COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 17.6.2022

COM(2022) 406 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO

Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de la República de Moldavia a la Unión Europea

A. INTRODUCCIÓN

En los dos últimos años, la República de Moldavia (en lo sucesivo, «Moldavia») ha dado un paso decisivo hacia las reformas, con un claro mandato de sus ciudadanos. Tras las elecciones presidenciales de 2020 y las elecciones parlamentarias de 2021, los poderes presidencial, ejecutivo y legislativo se han alineado claramente en una senda europea favorable a la reforma y a la lucha contra la corrupción por primera vez desde la independencia. Esto sigue a un período en el que la independencia de las principales instituciones se vio gravemente comprometida.

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está teniendo graves efectos en Moldavia. Con un verdadero espíritu de solidaridad y respeto de los valores europeos, Moldavia está apoyando activamente a quienes huyen de Ucrania, siendo el país que está acogiendo al mayor número de refugiados per cápita. A pesar de este reto, el Gobierno moldavo está firmemente comprometido a cumplir sus claros objetivos de reforma, especialmente en lo que se refiere a la reforma judicial, la reforma de la Administración Pública y la modernización de la economía, en beneficio de la población moldava. Los resultados recientes de la encuesta del Eurobarómetro muestran un mayor apoyo a la integración en la UE y que la UE es la organización extranjera más digna de confianza.

a) Solicitud de adhesión

El 3 de marzo de 2022, la República de Moldavia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea. La solicitud se presentó en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El 7 de marzo, el Consejo de la Unión Europea solicitó a la Comisión que emitiese un dictamen al respecto. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE respaldaron esta decisión en la reunión informal de dirigentes celebrada en Versalles 1 . Moldavia recibió cuestionarios el 11 de abril de 2022 (sobre los criterios políticos y económicos) y el 19 de abril (sobre los capítulos del acervo de la UE) y presentó sus respuestas el 22 de abril y el 12 de mayo, respectivamente.

El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece que «Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo».

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea determina que «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

Este es el marco jurídico dentro del que la Comisión emite el presente dictamen.

En 1993, el Consejo Europeo reunido en Copenhague concluyó lo siguiente:

«El ingreso tendrá lugar en cuanto un país asociado pueda asumir las obligaciones de adhesión cuando cumpla las condiciones económicas y políticas requeridas.

La adhesión requiere:

-que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías;

-la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión;

-la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria».

En 1995, en Madrid, el Consejo Europeo se refirió a la necesidad de «crear las condiciones para una integración progresiva y armoniosa de estos Estados [candidatos] gracias especialmente al desarrollo de la economía de mercado, a la adaptación de sus estructuras administrativas y a la creación de un entorno económico y monetario estable». 

En diciembre de 2006, el Consejo Europeo acordó que «la estrategia de ampliación basada en la consolidación, la condicionalidad y la comunicación, combinada con la capacidad de la UE de admitir a otros miembros, sienta la base de un consenso renovado sobre la ampliación».

En el presente dictamen, la Comisión evalúa la solicitud de Moldavia sobre la base de su capacidad para cumplir los criterios establecidos por los Consejos Europeos de Copenhague (1993) y de Madrid (1995), especialmente en lo que se refiere a la capacidad administrativa del país. El dictamen también tiene en cuenta los esfuerzos de Moldavia por cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Asociación (AA), incluida una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP). La Comisión evaluará el impacto de la adhesión de Moldavia en los ámbitos políticos de la UE en una fase posterior.

b) Relaciones entre la Unión Europea y Moldavia

Las relaciones entre la UE y Moldavia se remontan a la independencia de Moldavia en agosto de 1991. En noviembre de 1994 se firmó un Acuerdo de Colaboración y Cooperación que entró en vigor en julio de 1998. La cooperación política y económica se reforzó con el inicio de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación en 2010.

El Acuerdo de Asociación, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, se firmó en junio de 2014 2 y entró plenamente en vigor el 1 de julio de 2016. Este acuerdo es el principal instrumento jurídico bilateral que sirve de base para profundizar los lazos políticos, reforzar los vínculos económicos, promover valores comunes y reforzar la cooperación en ámbitos de interés mutuo. En su preámbulo, la UE reconoció las aspiraciones europeas y la elección europea de Moldavia, incluido su compromiso de construir una democracia sólida y sostenible y una economía de mercado. Sobre la base del AA/ZLCAP, Moldavia ha llevado a cabo una serie de reformas difíciles y ha adaptado con éxito su legislación a la UE en muchos ámbitos. La Plataforma de la Sociedad Civil UE-Moldavia es uno de los organismos creados en virtud del Acuerdo de Asociación, y permite a las organizaciones de la sociedad civil de ambas partes supervisar el proceso de aplicación y elaborar recomendaciones para las autoridades competentes.

Los posteriores programas de asociación acordados entre la UE y Moldavia establecen prioridades claras para aplicar el Acuerdo de Asociación y su ZLCAP. Es inminente la adopción del Programa de Asociación (2021-2027), que se centra en la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza; la libertad, seguridad y la justicia; y la cooperación económica, comercial y sectorial.

La UE mantiene su pleno compromiso de apoyar una solución global, pacífica y sostenible del conflicto de Transnistria, basada en la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia en sus fronteras reconocidas internacionalmente, con un estatuto especial para Transnistria.

El compromiso de la UE de apoyar a Moldavia es duradero y ha dado resultados. La UE proporciona una ayuda financiera significativa, que durante el período 2014-2021 ascendió a 512 millones EUR en subvenciones en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad, y a 160 millones EUR en el marco del programa de ayuda macrofinanciera en forma de préstamos y subvenciones para apoyar el desarrollo socioeconómico. La UE presta su apoyo para la elaboración de políticas y reformas generales, con una fuerte participación de los Estados miembros siguiendo el espíritu del «Equipo Europa». Entre los principales programas figuran el apoyo a la investigación previa de la integridad de jueces y fiscales, el apoyo para aumentar la seguridad energética de Moldavia y la creación de un equipo de asesores de alto nivel del Gobierno moldavo en ámbitos de especial importancia.

En 2021 se han asignado siete millones EUR del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para reforzar las capacidades del servicio médico militar y el batallón de ingeniería.

Desde la crisis energética del otoño de 2021, que amenazó la seguridad del suministro y triplicó los precios de la energía, y el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la UE ha intensificado su apoyo a la resiliencia económica, social y financiera general de Moldavia, con una ayuda macrofinanciera de emergencia por valor de 150 millones EUR y un apoyo presupuestario de 60 millones EUR en respuesta a la crisis energética. La UE prestó ayuda humanitaria para ayudar a Moldavia a hacer frente al flujo de refugiados procedentes de Ucrania. El Plan Económico y de Inversión para la Asociación Oriental 3 pretende desbloquear 3 400 millones EUR en inversiones públicas y privadas para el desarrollo económico del país, incluidas inversiones emblemáticas adaptadas.

