(3 bis)

Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta los principios y enfoques del artículo 7 del Acuerdo BBNJ.

(7)

Como Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a alcanzar los objetivos y metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de los días 7 a 19 de diciembre de 2022, y la visión estratégica a largo plazo de que, de aquí a 2050, la biodiversidad debe valorarse, conservarse, restaurarse y utilizarse de forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas. La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, en la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2023 - Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», establece múltiples objetivos, incluido el de recuperar el buen estado medioambiental de los ecosistemas marinos.

(7)

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, expuesta en la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a  2030 - Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», establece múltiples objetivos, incluidos el de recuperar el buen estado medioambiental de los ecosistemas marinos y el de facilitar la conclusión de un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante sobre la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional .

(7 bis)

Como Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a alcanzar los objetivos y metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de los días 7 a 19 de diciembre de 2022, incluido el objetivo de que, para 2030, al menos el 30 % de los océanos del mundo se rijan por sistemas de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, junto con la visión estratégica a largo plazo de que, de aquí a 2050, la biodiversidad debe valorarse, conservarse, restaurarse y utilizarse de forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas.

(7 ter)

Las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de conformidad con la misión de 2030 de alcanzar la visión estratégica de 2050, deben adoptar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de biodiversidad.

(7 quater)

La presente Directiva debe aplicarse de manera que no menoscabe los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ni los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes, y promueva la coherencia y la coordinación con esos instrumentos, marcos y órganos.

(7 quinquies)

Así pues, la Comisión y los Estados miembros deben desarrollar un enfoque coordinado común y mecanismos para garantizar la coherencia con el trabajo realizado en el marco de esos instrumentos, marcos y órganos, como las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), en su calidad de organismos internacionales competentes para la conservación y gestión de los recursos pesqueros en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, o los convenios marinos regionales, en particular en lo que respecta a la promoción de medidas de apoyo a la aplicación de las decisiones y recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Partes en virtud de la parte III del Acuerdo BBNJ.

(7 sexies)

La Comunicación de la Comisión, de 5 de junio de 2025, titulada «El Pacto Europeo por el Océano» establece medidas para garantizar la rápida ratificación, transposición al Derecho de la Unión y aplicación del Acuerdo BBNJ, así como la gobernanza sostenible de la alta mar. También prevé que la Unión apoye la aplicación del Acuerdo BBNJ en los países en desarrollo a través de la contribución de 40 millones EUR al Programa Mundial para el Océano.

(7 septies)

La declaración de la Coalición de Gran Ambición para la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, de 28 de mayo de 2025, iniciada por la Comisión Europea y que reúne a unos cuarenta países, ilustra la ambición de la Unión en materia de gobernanza y protección de los océanos a escala mundial. En consonancia con esta visión, complementada por la diplomacia oceánica, la Comisión debe apoyar a los Estados miembros que estén dispuestos a albergar la sede de la secretaría internacional, tal como se define en el artículo 50 del Acuerdo BBNJ, y garantizar su cofinanciación. También es importante que la Unión, como parte de su diplomacia oceánica, anime a terceros países a ratificar el Acuerdo BBNJ y vele por que estos cumplan sus disposiciones a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas.

(7 octies)

El Reglamento (UE) n.o 1026/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1a) establece un marco para la identificación y la adopción de medidas en relación con terceros países que no cooperen y permitan la pesca no sostenible de una población de interés común para la Unión. Dicho Reglamento, modificado recientemente, posibilita que la Unión determine que un tercer país permite la pesca no sostenible cuando, entre otros criterios, no coopere en la gestión de una población de peces de interés común de plena conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces (UNFSA), o con cualquier otro acuerdo internacional —como el Acuerdo BBNJ— o norma del Derecho internacional, y si no adopta las medidas de gestión de la pesca necesarias. A ese respecto, la presente Directiva debe aplicarse en relación con el Reglamento (UE) n.o 1026/2012, especialmente en lo referido a la cooperación internacional que pueda establecerse en el marco de las OROP o, si las OROP no tienen competencias con respecto a la población de peces en cuestión, por medio de acuerdos ad hoc entre los países que tengan un interés en las pesquerías de que se trate.

