—

Vistas las peticiones recibidas sobre cuestiones de discapacidad a las que se alude en el título de la presente resolución y las deliberaciones previas de la Comisión de Peticiones sobre dichas peticiones,

—

Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 19, 48, 67, apartado 4, 153, 165, 168 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 y 47,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 1, 3, 10 y 17,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (1),

—

Vistas las observaciones generales sobre la CDPD, en cuanto orientación autorizada sobre la aplicación de la CDPD,

—

Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención (2),

—

Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD), de 2 de octubre de 2015, sobre el informe inicial de la Unión Europea,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre el modo en que la Comisión Europea garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a sus sitios web,

—

Vista la medida del Consejo por la que se establece el marco revisado de la UE exigido por el artículo 33, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre cómo la Comisión Europea supervisa los fondos de la UE utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y de las personas mayores a vivir de forma independiente,

—

Visto el Informe de 2020 sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, sobre el tema «Configuración de la agenda de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad para el período 2020-2030»,

—

Visto el Índice de igualdad de género elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2020,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (3),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (4),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (5),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (6),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (7),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021 titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101),

—

Vistas la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426, en lo sucesivo, «Directiva contra la discriminación»), presentada por la Comisión, y la posición del Parlamento al respecto (9), de 2 de abril de 2009,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (10),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (11),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de noviembre de 2020, sobre la «Evaluación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020» (SWD(2020)0291),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (12),

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (13),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19 (14),

—

Vista su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre la Garantía Infantil Europea (15),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD (16),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (17),

—

Visto su estudio, de 3 de noviembre de 2016, titulado «European structural and investment funds and people with disabilities in the European Union» (Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad en la Unión Europea),

—

Visto su estudio, de 15 de septiembre de 2017, titulado «Inclusive education for learners with disabilities» (Educación inclusiva para estudiantes con discapacidad),

—

Visto su estudio, de 9 de octubre de 2015, titulado «La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», y sus actualizaciones de 2016, 2017 y 2018,

—

Visto su análisis en profundidad, de 15 de agosto de 2016, sobre el Acta Europea de Accesibilidad («The European Accessibility Act»),

—

Visto su estudio, de 8 de mayo de 2018, titulado «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Transporte y turismo para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida),

—

Visto su estudio, de 15 de julio de 2020, titulado «The Post-2020 European disability strategy» (La Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020),

—

Vistos el artículo 54 y el artículo 227, apartado 3, de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Vista la carta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0261/2021),

A.

Considerando que en torno al 1 % del total de peticiones recibidas cada año por la Comisión de Peticiones se refieren a diversas cuestiones relacionadas con la discapacidad;

B.

Considerando que hay aproximadamente 87 millones de personas con discapacidad en la UE (18);

C.

Considerando que el 37 % de las personas de la Unión de quince años o más padecen limitaciones físicas o sensoriales (moderadas o graves) (19);

D.

Considerando que las peticiones sobre cuestiones de discapacidad ponen de manifiesto las dificultades con que se encuentran las personas con discapacidad y el hecho de que se enfrentan a discriminación y obstáculos en su vida cotidiana y que no gozan de las libertades y derechos fundamentales establecidos en la CDPD, como los que atañen al acceso al transporte público y al entorno construido, el uso de las lenguas de signos, la financiación y la igualdad de acceso a la educación y la formación profesional;

E.

Considerando que suele admitirse que las personas con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples obstáculos y discriminación en su vida cotidiana que les impiden gozar de las libertades y derechos fundamentales establecidos en los marcos legislativos aplicables de la Unión y las Naciones Unidas; que estos incluyen el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembros —cuya falta dificulta la libertad de circulación en la Unión para las personas con discapacidad— el acceso al transporte público, la accesibilidad física, sensorial y cognitiva al entorno construido, productos, servicios y programas, el uso de lenguas de signos y todos los demás medios y tipos de comunicación e información accesibles, y la financiación y la igualdad de acceso a la educación y la formación profesional, el acceso al mercado laboral, el acceso a la asistencia personal y la inclusión en la comunidad, y la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y el trabajo;

F.