La UE y otras instituciones financieras trabajan codo con codo para ayudar a Moldavia. Desde 2014, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo han asignado 425 millones EUR y 777 millones EUR, respectivamente, en préstamos. La UE también colabora estrechamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han sido socios clave en los esfuerzos de Moldavia desde 2014.

Los ciudadanos de Moldavia se benefician de la exención de visado para viajar al espacio Schengen desde abril de 2014. En enero de 2018 entró en vigor un acuerdo de readmisión.

Moldavia es Parte contratante del Tratado de la Comunidad de la Energía y del Acuerdo sobre la Zona Común de Aviación, y miembro del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, todo lo cual contribuye a aproximar la legislación moldava al acervo de la UE. Moldavia es miembro de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Desde 2014, Moldavia ha ampliado progresivamente su participación en los programas de la UE. Actualmente participa en la iniciativa Horizonte Europa, y las organizaciones y los particulares de Moldavia también pueden beneficiarse de determinadas acciones de los programas Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Hay diálogos periódicos a nivel ministerial entre Moldavia y la UE sobre comercio, energía y seguridad. Moldavia participa en varios programas Interreg y es miembro de la estrategia macrorregional de la UE para la región del Danubio.

Moldavia ha celebrado acuerdos de trabajo, acuerdos de cooperación o memorandos de acuerdo con una serie de agencias de la UE, como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust); la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Fundación Europea de Formación (ETF), el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE), la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM).

Moldavia participa en la Asociación Oriental. La Asociación Oriental se basa en el principio de inclusividad y diferenciación. La guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado que la cooperación y la cohesión multilaterales son ahora más importantes que nunca, al igual que el reforzamiento de la resiliencia de la región. También será importante hacer hincapié en las relaciones bilaterales para que Moldavia pueda llevar a cabo reformas esenciales, en particular en el ámbito de la gobernanza, la justicia y el Estado de Derecho.

B. CRITERIOS DE ADHESIÓN

1. CRITERIOS POLÍTICOS

la presente evaluación se basa en los criterios de Copenhague relativos a la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.

1.1. Democracia

Tal como establece su Constitución, Moldavia es una democracia parlamentaria: los poderes legislativos son ejercidos por el Parlamento y los poderes ejecutivos por el Gobierno. El presidente de la República tiene una función principalmente representativa, pero tiene la responsabilidad formal de la política exterior y ejerce la supervisión civil de las fuerzas armadas. El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno, compuesto por un primer ministro y 15 ministros.

La Constitución garantiza los principios fundamentales de un Estado democrático como son el Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres y la defensa de los derechos humanos. La Constitución consagra el principio de primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno. El Tribunal Constitucional fue renovado en 2019 y es ahora independiente. El Tribunal Supremo es el más alto órgano de jurisdicción general, mientras que el Tribunal Constitucional ejerce la jurisdicción constitucional.

El Parlamento es el único órgano legislativo que adopta legislación, incluidas las enmiendas a la Constitución, y ejerce el control democrático y la supervisión del ejecutivo. La función de supervisión y control del Parlamento sobre el Gobierno y su control de la elaboración de la legislación (incluido el seguimiento de la aplicación de la legislación) están limitados por la capacidad de las instituciones parlamentarias. Debe hacerse más para garantizar la transparencia de la financiación de los partidos políticos.

La Constitución ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir su Gobierno en elecciones periódicas libres y justas celebradas mediante votación secreta y basadas en el sufragio universal e igualitario. Aunque, según la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), las últimas rondas de elecciones legislativas de junio de 2021 se gestionaron adecuadamente y fueron pluralistas, y se respetaron en gran medida las libertades fundamentales, siguen pendientes de aplicación otras recomendaciones de la OIDDH en ámbitos como la supervisión eficaz de la financiación de las campañas, el sesgo político de los medios de comunicación y la imparcialidad del Comité Electoral Central.

El recurso a procedimientos urgentes para aprobar legislación, en particular en ámbitos pertinentes para el acervo de la UE, ha disminuido considerablemente en los últimos cuatro años. Son necesarias evaluaciones de impacto exhaustivas de la legislación propuesta.

La Constitución garantiza la libertad de reunión y asociación y una ley de 2020 sobre organizaciones no comerciales simplifica el registro y elimina las tasas de registro y las restricciones a la afiliación. Existe una estrategia y un plan de acción para el desarrollo de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de ser socios importantes en el desarrollo del país. El establecimiento de un procedimiento sistemático de consulta pública les permitiría contribuir de forma más significativa al proceso de reforma.

1.2. Reforma de la Administración Pública

El marco estratégico de Moldavia para la reforma de la Administración Pública se basa en la estrategia de reforma de la Administración Pública 2016-2020 (ampliada hasta 2022). El marco jurídico y el sistema de la función pública se ajustan principalmente a los principios de la Administración Pública europea y a las normas y prácticas europeas. La estrategia de reforma de la Administración Pública tiene por objeto garantizar la calidad, la estabilidad, la neutralidad y la continuidad de la Administración Pública y garantizar unos procedimientos de contratación, promoción y despido transparentes y basados en los méritos. Se está elaborando una nueva estrategia de reforma de la Administración Pública. Son necesarios esfuerzos adicionales con objeto de garantizar una capacidad administrativa adecuada para elaborar, aplicar y hacer cumplir la legislación.

En cuanto a la prestación de servicios, el plan de acción del Gobierno para 2021-2022 contiene objetivos fundamentales, indicadores de resultados y acciones prioritarias en el ámbito de la buena gobernanza y la política de transformación digital, tendentes a modernizar los servicios administrativos públicos, aumentar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos y las empresas, y ampliar y mejorar los servicios electrónicos prestados a los ciudadanos y los empresarios. Una administración más orientada a los ciudadanos es una prioridad esencial del Gobierno y se ha elaborado una visión estratégica común para la digitalización y la administración electrónica.

El Gobierno mantiene su compromiso con la aplicación de la estrategia de gestión de las finanzas públicas (GFP) (2013-2020), que se ha ampliado hasta finales de 2022. Las autoridades han realizado algunos avances en las reformas de la gestión de las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda ha seguido mejorando el proceso del marco presupuestario a medio plazo y la transparencia, y ha reforzado el marco reglamentario para la gestión financiera y el control interno. El poder legislativo y la entidad fiscalizadora superior supervisan el proceso presupuestario. El Gobierno está trabajando para seguir mejorando en una serie de ámbitos, como la transparencia, la planificación y ejecución de la inversión pública, las normas contables, el control y la auditoría internos, la gobernanza de las empresas estatales, la contratación pública y la contratación pública electrónica, y la participación de la sociedad civil en los procesos presupuestarios. Se espera la elaboración y aplicación de una nueva estrategia de gestión de las finanzas públicas tras la próxima evaluación del gasto público y la responsabilidad financiera (PEFA).

