COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 3.6.2026
COM(2026) 218 final
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Malta
{SWD(2026) 218 final}
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Document 52026DC0218
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Malta
Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Malta
Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Malta
COM/2026/218 final
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 3.6.2026
COM(2026) 218 final
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Malta
{SWD(2026) 218 final}
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Malta
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo 1 , y en particular su artículo 3, apartado 3,
Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)El Reglamento (UE) 2024/1263 establece que los objetivos del marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e inclusivo y resiliencia a través de reformas e inversiones, así como evitar déficits públicos excesivos. El Reglamento establece que el Consejo y la Comisión llevarán a cabo una supervisión multilateral en el marco del Semestre Europeo, de conformidad con los objetivos y requisitos establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Semestre Europeo incluye, en particular, la formulación de recomendaciones específicas por país y la supervisión de su aplicación.
(2)El 16 de julio de 2025, la Comisión adoptó su Propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad para el período 2028-2034, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2023/955 y el Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 2 . La propuesta tiene por objeto aumentar la eficacia de la financiación de la Unión reduciendo la fragmentación de la arquitectura financiera y apoyar a los Estados miembros en la coordinación de las políticas económicas en consonancia con el artículo 175 del TFUE. El 25 de noviembre de 2025, la Comisión adoptó un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Malta para 2025. En esa misma fecha, en virtud del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, la Comisión adoptó el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2026, en el que determinó que Malta no era uno de los Estados miembros que requerían un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2026, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 21 de abril de 2026, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro 3 y el 9 de marzo de 2026, el Informe conjunto sobre el empleo y la Recomendación sobre el capital humano.
(3)El 29 de enero de 2025, la Comisión publicó la Brújula para la Competitividad, un marco estratégico cuyo objetivo es impulsar la competitividad de la Unión a escala mundial en los próximos cinco años. En ella, señala tres imperativos de transformación como pilares esenciales para el crecimiento económico sostenible: la innovación, la descarbonización y la competitividad, y la seguridad. El Semestre Europeo está en consonancia con la Brújula para la Competitividad, lo que garantiza que las políticas económicas de los Estados miembros sean coherentes con los objetivos estratégicos de la Comisión y crea un enfoque unificado de la gobernanza económica que fomenta el crecimiento sostenible, la innovación y la resiliencia en toda la Unión.
(4)En 2026, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la fase final de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («MRR») 4 . Los planes de recuperación y resiliencia («PRR»), junto con la financiación de la política de cohesión, han resultado esenciales para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes tenían que abordar de manera efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos ejercicios, y los programas financiados por la política de cohesión europea debían tener en cuenta las recomendaciones específicas por país. Ahora que el MRR se acerca a su fin, sigue siendo fundamental mantener las reformas e inversiones apoyadas y aplicadas en su marco, en particular las que contribuyen a abordar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país.
(5)El 3 de junio de 2026, la Comisión publicó el informe específico de 2026 sobre Malta. En él se evalúan los avances realizados por Malta para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes y se hace balance de la ejecución del PRR por parte de Malta. Sobre la base de este análisis, el informe señalaba los retos más urgentes a los que se enfrenta Malta. Asimismo, evalúa los avances de Malta en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
(6)El 21 de enero de 2025, el Consejo, tras la evaluación y recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de Malta 5 . El plan abarca el período de 2025 a 2028 y supone un ajuste fiscal distribuido a lo largo de cuatro años. El Consejo recomendó las siguientes tasas máximas de crecimiento del gasto neto: 6,0 % en 2025, 5,8 % en 2026, 5,8 % en 2027 y 6,1 % en 2028, lo que se corresponde con las tasas máximas de crecimiento acumulado calculadas con respecto al año de referencia 2023: del 13,8 % en 2025, del 20,4 % en 2026, del 27,4 % en 2027 y del 35,1 % en 2028. En el período 2025-2027, estas tasas máximas de crecimiento del gasto neto coinciden con la senda correctiva, tal como recomendó el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE el 21 de enero de 2025, con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo 6 . Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, el [fecha] el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, adoptó una Decisión con arreglo al artículo 126, apartado 12, del TFUE 7 por la que derogaba su anterior Decisión por la que se determinaba la existencia de un déficit excesivo 8 .
