COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 19.10.2021

COM(2021) 644 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2021 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2021) 288 final} - {SWD(2021) 289 final} - {SWD(2021) 290 final} - {SWD(2021) 291 final} - {SWD(2021) 292 final} - {SWD(2021) 293 final} - {SWD(2021) 294 final}

I. INTRODUCCIÓN                                

La presente Comunicación hace balance de la situación desde el último «Paquete de ampliación», adoptado en octubre de 2020. Examina los avances conseguidos por los países de los Balcanes Occidentales y Turquía, los retos a los que estos países se han enfrentado y las reformas que deben acometer, y presenta conclusiones y recomendaciones para el próximo período. Tiene en cuenta las circunstancias específicas, como la pandemia de COVID-19, que han influido en la evolución de la situación en la UE y en la citada región.

La Cumbre entre la UE y los Balcanes Occidentales celebrada el 6 de octubre de 2021 envió a los socios de esos países el importante mensaje de que su futuro reside en la Unión Europea. El firme y estratégico compromiso de la UE con la región se reflejó en una serie de acciones determinantes que aportaron beneficios tangibles a los ciudadanos de los Balcanes Occidentales: desde el apoyo continuo a la respuesta frente a la COVID-19 hasta el importante compromiso de financiación en el marco del Plan Económico y de Inversión 1 para impulsar la recuperación sostenible a largo plazo de la región. Los dirigentes han acordado reforzar la cooperación en toda una gama de ámbitos, de los que forma parte la seguridad, y se han comprometido a celebrar cumbres periódicas entre la UE y los Balcanes Occidentales.

La pandemia de COVID-19 golpeó duramente a los Balcanes Occidentales en el segundo semestre de 2020 y a principios de 2021. Tras un paquete inicial de más de 3 300 millones EUR de la UE en beneficio de las personas y las empresas de los Balcanes Occidentales 2 , el Plan Económico y de Inversión ha añadido otros 9 000 millones EUR en apoyo de la recuperación socioeconómica de la región con cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA). El objetivo perseguido es generar posibles inversiones adicionales por un importe de 20 000 millones EUR.

Todos los países de los Balcanes Occidentales se han adherido al Mecanismo COVAX, al que la UE, como parte del Equipo Europa, ha asignado ya más de 3 000 millones EUR. COVAX garantiza a sus socios participantes el acceso a vacunas seguras y eficientes contra la COVID-19 a un precio negociado. Además de su cuantiosa ayuda a COVAX, la Unión Europea reservó 70 millones EUR en subvenciones a los Balcanes Occidentales principalmente para la reventa de vacunas compradas por la UE. Para empezar, entre mayo y agosto de 2021 se administraron 650 000 dosis facilitadas por Austria, medida a la que siguieron otras donaciones efectuadas por varios Estados miembros en nombre del Equipo Europa. En total, la UE y sus Estados miembros han suministrado 2,9 millones de dosis de vacunas a los Balcanes Occidentales. El Mecanismo de Protección Civil de la UE contribuyó a la entrega de vacunas y material médico procedentes de los Estados miembros y de la reserva médica de emergencia de rescEU. La UE seguirá apoyando los planes de vacunación de todos sus socios para contribuir a alcanzar índices de vacunación similares a la media de la UE a finales de 2021.

Teniendo en cuenta la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales, la UE ha seguido brindando a los países de esa región un trato de socios privilegiados, invitándolos a los mecanismos e instrumentos de la UE, como las reuniones del Comité de Seguridad Sanitaria, la adquisición conjunta de contramedidas médicas, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el Fondo de Solidaridad, la asistencia consular para la repatriación, y la exención de las restricciones temporales de la UE a la exportación de material médico. Además, los socios de los Balcanes Occidentales también pueden destinar las subvenciones concedidas para la compra de vacunas a cubrir los costes de los requisitos técnicos necesarios para adaptarse plenamente al sistema de certificado digital COVID de la UE. La República de Macedonia del Norte culminó su proceso de adaptación a ese sistema en agosto y la República de Albania a principios de septiembre. La participación en el sistema de certificado digital COVID de la UE facilitará los viajes entre los Balcanes Occidentales y la UE y supondrá para esa región una ayuda más a la hora de mitigar el impacto económico y social de la pandemia.

En un movimiento de cooperación y solidaridad con Turquía frente a la pandemia de COVID-19, las primeras medidas de respuesta financiadas por la UE se pusieron en marcha inmediatamente después de que la pandemia se declarase. Hasta la fecha, la Unión Europea ha movilizado más de 105 millones EUR de fondos de la UE para la prevención y el tratamiento de la COVID-19 y para la mitigación de sus repercusiones económicas y sociales. Concretamente, se movilizaron aproximadamente 64 millones EUR con cargo al Mecanismo para los Refugiados en respuesta a las necesidades de los refugiados relacionadas con la COVID-19. Turquía fue uno de los primeros países que se incorporó al sistema de certificado digital COVID de la UE, lo que permitió el reconocimiento mutuo de los certificados en la UE y en Turquía. En agosto de 2021, Turquía activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE, solicitando aeronaves que ayudasen a apagar los incendios que se declararon en las regiones costeras del mar Egeo y del Mediterráneo.

Resumen de los principales acontecimientos

Montenegro y Serbia acordaron aplicar la metodología revisada de 2020 que se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales». 3  Ese acuerdo fue refrendado en las primeras conferencias políticas intergubernamentales celebradas con estos países el 22 de junio de 2021 y dejó patente el compromiso de la UE con el progreso de sus negociaciones de adhesión. La primera conferencia intergubernamental celebrada con Montenegro conforme a la metodología revisada dio un impulso político a la aceleración de la actividad con vistas a cumplir los criterios de referencia intermedios sobre el Estado de Derecho, siguiente hito que permitirá avanzar en las negociaciones de adhesión. La primera conferencia intergubernamental celebrada con Serbia conforme a la metodología revisada fijó la trayectoria hacia la apertura de bloques temáticos en función de los avances previstos por el país, en particular en el campo de las reformas referentes al Estado de Derecho.

En las conclusiones y recomendaciones de la presente Comunicación, la Comisión evalúa, de acuerdo con la metodología revisada, el equilibrio general en las negociaciones de adhesión con Montenegro y con Serbia, y propone los pasos que deben darse para cada país. Las próximas conferencias intergubernamentales deberían celebrarse tras la publicación del presente paquete anual de informes y las consiguientes Conclusiones del Consejo. A reserva del acuerdo en el Consejo, estas conferencias constituirán un foro para la apertura de bloques temáticos, el diálogo político sobre las reformas, el balance del proceso global de adhesión y la planificación para el año que entra, que incluye la apertura y el cierre de otros bloques temáticos y capítulos y la posible aplicación de medidas correctoras.

Por lo que respecta a los marcos de negociación con Macedonia del Norte y Albania, es fundamental que los Estados miembros de la UE concluyan los debates sin más demora y que las primeras conferencias intergubernamentales con ambos países se celebren lo antes posible bajo la Presidencia eslovena. Macedonia del Norte ha mantenido un ritmo constante y determinado a la hora de aplicar las reformas de la UE, en particular en aspectos fundamentales como el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. El país sigue cumpliendo las condiciones necesarias para celebrar la primera conferencia intergubernamental. Los asuntos bilaterales pendientes entre Bulgaria y Macedonia del Norte deben resolverse con carácter prioritario. Los avances de Albania en la reforma electoral y sus continuos buenos resultados en la aplicación de reformas clave para el Estado de Derecho apoyan la valoración de la Comisión según la cual el país ya cumple las condiciones para celebrar la primera conferencia intergubernamental de las negociaciones de adhesión. Los retrasos en el inicio oficial de las negociaciones de adhesión están repercutiendo de forma negativa en la credibilidad de la UE.

El Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea 4 determinaba catorce prioridades fundamentales que este país debe cumplir para que la Comisión recomiende la apertura de negociaciones de adhesión a la UE. El Consejo refrendó esas catorce prioridades en diciembre de 2019. Bosnia y Herzegovina debe llevar a cabo con éxito toda una masa crítica de reformas destinadas a cumplir esas catorce prioridades clave para que la Comisión se plantee recomendar que se otorgue a dicho país la condición de país candidato. 

La UE siguió apoyando la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo 5*. La propuesta de la Comisión de retirar la obligación de visado a los ciudadanos de Kosovo sigue pendiente en el Consejo y debería tramitarse con carácter urgente. La Comisión mantiene su valoración de que se han cumplido todos los criterios establecidos por el Consejo para la liberalización de visados con Kosovo.

El Plan Económico y de Inversiones para los Balcanes Occidentales se centra en reducir la brecha socioeconómica entre esa región y la UE. Proporciona ayuda a esos países mediante inversiones e iniciativas en los ámbitos del transporte, la energía, la transición digital, la agenda ecológica, el apoyo al sector privado, la integración económica, la innovación y el fomento del desarrollo del capital humano. Reconoce el papel fundamental del Estado de Derecho como piedra angular del desarrollo sostenible y subraya que, junto con las reformas económicas estructurales, deben proseguir los avances en el ámbito de los derechos fundamentales y la aplicación de las iniciativas más emblemáticas.