Considerando que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos en igualdad de condiciones que las demás en todos los ámbitos de la vida, y que les asiste el derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato, a vivir de forma independiente, a la autonomía y a la plena participación en la sociedad, así como a esperar que se respete y se valore su contribución al progreso social, político y económico de la UE;

G.

Considerando que la información que se deriva de las peticiones presentadas al Parlamento por las personas con discapacidad o sobre cuestiones de discapacidad puede servir como fuente de información respecto a las lagunas existentes en la aplicación de la CDPD tanto a escala nacional como de la UE, y puede ayudar a articular la legislación en todos los ámbitos de la formulación de políticas;

H.

Considerando que la Comisión de Peticiones desempeña un «papel protector» para garantizar el cumplimiento de la CDPD en el ámbito de la formulación de políticas y las acciones legislativas a escala de la UE; que se ha solicitado a la Comisión de Peticiones la elaboración de un marco de la Unión, junto con la Defensora del Pueblo Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad, según lo adoptado por el Consejo en su sesión n.o 3513, celebrada el 16 de enero de 2017;

I.

Considerando que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha subrayado la importancia de las peticiones relativas a los derechos de las personas con discapacidad a la luz del papel y las responsabilidades del Parlamento establecidos en el marco de la Unión para supervisar la aplicación de la CDPD;

J.

Considerando que, en el desempeño de ese papel, la Comisión de Peticiones tiene el deber especial de proteger los derechos de las personas con discapacidad en la UE, estando garantizado el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales por el Derecho de la Unión y la CDPD; que la información disponible sobre estos derechos es insuficiente y poco accesible;

K.

Considerando que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales valora muy positivamente el papel fundamental de la Comisión de Peticiones como puente entre la población de la Unión, el Parlamento y las demás instituciones de la Unión, y como instrumento importante para involucrar a los ciudadanos en la democracia participativa; que el derecho de petición al Parlamento es uno de los derechos fundamentales de todas las personas y organizaciones basadas en la UE y es una fuente directa indispensable de información objetiva;

L.

Considerando que el derecho y el proceso de petición deben ser más visibles y accesibles para todas las personas y organizaciones de la UE, incluidas las personas con discapacidad; que la Comisión de Peticiones debe garantizar una mayor visibilidad e información suficiente a este respecto mediante campañas de información y concienciación específicas que presten especial atención a los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad; que el Parlamento todavía no ha desarrollado un índice de eficacia para su sistema de peticiones ni ha recogido datos estadísticos relativos a la tramitación de las peticiones;

M.

Considerando que la CDPD es el primer tratado internacional de derechos humanos ratificado por la Unión y todos sus Estados miembros;

N.

Considerando que la Unión y cinco Estados miembros no han ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPD;

O.

Considerando que una Unión de la Igualdad para todos, y en todos sus sentidos, constituye una de las prioridades de las orientaciones políticas de la Comisión actual;

P.

Considerando que las peticiones han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones las limitaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación, lo que conlleva una participación en las actividades educativas inferior a la media de la población y, en consecuencia, un riesgo de exclusión social y económica; que una de cada cuatro personas con discapacidad abandona el sistema educativo de forma prematura (20);

Q.

Considerando que la creación de la función de Comisario de Igualdad desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la nueva estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 (Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030);

R.

Considerando que, en sus resoluciones, el Parlamento ha instado reiteradamente a los Estados miembros a aplicar las políticas apropiadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos sociales, políticos y económicos;

S.

Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que toda la población de la Unión tenga derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente e imparcial previamente establecido por la ley, y que todos tengan la oportunidad de ser asesorados, defendidos y representados;

T.