(7)La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones constituyen un reto existencial para la Unión Europea. La Comisión ha invitado a los Estados miembros a solicitar la activación de la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera coordinada para apoyar las iniciativas de la UE encaminadas a lograr un aumento rápido y considerable del gasto en defensa 9 , propuesta que fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo de 6 de marzo de 2025. Los Estados miembros podrán seguir solicitando la activación de la cláusula de salvaguardia nacional en cualquier momento hasta 2028, siempre que cumplan los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1263.
(8)El 30 de abril, Malta presentó su informe anual de situación de 2026 10 sobre el cumplimiento de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas y la ejecución de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos señalados en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. El informe anual de situación recoge el informe semestral de Malta sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241. El informe sobre las medidas adoptadas en el marco del procedimiento de déficit excesivo se integra en el informe anual de situación.
(9)El crecimiento del PIB real en 2025 fue del 4,0 % y la inflación IPCA se situó en el 2,4 %. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el PIB real crecerá un 3,7 % en 2026 y un 3,6 % en 2027, y la inflación IPCA se situará en el 2,7 % en 2026 y en el 2,3 % en 2027.
(10)Sobre la base de los datos facilitados por Eurostat 11 , el déficit de las administraciones públicas de Malta disminuyó del 3,4 % del PIB en 2024 al 2,2 % en 2025. La disminución del déficit en 2025 refleja el elevado crecimiento de los ingresos, incluidos los procedentes de la fiscalidad indirecta y de las empresas, impulsado principalmente por la expansión del PIB nominal y de las bases impositivas, así como por importantes ingresos fiscales imprevistos. Por otra parte, a pesar de la no repetición de una importante transferencia de capital concedida a la compañía aérea nacional en 2024, el gasto público siguió aumentando significativamente, con aumentos sustanciales de la masa salarial pública y del consumo intermedio, así como un gasto puntual derivado de una resolución judicial. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 prevén un déficit del 2,2 % del PIB en 2026 y del 2,1 % en 2027.
(11)Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal 12 , que incluye los gastos financiados tanto a nivel nacional como de la UE, fue restrictiva, en un 0,6 % del PIB, en 2025. Se prevé que se mantenga en líneas generales neutra en 2026 y que sea restrictiva (0,5 % del PIB) en 2027.
(12)Según los datos facilitados por Eurostat 13 , la deuda de las administraciones públicas maltesas aumentó del 45,9 % del PIB a finales de 2024 al 46,4 % del PIB a finales de 2025. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 indican que la ratio deuda/PIB disminuirá hasta el 46,2 % a finales de 2026 y se mantendrá estable en ese nivel a finales de 2027.
(13)Según los datos de Eurostat 14 , el gasto total en defensa de las administraciones públicas en Malta ascendió al 0,5 % del PIB en 2025. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, se espera que este gasto alcance el 0,6 % del PIB en 2026.
(14)La Unión sigue estando expuesta a riesgos de interrupciones del suministro energético y a una elevada volatilidad de los precios, exacerbados por las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados mundiales del petróleo y el gas. La experiencia adquirida con la crisis energética de 2022-2023 ha demostrado que las medidas amplias y poco específicas suponen un importante coste fiscal y son ineficientes desde el punto de vista social y económico. Desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo en febrero de 2026, Malta no ha adoptado nuevas medidas de política fiscal para mitigar el impacto de los elevados precios de la energía en los hogares y las empresas 15 . Sin embargo, desde la crisis energética de 2022, Malta ha mantenido congelados los precios minoristas de la electricidad y los combustibles entre los niveles más bajos de la UE. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el coste fiscal de estas ayudas energéticas no temporales y poco específicas aumentaría del 0,9 % del PIB en 2025 a aproximadamente el 1,4 % del PIB en 2026.
(15)Según los cálculos de la Comisión, el gasto neto en Malta creció un 5,6 % en 2025 y un 22,2 % acumulado en 2024 y 2025. El crecimiento del gasto neto en 2025 se sitúa por debajo de la tasa máxima de crecimiento recomendada. En 2024 y 2025, considerados conjuntamente, la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúa por encima de la tasa de crecimiento máxima recomendada, lo que corresponde a una desviación del 2,3 % del PIB en términos acumulados.
