Falta de motivación en la cuantificación de la sanción, en la medida en que resulta impreciso sobre qué base de cálculo y a partir de qué volumen de negocios sancionó la Comisión a la demandante.

Violación del límite máximo del 10 % del volumen de negocios.

Falta de motivación de los incrementos aplicados.

Aplicación errónea de las Directrices sobre la determinación de las sanciones de 2006, en vez de las de 1998, en vigor no sólo en la época de los hechos que se le reprochan, sino también durante los cuatro primeros años del procedimiento.

Apreciación errónea de la duración de la participación de la demandante en el cártel, sin basarse en más comprobaciones objetivas.

Falta de consideración de circunstancias atenuantes, esto es, la demostrada función secundaria de la demandante en los hechos que se le reprochan, de su limitada cuota de mercado y de la ineficacia del cártel.

Existencia de prescripción, al no haberse producido ninguna medida apropiada para suspenderla durante los cinco años siguientes a la inspección por sorpresa.