COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023

COM(2023) 800 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2023






























































La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{SWD(2023) 801 final} - {SWD(2023) 802 final} - {SWD(2023) 803 final} - {SWD(2023) 804 final} - {SWD(2023) 805 final} - {SWD(2023) 806 final} - {SWD(2023) 807 final} - {SWD(2023) 808 final} - {SWD(2023) 809 final} - {SWD(2023) 810 final} - {SWD(2023) 811 final} - {SWD(2023) 812 final} - {SWD(2023) 813 final} - {SWD(2023) 814 final} - {SWD(2023) 815 final} - {SWD(2023) 816 final} - {SWD(2023) 817 final} - {SWD(2023) 818 final} - {SWD(2023) 819 final} - {SWD(2023) 820 final} - {SWD(2023) 821 final} - {SWD(2023) 822 final} - {SWD(2023) 823 final} - {SWD(2023) 824 final} - {SWD(2023) 825 final} - {SWD(2023) 826 final} - {SWD(2023) 827 final}

1.INTRODUCCIÓN

El Estado de Derecho es, junto con la democracia y los derechos fundamentales, uno de los valores fundacionales de la Unión. Es común a todos los Estados miembros y una piedra angular de la identidad de la Unión. Es un factor fundamental para la estabilidad política y la prosperidad económica de Europa. En los últimos años, estos valores fundacionales han sido atacados en todo el mundo, poniendo a prueba la resiliencia de la UE y sus Estados miembros. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituye un trágico recordatorio de que estos valores nunca pueden darse por sentados. Es necesaria una acción proactiva constante para salvaguardar estos valores y proteger a la sociedad europea frente a los desafíos cambiantes.

Cada año, el ciclo del Estado de Derecho contribuye a tener una democracia europea fuerte y sana. El informe anual sobre el Estado de Derecho toma el pulso de la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro y en la UE en su conjunto, detectando y previniendo los retos emergentes y apoyando las reformas del Estado de Derecho. El informe sigue basándose en una metodología transparente y objetiva, que tiene en cuenta los contextos y tradiciones nacionales específicos y garantiza la igualdad de trato de todos los Estados miembros. Desde su puesta en marcha en 2020, el ciclo anual de informes ha servido de base para debates constructivos y un rico intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, tanto a nivel político como técnico, en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales. Ha desempeñado un papel central en los esfuerzos por promover y salvaguardar el Estado de Derecho en la práctica.

Como en años anteriores, el informe sobre el Estado de Derecho en 2023 examina la evolución del Estado de Derecho en los Estados miembros en cuatro pilares: justicia, lucha contra la corrupción, pluralismo y libertad de los medios de comunicación y cuestiones institucionales más amplias relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. Los debates en el Consejo sobre el informe de 2022 han sido positivos y constructivos, y los Estados miembros han acogido con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del informe. Esto también queda ilustrado por los esfuerzos realizados por los Estados miembros para aplicar las recomendaciones. Casi el 65 % de las recomendaciones específicas formuladas el año pasado a los Estados miembros ya han sido objeto de seguimiento. Esto refleja una tendencia positiva, aunque debe reconocerse que determinadas reformas del Estado de Derecho pueden tardar más tiempo en ofrecer resultados 1 .

El orden basado en normas es fundamental para la credibilidad de la UE y en los últimos años se ha desarrollado un conjunto de instrumentos más amplio para salvaguardar el respeto del Estado de Derecho. Los procedimientos de infracción, los mecanismos institucionales, como los procedimientos del artículo 7, y los motores de actuación, como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, revisten gran importancia dentro del Estado de Derecho. El régimen general de condicionalidad ofrece una herramienta específica para proteger el presupuesto de la UE cuando las violaciones del Estado de Derecho afectan o corren el riesgo de afectar gravemente a su buena gestión financiera o a los intereses financieros de la UE 2 . Estas herramientas tienen por objeto garantizar que el Estado de Derecho no sea solo un principio, sino una realidad tangible en la que puedan confiar todas y cada una de las personas y empresas de la UE.

El Estado de Derecho y un orden internacional basado en normas constituyen una protección fundamental contra la propagación de regímenes autoritarios y la violación del Derecho internacional. La defensa del Estado de Derecho es, por tanto, un elemento crucial de la acción exterior de la UE, junto con la consolidación de las estructuras democráticas y la protección de los derechos humanos. Es fundamental para el diálogo de la UE con los países candidatos y candidatos potenciales a través del proceso de ampliación, su colaboración con los socios de la vecindad y la interacción más amplia de la UE con los países de todo el mundo.

2.ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Al igual que en años anteriores, el presente informe expone importantes temas y tendencias comunes, retos específicos y avances positivos. Los ejemplos presentados reflejan estas tendencias y se extraen de las evaluaciones que figuran en los veintisiete capítulos por país, que forman parte del presente informe y proporcionan el contexto detallado de cada Estado miembro 3 . El informe también incluye recomendaciones específicas 4 a los Estados miembros e informes sobre los avances en la aplicación de las recomendaciones específicas formuladas el año pasado 5 . Se estructuran en cuatro pilares fundamentales:

-Los sistemas judiciales de los Estados miembros, centrándose en su independencia, calidad y eficiencia. Estos parámetros son fundamentales para garantizar la eficacia de la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la UE y el respeto del Estado de Derecho. Unos sistemas judiciales que funcionen correctamente y sean plenamente independientes son cruciales para garantizar que la justicia trabaje en beneficio de los ciudadanos y las empresas. También son esenciales para la cooperación judicial en toda la UE, así como para el funcionamiento del mercado único y del ordenamiento jurídico de la UE en su conjunto.

-Los marcos de lucha contra la corrupción, centrándose en la eficacia de las políticas nacionales de lucha contra la corrupción y evaluando diferentes ámbitos clave de actuación adoptados por los Estados miembros para prevenir y combatir la corrupción. La eficacia de la lucha contra la corrupción, la transparencia y la integridad contribuyen a garantizar la fortaleza y la fiabilidad del poder estatal y son esenciales para la confianza de los ciudadanos y las empresas en las autoridades públicas.

-Libertad y pluralismo de los medios de comunicación, centrándose en ámbitos fundamentales, incluida la independencia de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación; la transparencia y concentración de la propiedad de los medios de comunicación; la transparencia y equidad en la asignación de publicidad estatal; la seguridad de los periodistas y el acceso a la información; y la gobernanza de los medios de comunicación públicos. Todo ello es esencial para que los medios de comunicación ejerzan su papel en una democracia sana.

-Cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales, centrándose en ámbitos de importancia clave para el Estado de Derecho, tales como: la calidad y el carácter inclusivo del proceso legislativo nacional; el papel de los tribunales constitucionales y las autoridades independientes, como el Defensor del Pueblo, los organismos de igualdad 6 y las instituciones nacionales de derechos humanos; y el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la salvaguardia del Estado de Derecho.

2.1. Sistemas judiciales

Unos sistemas judiciales que funcionen correctamente y sean plenamente independientes son cruciales para garantizar que la justicia trabaje en beneficio de los ciudadanos y las empresas. También son esenciales para la confianza en las operaciones transfronterizas en la UE y la cooperación judicial, así como para el funcionamiento del mercado único y del ordenamiento jurídico de la UE en su conjunto 15 .

Unos sistemas judiciales eficaces son cruciales para la aplicación y cumplimiento del Derecho de la UE y la defensa del Estado de Derecho. La independencia judicial es un requisito derivado del principio de tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del derecho a la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La independencia de los jueces y tribunales garantiza la equidad de los procedimientos judiciales y la protección de los derechos de las personas. También son esenciales para salvaguardar los valores establecidos en el artículo 2 del TUE 16 .

Al reformar sus sistemas judiciales, los Estados miembros deben respetar plenamente los requisitos establecidos por el Derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 17 . También es importante que los Estados miembros tengan en cuenta las normas europeas a la hora de diseñar las reformas. Las redes y asociaciones judiciales europeas 18 también ayudan a promover y defender el Estado de Derecho, ya que trabajan para seguir desarrollando las normas europeas relativas a sus profesiones y al Estado de Derecho en general y realizan importantes contribuciones a la preparación del informe sobre el Estado de Derecho.

Percepción de la independencia

Como se indica en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023, las encuestas del Eurobarómetro realizadas en 2023 muestran que la percepción de independencia entre el público en general mejoró en doce Estados miembros en comparación con 2022 19 . Sin embargo, entre las empresas, las encuestas mostraron una disminución de la percepción de independencia judicial en trece Estados miembros. En Finlandia , Dinamarca , Austria , Alemania y Luxemburgo , el nivel de independencia percibida sigue siendo especialmente elevado entre el público en general (por encima del 75 %), mientras que en Polonia y Croacia , sigue siendo muy bajo (por debajo del 30 %).

Consejos del poder judicial y procedimientos para el nombramiento y el cese de jueces como salvaguardias clave para la independencia judicial

Muchos Estados miembros han seguido llevando a cabo reformas relacionadas con elementos clave de su sistema judicial, como los procedimientos de nombramiento y destitución de los jueces o en lo que respecta a los Consejos del Poder Judicial. Es importante que estas reformas salvaguarden la independencia judicial, sobre la base de los principios establecidos por el TJUE.

Cuando se establecen Consejos del Poder Judicial, estos constituyen una garantía de vital importancia para la independencia judicial, tal como se reconoce en la jurisprudencia del TJUE 20 . Pueden actuar como mediador entre el poder judicial y las demás ramas del poder en asuntos como el nombramiento y la carrera profesional de jueces o magistrados, así como en la gestión del sistema judicial. El Consejo de Europa ha desarrollado normas europeas clave sobre cómo deben crearse los Consejos del Poder Judicial, en particular su composición, para salvaguardar mejor su independencia 21 . Los Consejos del Poder Judicial también necesitan recursos adecuados para funcionar de manera eficaz y cumplir sus mandatos, y deben ser capaces de gestionar su presupuesto de forma independiente.

A raíz de las recomendaciones del informe de 2022, varios Estados miembros concluyeron los esfuerzos legislativos para reforzar la independencia y la eficacia de los Consejos del Poder Judicial. En otros, los debates están en curso. En Luxemburgo , se han adoptado dos reformas significativas: una reforma constitucional por la que se crea el Consejo Nacional de Justicia y una reforma legislativa que adapta la composición del Consejo Nacional de Justicia a las normas europeas y establece el estatuto de los magistrados. En los Países Bajos , más de la mitad de los miembros del Consejo del Poder Judicial son ahora jueces. En Hungría , una nueva ley ha reforzado el papel del Consejo Nacional del Poder Judicial, permitiéndole contrarrestar eficazmente las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, en particular garantizando que sus dictámenes sobre una serie de cuestiones importantes sean vinculantes. En Portugal , se ha finalizado un nuevo marco legislativo para el Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Tributarios que proporciona autonomía administrativa y financiera. En Italia , se han puesto en práctica las disposiciones directamente aplicables de la reforma del Consejo Superior de la Magistratura; se está evaluando todo su efecto en los trabajos del Consejo. En Suecia , una comisión de investigación ha concluido su labor y ha recomendado medidas para reforzar la independencia del poder judicial, incluida la creación de una nueva agencia de administración de los tribunales que sea más independiente del Gobierno. En Finlandia , la Administración Nacional de Tribunales, establecida anteriormente, prosiguió su labor y desarrolló nuevas iniciativas para seguir apoyando a los tribunales.

En otros Estados miembros aún no se han abordado las preocupaciones relativas a los Consejos del Poder Judicial. En Eslovaquia , persiste la cuestión de las garantías insuficientes en lo que respecta a la destitución de los miembros de los consejos judiciales nombrados por el poder ejecutivo y el Parlamento. En Bulgaria , la composición del Consejo Superior de la Magistratura sigue siendo motivo de preocupación. En España , la situación del Consejo del Poder Judicial suscita serias preocupaciones, ya que, en primer lugar, no ha sido renovado a pesar de que es urgente y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces miembros. Esta falta de renovación repercute en los nombramientos del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto. En Chipre , a raíz de la reciente reforma de los nombramientos de jueces, la composición del Consejo Supremo de la Judicatura se amplió para incluir a miembros que no son jueces, con vistas a reforzar la legitimidad democrática del Consejo, aunque todavía no existe una participación más amplia de los jueces elegidos por sus homólogos, ya que el componente judicial sigue estando compuesto exclusivamente por jueces del Tribunal Supremo. En Polonia , siguen existiendo serias preocupaciones relacionadas con el Consejo Nacional del Poder Judicial, ya que existen dudas legítimas en cuanto a su independencia 22 .

El método utilizado para el nombramiento y la destitución de los jueces constituye una garantía clave para la independencia judicial y puede repercutir en la percepción pública de la independencia. Tal y como ha establecido el TJUE, para garantizar la independencia judicial, los requisitos de fondo y las normas de procedimiento que rigen los nombramientos judiciales deben ser suficientes para evitar que se susciten dudas legítimas en lo que respecta a la impermeabilidad de estos jueces frente a elementos externos y su neutralidad 23 .

Desde el último informe, varios Estados miembros han mejorado los procedimientos de nombramiento de jueces y el funcionamiento de sus más altos tribunales, en particular como seguimiento de las recomendaciones de 2022. En  Finlandia , un grupo de trabajo del Ministerio de Justicia propuso una reforma de la Constitución para reforzar la independencia judicial, incluida la reforma del procedimiento de nombramiento de los jueces legos, el establecimiento de un número máximo de magistrados en el Tribunal Supremo y la fijación de una edad de jubilación obligatoria para los jueces. En Austria , se adoptó una ley que prevé la participación judicial en el nombramiento del presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo, aunque la falta de participación judicial en los nombramientos de los presidentes de los tribunales administrativos sigue suscitando preocupación. En Eslovenia , las nuevas reformas prevén transferir la facultad de nombrar jueces del Parlamento al presidente y al Consejo Judicial, aunque la falta de salvaguardias para la independencia judicial suscita preocupación. En Chipre , un nuevo sistema de nombramientos de jueces del Tribunal Constitucional Supremo y del Tribunal Supremo incluye un paso positivo en el que participa el poder judicial, en consonancia con las normas europeas. En Suecia , los acontecimientos recientes han dado lugar a un debate social más amplio sobre el sistema de nombramiento de jueces legos, que se lleva a cabo a través de partidos políticos y, por lo tanto, suscita preocupación en cuanto a la garantía de su independencia. En Hungría , se espera que una nueva ley limite el riesgo de decisiones arbitrarias sobre la carrera de los jueces, lo que garantiza que el Consejo Nacional del Poder Judicial emita un dictamen vinculante. Las nuevas leyes abordaban varias preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del Kúria (tribunal supremo), incluida la supresión de la facultad del Kúria de revisar la necesidad de las peticiones de decisión prejudicial, en consonancia con los requisitos del Derecho de la Unión. Se espera que la asignación de casos en el Kúria sea más transparente tras una reforma legislativa y la plena aplicación de la reforma.

En otros Estados miembros siguen existiendo dificultades en relación con los nombramientos para puestos judiciales de alto nivel y para puestos de presidente de tribunal. En Malta , el poder judicial todavía no participa en el procedimiento de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo. En Grecia , no se han tomado medidas sobre la participación del poder judicial en el procedimiento para el nombramiento de altos cargos de jueces. En Lituania se han registrado algunos avances en la mejora de la transparencia de los nombramientos judiciales, con nueva legislación, aunque se piden salvaguardias adicionales. En Letonia , no se ha iniciado ningún proceso para garantizar garantías adecuadas contra la influencia política indebida en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. En Irlanda , la composición prevista de la Comisión de Nombramientos Judiciales sigue suscitando preocupación 24 .

En algunos Estados miembros existen otras preocupaciones en relación con la independencia judicial. En Eslovaquia , el delito de prevaricación judicial sigue suscitando preocupación, ya que crea un efecto psicológico negativo para los jueces, además de ser gravoso para las autoridades investigadoras 25 .