(16)Según los cálculos de la Comisión, se prevé que el gasto neto en Malta crezca un 6,1 % en 2026 y un 29,7 % acumulado en 2024, 2025 y 2026 y que el crecimiento del gasto neto de España en 2026 se sitúe por encima de la tasa de crecimiento máxima recomendada, lo que corresponde a una desviación del 0,1 % del PIB en términos anuales. Para 2024, 2025 y 2026, considerados conjuntamente, también se prevé que la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúe por encima de la tasa de crecimiento máxima recomendada, con una desviación del 2,2 % del PIB en términos acumulados.
(17)La reducción del déficit tributario mediante la mejora del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la lucha contra la elusión y la evasión fiscales y la planificación fiscal abusiva sigue siendo importantes para garantizar unos sistemas tributarios justos y eficientes. La ratio ingresos fiscales totales/PIB de Malta está muy por debajo de la media de la UE, y depende en gran medida de la fiscalidad de las empresas. Su estructura tributaria global es limitada y refleja únicamente una pequeña parte de la fiscalidad medioambiental y la ausencia de impuestos recurrentes sobre los bienes inmuebles. En vista de los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva entre los Estados miembros, es fundamental una acción coordinada de las políticas nacionales de todos los Estados miembros para completar la legislación de la UE. Malta ha adoptado medidas para hacer frente a las prácticas de planificación fiscal abusiva en consonancia con las normas de la UE, las orientaciones de la OCDE y sus obligaciones en virtud del marco del Código de Conducta. Sin embargo, hasta que Malta no aplique las retenciones en origen sobre los pagos de intereses, dividendos y cánones efectuados por las empresas establecidas en Malta a jurisdicciones de baja o cero tributación o medidas equivalentes de defensa para garantizar que las empresas no transfieran sus beneficios a terceros países de forma que queden exentos de impuestos, el riesgo de doble no imposición sobre estos beneficios seguirá siendo elevado. Además, el tratamiento de las empresas residentes no domiciliadas sigue planteando un riesgo de doble no imposición, tanto para las empresas como para las personas físicas.
(18)El sector de las pensiones complementarias de Malta tiene margen de crecimiento para apoyar la adecuación de los ingresos de jubilación y mitigar las futuras presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población. Aunque existen regímenes voluntarios de pensiones del segundo y tercer pilar, la participación sigue siendo limitada. Por el contrario, el sistema de pensiones de Malta se basa en gran medida en el régimen del primer pilar, que está sujeto a límites máximos que reducen la ratio media de prestaciones a alrededor del 38,3 %, una de las más bajas de la UE en comparación con la media de la UE del 47 %. El refuerzo de las pensiones complementarias puede contribuir a mejorar la adecuación de los ingresos de jubilación y potenciar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
(19)La participación sistemática, significativa y oportuna de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria de los instrumentos de financiación de la Unión, así como en el contexto del Semestre Europeo.
(20)La ejecución en Malta de los programas de la política de cohesión, que abarcan el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Transición Justa (FTJ), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Cohesión (FC), avanza a un ritmo superior a la media de la UE, tanto en términos de selección de proyectos como de pagos. Es importante mantener el impulso actual y, al mismo tiempo, maximizar los efectos de las inversiones sobre el terreno. Malta ya está tomando medidas en el marco de sus programas de la política de cohesión para impulsar la competitividad y el crecimiento. No obstante, algunos ámbitos pueden requerir un mayor refuerzo por lo que respecta a la ejecución, incluidos los relacionados con la eficiencia energética y las inversiones en energías renovables, así como la inclusión social y la participación equitativa en el mercado laboral. Es esencial velar por que las nuevas inversiones señaladas por Malta en su revisión intermedia de los fondos de la política de cohesión, en particular las relacionadas con las cinco prioridades establecidas en el Reglamento sobre la revisión intermedia 16 , se movilicen rápida y eficazmente.
(21)Malta se enfrenta a varios retos relacionados con la investigación y la innovación, la atracción y retención de mano de obra muy cualificada, el sistema judicial, la producción e implantación de energías renovables, la eficiencia energética de los edificios, la congestión del tráfico y la movilidad sostenible, las elevadas ayudas a los combustibles fósiles, la calidad de la educación y la formación y su adecuación a las necesidades del mercado laboral, la inadecuación de las capacidades y su escasez, el carácter inclusivo de la educación y la formación, la calidad del empleo en puestos de trabajo poco cualificados, y la gestión de los residuos y del agua.