Considerando que 24 Estados miembros han informado exhaustivamente de los progresos realizados en la aplicación de la CDPD, siendo la accesibilidad uno de los principios básicos de la Convención, tras las consultas enviadas a las representaciones permanentes de todos los Estados miembros por la Comisión de Peticiones a raíz de la petición 0535/2017;

U.

Considerando que la propuesta de Directiva contra la discriminación, que proporcionaría una mayor protección contra todo tipo de discriminación mediante la adopción de un enfoque horizontal, sigue bloqueada en el Consejo, y que tal ha sido el caso durante más de una década;

V.

Considerando que la accesibilidad es una condición previa para ejercer todos los demás derechos recogidos en la CDPD en pie de igualdad con el resto de la población; que la Comisión ha propuesto diversas acciones para supervisar la aplicación de la legislación vigente en materia de accesibilidad, así como nuevas medidas para crear una Unión sin barreras;

W.

Considerando que las iniciativas a nivel de la Unión, como el Premio Ciudad Accesible, fomentan la adecuación de los espacios públicos a las necesidades de las personas mayores y las personas con discapacidad; que el concurso ha premiado a las ciudades que se comprometen en su formulación de políticas a ser inclusivas para las personas con discapacidad y respetuosas con sus derechos, que son receptivas a las necesidades de las personas con discapacidad y que mantienen un diálogo social con las organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad y las personas mayores; que la adecuación de los espacios públicos no solo ayudará a combatir la exclusión social, sino que también contribuirá al crecimiento económico;

X.

Considerando que varias peticiones ilustran los problemas de acceso de las personas con discapacidad al entorno construido, al transporte, a los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a otras instalaciones y servicios prestados al público; que las peticiones ilustran asimismo la necesidad de mejorar dicho acceso;

Y.

Considerando que es indispensable que las instituciones de la UE garanticen que sus sitios web cumplen las especificaciones técnicas necesarias para que sean accesibles para las personas con discapacidad, de modo que puedan recibir información correcta y directa sobre todas las cuestiones que les conciernen como ciudadanos, con el fin de aumentar la accesibilidad de los documentos, los vídeos y los sitios web y promover medios de comunicación alternativos;

Z.

Considerando que se ha creado en el Parlamento un grupo de trabajo interservicios sobre la lengua de signos con el fin de aplicar medidas para atender la solicitud formulada en la petición 1056/2016 de permitir la presentación de peticiones en las lenguas nacionales de signos utilizadas en la Unión Europea;

AA.

Considerando que las medidas adoptadas por los Gobiernos en la gran y excepcional crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 deben respetar siempre los derechos y libertades fundamentales de las personas y no discriminar a los ciudadanos con discapacidad;

AB.

Considerando que varias peticiones demuestran que la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de las personas con discapacidad, incluidas las violaciones de sus derechos humanos más básicos, como el acceso a la atención sanitaria, a las medidas de protección contra la propagación de la enfermedad y a la educación;

AC.

Considerando que el Parlamento debe garantizar que las medidas para combatir la COVID-19 se ajusten a la Carta y a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

AD.

Considerando que, debido a la difícil situación durante la crisis de la COVID-19, ocasionalmente se han cerrado de forma temporal las instituciones para personas con discapacidad y personas mayores, como escuelas o centros de día; que, en esta situación de emergencia, el cuidado de las personas con discapacidad intelectual ha recaído en sus familiares; que las personas con discapacidad que viven en instituciones que han permanecido abiertas se han visto muy afectadas durante la pandemia debido a su dependencia del contacto físico con los cuidadores y el personal de apoyo, la falta de personal, la falta de equipos de protección individual y productos desinfectantes y, por consiguiente, las elevadas tasas de enfermedad y el aumento del número de muertes;

AE.

Considerando que las medidas de confinamiento tienen un impacto especialmente negativo en las personas con discapacidad;

AF.

Considerando que las peticiones han puesto de relieve reiteradamente el hecho de que las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad son limitadas; que la diferencia entre las tasas de empleo de las personas con y sin discapacidad en la Unión es, en promedio, del 25 % (21);

AG.