Para ejecutar el Plan, la UE se dispone a movilizar hasta 9 000 millones EUR de fondos del IAP III en 2021-2027 —importe del que hasta 1 000 millones EUR se destinarán a la creación del Mecanismo de Garantía de los Balcanes Occidentales— que se espera atraigan un capital de aproximadamente 20 000 millones EUR en inversiones en la próxima década. Para alcanzar los objetivos del Plan, será necesario perseverar incesantemente en las buenas relaciones de vecindad y en la cooperación regional.

La Comisión siguió aplicando la Estrategia para los Balcanes Occidentales 6 y el Programa de Prioridades adoptado en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Sofía en mayo de 2018 7 . La mayor parte de las acciones previstas están en curso o se han completado ya. En particular, están en fase de ejecución proyectos dirigidos a medir el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países de los Balcanes Occidentales y hacer un seguimiento de los juicios por corrupción de alto nivel y los casos de delincuencia organizada. Además, los países de los Balcanes Occidentales están ahora estrechamente asociados a la labor de las agencias de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Está en marcha una cooperación estructurada con la UE en materia de migración y seguridad, en relación especialmente con la lucha contra el terrorismo, la prevención de la radicalización y el extremismo violento y la delincuencia organizada. No obstante, siguen pendientes de cumplimiento y de atención prioritaria determinadas recomendaciones relativas a las reformas necesarias en lo que respecta al Estado de Derecho en toda la región.

La región ha concluido todas las acciones del Plan de Acción del Espacio Económico Regional y, en la Cumbre del Proceso de Berlín celebrada en Sofía en noviembre de 2020, acordó un ambicioso plan complementario para el establecimiento de un mercado regional común. Este mercado regional común, ejemplo de cooperación regional inclusiva, será crucial para aumentar el atractivo y la competitividad de toda la región, acelerar la recuperación tras la pandemia, por ejemplo atrayendo a inversores en busca de una diversificación de la oferta y de cadenas de valor más cortas, y para maximizar los beneficios de las inversiones en infraestructuras de conectividad. Es, por tanto, importante que todas las partes desempeñen un papel constructivo en la construcción del mercado regional común y en el cumplimiento de sus compromisos comunes en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la región.

Los cambios que se han producido en el trabajo, las transformaciones digital y ecológica y la pandemia de COVID-19 están repercutiendo de forma muy directa en la vida de las personas y afectando al tejido socioeconómico de la región. Para aprovechar las oportunidades y minimizar las posibles consecuencias negativas de tales desafíos, es fundamental que los socios de los Balcanes Occidentales mantengan la estabilidad macropresupuestaria y apliquen reformas estructurales para subsanar las deficiencias detectadas en sus economías y contribuir a crear unas sociedades más resilientes. Por consiguiente, la aplicación de las reformas establecidas en los Programas de Reforma Económica (PRE) y en las orientaciones políticas adoptadas conjuntamente con los Estados miembros de la UE 8 es un aspecto esencial, no solo para mejorar la competitividad, fomentar la creación de empleo y facilitar la inclusión social, sino también para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y cumplir los criterios económicos del proceso de adhesión, además de maximizar los efectos potenciales del paquete de inversión de la UE.

Turquía es un país candidato y un socio clave de la UE en ámbitos de interés común esenciales como la migración, la lucha contra el terrorismo, la economía, el comercio, la energía y el transporte.

En 2021 se han intensificado el diálogo y la cooperación con Turquía. El 20 de marzo de 2021, el alto representante y la Comisión presentaron al Consejo Europeo la Comunicación conjunta sobre la «Situación de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre la UE y Turquía» 9 . Partiendo de esa base, los dirigentes de la UE han determinado que la Unión Europea está dispuesta a entablar con Turquía un diálogo gradual, proporcionado y reversible que impulse la cooperación en una serie de ámbitos de interés común, siempre que se mantenga el actual proceso de distensión y que Turquía participe en ese diálogo de manera constructiva y con arreglo a las condiciones establecidas en las recientes Conclusiones del Consejo Europeo. En ese contexto, se mantuvieron conversaciones de alto nivel sobre el clima, la migración y la seguridad, a las que seguirá en breve un diálogo sobre salud. El Consejo Europeo destacó el interés estratégico de la UE por un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y por el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Al mismo tiempo, los dirigentes de la UE reafirmaron su compromiso con la defensa de los intereses de la UE y de sus Estados miembros.

La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 siguió produciendo resultados y sirviendo de marco fundamental para la cooperación en materia de migración. Turquía ha mantenido sus encomiables esfuerzos por acoger a unos cuatro millones de refugiados procedentes de Siria y de otros países en la mayor comunidad de refugiados del mundo. Sin embargo, surgieron problemas en relación con la aplicación de la Declaración debido a la suspensión unilateral, por parte de Turquía, de los retornos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo rechazados desde las islas griegas a partir de marzo de 2020 y a la aparición de rutas alternativas de tráfico ilícito hacia Chipre e Italia. En general, el número de cruces ilegales de fronteras entre Turquía y la UE siguió siendo significativamente inferior al registrado antes de la adopción de la Declaración UE-Turquía.

La UE siguió cumpliendo su compromiso de prestar un importante apoyo financiero a los refugiados y a las comunidades de acogida en Turquía. El Mecanismo para los refugiados en Turquía ha movilizado 6 000 millones EUR. Su presupuesto operativo completo se contrató a finales de 2020; en agosto de 2021 se habían desembolsado más de 4 200 millones EUR a través de más de 100 proyectos. Entre sus logros cabe citar la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de 1,8 millones de refugiados, la ayuda para la escolarización de 700 000 niños refugiados, la construcción de 363 escuelas y la prestación de más de 18 000 000 de consultas de atención sanitaria primaria. En junio, la Comisión propuso asignar un paquete adicional de 3 000 millones EUR para el período 2021-2023, importe que vendría a añadirse a los 500 millones EUR en concepto de financiación humanitaria «puente» concedidos en 2020. Esta cuantía incluirá fondos destinados a la gestión de la migración y el control de las fronteras, especialmente la frontera oriental de Turquía. La situación de los refugiados en la región seguirá siendo crítica o incluso se deteriorará, agravada por la COVID-19 y las consiguientes dificultades económicas. Los flujos migratorios procedentes de otras partes de la región, incluido Afganistán, podrían dar lugar a necesidades adicionales. No obstante, Turquía no ha revertido su tendencia negativa a alejarse de la Unión Europea, pues se observa una inquietante involución en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial. Los dirigentes de la UE han subrayado que los ataques contra los partidos políticos, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación suponen importantes reveses para los derechos humanos y quebrantan las obligaciones de Turquía de respetar la democracia, la primacía de la ley y los derechos de las mujeres. El diálogo sobre estos aspectos sigue siendo una parte integrante de la relación entre la UE y Turquía.

Tanto la UE como Turquía siguen beneficiándose de la Unión Aduanera. El volumen del comercio bilateral aumentó y la cuota relativa de la UE en el comercio exterior de Turquía aumentó ligeramente. Sin embargo, Turquía no ha resuelto una serie de asperezas comerciales que dificultan el buen funcionamiento de la Unión Aduanera, a pesar de que la Comisión ha intensificado el diálogo. La política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, siguió contrapuesta a las prioridades de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y a los intereses de la UE en términos más generales, debido en particular a las intervenciones de dicho país y su apoyo a las acciones militares en la mayor parte de los conflictos regionales a su alrededor. En junio de 2021, los dirigentes de la UE indicaron que, en atención al interés común de la UE y Turquía por la paz y la estabilidad en la región, el Consejo Europeo esperaba que Turquía y todos los demás actores contribuyesen positivamente a la resolución de las crisis regionales.

Proseguir el diálogo de buena fe y abstenerse de acciones unilaterales que sean contrarias a los intereses de la UE y contravengan el Derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE es un requisito absoluto para garantizar un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación cooperativa y mutuamente beneficiosa entre la UE y Turquía. Todas las diferencias deben resolverse mediante un diálogo pacífico y de conformidad con el Derecho internacional.

La UE condenó enérgicamente las medidas unilaterales de Turquía y las declaraciones efectuadas por el presidente turco y el líder de la comunidad turcochipriota el 20 de julio de 2021 en relación con la segunda fase de reapertura de la ciudad vallada de Varosha en Chipre. La UE reclamó que se revirtieran de inmediato todas las medidas adoptadas en Varosha desde octubre de 2020.

La asistencia financiera de la UE ayuda a los países candidatos y candidatos potenciales a adoptar y aplicar las reformas políticas, institucionales, jurídicas, administrativas, sociales y económicas necesarias para asumir los valores de la UE y adaptarse progresivamente a las reglas, normas, políticas y prácticas de la UE con vistas a la adhesión, contribuyendo con ello a su estabilidad, seguridad y prosperidad.

