1)

A partir de la sentencia Lütticke el Tribunal de Justicia ha manifestado a través de una jurisprudencia constante que el párrafo primero del artículo 95 contiene una prohibición de discriminación en la cual se basa una obligación clara e incondicional que no está sujeta, en su ejecución o efectos, a la intervención de ninguna de las Instituciones comunitarias o de los Estados miembros y que, por consiguiente, puede surtir efectos directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables. Además, en la sentencia pronunciada el 4 de abril de 1968, Fink-Fruit (27/67, Rec. p. 327), el Tribunal reconoció igualmente dicho efecto al párrafo segundo del artículo 95 del Tratado que «enuncia una prohibición pura y simple de protección y que constituye el complemento necesario de la prohibición enunciada en el párrafo primero». A este respecto el Tribunal ha destacado expresamente que, si bien esta disposición contiene elementos que dependen de la apreciación de hechos económicos, dicha circunstancia no excluye, sin embargo, la obligación del juez nacional de garantizar el respeto a las normas del Tratado.

Finalmente, en las sentencias pronunciadas el 27 de febrero de 1980, Comisión/República Francesa (168/78, Rec. p. 347) y Comisión/Reino de Dinamarca (171/78,↔ Rec. p. 447), referidas al carácter comparable de la imposición fiscal que grava las bebidas alcohólicas, el Tribunal, debido a las dificultades existentes a la vista de los criterios materiales de diferenciación, dejó sin respuesta la cuestión de si las bebidas de que se trataba eran o no, en todo o en parte, productos similares en el sentido del párrafo primero del artículo 95; el Tribunal declaró que las bebidas importadas se encontraban en una relación de competencia, cuando menos parcial, con los productos nacionales en cuestión y que, por lo tanto, procedía declarar la existencia de una infracción del párrafo segundo del artículo 95.

En otra serie de sentencias (especialmente de 17 de febrero de 1976, Rewe-Zentrale, 45/75,↔ Rec. p. 181; de 22 de junio de 1976, Bobie, 127/75, Rec. p. 1079, y de 10 de octubre de 1978, Hansen & Balle, 148/77,↔ Rec. p. 1787) el Tribunal declaró la inexistencia de una infracción del párrafo primero del artículo 95, puesto que el sistema nacional concedía en ciertos casos a los productos nacionales ventajas de las que no podían beneficiarse los productos importados.

Esta jurisprudencia se explica por la finalidad del artículo 95 que, como el Tribunal de Justicia confirmó en el asunto 168/78, es la de «garantizar la perfecta neutralidad de los tributos internos en relación a la competencia entre los productos nacionales y los importados».

2)

Ahora bien, si se compara el párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal con el artículo 95 del Tratado CEE a la luz de esta jurisprudencia, hay que observar en primer lugar que el Acuerdo CEE-Portugal no se propone instaurar un espacio «perfectamente neutro en relación con la competencia» en el marco de una economía integrada. Por consiguiente una disposición de este acuerdo relativa a las discriminaciones fiscales no puede interpretarse en el sentido de que persigue esta finalidad, aunque esté redactada en los mismos términos que el artículo 95 del Tratado CEE o en términos análogos. Habida cuenta de la finalidad más limitada de este acuerdo, ante una cláusula de no discriminación como la presente, lo único importante es averiguar si las medidas fiscales tienen realmente un efecto proteccionista en lo referente a la importación de mercancías, con lo que se puede poner en peligro la supresión de los obstáculos a los intercambios.

Una interpretación de esta naturaleza corresponde a las prohibiciones de discriminación establecidas en el apartado 2 del artículo III del GATT y en el artículo 6 del Acuerdo AELC de 1959 (Convenio de Estocolmo), que toman en cuenta el efecto proteccionista del régimen fiscal.

Cuando se examina la cuestión de si existe dicho efecto proteccionista, subsiste un importante margen de apreciación que necesariamente supone que hay que echar mano de consideraciones de política económica y fiscal. Pues bien, reconocer efecto directo al párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal permitiría que las decisiones de los órganos jurisdiccionales prejuzgasen las decisiones del comité mixto. En este caso se trasladaría al ámbito judicial el proceso de decisión política querido por las partes contratantes, y decisiones diferentes dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales podrían dar lugar entonces a desequilibrios en materia de ejecución del Acuerdo, lo cual tampoco sería compatible con el carácter de reciprocidad del Acuerdo CEE-Portugal.

Incluso si se pretendiera mantener la opinión de que el párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal no incluye el criterio del efecto proteccionista de las medidas fiscales y que esta disposición tiene un contenido idéntico a la del párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE, procedería formular las mismas reservas porque, como muestra la jurisprudencia relativa al párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE, el concepto de similitud también implica un importante margen de apreciación, lo que conduce a no reconocer efecto directo a la prohibición de discriminación fiscal del Acuerdo CEE-Portugal en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal.

3)

Si disposiciones redactadas en los mismos términos en diferentes acuerdos no deben necesariamente tener el mismo significado, esto se aplica a fortiori a disposiciones que, como las del caso de autos, presentan diferencias importantes en su formulación. El párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE tiene por objeto la igualdad de los tributos, mientras que el artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal se refiere a las «medidas y prácticas internas de naturaleza fiscal» que establezcan «una discriminación». El énfasis que se hace sobre este último punto indica en cualquier caso que las partes contratantes han preferido otorgar una importancia mayor que en el caso del párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE al efecto económico de la discriminación efectiva, en vez de considerar exclusivamente la diferencia de las imposiciones.

