31.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 209/26

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de 4 de marzo de 2010, en la medida en que no anuló el Reglamento impugnado y en la medida en que condenó en costas a las ahora recurrentes.

—

Que se adopte una resolución definitiva y se anule en su totalidad el Reglamento impugnado.

—

Que se condene al Consejo a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento ante el Tribunal General.

Que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que los artículos 2, apartado 7, y 9, apartado 5, de Reglamento antidumping de base (1) no obligan a las instituciones a conceder el trato de economía de mercado y el trato individual cuando aplican el método de muestreo.

Que asimismo incurrió en error de Derecho al considerar que las instituciones no infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), del citado Reglamento, al no determinar si se cumplían los criterios para la concesión del estatuto de economía de mercado («EEM») y del trato individual («TI») por parte de los productores exportadores chinos incluidos en el muestreo, en el plazo de tres meses desde el inicio de la investigación.

Que asimismo incurrió en error de Derecho al considerar que las instituciones no infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento, al no informar a los productores exportadores chinos no incluidos en el muestreo sobre el examen de sus solicitudes de tratamiento de economía de mercado e individual en el plazo de tres meses desde el inicio de la investigación.

Que igualmente incurrió en error de Derecho al no considerar que las instituciones no acordaron la cooperación durante la investigación y que, por esta razón, la industria de la Comunidad no cumplió el requisito vigente impuesto por el artículo 4, apartado 1, conjuntamente con el artículo 5, apartado 4, del mismo Reglamento, lo que dio lugar a una valoración errónea del perjuicio y del nexo causal, en el sentido del artículo 3 del Reglamento.

Que incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, no prohíbe a las instituciones recoger muestras informativas antes del inicio de la investigación.

Con carácter subsidiario, que el Tribunal incurrió en error de Derecho al considerar que las instituciones no infringieron el artículo 6, apartado 9, del Reglamento, al superar el plazo máximo de quince meses establecido para concluir la investigación.

Que incurrió igualmente en error de Derecho al describir los efectos legales de la información variada sobre el análisis de perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento.

Que también incurrió en error de Derecho al no considerar que las instituciones no cumplieron su deber de examinar cuidadosa e imparcialmente todos los aspectos relevantes de la investigación antidumping.

Que incurrió en error de Derecho al describir los efectos legales de cierta información relativa a la obligación de la autoridad investigadora de declarar sus motivos.

Finalmente, que incurrió en error de Derecho al no considerar que la falta de valoración, por parte de las Instituciones, de las repercusiones en la industria de la Comunidad de otros factores distintos de las importaciones en cuestión infringió el artículo 3 del Reglamento.