Con respecto a la gobernanza multinivel, el proceso de descentralización ha evolucionado desde 2012. Se espera que la hoja de ruta revisada para la democracia local y regional dé un nuevo impulso a este proceso. En este contexto, la reforma territorial debe dotar a las autoridades locales con finanzas sostenibles que presten servicios a los ciudadanos. En diciembre de 1994, el Parlamento de la República de Moldavia adoptó la «Ley sobre el estatuto jurídico especial de Gagauzia», por la que se crea a Gagauzia como unidad territorial autónoma de Moldavia.

La mejora de la gestión de los servicios públicos y de los recursos humanos todavía no ha logrado el impacto deseado, esto es, la construcción de una función pública profesional y basada en los méritos, debido a la inestabilidad política y a la falta de voluntad política, que afectan a las reformas. Atraer y retener a funcionarios profesionales es un reto permanente y crucial para desarrollar la capacidad administrativa que permita desempeñar las funciones del Estado y prestar servicios de calidad. Moldavia está trabajando en una reforma salarial de la función pública para hacerla más atractiva.

Se han establecido las instituciones y el marco jurídico para la elaboración y la coordinación de las políticas. La calidad de la elaboración de políticas debe seguir mejorando mediante procesos adecuados y la aplicación de la ley. El reforzamiento de la coordinación debe centrarse más en el fondo y menos en cuestiones formales y de procedimiento, y debe reforzarse el uso de una política y una legislación inclusivas y basadas en datos contrastados, con inclusión de consultas públicas e interministeriales sobre propuestas legislativas.

A fin de garantizar la coherencia en materia de rendición de cuentas y gobernanza, es necesario actualizar el marco jurídico y centrarse en una aplicación adecuada, con estructuras claras que definan los organismos de supervisión y los organismos subordinados. El Gobierno apoya la reforma de la obligación de rendición de cuentas de la dirección y una delegación sistemática de responsabilidades. Las organizaciones de la sociedad civil siguen pidiendo una mayor transparencia en la toma de decisiones en el Parlamento y en otras autoridades públicas.

1.3. Estado de Derecho

Desde el fraude bancario de 2014, Moldavia ha emprendido una importante revisión de sus sistemas judicial y de lucha contra la corrupción. En los últimos años, Moldavia ha reforzado el Estado de Derecho, particularmente reformando el cuerpo de policía y adoptando medidas encaminadas a la reforma del poder judicial. Son necesarios esfuerzos adicionales para abordar la influencia de los intereses creados tanto en el ámbito político como en el comercial.

a) Poder judicial

Desde 2009, Moldavia ha experimentado una serie de reformas judiciales destinadas a reforzar la independencia, la eficiencia y la eficacia del poder judicial. Las reformas de la justicia son una prioridad para el Gobierno actual. Moldavia ha adoptado recientemente una estrategia global para garantizar la independencia e integridad del sector de la justicia 2022-2025 y el correspondiente plan de acción. El marco constitucional y jurídico del poder judicial se ajusta en gran medida a las normas europeas. Se han consolidado las estructuras policiales y judiciales.

El Consejo Superior de la Magistratura (el Alto Consejo de la Magistratura) y el Consejo Superior de Fiscales (el Alto Consejo Fiscal) son responsables de la autonomía del poder judicial. El marco constitucional y legislativo garantiza, en principio, la independencia del poder judicial y su imparcialidad. En la práctica, es necesario mejorar significativamente la integridad, la independencia y la obligación de rendición de cuentas del poder judicial.

Las enmiendas constitucionales relativas al funcionamiento del poder judicial entraron en vigor en abril de 2022. Las modificaciones mejoran significativamente el marco jurídico relativo a la independencia, la rendición de cuentas y la eficiencia del poder judicial y la administración judicial, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Europa. En particular, las enmiendas adaptan la composición del Consejo Superior de la Magistratura a las normas europeas, al excluir la composición de oficio y revisar el proceso de nombramiento de los miembros no profesionales del Consejo Superior de la Magistratura. Esto refuerza el papel del presidente en el nombramiento de los jueces, regula la inmunidad funcional de los jueces a nivel constitucional y cambia el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia para reducir el riesgo de politización.

En marzo de 2022, se aprobó la Ley de evaluación de la integridad de los candidatos a consejos de la Magistratura y consejos fiscales. La ley prevé una evaluación de la integridad de los futuros miembros del Consejo Superior de la Magistratura, del Consejo Superior de Fiscales y de sus órganos especializados por un comité de evaluación compuesto por tres miembros nacionales y tres miembros internacionales. Con ello se pretende aumentar la integridad de los órganos de autoadministración de jueces y fiscales, así como aumentar la confianza de la sociedad en su actividad y en el sistema judicial en su conjunto. Las recomendaciones de la Comisión de Venecia se han aplicado en su mayor parte. Está previsto que el Comité de Evaluación complete la primera fase de evaluación a más tardar en julio de 2022.

Existen códigos de deontología de los jueces y fiscales, así como un sistema integrado de asuntos con asignación automatizada de los mismos. El nombramiento de jueces y fiscales todavía no se basa totalmente en criterios objetivos. Es necesario abordar las injerencias internas y externas indebidas en el poder judicial. Las vacantes en el Consejo Superior de la Magistratura y en sus órganos especializados no han sido cubiertas por la Asamblea General de Jueces, dejando al Consejo Superior de la Magistratura sin el quórum necesario para nombrar nuevos jueces por dos años. La reforma de esta institución está en curso y constituye una prioridad política. El número de jueces por cada 100 000 habitantes (16,4) es inferior a la media europea (21) y el número de fiscales (24,2) duplica la media europea (12).

En términos de eficiencia, el tiempo de tramitación de los asuntos contenciosos civiles y mercantiles aumentó a 171 días en 2020, frente a los 143 días de 2018. La tasa de resolución disminuyó al 97 % (107 % en 2018). El tiempo de tramitación sigue siendo una preocupación importante. El retraso en asuntos judiciales pendientes asciende a 22 299 y 3 330 asuntos para la primera y la segunda instancia, respectivamente 4 . El presupuesto de 2020 para el sistema judicial equivale al 0,40 % del PIB, siendo inferior al correspondiente a 2018 (0,48 % del PIB). En 2020, se asignaron 21,3 millones EUR a los tribunales y 17,4 millones EUR a la Fiscalía. El presupuesto es insuficiente para cubrir las necesidades de formación e inversión, ya que el 85 % se destina a salarios e indemnizaciones.

Es necesario reforzar la plena independencia funcional del Ministerio Fiscal, así como la eficiencia de la Fiscalía General. Las decisiones que afectan a la gestión y el liderazgo del Ministerio Fiscal moldavo tienen en ocasiones una motivación política, como la expulsión, la sustitución (temporal) y la detención del Fiscal Anticorrupción en 2021.

b) Lucha contra la corrupción

La lucha y la prevención de la corrupción ocupan un lugar destacado en el programa de reformas del Gobierno moldavo. Moldavia ha aumentado el presupuesto anual de sus instituciones de lucha contra la corrupción, incluida la Autoridad Nacional de Integridad, la Agencia de Recuperación de Activos de Origen Delictivo y la Unidad de Investigación Financiera. La corrupción sigue siendo una grave preocupación que requiere una atención continua, ya que impone costes significativos para el presupuesto del Estado, las empresas y la población, desincentiva la inversión nacional y extranjera y socava el Estado de Derecho.