En junio de 2021, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III). El Reglamento se adoptó el 15 de septiembre de 2021 10 . Tras completarse este marco jurídico podrá darse paso a la aplicación del Plan Económico y de Inversiones para los Balcanes Occidentales, vehículo crucial de recuperación de la región. 

El IAP III presenta un sólido enfoque orientado a políticas concretas, que implica un despliegue estratégico y dinámico de la ayuda y se centra en los requisitos fundamentales para la adhesión. Al canalizar la ayuda financiera de la UE hacia prioridades esenciales, el IAP III apoyará aún más las reformas, fomentando así el desarrollo socioeconómico sostenible y aproximando a los socios a la UE. En aplicación del acuerdo político alcanzado entre el Consejo y el Parlamento en junio, el IAP III refuerza el sistema de condicionalidad con respecto a la democracia, los derechos humanos y la primacía de la ley.

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE ADHESIÓN

Las reformas fundamentales en los ámbitos del Estado de Derecho, la economía y el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como en el de la Administración pública, siguen siendo cruciales para preparar a los países candidatos y candidatos potenciales a cumplir los requisitos de la adhesión. La capacidad y la voluntad política de los países de la ampliación para concentrar su atención en estas reformas y darles impulso son fundamentales para su integración en la UE. Por lo tanto, es esencial que los avances sean sólidos, tangibles e irreversibles.

Ante la pandemia de COVID-19, los Gobiernos de los Balcanes Occidentales y de Turquía siguieron imponiendo restricciones destinadas a proteger la salud pública. Los parlamentos de los Balcanes Occidentales siguieron funcionando, en algunos casos con las limitaciones exigidas por la situación. La libertad de reunión se vio a menudo recortada por razones de salud pública, en contra, en algunos casos, de las recomendaciones de los Defensores del Pueblo; también se vieron restringidos otros derechos fundamentales. En algunos casos, la pandemia afectó a la eficiencia y la transparencia de los procedimientos judiciales. Las medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 deben ser proporcionadas, ceñirse a lo estrictamente necesario y limitarse en el tiempo para no conculcar el Estado de Derecho ni las normas democráticas y sobre derechos humanos.

Poder judicial y derechos fundamentales

La tutela judicial efectiva por parte de tribunales independientes e imparciales es una de las piedras angulares del Estado de Derecho. En todos los países de los Balcanes Occidentales, las instituciones judiciales siguen enfrentándose a numerosos retos. Los riesgos de presiones indebidas sobre el poder judicial alteran el equilibrio institucional general y la separación de poderes, lo que, en última instancia, socava el principio de igualdad ante la ley. El éxito de las reformas judiciales requiere una determinación y un compromiso inalterables por parte de las más altas instancias de gobierno y de todas las partes interesadas. Para seguir avanzando en el proceso de adhesión, nuestros socios de los Balcanes Occidentales deben adoptar medidas decisivas para reforzar la independencia, la calidad y la eficacia de los sistemas judiciales, que vayan avaladas por una sólida trayectoria.

Albania ha seguido progresando a un ritmo sostenido en su reforma integral del sistema judicial y se observan resultados tangibles en el proceso de investigación previa. El Tribunal Constitucional es ya plenamente operativo y ha empezado a resolver causas importantes. Macedonia del Norte ha realizado algunos avances, por ejemplo, en la aplicación de su estrategia judicial. Los progresos de Serbia y Kosovo en sus reformas judiciales han sido limitados. En Serbia se observa un compromiso renovado con la reforma y existen planes para reforzar la independencia del poder judicial con cambios constitucionales que está previsto se introduzcan antes de que termine 2021. En Kosovo, la capacidad general de las instituciones judiciales para procesar y juzgar los casos con rapidez y eficacia sigue siendo escasa. Montenegro y Bosnia y Herzegovina no han avanzado en absoluto en sus reformas judiciales. En Montenegro, las reformas judiciales fundamentales están estancadas, y se requiere un compromiso político decisivo a todos los niveles de gobierno y a los niveles parlamentario y judicial para desbloquear el camino hacia el cumplimiento de los criterios de referencia intermedios relativos al Estado de Derecho. Bosnia y Herzegovina lleva retraso, pues no ha avanzado en absoluto en cuanto al refuerzo de su sistema judicial; la inexistencia de cualquier medida significativa ahondó el proceso de deterioro de la integridad general de este sector.

En Turquía ha proseguido la grave involución observada en los últimos años. Este país no ha resuelto el problema fundamental que supone la falta de independencia sistémica del poder judicial. Prosiguieron las presiones políticas sobre jueces y fiscales, lo que socavó todavía más la independencia y la calidad general del poder judicial. Los ceses masivos de jueces y fiscales siguieron debilitando la eficiencia y la profesionalidad del sistema judicial. La negativa de Turquía a aplicar todas las sentencias pertinentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acentuado todavía más las dudas en cuanto a la adhesión de Turquía a las normas internacionales y europeas. Las autoridades turcas han de subsanar urgentemente determinadas deficiencias graves, especialmente las que afectan al derecho a un juicio justo y al estricto respeto del principio de presunción de inocencia.

La corrupción en los Balcanes Occidentales y en Turquía sigue estando muy extendida. Además, algunos aspectos de vulnerabilidad a la corrupción se han visto exacerbados por la pandemia. Se necesitan esfuerzos y resultados sólidos en la lucha contra la corrupción para mitigar las amenazas a la gobernanza democrática, para crear seguridad jurídica y económica y para garantizar un entorno empresarial estable y transparente. El éxito en las medidas de prevención y lucha contra la corrupción varía entre unos países de la ampliación y otros, con avances continuos en algunos ámbitos y una clara ralentización en otros. La contratación pública sigue siendo especialmente vulnerable a la corrupción. Es preciso reforzar los mecanismos de control a lo largo de todo el proceso de contratación y aumentar significativamente la transparencia y la exigencia de responsabilidades a través de medidas más contundentes y ambiciosas. Los sectores de mayor riesgo no llevan a cabo sistemáticamente evaluaciones del riesgo de corrupción ni medidas para luchar contra esa lacra. En general, se requiere un esfuerzo bastante más importante y una clara voluntad política para ir dibujando una trayectoria creíble y sólida de investigación y procesamiento de los casos de corrupción, especialmente los de alto nivel, y para garantizar el embargo y el decomiso de los activos de origen delictivo.

En Albania, la investigación previa de los miembros del poder judicial y el establecimiento de la Estructura especializada de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada están dando resultados en la lucha contra la corrupción. Macedonia del Norte ha reforzado su marco estratégico e institucional y consolidado su historial de investigación, procesamiento y resolución de varios casos de corrupción, algunos de ellos de alto nivel. Los avances en Kosovo, Montenegro y Serbia fueron limitados. Aunque la Agencia de Lucha contra la Corrupción de Montenegro adoptó un enfoque más proactivo, el país debe redoblar sus esfuerzos de prevención y represión de la corrupción, así como de embargo y decomiso de activos. Kosovo ha ampliado la capacidad de su Fiscalía especial, pero sigue siendo necesario un esfuerzo constante para llevar a cabo investigaciones proactivas, dictar resoluciones judiciales firmes y lograr el decomiso final de activos. En Serbia se reforzó la capacidad de la Agencia para la Prevención de la Corrupción, pero no se tomaron medidas concretas para adoptar una nueva estrategia anticorrupción respaldada en un plan de acción creíble y realista, y la mayor parte de las recomendaciones del GRECO siguen pendientes. Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en la lucha contra la corrupción generalizada y los indicios de clientelismo político. Los marcos legislativo e institucional siguen siendo inadecuados y están demasiado fragmentados. En Turquía no se ha producido avance alguno. Sus marcos jurídico e institucional contra la corrupción siguen estando muy por debajo de los niveles que dictan las normas internacionales y toleran una influencia política indebida en la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de los casos de corrupción. Es necesario mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas. La ausencia de una estrategia anticorrupción indica falta de voluntad para luchar contra esa lacra.

Los derechos fundamentales están ampliamente consagrados en la legislación de los Balcanes Occidentales, pero siguen existiendo escollos que impiden garantizar su aplicación efectiva. La protección de los derechos fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales sigue siendo insuficiente en diversos ámbitos. En general, la mayor parte de los países de esta región han avanzado poco en estos aspectos o se han estancado. Los reparos y las recomendaciones de los anteriores informes por país solo se han atendido en una medida limitada. En Turquía, la situación de los derechos humanos se ha seguido deteriorando y es motivo de grave preocupación.

La libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo son pilares fundamentales de una sociedad democrática y han de defenderse. Los avances registrados en los Balcanes Occidentales a este respecto fueron limitados o nulos. Aunque, en general, el marco en el que actúan los medios de comunicación admite la libertad de expresión, siguen siendo motivo de honda preocupación las amenazas, la intimidación y la violencia contra los periodistas, así como los comentarios despectivos por parte de funcionarios públicos. Estos comportamientos pueden tener un efecto disuasorio para el ejercicio de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, por lo que es preciso acelerar el ritmo de la investigación y el enjuiciamiento de estos incidentes. Hay que garantizar la independencia de las entidades reguladoras de los medios de comunicación y de los organismos públicos de radiodifusión, para lo que es preciso contar con una financiación adecuada y basar los nombramientos a los puestos de gestión en los méritos. También debe prestarse un mayor apoyo a la eficacia del funcionamiento de los organismos autorreguladores independientes. Todos los países de la región tienen que hacer más transparente la financiación de los medios de comunicación y los vínculos entre los intereses públicos y privados que influyen en las líneas editoriales y conducen a la autocensura.