En Polonia sigue habiendo serias dudas sobre si varios jueces del Tribunal Supremo nombrados en 2018 y 2019, incluido su presidente primero, cumplen los requisitos de un tribunal establecido por ley. Hasta la fecha no se ha aplicado una decisión prejudicial del TJUE relativa a un nombramiento judicial para la Sala de Control Extraordinario. En Hungría , se están tomando medidas para abordar los hitos relacionados con la independencia judicial en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. Existen otras preocupaciones en cuanto a los sistemas de asignación de asuntos en los órganos jurisdiccionales inferiores 26 .

La autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal siguen siendo temas importantes de las reformas

No existe un modelo único en la UE para la configuración institucional de las fiscalías. Sin embargo, siempre se necesitan salvaguardias institucionales para garantizar que el enjuiciamiento sea suficientemente autónomo y pueda llevar a cabo investigaciones eficaces e imparciales, llevando los asuntos ante los tribunales sin presiones políticas. Esto no solo es esencial para el Derecho penal nacional y de la UE, sino que también tiene un impacto directo en la UE a la hora de garantizar cuestiones como la protección de los intereses financieros de la UE o la aplicación de sanciones desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

A raíz de las recomendaciones del informe de 2022, varios Estados miembros han iniciado o proseguido reformas de sus fiscalías, con distintos grados de progreso. En Malta , se ha establecido un nuevo sistema disciplinario para los fiscales que establece diferentes niveles de infracciones disciplinarias, así como el procedimiento que debe seguirse. En Luxemburgo , una reforma constitucional refuerza la independencia de la Fiscalía en el ejercicio de investigaciones y enjuiciamientos individuales. En los Países Bajos , se está debatiendo la supresión del poder ejecutivo para dar instrucciones a los fiscales en casos individuales. En Chequia , se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que introduce determinadas salvaguardias para la destitución del Fiscal General por parte del Ministerio de Justicia. In Eslovenia , se están preparando enmiendas legislativas para introducir salvaguardias para la independencia judicial y la autonomía de los fiscales en las normas relativas a las investigaciones parlamentarias.

Sin embargo, siguen sin abordarse una serie de cuestiones señaladas en anteriores informes sobre el Estado de Derecho y reflejadas en las recomendaciones del informe de 2022. En España no se ha adoptado ninguna medida para reforzar el estatuto del Fiscal General y abordar la separación del mandato del Fiscal General del Gobierno. En Austria , los planes sobre la creación de una Fiscalía Federal independiente para, entre otros, garantizar el funcionamiento independiente de las fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción no han seguido avanzando. En Chipre , el Ministerio Fiscal, dirigido por el Fiscal General, forma parte de la Oficina Jurídica de la República y no existe una separación clara entre el personal encargado de tareas consultivas y el que desempeña funciones de fiscalía. La ausencia de la posibilidad de revisar las decisiones del Fiscal General de no enjuiciar o interrumpir el procedimiento también suscita preocupación. En Eslovaquia , la facultad del Fiscal General de anular decisiones de fiscales de rango inferior sigue siendo motivo de preocupación, tanto en relación con la falta de control judicial como con su aplicación por parte del Fiscal General en varios casos de corrupción de alto nivel. En Polonia se han realizado algunos avances para garantizar la independencia funcional del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, pero todavía no se han separado las funciones del ministro de Justicia y del Fiscal General 27 .

Garantizar la rendición de cuentas y salvaguardar la independencia en los procedimientos disciplinarios en los que participen jueces y fiscales

En su jurisprudencia, el TJUE ha establecido salvaguardias esenciales para garantizar que el marco disciplinario no pueda utilizarse como una forma de control político sobre el poder judicial 28 . Estas garantías incluyen normas que definen las conductas que constituyen infracciones disciplinarias y las sanciones aplicables. Los procedimientos disciplinarios deben llevarse a cabo con la participación de un órgano independiente, con arreglo a un procedimiento que salvaguarde plenamente los derechos consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta, en particular el derecho de defensa. Las normas también deben prever la posibilidad de impugnar las decisiones de los órganos disciplinarios ante los tribunales 29 .

Siguiendo la tendencia observada en anteriores informes sobre el Estado de Derecho, algunos Estados miembros han aplicado o están preparando reformas para aumentar las salvaguardias de la independencia judicial en los procedimientos disciplinarios. En Eslovaquia , existe un nuevo procedimiento disciplinario para jueces, fiscales, agentes de ejecución y notarios ante el Tribunal Supremo Administrativo, que funciona correctamente. En Chequia , se está preparando una reforma del procedimiento disciplinario para los jueces, con el fin de introducir la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas por un tribunal disciplinario. En Eslovenia , se están elaborando cambios en la Ley del Consejo Judicial, centrándose en su función procesal en los procedimientos disciplinarios. En Croacia , a raíz de las recomendaciones del año pasado, se suprimieron los controles periódicos de seguridad de todos los jueces mediante una decisión del Tribunal Constitucional y se prevé que los controles de seguridad de todos los abogados del Estado se supriman mediante enmiendas en curso de elaboración. En Rumanía , los cambios en los regímenes de responsabilidad civil y disciplinaria han reforzado la independencia del poder judicial.

Sin embargo, también existen situaciones en las que existen dificultades en relación con el marco disciplinario, y sigue preocupando que los procedimientos disciplinarios puedan utilizarse como medio para restringir la independencia judicial. En Polonia , varios jueces siguieron siendo objeto de investigaciones disciplinarias y procedimientos relacionados con el contenido de sus resoluciones judiciales y traslados forzosos. Para reforzar las disposiciones que protegen a los jueces frente a la responsabilidad disciplinaria basada en el contenido de sus resoluciones judiciales, el Parlamento aprobó una nueva ley que está siendo examinada actualmente por el Tribunal Constitucional. En Bulgaria , el funcionamiento de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura, responsable de incoar procedimientos disciplinarios, ha estado cerca de estar influenciado políticamente 30 .

La protección efectiva de la independencia judicial también requiere una cultura de integridad e imparcialidad. Varios Estados miembros están aplicando políticas y prácticas para promover la integridad en el poder judicial. En Portugal , el Consejo Superior de la Magistratura ha presentado una propuesta para regular las «puertas giratorias» en el poder judicial. Sin embargo, el régimen de incompatibilidades de los jueces sigue suscitando preocupación en España . En Bélgica , el Gobierno está revisando la propuesta de introducir controles periódicos de seguridad realizados por la Agencia Nacional de Seguridad a todos los jueces, a raíz de las críticas del Consejo Superior de Justicia.

Esfuerzos para mejorar la calidad y la eficiencia de la justicia

Un sistema judicial eficiente gestiona su carga de trabajo y los retrasos, y dicta sus decisiones sin dilación indebida. Los procedimientos excesivamente largos y los retrasos sustanciales socavan la confianza que los ciudadanos y las empresas depositan en los sistemas judiciales nacionales. Para que el sistema judicial funcione correctamente, son indispensables los recursos adecuados, incluidas las inversiones necesarias en infraestructura física y técnica, y un personal bien cualificado, formado y adecuadamente remunerado. Varios Estados miembros lo han reconocido asignando recursos adicionales para reforzar la resiliencia de los sistemas judiciales en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia que siguen llevándose a cabo.

Una forma de garantizar la resiliencia a largo plazo del sistema judicial consiste en asegurar el atractivo de las profesiones judiciales, en particular mediante una remuneración adecuada, y minimizar el número de vacantes abiertas para jueces, fiscales y personal de los tribunales. A raíz de las recomendaciones del informe de 2022, se han logrado avances positivos en varios Estados miembros. En Irlanda , el Gobierno ha anunciado un aumento significativo del número de jueces, siguiendo las recomendaciones de un grupo de trabajo sobre la planta judicial. En España , el número total de jueces y magistrados ha aumentado y se están tomando medidas para hacer frente a las dificultades relacionadas con los recursos del sistema judicial. En Francia , se han vuelto a aumentar significativamente los recursos humanos y financieros asignados al sistema judicial, y se están llevando a cabo iniciativas para seguir abordando las necesidades actuales. En Finlandia , se han aumentado los recursos destinados al sistema judicial, sin embargo, el informe del Gobierno sobre la Administración de Justicia ha señalado que siguen faltando recursos. En Portugal , se están realizando esfuerzos para garantizar unos recursos humanos adecuados para el sistema judicial, aunque persiste la preocupación por la escasez de personal no judicial. 

En otros Estados miembros persisten las preocupaciones relativas a los recursos. En Lituania , existen serias preocupaciones en cuanto al nivel de remuneración de los fiscales y del personal de los tribunales, que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2008, aunque se ha promulgado una nueva ley al respecto. En Croacia , se está abordando el nivel de remuneración de los jueces, los fiscales y el personal al servicio de la administración de justicia, aunque persisten las preocupaciones. En Bélgica , se han adoptado nuevas iniciativas políticas y legislativas para subsanar la escasez de personal y presupuesto en el sistema judicial, pero persisten deficiencias en materia de recursos estructurales a pesar de estas importantes inversiones. En Dinamarca , aunque se están llevando a cabo análisis para garantizar la asignación de recursos humanos y financieros suficientes al sistema judicial, la situación de los recursos es preocupante y afecta cada vez más a la duración de los procedimientos. En los Países Bajos , los jueces y fiscales han expresado su preocupación por la escasez de personal y las difíciles condiciones de trabajo debido a la elevada carga de trabajo. En Chequia , la financiación para la dotación de personal de asistentes en los tribunales y la fiscalía es insuficiente, lo que da lugar a dificultades para contratar personal cualificado y socava el correcto funcionamiento de la fiscalía y la judicatura. En Alemania , el Pacto por el Estado de Derecho, que había proporcionado financiación federal al sistema judicial, no se ha prorrogado, y no se han tomado medidas adicionales a nivel federal para garantizar recursos adecuados para el poder judicial y en relación con el nivel salarial de los jueces. En Eslovenia , el nivel de remuneración de los jueces y fiscales, prácticamente invariable desde 2012, suscita preocupación y fue, en referencia a los sueldos de los jueces, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En Polonia , la ley presupuestaria para 2023 afectó negativamente a la remuneración de jueces y fiscales. Entre estas preocupaciones figuran el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y las asociaciones de jueces y fiscales 31 . En Rumanía , a pesar de los continuos esfuerzos por mejorar la situación, la creciente escasez de magistrados está generando serias preocupaciones 32 .

Invertir en infraestructuras y en la digitalización del sistema judicial es esencial para hacer frente a las dificultades más amplias en materia de eficiencia en varios Estados miembros. En Malta , Chipre y Grecia , el aumento de los recursos destinados al poder judicial y otras medidas adoptadas no han logrado todavía reducir la duración de los procesos, y la acumulación de los asuntos sigue siendo un problema importante. En Croacia , el sistema judicial amplió aún más las herramientas de comunicación electrónica y redujo los retrasos, pero siguen existiendo importantes problemas de eficiencia y calidad, ya que la duración de los juicios ha aumentado en general. En Italia , se adoptaron dos decretos legislativos para aplicar las reformas de la justicia civil y penal con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia del sistema judicial, también en lo que se refiere a la duración de los procesos. Queda por ver la eficacia de las reformas. En Portugal , se han adoptado medidas para hacer frente a los problemas de eficiencia, en particular en los tribunales de lo contencioso-administrativo y en los tribunales de lo tributario, y se están elaborando medidas adicionales. El Plan de Recuperación y Resiliencia portugués también incluye medidas para aumentar la eficiencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo y en los tribunales de lo tributario.

Han proseguido las iniciativas para mejorar la digitalización y los Estados miembros están tomando nuevas medidas a este respecto, también siguiendo las recomendaciones del informe de 2022. Es especialmente importante garantizar que las herramientas digitales puedan utilizarse eficazmente en la práctica, en particular mediante una formación suficiente. La digitalización del sistema judicial sigue en general muy avanzada en Estonia , Alemania , Letonia , Polonia , España , Eslovaquia , Lituania , Hungría y Austria . En Croacia , el uso del sistema de comunicación electrónica siguió aumentando y la mayoría de los tribunales restantes se integraron en un sistema unificado ya utilizado por todos los demás órganos jurisdiccionales. En Francia , los trabajos para completar la plena digitalización de los procedimientos judiciales civiles y penales han seguido avanzando. En los Países Bajos , el nivel de digitalización ha mejorado con la introducción de soluciones más digitales para los procedimientos judiciales. En Estonia , se han realizado nuevas mejoras en la digitalización, mejorando el acceso a los documentos entre sistemas. En Bulgaria , se han tomado medidas para modificar la legislación relacionada con la digitalización de la justicia. En Italia , la digitalización del sistema de justicia civil ha progresado significativamente, aunque las normas procesales modificadas que permiten la digitalización en el sistema de justicia penal aún no se han aplicado plenamente 33 . 

Acceso a la justicia y papel de los abogados en el sistema judicial

Los abogados desempeñan un papel clave a la hora de garantizar la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho, incluido el derecho a un juicio justo. En varios Estados miembros se están dando pasos para garantizar el derecho a la asistencia de letrado. En España , se ha reforzado aún más el marco de la asistencia jurídica gratuita, y en Francia el presupuesto para asistencia jurídica gratuita ha seguido aumentando. En Finlandia , la nueva legislación otorga a los órganos jurisdiccionales una mayor discrecionalidad a la hora de asignar las costas judiciales en los asuntos civiles, lo que se espera que haga más accesible el sistema judicial. En Bulgaria , se han adoptado nuevas leyes relativas a la mediación judicial y la asistencia jurídica para mejorar el acceso a la justicia. En Malta , se está trabajando en la elaboración de proyectos legislativos que regulen la profesión de abogado. En Lituania , se introdujeron cambios específicos en el sistema de asistencia jurídica gratuita, aunque estos no abordan las preocupaciones relativas a la carga de trabajo y la remuneración de los proveedores de asistencia jurídica gratuita. En Irlanda , aunque está pendiente de publicación un análisis de modelos para reducir los gastos procesales, el elevado nivel de estos gastos sigue siendo motivo de preocupación y no se han tomado nuevas medidas para reducirlos. En Dinamarca , se ha suspendido la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita iniciada en 2020. Del mismo modo, en Luxemburgo sigue pendiente la reforma destinada a hacer más accesible la asistencia jurídica gratuita. En Hungría , podría mejorarse el acceso a la justicia para los grupos vulnerables.

Un elemento esencial de la libertad de ejercicio de las profesiones jurídicas es el respeto de la confidencialidad de la relación con los clientes, tal como se confirma en las normas del Consejo de Europa 34 . En Eslovaquia , el Colegio de Abogados ha advertido de reiteradas violaciones de la confidencialidad entre el abogado y el cliente por parte de los servicios policiales durante los registros de los locales de los bufetes de abogados. En Lituania sigue habiendo preocupación por el respeto de la confidencialidad profesional de los abogados, y siguen pendientes cuestiones al respecto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Letonia , las nuevas normas reforzaron la protección del secreto profesional de los abogados 35 .

2.2. Marco de lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción es esencial para mantener el Estado de Derecho y preservar la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones públicas. Un enfoque integral de lucha contra la corrupción debe basarse en una combinación de medidas preventivas y punitivas. Esto requiere un marco jurídico e institucional sólido, una capacidad administrativa y judicial suficiente, investigaciones y enjuiciamientos eficaces y una clara voluntad política de aplicar el marco de lucha contra la corrupción. También requiere medidas de integridad fiables y eficaces para minimizar el espacio para la corrupción.

Percepciones de la corrupción en la UE

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 36 muestran que nueve Estados miembros se encuentran entre los veinte primeros países percibidos como menos corruptos del mundo 37 . Siguen existiendo diferencias entre los Estados miembros, ya que algunos han mejorado su puntuación en comparación con años anteriores, mientras que otros siguen obteniendo una puntuación significativamente inferior a la media 38 .

La encuesta del Eurobarómetro de 2023 sobre la corrupción 39 muestra que esta sigue siendo una preocupación grave para los ciudadanos y las empresas de la UE. Siete de cada diez europeos (el 70 %) creen que la corrupción está muy extendida en su país y más de cuatro de cada diez europeos (el 45 %) consideran que el nivel de corrupción ha aumentado en su país. Más de la mitad de los ciudadanos (el 60 %) cree que los esfuerzos de su Gobierno para luchar contra la corrupción no son eficaces. Además, la mayoría de las empresas europeas (el 65 %) consideran que el problema de la corrupción está muy extendido en su país, y la mitad (el 50 %) creen que es improbable que las personas o empresas corruptas de su país vayan a ser detenidas o denunciadas a la policía o a los fiscales.