(22)La investigación y la innovación siguen desempeñando un papel reducido en la economía maltesa, ya que la inversión en investigación e innovación es persistentemente escasa, lo que limita los resultados del país en materia de innovación. La intensidad global de I+D de Malta sigue siendo una de las más bajas de la UE (0,54 % del PIB en 2024 frente a la media de la UE del 2,24 %), situación que refleja la limitada inversión tanto del sector público como del privado. El gasto público en I+D es especialmente bajo (0,16 % del PIB en 2024 frente a la media de la UE del 0,72 %) y. por ende, la capacidad de las instituciones de investigación para desarrollar capacidades científicas sólidas se ve mermada. Se observa un panorama similar en el caso de la inversión privada, donde el gasto en porcentaje del PIB sigue siendo débil (0,38 % frente a la media de la UE del 1,49 %) y las empresas hacen un uso limitado de los regímenes de apoyo. En general, las medidas clave para estimular la inversión tanto pública como privada siguen en una fase temprana, los sistemas de apoyo público requieren una aplicación más específica, y el refuerzo de la cooperación entre el mundo académico y las empresas es esencial para fomentar la innovación de productos y servicios.
(23)La capacidad de Malta para realizar la transición hacia una economía de mayor productividad está supeditada a su capacidad para atraer y retener mano de obra muy cualificada. La persistente escasez e inadecuación de la mano de obra y las capacidades, en particular en las profesiones altamente cualificadas y CTIM, pueden obstaculizar las perspectivas de crecimiento de Malta. Si bien Malta ha adoptado algunas medidas para atraer y retener a trabajadores muy cualificados, son necesarios esfuerzos adicionales, en particular mediante un uso más focalizado de la migración cualificada para apoyar el crecimiento en sectores de su economía de alto valor añadido. Reforzar el uso de herramientas de información estratégica sobre capacidades en la política de desarrollo económico y armar la infraestructura económica, jurídica y social para atraer y retener el talento puede favorecer la adaptación de Malta a un modelo de mayor crecimiento de la productividad.
(24)El sistema judicial sigue enfrentándose a retrasos significativos, y el tiempo necesario para adoptar resoluciones judiciales en asuntos civiles y mercantiles en primera instancia es uno de los más elevados de la UE. El tiempo necesario para resolver los asuntos administrativos en primera instancia sigue siendo el más largo de la UE. A pesar de los avances registrados en los últimos años, los recursos destinados al poder judicial siguen siendo motivo de preocupación, habida cuenta de la escasez de locales y de personal. En particular, el número de jueces per cápita es el tercero más bajo de la UE y cada juez asume un número muy elevado de asuntos civiles, mercantiles y administrativos. Aunque se ha avanzado moderadamente en la digitalización, hay retrasos en la aplicación de la estrategia nacional de justicia digital y sigue habiendo lagunas críticas, como el hecho de que las principales funciones judiciales sigan dependiendo del formato físico. Malta sigue rezagada en comparación con otros Estados miembros en cuanto a la resolución alternativa de litigios, que puede desempeñar un papel importante a la hora de aliviar la presión sobre el sistema judicial. La revisión y la mejora de los códigos de procedimiento judicial también ayudarían a acelerar los juicios.
(25)La cuota de energías renovables de Malta en el consumo bruto de energía final (17,2 % en 2024) y en la combinación eléctrica (16,7 % en 2025) sigue siendo muy baja y muy inferior a la media de la UE. La generación de energía renovable procede casi exclusivamente de la energía solar, con una parte muy pequeña de biomasa o combustibles renovables, y sin que se registre generación de energía eólica o hidroeléctrica. Malta ha anunciado que está previsto que un nuevo parque eólico marino flotante esté listo de aquí a 2033, lo que representaría un paso importante en el aumento de la capacidad instalada de energías renovables. Hay margen para aprovechar aún más el potencial de los proyectos de energía solar y eólica marino, así como para ampliar las soluciones en tierra. Intensificar los esfuerzos en este sentido ayudaría a Malta a acelerar la implantación de las energías renovables.