En Turquía prosiguió un grave proceso de involución que limita considerablemente el ejercicio de la libertad de expresión y la difusión de las ideas de los opositores al régimen. Además, se siguió intimidando a los profesionales de los medios de comunicación con procesos penales y condenas de periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, escritores, políticos de la oposición, estudiantes y usuarios de las redes sociales.

Los socios de los Balcanes Occidentales deben demostrar que siguen esforzándose por promover y reforzar la igualdad de género y hacer frente a la violencia de género. La situación se ha vuelto más preocupante en Turquía, donde se ha observado una reacción hostil hacia los derechos de la mujer, como pone de manifiesto la retirada del país del Convenio de Estambul.

Por lo general, existen leyes y políticas de no discriminación, pero el seguimiento de los casos de discriminación, delitos motivados por el odio e incitación al odio es insuficiente. La protección legal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ) ha mejorado en la mayoría de los países socios de los Balcanes Occidentales, pero es preciso hacer que las leyes se cumplan, ya que la discriminación y la incitación al odio siguen siendo frecuentes. En Turquía, la protección de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ y las campañas de incitación al odio y de difamación de la comunidad LGBTIQ siguen siendo un motivo de grave preocupación.

Los niños, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, se han visto afectados por el cierre de las escuelas y otras limitaciones impuestas por la crisis de la COVID-19. Es necesario seguir trabajando para reforzar los derechos de la infancia y construir sistemas resilientes de protección y cuidado de los niños. Es preciso también desarrollar plenamente unos sistemas de justicia adaptados a los menores, que ofrezcan y utilicen de forma más sistemática alternativas al internamiento, recurriendo a esta solución solo como último recurso.

Hay que proteger eficazmente los derechos de las personas con discapacidad, facilitando su transición a la asistencia de proximidad y a unas condiciones de vida independientes, en consonancia con los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La protección de las minorías y su participación en la vida pública también requieren una atención continua. Los gitanos siguen siendo un colectivo desfavorecido en comparación con los demás ciudadanos; de hecho, los gitanos en situación vulnerable se vieron desproporcionadamente afectados por la crisis de la COVID-19 y las correspondientes medidas restrictivas.

Los gobiernos de la región deben atender todas las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de vigilancia de los derechos humanos, incluidas las relativas a las condiciones penitenciarias y la prevención de los malos tratos.

Justicia, libertad y seguridad

La delincuencia organizada sigue suponiendo una amenaza para la región, ya que afecta a las personas, las empresas, las instituciones estatales y la economía en su conjunto. Poderosas organizaciones delictivas de alcance mundial operan a sus anchas a través de las fronteras, incluidas las de la UE. Las organizaciones delictivas que están activas en los Balcanes Occidentales han demostrado una gran habilidad a la hora de explotar la evolución de la pandemia de COVID-19. En respuesta, los gobiernos han intensificado la cooperación policial operativa con la UE, en particular a través de la plataforma EMPACT 11 , y con las agencias de la UE en ámbitos como el contrabando de drogas (especialmente cannabis y drogas sintéticas), el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, la delincuencia organizada contra la propiedad, el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales (principalmente cigarrillos) y las armas de fuego. La nueva Estrategia de la UE para luchar contra la delincuencia organizada 2021-2025 12 confirmó el continuado compromiso de la UE con la prioridad a los proyectos de desarrollo de capacidad en terceros países, incluidos los de la ampliación. El objetivo es apoyar la cooperación operativa y ayudar a equipar a los socios con herramientas que les permitan erradicar estructuras delictivas complejas.

Se están haciendo progresos notables en la lucha contra la posesión ilegal, el uso indebido y el tráfico de armas pequeñas y ligeras, de conformidad con el plan de acción de la UE sobre el tráfico de armas de fuego 2020-2025. Es necesario sostener el esfuerzo de adaptación de la legislación al acervo de la UE y a los acuerdos internacionales, reforzar la seguridad de las fronteras y la capacidad de llevar a cabo investigaciones relativas a las armas de fuego, mejorar la eficacia de los sistemas judiciales en lo que respecta a los delitos relacionados con armas de fuego, facilitar todavía más la cooperación operativa y el intercambio de información entre fuerzas y cuerpos de seguridad, reducir la posesión ilegal de armas de fuego y rebajar el riesgo de proliferación y desvío de armas de fuego, municiones y explosivos.

También se ha seguido invirtiendo en las estructuras de lucha contra la delincuencia organizada, lo que ha permitido reforzar los órganos judiciales y policiales especializados. No obstante, el historial de condenas firmes por delitos relacionados con la delincuencia organizada demuestra que la capacidad de las autoridades policiales y judiciales para investigar, procesar y juzgar casos notorios de delincuencia organizada —y, por tanto, para disuadir a posibles autores—, sigue siendo insuficiente. Idéntica situación se observa en relación con la lucha contra la trata de seres humanos, que exige también proporcionar protección y apoyo a las víctimas.

Las autoridades de los Balcanes Occidentales y de Turquía han de dar con una respuesta eficaz para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en las economías. Se requieren también nuevos esfuerzos para acelerar el rastreo de los activos derivados del delito mediante investigaciones financieras y para garantizar una mayor eficacia en el decomiso y la recuperación de las ganancias ilícitas. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben reforzar su capacidad para hacer frente a la aparición de nuevas variaciones en la actividad delictiva, en particular diversas formas de ciberdelincuencia. La cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia está aumentando.

Dentro de la región, se han observado ejemplos positivos en Albania, país donde se han registrado notables avances en la cooperación policial internacional que han dado lugar a detenciones de gran relieve, y en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Macedonia del Norte ha logrado ciertos avances, algunos de ellos a nivel operativo, en la lucha contra la delincuencia organizada. Montenegro también ha registrado algunos avances en la mejora del acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a bases de datos clave y en el aumento del número de investigadores y expertos en ámbitos esenciales. Por otra parte, una cooperación policial internacional ya consolidada siguió arrojando resultados, con incautaciones de drogas sin precedentes. Dicho esto, Kosovo, Serbia y Turquía solo progresaron tímidamente en la lucha contra la delincuencia organizada, y Bosnia y Herzegovina, país en el que el punto de contacto para la cooperación con Europol todavía no está operativo, no realizó avance alguno.

La cooperación con los socios de los Balcanes Occidentales en la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización sigue siendo de importancia vital. Aunque siguen presentes en la región ideologías religiosas y políticas extremas, y el auge de los foros de radicalización en línea en general es motivo de preocupación, no se notificaron durante el período de referencia incidentes de naturaleza extrema o violenta (terrorismo, extremismo, radicalismo), y la situación de la seguridad en la región se mantuvo estable.

El Foro Ministerial UE-Balcanes Occidentales sobre Justicia y Asuntos de Interior, celebrado en octubre de 2020, reiteró la validez del Plan de Acción Conjunto (PAC) sobre la lucha contra el terrorismo en los Balcanes Occidentales y reafirmó el compromiso de seguir aplicando sus objetivos después de 2020. Por lo tanto, el PAC y sus disposiciones de aplicación siguen siendo un marco para colaborar en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo, sobre la base de los cinco objetivos y gracias a una sólida cooperación regional. Aunque la pandemia ha frenado su aplicación en la mayor parte de la región, se han registrado algunos avances en el desarrollo de estrategias antiterroristas, la adopción de la legislación correspondiente, el refuerzo de la capacidad institucional pertinente y la introducción de medidas de lucha contra la radicalización, pero es necesario seguir avanzando para asegurar la plena consecución de los objetivos y las acciones acordados. En general, es necesario aumentar los esfuerzos dirigidos a prevenir todas las formas de radicalización, incluidas las de carácter religioso, etno-nacionalista o político.

Albania adoptó una nueva estrategia y un plan de acción nacionales de carácter transversal contra el terrorismo en diciembre de 2020 y cumplió las obligaciones del PAC. Por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales, Albania ha avanzado en el proceso de armonización de su legislación con el acervo de la UE. Montenegro está aplicando su estrategia de prevención y lucha contra el extremismo violento 2020-2024, con especial atención a los centros de internamiento, con el apoyo de la sociedad civil. Macedonia del Norte sigue aplicando la estrategia nacional (2018-2022) de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Bosnia y Herzegovina y Serbia saldrían beneficiadas de la aplicación de un enfoque más estratégico a la lucha contra el terrorismo. La estrategia de Bosnia y Herzegovina en este ámbito ha expirado, por lo que debería adoptarse y ponerse en práctica una estrategia complementaria para 2021-2025 que se ajuste a la política de la UE, especialmente en materia de prevención y lucha contra el extremismo violento. Será necesario para ello contar con estructuras antiterroristas más eficaces. Bosnia y Herzegovina necesita una nueva ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo acorde con las normas jurídicas de la UE (es decir, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales). En Serbia, algunas normas legislativas fundamentales en materia de lucha contra el terrorismo todavía están en proceso de elaboración. Kosovo tiene previsto adoptar una nueva estrategia conjunta sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Aunque el ministro de Interior sigue siendo el coordinador nacional, es necesario restablecer una oficina de apoyo al coordinador que le permita desempeñar un papel más activo en la coordinación interinstitucional.

