—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y en particular su artículo 37, letra b), y su artículo 40, así como sus Protocolos Facultativos,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, y su Protocolo Facultativo,

—

Vistas las Directrices de la Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, de 18 de diciembre de 2009,

—

Visto el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de 9 de diciembre de 1988,

—

Vistas las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), de 14 de diciembre de 1990,

—

Vistas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), de 29 de noviembre de 1985; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), de 14 de diciembre de 1990; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio), de 14 de diciembre de 1990; las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (Directrices de Viena), de 21 de julio de 1997; y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela), de 17 de diciembre de 2015,

—

Vistas la Observación general conjunta n.o 4 (2017) del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Observación general conjunta n.o 23 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno,

—

Vistas las Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y, en particular, la Observación general n.o 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil,

—

Vistos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2018, en particular su objetivo 13, letra h), y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 2018,

—

Visto el Estudio mundial sobre los niños privados de libertad, de las Naciones Unidas, de 11 de julio de 2019,

—

Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015,

—

Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de abril de 2021, titulado «Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs)» [No dejar a nadie atrás: el impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)],

—

Vistos la Estrategia de protección de la infancia (2021-2030) y el Plan Estratégico (2022-2025) de Unicef, así como su programa «Reimagine Justice for Children» (Imaginemos una nueva justicia para la infancia) (2021-2030),

—

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 3, apartado 5, y su artículo 21,

—

Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular su artículo 8,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 14,

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 23 de febrero de 2022, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),

—

Vista la Recomendación CM/Rec(2018)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa) a los Estados miembros sobre los niños de los detenidos, de 4 de abril de 2018,

—

Vistas las Directrices de la UE para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, de 6 de marzo de 2017,

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, titulada «Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño» (COM(2021)0142),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2022, relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de marzo de 2020, titulada «Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

—

Vista la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, de 11 de julio de 1990,

—

Vista la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 y, en particular, su artículo 49,

—

Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 27 de junio de 1981, y en particular sus artículos 17 y 25,

—

Vista la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), de 19 de noviembre de 2012, y en particular su apartado 31,

—

Vista la Declaración conjunta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de 4 de mayo de 2023, sobre el informe de los ponentes del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa relativo a la deportación y el traslado forzosos de niños ucranianos,

—

Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 5 de junio de 2023, sobre los niños y los conflictos armados,

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (2),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre los derechos de la infancia a la luz de la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño, (3)

—

Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2022, titulada «Hacia una estrategia de la UE para promover la educación de los niños en el mundo: mitigación del impacto de la pandemia de COVID-19», (4)

—

Vista su Resolución, de 7 de abril de 2022, sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania, (5)

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2022, sobre las violaciones de derechos humanos en la deportación forzosa de civiles ucranianos a Rusia y la adopción forzosa de menores ucranianos en Rusia (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2023, sobre la tortura y el enjuiciamiento penal de los menores ucranianos Tihran Ohannisian y Mykyta Janhanov por la Federación de Rusia (7),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang, incluidos los archivos policiales de Xinjiang (8),

—

Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2022, sobre la persecución de las minorías por motivos de creencias o de religión (9),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2022, sobre la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania (10),

—

Vista la Resolución CM/Res(2023)3 del Consejo de Europa en relación con el establecimiento de un acuerdo parcial ampliado sobre el registro de daños causados por la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania,

—

Vista la Declaración de Reikiavik del Consejo de Europa titulada «Unidos en torno a nuestros valores», adoptada en su cuarta Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los días 16 y 17 de mayo de 2023,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0371/2023),

A.

Considerando que, de conformidad con el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, «se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad»; que los niños son, ante todo, niños, con independencia de su origen étnico, género, nacionalidad, religión, situación social y económica, aptitudes, condición de migrante o extranjero o de si tienen una discapacidad; que todos los niños necesitan protección especial y tienen derecho a todos los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

B.

Considerando que por «privación de libertad» se entiende toda forma de detención, reclusión de una persona contra su voluntad o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al niño por su propia voluntad, de facto o por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública u organización delictiva o terrorista;

C.