Estrategias nacionales de lucha contra la corrupción y su aplicación

El Derecho internacional reconoce la importancia de mantener políticas anticorrupción eficaces y coordinadas 40 . Las estrategias nacionales de lucha contra la corrupción pueden garantizar que los países sigan un enfoque global, coherente e integrado que permita integrar las disposiciones anticorrupción en todos los sectores políticos pertinentes. Casi todos los Estados miembros cuentan actualmente con estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. Desde julio de 2022, Chequia , Italia y Letonia han actualizado sus estrategias o planes de acción nacionales 41 . Hungría ,  Eslovenia y Francia han iniciado el proceso de revisión de sus estrategias existentes, y también se están llevando a cabo procesos preparatorios de revisión en Eslovaquia  y Alemania 42 .

Refuerzo de la capacidad de las instituciones y del marco jurídico para luchar contra la corrupción

Una respuesta eficaz a la corrupción depende de un marco jurídico y administrativo sólido 43 y de instituciones sólidas e independientes para hacer cumplir las normas. Desde el último informe sobre el Estado de Derecho, y también siguiendo sus recomendaciones, varios Estados miembros han llevado a cabo reformas del Derecho penal para reforzar la lucha contra la corrupción. Hungría ha adoptado legislación para introducir la posibilidad de que las decisiones del Ministerio Fiscal de no investigar y enjuiciar delitos de corrupción estén sujetas a control judicial. En  Bulgaria , de conformidad con los compromisos contraídos en el marco de su Plan de Recuperación y Resiliencia, el Parlamento adoptó una ley por la que se establece un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas efectiva y la responsabilidad penal del Fiscal General y sus adjuntos, y se prevé el control judicial de las decisiones de la fiscalía de no iniciar una investigación. En otros Estados miembros, se están debatiendo reformas del Derecho procesal penal o del Derecho penal sustantivo. Austria presentó un proyecto de ley para ampliar los delitos de soborno a los candidatos a cargos públicos, e incluyó sanciones adicionales, como la prohibición de ocupar un cargo público.

Aunque se han realizado algunos avances, siguen existiendo lagunas específicas de Derecho penal en otros Estados miembros, y muchas de las recomendaciones del informe de 2022 conexas siguen sin ser aplicadas plenamente. En Finlandia , se está trabajando en un proyecto de propuesta sobre el comercio de influencias para seguir reforzando el marco jurídico penal en materia de corrupción, mientras que está pendiente una propuesta de revisión del delito de soborno extranjero. En Suecia se han realizado esfuerzos para enjuiciar los casos de soborno en el extranjero, pero hasta ahora no se han modificado las definiciones jurídicas limitadas de soborno extranjero 44 .

La capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía y el poder judicial de manera más general para hacer cumplir las disposiciones anticorrupción de Derecho penal es esencial para luchar eficazmente contra la corrupción. Eslovenia y Luxemburgo tomaron medidas para aumentar la capacidad de las fiscalías responsables de la lucha contra la corrupción mediante la asignación de recursos adicionales. El Ministerio Fiscal de muchos Estados miembros cita las limitaciones de recursos como una dificultad, a veces agravada por deficiencias adicionales. En Bélgica , las autoridades policiales y judiciales siguen luchando contra la corrupción con recursos generalmente limitados. En el caso de Eslovaquia , el nivel de recursos humanos y financieros para hacer frente a los casos de corrupción en la policía y la fiscalía no se considera plenamente adecuado para llevar a cabo sus tareas, en particular en los casos complejos de corrupción de alto nivel, y la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad todavía requiere mejoras. En Portugal , las partes interesadas informan de graves problemas relacionados con los recursos para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción. En Chipre , se están realizando esfuerzos para abordar las limitaciones de los recursos humanos, financieros y técnicos a la Oficina del Fiscal General, ya que siguen afectando a las investigaciones 45 .

La especialización es otro elemento clave para impulsar la capacidad anticorrupción, al igual que el acceso a la información pertinente, la interconexión de registros y la buena cooperación entre las autoridades policiales y otros organismos, como las unidades de inteligencia financiera y las autoridades fiscales, de auditoría y de competencia. En respuesta a las recomendaciones del informe de 2022, Eslovenia restableció la autonomía operativa de su Oficina Nacional de Investigación, restableciendo la facultad de la Fiscalía General del Estado de dirigir los procedimientos previos al juicio y penales sin la dirección del Ministerio del Interior. Rumanía ha logrado avances significativos abordando los retos operativos relacionados con el enjuiciamiento de la lucha contra la corrupción en la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), aunque la contratación aún se debe mejorar. En , se prevé la reestructuración institucional de la Comisión Anticorrupción como parte de los compromisos contraídos por Bulgaria en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, y se está examinando un proyecto legislativo en el Parlamento 46 .

Eliminar los obstáculos a las investigaciones y el enjuiciamiento penales y establecer sanciones disuasorias para la corrupción de alto nivel

Las deficiencias procesales pueden obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los casos de corrupción. Algunos ejemplos son las disposiciones excesivamente engorrosas o poco claras sobre el levantamiento de las inmunidades y los plazos de prescripción, que son demasiado breves. Estos obstáculos pueden ser especialmente perjudiciales en casos complejos de corrupción, en particular cuando la duración prolongada de los procesos ya es un problema, lo que genera riesgos de impunidad y priva de sus efectos disuasorios a los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Según el Eurobarómetro especial sobre las actitudes de los ciudadanos frente a la corrupción, alrededor de siete de cada diez europeos (el 67 %) consideran que no se persiguen suficientemente los casos de corrupción de alto nivel 47 . En algunos Estados miembros, son necesarias reformas para reducir la duración de los procedimientos penales a fin de mejorar el historial de las sentencias firmes, en particular en lo relativo a los casos de corrupción de alto nivel. El informe del año pasado contiene recomendaciones para varios Estados miembros a este respecto. En Croacia , la duración de los procedimientos para investigar, enjuiciar y juzgar los delitos de corrupción sigue socavando la eficacia del sistema anticorrupción; aún no se ha introducido legislación para acortarlo. España también tiene que hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, a fin de aumentar la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel. En Chequia , los casos de corrupción de alto nivel siguen siendo un punto de atención debido a los retrasos en los procedimientos 48 .

En algunos Estados miembros, la inmunidad de los miembros del Gobierno por los delitos de corrupción ha sido motivo de preocupación. Algunos países han tomado medidas para hacer frente a esta situación. En Luxemburgo , una reforma constitucional suprimió el derecho exclusivo del Parlamento a presentar cargos contra los miembros del Gobierno. La Fiscalía pasó a ser competente para llevar a cabo investigaciones penales sobre miembros del Gobierno, que ahora pueden ser considerados penalmente responsables por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones. En Rumanía , el Senado adoptó normas con criterios objetivos para decidir sobre las solicitudes de levantamiento de inmunidades parlamentarias, que reflejan las normas ya adoptadas en 2019 por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en Polonia , aún no se han abordado las preocupaciones relativas al amplio alcance de las inmunidades de las personas que ejercen altos cargos ejecutivos que también son diputados al Parlamento y se han adoptado nuevas disposiciones en materia de impunidad, lo que crea exenciones de la responsabilidad penal y aumenta el riesgo de corrupción 49 .

Algunos Estados miembros siguen consolidando su historial de investigación, enjuiciamiento y sanción de la corrupción de alto nivel 50 , en consonancia con las recomendaciones del informe de 2022. En Croacia prosiguió la investigación efectiva de la corrupción de alto nivel y aumentó el número total de acusaciones y sentencias. También prosiguieron los esfuerzos para luchar contra la corrupción de alto nivel en Eslovaquia , con varios antiguos altos funcionarios acusados de delitos de soborno, y en Austria , donde los fiscales siguen experimentando un elevado control de casos individuales. Se han logrado resultados en la persecución y sanción de los delitos de corrupción de alto nivel en Francia , a pesar de los retos estructurales y en materia de recursos. Rumanía ha seguido manteniendo un historial positivo en la lucha contra la corrupción, en particular en los casos de alto nivel.

En otros Estados miembros, queda por establecer un sólido historial de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel, que dé lugar a sanciones disuasorias mediante condenas firmes. En Bulgaria sigue faltando un sólido historial de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel. En Malta , la Fiscalía General abrió diligencias en relación con algunos casos, siguen existiendo retos relacionados con la duración de las investigaciones de casos de corrupción de alto nivel y son necesarias nuevas medidas para establecer un historial sólido de sentencias firmes. Aunque algunos casos de alto nivel llegaron a la fase de acusación y condenatoria en Hungría , la falta de un historial sólido de investigaciones de acusaciones de corrupción en relación con funcionarios de alto nivel y su círculo inmediato sigue siendo motivo de grave preocupación. El Plan de Recuperación y Resiliencia húngaro incluye compromisos destinados a mejorar el enjuiciamiento en casos de corrupción. En Grecia , si bien se han realizado algunos avances en el porcentaje de enjuiciamientos y condenas por delitos de soborno, el relativo elevado número de absoluciones y sentencias suspendidas puede suscitar dudas en cuanto al efecto disuasorio de la respuesta de la justicia penal. En Eslovenia , las investigaciones penales, las acusaciones y las sentencias en casos de corrupción siguen siendo limitadas, incluso en el caso de la corrupción de alto nivel 51 .

Refuerzo de las medidas de prevención de la corrupción y fomento de la integridad en la vida pública

Un sistema político e institucional basado en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública es la mejor garantía contra la corrupción. Esta es la razón por la que los enfoques anticorrupción eficaces suelen basarse en medidas que pretenden mejorar la transparencia, la ética y la integridad, y regular ámbitos tales como el de los conflictos de intereses, el de los grupos de presión y el de las «puertas giratorias» 52 .

Se produce un conflicto de intereses cuando un funcionario público tiene un interés privado o profesional que podría interferir en el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones 53 . Para evitar estos conflictos de intereses, la mayoría de los Estados miembros cuentan con medidas que abarcan una amplia gama de cargos electos y funcionarios de carrera. En los Países Bajos , el Gobierno adoptó una política global en materia de integridad en las funciones públicas, que abarca a los funcionarios y a los titulares de cargos políticos. Lituania también adoptó nuevas medidas para aplicar sus normas vigentes en materia de integridad. En Chequia , la legislación con la que se pretende modificar el sistema de declaración de conflictos de intereses está avanzando en el Parlamento.

Persisten las dificultades en otros Estados miembros. En Italia , donde no existen normas exhaustivas sobre conflictos de intereses, se está debatiendo un nuevo proyecto legislativo en el Parlamento. En Eslovenia , las normas sobre conflictos de intereses e incompatibilidad de cargos indican ciertas lagunas en la supervisión, en particular a nivel municipal.

Los altos funcionarios del Gobierno y los diputados al Parlamento suelen estar sujetos a normas específicas de integridad. Muchos Estados miembros cuentan con códigos de conducta y normas para prevenir los conflictos de intereses y las incompatibilidades con otras actividades. Es importante que la aplicación práctica de estas normas esté sujeta a una verificación y evaluación periódicas. Algunos Estados miembros han tomado medidas en este ámbito, en particular a la luz de las recomendaciones de 2022. En Estonia se introdujeron nuevos procedimientos para garantizar una aplicación más eficaz de las directrices sobre conflictos de intereses para los ministros y sus asesores políticos, aunque todavía faltan mecanismos de ejecución. En Bélgica , el Código de Conducta Ministerial para los titulares de cargos públicos federales debe ampliarse a todos los miembros de los gabinetes ministeriales privados y se ha establecido un código de conducta para los ministros, que incluye orientaciones sobre conflictos de intereses, puertas giratorias y obsequios y beneficios. En Croacia se adoptaron códigos de conducta para los diputados al Parlamento y se han seguido casi todas las administraciones locales y regionales. Los Países Bajos han adoptado un código de conducta para ministros y secretarios de Estado.

En Finlandia , aunque los funcionarios y las personas encargadas de altos cargos ejecutivos están cubiertos por el Código de Conducta, los ministros siguen estando excluidos. En Bulgaria , siguen existiendo graves lagunas en las medidas de integridad para las funciones de alto nivel. En Portugal , sigue preocupando la aplicación y el seguimiento de las normas sobre conflictos de intereses para los altos funcionarios del Parlamento y el Gobierno. En España , las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos ejecutivos no se aplican adecuadamente. En Francia , no todos los diputados al Parlamento parecen declarar sus intereses de conformidad con las normas de integridad aplicables 54 .

Garantizar la transparencia de los grupos de presión y regular las «puertas giratorias»

Para ser un acto legítimo de participación política 55 , los grupos de presión deben ir acompañados de estrictos requisitos de transparencia e integridad para garantizar la rendición de cuentas y la inclusividad en la toma de decisiones 56 . La evolución en estos ámbitos continuó en 2023, ya que algunos Estados miembros revisaron sus normas de transparencia de los grupos de presión, en consonancia con las recomendaciones de 2022. En Letonia , se adoptó una nueva ley sobre los grupos de presión, que prevé la creación de un registro de grupos de presión. En Estonia , las autoridades han seguido esforzándose por aplicar eficazmente las directrices sobre los grupos de presión. Chipre adoptó un Reglamento de ejecución relativo a los grupos de presión, que aclara el procedimiento de declaración, registro y publicación de las actividades de los grupos de presión. En Lituania , las normas vigentes relativas a los grupos de presión arrojaron resultados positivos en cuanto a las declaraciones presentadas. En Bélgica , Chequia , Croacia , España , Irlanda , y Portugal , siguen los debates sobre la nueva legislación relativa a los grupos de presión. Todavía faltan una regulaciones específicas sobre los grupos de presión en Eslovaquia , y la legislación existente podría mejorarse en Austria , Alemania , Francia , Luxemburgo , los Países Bajos , Polonia , Rumanía y Hungría 57 .

La regulación y la aplicación de las normas sobre las «puertas giratorias» entre funciones públicas y privadas es cada vez más un ámbito de atención en muchos Estados miembros, en particular para evitar injerencias extranjeras. En Suecia , se está llevando a cabo una evaluación de las normas post-empleo para las funciones ejecutivas de alto nivel en el Gobierno. Los debates sobre la introducción o revisión de las normas vigentes sobre las puertas giratorias están avanzando en Finlandia y los Países Bajos . En otros Estados miembros, los avances han sido más lentos. En Hungría , las restricciones posteriores a la contratación y los períodos de incompatibilidad están fragmentados y solo se aplican a un pequeño grupo de funcionarios públicos, pero hay planes para proporcionar más orientación sobre las restricciones posteriores a la contratación. En Dinamarca , no se han tomado medidas para introducir normas sobre las puertas giratorias para los ministros 58 .

Declaración del patrimonio y de intereses

Las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos favorecen la transparencia y la rendición de cuentas del sector público y son instrumentos importantes para promover la integridad y prevenir la corrupción. En la mayoría de los Estados miembros existen normas para garantizar que los funcionarios del sector público estén sujetos a obligaciones de divulgación de activos e intereses. Sin embargo, existen grandes variaciones en el ámbito de aplicación, la transparencia de la información declarada y el acceso a ella, así como el nivel y la eficacia de las medidas de verificación y aplicación.

Varios Estados miembros experimentaron reformas en 2023 para abordar las cuestiones abordadas en las recomendaciones de 2022. En Chequia , se revisó el sistema de declaraciones de patrimonio, ajustándolo a una sentencia del Tribunal Constitucional, y las declaraciones vuelven a ser de dominio público, si bien sea mediante una solicitud previa. En Grecia entró en vigor una nueva ley para reforzar el sistema y el procedimiento de verificación. Letonia y Rumanía siguen aplicando con éxito su sistema electrónico de declaraciones de patrimonio.