Algunos de los socios de la región (Albania, Kosovo y Macedonia del Norte) están repatriando sistemáticamente a combatientes terroristas extranjeros y miembros de sus familias. En la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales, la repatriación de combatientes terroristas extranjeros desde antiguas zonas de combate y la adopción de medidas suplementarias para lograr su reintegración y su resocialización de forma eficaz y sistémica suponen auténticos desafíos. Kosovo ha avanzado satisfactoriamente en la rehabilitación y reintegración de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias, aunque existe cierta inquietud ante la puesta en libertad condicional anticipada de delincuentes extremistas violentos. En todos los países de los Balcanes Occidentales, es preciso mejorar el seguimiento de las medidas de reintegración y resocialización, incluidas las aplicadas en los centros penitenciarios. Ello requiere, en particular, el refuerzo de la cooperación entre instituciones a nivel nacional y local. El intercambio de información a través de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol ha registrado importantes progresos. Los socios de los Balcanes Occidentales deben seguir transmitiendo, de forma proactiva, información sobre el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias a través de los canales adecuados. Montenegro mantiene un buen intercambio de información sobre combatientes terroristas extranjeros con EUROPOL y EUROJUST. Macedonia del Norte adoptó, en junio de 2020, un plan nacional para la reintegración, la resocialización y la rehabilitación de los combatientes extranjeros retornados y los miembros de sus familias.

Turquía sigue enfrentándose a amenazas de grupos terroristas. Si bien el Gobierno tiene un derecho legítimo y una responsabilidad a la hora de luchar contra el terrorismo, su marco jurídico y su respuesta deben armonizarse con las normas europeas y el acervo de la UE. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas y aplicarse en cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Turquía debe dejar de recurrir a una interpretación amplia de su legislación antiterrorista para arrestar y detener a periodistas, escritores, abogados, políticos, profesores, defensores de los derechos humanos y voces críticas. Turquía dio prioridad a la lucha contra el PKK, que sigue figurando en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas, y a la desarticulación del movimiento Gülen. Las capacidades institucionales de Turquía están adecuadamente desarrolladas, pero el país sigue enfrentándose a graves riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aunque ha avanzado en el refuerzo de su marco de lucha contra estas dos actividades ilícitas, aún no ha cumplido las recomendaciones pendientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Turquía debe desarrollar una estrategia y un plan de acción integrales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La eficacia y la oportunidad del mecanismo de congelación de activos de Turquía han aumentado, y el país ha proseguido sus esfuerzos de lucha contra las células de combatientes terroristas autóctonas y extranjeras. La cooperación policial y judicial con los Estados miembros y las agencias de la UE en materia de lucha contra el terrorismo siguió siendo limitada debido a la ausencia de una ley nacional de protección de datos personales compatible con las normas europeas y el acervo de la UE, así como a las diferencias en la definición y las penas de los delitos de terrorismo. Turquía debe proseguir sus esfuerzos para prevenir y combatir eficazmente, sin menoscabo de los derechos fundamentales, la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo.

Las amenazas híbridas, incluidos los ciberataques y, sobre todo, la desinformación y la información errónea, han seguido siendo un problema grave en los países de la ampliación. Concretamente, en la región de los Balcanes Occidentales, agentes estatales y no estatales (algunos de ellos externos a la región), siguieron difundiendo desinformación para cuestionar la credibilidad de la UE, socavar la confianza pública en las instituciones democráticas y ampliar la polarización. Las campañas de desinformación e información errónea han sido especialmente intensas durante la pandemia de COVID-19, pero también en las campañas electorales. La mayor parte de la desinformación en la región es producida y difundida por agentes nacionales con fines internos, aunque también están activos agentes de terceros Estados.

En consonancia con las prioridades de la UE en el marco común de lucha contra las amenazas híbridas 13 , la Estrategia de los Balcanes Occidentales y la Declaración de Zagreb 14 , el SEAE y la Comisión han intensificado su diálogo con los socios de la ampliación acerca de la lucha contra las amenazas híbridas, concretamente en lo que respecta a la ciberresiliencia, la protección de infraestructuras críticas, la comunicación estratégica y la lucha contra la desinformación. La comunicación estratégica siguió centrándose en campañas de comunicación temáticas que destacan los beneficios de la ayuda de la UE para los ciudadanos y las economías, y en acciones de diplomacia pública que permiten entrar en contacto directo con los ciudadanos, en particular los jóvenes, para estimular el debate sobre el futuro europeo común. Paralelamente, la Comisión siguió comunicando, a través de los canales web y de los medios sociales, la evolución de las relaciones entre la UE y los Balcanes Occidentales y de las políticas correspondientes. Promover la libertad de expresión y el periodismo independiente en la región de la ampliación sigue siendo una prioridad, mientras que el desarrollo de capacidades de ciberseguridad es un capítulo esencial de la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales 15 y una prioridad de la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE 16 .

La migración irregular siguió suponiendo un reto importante para los Balcanes Occidentales y Turquía. Siguió desarrollándose la cooperación a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes, la situación de los menores no acompañados, la trata de seres humanos y la insuficiente capacidad de los sistemas nacionales de asilo siguen siendo motivo de preocupación. La crisis en Afganistán, que podría dar lugar a un nuevo aumento del número de refugiados de ese país, requiere una estrecha y permanente cooperación entre la UE y los países socios.

En 2021, el número total de llegadas irregulares desde los Balcanes Occidentales a la UE está aumentando en comparación con 2020, con aproximadamente 23 000 cruces irregulares de fronteras detectados y registrados solo durante los primeros siete meses del año, frente a aproximadamente 27 000 llegadas irregulares en todo 2020. Los intensos movimientos migratorios han seguido dando lugar a la presencia de un gran número de refugiados y migrantes en la región, especialmente en Serbia y en Bosnia y Herzegovina. En la actualidad, hay aproximadamente 20 000 migrantes y refugiados en la región. Además, se calcula que hay miles de personas fuera de las instalaciones de acogida.

Aunque se están logrando ciertos avances, es necesario redoblar los esfuerzos en los Balcanes Occidentales en pos de unas instituciones, leyes y procedimientos nuevos o más sólidos en cuanto al asilo, el retorno y la gestión de las fronteras, con vistas también a la transposición de un acervo de la UE complejo y exigente. Los socios de los Balcanes Occidentales deben también asumir la responsabilidad respecto de todos los aspectos de la migración. Es necesario reforzar los sistemas de asilo y acelerar los retornos voluntarios y no voluntarios y la cooperación en materia de readmisión con los países de origen, así como la cooperación regional e internacional en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada activos en el tráfico ilícito de migrantes y en la trata de seres humanos. La cooperación regional y la coordinación con la UE siguen siendo aspectos fundamentales.

Se han concluido las negociaciones acerca de los acuerdos sobre el estatuto con cinco países de la región, lo que permite a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con competencias ejecutivas en las zonas limítrofes de la frontera exterior de la UE, en apoyo de las autoridades fronterizas nacionales; dicho esto, no se han firmado aún esos acuerdos con Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte. Un aspecto totalmente prioritario para reforzar la gestión y la protección de las fronteras es la entrada en vigor y la aplicación efectiva de todos los acuerdos sobre el estatuto. Los acuerdos con Albania, Montenegro y Serbia han entrado ya en vigor y se han llevado a cabo los despliegues correspondientes.

Turquía sigue acogiendo a la mayor población de refugiados del mundo, con aproximadamente 4 millones de refugiados procedentes de Siria y de otros países en su territorio. En los ocho primeros meses de 2021, el número total de llegadas a la UE desde Turquía fue de 9 703, frente a 12 331 en el mismo período de 2020. No obstante, aunque la presión migratoria en las fronteras terrestres y marítimas turco-griegas también siguió siendo baja, en ese mismo período llegaron a Italia desde Turquía 4 739 personas, frente a 1 111 en 2020. Al mismo tiempo, el número total de llegadas irregulares a Chipre fue de 5 553 (4 957 después de haber cruzado la Línea Verde), frente a 3 800 en 2020.

Dada la situación en Afganistán y la percepción sobre los migrantes entre la población turca, las autoridades turcas están reforzando sus infraestructuras fronterizas a lo largo de la frontera con Irán. También están incrementando los recursos destinados a la prevención y a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, pero para luchar contra las redes que lo propician se requiere una mayor cooperación policial y judicial internacional a lo largo de toda la ruta migratoria, desde los países de origen hasta Turquía, los Balcanes Occidentales y la UE. La estrecha y constante cooperación en el ámbito de la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes sigue siendo una prioridad clave.