Considerando que la edad de responsabilidad penal difiere de un Estado a otro; que el Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal sea al menos catorce años; que la Observación general n.o 10 del Comité de los Derechos del Niño recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a doce años;

D.

Considerando que está prohibida la privación arbitraria de la libertad, que las detenciones y reclusiones de seres humanos no deben ser manifiestamente desproporcionadas, injustas o impredecibles, y que la forma específica de proceder a la detención no debe ser discriminatoria;

E.

Considerando que, cuando las autoridades estatales deciden detener a niños, tienen la obligación positiva de garantizar que estos niños puedan disfrutar de los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; que el artículo 10, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano;

F.

Considerando que por «niños privados de libertad» se entiende los niños privados de libertad en la administración de justicia, por motivos relacionados con la migración, en instituciones —incluidas las instituciones para niños con discapacidad—, en prisión con sus cuidadores principales, en el contexto de conflictos armados y por motivos de seguridad nacional; que el consentimiento de los progenitores o del niño no determina si se le priva o no de libertad;

G.

Considerando que, de conformidad con el artículo 37, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la privación de libertad de los niños se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda, limitada a casos excepcionales y sujeta a revisión; que, aunque la Observación general n.o 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que las excepciones solo deben darse en caso de verdaderos motivos de preocupación en materia de seguridad o salud públicas, la experiencia durante la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que puede que se haya abusado de estas excepciones;

H.

Considerando que, según el Estudio mundial sobre los niños privados de libertad, privar a los niños de su libertad significa exponerlos a una forma de violencia estructural; que, en la Agenda 2030, los Estados se comprometieron a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños;

I.

Considerando que la privación de libertad de los niños como castigo por su orientación sexual o identidad de género, entre otros motivos, o por un supuesto «delito de honor» nunca redunda en el interés superior del niño, ni reúne, en ningún caso, los estrictos criterios necesarios para ser considerada una medida de último recurso, de conformidad con el artículo 37, letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño;

J.

Considerando que por «niños privados de libertad en la administración de la justicia» se entiende los niños bajo custodia policial, en prisión preventiva, en espera de juicio y después de la condena;

K.

Considerando que por «niños que viven en centros penitenciarios con su cuidador principal» se entiende los niños que viven con un cuidador principal detenido o encarcelado y que están, de facto, privados de su libertad;

L.

Considerando que «niños privados de libertad por motivos relacionados con la migración» se refiere a cualquier contexto en el que se priva a un niño de su libertad por motivos relacionados con su condición de migrante o la de sus progenitores, independientemente de la designación y el motivo aducido para privarlo de su libertad, o del nombre del establecimiento o lugar en el que esté privado de libertad; que los niños no acompañados y separados de su familia no deben ser privados de su libertad y que la privación de libertad no puede justificarse solamente por que el niño esté solo o separado de su familia, ni por su condición de migrante o residente o la falta de esta;

M.

Considerando que, según varios informes como el documento de trabajo de Unicef de febrero de 2019 titulado «Alternatives to immigration detention of children» (Alternativas a la detención de niños migrantes), las disposiciones sobre la detención de niños (como «medida de último recurso») de la Convención sobre los Derechos del Niño no son aplicables a los procedimientos de extranjería y, por tanto, no pueden utilizarse para justificar la detención de niños por motivos de inmigración; que los niños no acompañados o separados de sus familias son especialmente vulnerables en este contexto; que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad, debe prohibirse en todos los casos la privación de libertad de los niños en relación con la migración;

N.

Considerando que los niños no deben ser detenidos por motivos relacionados con la migración; que no debe alojarse a los niños en centros de migración cerrados de los que no puedan salir, ya que la migración no es un delito, por lo que no está justificada la adopción de medidas como las que se imponen a quienes han cometido un delito; que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad, «independientemente de las condiciones de detención [...], la privación de libertad por motivos de migración es perjudicial para la salud física y mental de los niños y los expone al riesgo de sufrir abusos y explotación sexual»;

O.