Se observa además que, en comparación con el Tratado CEE, al omitir una disposición equivalente a la del párrafo segundo del artículo 95, las partes contratantes han preferido manifiestamente adoptar, mediante la prohibición de discriminación que figura en el Acuerdo CEE-Portugal, una solución de alcance más limitado. Por consiguiente, la circunstancia de que el párrafo primero del artículo 21 de este Acuerdo se limite a las mercancías similares, reviste forzosamente una importancia mayor que en el caso del artículo 95 en el que, si fuese necesario, se podría recurrir a la disposición general del párrafo segundo.

4)

Finalmente la génesis del párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal, detalladamente descrita por la Comisión, muestra que, habida cuenta de la finalidad más restringida del Acuerdo de libre cambio, las partes contratantes han querido conferir a esta disposición un alcance más limitado que a la correspondiente prohibición de discriminación establecida en el párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE.

1)

El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal si, considerando las modalidades particulares del Protocolo n° 8 que figura como anexo del Acuerdo, el párrafo primero de su artículo 21 se aplica a la importación de los vinos de Oporto.

La respuesta a esta cuestión se deduce del artículo 2 del Acuerdo que fija con carácter general el ámbito material de aplicación de este último. A tenor de esta disposición el Acuerdo se aplica, entre otros, a los productos enumerados en los Protocolos nos 2 y 8 -productos agrícolas y productos transformados- «habida cuenta de las modalidades particulares previstas para estos últimos». Pero la prohibición de discriminación fiscal establecida en el párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo no resulta afectada por las modalidades particulares relativas a la reducción de los derechos de importación establecidas en los Protocolos nos 2 y 8, lo que tiene por consecuencia que los productos enumerados en el Protocolo n° 8 están sujetos a las disposiciones generales del Acuerdo. Por lo demás este Protocolo no prejuzga el alcance que hay que atribuir al párrafo primero del artículo 21.

2)

El órgano jurisdiccional remitente desea también saber si las mercancías importadas deben beneficiarse igualmente, con arreglo al artículo 95 del Tratado o al párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal, de las ventajas fiscales, en otras palabras, si las ventajas que la Branntweinmonopolgesetz otorga teóricamente a los productos nacionales deben concederse también a los productos similares importados. A este respecto estoy de acuerdo con el Bundesfinanzhof cuando estima que del tenor del artículo 95 del Tratado CEE, así como de la jurisprudencia del Tribunal -véanse en particular las sentencias pronunciadas en los asuntos Schneider-Import y otros (30 de octubre de 1980, asuntos acumulados 45/75, 148/77, 26/80, Rec. p. 3469) y Rumhaus Hansen (sentencia de 7 de mayo de 1981, 153/80, Rec. p. 1165)- se deduce ya que la cuestión de si existe o no una discriminación fiscal en el sentido de esta disposición no puede resolverse si no es mediante una comparación concreta de los tributos. Las ventajas potenciales en materia tributaria otorgadas a productos nacionales similares, que, si bien teóricamente conferidas por una ley nacional, no son concretamente realizables, no pueden tomarse en cuenta únicamente en razón de esta disposición.

Esto es particularmente cierto en el caso del párrafo primero del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal, cuyo alcance, como he demostrado, es restringido y pretende sólo impedir la concesión de ventajas proteccionistas a los productos nacionales. Por consiguiente, en el marco de esta disposición, únicamente hay que verificar si una ventaja fiscal desfavorece efectivamente la importación de productos comparables, lo que no puede comprobarse más que examinando el volumen efectivo de la producción nacional favorecida y la extensión de las repercusiones que de ello se desprenden con respecto a la competencia. Ahora bien, como ya sabemos por el expediente, el trato de favor que reciben los «vinos de licor» producidos en la Comunidad en relación a los vinos de Oporto -suponiendo que estos productos sean comparables- derivado de la posibilidad de fabricar estos vinos de licor con alcohol que se haya beneficiado de una desgravación, es puramente teórico, porque el producto nacional que ha de compararse está concreta y prácticamente sujeto a los mismos gravámenes, lo que entraña la ausencia de discriminación.

3)

Finalmente procede también responder negativamente a la última cuestión que trata acerca de si la prohibición de discriminación establecida en el artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal impide una diferenciación basada en la composición de los productos. El Bundesfinanzhof plantea esta cuestión considerando el hecho de que el legislador alemán establece una distinción entre los tributos que gravan a los vinos alcoholizados, de los que forman parte los vinos de licor y los vinos de Oporto, por una parte y, por otra, los tributos aplicables a vinos con un contenido alcohólico relativamente elevado, pero procedente de la fermentación natural.

Pues bien, como el Tribunal de Justicia ha declarado en el asunto Bobie, antes citado, en lo referente al artículo 95 del Tratado CEE, esta disposición no restringe la libertad de los Estados miembros de establecer el sistema impositivo que consideren más apropiado en relación con cada producto. Además, en los asuntos Schneider-împort y Rumhaus Hansen, antes citados, y en los asuntos Chemial Farmaceutici (sentencia de 14 de enero de 1981, 140/79,↔ Rec. p. 1), y Vinal (sentencia de 14 de enero de 1981, 46/80, Rec. p. 77) el Tribunal afirmó claramente que una imposición diferente que gravase productos que pudieran destinarse al mismo uso y emplearse para los mismos fines, no es en sí misma discriminatoria en el sentido del artículo 95 del Tratado CEE si la diferencia de trato se basa en criterios legítimos, objetivamente justificados como la diferente naturaleza de las materias primas o del procedimiento de producción empleados. Esta consideración debe aplicarse a fortiori en el marco del artículo 21 del Acuerdo CEE-Portugal. Como acertadamente ha declarado el Bundesfinanzhof, habida cuenta de estos criterios, el trato fiscal diferente a los vinos alcoholizados por una parte y a los vinos normales, por otra, no suscita ninguna objeción.