(26)El consumo de energía ha ido en aumento en la mayoría de los sectores de Malta desde 2019, y sobre todo en los edificios residenciales, en un contexto de fuerte crecimiento de la población. Aplicar medidas adicionales que promuevan la renovación del parque inmobiliario contribuirían a hacer frente a esta tendencia al alza.
(27)La congestión del tráfico sigue siendo un reto estructural importante que afecta negativamente a la sostenibilidad medioambiental, a la competitividad de la economía y a la calidad de vida de la ciudadanía. Se prevé que el coste económico de la congestión del tráfico aumente hasta alcanzar los 917 millones EUR anuales de aquí a 2030 17 si no se adoptan nuevas medidas de actuación. A pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de transporte público y reconfigurar la movilidad en Malta, las medidas aún no han reducido significativamente la dependencia de los vehículos privados. En 2024, el 58 % de la población maltesa declaraba no utilizar nunca el transporte público. El sector del transporte también sigue siendo la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Reglamento de reparto del esfuerzo y en 2024 concentró el 48 % de dichas emisiones, lo que supone un aumento del 45 % desde 2005. Esta tendencia persiste, a pesar de que los vehículos de emisión cero alcanzaron el 37,7 % de las matriculaciones de turismos nuevos en 2024, lo que supone un aumento de 17,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Además, las infraestructuras de transporte maltesas siguen siendo muy vulnerables a los riesgos relacionados con el clima y presentan una puntuación en el índice de vulnerabilidad del transporte de 0,42, una de las más elevadas de la UE. Para que Malta pueda atajar la congestión del tráfico y el aumento de las emisiones procedentes del transporte, son necesarias políticas de movilidad sostenible que desincentiven el uso del automóvil, en particular mediante la introducción de carriles reservados para autobuses, la restricción del acceso de vehículos a las zonas congestionadas y la limitación de la disponibilidad de aparcamientos. Al mismo tiempo, la mejora de la eficiencia del transporte por carretera y marítimo, junto con inversiones en movilidad sostenible, en particular en infraestructuras de movilidad activa, como la ampliación de las redes ciclistas y peatonales, así como en autobuses de emisión cero e infraestructuras de recarga de combustibles alternativos, garantizarían un cambio hacia opciones de transporte más sostenibles y multimodales. Se necesitan inversiones adicionales para reforzar la resiliencia de las infraestructuras de transporte frente a los riesgos relacionados con el clima, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos.
(28)Sin una eliminación gradual prevista, las ayudas a los combustibles fósiles representaron alrededor del 1 % del PIB de Malta en 2024, considerablemente por encima de la media de la UE del 0,32 %. Las ayudas a los combustibles fósiles desincentivan las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y electrificación del transporte, que contribuirían a cumplir los objetivos climáticos, mejorar la seguridad energética y promover una mejor calidad de vida en Malta. Al mismo tiempo, las ayudas a los combustibles fósiles de Malta representan una pesada carga fiscal. No proporcionan un apoyo rentable a la economía durante los períodos de precios internacionales de la energía elevados ni abordan la pobreza energética de manera específica.
(29)Malta genera algunos de los mayores niveles de residuos per cápita de la UE y la inmensa mayoría de ellos se depositan en vertederos, lo que ejerce una presión considerable sobre el entorno natural de las islas. En 2024, la generación de residuos municipales alcanzó los 621 kg per cápita, una de las tasas más elevadas de la UE, a la vez que la tasa de reciclado siguió siendo preocupantemente baja: el 16,7 %, muy por debajo de la media de la UE del 48 %. Malta ya ha incumplido el objetivo de reciclado de residuos municipales del 50 % para 2020 y ahora corre el riesgo de no alcanzar el objetivo del 55 % para 2025. Además, en 2023, la tasa de vertido de residuos municipales se situó en el 74 %, muy por encima de la media de la UE del 22 %. La diferencia sustancial entre la actual tasa de vertido y el objetivo del 10 % de vertido de residuos municipales fijado para 2035 sigue siendo una preocupación acuciante. A pesar del aumento de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos y de la introducción de varias iniciativas de reutilización y reciclado, las medidas adoptadas aún no se han traducido en efectos mensurables en el rendimiento de la gestión de residuos. Por lo tanto, Malta se beneficiaría de respetar la jerarquía de residuos dando prioridad a la prevención de residuos y reforzando las prácticas de reciclado y economía circular, tanto mediante una garantía más estricta del cumplimiento de la legislación nacional vigente en materia de residuos como mediante la ampliación de las infraestructuras de reciclado y reutilización, acelerando al mismo tiempo las inversiones previstas en instalaciones de tratamiento de residuos para reducir la dependencia del depósito en vertederos.