El principal documento estratégico encaminado a prevenir la corrupción y aumentar la integridad es la Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el período 2017-2023. La Estrategia incluye acciones relativas a la recuperación de los activos de origen delictivo, la protección de los denunciantes de irregularidades, el refuerzo de la ética y la integridad en los sectores público, privado y no gubernamental, y la garantía de la transparencia de las instituciones públicas y de la financiación de los partidos políticos y los medios de comunicación.

Moldavia es parte en los principales convenios internacionales de lucha contra la corrupción, incluidos el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Existe un marco jurídico global para prevenir y combatir la corrupción, que se ajusta en gran medida a las normas europeas e internacionales y se aplica parcialmente. Se tipifican como delito todas las formas de corrupción, incluido el enriquecimiento ilícito, y las leyes regulan los conflictos de intereses y protegen a los denunciantes de irregularidades.

Se han creado y están funcionando instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción: el Centro Nacional contra la Corrupción, con la Agencia de Recuperación de Activos de Origen Delictivo como subdivisión autónoma, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Nacional de Integridad. Estas instituciones disponen de mandatos globales acordes con las normas internacionales y operan cada vez más de forma independiente, contándose con cierta coordinación entre agencias y una parte de los recursos necesarios. Son necesarios esfuerzos adicionales para aclarar los mandatos de estas instituciones y reforzar la eficacia del Centro Nacional contra la Corrupción y de la Agencia Nacional de Integridad.

Es necesario avanzar para llevar los casos de corrupción ante los tribunales y enjuiciarlos eficazmente. La investigación de pequeños casos de corrupción sigue siendo competencia del Centro Nacional contra la Corrupción y de la Fiscalía Anticorrupción. Ello significa que estas instituciones no han podido centrarse en los casos de corrupción de alto nivel. Son necesarios nuevos esfuerzos para verificar eficazmente las declaraciones de patrimonio y garantizar la recuperación de activos. Siguen pendientes de aplicación algunas recomendaciones de los mecanismos internacionales y regionales de seguimiento de la lucha contra la corrupción, incluido el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Desde el punto de vista preventivo, la Agencia Nacional de Integridad es responsable de verificar los activos declarados por personas que ocupan cargos públicos y de aplicar el régimen jurídico relativo a los conflictos de intereses. El Centro Nacional contra la Corrupción verifica desde 2017 el carácter anticorrupción de los proyectos legislativos, habiéndose aceptado aproximadamente el 50 % de las recomendaciones (relacionadas principalmente con ambigüedades o lagunas en la redacción o los procedimientos administrativos).

Se ha avanzado poco en la investigación del fraude bancario de 2014 y en el enjuiciamiento de los responsables. Deben intensificarse los esfuerzos contra el fraude bancario actualizando la estrategia de recuperación de activos de origen delictivo y estableciendo un nuevo mecanismo de recuperación de activos.

c) Delincuencia organizada

Moldavia ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como sus protocolos sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal describe las actividades de investigación y persecución penal. Moldavia ha celebrado un acuerdo de trabajo con la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), un acuerdo operativo y estratégico con la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y un memorando de entendimiento con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Moldavia participa en la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT). El país es miembro de Interpol.

La legislación contra el blanqueo de capitales refleja parcialmente las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la legislación internacional pertinente, pero sigue habiendo recomendaciones de MONEYVAL pendientes de aplicación. El establecimiento de un marco global para la lucha contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, y la garantía de su aplicación efectiva, son cruciales para hacer frente a los riesgos significativos que plantean.

Moldavia se encuentra en una importante encrucijada para el contrabando de personas y mercancías ilegales (incluidas drogas y armas) con destino a la UE. Moldavia es país de origen, de tránsito y de destino de la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, aunque se han dictado pocas condenas contra sus autores. La Inspección General de la Policía aborda la delincuencia organizada, aunque no se dispone de tasas de condenas para la delincuencia organizada. La Inspección cuenta con un departamento central y dos departamentos regionales (inspecciones nacionales de investigación) responsables de todo el espectro.

En muchos casos, son necesarios esfuerzos adicionales significativos para investigar redes de delincuencia organizada más amplias.

1.4. Derechos fundamentales

a)    Marco internacional

Moldavia ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (aunque no ha ratificado el Protocolo adicional n.º 12). El país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y dos de los protocolos facultativos, pero no el tercero (sobre un procedimiento de comunicación), ni el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

b)    Configuración jurídica e institucional

El marco jurídico e institucional que regula los derechos fundamentales está establecido y las leyes suelen ajustarse a las normas europeas e internacionales. La capacidad de las instituciones encargadas de la protección y el respeto de los derechos humanos y la aplicación de las estrategias y planes de acción existentes siguen siendo limitadas e impiden la aplicación efectiva de los derechos humanos. En particular, el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y garantizar la igualdad adolece de una grave falta de personal.

Moldavia adoptó una nueva Estrategia de derechos humanos y democracia para el periodo 2021-2024. Las principales prioridades son la igualdad de género y los derechos de la mujer, el respeto de los derechos humanos en el sistema de justicia penal, la garantía de la integridad de los procesos electorales y el apoyo a los medios de comunicación independientes, el acceso a la información y la lucha contra la desinformación.

El Mecanismo Nacional de Prevención está compuesto por siete miembros, entre ellos el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo para los niños y cinco personas propuestas por la sociedad civil. La institución del Defensor del Pueblo (el abogado del pueblo) está acreditada como la institución nacional de derechos humanos y ha obtenido el estatus «A» de la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos por cumplir en gran medida los Principios de París. Debe reforzarse su independencia financiera y funcional y clarificarse su papel en el contexto del Consejo de Moldavia para la Prevención de la Tortura.

c)    Cuestiones clave en materia de derechos fundamentales

El país tiene 18 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de un procedimiento de supervisión reforzada a la espera de su ejecución. Entre ellos figuran el maltrato por parte de agentes estatales, la privación ilegal de libertad, las violaciones del derecho a un juicio justo, la falta de protección de las autoridades contra la violencia doméstica y la discriminación por motivos de orientación sexual.

Aún queda mucho por hacer en relación con el derecho a un juicio justo y la investigación y el enjuiciamiento adecuados de los actos de malos tratos. Las personas privadas de libertad no disfrutan de todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de su detención. La investigación inadecuada de los presuntos casos de malos tratos da lugar a un sentimiento de impunidad. Las condiciones en los lugares de detención y prisión preventiva siguen estando por debajo de las normas internacionales, en particular debido al hacinamiento de los centros penitenciarios, a la falta de un servicio médico eficaz o al uso de un confinamiento prolongado como medida disciplinaria.