Considerando que algunos países, en aras de sus intereses políticos, están instrumentalizando la migración para presionar a la Unión, aprovechando las situaciones humanitarias y perjudicando especialmente a los niños;

P.

Considerando que por «niños privados de libertad en instituciones» se entiende los niños, incluidos aquellos con discapacidad, que han sido separados de sus familias y privados de su libertad en instituciones de las que no pueden salir libremente por diversos motivos;

Q.

Considerando que por «niños privados de libertad en el contexto de conflictos armados» se entiende los niños reclutados o captados por las fuerzas y grupos armados para ser utilizados como combatientes, guardias, espías, mensajeros, cocineros y otras funciones, incluida la explotación sexual; que los grupos armados y las organizaciones terroristas reclutan a niños como miembros de sus organizaciones, privándolos de su libertad y con la intención de proporcionarles una preparación ideológica para que adopten una opinión política coherente y unificada; que estas organizaciones captan niños muy pequeños y los utilizan como combatientes en primera línea;

R.

Considerando que el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra obligan a los Estados y a los grupos armados a abstenerse de reclutar niños menores de quince años para sus fuerzas armadas y a garantizar que estos no participen en hostilidades; que la legislación en materia de derechos humanos establece los dieciocho años como la edad mínima legal para el reclutamiento de niños en conflictos armados; que el reclutamiento de niños menores de quince años, ya sea por Estados o por grupos armados, se considera un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma;

S.

Considerando que varios países de todo el mundo siguen ejecutando a presos por los delitos que supuestamente cometieron siendo menores de dieciocho años;

T.

Considerando que por «niños privados de libertad por motivos de seguridad nacional» se entiende los niños reclutados por terroristas o grupos armados, o los niños que han sido acusados, en virtud de la legislación en materia de seguridad nacional, por haber ejercido su derecho de reunión y asociación, por ejemplo, durante protestas; que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad, la gran mayoría de los Estados han aprobado nuevas leyes de lucha contra el terrorismo o han enmendado las leyes nacionales en vigor, a menudo ampliando su alcance en formas que afectan negativamente a los niños; que estas medidas exponen a los niños a un mayor riesgo de privación de libertad por presuntos delitos contra la seguridad nacional; que se ha alegado que algunas fuerzas de inteligencia y de seguridad cometen actos horribles de tortura, inclusive violación y otros actos de violencia sexual, contra niños manifestantes bajo custodia para castigarlos y humillarlos y disuadirlos de participar en protestas;

U.

Considerando que por «niños en conflicto con la ley» se entiende los niños que entran en contacto con las autoridades policiales por haber infringido, presunta o probadamente, el Derecho penal o por haber sido acusados de ello;

V.

Considerando que el sistema de justicia de menores comprende la legislación, las normas, las directrices, las políticas, los procedimientos, los mecanismos, las disposiciones, las instituciones y los organismos que se aplican específicamente a los niños en conflicto con la ley y cuya edad es igual o superior a la edad mínima a efectos de responsabilidad penal;

W.

Considerando que los niños que no alcancen la edad mínima a efectos de responsabilidad penal en el momento de la comisión de un delito no pueden ser considerados responsables en procedimientos penales; que los niños cuya edad en el momento de la comisión de un delito sea igual o superior a la edad mínima a efectos de responsabilidad penal, pero inferior a dieciocho años, pueden ser acusados formalmente y sometidos a procesos judiciales de menores, e incluso a la privación de su libertad, en pleno cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño;

X.

Considerando que los niños interactúan con los sistemas judiciales por numerosas razones, como víctimas o supervivientes, como testigos, como acusados de un delito, como parte interesada, o porque es necesario intervenir para garantizar su atención, protección, salud o bienestar adecuados;

Y.

Considerando que el acceso de los niños a la justicia abarca todos los procedimientos judiciales y administrativos que les afectan, incluidos los mecanismos de justicia consuetudinaria y religiosa, la resolución alternativa de litigios y los mecanismos cuasijudiciales, y se aplica al Derecho constitucional, penal, civil, público, privado, administrativo y militar a nivel nacional e internacional;

Z.