(30)Malta se enfrenta a una escasez estructural de agua, agravada por el importante crecimiento de la población, el aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas, que han reducido significativamente la disponibilidad de agua dulce. Este reto se ve subrayado por el índice estacional de explotación del agua «plus» (IEA+), que alcanzó el 66,7 % en el tercer trimestre de 2023, el segundo nivel más alto entre los Estados miembros de la UE, lo que indica una grave escasez de agua. La elevada demanda de agua, impulsada principalmente por los sectores turístico, agropecuario, doméstico e industrial, intensifica aún más la escasez. En respuesta, Malta ha intentado mitigar estas presiones mediante el aumento de la extracción de aguas subterráneas y la desalinización del agua de mar. Aparte de la escasez de agua, la mala calidad de esta sigue siendo un problema persistente en Malta. Como se indica en el tercer plan hidrológico de cuenca de Malta, solo el 58 % de las masas de agua superficial (por número) alcanzaba un estado ecológico bueno o muy bueno, mientras que solo el 45 % alcanzaba un buen estado químico. Por lo que se refiere a las aguas subterráneas, el 82 % de las masas de agua subterránea (por zona) no lograban un buen estado cuantitativo, y el 100 % no alcanzaban un buen estado químico. Las principales presiones sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas se derivan de las actividades agrícolas y la intrusión salina como consecuencia de una extracción excesiva. Además, dos aglomeraciones urbanas maltesas siguen sin cumplir la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas debido a la escasa proporción de hogares conectados por lo menos a un sistema de tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas. Para hacer frente a estos retos, Malta se beneficiaría de la ampliación de las inversiones en infraestructuras urbanas de recogida de aguas pluviales y soluciones basadas en la naturaleza, lo que podría reducir los riesgos de inundación y mejorar la recarga de los acuíferos. Además, parecen necesarias una regulación más estricta de la extracción de aguas subterráneas y la ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas residuales para mejorar la calidad del agua y hacer frente a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
(31)A la luz del papel crucial del capital humano en la mejora de la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión, en 2026 el Consejo recomendó a los Estados miembros que tomaran medidas para afrontar urgentemente los retos estructurales relacionados con el capital humano en los ámbitos de las capacidades y la educación, que obstaculizan la competitividad. Las recomendaciones específicas por país de 2026 dirigidas a Malta pueden contribuir a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea.
(32)La escasez y la inadecuación de las capacidades pueden socavar la fortaleza del mercado laboral de Malta y obstaculizar sus transiciones ecológica y digital. A pesar de las elevadísimas tasas de vacantes de empleo, persisten déficits críticos en los puestos relacionados con las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), la construcción, la asistencia sanitaria, la educación y la transición ecológica, y el 43 % de las empresas carecen de empleados con capacidades verdes y dos tercios afirman que la mano de obra no está preparada. Las capacidades que ofrece el sistema maltés de educación y formación no se ajustan a la demanda del mercado laboral, lo que también se explica por la fragmentación de la gobernanza de las capacidades y la capacidad de previsión. El refuerzo de las herramientas de información estratégica sobre capacidades puede ayudar a anticipar las necesidades del mercado laboral y a abordar los desajustes existentes. Los titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) representan solo el 13,8 % de los titulados de enseñanza postsecundaria, muy por debajo de la media de la UE e incluso con menos mujeres, y Malta registró la tasa más baja de matriculación en CTIM de nivel postsecundario en la UE en 2023. Los itinerarios de educación y formación profesionales (EFP) también son insuficientes, con un aprendizaje en el trabajo limitado y una aceptación reducida de los programas de EFP relacionados con las CTIM, en particular entre las mujeres. La participación en la educación de personas adultas sigue siendo desigual, ya que solo una pequeña parte del gran grupo de adultos poco cualificados participa en actividades de formación. El persistente déficit de capacidades básicas agrava aún más el reto: uno de cada tres jóvenes de 15 años carece de capacidades básicas en matemáticas, lectura o ciencias, mientras que la mitad de los jóvenes de entre 12 y 13 años carece de capacidades digitales básicas. Las deficiencias en la oferta de profesores, el desarrollo profesional y el apoyo a unas aulas cada vez más diversas pueden limitar la capacidad del sistema educativo para mejorar los resultados del aprendizaje. Para abordar estas cuestiones, es esencial reforzar la calidad y la adecuación a las necesidades del mercado laboral de la educación y la formación, el uso de herramientas de información estratégica sobre capacidades, la formación del profesorado, la EFP en el trabajo y la mejora de las capacidades de los adultos, especialmente en los ámbitos de las CTIM y la transición ecológica, para reducir la escasez, mejorar los resultados educativos y adaptar las capacidades a las necesidades del mercado laboral.
