se determinaron en el procedimiento previo entre la Comisión y la República Federal de Alemania. Según las demandantes, no existía ninguna duda adicional que la Comisión debiese comprobar en un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, y al artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1).

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Las demandantes alegan en este punto que la Comisión infringió el artículo 108 TFUE, apartado 1, y el principio de seguridad jurídica, por cuanto aplicó el procedimiento para las ayudas estatales nuevas establecido en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 en lugar del procedimiento para las ayudas estatales existentes, con arreglo al artículo 17 y siguientes del Reglamento no 659/1999, a efectos de revisar su calificación preliminar de la EEG como ayuda. A este respecto señalan, en particular, que la Comisión, en su decisión de 22 de mayo de 2002, no calificó a la EEG de 2000 como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que no implicaba transferencia alguna de recursos estatales. Según las demandantes, las modificaciones introducidas en la EEG de 2000 por la EEG de 2012 no fueron sustanciales en comparación con la decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2002. Por ello, señala, la Comisión podría haber invocado una interpretación jurídica modificada, a través del procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 1, sin implicar a las demandantes.

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Las demandantes alegan, además, que la demandada adoptó la Decisión impugnada sin dar previamente a la demandante la posibilidad de expresar su opinión al respecto.