(10)

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo BBNJ, es necesario fomentar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y la información digital sobre secuencias de recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

(10)

De conformidad con el artículo 9 y los objetivos del Acuerdo BBNJ, es necesario que la Unión y los Estados miembros fomenten la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y la información digital sobre secuencias de recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional , en particular mediante contribuciones financieras, la transferencia de tecnología marina o el desarrollo de capacidades para los Estados en desarrollo .

(14)

El Acuerdo BBNJ permite el establecimiento de mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Las medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en virtud del Acuerdo BBNJ deben aplicarse y, en caso necesario , transponerse a la legislación de la UE . A la espera de la transposición, los Estados miembros no deben socavar la eficacia de las medidas adoptadas. Es necesario establecer los procedimientos necesarios para garantizar la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión antes de presentar a la secretaría de la BBNJ cualquier propuesta de creación de instrumentos de gestión basados en áreas o una propuesta de medida de emergencia.

(14)

El Acuerdo BBNJ permite el establecimiento de mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Las medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en virtud del Acuerdo BBNJ deben aplicarse y, cuando proceda , transponerse a la legislación de la Unión . A la espera de la transposición, no debe socavarse la eficacia de las medidas adoptadas. Con el fin de garantizar la coordinación a escala de la Unión, deben establecerse procedimientos de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión antes de presentar a la secretaría de la BBNJ cualquier propuesta para la creación de instrumentos de gestión basados en áreas o una propuesta de medida de emergencia.

(15)

En virtud de la presente Directiva , para cualquier propuesta de establecimiento de instrumentos de gestión basados en áreas o cualquier propuesta de medida de emergencia con arreglo a los artículos 19 y 24, apartado 3, del Acuerdo BBNJ , la Comisión debe llevar a cabo una evaluación jurídica preliminar. Esta evaluación debe incluir una evaluación de la necesidad de que la Unión presente tal propuesta a la secretaría de la BBNJ .

(15)

Como parte de los procedimientos establecidos , la Comisión debe llevar a cabo una evaluación jurídica que incluya una evaluación de la necesidad de que la propuesta de establecer instrumentos de gestión basados en áreas o la propuesta de medida de emergencia con arreglo a los artículos 19 y 24, apartado 3, del Acuerdo BBNJ se presenten a la secretaría BBNJ en nombre de la Unión o en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, o bien evaluar si un Estado miembro o un grupo de Estados miembros que hayan elaborado un proyecto de propuesta pueden presentar dicha propuesta a la secretaría en sus propias capacidades .

(15 bis)

A fin de actuar sin demoras innecesarias y dado que es posible adoptar entre períodos de sesiones una medida de emergencia, ya que requiere una respuesta rápida para prevenir o mitigar daños graves o irreversibles a la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, los Estados miembros deben poder presentar directamente a la secretaría propuestas de medidas de emergencia.

(15 ter)

La alta mar reviste una importancia económica y social significativa para la Unión y su economía marina en su conjunto, en particular para la pesca, la seguridad alimentaria, la producción de energía, la ciencia y el comercio internacional de la Unión. La presente Directiva, incluidas las disposiciones sobre el establecimiento de instrumentos de gestión basados en áreas, debe garantizar una aplicación coherente del Derecho de la Unión y unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, minimizando al mismo tiempo la carga administrativa para los Estados miembros.

(17)

La Unión es parte en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y ratificado el 17 de febrero de 2005. La Unión es parte en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, firmado en Espoo el 25 de febrero de 1991 y ratificado el 24 de junio de 1997. Las obligaciones derivadas de estos convenios deben seguir siendo aplicables en los aspectos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. El Convenio de Espoo tiene por objeto reforzar la cooperación internacional en lo relativo a la evaluación del impacto ambiental, en particular en un contexto transfronterizo. Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de la participación del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas. En el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los derechos de participación del público en la toma de decisiones en materia de medio ambiente deben ejercerse siguiendo los mismos principios que los establecidos en el Convenio de Aarhus.