(33)La limitada inclusividad de la educación y la formación, ya desde la educación infantil, supone una traba para el potencial de las personas en situaciones vulnerables. Debido a la escasez de personal docente debidamente cualificado y prácticas docentes y planes de estudios ineficaces, el sistema no atiende suficientemente a todos los niños, por ejemplo, a los alumnos con discapacidad. Las disparidades persistentes en los resultados de aprendizaje y empleo asociadas al contexto socioeconómico y al tipo de centro escolar sugieren que siguen existiendo importantes retos de equidad. En particular, el bajo rendimiento es especialmente frecuente entre los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos: el 51,5 % obtiene peores resultados en lectura, el 47,7 % en matemáticas y el 46,0 % en ciencias. Además, el abandono escolar prematuro sigue siendo especialmente elevado entre los jóvenes con discapacidad, al tiempo que un número significativo de estos jóvenes ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación. Por lo que se refiere a la educación infantil y atención a la infancia, actualmente el sistema maltés vincula el derecho a esta etapa de educación y atención a la actividad parental (trabajo, educación, formación) en lugar de ser un derecho universal o basado en el nivel de pobreza. Aunque varias prestaciones recientes se han ampliado a algunos grupos de progenitores desempleados, la brecha de participación entre los niños que están en riesgo de pobreza o exclusión social y los que no lo están sigue siendo muy amplia: los niños sin riesgo de pobreza o exclusión social tenían casi el doble de probabilidades (48,2 %) de asistir a más de veinticinco horas semanales de educación infantil y atención a la infancia que los niños en situación de riesgo (24,9 %). También persiste la preocupación por la calidad de la prestación de la educación infantil y atención a la infancia, ya que las estimaciones recientes sugieren que más de una quinta parte del personal de atención a la infancia carece de las cualificaciones pedagógicas pertinentes, lo que puede limitar su potencial para favorecer el desarrollo temprano de capacidades, en particular para los grupos desfavorecidos. Parece necesario reforzar el apoyo específico a los niños procedentes de entornos desfavorecidos y a aquellos con necesidades adicionales, independientemente del empleo o del nivel educativo de sus progenitores.
(34)La desigualdad en la calidad del empleo dificulta la retención de los trabajadores. La proporción de puestos de trabajo mal remunerados ha aumentado y más del 10 % de los trabajadores han seguido ocupando puestos de trabajo mal remunerados durante los últimos cuatro años, situación que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y a los nacionales de terceros países. Malta también registra una proporción relativamente elevada de horas de trabajo atípicas (39,1 % de los trabajadores frente al 32,6 % en la UE). Varios sectores recurren cada vez más a trabajadores nacionales de terceros países, como la asistencia sanitaria. Sin embargo, los nacionales de terceros países que trabajan en empleos poco cualificados a menudo se enfrentan a condiciones laborales más débiles y a una baja calidad del empleo en múltiples aspectos: largas jornadas, mayor rotación, perspectivas limitadas de ascenso profesional, derechos limitados en caso de pérdida de empleo y peores condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. La pobreza de las personas empleadas también está afectando de manera desproporcionada a los nacionales de terceros países (17,3 % frente al 5,6 % de la población autóctona). La capacidad de inspección del trabajo ha aumentado, pero sigue estando por debajo de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las sanciones por incumplimiento siguen siendo relativamente bajas. Abordar las preocupaciones en materia de empleo de calidad, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, e impulsar aún más la inspección laboral podría tener un impacto positivo en la rotación de la mano de obra y en las elevadas tasas de vacantes.