En otros Estados miembros, el ritmo de las reformas ha sido más lento y persisten retos. En Portugal , sigue retrasándose el inicio de las actividades de una nueva entidad que se encargará del seguimiento y la verificación de las declaraciones de patrimonio. En Eslovaquia , todavía no se ha creado un organismo destinado a supervisar la mayoría de las declaraciones de patrimonio y a tratar los conflictos de intereses, las violaciones de los códigos de conducta y las actividades de los grupos de presión. En Bélgica , sigue habiendo deficiencias en cuanto a la verificación y la transparencia de las declaraciones de patrimonio, ya que estas declaraciones solo son accesibles en el contexto de las investigaciones penales. En Dinamarca , no se ha avanzado en las declaraciones de patrimonio presentadas por personas a las que se han encomendado funciones ejecutivas de alto nivel, y sigue sin existir un sistema de verificación y seguimiento de los riesgos para la integridad. En Polonia , sigue faltando un sistema uniforme y centralizado de presentación y seguimiento de las declaraciones de patrimonio, y el nivel de digitalización de las declaraciones de patrimonio de los políticos sigue siendo bajo. En Austria , se ha creado un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de las normas de divulgación de activos e intereses para los diputados al Parlamento, pero hasta la fecha no se han comunicado resultados concretos. Del mismo modo, en Chipre , el sistema de declaración de patrimonio sigue incompleto, ya que la ley que lo regula sigue pendiente de aprobación por el Parlamento. En Irlanda , se tomaron algunas medidas para reforzar las normas sobre la declaración de patrimonio 59 .

Proteger a los alertadores de irregularidades

La protección de los denunciantes desempeña un papel esencial en la detección y prevención de la corrupción. La transposición de la Directiva de la UE relativa a la protección de los denunciantes 60 ha dado lugar a una revisión o a una nueva legislación en muchos Estados miembros, como se señaló en el informe del año pasado. Desde julio de 2022, se han adoptado o han entrado en vigor leyes para transponer la Directiva o reforzar de otro modo la protección de los denunciantes 61 .

Sin embargo, siguen existiendo importantes obstáculos para denunciar casos de corrupción en la práctica, ya que menos de la mitad de los europeos (el 45 %) saben dónde denunciar un caso de corrupción y el 30 % de los europeos cree que no se denuncian casos de corrupción porque la denuncia sería inútil y los responsables no serán castigados 62 . Las medidas legislativas se están complementando con otros esfuerzos para aplicar las nuevas leyes y animar a los denunciantes a utilizar los nuevos canales de denuncia. La Oficina de Protección de los Denunciantes de Eslovaquia está invirtiendo en campañas de sensibilización pública para abordar los niveles persistentemente bajos de notificación. En Chipre , al no haberse recibido hasta la fecha ninguna denuncia de irregularidades, se han puesto en marcha acciones de sensibilización. Dinamarca y Malta han elaborado nuevas directrices e instrumentos de información.

Abordar los ámbitos de alto riesgo

Ningún sector o ámbito de actividad está a salvo de los riesgos de corrupción, pero los ámbitos de alto riesgo comunes merecen especial atención, ya que por lo general son los que implican la gestión de fondos públicos importantes o el acceso a permisos o a servicios críticos. Por lo tanto, sectores como la asistencia sanitaria, la construcción o la planificación urbana son vulnerables, y las inversiones públicas deben tener en cuenta los nuevos riesgos relacionados con la corrupción. Las zonas con un riesgo de delincuencia grave, como los puertos, que constituyen puntos de presión para los grupos de delincuencia organizada que trafican con drogas, también requieren una constante supervisión. Otros ámbitos de riesgo están relacionados con la financiación de los partidos políticos y los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores 63 .

La financiación de los partidos políticos es un ámbito de riesgo importante para la corrupción señalado en varias recomendaciones de 2022 y varios Estados miembros han adoptado o están estudiando reformas para aumentar la transparencia y la supervisión. En Austria , se ha finalizado una reforma significativa del marco de financiación de los partidos políticos, reforzando el papel del Tribunal de Cuentas. En los Países Bajos entraron en vigor normas revisadas sobre la financiación de los partidos políticos, que prohíben las donaciones extranjeras y aumentan la transparencia y las obligaciones de información, con nuevas reformas legislativas en la vía. En Bélgica , la reforma de la financiación de los partidos políticos sigue siendo objeto de un amplio debate, aunque todavía no se han obtenido resultados concretos. En Polonia , han entrado en vigor nuevas medidas que aumentan la transparencia de las finanzas de los partidos políticos, aunque persisten preocupaciones en relación con las donaciones de partidos y las campañas electorales. En España , a pesar de una petición formal del Tribunal de Cuentas, la ley que regula la financiación de los partidos políticos permanece inalterada. En Chequia , se dieron los primeros pasos hacia la reforma del marco de financiación de los partidos políticos. En Dinamarca , se adoptó una nueva ley sobre la financiación pública de los partidos políticos y se han iniciado los debates sobre una iniciativa legislativa sobre la financiación privada de los partidos políticos.

En otros Estados miembros siguen existiendo retos. En Italia , la práctica de canalizar donaciones a través de fundaciones y asociaciones políticas sigue siendo la misma, aunque se han iniciado debates sobre un proyecto de ley en el Parlamento. La verificación de la financiación de los partidos en Eslovenia no es sistemática, y el Tribunal de Cuentas está reflexionando sobre la manera de mejorar la eficacia de las auditorías de los partidos políticos. En Alemania , siguen pendientes de aprobación una serie de reformas establecidas en el acuerdo de coalición gubernamental, en particular la reforma de las normas de financiación de los partidos políticos 64 .

Los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores crean riesgos de corrupción. También suscitan preocupación por la seguridad, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal 65 , así como por el uso de estos sistemas para evitar la extradición, eludir las sanciones y blanquear los ingresos ilícitos. Los regímenes también pueden fomentar el soborno de funcionarios públicos e intermediarios privados. Además, la Comisión considera que la concesión de la ciudadanía de la UE a cambio de pagos o inversiones predeterminados, sin ningún vínculo real con el Estado miembro de que se trate, socava la esencia de la ciudadanía de la Unión y vulnera el Derecho de la Unión, y ha tomado medidas para garantizar la eliminación de todos los regímenes de ciudadanía para inversores en la UE 66 . Bulgaria ha iniciado un proceso de revocación de la ciudadanía búlgara anteriormente concedida en virtud de su (actualmente derogado) régimen de ciudadanía para inversores debido al incumplimiento por parte de los inversores del marco jurídico nacional. Chipre ha dejado de aplicar en la práctica su régimen de ciudadanía para inversores, aunque el marco jurídico del régimen sigue vigente.  Malta  sigue aplicando su sistema, aunque ha dejado de naturalizar a los inversores rusos y bielorrusos 67 . Tanto Chipre como Malta también han retirado la nacionalidad a los inversores previamente naturalizados en el marco de sus regímenes de residencia para inversores, aplicando la Recomendación de la Comisión sobre los regímenes de inversión adoptada en el contexto de la invasión rusa a gran escala de Ucrania 68 . Los regímenes de residencia para inversores siguen siendo muy vulnerables a los riesgos relacionados con la corrupción y siguen requiriendo un análisis cuidadoso de los riesgos. El informe de la Comisión de 2019 sobre los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores señaló que diecinueve Estados miembros tenían un régimen de residencia para inversores 69 . Recientemente, algunos Estados miembros han puesto fin a sus regímenes o están en proceso de derogarlos 70 , y en otros Estados miembros se está trabajando para evaluar riesgos específicos o adoptar medidas atenuantes 71 . 

En muchos Estados miembros, la contratación pública y el sector sanitario siguen siendo los principales ámbitos con alto riesgo de corrupción. Otros ámbitos destacados por su riesgo de corrupción son la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural y el sector de la energía. Es necesario seguir trabajando para cartografiar los ámbitos comunes de alto riesgo, ya que las actividades de corrupción ocurren constantemente y se adaptan a las nuevas oportunidades. La Comisión se ha comprometido a colaborar con los Estados miembros a este respecto. Una de las primeras tareas de la nueva red de la UE contra la corrupción que creará la Comisión será cartografiar los ámbitos de riesgo comunes de aquí a 2024 72 . Algunos Estados miembros están realizando esfuerzos para mitigar los riesgos de corrupción en ámbitos específicos, en particular en relación con la contratación pública. El Eurobarómetro Flash sobre la actitud de las empresas frente a la corrupción en la UE muestra que el 26 % de las empresas de la UE cree que la corrupción les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato público en la práctica en los últimos tres años 73 . Finlandia está organizando una formación adaptada para abordar los riesgos en la contratación pública. En Eslovenia , los esfuerzos han seguido aumentando la transparencia mediante la mejora del registro de contratación pública para incluir información más detallada sobre todo el ciclo de vida de los contratos públicos. En Lituania , se está ultimando la puesta en marcha de un nuevo sistema de contratación pública electrónica, con la intención de crear vínculos con otros registros estatales para facilitar su uso.

2.3. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La existencia de un entorno mediático libre y pluralista es fundamental para salvaguardar el Estado de Derecho, ya que los medios de comunicación independientes y libres tienen poder y las instituciones deben rendir cuentas cuando desempeñan su papel de guardianes de la democracia. La presión y el control políticos o estatales sobre los medios de comunicación socavan la libertad de prensa y la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Un mercado muy concentrado dominado tan solo por unos pocos operadores también puede socavar el pluralismo de los medios de comunicación, en particular en ausencia de salvaguardias sólidas para la independencia editorial. En la UE, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar un entorno propicio para los periodistas, proteger su seguridad y fomentar el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación.

El Media Pluralism Monitor 74 evalúa los riesgos para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros, centrándose en cuatro ámbitos: la protección fundamental de la libertad de los medios de comunicación, la pluralidad del mercado, la independencia política y la inclusión social de los medios de comunicación. Los últimos resultados del Instrumento (MPM 2023) ponen de manifiesto que no se han producido cambios importantes en estos ámbitos desde el último informe del MPM, aunque se han producido algunas variaciones en los indicadores específicos dentro de esas áreas generales. Los indicadores relativos a la profesión periodística y a la protección de los periodistas y al acceso a la información se mantienen en general sin cambios, registrando ambos los mismos porcentajes de riesgo medio. Se han producido algunas mejoras adicionales en el indicador relativo a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación debido también a la aplicación de la legislación de la UE por parte de varios Estados miembros. La concentración de los medios informativos 75 mantiene su nivel de «riesgo elevado» en toda la UE, mientras que el ámbito de la independencia política se mantiene en gran medida sin cambios, con un «riesgo medio». La clasificación general de este año clasifica el pluralismo de los medios de comunicación en «alto riesgo» en cinco Estados miembros y en «muy alto riesgo» en cuatro Estados miembros 76 .

Reforzar el funcionamiento independiente de los reguladores de los medios de comunicación

La independencia funcional y efectiva de los reguladores de los medios de comunicación es esencial para defender el pluralismo de los medios de comunicación. Los reguladores de los medios de comunicación también necesitan recursos suficientes y deben poder ejercer sus competencias de manera imparcial y transparente. Todos los Estados miembros disponen de legislación que establece las competencias y la independencia de los reguladores de los medios de comunicación, ya que la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual incluye una lista clara de requisitos que los Estados miembros deben garantizar con respecto a sus reguladores de los medios de comunicación: independencia del Gobierno, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, recursos adecuados, procedimientos de nombramiento y destitución y mecanismos de recurso eficaces 77 . La Comisión está evaluando en detalle la transposición de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de los Estados miembros, también en relación con la independencia de los reguladores de los medios de comunicación.

Desde el informe sobre el Estado de Derecho en 2022, Chequia , Lituania e Irlanda han seguido a otros Estados miembros adoptando disposiciones para aumentar la independencia de las autoridades de los medios de comunicación o ampliar las competencias de las autoridades para abarcar nuevos ámbitos. Estonia , España y Suecia ya han iniciado o preparan un proceso de reestructuración.

Persiste la preocupación por la eficacia o la independencia funcional de los reguladores en la práctica en varios Estados miembros. Algunas de estas preocupaciones conciernen la falta de suficientes salvaguardias contra influencias políticas indebidas en el proceso de nombramiento o en el funcionamiento de los reguladores, como es el caso de Hungría , Eslovenia y Polonia . En Grecia y Rumanía , los recursos siguen siendo insuficientes para que las autoridades lleven a cabo plenamente sus tareas 78 .

Aumentar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación

Los propietarios de un medio de comunicación pueden ejercer un control directo o indirecto sobre las decisiones editoriales y sobre los contenidos informativos ofrecidos o a una influencia significativa sobre ellos. Por lo tanto, la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación permite a los usuarios realizar juicios mejor informados. Las normas europeas 79 instan a los Estados miembros a adoptar medidas específicas en este ámbito 80 . Desde el último informe, en Grecia , Luxemburgo , y Suecia se ha adoptado nueva legislación que aumenta la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación o aumenta la disponibilidad pública de la información sobre la propiedad de los medios de comunicación, y se ha fortalecido la legislación que ya existía en Chipre . Han proseguido las reflexiones en Bulgaria con vistas a garantizar un cumplimiento más eficaz de las obligaciones de propiedad de los medios de comunicación. Siguiendo las recomendaciones del informe de 2022, el regulador de los medios de comunicación en Chequia ha recibido derechos adicionales de acceso a los datos sobre la propiedad de los medios de comunicación en poder del Ministerio de Justicia, pero sigue pendiente una legislación que aclare la definición de propiedad. Los debates sobre la revisión de las normas sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación han comenzado en Francia , donde se han planteado problemas de transparencia en relación con las complejas estructuras accionariales 81 .

Proteger a los medios de comunicación de la presión y la influencia políticas

La presión política y la influencia política indebidas sobre los medios de comunicación, en particular por parte de las autoridades estatales y los partidos en el poder, socavan la independencia de los medios de comunicación y, por tanto, pueden afectar negativamente al Estado de Derecho. A este respecto, revisten especial importancia unas normas transparentes para la asignación equitativa de la publicidad estatal y unas sólidas salvaguardias para evitar la politización de los medios de comunicación públicos.

La publicidad estatal incluye todos los usos del presupuesto del Estado, a todos los niveles, o de las empresas estatales a efectos de publicidad y campañas. Es importante que las asignaciones sean transparentes y se realicen sobre la base de criterios justos, a fin de evitar el riesgo de que la publicidad estatal se utilice como medio de influencia política y de movilización de fondos para favorecer a determinados canales de comunicación. Se han producido avances en varios Estados miembros en consonancia con las recomendaciones del informe de 2022, pero queda trabajo por hacer. En Austria , el Parlamento aprobó una ley para mejorar la transparencia de la publicidad estatal, aunque sigue sin abordar la equidad de su asignación. En Bulgaria , se creó un grupo de expertos para examinar la cuestión, ya que la falta de un marco claro para garantizar la transparencia en las asignaciones de la publicidad estatal sigue siendo motivo de preocupación. En Lituania , una nueva ley obliga a las instituciones y organismos públicos a publicar información en línea sobre los fondos que han asignado a la publicidad estatal.

En otros Estados miembros, se necesitan medidas para aumentar la transparencia y la equidad de la publicidad estatal. En Hungría , no se ha adoptado ni previsto ninguna medida para regular y, de este modo, aumentar la equidad de la canalización de los importantes volúmenes de publicidad estatal a los medios de comunicación. En Croacia , no se han tomado nuevas medidas desde la última reforma legislativa, en 2021, para reforzar aún más el marco del procedimiento de licitación pública para la publicidad estatal en los medios de comunicación locales y regionales 82 .

Un marco regulador y salvaguardias que garanticen la independencia de la gobernanza y la independencia editorial de los medios de comunicación públicos son fundamentales para evitar interferencias políticas. La financiación concedida a los organismos de radiodifusión para la prestación de este servicio público es responsabilidad de cada Estado miembro, siempre que se respeten las normas comerciales y de competencia de la UE 83 . Sin embargo, todos los Estados miembros han acordado un conjunto de normas y principios rectores europeos relativos a la independencia, el marco normativo y político, la financiación, los nombramientos, la rendición de cuentas, la gestión, la transparencia y la apertura en este ámbito 84 .