Considerando los bajos niveles de empleo de las personas con discapacidad, que rondan el 50,6 %, frente al 74,8 % de las personas sin discapacidad; considerando asimismo que la pandemia y la crisis social y económica han incrementado las desigualdades entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad;

AH.

Considerando que el trabajo en instituciones segregadas no facilita la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto;

AI.

Considerando que casi uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión encuestados informó de algún grado de limitación funcional debido al estado de salud (22);

AJ.

Considerando que la protección social y los derechos laborales, el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de conformidad con la normativa de la Unión y la CDPD, así como otras cuestiones incluidas en el ámbito de competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, figuran entre las preocupaciones más comunes en materia de igualdad de las personas con discapacidad expresadas en las peticiones recibidas por el Parlamento;

AK.

Considerando que la Comisión de Peticiones recibe muchas peticiones relacionadas con la Directiva 2000/78/CE del Consejo en relación con la no aplicación del principio de igualdad de trato en materia de acceso a la educación inclusiva, empleo, formación profesional, ascensos y condiciones de trabajo de las personas con discapacidad; que los Estados miembros y la UE han ratificado la CDPD, cuyo artículo 24 establece que los firmantes deben garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al aprendizaje permanente, la educación de adultos, la formación profesional y la educación secundaria y terciaria general, así como a una educación primaria gratuita y obligatoria;

AL.

Considerando que el acceso al empleo, la educación y la formación de calidad, a la atención sanitaria, a la protección social, también con carácter transfronterizo, y a una vivienda adecuada, el apoyo a la vida independiente y la igualdad de oportunidades de participación en actividades de ocio y en la vida comunitaria resultan esenciales para la calidad de vida de las personas con discapacidad;

AM.

Considerando que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030 recientemente presentada es un paso positivo para atender los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, pero que estas personas siguen enfrentándose a obstáculos y discriminación; que, en 2019, el 28,4 % de la población con discapacidad de la Unión (de dieciséis años o más) se encontraba en riesgo de exclusión social o pobreza (23); que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030 tendrá que poner remedio a esta situación;

AN.

Considerando que el principio 17 del pilar europeo de derechos sociales establece que «las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades»;

AO.

Considerando que los lugares de trabajo protegidos deben tener como objetivo garantizar la inclusión, la rehabilitación y la transición al mercado laboral abierto, pero que a menudo son entornos segregados en los que los trabajadores con discapacidad no tienen la condición de empleados o no gozan de derechos laborales, lo que constituye claramente una violación de la CDPD; que los modelos inclusivos de empleo con apoyo, si se basan en derechos y se reconocen como empleo, pueden respetar los derechos de las personas con discapacidad y servir como lugar de inclusión y transición al mercado laboral abierto;

AP.

Considerando que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 plantea una grave amenaza para las economías europeas y el mantenimiento de los puestos de trabajo; que las personas de grupos desfavorecidos, en particular las personas con discapacidad, se han visto especialmente afectadas por la pandemia; que las medidas de prevención contra la COVID-19 han planteado tanto nuevas oportunidades como desafíos para las personas con discapacidad en lo que respecta a la accesibilidad e inclusión en el mercado laboral;

AQ.

Considerando que la Unión debe apoyar, a través del instrumento de recuperación de carácter temporal NextGenerationEU, una respuesta y una recuperación respecto de la COVID-19 inclusivas en materia de discapacidad; que las organizaciones de la sociedad civil y voluntariado que trabajan en el sector de la discapacidad han demostrado una vez más, durante la crisis de la COVID-19, su suma importancia y resiliencia;

AR.