La legislación sobre el acceso a la información y la libertad de expresión se ajusta en gran medida a las normas internacionales, pero deben realizarse esfuerzos adicionales para garantizar la plena aplicación de la ley. Por lo general, los medios de comunicación pueden informar libremente. Para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, es necesario abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la falta de transparencia en la financiación de los mismos. También se requieren esfuerzos adicionales encaminados a garantizar el acceso a la información de interés público, salvaguardar la independencia de los periodistas y la calidad del contenido de los medios de comunicación (y combatir la desinformación), y tratar el número creciente de casos de agresión verbal, intimidación y acoso a periodistas.

El principio de igualdad está consagrado en la Constitución. El Código Penal garantiza la protección contra la discriminación y los delitos de odio. El Consejo de Igualdad no tiene un mandato adecuado en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad. En abril de 2022, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal y al Código de infracciones para mejorar la respuesta del Estado a los delitos de odio. Recientemente se ha adoptado legislación pendiente desde hace tiempo sobre los delitos de odio, lo que ha dado lugar a una ampliación del ámbito de aplicación de los motivos protegidos y, por tanto, al reforzamiento del marco jurídico para enjuiciar y castigar los delitos motivados por prejuicios. Son necesarios más esfuerzos luchar contra la incitación al odio y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como contra la violencia de género. 

Por lo que respecta a la igualdad de las mujeres en el mercado laboral, el marco jurídico ya no les prohíbe el acceso a determinadas profesiones, pero las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos de hecho y a discriminación por motivos de edad. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en Moldavia, ya que en 2019 las mujeres ganaron un 14,1 % menos que los hombres por término medio (lo que coincide con la media de la UE), y el 39,6 % de los parlamentarios elegidos en 2021 son mujeres (por encima de la media de la UE). Son necesarios esfuerzos adicionales para proteger los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales o queer (LGBTIQ). La ley prohíbe la discriminación laboral por motivos de orientación sexual, pero continúa la discriminación social. El proceso de desinstitucionalización de los niños ha avanzado mucho en los últimos años. Es necesario seguir trabajando en relación con la mortalidad infantil, el trabajo infantil, incluidos los vínculos con la trata y la explotación sexual, y la situación particular de los niños gitanos y de los niños abandonados por sus padres. El número de bebés y niños con discapacidad en centros de asistencia institucional es motivo de preocupación.

2. CRITERIOS ECONÓMICOS

Esta evaluación se lleva a cabo con referencia a los criterios de Copenhague sobre la existencia de una economía de mercado operativa, así como a la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

2.1. Economía de mercado en funcionamiento

Moldavia es una pequeña economía abierta con un producto interior bruto (PIB) per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) equivalente a aproximadamente el 30 % de la media de la UE en 2020, frente al 25 % en 2013. En general, Moldavia demuestra una trayectoria satisfactoria en la aplicación de políticas macroeconómicas globalmente saneadas. Sin embargo, la falta de voluntad política y los frecuentes cambios de Gobierno a veces han hecho que la aplicación de las reformas sea desigual y han retrasado la transformación en una economía de mercado competitiva.

Durante el último decenio, Moldavia ha sido capaz de mantener el crecimiento económico anual medio en torno al 4,5 % y ha afrontado varias crisis económicas, incluida la pandemia. Las finanzas públicas se han mantenido estables, con un bajo déficit, en torno al 1,5 % del PIB por término medio durante el período 2013-2020, y un nivel de deuda sostenible (alrededor del 32 % del PIB en 2021, la mayoría de ella respecto de instituciones financieras internacionales en condiciones favorables). Esto refleja los esfuerzos de Moldavia por lograr un mayor saneamiento de la política fiscal y una mejor gestión de las finanzas públicas, impulsados por la estrategia de gestión de las finanzas públicas 2013-2020.

Antes de sufrir las presiones inflacionistas mundiales alimentadas por la guerra de agresión de Rusia contra la vecina Ucrania, el Banco Nacional de Moldavia había logrado, en general, mantener la inflación dentro del intervalo objetivo, fijado en el 5 % (± 1,5 puntos porcentuales), mientras que el régimen de tipos de cambio flotantes respaldaba una moneda nacional estable. Como resultado del rápido aumento de los precios de la energía y de los alimentos, uno de los principales retos para la estabilidad macroeconómica de Moldavia de cara al futuro, además del coste de la vivienda y la elevada afluencia de refugiados de guerra, es el acusado aumento de la inflación, del 22 % al final del primer trimestre de 2022. En la esfera exterior, los desequilibrios han sido relativamente amplios, con un déficit medio de la balanza por cuenta corriente durante los últimos diez años del 7,3 % del PIB, debido en gran medida a un déficit comercial sustancial. Este déficit se vio impulsado por una fuerte demanda interna sostenida por grandes remesas, una relación de intercambio desfavorable y una base de exportaciones relativamente débil. Sin embargo, gracias al apoyo sustancial de los socios internacionales, Moldavia pudo reforzar considerablemente sus reservas de divisas. Moldavia también depende tradicionalmente en gran medida de la afluencia de remesas, y la actual guerra contra Ucrania repercute negativamente en los ingresos procedentes de Rusia y de la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

El Gobierno actual ha heredado un legado de corrupción, intereses creados y debilidad de las instituciones responsables del Estado de Derecho, lo que obstaculiza el crecimiento de la inversión y la productividad y sigue deteriorando el clima empresarial. Por consiguiente, el Gobierno ha puesto en marcha una reforma de su sistema judicial y está tomando medidas significativas para hacer frente a la corrupción, mientras que las reformas reglamentarias en curso tienen por objeto reducir la burocracia.

El sector de las empresas públicas de Moldavia sigue siendo de gran magnitud, estando compuesto por unas 900 empresas, y sigue necesitando apoyo del Gobierno. La influencia del Estado sigue siendo importante en sectores clave de la economía, como las telecomunicaciones, la energía y el transporte. En conjunto, las empresas estatales poseen activos por un valor aproximado del 26 % del PIB y emplean a alrededor del 6 % de la población activa. El sector sigue padeciendo una falta de prácticas adecuadas de gobernanza empresarial, ineficiencia y una supervisión escasa. Esto socava aún más la inversión del sector privado y la competitividad en el conjunto de la economía e implica riesgos presupuestarios. Nuevas reformas, especialmente en relación con la mejora de la gobernanza empresarial, la reorganización, la privatización y la liquidación de empresas inviables, son necesarias y figuran entre las prioridades del Gobierno. Además, el sector informal sigue siendo relativamente importante, representando aproximadamente el 27 % del PIB en 2020. La importancia del sector informal se deriva en parte de una pesada carga normativa y no solo implica pérdidas sustanciales de ingresos presupuestarios, sino también una menor productividad.

