1.

La representación alemana en Bruselas, alertada por el Ministro alemán de Agricultura, comunicó por télex a los Servicios de la Comisión que las autoridades alemanas habían recibido una solicitud de licencia de importación relativa a una partida de setas chinas valoradas en 125.000 DM, y que el Gobierno federal solicitaba urgentemente a la Comisión que autorizase a Alemania a excluir del tratamiento comunitario las referidas importaciones, «incluyendo [aquí cito textualmente] la importación a que se refiere» la solicitud de que se trata.

2.

El Servicio alemán contestó a la empresa Bock que había decidido denegar su solicitud de licencia tan pronto como (cito textualmente) «la Comisión, de conformidad con el artículo 115 del Tratado, haya dado su autorización».

A.

Mediante una argumentación extremadamente sutil, la Comisión sostiene con carácter principal que a la empresa Bock no le afectaba en modo alguno la disposición impugnada, por lo que no podía invocar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado.

El razonamiento de la Comisión es el siguiente.

Cuando sus Servicios hicieron referencia, en la disposición impugnada, a las solicitudes que en ese momento se encontrasen regularmente en vías de tramitación, no pretendieron, mediante la expresión «regularmente», referirse a la regularidad en la presentación de la demanda, es decir, de la forma, los documentos acreditativos etc. […], sino a la regularidad del comportamiento de la Administración nacional que no hubiera resuelto dicha solicitud. Según la Comisión, mediante la referida disposición se había querido evitar que quedasen legitimados los retrasos en la concesión de las licencias, retrasos que, por ser contrarios a la normativa comunitaria, tenían un carácter ilícito.

Ahora bien, prosigue la Comisión, si se interpreta en este sentido la Decisión impugnada, resulta evidente que no afecta a la demandante.

El Reglamento no 865/68, aplicable a los productos de que se trata, prohibe toda restricción cuantitativa en el comercio entre los Estados miembros y una Directiva de la Comisión de 22 de diciembre de 1969 equipara a una restricción cuantitativa el hecho de conceder las licencias solicitadas únicamente transcurridos plazos anormalmente largos.

Ahora bien: en el caso de autos, añade la Comisión, la Administración alemana ha incumplido la referida obligación de celeridad, puesto que, habiéndosele presentado a más tardar el 7 de septiembre una solicitud cuya urgencia se le había indicado, todavía no había dictado una resolución al respecto el día 11, cuando el Gobierno alemán se dirigió a la Comisión. De este modo, para la demandada, la solicitud de la empresa Bock estaba irregularmente pendiente ante el Servicio alemán cuando se adoptó la Decisión de 15 de septiembre, por lo que la disposición de dicha Decisión relativa a las solicitudes que se encontrasen regularmente en vías de tramitación no le era aplicable y, por consiguiente, no le afectaba.

Esta argumentación resulta sugestiva en muchos aspectos.

En cierto sentido, resulta fortalecida incluso por el hecho de que un tribunal alemán ya haya censurado expresamente el comportamiento del Servicio, declarando que éste había cometido una ilegalidad al no haber concedido la licencia solicitada en una fecha claramente anterior a la adopción de la Decisión de la Comisión. No obstante, siento algunos escrúpulos en proponer al Tribunal de Justicia que estime una excepción de inadmisibilidad basada en la referida interpretación de la disposición impugnada, y ello por diversas razones.

1.

La resolución del Tribunal contencioso-administrativo alemán se basa, no en la violación del Derecho comunitario, sino en la violación de obligaciones que resultan únicamente del Derecho interno alemán, y, por consiguiente, es muy difícil deducir de ello un argumento decisivo para la interpretación del acto comunitario impugnado.

2.

Es cierto que el texto resulta ambiguo, tanto en su versión francesa como en la alemana.

Si prevé que se aplique «a las solicitudes regularmente presentadas y que en este momento se encuentren en vías de tramitación» ante la Administración alemana, la tesis de la Comisión resulta ciertamente errónea.