En varios Estados miembros se están llevando a cabo reformas destinadas a reforzar la independencia de los organismos públicos de radiodifusión nacionales. En Luxemburgo , la legislación ha consagrado una nueva emisora de radio de servicio público, reforzando su independencia, aclarando su misión y proporcionando un marco financiero estable. En Eslovenia , se adoptó una nueva ley para reformar la estructura de gobernanza de los medios de comunicación públicos e introdujo salvaguardias para su independencia. En Alemania , se han acordado modificaciones relativas a las competencias de los organismos públicos de radiodifusión y se están preparando nuevos cambios para mejorar los mecanismos de cumplimiento y control. Estonia aumentó los recursos asignados a los medios de comunicación públicos. En Eslovaquia , se ha mejorado la gobernanza independiente de los medios de comunicación públicos, pero su financiación sostenible sigue siendo motivo de preocupación. En Chequia , se espera que una ley recientemente adoptada refuerce la independencia de los organismos de supervisión de los medios de comunicación de servicio público. Se están debatiendo reformas en Chipre , Irlanda y Suecia . Sin embargo, no se han adoptado medidas para mejorar la gobernanza independiente y la independencia editorial de los medios de comunicación de servicio público en Rumanía ,  Malta , Polonia y Hungría 85 .

Acceso a la información

El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es uno de los principales instrumentos de transparencia y rendición de cuentas a disposición de la sociedad civil y los ciudadanos, y es fundamental para que los periodistas realicen su trabajo. El informe de 2022 contenía una serie de recomendaciones en este ámbito. Desde la publicación del informe, varios Estados miembros han propuesto o introducido legislación o prácticas establecidas que se espera que faciliten el derecho de acceso a la información pública o que aclaren uno o varios aspectos de este derecho. En Chequia , se han introducido modificaciones en la ley que regula el acceso a la información en poder de las autoridades públicas. En Lituania , se adoptaron medidas para mejorar el acceso de los periodistas a la información en poder de las autoridades públicas. En Eslovaquia , la Ley de Libertad de Información ha sido modificada para ampliar la lista de entidades que deben facilitar el acceso a la información. En España , el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley sobre el acceso a la información. En Hungría , se espera que una nueva reforma facilite el acceso a la información pública, incluso haciendo excepcional el cobro de tasas. Luxemburgo ha tomado medidas para reducir los retrasos en la tramitación de las solicitudes de los periodistas para la divulgación de documentos oficiales, aunque todavía no se dispone de una clara opción acelerada para los periodistas. En Croacia , se ha revisado la legislación sobre el acceso general a la información y a los documentos públicos, aunque en algunos casos los retrasos siguen siendo un problema en la práctica. Alemania ha iniciado los preparativos internos para dar seguimiento al plan de establecer en la legislación el derecho de la prensa a la información por lo que respecta a las autoridades federales.

Las cuestiones destacadas en el informe del año pasado siguen sin abordarse en algunos Estados miembros. En Malta , donde los ciudadanos y los medios de comunicación siguen encontrando obstáculos para solicitar acceso a la información, sigue pendiente la revisión de la Ley de libertad de información. En Austria , aunque prosiguieron las consultas, no se ha avanzado en lo que respecta a las modificaciones previstas de la legislación sobre libertad de información. En Finlandia se presentó una propuesta para reformar la ley, aclarando las excepciones al acceso a los documentos en los procesos penales, pero esta aún no se ha incorporado a la legislación 86 .

Mejorar la seguridad y la protección de los periodistas y hacer frente a las amenazas legales y los procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública

Las amenazas a la seguridad física, los ataques en línea, las campañas de difamación, las amenazas legales y la censura comprometen la seguridad de los periodistas, aunque en 2022 la Plataforma del Consejo de Europa registró una disminución (de un 25 %) de las alertas en los Estados miembros de la UE en comparación con 2021 87 . La Recomendación de la Comisión de 2021 sobre la seguridad de los periodistas 88 incluye medidas relativas a: la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de delitos; mecanismos de respuesta y apoyo independientes; el acceso a los locales y a la información; la seguridad durante las manifestaciones; la formación y la seguridad en línea; y el empoderamiento digital. En los próximos meses, se espera que los Estados miembros informen sobre las medidas adoptadas para aplicar esta recomendación 89 .

Varios Estados miembros han adoptado medidas para mejorar la seguridad de los periodistas, en consonancia con las recomendaciones del informe de 2022. En Grecia , se ha creado un grupo de trabajo especializado, cuya labor incluye la creación de un observatorio para registrar las amenazas y los ataques contra periodistas y un centro internacional de formación específico para la seguridad de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación. En Bélgica se han puesto en marcha medidas como la formación para periodistas, la asistencia jurídica y no jurídica ad hoc y una plataforma para denunciar atentados. En Suecia , el Gobierno ha tomado medidas para aumentar la protección penal de los periodistas, ya que se ha informado de un número creciente de casos de incitación al odio, amenazas e insultos. En Finlandia , el Código Penal se ha modificado para hacer frente a las amenazas en línea dirigidas contra las periodistas, haciendo más eficaces las órdenes de alejamiento contra los autores. En Irlanda , el sindicato nacional de periodistas y otras organizaciones de medios de comunicación crearon un «grupo de participación de los medios de comunicación» con la policía nacional para debatir las amenazas y la violencia contra los periodistas y supervisar su seguridad, con la intención de servir de sistema de denuncia directa a la policía. En otros Estados miembros, las reformas siguen pendientes.

Las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) son una forma particular de acoso que se utiliza contra periodistas y defensores de los derechos que realicen actos de participación pública relativos a asuntos de interés general. Se necesitan salvaguardias eficaces para evitar que tal acoso silencie a los periodistas y cree un efecto disuasorio sobre la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión 90 .

La difamación es uno de los motivos más comunes por los que se interponen DECPP contra periodistas. Para hacer frente a la amenaza de las DECPP y responder a las recomendaciones del informe de 2022, varios Estados miembros prevén la introducción de garantías procesales específicas o la revisión de sus leyes sobre difamación. En Lituania se adoptó una legislación destinada a permitir la pronta desestimación de tales casos y a revisar la responsabilidad penal por difamación. En Italia , se han iniciado los trabajos para reformar las disposiciones sobre difamación y protección del secreto profesional y las fuentes periodísticas. En Eslovaquia , se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley destinado a reforzar la protección de los periodistas, en particular modificando las disposiciones de Derecho penal en materia de difamación. Las reformas anunciadas están pendientes en Malta e Irlanda 91 .

2.4. Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Un sistema de contrapoderes institucionales que funcione correctamente garantiza que el poder ejercido por un poder estatal esté sujeto al control de los demás. Aunque los modelos nacionales pueden variar de un Estado miembro en función de sus distintas tradiciones constitucionales, todos ellos deben estar sujetos a un sistema de este tipo para garantizar el respeto del Estado de Derecho y las normas democráticas. Una parte importante del sistema de contrapoderes institucionales es el importante papel de las instituciones y organizaciones que aportan una voz independiente. El 1 de junio de 2023 entró en vigor en Polonia una ley por la que se faculta a un comité administrativo para evaluar y decidir si se debe privar a las personas del derecho a ocupar cargos públicos durante un período de hasta diez años, lo que suscita serias dudas de que pueda utilizarse para afectar a la posibilidad de que las personas se presenten a un cargo público. Se están estudiando enmiendas 92 .

La inclusividad, la calidad y la transparencia de la elaboración de las normas y del proceso legislativo

Siguiendo la tendencia observada en las ediciones anteriores del informe sobre el Estado de Derecho y las recomendaciones del informe de 2022, en varios Estados miembros se han logrado avances y se sigue trabajando para mejorar la calidad del proceso legislativo y garantizar una participación adecuada de las partes interesadas y de la sociedad civil. En Estonia , se está poniendo en marcha una nueva plataforma digital para seguir mejorando el proceso de promulgación de leyes, con características adicionales para incluir mejor a las partes interesadas. En Luxemburgo , se adoptó una reforma constitucional que introducía la posibilidad de iniciativas legislativas de los ciudadanos. En Portugal , se modificaron las normas de evaluación de impacto para seguir mejorando la calidad de la legislación y aumentar la transparencia del procedimiento legislativo. En Letonia , se adoptaron medidas para aumentar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel local, a través de una nueva ley sobre el gobierno local. En Rumanía , los nuevos instrumentos tienen por objeto mejorar la transparencia y la calidad de la toma de decisiones y la legislación. En Dinamarca , el Gobierno se ha comprometido a dar seguimiento a un acuerdo político para reforzar el control del Gobierno por parte del Parlamento.

Algunos Estados miembros han introducido medidas en este ámbito que se encuentran en una fase temprana o aún no han producido los resultados esperados. En Hungría , se espera que las modificaciones de las normas sobre consultas públicas mejoren el proceso legislativo, pero su impacto práctico aún debe evaluarse. En Chipre , la creación de una plataforma electrónica de consultas públicas tiene por objeto aumentar la accesibilidad y la transparencia en el proceso legislativo, al tiempo que se requieren nuevas medidas para garantizar una consulta efectiva y oportuna con las partes interesadas. En Bulgaria , persisten las preocupaciones relativas al proceso legislativo en relación con la aplicación en la práctica de las nuevas normas procesales.

Una participación inclusiva de las partes interesadas basada en normas formales contribuye a mejorar la transparencia del procedimiento legislativo y la calidad de sus resultados. En varios Estados miembros siguen señalándose dificultades en relación con la falta de marcos formales para consultar a las partes interesadas o su aplicación insuficiente en la práctica. Malta carece de un proceso formalizado para la participación pública en el proceso legislativo, mientras que en Grecia el tiempo asignado a las consultas públicas es en ocasiones insuficiente. En otros Estados miembros se han planteado preocupaciones en relación con las prácticas legislativas. En España , si bien existen salvaguardias que garantizan la consulta pública sobre las propuestas legislativas elaboradas por el Gobierno, existen preocupaciones en relación con determinadas prácticas en el Parlamento que pueden afectar a la calidad de la legislación. En Eslovaquia , el nivel de participación de las partes interesadas en el proceso legislativo sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en relación con el uso de procedimientos acelerados y propuestas parlamentarias. En Polonia persiste la práctica de adoptar leyes a través de procedimientos que solo requieren una consulta limitada. En el marco de su Plan de Recuperación y Resiliencia, Polonia se ha comprometido a modificar el Reglamento interno del Sejm, el Senado y el Consejo de Ministros para mejorar el uso de las consultas públicas y las evaluaciones de impacto en el proceso legislativo. En Rumanía , sigue habiendo margen de progreso para garantizar una consulta pública eficaz, y el Gobierno se ha comprometido a mejorar el proceso. En Luxemburgo , el proceso legislativo no ha mejorado en términos de apertura de las consultas públicas 93 .

Cambios importantes de los Tribunales Supremos y Constitucionales en cuanto a los contrapoderes institucionales

La justicia constitucional es un componente clave del sistema de contrapoderes institucionales en una democracia constitucional. Las jurisdicciones constitucionales desempeñan un papel clave en la aplicación efectiva del Derecho de la Unión y en la garantía de la integridad del ordenamiento jurídico de la Unión. Por lo tanto, si bien su establecimiento, composición y funcionamiento son competencia de los Estados miembros, en el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros están obligados a cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión y, en particular, los valores en los que se fundamenta la Unión 94 . En Polonia , las serias preocupaciones relacionadas con el Tribunal Constitucional han llevado a la Comisión a llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia por violaciones del Derecho de la UE por parte del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia 95 .

Se pueden observar novedades importantes en otros Estados miembros. A partir de julio de 2023, Chipre cuenta con un nuevo Tribunal Constitucional Supremo, competente para evaluar la constitucionalidad de las leyes en el contexto de asuntos específicos que se le someten. En Portugal y en España , se nombraron con retraso nuevos jueces para los respectivos tribunales constitucionales. En Hungría , las autoridades públicas ya no pueden recurrir al Tribunal Constitucional, sino que aún pueden revisar las resoluciones definitivas de los tribunales ordinarios.

En algunos Estados miembros, los tribunales constitucionales han adoptado importantes decisiones relativas a la organización de los sistemas judiciales nacionales. En Lituania , el Tribunal Constitucional aclaró los principios relativos a la destitución de los jueces de los tribunales superiores, reafirmando el papel del Consejo Judicial. En Portugal , se pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre el impacto del proyecto de ley sobre los colegios profesionales en la independencia de los abogados, que consideró compatible con la Constitución.

Cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho relacionadas con la declaración de estados de emergencia

A medida que se levantaron gradualmente las medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19, en algunos Estados miembros, como Bélgica y Lituania , se siguió pidiendo a los tribunales constitucionales que garantizaran que las medidas adoptadas respetasen las normas constitucionales. El proceso de extraer lecciones del uso de los estados de emergencia durante la pandemia de COVID-19 para iniciar reformas ha continuado en algunos Estados miembros. En Portugal , se está debatiendo una nueva base jurídica para las medidas de emergencia, también en el contexto de la revisión constitucional en curso. En Finlandia , se adoptó una enmienda a la Ley de poderes de excepción, que sienta las bases para una declaración del estado de emergencia también en caso de amenazas híbridas graves. 

El uso de competencias de emergencia también ha continuado en relación con otras crisis, lo que ha suscitado preocupación en algunos casos. En Letonia , se mantuvo el estado de excepción que restringía el acceso a la frontera entre Letonia y Bielorrusia, también para los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. En Hungría , el Gobierno ha seguido haciendo un amplio uso de sus competencias de emergencia desde 2020, socavando la seguridad jurídica y afectando a las actividades y la estabilidad de las empresas en el mercado único.

El papel de los Defensores del Pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos, los organismos de igualdad y otras autoridades independientes como elementos esenciales del sistema de contrapoderes institucionales

Las instituciones nacionales de derechos humanos («INDH») 96 , los defensores del pueblo 97 , los organismos para la igualdad 98 y otras autoridades independientes han seguido desempeñando un papel importante en los sistemas nacionales de contrapoderes institucionales. En algunos Estados miembros, se ha reforzado aún más el estatuto de estos organismos y se ha puesto de relieve su importancia en situaciones delicadas. En Chipre , tras el refuerzo de su marco regulador, el Defensor del Pueblo pasó a ser una INDH de categoría A. En Eslovaquia , un nuevo Defensor del Pueblo entró en funciones tras un período prolongado de vacantes, y se adoptó una enmienda constitucional para evitar esta situación en el futuro. En Luxemburgo , el Defensor del Pueblo fue inscrito en la Constitución, tras la adopción de una reforma constitucional. En Portugal , la reorganización de la Oficina del Defensor del Pueblo ha permitido una gestión más eficaz de la carga de trabajo y una mayor atención a los ámbitos prioritarios, y se ha evaluado positivamente. En Polonia , se han realizado algunos avances para mejorar el marco en el que actúa el Defensor del Pueblo en relación con la financiación. En Eslovenia se han introducido salvaguardias legislativas para la autonomía presupuestaria de los organismos independientes.

Sin embargo, en otros Estados miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos siguen enfrentándose a dificultades. En Lituania , sigue preocupando la adecuación de los recursos humanos y financieros asignados a la Oficina de los Defensores del Pueblo Parlamentarios. En Hungría persiste la preocupación por la independencia y el funcionamiento efectivo del Comisario de Derechos Fundamentales. En Croacia , aunque el seguimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo ha mejorado, siguen existiendo algunas dificultades para garantizar el acceso a la información 99 .

En los cuatro Estados miembros que hasta ahora no han establecido una INDH en consonancia con los Principios de París de las Naciones Unidas, se han realizado progresos diversos y las recomendaciones del informe de 2022 solo se han aplicado parcialmente. En Italia , se presentaron proyectos de ley para crear una institución nacional de derechos humanos mediante la concesión de competencias adicionales a la autoridad de protección de datos existente, así como la propuesta de crear una entidad separada mediante un cambio constitucional. En Chequia , se está preparando una enmienda para confiar al Defensor del Pueblo la autoridad de una institución nacional de derechos humanos. Sin embargo, no se ha avanzado en Malta  en la creación de una INDH, ni en Rumanía en la obtención de la acreditación de la INDH existente 100 .