(17)

La Unión es parte en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y ratificado el 17 de febrero de 2005. La Unión es parte en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, firmado en Espoo el 25 de febrero de 1991 y ratificado el 24 de junio de 1997. Las obligaciones derivadas de estos convenios deben seguir siendo aplicables en los aspectos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. El Convenio de Espoo tiene por objeto reforzar la cooperación internacional en lo relativo a la evaluación del impacto ambiental, en particular en un contexto transfronterizo. Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas. En el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los derechos de acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente deben ejercerse siguiendo los mismos principios que los establecidos en el Convenio de Aarhus.

(18)

Si bien el objetivo de la presente Directiva es establecer un marco jurídico que regule las actividades que se lleven a cabo en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, cualquier actividad que deba llevarse a cabo en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional que pueda tener efectos significativos en el medio marino de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional debe ser objeto de una evaluación de conformidad con la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), con otra legislación pertinente de la UE que contenga disposiciones relacionadas con la evaluación ambiental de las actividades proyectadas (9) y con la legislación nacional de transposición de la legislación de la UE . De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Acuerdo BBNJ, en la UE las actividades de este tipo realizadas en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional deben evaluarse con arreglo a las normas establecidas de la UE . En tales casos, los Estados miembros deben velar por que se cumplan las obligaciones derivadas del Acuerdo BBNJ.

(18)

Si bien el objetivo de la presente Directiva es establecer un marco jurídico que regule las actividades que se lleven a cabo en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, cualquier actividad que deba llevarse a cabo en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional que pueda causar una contaminación sustancial del medio marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional debe ser objeto de una evaluación de conformidad con el Derecho de la Unión vigente, como la Directiva  2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), con otra legislación pertinente de la Unión que contenga disposiciones relacionadas con la evaluación ambiental de las actividades proyectadas (9) y con la legislación nacional de transposición de la legislación de la Unión . De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Acuerdo BBNJ, en la Unión las actividades de este tipo realizadas en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional deben evaluarse con arreglo a las normas establecidas de la Unión . En tales casos, los Estados miembros deben velar por que se cumplan las obligaciones derivadas del Acuerdo BBNJ.

(19)

Dado que otros instrumentos o marcos jurídicos aplicables u órganos mundiales, regionales, subregionales o sectoriales proporcionan un marco para evaluar el impacto de las actividades proyectadas bajo la jurisdicción o el control nacionales que tienen lugar en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, no debe exigirse a los Estados miembros que lleven a cabo una verificación preliminar o una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la presente Directiva en las condiciones establecidas en el artículo 29, apartado 4, del Acuerdo BBNJ. En tales casos, el Estado miembro de que se trate debería velar por que el informe de evaluación de impacto ambiental se publique a través del Mecanismo de Intercambio de Información BBNJ.

(19)

Cuando otros instrumentos o marcos jurídicos aplicables u órganos mundiales, regionales, subregionales o sectoriales proporcionen un marco para evaluar el impacto de las actividades proyectadas bajo la jurisdicción o el control nacionales que tienen lugar en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, no debe exigirse a los Estados miembros que lleven a cabo una verificación preliminar o una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la presente Directiva , siempre que los Estados miembros con jurisdicción o control sobre la actividad proyectada determinen que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 29, apartado 4, del Acuerdo BBNJ. En tales casos, el Estado miembro de que se trate debería velar por que el informe de evaluación de impacto ambiental se publique a través del Mecanismo de Intercambio de Información BBNJ.

(19 bis)

La presente Directiva no se aplica a los buques de guerra, las aeronaves militares o las unidades navales auxiliares. Sin embargo, los Estados miembros deben garantizar, mediante la adopción de medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad operativa de esos buques o aeronaves que sean de su propiedad o estén a su servicio, que tales buques o aeronaves actúen, en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con las disposiciones de la presente Directiva.

(20)

Todo plan o programa elaborado o adoptado por las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros que pueda tener efectos significativos en el medio marino de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional debe someterse a una evaluación de conformidad con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y con la legislación nacional por la que se transpone dicha Directiva.

(20)

Todo plan o programa elaborado o adoptado por las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros que pueda causar una contaminación sustancial del medio marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional debe someterse a una evaluación de conformidad con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y con la legislación nacional por la que se transpone dicha Directiva.

