—

en nombre de KGH Belgium NV, por los Sres. E. Gevers y J. Gevers, advocaten;

—

en nombre del Gobierno belga, por la Sra. M. Jacobs y el Sr. J.-C. Halleux, en calidad de agentes;

—

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B.-R. Killmann y W. Roels, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 217 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 17, p. 1) (en lo sucesivo, «Código aduanero»).

2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre KGH Belgium NV (en lo sucesivo, «KGH Belgium») y el Belgische Staat, representado por el Federale Overheidsdienst Financiën (Servicio público federal de finanzas; en lo sucesivo, «SPF de Finanzas»), acerca de si las autoridades aduaneras de este último efectuaron válidamente la contracción de una deuda aduanera, en el sentido del artículo 217, apartado 1, del Código aduanero.

3

El artículo 217 del Código aduanero dispone:

«1.   Todo importe de derechos de importación o de derechos de exportación resultante de una deuda aduanera, en lo sucesivo denominado “importe de derechos”, deberá ser calculado por las autoridades aduaneras desde el momento en que dispongan de los elementos necesarios y ser objeto de una anotación por parte de dichas autoridades en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos (contracción).

El párrafo primero no se aplicará en los casos:

Las autoridades aduaneras podrán no efectuar la contracción de los importes de derechos que, con arreglo al apartado 3 del artículo 221, no se puedan comunicar al deudor por haber expirado el plazo previsto.

2.   Los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas de contracción de los importes de los derechos. Dichas modalidades podrán ser diferentes según que las autoridades aduaneras, habida cuenta de las condiciones en las que se originó dicha deuda, estén seguras o no del pago de dichos importes.»

4

El artículo 221, apartado 1, del citado Código prescribe:

«Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas.»

5

La Ley general en materia de derechos de aduana e impuestos especiales refundida mediante Real Decreto de 18 de junio de 1977 (Belgisch Staatsblad de 21 de septiembre de 1977, p. 11425), confirmado por la Ley relativa a los derechos de aduana e impuestos especiales de 6 de julio de 1978 (Belgisch Staatsblad de 12 de agosto de 1978, p. 9013), en su versión modificada, con efectos desde el 1 de enero de 1994, por la Ley de modificación de la Ley general sobre derechos de aduana e impuestos especiales de 27 de diciembre de 1993 (Belgisch Staatsblad de 30 de diciembre de 1993, p. 29031) (en lo sucesivo, «LGDA») dispone, en su artículo 1:

«A efectos de la presente ley, se entenderá por:

[…]

[…]»

6

A tenor del artículo 3 de la LGDA:

«Las normas en materia de contracción y de condiciones de pago de los importes que deben liquidarse en virtud de una deuda aduanera se determinan en los reglamentos de las Comunidades Europeas».

7

De la resolución de remisión prejudicial resulta que el litigio que se plantea ante el órgano jurisdiccional remitente versa sobre si las autoridades aduaneras dependientes del SPF de Finanzas efectuaron válidamente la contracción, con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Código aduanero, de una deuda aduanera a cargo de KGH Belgium.

8

El litigio principal, tal como lo describe el órgano jurisdiccional remitente, tiene por objeto la anulación de la resolución del administrador de derechos de aduana e impuestos especiales de 19 de marzo de 2009 y de la resolución del director regional de derechos de aduana e impuestos especiales de Amberes de 4 de julio de 2008, según las cuales KGH Belgium adeuda la suma principal de 3620,52 euros en concepto de derechos de aduana.

9

El 26 de noviembre de 2009, el SPF de Finanzas interpuso una demanda reconvencional dirigida a que se declarase que la resolución de 4 de julio de 2008 es fundada y válida y que los derechos de aduana se adeudan con carácter definitivo e incontestable.

10

Ante el órgano jurisdiccional remitente, KGH Belgium alegó que del artículo 217, apartado 2, del Código aduanero se desprende que los Estados miembros están obligados a definir, en su legislación interna, las modalidades prácticas de aplicación de la contracción prevista en el artículo 217, apartado 1, del Código aduanero, para que el deudor pueda averiguar si las autoridades aduaneras nacionales han efectuado realmente dicha contracción, mientras que, según el SPF de Finanzas, no recae ninguna obligación de esa índole sobre esos Estados.