Considerando que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten, incluida la decisión de privarle de su libertad personal, y que, al mismo tiempo, nunca deben pasarse por alto los actos con consecuencias delictivas llevados a cabo por un niño; que el principio del interés superior del niño debe ser evaluado por las autoridades competentes y exige que se dé prioridad a la reintegración de los niños que hayan cometido un delito; que esto significa que se debe apoyar a los niños con el fin de que asuman un papel constructivo en la sociedad;

AA.

Considerando que el derecho a la educación es un derecho humano básico; que se calcula que en todo el mundo 244 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados por razones sociales, económicas y culturales; que las niñas tienen más posibilidades de verse privadas de acceso a la educación que los niños, especialmente en los países en desarrollo, lo que limita significativamente su libertad y sus posibilidades de iniciar la edad adulta en igualdad de condiciones;

AB.

Considerando que el acceso a la justicia requiere el empoderamiento jurídico de todos los niños y niñas y debe tener en cuenta su edad, madurez y capacidad de desarrollo;

AC.

Considerando que la remisión consiste en apartar, bajo ciertas condiciones, a los niños en conflicto con la ley de los procedimientos judiciales y optar por otro modo de resolución del problema que permita recurrir a órganos no judiciales, lo que evitaría los efectos negativos de un procedimiento judicial formal, como el estigma de la condena y los antecedentes penales, siempre que se respeten plenamente los derechos humanos y las garantías jurídicas;

AD.

Considerando que el Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad, publicado en julio de 2019, es loable y marca un hito para poner fin a la invisibilidad y superar la vulnerabilidad, la estigmatización y la exclusión social de los niños privados de libertad;

AE.

Considerando que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas, más de siete millones (11) de niños están privados de libertad en todo el mundo;

AF.

Considerando que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas, de todos los niños privados de libertad, alrededor del 94 % son varones y el 6 % son niñas, y alrededor de 5,4 millones están internados en instituciones, lo que es intrínsecamente perjudicial para ellos y su desarrollo; que aproximadamente 1,4 millones de niños están privados de libertad bajo custodia policial, en prisión preventiva y en centros penitenciarios;

AG.

Considerando que al menos 330 000 niños están detenidos por motivos relacionados con la migración, ya sea no acompañados o con sus familias; que al menos 19 000 niños viven en centros penitenciarios con sus cuidadores principales, que casi siempre son sus madres;

AH.

Considerando que 35 000 niños están actualmente detenidos en el contexto de conflictos armados y que al menos decenas de miles de niños han sido deportados, separados de sus familias o adoptados por la fuerza; que, solo en 2022, 2 496 niños fueron privados de su libertad por su asociación real o supuesta con partes en conflicto, también con grupos armados y organizaciones terroristas; que al menos 1 500 niños están actualmente detenidos por motivos de seguridad nacional en países sin conflicto en sus territorios, también por actividades como protestas pacíficas, expresión de opiniones políticas en línea, participación en grupos políticos prohibidos y actividades de bandas; que, entre los países en situación de conflicto con las tasas más elevadas de detención infantil notificadas por el Estudio mundial de las Naciones Unidas, algunos han conseguido reducir significativamente el número de niños detenidos, mientras que en otros casos el número de niños detenidos solo ha aumentado; que, en los contextos de conflicto, las madres que dan a luz a los niños luchan en primera línea y viven en campos de prisioneros; que, según Unicef, a principios de 2020, aproximadamente 160 millones de niños fueron víctimas del trabajo infantil;

AI.

Considerando que las autoridades rusas siguen atacando y oprimiendo deliberadamente a los niños ucranianos; que, según la plataforma ucraniana Children of War, al menos 488 niños ucranianos han muerto como consecuencia de la invasión rusa, con al menos 1 016 heridos, alrededor de 19 500 deportados a Rusia y 3 924 desapariciones denunciadas;

AJ.

Considerando que privar a los niños de su libertad por expresar sus creencias y opiniones políticas o por participar en protestas y concentraciones constituye una violación del derecho de todos los niños a expresar sus opiniones consagrado en los artículos 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; que los niños detenidos por razones políticas a menudo son tratados como adultos, e incluso recluidos en las mismas cárceles que estos, y están sujetos a las mismas normas y procedimientos;

AK.