Pero si, por el contrario, dispone que se aplique a las solicitudes «presentadas que en este momento se encuentren regularmente en vías de tramitación» ante la Administración alemana competente, la tesis de la Comisión es ciertamente procedente.

Pero la dificultad estriba en que la fórmula «que en este momento se encuentren regularmente en vías de tramitación» puede tener también literalmente el sentido que le atribuye la demandante y que, por lo demás, le han atribuido las autoridades alemanas.

3.

Como cualquier interpretación literal resulta imposible, es preciso, pues, en mi opinión, tratar de determinar el sentido de dichas disposiciones examinándolas a la luz de la solicitud que dio lugar a su adopción y del contexto general en el que entonces le fue planteado el problema a la Comisión.

Hay una cosa segura: el Gobierno alemán había solicitado a la Comisión una autorización con arreglo al párrafo primero del artículo 115 del Tratado, con objeto de impedir no sólo futuras importaciones, sino también una importación para la que ya se le había solicitado licencia.

El texto de la comunicación de la Representación Permanente alemana es claro.

Voy a citar sus principales pasajes:

Existe controversia entre las partes sobre un extremo.

La Comisión sostiene que la solicitud de licencia de importación a que se refiere el télex de la Representación Permanente es una presentada por la empresa Lütjens y relativa a una importación por valor de 125.000 DM y no la de la empresa Bock cuyo importe es de 150.000 DM.

La demandante afirma que el Gobierno federal se refiere no sólo a la importación proyectada por Lütjens, sino también a la importación que ella misma pensaba hacer.

La cuestión es delicada puesto que si efectivamente parece que la única solicitud de licencia a la que se hace referencia con precisión es la Lütjens (125.000 DM), el Gobierno alemán hace asimismo alusión, como ha podido observar este Tribunal de Justicia, a otras importaciones previsibles del mismo tipo.

Pero este extremo reviste, a mi juicio, una importancia menor para la solución de la cuestión que se plantea hoy a este Tribunal de Justicia.

En efecto, una cosa es segura: la Comisión sabía perfectamente que una solicitud de licencia de importación estaba en vías de tramitación desde el 11 de septiembre por lo menos, si no desde mucho antes.

La Comisión afirma hoy que el plazo concedido a las autoridades alemanas para resolver sobre una solicitud de ese tipo era de cuatro días como máximo.

Pero si se admite su punto de vista, ello significa que cuando la Comisión adoptó su Decisión del día 15, no podía ignorar que la solicitud de licencia de importación en relación con la cual se le había pedido una disposición especial ya no se encontraba, según su tesis actual, regularmente en vías de tramitación ante la Administración alemana.

Por consiguiente, si la Comisión hubiese querido excluir del ámbito de aplicación de su Decisión toda solicitud que ya no se encontrase regularmente en vías de tramitación, habría debido redactar dicha Decisión de una manera negativa o restrictiva, precisando por ejemplo: «la presente autorización se aplicará a las importaciones de los productos indicados que aún no se hayan llevado a cabo, excepto cuando las licencias solicitadas hubiesen debido concederse con anterioridad a la adopción de la presente Decisión», o cualquier otra fórmula similar.

Pero no fue esto lo que hizo. La fórmula que la Comisión empleó podía interpretarse (y fue de hecho interpretada, tanto por la Administración alemana como por la demandante), como destinada a «abarcar», si se me permite esta expresión, el caso de empresas que se encontrasen en la misma situación que la empresa Bock.

Conociendo como este Tribunal conoce la buena fe y la lealtad de la Comisión, es inconcebible suponer que haya empleado adrede una fórmula ambigua con el fin de hacer recaer en los organismos alemanes, en caso de dificultades contenciosas, las responsabilidades que pudieran derivarse de la autorización solicitada.