11

KGH Belgium considera asimismo que, a falta de disposiciones legales en el Derecho belga, la deuda aduanera no fue válidamente contraída, en el sentido del artículo 217, apartado 1, del Código aduanero.

12

Según el SPF de Finanzas, toda anotación de la deuda aduanera, independientemente del soporte en que se efectúe, es suficiente para concluir que la deuda se contrajo válidamente en el sentido del artículo 217, apartado 1, del Código aduanero.

13

El SPF de Finanzas sostiene que aun cuando el Estado belga no tenga la obligación de prever, en su Derecho interno, disposiciones legales que determinen las modalidades prácticas de contracción de las deudas aduaneras, tales disposiciones existen en el Derecho belga.

14

Por lo tanto, según el órgano jurisdiccional remitente, si se exige efectivamente una disposición legal de Derecho belga que determine las modalidades prácticas de contracción, se plantea la cuestión de si las disposiciones legales belgas existentes determinan, con arreglo al artículo 217, apartado 2, del Código aduanero, las modalidades prácticas de contracción en el sentido del artículo 217, apartado 1, del Código aduanero.

15

En tales circunstancias, el rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

16

En sus observaciones escritas, el Gobierno belga alega que las cuestiones planteadas escapan en cierta medida a la competencia del Tribunal de Justicia. Señala que, mediante la formulación empleada por el órgano jurisdiccional remitente, esas cuestiones inducen al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la compatibilidad de determinadas disposiciones nacionales con el artículo 217, apartado 2, del Código aduanero. Ahora bien, según dicho Gobierno, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la compatibilidad del Derecho nacional de un Estado miembro con el Derecho de la Unión.

17

A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en un procedimiento promovido en virtud del artículo 267 TFUE, pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con el Derecho de la Unión ni interpretar disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales, sí es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación de Derecho de la Unión que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad para dirimir el asunto del que esté conociendo (véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1993, Hünermund y otros, C-292/92, Rec. p. I-6787, apartado 8; de 6 de marzo de 2007, Placanica y otros, C-338/04, C-359/04 y C-360/04, Rec. p. I-1891, apartado 36, y de 10 de noviembre de 2011, Foggia – SGPS, C-126/10, Rec. p. I-10923, apartado 29).

18

En el caso concreto, a la vista de la formulación de dichas cuestiones, procede considerar que éstas incluyen una petición de interpretación del artículo 217, apartado 2, párrafo primero, del Código aduanero que permita al órgano jurisdiccional remitente determinar las modalidades prácticas de la contracción de los importes de los derechos, la naturaleza del soporte exigido y si sólo puede efectuarse la contracción del importe exacto de los derechos de aduana.

19

De ello se desprende que debe declararse la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

20

Mediante sus tres cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 217, apartado 2, del Código aduanero debe interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a definir en su normativa interna las modalidades prácticas de aplicación de la contracción de los importes de derechos resultantes de una deuda aduanera, exige un soporte específico para dicha contracción y sólo puede efectuarse la contracción del importe exacto de los derechos.

21

Debe recordarse que del artículo 217, apartado 1, párrafo primero, del Código aduanero se desprende que la contracción consiste en la inscripción, por las autoridades aduaneras, de los importes de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultantes de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos (sentencia de 16 de julio de 2009, Distillerie Smeets Hasselt y otros, C-126/08, Rec. p. I-6809, apartado 22).

22

Es preciso señalar asimismo que conforme al artículo 217, apartado 2, del referido Código, corresponde a los Estados miembros determinar las modalidades prácticas de esa contracción, que podrán ser diferentes según que las autoridades aduaneras, habida cuenta de las condiciones en que se haya originado la deuda aduanera, estén seguras o no del pago del importe de los derechos resultantes de dicha deuda.