Considerando que las medidas de prevención contra la COVID-19 han creado nuevas barreras para las personas con discapacidad y han exacerbado la exclusión existente en todos los ámbitos del mundo laboral; que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de perder su trabajo y tener dificultades para encontrar uno nuevo; que la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la accesibilidad y la inclusividad de la organización del trabajo y los regímenes laborales, así como en el empleo y las condiciones laborales de las personas con discapacidad, y ha expuesto a muchas personas con discapacidad a los efectos negativos del teletrabajo;

AS.

Considerando que, en 2019, casi 18 millones de niños en la Unión (el 22,2 % de la población infantil) vivían en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; que los niños con discapacidad sufren desventajas específicas que los hacen especialmente vulnerables; que esto acrecienta la importancia de garantizar a los niños necesitados un acceso gratuito y eficaz a la educación y los cuidados para la primera infancia de calidad, las actividades educativas y escolares, al menos una comida saludable cada día de escuela y la atención sanitaria, así como el acceso eficaz a una nutrición sana y una vivienda adecuada, según se establece en la Recomendación del Consejo sobre una Garantía Infantil Europea;

AT.

Considerando que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, otorgándole un carácter vinculante para ellos, y que el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece el objetivo de la Unión de garantizar la protección de los derechos de los niños; que la Carta garantiza la protección de los derechos de los niños por las instituciones de la Unión y por los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión; que el Parlamento aprobó con una sólida mayoría su Resolución sobre la Garantía Infantil Europea, en la que se exige el acceso a una educación inclusiva desde la primera infancia hasta la adolescencia para todos los niños, incluidos los niños romaníes, los niños con discapacidad, los niños apátridas y migrantes y los niños que viven en contextos de emergencia humanitaria;

AU.

Considerando que la discriminación relacionada con el trabajo contra las personas con discapacidad guarda relación con la falta de educación y formación profesional inclusivas, así como con la segregación y la discriminación presentes en los ámbitos de la vivienda y la atención sanitaria, y la inaccesibilidad del transporte y otros servicios y productos;

AV.

Considerando que, en su Resolución sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación a la luz de la CDPD de las Naciones Unidas, el Parlamento reveló las deficiencias de la Directiva 2000/78/CE del Consejo;

AW.

Considerando que la Directiva (UE) 2019/1158 exige a los Estados miembros que evalúen si las condiciones de acceso y las modalidades detalladas del permiso parental, de cuidadores y de trabajadores deben adaptarse a las necesidades específicas de los progenitores en situaciones particulares adversas, como los progenitores con discapacidad, los progenitores adoptivos, solteros o separados de niños con discapacidad o enfermedades crónicas o los progenitores en circunstancias difíciles;

AX.

Considerando que las personas con discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos en su vida diaria, por ejemplo, en la obtención de asistencia personal, en su inclusión en la comunidad, en la búsqueda de una vivienda accesible adecuada y asequible y en la obtención de una sanidad asequible, así como de una asistencia sanitaria y social centrada en las personas;

AY.

Considerando que el desempleo y la falta de empleo de calidad y sostenible para las personas con discapacidad son los principales factores que contribuyen al alto riesgo de pobreza, exclusión social y carencia de hogar entre las personas con discapacidad;

AZ.

Considerando que, en 2017, un tercio de los adultos con discapacidad de la Unión vivía en un hogar cuyos recursos económicos no eran suficientes para cubrir los gastos necesarios habituales; que, en 2019, casi dos tercios de la población de la Unión con una limitación de actividad estuvo en riesgo de pobreza, sin prestaciones sociales, subsidios o pensiones (24);

BA.

Considerando que las personas con discapacidad constituyen un grupo diverso y a menudo sujeto a la discriminación interseccional, cuyos efectos acumulativos tienen un efecto tangible en el empleo;

BB.