(20 bis)

La Directiva 2001/42/CE establece normas de evaluación medioambiental y garantías procedimentales que son coherentes con las obligaciones del Acuerdo BBNJ y no las diluyen. La aplicación de la Directiva 2001/42/CE (1 bis) en las zonas bajo jurisdicción o control de los Estados miembros contribuye directamente al cumplimiento de los requisitos de evaluación ambiental estratégica establecidos en el artículo 39 del Acuerdo BBNJ.

(21)

A la hora de determinar la probabilidad de que existan efectos significativos derivados de las actividades proyectadas, los Estados miembros deben tener en cuenta hasta qué punto pueden ser notables o importantes esos efectos. También deben tener en cuenta los criterios establecidos en la Directiva 2011/92/UE al determinar dicha probabilidad.

(21)

A la hora de determinar la probabilidad de causar una contaminación sustancial del medio marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él mediante las actividades proyectadas, los Estados miembros deben tener en cuenta hasta qué punto pueden ser notables o importantes esos efectos. También deben tener en cuenta los criterios establecidos en la Directiva 2011/92/UE al determinar dicha probabilidad.

i)

«actividad proyectada»: actividad que implica la ejecución de obras de construcción, instalaciones, planes u otras intervenciones en el medio marino , incluidas las actividades regulares destinadas a la utilización de recursos naturales;

i)

«actividad proyectada»: actividad en el medio marino que incluye, entre otras cosas, la ejecución de obras de construcción, instalaciones, planes u otras intervenciones, incluidas las actividades regulares destinadas a la utilización de recursos naturales;

j)

«actividades bajo jurisdicción o control»: actividades realizadas por entidades tanto públicas como privadas, sobre las que el Estado miembro puede ejercer su competencia o autoridad de conformidad con el Derecho internacional;

j)

«actividades bajo jurisdicción o control»: actividades realizadas por personas jurídicas, tanto públicas como privadas , y por personas físicas , sobre las que el Estado miembro puede ejercer su competencia o autoridad de conformidad con el Derecho internacional;

n)

«público»: público interesado, así como pueblos indígenas y comunidades locales con conocimientos tradicionales pertinentes y órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales pertinentes, y la comunidad científica;

n)

«público»: público interesado, así como Pueblos Indígenas y comunidades locales con conocimientos tradicionales pertinentes y órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales pertinentes, y la comunidad científica;

s)

«efectos menores o transitorios»: efectos que no tienen un impacto perjudicial significativo en el medio marino.

s)

«efectos menores o transitorios»: efectos que no causan una contaminación sustancial del medio marino ni ocasionan cambios importantes y perjudiciales en él .

a)

la pesca regulada por el derecho internacional aplicable y las actividades relacionadas con la pesca; y

a)

la pesca regulada por el Derecho internacional y de la Unión aplicable , como la política pesquera común, y las actividades relacionadas con la pesca; y

a)

se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29, apartado 4, del Acuerdo BBNJ;

b)

el informe de evaluación de impacto ambiental se publique a través del Mecanismo de Intercambio de Información BBNJ, y

c)

la actividad para la que se haya llevado a cabo la evaluación de impacto ambiental sea objeto de seguimiento.

j bis)

cuando proceda, una descripción de cualquier impacto asociado de la actividad proyectada, como los efectos económicos, sociales, culturales y para la salud humana, en particular los efectos en la seguridad alimentaria, el empleo y las economías regionales, de conformidad con los artículos 31 y 35 del Acuerdo BBNJ.

a)

una conclusión de la autoridad competente sobre los posibles impactos significativos de la actividad proyectada en el medio marino y las principales razones de la autorización;

a)

una conclusión de la autoridad competente sobre los posibles cambios importantes y perjudiciales en el medio marino o contaminación sustancial de él por la actividad proyectada y las principales razones de la autorización;

a)

que tenga un interés suficiente;

b)

que sostenga el menoscabo de un derecho, cuando el Derecho en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro imponga dicho menoscabo como requisito previo.