El sector financiero de Moldavia ha sido objeto de importantes reformas, especialmente a raíz de un grave fraude bancario en 2014, equivalente al 12 % del PIB. Desde entonces, se han reestructurado los principales bancos sistémicos, y la mayoría de las acciones se han vendido a accionistas internacionales transparentes. En la actualidad, el sector bancario parece estar bien capitalizado, cumpliendo todos los bancos el coeficiente de adecuación de capital y habiéndose reducido sustancialmente la proporción de préstamos no productivos en los últimos años. Gracias al éxito de las reformas del sector bancario, el acceso a la financiación ha mejorado recientemente, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la intermediación financiera sigue siendo baja, y la proporción de préstamos concedidos al sector privado se situó, por término medio, en el 20 % del PIB entre 2017 y 2021. Además, los avances generales en la recuperación de los activos robados y los procedimientos judiciales en relación con el fraude bancario de 2014 han sido lentos y no transparentes.

El mercado de trabajo presenta importantes debilidades estructurales, como se refleja en la muy baja tasa de empleo (alrededor del 49 % en 2020). Esto se debe en parte al importante porcentaje de empleo informal, en particular en el sector agrícola y en la construcción. También existe un desajuste entre las cualificaciones y las exigencias profesionales. Aunque el desempleo entre los titulados universitarios sigue siendo, por término medio, inferior al de los que solo tienen un título de educación secundaria, algunos titulados universitarios siguen teniendo dificultades para encontrar un empleo que se ajuste a sus cualificaciones. Los servicios de empleo y los programas del mercado de trabajo se ven obstaculizados por una financiación limitada, mientras que la creación de puestos de trabajo de buena calidad se ve frenada por la insuficiente inversión privada y extranjera en los sectores de mayor valor añadido.

2.2. Capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado de la UE

Moldavia padece un bajo nivel de capacidades y una baja adecuación de estas debido a la baja calidad de la educación y a la importante emigración de trabajadores cualificados. Aunque la inversión en educación ha sido relativamente elevada, situándose en el 5,7 % del PIB durante 2019-2022, Moldavia se sitúa por debajo de la media de la OCDE según los resultados del informe PISA, ocupando el puesto 51 de un total de 78 países. Sin embargo, sigue siendo relativamente mejor que otros países de la región, y se han observado avances a lo largo de los años. La formación profesional ha mejorado y actualmente se está aplicando una nueva forma de educación dual para colmar la brecha entre las instituciones educativas y el sector privado.

La infraestructura física de Moldavia sigue estando relativamente poco desarrollada, a pesar del importante apoyo de los socios internacionales y de una inversión significativa por parte del Gobierno, aunque a partir de un bajo nivel. La formación bruta de capital fijo se aceleró en los últimos años, representando alrededor del 25 % del PIB en 2020. Al mismo tiempo, el volumen total de IED es bajo, en torno al 25 % del PIB, lo que refleja deficiencias en el entorno empresarial y problemas persistentes en materia de corrupción y derechos de propiedad. El sector de la energía adolece de importantes deficiencias estructurales, descubiertas tras la crisis del gas que comenzó en octubre de 2021. Moldavia depende plenamente del suministro de gas procedente de Rusia y no tiene capacidad de almacenamiento en su territorio, lo que hace al país extremadamente vulnerable frente al proveedor. El mercado de la electricidad sufre problemas similares, con escasa diversificación de los recursos energéticos y unas infraestructuras poco desarrolladas. Por tanto, la disociación de los servicios públicos de energía es una de las prioridades de cara del futuro, y Moldavia está colaborando estrechamente con la UE a tal efecto.

La economía moldava no está muy diversificada y sigue dependiendo en gran medida del sector agrícola, lo que la hace menos productiva y especialmente vulnerable a las condiciones climáticas. La agricultura representa alrededor del 12 % del PIB oficial de Moldavia (según datos de 2021) y la agricultura informal de subsistencia representa otro 11 % del PIB. El sector manufacturero sigue siendo relativamente débil, con una participación en el PIB que ha disminuido del 15,4 % en 2016 al 12,4 % en 2021. Sin embargo, el sector de las tecnologías de la información ha experimentado una notable expansión, especialmente desde la pandemia, aunque partiendo de un nivel bajo, lo que se refleja en su creciente contribución al crecimiento del PIB. La adaptación de Moldavia al marco jurídico de la UE en materia de comunicaciones electrónicas es limitada.

La economía de Moldavia está estrechamente integrada con la de la UE. Los vínculos económicos entre ambas economías se han reforzado aún más desde la entrada en vigor de la ZLCAP. La UE es el mayor socio comercial de Moldavia, con una cuota de alrededor del 66 % de sus exportaciones totales, muy por encima de sus homólogos regionales, y alrededor del 45 % del total de sus importaciones en 2021. Los productos alimenticios y agrícolas y otros productos básicos representan casi la mitad de las exportaciones de Moldavia, lo que refleja su débil estructura de exportación y la necesidad de avanzar en las cadenas de valor mundiales. Moldavia es miembro de la OMC desde 2001, con una política comercial ampliamente abierta.

3. CAPACIDAD DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE IMPLICA LA ADHESIÓN

La capacidad de Moldavia para asumir las obligaciones de la adhesión se ha evaluado sobre la base de los siguientes indicadores:

-los compromisos del Acuerdo de Asociación, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (AA/ZLCAP) y su aplicación;

-el nivel de adopción, aplicación y cumplimiento del acervo al margen del AA/ZLCAP.

El Acuerdo de Asociación UE-Moldavia, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (AA/ZLCAP), forma parte de una nueva generación de acuerdos de asociación ambiciosos que la UE ha celebrado con sus países socios. El Acuerdo, con un calendario de aplicación detallado que va de tres a siete años, recoge una parte sustancial del acervo de la UE y aproximará al país a la Unión Europea en materia de armonización reglamentaria.

Desde la entrada en vigor provisional del AA/ZLCAP en 2014, los Estados miembros de la UE participan estrechamente en su aplicación a través del Consejo de Asociación y del Comité de Asociación. Se adoptan posiciones comunes para el Consejo de Asociación y se acuerda un programa detallado anotado para el Comité de Asociación. Las reuniones del Consejo de Asociación al más alto nivel político proporcionan orientación estratégica. Además, la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia asocia al Parlamento Europeo y al Parlamento moldavo en la aplicación del Acuerdo. Los debates se basan en las aportaciones de la sociedad civil a través de la Plataforma de la Sociedad Civil UE-Moldavia, que se tienen debidamente en cuenta.

La estructura institucional incluye el Comité de Asociación y el Comité de Asociación en su configuración «Comercio», subcomités específicos y subcomités por bloques temáticos que abarcan casi todos los capítulos del acervo de la UE, lo que permite un análisis continuo y exhaustivo de los avances en las relaciones. La UE y Moldavia han colaborado estrechamente para determinar los principales ámbitos de actuación, establecer objetivos para la reforma y el progreso legislativo y hacer un balance de los logros en esos ámbitos. Los programas de asociación actualizados periódicamente establecen los objetivos políticos a corto y medio plazo de la cooperación UE-Moldavia.