Los retrasos en los nombramientos de varias autoridades independientes han surgido como un reto en varios Estados miembros, entre ellos Bulgaria , España y Austria . En Polonia , no se adoptó ninguna medida para garantizar un seguimiento más sistemático de las conclusiones de la Oficina Superior de Auditoría y el rápido nombramiento de los miembros de su Colegio, poniendo en peligro el funcionamiento eficaz de la Oficina Superior de Auditoría 101 .

Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Incluido en el informe sobre el Estado de Derecho por primera vez el año pasado, el historial de ejecución de sentencias destacadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un indicador importante para el funcionamiento del Estado de Derecho en un país. Por lo tanto, los capítulos por países incluyen de nuevo indicadores sistemáticos sobre la aplicación de las sentencias principales del TEDH por parte de todos los Estados miembros, mostrando también el cambio con respecto al año pasado 102 . Los resultados siguen variando de un Estado miembro a otro. En general, alrededor del 40 % de las principales sentencias del TEDH relativas a los Estados miembros de la UE de los últimos diez años no se han ejecutado 103 , porcentaje similar al del año pasado.

Marco propicio para la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los defensores de los derechos humanos son esenciales para hacer realidad y proteger los valores y derechos consagrados en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Reconociendo el papel esencial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en el fomento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales sobre el terreno, la Comisión dedicó el informe anual de 2022 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales al tema del espacio cívico 104 .

En la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable para la sociedad civil y el espacio de la sociedad civil sigue considerándose «abierto» 105 , y se están realizando nuevos esfuerzos para mejorar su situación. En Malta , prosigue la cartografía del sector del voluntariado, cuyo objetivo era establecer un marco regulador propicio para el espacio de la sociedad civil. En Irlanda , se está trabajando para abordar los obstáculos jurídicos a la financiación de las organizaciones de la sociedad civil. En Bulgaria , el Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil ha empezado a funcionar y está trabajando en la creación de un mecanismo nacional de financiación para el sector. En Lituania , las organizaciones no gubernamentales están cada vez más reconocidas como socios en los procesos de toma de decisiones. En Alemania , el Gobierno tiene la intención de presentar una propuesta legislativa para aclarar el carácter exento de impuestos de las organizaciones sin ánimo de lucro, aunque todavía no se han tomado medidas concretas. En Suecia , queda por determinar el impacto que tendrán en la participación de la sociedad civil las reformas del marco jurídico para la financiación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, al igual que en informes anteriores, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se han enfrentado cada vez más a retos relacionados con la reducción del espacio cívico, y algunas de las recomendaciones del informe de 2022 solo se han aplicado parcialmente. En Chipre , las OSC se enfrentan a dificultades debido a las cargas financieras y administrativas. En Grecia , la situación de la sociedad civil suscita preocupación, en particular en relación con las organizaciones que trabajan en ámbitos específicos. En España , no tuvieron éxito en el Parlamento las negociaciones sobre los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana, que podrían haber abordado las preocupaciones sobre el impacto de la ley en el espacio cívico. En Italia se introdujeron mejoras en las normas sobre concesiones fiscales y financieras para las organizaciones de la sociedad civil, aunque se adoptaron varios nuevos decretos que podrían afectar negativamente a su trabajo. En Francia , aunque el entorno financiero para las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo favorable, las partes interesadas están manifestando su preocupación por la aplicación de la legislación que supedita el acceso a la financiación pública al cumplimiento de los valores fundamentales de la República Francesa.

En algunos Estados miembros, la sociedad civil sigue enfrentándose a graves retos o a restricciones sistemáticas de su espacio operativo. En Hungría , los obstáculos siguen afectando a las organizaciones de la sociedad civil, que siguen bajo presión. Persiste la preocupación por el papel del Estado en la financiación de la sociedad civil. En Polonia , no se ha avanzado en la mejora del espacio cívico y las partes interesadas han expresado su preocupación por los continuos ataques a ONG por parte de representantes de las autoridades públicas, en particular de organizaciones implicadas en la prestación de ayuda humanitaria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, activistas del aborto y representantes de la comunidad LGBTIQ 106 .

Controles y equilibrios nacionales en relación con el uso de programas espía

Incluso cuando el uso de programas espía está vinculado a la seguridad nacional, es necesario establecer controles y equilibrios nacionales para garantizar la existencia de salvaguardias. Deben respetarse derechos fundamentales como la protección de los datos personales, la libertad de recibir y comunicar información, la libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, de conformidad con el Derecho de la UE, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales.

Sobre la base del informe del año pasado, en 2023 se detectaron nuevos avances en relación con el presunto uso ilegal de programas espía (como «Pegasus» y programas espía de vigilancia equivalentes) contra periodistas, abogados, políticos nacionales, diputados al Parlamento Europeo y ciudadanos en varios Estados miembros. Aunque los Estados miembros son competentes para garantizar su seguridad nacional, al hacerlo deben aplicar la legislación pertinente de la UE, en particular la jurisprudencia del TJUE. El Estado de Derecho exige que el recurso a dichas herramientas por parte de los servicios de seguridad de los Estados miembros esté sujeto a un control suficiente y respete plenamente el Derecho de la UE, incluidos derechos fundamentales como la protección de los datos personales y la libertad de expresión, así como la seguridad de los periodistas. En Grecia , la cuestión de la vigilancia mediante escuchas telefónicas y programas espía ha sido objeto de investigación por parte de autoridades judiciales e independientes. En Hungría , el despliegue de programas espía dirigidos a determinados periodistas de investigación y profesionales de los medios de comunicación siguió siendo motivo de grave preocupación y se han planteado nuevas preocupaciones debido a la falta de una supervisión eficaz del uso de medidas de vigilancia secreta al margen de los procesos penales. En Polonia , se detectó un nuevo caso de uso del software Pegasus, y el Defensor del Pueblo y el presidente de la Oficina Superior de Auditoría plantearon dudas al respecto. 

3.EVOLUCIÓN Y ACTUACIONES A ESCALA DE LA UE POR LO QUE SE REFIERE AL ESTADO DE DERECHO

3.1Diálogo y seguimiento del informe sobre el Estado de Derecho

Diálogo interinstitucional

El Consejo prosiguió su diálogo anual sobre el Estado de Derecho sobre la base del informe sobre el Estado de Derecho. El debate horizontal sobre la evolución general del Estado de Derecho tuvo lugar en septiembre de 2022 en el Consejo de Asuntos Generales, al que siguieron debates específicos por país en diciembre de 2022 107 y marzo de 2023 108 . El primer ciclo completo, de veintisiete Estados miembros, concluyó, por tanto, durante la Presidencia sueca, y se puso en marcha al mismo tiempo un segundo ciclo. El proceso en el Consejo será objeto de una evaluación durante el segundo semestre de 2023, tal como se establece en las conclusiones de la Presidencia finlandesa de 2019 109 .

Como en años anteriores, el Consejo de Justicia también mantuvo debates específicos sobre temas relacionados con el Estado de Derecho, en los que los ministros intercambiaron impresiones sobre la formación judicial y su impacto en el acceso a la justicia en octubre de 2022, y sobre los obstáculos al acceso a la justicia en marzo de 2023. Los Estados miembros destacaron la utilidad del diálogo para compartir experiencias y mejores prácticas de manera abierta y transparente.

El Estado de Derecho siguió siendo una prioridad para el Parlamento Europeo. En su Resolución sobre el informe sobre el Estado de Derecho en 2022, adoptada el 30 de marzo de 2023 110 , el Parlamento Europeo acogió con satisfacción la inclusión de recomendaciones, subrayando al mismo tiempo la necesidad de un seguimiento eficaz. La Resolución también acogió con satisfacción la inclusión de nuevos temas y elogió a la Comisión por sus esfuerzos por colaborar con las partes interesadas nacionales. El Parlamento reitera su llamamiento a la Comisión para que la participación de la sociedad civil se lleve a cabo de manera coherente y significativa.

El Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo siguió organizando misiones de seguimiento a los Estados miembros 111 . En conjunto, el Grupo de Seguimiento visitó España, Eslovenia, Bulgaria, Francia, Grecia, Malta y Eslovaquia y mantuvo debates complementarios sobre sus conclusiones. También ha organizado una serie de debates temáticos, por ejemplo en relación con los hitos del Estado de Derecho en los planes de recuperación y resiliencia y la aplicación del mecanismo de condicionalidad del régimen general del Estado de Derecho y otros instrumentos presupuestarios para salvaguardar el respeto de los valores de la UE.

Por último, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), a través de su Grupo ad hoc sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, y el Comité de las Regiones, a través de su Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores, también han proseguido el diálogo sobre el Estado de Derecho a escala de la UE. En septiembre de 2022, el CESE organizó una conferencia acerca del Informe sobre el Estado de Derecho en 2022.

Diálogo con los Estados miembros

La Comisión ha proseguido su labor de acercamiento a las autoridades nacionales de los Estados miembros. Invitó a los Estados miembros que mostraron interés a celebrar reuniones técnicas de seguimiento para debatir las recomendaciones incluidas por primera vez en el informe de 2022. Varios Estados miembros han respondido positivamente y han participado en un diálogo técnico. Además, se celebran reuniones bilaterales periódicas a nivel político y los comisarios siguieron debatiendo el informe sobre el Estado de Derecho con representantes de los Parlamentos nacionales, cuyo papel como legisladores y a la hora de exigir responsabilidades al ejecutivo significa que tienen un papel especialmente importante en la defensa del Estado de Derecho.

La red de puntos de contacto para el Estado de Derecho creada en 2020 antes del primer informe sigue siendo un canal abierto para el debate periódico entre la Comisión y los Estados miembros, que se reúnen periódicamente 112 . La red desempeña un papel activo en el ciclo anual del informe sobre el Estado de Derecho y en los intercambios de buenas prácticas, también con aportaciones de otras organizaciones internacionales.

Diálogo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y apoyo a las mismas

La sociedad civil sigue siendo un socio clave en la elaboración del informe anual sobre el Estado de Derecho. La Comisión sigue recibiendo un gran número de contribuciones escritas de las organizaciones de la sociedad civil y las invita a participar en reuniones como parte de las visitas a los países. La Comisión también ha organizado reuniones transversales con una serie de redes cívicas clave. Estas redes han formulado también recomendaciones conjuntas sobre el proceso para el informe sobre el Estado de Derecho 113 . La Comisión ha respondido ampliando aún más la duración del período de consulta a las partes interesadas y aumentando la transparencia, publicando con antelación información sobre el proceso de visita al país y las fechas en su sitio web 114 .

Tras la adopción del informe sobre el Estado de Derecho en 2022, la Comisión, junto con la Agencia de los Derechos Fundamentales y las partes interesadas nacionales, ha organizado los primeros «diálogos nacionales sobre el Estado de Derecho» 115 . El objetivo es fomentar los debates a nivel nacional sobre la base del informe sobre el Estado de Derecho. Las Representaciones de la Comisión en los Estados miembros pertinentes reunieron a las partes interesadas y las autoridades nacionales en una mesa redonda, adaptando el enfoque al contexto nacional. La Comisión pretende implicar a otros Estados miembros en los diálogos nacionales sobre el Estado de Derecho tras la adopción del presente informe.

La Comisión seguirá estudiando la manera de aumentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las redes profesionales y otras partes interesadas en el ciclo del Estado de Derecho. A raíz de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y de los llamamientos del Parlamento Europeo, la evaluación de la evolución relacionada con el marco para la sociedad civil se ha profundizado a lo largo de las sucesivas ediciones del informe. El informe de este año abarca cuestiones relacionadas con la financiación, el marco jurídico, la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas y un entorno operativo libre y seguro para la sociedad civil.

Por último, a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV), la Comisión sigue apoyando a las OSC, en particular a las organizaciones locales más pequeñas que se enfrentan a limitaciones particulares. Casi un tercio del presupuesto disponible del programa (1 550 millones EUR) está reservado específicamente a las organizaciones de la sociedad civil, y al menos el 40 % de este presupuesto se asigna a nivel local y regional. Además del apoyo a proyectos específicos, también se prevén algunas subvenciones para apoyar el desarrollo de capacidades por parte de las organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo de estas.

3.2. Acción de la Unión para defender el Estado de Derecho

Nuevas iniciativas para luchar contra la corrupción, construir una cultura de integridad, apoyar la libertad de los medios de comunicación y defender la democracia

Los retos señalados en los anteriores informes sobre el Estado de Derecho han dado lugar a varias iniciativas nuevas de la UE. Estas iniciativas están elevando las normas y ayudando a promover y proteger el Estado de Derecho en la UE.

En un paquete de medidas adoptado el 3 de mayo de 2023 116 , la Comisión adoptó medidas decisivas para reforzar el marco jurídico e institucional en la lucha contra la corrupción. Una nueva propuesta tiene por objeto reforzar las normas que tipifican como delito los delitos de corrupción y armonizar las sanciones en toda la UE. Otra propuesta del Alto Representante, apoyada por la Comisión, crearía un régimen de sanciones de la política exterior y de seguridad común (PESC) específico para combatir los actos graves de corrupción en todo el mundo. Estas nuevas medidas hacen especial hincapié en la prevención y en la creación de una cultura de integridad. Estas medidas se complementaron con respecto a las instituciones de la UE cuando, en junio de 2023, la Comisión propuso un acuerdo conjunto para crear un órgano interinstitucional encargado de las cuestiones de ética, a fin de garantizar la confianza en la Unión y sus instituciones en lo que respecta a la ética, la transparencia y la integridad, y adoptó medidas para seguir aumentando la transparencia. Este organismo establecerá normas comunes sólidas para todas las instituciones de la UE 117 .

La protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE sigue siendo una prioridad clave 118 . En septiembre de 2022, la Comisión sentó un nuevo precedente al proponer un acto legislativo que establecía salvaguardias comunes de la UE para garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La propuesta de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación 119 incluye un conjunto de normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE, salvaguardias contra las injerencias políticas en las decisiones editoriales y normas específicas contra la implantación de programas espía contra periodistas. Se centra en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación públicos, así como en la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y de la asignación de la publicidad estatal. También dispone la obligación de adoptar medidas para proteger la independencia de los editores y revelar los conflictos de intereses.

El Parlamento Europeo ha creado una importante línea de trabajo sobre programas espía con una comisión de investigación para investigar el uso de Pegasus y programas espía de vigilancia equivalentes (Comisión PEGA). Su informe final fue aprobado en mayo de 2023 120 e incluía una firme condena del uso ilegal de programas espía. Las recomendaciones instaban a los Estados miembros a abordar las preocupaciones relativas al presunto uso ilegal de programas espía. También incluía recomendaciones de actuación a escala de la UE, con propuestas para la venta condicional y el uso de programas espía en la UE, la derogación de las licencias de exportación que no cumplen la legislación de la UE y normas comunes de la UE para regular el uso de programas espía 121 . La Comisión está evaluando detenidamente la posición final y las recomendaciones del Parlamento Europeo.

Para abordar las cuestiones y los retos a los que se enfrentan muchos organismos para la igualdad y reforzar su papel y su independencia en todos los Estados miembros, la Comisión Europea adoptó en diciembre de 2022 dos propuestas legislativas sobre el establecimiento de normas para el funcionamiento eficaz de los organismos para la igualdad 122 .

Defender el Estado de Derecho utilizando todas las herramientas disponibles

El informe anual sobre el Estado de Derecho complementa una serie de otros mecanismos e instrumentos a escala de la UE, cada uno con su propio propósito.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Estado de Derecho siguió consolidando y el TJUE ha examinado los procedimientos de infracción presentados por la Comisión y las peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales nacionales. En un asunto reciente, el TJUE afirmó que el órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial, y que las normas que rigen el control de la actuación de su director deben concebirse de manera que disipen cualquier duda razonable 123 . Más recientemente, el 5 de junio de 2023, el TJUE aclaró aún más los requisitos de la Unión en materia de independencia judicial y declaró que todas las disposiciones impugnadas de la ley adoptada por el Parlamento polaco en diciembre de 2019 infringen el Derecho de la Unión, en particular los principios de independencia judicial y de tutela judicial efectiva 124 .