(35)Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y de su contribución colectiva al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el Consejo recomendó en 2026 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus PRR, para aplicar la Recomendación de 2026 sobre la política económica de la zona del euro. En el caso de Malta, la recomendación (1) contribuye a aplicar la primera, segunda y tercera recomendaciones de la zona del euro, la recomendación (2) contribuye a aplicar la cuarta recomendación de la zona del euro, la recomendación (3) contribuye a aplicar la quinta y séptima recomendaciones de la zona del euro, la recomendación (4) contribuye a aplicar la séptima recomendación de la zona del euro y la recomendación (6) contribuye a aplicar la quinta recomendación de la zona del euro.
RECOMIENDA a Malta que tome medidas en 2026 y 2027 con el fin de:
1.En vista de la importante desviación registrada en 2025 y prevista para 2026 por la Comisión respecto del límite máximo de gasto neto recomendado, adoptar medidas para controlar el gasto neto, de modo que este se ajuste a las tasas máximas de crecimiento recomendadas por el Consejo el 21 de enero de 2025. Reforzar el gasto en defensa y la preparación y, a su vez, velar por la eficiencia del gasto y adaptar gradualmente el presupuesto para mantener un gasto en defensa estructuralmente más elevado. Garantizar que cualquier medida adoptada para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía sea temporal, esté destinada a proteger a los hogares vulnerables o satisfacer las necesidades de las empresas de gran consumo de energía, mantenga los incentivos para el ahorro de energía y que su coste fiscal sea compatible con los compromisos contraídos en el marco fiscal de la UE. Abordar los riesgos de planificación fiscal abusiva que persisten, introducir una retención en origen sobre los pagos salientes o medidas equivalentes de defensa y modificar las normas sobre las empresas no domiciliadas. Promover el sector de las pensiones complementarias, en particular a través de los regímenes profesionales de jubilación.
2.Garantizar la continuidad de las reformas e inversiones ejecutadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mantener el ritmo de ejecución de los programas de la política de cohesión, aprovechando, cuando proceda, la reasignación de recursos a prioridades estratégicas y las flexibilidades previstas en la revisión intermedia del marco de la política de cohesión.
3.Reforzar la investigación y la innovación aumentando la inversión pública en I+D y estimulando la inversión privada en I+D a través de sistemas de apoyo eficaces y vínculos más sólidos entre el mundo académico y las empresas. Reforzar la atracción y la retención de trabajadores altamente cualificados. Mejorar la eficiencia del sistema judicial abordando la acumulación de asuntos pendientes y reduciendo la duración de los procedimientos.
4.Acelerar la producción y la implantación de energías renovables. Reducir la demanda de energía mediante la mejora de la eficiencia energética en los edificios. Abordar la congestión del tráfico y reducir las emisiones del transporte desalentando el uso del automóvil, mejorando la eficiencia del transporte público, facilitando la multimodalidad e invirtiendo en infraestructuras de movilidad activa, así como en infraestructuras de transporte resilientes al cambio climático. Eliminar gradualmente las ayudas a los combustibles fósiles que no sean temporales y estén dirigidas a las empresas y hogares más vulnerables.
5.Mejorar la gestión de residuos promoviendo el reciclado y las prácticas de economía circular, reduciendo al mismo tiempo la dependencia del depósito en vertederos. Mejorar la calidad y la gestión sostenible del agua ampliando la recogida y reutilización del agua, abordando al mismo tiempo la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
6.Reforzar la calidad y la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral a fin de abordar los bajos resultados educativos y la grave escasez e inadecuación de las capacidades, especialmente en el ámbito de las CTIM, en particular mediante el fomento de las capacidades básicas de los estudiantes, la formación inicial y continua de los profesores y la promoción de la matriculación en la educación y formación profesionales basadas en el trabajo y en el aprendizaje de adultos para las personas poco cualificadas. Reforzar el carácter inclusivo de la educación y la formación, en particular mejorando el acceso a una educación infantil y atención a la infancia de alta calidad. Abordar los problemas de calidad del empleo en los puestos de trabajo poco cualificados, también para los nacionales de terceros países, en particular mediante el refuerzo de las inspecciones de trabajo.
Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo
La Presidenta / El Presidente