Funcionamiento de las instituciones democráticas

La capacidad de garantizar reformas creíbles y sostenibles en el ámbito de la democracia sigue siendo un reto acuciante para los países de la ampliación. La inexistencia de una verdadera voluntad política siguió siendo la principal razón de que no se produjeran avances sustanciales, o incluso de que se produjeran retrocesos.

La fuerte polarización política, el boicot de las elecciones y de la labor parlamentaria por parte de la oposición y, en algunos casos, la manifiesta desconfianza en la totalidad del espectro político — especialmente patente dentro de los parlamentos — siguen obstaculizando el funcionamiento de los sistemas e instituciones democráticos en los países socios de los Balcanes Occidentales. En Serbia, el Parlamento y las fuerzas políticas siguieron participando en el diálogo interpartidista encauzado por el Parlamento Europeo con el fin de forjar un amplio consenso entre los distintos partidos sobre las reformas relacionadas con la UE, aspecto vital para el avance del país en su camino hacia la adhesión. En el pleno celebrado en septiembre, los cofacilitadores del Parlamento Europeo y del parlamento serbio llegaron a un acuerdo sobre un documento de trabajo que contenía 16 medidas para aumentar la confianza en el proceso electoral, con una serie de acciones y plazos concretos. En algunos países se utilizó, durante los debates plenarios, un lenguaje incendiario contra los opositores políticos, los periodistas y la sociedad civil. La labor parlamentaria prosiguió a pesar de las restricciones exigidas por la COVID-19. Toda sociedad democrática basada en el Estado de Derecho requiere luchar de forma inequívoca contra la corrupción y garantizar la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales.

En Montenegro, las elecciones parlamentarias dieron lugar a un cambio en la coalición gobernante y a la aparición de un nuevo panorama político. Las fricciones entre los poderes ejecutivo y legislativo han ralentizado las reformas, y la nueva legislación introducida por la mayoría parlamentaria pone en cuestión logros anteriores. En Kosovo, la aplastante victoria en las elecciones parlamentarias de una alianza de los partidos de oposición dio lugar a un importante cambio político y a la formación de un gobierno con una sólida mayoría en la Asamblea. El 17 de octubre de 2021 se celebraron en Kosovo elecciones locales, ante una misión de observación de la UE que presentará una evaluación tras el proceso electoral. Aunque, por lo general, las elecciones en la región estuvieron bien organizadas —especialmente, en Albania, gracias a un mayor uso de las tecnologías de la información—, siguen pendientes numerosas recomendaciones de anteriores misiones de observación electoral a la región sobre el recuento de votantes, el censo de votantes, la financiación de campañas, la resolución de litigios y las sanciones por incumplimiento de las normas electorales, y es preciso subsanar deficiencias estructurales. En particular, el aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas en cuanto a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación, requieren nuevos e importantes esfuerzos en toda la región. En Bosnia y Herzegovina se creó, en mayo de 2021, un grupo de trabajo interinstitucional para debatir las reformas electorales y constitucionales. Los actores políticos y las instituciones deben entablar un diálogo transparente e inclusivo para subsanar inveteradas deficiencias electorales antes de las próximas elecciones generales en octubre de 2022.

En Turquía, prosiguió durante el período de referencia el proceso de involución democrática. Turquía debe adaptar su marco constitucional a las normas europeas. A pesar de que en julio de 2018 se decretó el final del estado de excepción, determinadas disposiciones legales que otorgan competencias extraordinarias a las autoridades gubernamentales y que mantienen diversos elementos restrictivos del estado de excepción continuaron formando parte del ordenamiento jurídico vigente, lo que afectó a la democracia y los derechos fundamentales. En julio de 2021, el Parlamento turco aprobó un proyecto de ley que prorroga un año más estos aspectos restrictivos del estado de excepción. El acceso a la justicia siguió estando limitado para las personas afectadas negativamente por los decretos-leyes de excepción. El sistema presidencial no garantiza una separación de poderes sólida y efectiva, lo que reduce la rendición de cuentas democrática del ejecutivo. Los alcaldes forzosamente cesados en sus cargos en el sudeste del país siguieron siendo sustituidos por administradores nombrados por el Gobierno, procedimiento contrario al dictamen de la Comisión de Venecia de junio de 2020 17 . Los ataques del poder judicial contra los partidos de la oposición y los medios de comunicación ponen seriamente en peligro la legitimidad de las instituciones democráticas turcas y el pluralismo político. Otra señal preocupante en este sentido es la resolución del Tribunal Constitucional por la que admite a trámite la demanda con la que se pretende ilegalizar el segundo mayor partido de la oposición. Prosiguió la politización de la Administración pública. La sociedad civil se vio sometida a una presión constante y a la progresiva restricción de su espacio para actuar libremente.

Reforma de la Administración pública

Las Administraciones públicas conciben y aplican políticas públicas, gestionan las inversiones públicas y prestan servicios públicos esenciales que mejoran el bienestar de todos los ciudadanos. Para generar confianza, las Administraciones públicas deben ser transparentes, fiables y eficaces. Aunque se han registrado notables avances durante el último año, las principales deficiencias se deben a diversas formas de politización.

La planificación de las políticas ha mejorado ligeramente, pero se requieren nuevas medidas que permitan garantizar un sólido control de calidad por parte de los gobiernos centrales y reforzar las capacidades de elaboración de políticas basadas en datos contrastados, fomentando ese tipo de cultura para la formulación de políticas en la Administración pública. Las capacidades de supervisión de las políticas deben ampliarse.

En Montenegro mejoró la calidad general de los documentos estratégicos elaborados durante el período cubierto por el informe. Macedonia del Norte adoptó una nueva metodología para la preparación, el seguimiento y la presentación de informes sobre estrategias sectoriales destinadas a reforzar la planificación de las políticas. En Albania se registraron algunos avances en la aplicación de las evaluaciones de impacto de la normativa, la mejora de los mecanismos de gobernanza en las consultas públicas y el establecimiento de sistemas informáticos para una planificación integrada. En general, siguen sin hacerse en los países de la región evaluaciones de impacto previas a las políticas, la legislación y las inversiones públicas.

La rendición de cuentas por parte de las Administraciones públicas sigue siendo una prioridad absoluta. Los organismos públicos no siempre se crean y organizan de forma eficaz. En Montenegro, las recientes reestructuraciones de la Administración pública han dado lugar a importantes cambios de personal que han afectado también a los niveles superiores, lo que hace peligrar la capacidad de este país para retener al personal experimentado en los aspectos relacionados con el proceso de adhesión a la UE en muchos sectores. En Albania se han creado en los últimos años agencias subordinadas sin ningún tipo de planificación estratégica. En Kosovo se han producido retrasos en la aplicación del marco legislativo recientemente adoptado y destinado a mejorar la organización y la rendición de cuentas por parte de la Administración. En Macedonia del Norte, aún no se ha adoptado la nueva Ley de organización del Estado, cuyo objeto es racionalizar el marco institucional, eliminar el solapamiento de competencias y aumentar la eficiencia de la Administración. Turquía no tiene un programa de reforma integral de la Administración pública ni una entidad principal encargada de ese proceso.

Es todavía preciso afianzar, en la mayoría de los países, la gestión de los recursos humanos y de la función pública, lo que incluye la rendición de cuentas por parte de los gestores y el aumento de la profesionalidad de los funcionarios, para lo que es preciso facultar a los altos directivos y supervisores y delegar en ellos la toma de decisiones. Es preciso incorporar a los marcos legislativos y aplicar de forma coherente en todos los servicios públicos, tanto centrales como locales, unos procedimientos de nombramiento, promoción, degradación y cese transparentes y basados en los méritos. La estructura de la Administración pública debe garantizar la existencia de líneas eficaces de rendición de cuentas. Albania ha culminado una serie de etapas clave con la plena digitalización del proceso de designación de funcionarios públicos para garantizar una mayor transparencia. En Serbia, no se ha avanzado en la reducción del excesivo número de altos cargos «en funciones». En Bosnia y Herzegovina, las diferencias en las condiciones de trabajo derivadas de las distintas normativas aplicables a la función pública, así como de las prácticas divergentes en los distintos niveles de la Administración, siguen obstaculizando la movilidad de los funcionarios y la creación de un espacio administrativo sujeto a unas mismas normas. La mayoría de los países se han esforzado por mejorar los servicios a las empresas y al público en general. Serbia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte pusieron en marcha iniciativas y servicios de Administración electrónica como reacción a la pandemia de COVID-19. La rendición de cuentas por parte de la Administración y la gestión de los recursos humanos siguieron siendo motivo de preocupación en Turquía. Siguió ganando terreno la politización de la Administración en un contexto de falta de voluntad política de reforma.

Es preciso tener en cuenta el papel que desempeñan las autoridades regionales y locales en el proceso de adaptación al acervo de la UE y en la futura aplicación de sus normas. Debe garantizarse un equilibrio adecuado entre las Administraciones central, regional y local. En Turquía, siguen siendo hondamente preocupantes las decisiones y las acciones emprendidas por las autoridades contra los municipios cuyos alcaldes electos son de partidos de la oposición.

