1.

Condena firmemente la detención de Victoire Ingabire el 19 de junio de 2025 y expresa su profunda preocupación por el patrón de abusos contra partidos y figuras de la oposición, periodistas, agentes de la sociedad civil y disidentes, que contraviene las obligaciones internacionales de Ruanda en materia de derechos humanos;

2.

Pide la liberación inmediata e incondicional de Victoire Ingabire y otras figuras de la oposición juzgadas por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales, y exige que se retiren los cargos por motivos políticos;

3.

Subraya que el juicio en curso de Ingabire se ve empañado por graves irregularidades; pide a Ruanda que acredite al equipo jurídico seleccionado por Ingabire; insta a Ruanda a que acepte la competencia del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, cumpla plenamente su decisión de reparación de 2019 y respete los mecanismos internacionales de derechos humanos;

4.

Exige a las autoridades ruandesas que pongan fin al acoso, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de miembros de la oposición, periodistas y agentes de la sociedad civil, que garanticen la libertad de prensa y de los medios de comunicación y que ofrezcan espacio para el debate político y la participación democrática, garantizando también unas elecciones libres y justas; expresa su profunda preocupación por las muertes sin resolver y las desapariciones forzadas de figuras de la oposición, y exige investigaciones rápidas, independientes y transparentes con arreglo a las normas internacionales;

5.

Pide a las delegaciones de la Unión y de los Estados miembros en Kigali que visiten a las personas detenidas arbitrariamente y supervisen los procedimientos judiciales; solicita a la Unión y a los Estados miembros que traten la cuestión de la represión de la oposición política y del respeto de los derechos humanos en el diálogo político al más alto nivel con el Gobierno ruandés y que velen por que la cooperación con Ruanda sea coherente con la promoción de los derechos humanos y la democracia, incluidas las normas sobre un juicio justo;

6.

Pide a la Comisión que revise la ayuda financiera y otras formas de ayuda, como el programa Justicia y Responsabilidad, concedidas actualmente a las instituciones estatales ruandesas implicadas en detenciones arbitrarias, torturas o juicios injustos;

7.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, al Consejo, a la Comisión, así como a los Estados miembros, a la Unión Africana, a las Naciones Unidas y al Gobierno y Parlamento de Ruanda.