La Comisión ha seguido ejerciendo su papel de guardiana de los Tratados de la UE incoando procedimientos de infracción para abordar violaciones específicas del Estado de Derecho 125 . En su Comunicación «Hacer cumplir el Derecho de la UE para una Europa que ofrezca resultados» de 2022, la Comisión subrayó que la UE es una comunidad de Derecho basada en valores comunes compartidos por los Estados miembros, por lo que aplicar y hacer cumplir el Derecho de la UE y el respeto del Estado de Derecho constituyen su núcleo 126 .

El procedimiento para defender los valores comunes de la UE establecidos en el artículo 7 del TUE, que permite al Consejo constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores de la UE y hacer un seguimiento de dichos riesgos, sigue su curso en relación con Polonia 127 y Hungría 128 . El Consejo celebró audiencias sobre Polonia en mayo de 2023 y sobre Hungría en noviembre de 2022 y mayo de 2023.

El respeto del Estado de Derecho sigue siendo una condición previa fundamental para la buena gestión de los fondos de la UE. Desde el 1 de enero de 2021, el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (Reglamento sobre condicionalidad) protege la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión frente a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho. Como resultado del procedimiento iniciado por la Comisión 129 , el 15 de diciembre de 2022, el Consejo adoptó una Decisión de Ejecución 130 relativa a las medidas para la protección del presupuesto de la UE frente a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho en Hungría 131 .

Una serie de cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, en particular en lo que se refiere a la eficacia de los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la calidad e inclusividad del proceso legislativo, también forman parte del Semestre Europeo, donde tienen importancia macroeconómica y repercuten en el entorno empresarial, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Para abordar una serie de recomendaciones específicas por país pertinentes para el Estado de Derecho en el marco del Semestre Europeo mediante reformas concretas y medidas de inversión, la Comisión acordó con varios Estados miembros incluir hitos y objetivos concretos en sus planes de recuperación y resiliencia. Posteriormente, fueron aprobadas formalmente por el Consejo y ahora se están aplicando gradualmente.

En el paquete de primavera del Semestre Europeo de 2023, la Comisión ha propuesto al Consejo nuevas recomendaciones a dos Estados miembros relacionadas con el Estado de Derecho 132 . La Comisión también presta apoyo técnico a los Estados miembros, en particular a través del Instrumento de Apoyo Técnico, para mejorar la eficiencia y la calidad de la administración pública y la justicia y abordar cuestiones como la corrupción. La Comisión sigue promoviendo la reforma judicial a través del cuadro anual de indicadores de la justicia en la UE. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 133 incluye varios indicadores nuevos, por ejemplo, sobre los organismos que participan en la lucha contra la corrupción o los nombramientos de fiscales generales y presidentes de tribunales supremos. También incluye datos de encuestas sobre cómo perciben las empresas la eficacia de la protección de las inversiones en los distintos Estados miembros 134 . El Semestre Europeo y el cuadro de indicadores de la justicia complementan el informe sobre el Estado de Derecho y ambos se incorporan al informe cuando procede.

En 2007, se creó el Mecanismo de Cooperación y Verificación para cubrir los avances en Bulgaria y Rumanía en lo que respecta a la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y (en el caso de Bulgaria) la lucha contra la delincuencia organizada. La cooperación y los informes de la Comisión en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación han sido decisivos para fomentar las reformas en estos ámbitos en Bulgaria y Rumanía desde su adhesión a la UE.

El informe de la Comisión concluyó que ambos Estados miembros habían cumplido satisfactoriamente las obligaciones establecidas en el Mecanismo de Cooperación y Verificación en el momento de la adhesión 135 . Ya se han dado pasos finales residuales, y la Comisión está poniendo en marcha los últimos pasos hacia el cierre definitivo del Mecanismo de Cooperación y Verificación para ambos Estados miembros.

La cooperación con Bulgaria y Rumanía tendrá lugar ahora en el marco del ciclo anual del informe sobre el Estado de Derecho, y en el contexto de otras partes del conjunto de instrumentos sobre el Estado de Derecho, como en el caso de todos los Estados miembros.

3.3. Estado de Derecho en la acción exterior y la ampliación de la UE

El Estado de Derecho es un principio rector para la acción de la UE dentro y más allá de sus fronteras. Es fundamental para la acción de la UE a escala mundial, donde es prioritario trabajar con sus socios para defender los derechos humanos y reforzar las democracias. La UE se ha comprometido a defender el Estado de Derecho en sus relaciones bilaterales y de manera multilateral. Esto incluye el apoyo al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas 136 . El Estado de Derecho también es prioritario para la cooperación entre la UE y el Consejo de Europa. Las organizaciones internacionales, en particular los organismos clave del Consejo de Europa 137 y la OCDE, son socios importantes en la preparación del presente informe.

La labor de la EU sobre el Estado de Derecho se ha centrado aún más en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. La UE y sus Estados miembros son el mayor donante mundial de apoyo a la democracia, y este es un tema clave para trabajar con nuestros socios internacionales, como por ejemplo en los foros de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. El Estado de Derecho ocupó un lugar central en la segunda Cumbre por la Democracia celebrada en marzo de 2023, en la que participaron activamente la Comisión y un gran número de Estados miembros 138 . La Cumbre de Reikiavik del Consejo de Europa, impulsada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y su posterior expulsión del Consejo de Europa, brindó la oportunidad de reforzar el compromiso europeo con el Estado de Derecho. Entre los compromisos asumidos en la Declaración de la Cumbre se encontraba explorar la manera de reforzar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Venecia 139 .

En el marco del proceso de ampliación, los requisitos clave para la adhesión a la UE establecidos en los «criterios de Copenhague» incluyen la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia y el Estado de Derecho. El paquete de ampliación de octubre de 2022 140 evalúa los avances hacia la adhesión y el compromiso con las reformas del Estado de Derecho sigue siendo uno de los aspectos fundamentales de este proceso, junto con el funcionamiento de las instituciones democráticas y las reformas económicas y de la administración pública 141 .

Más allá de las negociaciones de adhesión, la prioridad concedida a las cuestiones relativas al Estado de Derecho es una característica central del diálogo general con todos los países candidatos y candidatos potenciales, independientemente de que se hayan iniciado o no las negociaciones. La decisión histórica de junio de 2022 de reconocer la perspectiva de adhesión a la UE de Ucrania y Moldavia y de concederles el estatuto de país candidato dio un nuevo impulso a las reformas cruciales en estos dos países, con una recomendación clara de cuáles son los demás ámbitos prioritarios de reforma. A pesar del catastrófico efecto de la actual agresión militar de Rusia, tanto Ucrania como Moldavia han seguido impulsando reformas. Las reformas del Estado de Derecho son también un tema central del trabajo iniciado tras el reconocimiento por parte de la UE de la perspectiva europea de Georgia; la UE también ha expresado su disposición a conceder el estatuto de país candidato a Georgia una vez que se hayan abordado las prioridades especificadas en el Dictamen de la Comisión de junio de 2022.

En el Consejo informal de Asuntos Generales de junio de 2023, la Comisión presentó oralmente información actualizada sobre los avances hacia el cumplimiento de las recomendaciones de reforma formuladas en junio de 2022. La Comisión informará ampliamente sobre estas reformas en el paquete de ampliación de otoño de 2023.

La UE es una firme defensora de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo, tal como demuestra el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 142 , en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 143 . Sobre esta base, la UE está adoptando un enfoque sólido y coherente en toda su acción exterior, a nivel bilateral, regional e internacional, con el fin de promover el Estado de Derecho en todo el mundo. La defensa del Estado de Derecho constituye el núcleo del compromiso de la UE con terceros países y organizaciones internacionales y regionales, y es uno de los fundamentos de todos los acuerdos de la UE con socios internacionales. Una evaluación independiente del apoyo de la UE al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en los países socios (2010-2021) 144 ha llegado a la conclusión de que la UE ha logrado avanzar en la agenda del Estado de Derecho, también en contextos restrictivos y en Estados frágiles y afectados por conflictos. Las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho, incluido el derecho a un juicio justo y a las garantías procesales, la prevención y la lucha contra la corrupción, y la independencia del poder judicial se plantean periódicamente en los diálogos sobre derechos humanos con los países socios. La UE apoya a los países socios en el refuerzo de los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción y el apoyo a la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación como agentes cruciales en la promoción del Estado de Derecho.

4.CONCLUSIONES Y PRÓXIMAS ETAPAS

Como valor fundacional de la Unión, el Estado de Derecho es fundamental para lograr un entorno político, económico y social estable, resiliente, justo y democrático en toda la UE. Es parte integrante de la propia identidad de la Unión Europea 145 . El Estado de Derecho es esencial para garantizar que los ciudadanos y las empresas de la UE puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Puesto que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania sigue propagándose, la necesidad de mantener y defender de forma proactiva la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la UE y fuera de ella es una prioridad fundamental.

El presente informe aporta una importante contribución a la promoción y la salvaguardia del Estado de Derecho en la UE, en cada Estado miembro y en la UE en su conjunto. Esto también queda ilustrado por el compromiso y la cooperación que los Estados miembros han demostrado una vez más en la preparación del informe de este año. El informe se ha convertido en un verdadero impulsor de reformas positivas: la edición de este año muestra que los Estados miembros están realizando importantes esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones del año anterior y abordar las deficiencias detectadas. Este proceso se está produciendo a distintas velocidades y distintos niveles de exhaustividad, dando lugar a algunas preocupaciones importantes en ciertos Estados miembros, pero en general, durante este año, se han aplicado, al menos en cierta medida, casi dos tercios de las recomendaciones formuladas en 2022 relativas a importantes reformas de los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otros contrapoderes institucionales. Las recomendaciones de 2023 tienen por objeto ofrecer más ayuda y apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos por llevar adelante las reformas en curso y determinar dónde pueden ser necesarias otras mejoras para abordar problemas particulares.

Con esta cuarta edición, el informe sobre el Estado de Derecho y el consiguiente ciclo de debates con los Estados miembros, incluidos los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y el Consejo, constituyen una práctica consolidada. La Comisión también espera con interés la evaluación del diálogo del Consejo sobre el Estado de Derecho durante la Presidencia española. Como ya hizo en el pasado, la Comisión ha elaborado el presente informe sobre la base de un diálogo continuo con los Estados miembros, preservando al mismo tiempo plenamente la responsabilidad política de su evaluación y de las recomendaciones formuladas. La próxima edición hará un seguimiento de la evolución de la situación y evaluará la aplicación de las recomendaciones de 2023.

Al inicio de un nuevo ciclo anual de diálogo sobre el Estado de Derecho, la Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a seguir celebrando debates generales y específicos por país sobre la base del presente informe, aprovechando también la oportunidad de las recomendaciones para seguir estudiando la aplicación concreta. La Comisión también acoge con satisfacción un mayor debate a nivel nacional, con la participación de los parlamentos nacionales, la sociedad civil y otros agentes clave, pero también a nivel europeo, con un mayor compromiso de los ciudadanos. La Comisión invita a los Estados miembros a hacer frente con eficacia a los retos señalados en el informe y está dispuesta a ayudarles en la labor de poner en práctica las recomendaciones del informe.

(1)      Se constató un avance significativo o la plena aplicación de más de una cuarta parte de las recomendaciones, y algunos avances en cerca del 40 % de las recomendaciones. No se observaron avances en el resto.

(2)      Reglamento 2020/2092 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 (DO L 433I de 22.12.2020).

(3) Los capítulos por país están disponibles aquí .

(4) Las recomendaciones se citan en las notas a pie de página del presente informe, se enumeran en el anexo por el orden de los pilares en los capítulos por país y se incluyen en los capítulos correspondiente a cada país.

(5) Las evaluaciones incluidas en los capítulos por país no prejuzgan ninguna futura evaluación con arreglo al artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o al artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

(6)      En diciembre de 2022, la Comisión propuso medidas para reforzar el papel y la independencia de los organismos de igualdad.

(7)      La metodología puede consultarse aquí .

(8)      Las recomendaciones de 2022 se incluyen, en general, en el informe de este año, con las adaptaciones necesarias, cuando las medidas adoptadas en los Estados miembros no suponen ningún avance o si solo se han logrado algunos avances.

(9)      Los principios sobre cuya base se elaboraron las recomendaciones son los mismos que los del año pasado. Véase COM(2022) 500 final, pp. 3 y 4, y la metodología para el informe sobre el Estado de Derecho. Las recomendaciones se entienden sin perjuicio de los procedimientos que la Comisión pueda incoar en virtud de otros instrumentos jurídicos, como los procedimientos de infracción o el Reglamento general sobre la condicionalidad.

(10)      Entre las fuentes utilizadas para elaborar el presente informe se incluyen las aportaciones escritas recibidas de los Estados miembros, las contribuciones recibidas durante la consulta dirigida a las partes interesadas y la información elaborada por organizaciones internacionales o recibida de las autoridades nacionales y las partes interesadas durante las visitas a los países. Estas fuentes aportan información a la evaluación de la Comisión y, como tales, no representan la posición de la Comisión. Las conclusiones de la Comisión siguen siendo su propia responsabilidad.

(11)      Véase aquí .

(12) Puede encontrarse información sobre las visitas a los países en los respectivos capítulos sobre cada uno de ellos. Durante estas visitas a los países, celebradas en línea, la Comisión conversó con las autoridades nacionales de los Estados miembros, incluidas las autoridades judiciales e independientes, las autoridades policiales y otras partes interesadas, como asociaciones de periodistas y representantes de la sociedad civil.

(13)      Véase aquí .

(14)       Informe sobre el Estado de Derecho en 2023 — Contribución de las partes interesadas — Consejo de Europa | Comisión Europea (europa.eu) .

(15)      El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 establece un análisis comparativo de los sistemas judiciales nacionales.

(16)      Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, apartados 64 a 74.

(17)

     En la sección 4 puede consultarse una referencia a las principales sentencias dictadas desde el último informe.

(18)    Como la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea y el Consejo de la Abogacía Europea.

(19)      Gráficos 49 y 51 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023.

(20)      El TJUE ha reconocido que, cuando un Consejo del Poder Judicial participa en un proceso de nombramiento en el que participan órganos políticos, puede contribuir a que dicho proceso sea más objetivo, delimitando la facultad de apreciación de que disponen los órganos políticos en el ejercicio de sus competencias, siempre que dicho Consejo sea suficientemente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo y del órgano al que se pronuncie. Véase, por ejemplo, la sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), C-824/18, apartados 123 a 125, y la jurisprudencia citada.

(21)      Véase, en particular, la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Consejo de Europa.

(22)      Las recomendaciones son para BG, ES y SK.

(23)      Véanse las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia, asunto C-791/19, apartados 98 a 108; de 20 de abril de 2021, Repubblika e Il-Prim Ministru, asunto C-896/19, apartado 66; de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), asunto C-824/18, apartados 66, 124 y 125; y de 19 de noviembre de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18, A.K. y otros, apartados 137 y 138.

(24)      Las recomendaciones son para IE, EL, LV, LT, MT, AT, SI, FI y SE.

(25)      Una recomendación es para SK.

(26)      Una recomendación es para HU.

(27)      Las recomendaciones son para CZ, ES, CY, AT, PL, SI y SK.

(28)      El Tribunal de Justicia ha recordado este principio en los asuntos que se refieren a la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco (sentencia de 5 de junio de 2023, asunto C-204/21, Comisión Europea/Polonia) y a la Inspección Judicial rumana (sentencias de 11 de mayo de 2023, Inspecţia Judiciară, asunto 817/21, y de 18 de mayo de 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros/Inspecţia Judiciară y otros, asuntos acumulados C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 y C-397/19).

(29)      Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 25 de julio de 2018, LM, C-216/18 PPU, apartado 67.

(30)      Una recomendación es para BG.

(31)      El presidente del Tribunal Supremo Administrativo y el presidente primero del Tribunal Supremo solicitaron al Tribunal Constitucional que declarase inconstitucionales las disposiciones impugnadas (el asunto sigue pendiente).