23

Puesto que el artículo 217 del Código aduanero no prescribe las modalidades prácticas de la «contracción» en el sentido de esta disposición ni, por consiguiente, exigencias mínimas de orden técnico o formal, esta contracción debe efectuarse de manera que se garantice que las autoridades aduaneras competentes inscriben el importe exacto de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultante de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, con objeto de permitir, en particular, que la contracción de los importes en cuestión se establezca con certeza asimismo respecto al deudor (sentencia de 28 de enero de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Rec. p. I-731, apartado 23).

24

Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a definir en su normativa interna las modalidades prácticas de aplicación de la contracción de los derechos de aduana, siendo suficientes las medidas internas de la Administración aduanera.

25

Por otra parte, por lo que atañe a la naturaleza del soporte exigido, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta del margen de apreciación que les confiere el artículo 217, apartado 2, del Código aduanero, debe considerarse que los Estados miembros pueden prever que la contracción del importe de los derechos resultante de una deuda aduanera se realice mediante la inscripción de dicho importe en el acta levantada por las autoridades aduaneras competentes para hacer constar una infracción de la legislación aduanera aplicable (sentencias, antes citadas, Distillerie Smeets Hasselt y otros, apartado 25, y Direct Parcel Distribution Belgium, apartado 24).

26

Por lo tanto, el artículo 217, apartado 2, del Código aduanero no prevé ninguna obligación de recurrir, en relación con los soportes, a los registros contables, pudiendo bastar un soporte en papel o un soporte electrónico, siempre que se anote en ellos el importe exacto de los derechos de aduana.

27

En efecto, por lo que se refiere a la anotación del importe exacto de los derechos de aduana cuya contracción deba practicarse, en el apartado 23 de la presente sentencia se ha recordado que la contracción debe efectuarse de modo que garantice que las autoridades aduaneras competentes inscriben el importe exacto de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultante de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos.

28

Si, a pesar de ello, ese importe es incorrecto, el importe comunicado tampoco es válido. No obstante, las autoridades aduaneras pueden rectificar dicho importe en los registros contables y proceder a una nueva comunicación al deudor.

29

En efecto, con arreglo al artículo 221, apartado 1, del Código aduanero, la comunicación del importe de los derechos que han de ser recaudados debe haberse visto precedida de la contracción de este importe por las autoridades aduaneras del Estado miembro interesado, no pudiendo estas autoridades recaudar dicho importe cuando no haya sido objeto de contracción con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Código aduanero. No obstante, dichas autoridades conservan la facultad de proceder a una nueva comunicación del mismo importe, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 221, apartado 1, del Código aduanero y las normas de prescripción vigentes en la fecha en que nació la deuda aduanera (véanse, en particular, el auto de 9 de julio de 2008, Gerlach & Co., C-477/07, apartado 30, y la sentencia Direct Parcel Distribution Belgium, antes citada, apartado 39).

30

Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 217, apartado 2, del Código aduanero debe interpretarse en el sentido de que, dado que este artículo no prescribe modalidades prácticas de contracción en el sentido de dicha disposición, permite que los Estados miembros determinen las modalidades prácticas para la contracción de importes de derechos resultantes de una deuda aduanera, sin que tengan la obligación de definir en su normativa interna las modalidades de aplicación de esa contracción, que deberá efectuarse de modo que garantice que las autoridades aduaneras competentes anotan el importe exacto de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultante de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, para permitir, en particular, que la contracción de los importes se establezca con certeza, también respecto al deudor.

31

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El artículo 217, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, debe interpretarse en el sentido de que, dado que este artículo no prescribe modalidades prácticas de contracción en el sentido de dicha disposición, permite que los Estados miembros determinen las modalidades prácticas para la contracción de importes de derechos resultantes de una deuda aduanera, sin que tengan la obligación de definir en su normativa interna las modalidades de aplicación de esa contracción, que deberá efectuarse de modo que garantice que las autoridades aduaneras competentes anotan el importe exacto de los derechos de importación o de los derechos de exportación resultante de una deuda aduanera en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, para permitir, en particular, que la contracción de los importes se establezca con certeza, también respecto al deudor.