Es preciso reforzar la capacidad administrativa y las normas profesionales de los organismos encargados de la aplicación del acervo de la UE y salvaguardar la independencia de los organismos reguladores.

El funcionamiento de los sistemas de contratación pública y gestión de las finanzas públicas sigue planteando retos. En general, la transparencia y la rendición de cuentas sobre las medidas relacionadas con la COVID-19 fueron muy limitadas.

Kosovo, Montenegro y Serbia avanzaron en la digitalización de sus sistemas de contratación pública. No obstante, la elusión de las normas de contratación pública de la UE en Serbia ha pasado a ser un importante tema de preocupación, ya que, en 2020, el 54 % del importe acumulado del conjunto de contratos públicos quedó exento de la aplicación de la Ley de contratación pública. La concesión de los aeropuertos de Montenegro aún no ha sido objeto de licitación conforme a las normas de la UE sobre contratación pública justa y transparente. Macedonia del Norte y Serbia han reforzado en cierta medida las capacidades de sus sistemas de contratación pública, pero es necesario otorgar prioridad al desarrollo de esas capacidades en Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Albania y Montenegro mejoraron sus leyes de contratación pública y Albania adoptó su primera estrategia en la materia. Durante la mayor parte del período de referencia, Bosnia y Herzegovina otorgó un trato preferente a los licitadores nacionales en la adjudicación de los contratos públicos, infringiendo con ello el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Turquía sigue presentando grandes lagunas en su adaptación al acervo de la UE, ya que la cobertura de las normas de contratación pública se ve considerablemente reducida por diversas exenciones, así como por ventajas nacionales discriminatorias con respecto a los precios y prácticas de compensación. El uso del sistema electrónico de contratación pública se ha cuadruplicado en Turquía.

Es crucial reformar los sistemas de gobernanza nacionales para aumentar la rendición de cuentas sobre la gestión, la buena gestión financiera y la auditoría externa de los fondos públicos. Los avances en cuanto a los controles internos públicos y la rendición de cuentas sobre la gestión fueron lentos durante la COVID-19, pero Albania y Serbia hicieron importantes progresos en la definición del marco estratégico y el desarrollo de la metodología para aplicar sus reformas. Albania hizo un esfuerzo por aplicar un mayor número de las recomendaciones formuladas por la Oficina Estatal de Auditoría de Albania en 2020, en particular las dirigidas a subsanar las deficiencias que limitan la repercusión de las auditorías externas, el escaso control legislativo y las insuficientes consultas públicas. Montenegro mejoró considerablemente su proceso de seguimiento de las recomendaciones de auditoría y logró una comunicación más abierta y transparente con el Parlamento y con los ciudadanos en general. Albania ha tomado medidas decisivas para reforzar el control interno de las finanzas públicas (CIFP), como la delegación de responsabilidades financieras, la supervisión y el seguimiento de las auditorías internas.

Aunque el refuerzo de los sistemas y las capacidades de gestión de la inversión pública se considera prioritario para todos los países de la ampliación, especialmente en el contexto del Plan Económico y de Inversiones para los Balcanes Occidentales, en el último año se han realizado pocos avances. Sin embargo, dado que Montenegro está llevando a cabo una evaluación de la gestión de la inversión pública en 2021, todas las economías de los Balcanes Occidentales contarán ahora con recomendaciones, basadas en datos contrastados, sobre la forma de aumentar la eficiencia de las inversiones públicas.

Todos los países candidatos y candidatos potenciales deben reforzar su capacidad de elaborar estadísticas de buena calidad, en consonancia con los principios del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que reposan en la independencia profesional, la imparcialidad, la fiabilidad, la transparencia y la confidencialidad. Es también fundamental aumentar el suministro de datos a Eurostat. En los Balcanes Occidentales y Turquía, los censos de población y vivienda son el principal objetivo de los institutos de estadística y es preciso asignar recursos suficientes a su elaboración. Un sector específico en el que todos los países tienen que avanzar es el SEC 2010, el Sistema Europeo de Cuentas (estadísticas macroeconómicas).

Economía

La pandemia de COVID-19 tuvo importantes consecuencias negativas para el crecimiento económico de los Balcanes Occidentales y Turquía en 2020. La actividad económica en los Balcanes Occidentales se contrajo en un 3,4 %. Turquía experimentó cierta expansión en 2020 (crecimiento del PIB real del 1,8 %). La intensidad de la contracción económica varió considerablemente de unos países de los Balcanes Occidentales a otros y supuso desde una caída relativamente leve del 1 % del PIB en Serbia hasta una pérdida muy acusada de producción del 15,2 % en Montenegro, pasando por niveles medios de desaceleración económica en Bosnia y Herzegovina (4,6 %), Albania (3,8 %), Macedonia del Norte (4,5 %) y Kosovo (4,1 %). La estructura sectorial de estas economías (concretamente, la cuota del turismo en ellas) fue determinante para la gravedad de las secuelas económicas y, de hecho, fue el factor clave de la fuerte recesión registrada en Montenegro. Las prósperas campañas agrícolas lograron atenuar esta situación, sobre todo en Serbia y en Albania. También repercutieron en los resultados económicos las diferencias entre las distintas políticas de respuesta a la crisis, debidas en parte al distinto margen de actuación de cada país. En Turquía, el crecimiento económico fue acompañado de una persistente y elevada inflación, del aumento de los déficits exteriores y de una continua depreciación de la moneda, en gran medida relacionada con la mayor percepción de riesgo provocada por los frecuentes cambios de gobernador del banco central.

Según las previsiones, en 2021 repuntará el crecimiento económico en la mayor parte de estas economías para, a continuación, alcanzar o exceder los índices de expansión previos a la pandemia. Tras los elevados déficits fiscales derivados de la crisis y los sustanciales aumentos de la ratio deuda/PIB en 2020, se prevé un saneamiento fiscal gradual a partir de 2021 o 2022. 

No obstante, para fomentar una recuperación sostenible a medio plazo, es preciso acelerar todavía más la aplicación de las reformas estructurales. Se trata de un factor esencial para cumplir los dos criterios económicos de adhesión a la UE: garantizar la existencia de unas economías de mercado operativas y demostrar la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Así como la puntuación media de la aplicación de las medidas de reforma de los PRE fue de solo 2,7 (sobre 5) en 2020, el nivel de aplicación de las recomendaciones acordadas conjuntamente aumentó significativamente, pasando del 35,5 % para las orientaciones políticas adoptadas en 2019 al 50,8 % en 2020. Esta mejora está principalmente relacionada con el plazo particularmente corto de muchas de las medidas recomendadas para mitigar la crisis de la COVID-19.

Los mercados de trabajo de los Balcanes Occidentales y de Turquía siguen caracterizándose por unas tasas de actividad y de empleo globalmente bajas, así como por un alto nivel de informalidad laboral y de desempleo. En 2020 disminuyeron los índices de actividad en todos los países con la tendencia general de retirada de la población activa durante la crisis de la COVID-19. La baja tasa de integración de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral sigue siendo un importante desafío. En julio de 2021, los Balcanes Occidentales aprobaron una Declaración sobre la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral y la adopción de medidas concretas para establecer, aplicar y mejorar gradualmente los sistemas de Garantía Juvenil. Las reformas e inversiones en los sistemas educativos y la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son iniciativas fundamentales para hacer frente a los retos del mercado laboral.

La digitalización del sector industrial y el desarrollo de competencias digitales en todos los segmentos de la sociedad son cruciales para impulsar la empleabilidad y hacer avanzar la economía digital. El Plan de Acción sobre Educación Digital 2021-2027 18 , adoptado en septiembre de 2020, tiene por objeto facilitar a los sistemas de educación y formación la tarea de afrontar los retos de la crisis de la COVID-19 y apoyar la transformación digital a largo plazo. También se ha transformado el entorno de los medios de comunicación, lo que requiere medidas para apoyar la independencia de los organismos reguladores y proteger a los menores en los medios digitales.

III. CAPACIDAD DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE IMPLICA LA ADHESIÓN

La metodología revisada organiza los capítulos de negociación en bloques temáticos con el fin de crear un mayor dinamismo y de fomentar el enriquecimiento mutuo. Este nuevo enfoque se refleja también en la presentación de la adaptación al acervo de la UE que figura a continuación.

El bloque temático sobre mercado interior abarca los aspectos siguientes: libre circulación de mercancías (capítulo 1); libre circulación de trabajadores (capítulo 2); derecho de establecimiento y libre prestación de servicios (capítulo 3); libre circulación de capitales (capítulo 4); Derecho de sociedades (capítulo 6); Derecho de propiedad intelectual (capítulo 7); política de competencia (capítulo 8); servicios financieros (capítulo 9), y protección de la salud y los consumidores (capítulo 28). La armonización en estos ámbitos es crucial para que estos países se beneficien plenamente de los Acuerdos de Estabilización y Asociación y sigan aumentando su nivel de integración comercial con la UE, que es, con diferencia, el principal socio comercial de la región. También hará más atractivas las inversiones de la UE y facilitará las sinergias dentro de la cadena de suministro, la creación de empleo y el acceso al capital.