La aplicación por Moldavia del acervo de la UE está documentada en los «Informes de la UE sobre la ejecución de la Asociación» 5 , publicados periódicamente desde 2017. En una fase posterior se llevará a cabo un examen completo de todos los capítulos del acervo de la UE.

Tras la adopción de la metodología revisada en materia de ampliación 6 , y a efectos de la política de ampliación de la UE, el acervo de la UE se estructura en torno a seis bloques temáticos. El acervo de la UE correspondiente a estos bloques temáticos está cubierto sustancialmente por el AA/ZLCAP y Moldavia se ha aproximado gradualmente a dicho acervo. Moldavia tiene un historial satisfactorio de aplicación, aunque los avances son desiguales y los retrasos en el cumplimiento de los ambiciosos plazos del AA/ZLCAP han sido frecuentes. A la espera del examen completo de todos los capítulos, el análisis que figura a continuación ofrece ejemplos de capítulos de los bloques temáticos en los que Moldavia ha obtenido resultados especialmente satisfactorios y pone de relieve ámbitos en los que la aproximación al acervo de la UE ha sido limitada.

El bloque temático Elementos fundamentales incluye los capítulos del acervo sobre Poder judicial y derechos fundamentales, Justicia, libertad y seguridad, Contratación pública, Estadísticas y Control financiero. Este bloque temático ya ha sido evaluado en el marco de las secciones dedicadas a los criterios políticos y económicos.

En determinados ámbitos del bloque temático, la aproximación al acervo de la UE sigue siendo limitada, por ejemplo, en los ámbitos de Poder judicial y derechos fundamentales y Justicia, libertad y seguridad.

El bloque temático Mercado interior incluye los capítulos del acervo sobre Libre circulación de bienes, Libre circulación de trabajadores, Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, Libre circulación del capital, Derecho de sociedades, Derecho de propiedad intelectual, Política de competencia, Servicios financieros y Protección de los consumidores y de la salud. Moldavia ha logrado resultados particularmente satisfactorios en materia de libre circulación de bienes, ámbito en el que ha realizado esfuerzos sustanciales para ajustarse a las normas de la UE, con objeto de suprimir los obstáculos técnicos a los intercambios comerciales.

En otros ámbitos del bloque temático, la aproximación al acervo de la UE sigue siendo limitada, por ejemplo, en el ámbito de la política de competencia. El AA/ZLCAP establece objetivos ambiciosos en el ámbito de las ayudas estatales y la competencia. La legislación moldava en materia de competencia y ayudas estatales se basa en gran medida en el acervo de la UE en materia de defensa de la competencia y concentraciones. Es necesario seguir reforzando los mecanismos eficaces de seguimiento y vigilancia del mercado y de aplicación de la reglamentación.

El bloque temático Competitividad y crecimiento inclusivo incluye los capítulos del acervo sobre Sociedad de la información y medios de comunicación, Fiscalidad, Política económica y monetaria, Política social y empleo, Política empresarial e industrial, Ciencia e investigación, Educación y cultura y Unión aduanera. Moldavia ha obtenido resultados especialmente satisfactorios en el ámbito de las aduanas, con una nueva legislación encaminada a luchar contra el contrabando y la evasión fiscal a la importación y a aumentar las investigaciones aduaneras, y ha acordado con la UE un programa de reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados. El nuevo código aduanero, que entrará en vigor en 2023, se ajusta al Código Aduanero de la Unión, con algunas excepciones. La asociación de Moldavia a la iniciativa Horizonte Europa es un instrumento fructífero para la integración con las prácticas de la UE en el ámbito de la investigación y la innovación.

En otros ámbitos del bloque temático, la aproximación al acervo de la UE sigue siendo limitada, por ejemplo, en el ámbito de la política social y el empleo.

El bloque temático Agenda ecológica y conectividad sostenible incluye los capítulos del acervo sobre Política de transportes, Energía, Redes transeuropeas y Medio ambiente y cambio climático. Moldavia logró resultados especialmente satisfactorios en el ámbito de las redes RTE-T. La red RTE-T se amplió a Moldavia en 2019 con la determinación de 17 proyectos prioritarios con una inversión de 917 millones EUR. Más del 62 % de los kilómetros prioritarios para las conexiones por ferrocarril y carretera se han finalizado o se están realizando. El Acuerdo sobre una Zona Común de Aviación firmado en 2013 integra los mercados de la aviación de Moldavia y de la UE, al tiempo que prevé una adaptación progresiva al acervo pertinente de la UE. 

Aunque se han realizado algunos trabajos preparatorios, se requieren esfuerzos significativos, junto con apoyo político y financiero, para adaptar la legislación moldava al acervo de la UE en materia de medio ambiente y acción por el clima. Serán necesarias reformas significativas con vistas a los objetivos del Pacto Verde Europeo 7 . Hay otros ámbitos en los que la aproximación al acervo de la UE sigue siendo limitada, como la energía. La adhesión de Moldavia a la Comunidad de la Energía apoya la adopción de las reformas necesarias en el mercado de la energía, con la separación y la certificación de los gestores de redes de transporte de electricidad y de gas. El diálogo estratégico de alto nivel con Moldavia sobre energía, iniciado en 2021, ha contribuido a acelerar la transformación de la red energética de Moldavia y a garantizar la seguridad del suministro a corto plazo mediante la diversificación de las fuentes de energía en consonancia con el Plan REPowerEU. El diálogo proporciona una plataforma para mejorar la aplicación del acervo de la UE hacia la transición ecológica y la neutralidad en carbono. También permite cubrir el acervo más reciente de la UE no incluido en el Acuerdo de Asociación, así como los aspectos financieros y de gobernanza necesarios para su aplicación.

El bloque temático Recursos, agricultura y cohesión incluye los capítulos del acervo sobre Agricultura y desarrollo rural, Seguridad alimentaria, Política veterinaria y fitosanitaria, Pesca, Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales y Disposiciones financieras y presupuestarias. Moldavia ha logrado resultados especialmente satisfactorios en materia de agricultura y desarrollo rural, donde ha aplicado una parte sustancial del acervo de la UE en los ámbitos de la política de calidad, la agricultura ecológica, las normas de comercialización, los productos, las frutas y hortalizas y las normas de comercialización de los productos animales. El país ha empezado a aplicar algunos mecanismos clave para la política regional.

La aproximación al acervo en el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria es limitada.