(32)      Las recomendaciones son para BE, DK, DE, FR, HR, LT, PT, RO y SI.

(33)      Las recomendaciones son para FR, IT, MT, NL y PT.

(34)      Recomendación n.º R(2000)21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado.

(35)      Las recomendaciones son para LT, LU y IE.

(36)      Transparencia Internacional (2023) https://www.transparency.org/en/cpi/2022 .

(37)      Cuatro Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos) tienen una puntuación de 80/100 o superior en el índice, y otros cinco (Alemania, Irlanda, Estonia, Bélgica y Francia), por encima de 72/100. La media de la UE es de 64/100.

(38)      Las puntuaciones inferiores a 50 pueden observarse en Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (42).

(39)       Eurobarómetro especial 534 sobre la corrupción (2023) y Flash del Eurobarómetro 524 sobre las actitudes de las empresas frente a la corrupción en la UE (2023). Los conjuntos de datos anteriores son el Eurobarómetro Especial 523 (2022) y el Eurobarómetro Flash 507 (2022).

(40)      La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pide a los Estados Partes, de conformidad con los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, a desarrollar y aplicar o mantener políticas contra la corrupción eficaces y coordinadas que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del Estado de Derecho, la buena gestión de los asuntos públicos y la propiedad pública, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Todos los Estados miembros y la UE son Partes en el Convenio. Véase también The Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies [«Declaración de Kuala Lumpur sobre las estrategias de lucha contra la corrupción», documento en inglés].

(41)      En la actualidad, veinte Estados miembros cuentan con estrategias o programas específicos de lucha contra la corrupción; casi todos los demás tienen componentes anticorrupción en otras estrategias y planes de acción nacionales.

(42)      Una recomendación es para SI.

(43)      Las normas internacionales son principalmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; el Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa y su Convenio Civil sobre la Corrupción; y el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. A escala de la UE, el 3 de mayo de 2023, la Comisión propuso una Directiva relativa a la lucha contra la corrupción, COM(2023) 234 final, que tiene por objeto actualizar y reforzar el marco de justicia penal de la UE.

(44)      Las recomendaciones son para FI y SE.

(45)      Las recomendaciones son para SK y PT.

(46)      Las recomendaciones son para BG y RO.

(47)       Eurobarómetro especial n.º 534 sobre las actitudes de los ciudadanos frente a la corrupción en la UE (2023).

(48)      Las recomendaciones son para CZ, ES y HR.

(49)      Una recomendación es para PL.

(50)      Como se señala en el informe sobre el Estado de Derecho en 2020, la falta de estadísticas uniformes, actualizadas y consolidadas en todos los Estados miembros dificulta el seguimiento del éxito comparativo por lo que se refiere a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción. La evaluación se basa en los datos facilitados por los Estados miembros.

(51)      Las recomendaciones son para BG, EL, HU, MT y SI.

(52)      JOIN(2023) 12 final, p. 4.

(53)      Los conflictos de intereses surgen cuando un funcionario público tiene un interés privado o profesional que podría interferir en el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones. Véase Consejo de Europa, Recomendación Rec(2000)10 sobre códigos de conducta de los funcionarios públicos.

(54)      Las recomendaciones son para BE, BG, CZ, EE, IT, SK y FI.

(55)

     OCDE (2021), Lobbying in the 21st century [«Los grupos de presión en el siglo XXI», documento en inglés].

(56)      OCDE (2010), Recomendación del Consejo sobre principios para la transparencia y la integridad de los grupos de presión; Normas del Consejo de Europa sobre transparencia de los grupos de presión, Recomendación CM/Rec(2017)2.

(57)      Las recomendaciones son para BE, CZ, DK, DE, IE, ES, FR, HR, IT, LV, LU, HU, NL, AT, PL, RO y SK.

(58)      Las recomendaciones son para BE, CZ, DK, DE, HU, NL y SE […].

(59)      Las recomendaciones son para DK, IE, ES, CY, HU, AT, PL, PT y SK.

(60)      Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019).

(61)      Austria, Bulgaria, Chequia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Hungría, los Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y España. La Comisión está evaluando actualmente el cumplimiento de las medidas de transposición notificadas en relación con la Directiva (UE) 2019/1937.

(62)       Eurobarómetro especial n.º 534 sobre las actitudes de los ciudadanos frente a la corrupción en la UE (2023).

(63)      Comunicación conjunta sobre la lucha contra la corrupción relativa a la lucha contra la corrupción, JOIN(2023) 12 final, Bruselas, de 3.5.2023, p. 7.

(64)      Una recomendación es para IT.

(65)      Informe de la Comisión titulado «Regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea», adoptado el 23 de enero de 2019, COM(2019) 12 final.

(66)      La Comisión inició procedimientos de infracción en relación con los regímenes gestionados por Chipre y Malta.

(67)      La Comisión llevó a Malta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 21 de marzo de 2023 (asunto C-181/23, pendiente de resolución).

(68)      Recomendación en el contexto de la invasión rusa de Ucrania en relación con los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores,adoptada el 28 de marzo de 2022, C (2022) 2028.

(69)      La residencia por regímenes de inversión se utilizó en un total de diecinueve Estados miembros: Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.

(70) Irlanda, Portugal y los Países Bajos.

(71)      España y Lituania.

(72)      La Comisión dirigirá este trabajo en estrecha consulta con los Estados miembros. Esto constituirá un componente importante en el desarrollo de futuras iniciativas en materia de lucha contra la corrupción. Véase la Comunicación conjunta sobre la lucha contra la corrupción, JOIN(2023) 12.

(73)       Eurobarómetro Flash n.º 524 sobre las actitudes de las empresas frente a la corrupción en la UE (2023).

(74)      El Media Pluralism Monitor ha sido una fuente valiosa de información para la elaboración de los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho. Se trata de un instrumento científico holístico cuyo fin es documentar la salud de los marcos mediáticos y en el que se detallan las amenazas para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en los Estados miembros y en algunos países candidatos. Está cofinanciado por la UE, y el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación ha sido el encargado de su aplicación independiente y periódica desde el ejercicio 2013/14. La Comisión también ha utilizado otras fuentes, como la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras y la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, como se menciona en los capítulos por país.

(75) Este indicador ha pasado a denominarse «Pluralidad de los proveedores de medios de comunicación» en el MPM 2023.

(76)      En orden creciente de riesgo, Croacia, Chipre, Grecia, Eslovenia y Malta se consideran de «alto riesgo», mientras que Bulgaria, Polonia, Rumanía y Hungría se consideran países de «muy alto riesgo». El Media Pluralism Monitor pide cautela ante cualquier comparación entre sus clasificaciones y las publicadas por otros índices (como la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras), habida cuenta de las diferentes metodologías utilizadas, los indicadores y el alcance.

(77)      Directiva (UE) 2018/1808, de 14 de noviembre de 2018.

(78)      Una recomendación es para HU.

(79)      Recomendación CM/Rec(2018)11 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación.

(80)      La legislación de la UE también contiene disposiciones pertinentes: Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo de 2010, modificada por la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre de 2018; Obligaciones generales (no sectoriales) de transparencia de la titularidad real en las Directivas contra el blanqueo de capitales [Directiva 2018/843, de 30 de mayo de 2018, y Directiva 2015/849, de 20 de mayo de 2015]; las disposiciones relativas a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación también se incluyen en la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación — Propuesta de Reglamento y Recomendación .

(81)      Las recomendaciones son para CZ y FR.

(82)      Las recomendaciones son para BG, HR, CY, HU y AT.

(83)      Protocolo (n.º 29) sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(84)      Recomendación CM/Rec(2012)1 del Consejo de Europa sobre la gobernanza de los medios de comunicación públicos.

(85)      Las recomendaciones son para CZ, CY, HU, MT, PL, RO y SK.

(86)      Las recomendaciones son para BE, DK, DE, EE, ES, LU, MT, AT y FI.

(87)      Las alertas las registran la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y la Plataforma Mapping Media Freedom. Entre 2021 y 2022, la Plataforma Mapping Media Freedom registró un descenso del 10 % en las alertas en los Estados miembros de la UE.

(88)      Recomendación de 2021 sobre la seguridad de los periodistas [C(2021) 6650, de 16 de septiembre de 2021].

(89)      Está previsto que se celebre un diálogo estructurado sobre este tema en el Foro de Medios de Información Europeo de noviembre de 2023.

(90)      La Recomendación de 2022 de la Comisión sobre la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos que se manifiestan públicamente en contra de procedimientos judiciales claramente infundados o abusivos [C(2022) 2428, de 27 de abril de 2022] incluye medidas relacionadas con los marcos aplicables, como la difamación, la formación, la sensibilización, los mecanismos de apoyo, la recopilación de datos, la presentación de informes y el seguimiento. A finales de 2023, se espera que los Estados miembros transmitan a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Recomendación.

(91)      Las recomendaciones son para HR, EL, IE, IT, MT, SI y SK.

(92)      Declaración de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2023 sobre la ley polaca por la que se crea un comité nacional para el examen de las repercusiones de los actos rusos en la seguridad interior. El 2 de junio de 2023, el presidente de la República presentó enmiendas a la ley, que están siendo examinadas por el Senado.

(93) Las recomendaciones son para EL, CY, LU, MT, PT, RO y SK.

(94) TJUE, sentencia de 22 de febrero de 2022 en el asunto RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, apartado 38.

(95) Véase el comunicado de prensa .

(96)      Los Principios de París de las Naciones Unidas, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 (Resolución A/RES/48/134), establecen los principales criterios que deben cumplir las INDH. Las INDH se acreditan periódicamente ante la Subcomisión de Acreditación de la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

(97)      Principios de la Comisión de Venecia para los Defensores del Pueblo.

(98)      COM(2022) 688 final y COM(2022) 689 final.

(99)      Las recomendaciones son para HR, LT y PL.

(100)      Las recomendaciones son para CZ, IT, MT y RO.

(101)      Una recomendación es para PL.

(102)      El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la adopción de las medidas necesarias para ejecutar una sentencia del TEDH.

(103)       https://commission.europa.eu/publications/2023-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_en .

(104)      COM(2022) 716 final.

(105)      Según la clasificación otorgada por CIVICUS (organización no gubernamental). Las clasificaciones utilizan una escala de cinco categorías: abierto, estrecho, obstruido, represivo y cerrado. En comparación con 2022, se ha rebajado la clasificación de un Estado miembro, que ha pasado de «estrecho» a «obstruido».

(106)      Las recomendaciones son para DE, IE, EL, HU, PL y SE.

(107)      El debate se centró en los principales acontecimientos en Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.

(108)      El debate se centró en los principales acontecimientos en Eslovaquia, Finlandia, Bélgica, Bulgaria y Chequia.

(109) Conclusiones de la Presidencia — Evaluación del diálogo anual sobre el Estado de Derecho, 19 de noviembre de 2019.

(110) Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de marzo de 2023, sobre el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2022 [P9_TA(2023)0094].

(111)       https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662 .

(112)      Puede obtenerse más información sobre la red en la página web de la Comisión: Red de puntos de contacto nacionales sobre el Estado de Derecho (europa.eu) .

(113)      Véase https://epd.eu/wp-content/uploads/2023/02/rule-of-law-2023-report-statement.pdf .

(114)       Informe sobre el Estado de Derecho de 2023 (europa.eu) .

(115) En Bélgica, Alemania y Croacia.

(116) Comunicación conjunta sobre la lucha contra la corrupción, JOIN(2023) 12 final, de 3 de mayo de 2023; y una propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción, COM(2023) 234 final, de 3 de mayo de 2023.

(117) Propuesta de órgano interinstitucional encargado de las cuestiones de ética, COM(2023) 311 final, de 8 de junio de 2023.

(118)      Prosiguen los trabajos sobre la Recomendación de 2021 sobre la seguridad de los periodistas [C(2021) 6650, de 16 de septiembre de 2021] y las propuestas para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos [«demandas estratégicas contra la participación pública», C(2022) 2428 y COM(2022) 177, de 27 de abril de 2022].

(119)      Propuesta de Reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación), COM(2022) 457, 16 de septiembre de 2022.

(120) Informe de la investigación de las alegaciones de infracción y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso de programas espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes [ 2022/2077(INI) ].

(121) Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo sobre la investigación de las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso de programas espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes PEGA/9/11041/2023/2500 (RSP).

(122) COM(2022) 688 final y COM(2022) 689 final.

(123) TJUE, sentencia de 11 de mayo de 2023, Inspecţia Judiciară, asunto C-817/21, ECLI:EU:C:2023:391.

(124) Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia, asunto C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442.

(125) En particular, el 15 de febrero de 2023, la Comisión decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia por violaciones del Derecho de la UE debido a graves preocupaciones con respecto al Tribunal Constitucional polaco y a su reciente jurisprudencia que cuestiona la supremacía del Derecho de la UE.

(126) COM(2022) 518 final.

(127) El procedimiento fue iniciado por la Comisión en 2017.

(128) El procedimiento fue iniciado por el Parlamento Europeo en 2018.

(129) El 27 de abril de 2022, la Comisión puso en marcha por primera vez la fase del procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento general sobre la condicionalidad.

(130) Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506 del Consejo de 15 de diciembre de 2022 sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (DO L 325 de 20.12.2022, p. 94).

(131) En virtud del Reglamento sobre condicionalidad, Hungría puede presentar nuevas propuestas correctoras mediante una notificación escrita. Sobre esta base, si la Comisión considera que los problemas se han subsanado parcial o totalmente, presentará al Consejo una propuesta de decisión de ejecución para adaptar o levantar las medidas adoptadas.

(132)   Semestre Europeo de 2023: Paquete de primavera .

(133)   Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 | Comisión Europea (europa.eu) .

(134)      Gráficos 53 y 54 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023.

(135)  COM(2019) 498 para Bulgaria, COM(2022) 664 para Rumanía.

(136) La UE apoya la aplicación del ODS 16 de la Agenda 2030, en particular el objetivo 16.3 «Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos». En el actual proceso de preparación de la Cumbre para el Futuro, la UE respalda el concepto de Estado de Derecho del secretario general de las Naciones Unidas establecido en Nuestra Agenda Común, que «reconoce que el Estado de Derecho y los derechos humanos están al servicio de nuestros mayores retos y son esenciales para resolverlos». Además, la UE se ha comprometido a reforzar la rendición de cuentas por violaciones y abusos graves del Derecho internacional en materia de derechos humanos y violaciones del Derecho internacional humanitario, poniendo fin a la impunidad.

(137) La Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

(138)       Declaración de la Cumbre por la Democracia - 29 de marzo de 2023 .

(139)      Véase aquí .

(140) Comunicación de 2022 sobre la política de ampliación de la UE, COM(2022) 528, de 12 de octubre de 2022.

(141)      Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales, COM(2020) 57 final.

(142)   Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 .

(143)   Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

(144) La evaluación se publicó en diciembre de 2022. Esta evaluación estratégica ofrece una evaluación independiente y basada en pruebas del rendimiento del apoyo de la Unión Europea al Estado de Derecho en los países socios.

(145) Como se señaló recientemente en la sentencia del TJUE de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia, asunto C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 5.7.2023

COM(2023) 800 final

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2023















Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{SWD(2023) 801 final} - {SWD(2023) 802 final} - {SWD(2023) 803 final} - {SWD(2023) 804 final} - {SWD(2023) 805 final} - {SWD(2023) 806 final} - {SWD(2023) 807 final} - {SWD(2023) 808 final} - {SWD(2023) 809 final} - {SWD(2023) 810 final} - {SWD(2023) 811 final} - {SWD(2023) 812 final} - {SWD(2023) 813 final} - {SWD(2023) 814 final} - {SWD(2023) 815 final} - {SWD(2023) 816 final} - {SWD(2023) 817 final} - {SWD(2023) 818 final} - {SWD(2023) 819 final} - {SWD(2023) 820 final} - {SWD(2023) 821 final} - {SWD(2023) 822 final} - {SWD(2023) 823 final} - {SWD(2023) 824 final} - {SWD(2023) 825 final} - {SWD(2023) 826 final} - {SWD(2023) 827 final}