Considerando que innumerables niños se encuentran en condiciones inhumanas y en centros para adultos, lo que vulnera claramente sus derechos humanos; que las condiciones de reclusión incluyen el hacinamiento, la falta de separación entre niños y adultos o niñas y niños, la invasión sistémica de la privacidad, la falta de apoyo psicosocial infantil y juvenil, incluido el contacto con la familia y el mundo exterior, y un acceso insuficiente a la educación, la atención sanitaria y las actividades recreativas y culturales; que los niños privados de libertad son víctimas de más vulneraciones de los derechos humanos, como violencia, violaciones y agresiones sexuales, así como de actos de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

AL.

Considerando que la Observación general n.o 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que algunos niños con discapacidad no deben ser puestos a disposición de la justicia juvenil, aunque hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal; que el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la existencia de una discapacidad no puede justificar en ningún caso una privación de la libertad; que en la Observación general n.o 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que se deben hacer ajustes para los niños con discapacidad, lo que puede incluir facilitar el acceso físico a los tribunales y otros edificios, apoyar a los niños con discapacidades psicosociales, y prestar asistencia para la comunicación y la lectura de documentos; que los niños con discapacidad están excesivamente representados en las instituciones, experimentan formas de privación de la libertad específicas para las personas con discapacidad, y tienen más probabilidades de ser objeto de explotación, violencia, abusos, tortura y otras formas de malos tratos; que entre el 50 % y el 75 % de los niños que entran en contacto con el sistema judicial ya sufren algún tipo de trastorno de salud mental, maltrato o abandono; que la privación de libertad suele provocar o exacerbar problemas de salud mental y cognitiva;

AM.

Considerando que los niños con discapacidad tienen derechos y necesidades específicos, no deben internarse en centros cerrados y deben disfrutar de las condiciones necesarias para funcionar independientemente mediante el apoyo de terceros, como cuidadores personales;

AN.

Considerando que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas, los niños procedentes de contextos económicos desfavorecidos, con discapacidad, de origen migrante o que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ están excesivamente representados en los centros de detención de todo el mundo;

AO.

Considerando que, según el Estudio mundial de las Naciones Unidas, los niños también son objeto de detención y reclusión por motivos de religión, etnia, identidad tribal o lugar de origen; que se sabe que los casos de privación de libertad como el matrimonio forzado, el secuestro y el reclutamiento forzado en milicias y bandas delictivas se basan en tensiones étnicas y religiosas, en prejuicios sobre las minorías religiosas y en creencias de la sociedad de algunos países; que ciertos grupos armados y organizaciones terroristas, así como algunos Estados, han atacado a niños de minorías religiosas y étnicas y secuestrado a miles de mujeres, niñas y niños, sometiendo a muchos de ellos a violencia sexual y violación sistemáticas y a matrimonios y abortos forzados;

AP.

Considerando que, en algunas tradiciones, las niñas están especialmente en riesgo de ser acusadas de delitos de honor, por lo que son privadas de su libertad e incluso asesinadas; que 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los dieciocho años; que el matrimonio forzado es otra forma de privación de libertad, independientemente de la edad y del momento en que la legislación nacional de un país determine la mayoría de edad; que los niños y niñas LGBTIQ+ bajo arresto domiciliario familiar a quienes se obliga a someterse a terapias de conversión también están privados de libertad;

AQ.

Considerando que, según Unicef, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, más de 45 000 niños y niñas fueron puestos en libertad en al menos 84 países como medida contra el contagio por COVID-19, lo que demuestra que es posible terminar con la detención y que los países que no recurren a ella están mejor preparados para gestionar algunos aspectos de las emergencias de salud pública;

AR.

Considerando que la Unión ya desempeña un papel de liderazgo en la protección y el apoyo a los niños a escala mundial, con la mejora del acceso a la educación, los servicios y la salud, y protegiéndolos frente a todas las formas de violencia, abuso y abandono, también en el contexto humanitario;