El bloque temático Relaciones exteriores incluye los capítulos sobre Relaciones exteriores y Política exterior, de seguridad y de defensa. Por lo que se refiere a las posiciones de la política exterior y de seguridad común de la UE, el índice de adaptación a las declaraciones pertinentes de la Alta Representante en nombre de la UE y a las Decisiones del Consejo fue del 62 % en 2021 (2020: 68 %; 2019: 80 %; 2018: 72 %; 2017: 69 %). En marzo de 2022 se inició un diálogo político y de seguridad de alto nivel con Moldavia para complementar los intercambios periódicos en el marco del Consejo de Asociación y seguir promoviendo la convergencia gradual en asuntos exteriores y de seguridad. Moldavia contribuye a las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa, con un representante militar en comisión de servicios en la Misión de Formación Militar de la UE en Mali desde septiembre de 2020. Hay margen para seguir reforzando la cooperación en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y para aumentar la convergencia de Moldavia con la política exterior y de seguridad común, particularmente en lo relativo a todas las posiciones de la UE.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Moldavia es una democracia parlamentaria que ha emprendido recientemente un programa de reformas profundas a pesar de una serie de crisis exógenas. La naturaleza parlamentaria de su sistema democrático ha sido confirmada por las elecciones competitivas celebradas recientemente a nivel parlamentario y presidencial. El marco jurídico y constitucional del país se corresponde en gran medida con las normas europeas e internacionales. Moldavia dispone de un marco para una Administración Pública moderna que incluye mecanismos para la elaboración y la coordinación de políticas, y el Gobierno ha avanzado en la gestión de las finanzas públicas. Deben garantizarse capacidades institucionales y administrativas públicas adecuadas para la elaboración de políticas, la aplicación de la legislación y la ejecución de las políticas. Tras el fraude bancario de 2014, Moldavia ha emprendido una importante revisión de su sistema judicial y de su sistema de lucha contra la corrupción. En cuanto a la reforma del sistema judicial, el país ha adoptado medidas decisivas, entre ellas reformas constitucionales para mejorar el funcionamiento del sistema judicial, que aún requiere mejoras en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Del mismo modo, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, que sigue siendo motivo de gran preocupación, existen instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, pero siguen siendo necesarios mayores esfuerzos para llevar los casos de corrupción ante los tribunales y procesarlos eficazmente. El marco para los derechos fundamentales y la libertad de expresión se ajusta generalmente a las normas europeas e internacionales. Moldavia ha realizado importantes avances en materia de libertad de los medios de comunicación, a pesar de la concentración de estos y de la opacidad de su financiación. Se requieren esfuerzos adicionales para garantizar el acceso a la información de interés público y salvaguardar la independencia de los periodistas. En general, por lo que se refiere a los criterios políticos, Moldavia cuenta con una sólida base para alcanzar la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Moldavia ha aplicado políticas macroeconómicas razonablemente sólidas, ha reforzado significativamente la estabilidad del sector financiero y ha mejorado el entorno empresarial. Moldavia debe abordar sus ineficiencias con el fin de atraer más inversión privada extranjera y mejorar las inversiones públicas y privadas en infraestructuras estratégicas, educación e innovación. Entre los ámbitos fundamentales para mejorar el funcionamiento de su economía de mercado figuran también la reducción de la corrupción y la continuación de las reformas judiciales, la aplicación de los derechos de propiedad, la continuación del desarrollo de un entorno empresarial más dinámico y una mejor reforma de la gobernanza del sector de las empresas públicas con vistas a reducir su tamaño. Del mismo modo, se necesitan mejoras en materia de seguridad energética con el fin de reducir la intensidad energética de la economía y de la sociedad. Además, la capacidad del país para hacer frente a la presión competitiva en la UE dependerá de un mercado laboral más sólido y diversificado y de la reducción de la fuga de mano de obra, lo que mejoraría el potencial de crecimiento de Moldavia y la competitividad exterior.

Por lo que se refiere a la capacidad de cumplir las obligaciones de la adhesión, Moldavia trabaja desde 2016 en la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia, incluida una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (AA/DFCTA). Este acuerdo ya recoge una cantidad significativa del acervo de la UE y Moldavia ha reforzado gradualmente el proceso de adaptación en muchos capítulos y tiene un historial satisfactorio de aplicación, mientras que en algunos sectores el proceso está más avanzado que en otros. En general, Moldavia ha establecido una base sólida para una mayor adaptación.

Moldavia es un Estado europeo comprometido con el respeto y la promoción de los valores en los que se fundamenta la Unión Europea. Por consiguiente, la Comisión recomienda al Consejo que dé a Moldavia la perspectiva de convertirse en miembro de la Unión Europea.

La Comisión recomienda que se conceda a Moldavia el estatuto de país candidato, entendiéndose que se adoptarán las siguientes medidas:

-completar las medidas esenciales de la reforma global del sistema judicial que se ha puesto en marcha recientemente en todas las instituciones de las cadenas de justicia y enjuiciamiento, a fin de garantizar su independencia, integridad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia, especialmente mediante un uso eficiente de la verificación de activos y una supervisión democrática eficaz; en particular, cubrir todas las vacantes restantes del Consejo Superior de la Magistratura y de sus órganos especializados;

-en todos estos ámbitos, abordar las deficiencias detectadas por la OSCE / Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos del Hombre (OIDDH) y el Consejo de Europa / la Comisión de Venecia;

-cumplir el compromiso de luchar contra la corrupción a todos los niveles adoptando medidas decisivas para llevar a cabo investigaciones proactivas y eficientes, y obtener un historial creíble de enjuiciamientos y condenas; aumentar sustancialmente el grado de aplicación de las recomendaciones del Centro nacional de lucha contra la corrupción;

-aplicar el compromiso de «desoligarquización», eliminando la influencia excesiva de los intereses creados en la vida económica, política y pública;

-reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, sobre la base de evaluaciones detalladas de las amenazas, una mayor cooperación con los socios regionales, de la UE e internacionales y una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad; en particular, poner en marcha un paquete legislativo sobre recuperación de activos y un marco global para la lucha contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, garantizando que la legislación contra el blanqueo de capitales se ajuste a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);

-aumentar la capacidad para llevar a cabo reformas y prestar servicios públicos de calidad, especialmente acelerando la aplicación de la reforma de la Administración Pública; evaluar y actualizar la estrategia de reforma de la Administración Pública;

-completar la reforma de la gestión de las finanzas públicas, especialmente mejorando la contratación pública a todos los niveles de la Administración;

-reforzar la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.

-reforzar la protección de los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables, y mantener el compromiso de fomentar la igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres;

La Comisión supervisará los avances de Moldavia en el cumplimiento de estas medidas y presentará un informe al respecto, junto con una evaluación detallada del país, antes de finalizar 2022.

El proceso de adhesión sigue basándose en criterios y condiciones establecidos. Ello permite a cualquier país que participe en el proceso avanzar en función de sus propios méritos, pero también significa que puede producirse una reversión en el desarrollo de las etapas hacia la adhesión a la UE en caso de que ya no se cumplan las condiciones subyacentes.

(1)

  20220311-versailles-declaration-en.pdf (europa.eu)

(2)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=EN  

(3)

SWD(2021) 186 final.

(4)

Según lo comunicado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa.

(5)

SWD(2021) 295 final.

(6)

COM (2020) 57 final.

(7)

COM(2019) 640 final.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 17.6.2022

COM(2022) 406 final

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO

Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de la República de Moldavia a la Unión Europea