Considerando que la desinstitucionalización ha avanzado de manera desigual en los Estados miembros y que, pese a la introducción de políticas pertinentes y la asignación de importantes fondos de la Unión, todavía hay un millón de personas que viven en instituciones; que se han presentado varias peticiones en relación con el uso indebido de los fondos de la Unión para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad; que, en febrero de 2021, la Defensora del Pueblo Europea abrió una investigación por iniciativa propia sobre el papel de la Comisión a la hora de garantizar que los Estados miembros utilicen los fondos de la Unión con miras a promover la vida independiente de las personas con discapacidad y las personas mayores y a abandonar el modelo de las instituciones residenciales; que los Estados miembros deben acelerar el proceso de desinstitucionalización y la Comisión debe supervisar de cerca su progreso;

BC.

Considerando que la recopilación de estadísticas de la Unión sobre población no tiene en cuenta la naturaleza de la discapacidad de una persona ni el número de personas con discapacidad que viven en instituciones residenciales, lo que obstaculiza el cumplimiento del artículo 31 de la CDPD;

BD.

Considerando que el catálogo de subsidios y derechos derivados de la condición de discapacidad varía de un Estado miembro a otro, como también lo hacen las entidades que definen y reconocen dichos derechos;

BE.

Considerando que se prevé que el número de personas con discapacidad y de personas que necesitan cuidados y cuidados de larga duración aumente drásticamente en la Unión, debido, entre otros factores, a los retos demográficos y al aumento de las enfermedades crónicas; que actualmente la mayoría de los cuidados de larga duración los prestan cuidadores informales, por lo general no remunerados y en su mayoría mujeres; que las políticas para hacer frente a los retos demográficos y responder a las crecientes necesidades de cuidados y de cuidados de larga duración deben diseñarse de forma que no conduzcan a un aumento de la presión que soportan los cuidadores informales;

BF.

Considerando que la discapacidad es a menudo consecuencia de una lesión profesional o se adquiere debido a una enfermedad crónica relacionada con una enfermedad profesional y la exposición a peligros para la salud;

BG.

Considerando que el compromiso con una mejor inclusión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad debe reflejarse en todos los ámbitos de actuación, también en el proceso del Semestre Europeo;

BH.

Considerando que la Unión y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para la aplicación de los derechos reconocidos en la CDPD y modificar o revocar las medidas existentes constitutivas de discriminación contra las personas con discapacidad; que la Unión y los Estados miembros deben proteger y promover los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas;

BI.

Considerando que en la Unión Europea viven 46 millones de mujeres y niñas con discapacidad (25);

BJ.

Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentan a múltiples discriminaciones interseccionales y retos derivados de la confluencia de género y discapacidad con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el país de origen, la clase, la situación migratoria, la edad o el origen racial o étnico; que las mujeres con discapacidad procedentes de minorías tienen más probabilidades de sufrir una triple discriminación debido a su situación vulnerable; que la discriminación genera obstáculos a su participación en todos los ámbitos de la vida, incluidas desventajas socioeconómicas, aislamiento social, violencia de género, esterilizaciones y abortos forzosos, falta de acceso a los servicios comunitarios, la cultura, el deporte y el ocio, viviendas de baja calidad, institucionalización y atención sanitaria deficiente; que estos obstáculos reducen la probabilidad de que puedan participar plenamente e implicarse activamente en la sociedad y contribuir a ella, también en lo que respecta a la educación y el mercado laboral;

BK.

Considerando que el 20,6 % de las mujeres con discapacidad de la Unión trabajan a tiempo completo, frente al 28,5 % de los hombres con discapacidad (26); que, por término medio, los datos indican que el 29,5 % de las mujeres con discapacidad en la Unión corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, frente al 27,5 % de los hombres con discapacidad (27);

BL.

Considerando que la CDPD señala que las mujeres y las niñas con discapacidad están expuestas a un mayor riesgo de violencia, tanto dentro como fuera del hogar; que algunos Estados miembros aún no han ratificado el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); que la ampliación de los ámbitos delictivos con el fin de incluir formas específicas de violencia de género de conformidad con el artículo 83, apartado 1, del TFUE proporcionará una mayor protección a las mujeres y las niñas con discapacidad;

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