Así pues, la interpretación más verosímil es, a mi juicio, que la Comisión quiso extender, mediante la Decisión impugnada, el alcance de la autorización que daba a las autoridades alemanas, para permitir que excluyesen las solicitudes que,

En mi opinión, sólo mucho más tarde, y cuando el asunto se encontraba ya en la fase contenciosa, los Servicios Jurídicos de la Comisión intentaron interpretar la disposición impugnada de una manera compatible con la posición adoptada por sus colegas de otros Servicios en cuanto a la obligación de los Estados miembros de conceder las licencias solicitadas en materia de intercambios intracomunitarios en el más breve plazo posible.

Una última consideración me parece decisiva para proponer esta interpretación al Tribunal de Justicia.

Si las disposiciones de Derecho comunitario fijasen un plazo determinado para la concesión por las autoridades nacionales de las licencias que requieren las importaciones intracomunitarias, podría admitirse, quizá, la tesis de la Comisión.

Pero de los textos comunitarios resulta solamente que los referidos plazos no deben ser (aquí cito) «excesivos en relación con el desarrollo normal de las diversas operaciones» a las que se aplican.

De lo anterior se deduce que, en el sistema propuesto por la Comisión, este Tribunal de Justicia, en caso de recurso contra una de las numerosas disposiciones comunitarias que tienen el mismo objetivo y alcance que la disposición impugnada, debería apreciar la admisibilidad de la demanda

Por todas estas razones, pues, creo que el caso de la empresa Bock está incluido en el ámbito de aplicación de la disposición impugnada, y que, por consiguiente, ésta afecta a la mencionada empresa.

B.

Si el Tribunal de Justicia admite lo anterior, el segundo problema de admisibilidad planteado por la Comisión me parece relativamente más sencillo.

En efecto, la Comisión sostiene con carácter subsidiario que, aun admitiendo que la disposición impugnada «afectase» a la empresa Bock, no la afectaría ni directa ni individualmente.

Las circunstancias de hecho del caso de autos, semejantes a los principios acogidos por este Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de julio de 1965, Toepfer/Comisión (asuntos acumulados 106/63 y 107/63,-Rec. pp. 525 y ss., especialmente p. 532), me inducen a proponer que se rechace esta argumentación.

El Tribunal alemán de lo contencioso-administrativo estimó que, antes del 15 de septiembre, únicamente la empresa Bock tenía todavía en vías de tramitación una solicitud de licencia de importación de setas chinas, y añadió que este hecho no era controvertido.

La Comisión y el organismo alemán afirman que en el mismo caso se encontraba la empresa Lütjens, de la que he hablado en relación con el télex enviado por la Representación Permanente alemana a la Comisión con fecha 11 de septiembre.

En cualquier caso, el número y la designación de estos importadores estaban «determinados» y eran «verificables».

Ahora bien, según ha declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia Toepfer/Comisión, la referida circunstancia permite que los interesados se beneficien de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 173. De este modo, si se admite que la disposición impugnada afectaba a la empresa Bock (único punto, a mi juicio bastante delicado, del problema de admisibilidad suscitado), nos encontraremos ciertamente ante un acto que, aunque se haya adoptado con apariencia de una Decisión dirigida al Gobierno alemán, afecta directa e individualmente a la empresa Bock, debiéndose declarar, pues, la admisibilidad de su demanda.

—

una fase de recomendación y, luego, si ésta no produce los resultados perseguidos,

—

la fase de la autorización de exclusión del tratamiento comunitario.

1.

Las normas de procedimiento que recoge el artículo 115 del Tratado establecen modalidades de relaciones entre la Comisión y los Estados miembros. De ello se deduce, a mi juicio, que dichas normas no tienen efecto directo, que no generan derechos para los particulares, y que éstos carecen de legitimación para invocarlas, por lo que incurrirían en inadmisibilidad si así lo hicieran.

2.

Por otra parte, y con carácter muy subsidiario, creo que en el caso de autos el vicio de forma alegado carece de influencia sobre la regularidad de la disposición impugnada.