En general, los Balcanes Occidentales están moderadamente preparados en numerosos ámbitos del mercado interior. Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, Kosovo ha realizado algunos avances, mientras que los demás socios de los Balcanes Occidentales solo han realizado avances limitados. Montenegro y Serbia han realizado algunos avances en cuanto a la libre circulación de servicios; Albania, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte han progresado en el ámbito de la libre circulación de capital, y Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Montenegro en el de la política de competencia. Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Montenegro también han registrado avances en el ámbito de los servicios financieros.

La cooperación regional y los marcos de cooperación regional inclusivos, como la Estrategia de la UE para la Región del Adriático y del Jónico (EUSAIR) o la Estrategia de la UE para la cuenca del Danubio (EUSDR), siguieron facilitando los preparativos para la posible participación en el mercado interior de la UE. El mercado regional común de los Balcanes Occidentales, que se basa en las reglas y normas de la UE, es una piedra angular para una integración más estrecha de la región en el mercado único de la UE de forma previa a la adhesión. En la Cumbre de Sofía celebrada el 10 de noviembre de 2020, los dirigentes de los seis países de los Balcanes Occidentales adoptaron el Plan de Acción para el Mercado Regional Común y la Declaración sobre la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales.

Turquía ha registrado algunos avances en los ámbitos de la libre circulación de capitales, los servicios financieros y la política de competencia, en la que, no obstante, persisten serias preocupaciones en relación con las ayudas estatales. El país tiene un nivel muy avanzado en el ámbito del Derecho de sociedades y un buen grado de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, los servicios financieros y la protección de los consumidores y de la salud, así como el Derecho de propiedad intelectual. Se encuentra en una fase temprana de preparación en cuanto a la libre circulación de servicios y de trabajadores, sectores en los que no ha avanzado.

El bloque sobre competitividad y crecimiento inclusivo abarca los aspectos siguientes: sociedad de la información y medios de comunicación (capítulo 10); fiscalidad (capítulo 16); política económica y monetaria (capítulo 17); política social y empleo (capítulo 19); política industrial (capítulo 20); ciencia e investigación (capítulo 25); educación y cultura (capítulo 26), y aduanas (capítulo 29). Las reformas en estos ámbitos tienen una enorme incidencia en los programas de reforma económica de los Balcanes Occidentales y reciben apoyo a través del Plan Económico y de Inversión, puesto que contribuirán a aumentar la competitividad y el atractivo de la región para las empresas y a reducir la brecha existente con respecto a la economía de la UE.

La mayoría de los países socios de los Balcanes Occidentales tienen un nivel moderado de preparación en los temas que forman parte de este bloque. No obstante, Bosnia y Herzegovina sigue en una fase temprana en varios de ellos. En el ámbito de la fiscalidad, Serbia ha realizado buenos progresos, Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en absoluto, y todos los demás países han logrado algunos avances. En el ámbito de la unión aduanera, Macedonia del Norte ha avanzado a buen ritmo, Serbia y Albania han realizado avances limitados, y Kosovo y Montenegro han realizado algunos avances. En el ámbito de la educación y la cultura, Montenegro, Serbia y Albania han registrado algunos avances. En el campo de la ciencia y la investigación, Albania ha avanzado a buen ritmo, mientras que Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia han realizado algunos avances. Los socios de los Balcanes Occidentales que registraron ciertos avances en el campo de la sociedad de la información y los medios de comunicación fueron Albania y Kosovo; en el ámbito de la política económica y monetaria, Macedonia del Norte; en el ámbito de la política social y el empleo, Albania y Macedonia del Norte. En el ámbito de la política empresarial e industrial, todos los socios de los Balcanes Occidentales han realizado algunos avances, excepto Bosnia y Herzegovina.

Debido a sus progresos en este bloque, la Comisión considera que Serbia cumple todos los criterios de referencia necesarios para su apertura, en particular gracias a la supresión de los impuestos discriminatorios sobre el alcohol de importación. En general, la región debe emprender reformas socioeconómicas para afrontar las deficiencias estructurales, la baja competitividad, el elevado desempleo y el impacto de la pandemia de COVID-19. Los avances en la adaptación a las normas de la UE en los ámbitos del IVA, los impuestos especiales y la fiscalidad directa ayudarían a fomentar el comercio intrarregional e internacional. La región también necesita reforzar considerablemente su ecosistema de investigación e innovación, de forma que las economías puedan ponerse al día e incorporar, entre otras tecnologías, la digital y la ecológica. En materia de educación y cultura, Montenegro y Serbia son los cabecillas de la región, mientras que Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen que empezar a recuperar el retraso acumulado.

Turquía siguió adaptándose, en una medida limitada, al acervo de la UE, pero se produjo una regresión en los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación, la política económica y monetaria, la política social y el empleo, y la política industrial. Turquía ha realizado algunos avances en los ámbitos de la ciencia y la investigación y la educación y la cultura, pero debe seguir esforzándose por una educación más inclusiva, especialmente para las niñas. Los preparativos de Turquía en el ámbito de la ciencia y la investigación están muy avanzados. La integración comercial de Turquía con la UE es elevada y el país mantiene un buen nivel de preparación para la unión aduanera, pero los avances realizados son limitados, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de las medidas. Prosiguen las desviaciones de Turquía con respecto a las obligaciones que le impone la Unión Aduanera UE-Turquía, lo que ha contribuido a no pocas asperezas comerciales.

La Agenda Verde y la conectividad sostenible son fundamentales para una recuperación sostenible y viable en el futuro, así como para la integración económica interna de la región y la de esta con la UE, lo que beneficiará tanto a las empresas como al conjunto de los ciudadanos.

Este bloque abarca los aspectos siguientes: política de transportes (capítulo 14); energía (capítulo 15); redes transeuropeas (capítulo 21), y medio ambiente y cambio climático (capítulo 27).

Albania, Macedonia del Norte y Serbia están moderadamente preparadas en el ámbito de la energía, en el que Montenegro tiene un buen nivel de preparación. En el ámbito de las redes transeuropeas, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen cierto nivel de preparación, Serbia está moderadamente preparada y Macedonia del Norte tiene un buen nivel de preparación. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia tienen cierto nivel de preparación en materia de medio ambiente y cambio climático. Albania y Bosnia y Herzegovina han registrado algunos progresos en el ámbito de la política de transportes, mientras que Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia han registrado avances limitados. No se ha observado progreso alguno en Montenegro. Debido a sus progresos en este bloque, la Comisión considera que Serbia cumple todos los criterios de referencia para su apertura, en particular gracias a la adopción del calendario de desagregación del sector del gas.

En el ámbito de la energía, Serbia ha realizado considerables avances, Macedonia del Norte, Kosovo y Albania, algunos avances, y Montenegro, avances limitados. En lo que respecta a las redes transeuropeas, Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia han realizado algunos avances, mientras que en Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro solo se han registrado avances limitados. En lo que respecta al medio ambiente y al cambio climático, solo se han logrado avances limitados en todos los países de los Balcanes Occidentales. Es necesario, por lo tanto, actuar urgentemente en toda la región para acelerar la adaptación al acervo de la UE y reforzar la aplicación de las normas, el control de su cumplimiento y las inversiones. Es preciso reforzar considerablemente las capacidades administrativas del sector y aplicar reformas estructurales.

En 2020, la Comisión aportó los 1 000 millones EUR comprometidos en apoyo de la conectividad en la región. La cartera de conectividad del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales incluye ahora 45 proyectos por un valor de 1 000 millones EUR, que movilizarán más de 3 800 millones EUR en inversiones. Esta inversión ha aumentado la seguridad y acortado la duración de los viajes, reducido los tiempos de espera en las fronteras, ampliado los volúmenes comerciales y dado lugar a un suministro de energía más seguro, más fiable, más diversificado y más ecológico, que ha permitido evitar unas 300 000 toneladas de emisiones de CO2. Se ha puesto en marcha el primer conjunto de proyectos que ayudará a ejecutar las inversiones emblemáticas del Plan Económico y de Inversión. Estas inversiones han ido acompañadas de una labor de regulación en el marco de la Comunidad del Transporte y de la Comunidad de la Energía. En el ámbito digital, el acuerdo de itinerancia para la región de los Balcanes Occidentales entró en vigor el 1 de julio de 2021. La agenda de conectividad se ha remodelado con la adopción de la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales, que se centra en el desarrollo de soluciones de transporte y energía sostenibles en la región.

La Agenda Verde para los Balcanes Occidentales está alineada con los cinco grandes ámbitos del Pacto Verde: i) descarbonización, ii) descontaminación del aire, el agua y el suelo, iii) economía circular, iv) agricultura y producción de alimentos, y v) protección de la biodiversidad. El crecimiento económico y las nuevas oportunidades de negocio estarán vinculados a prácticas de consumo y producción más sostenibles, de las que formarán parte el fomento de una economía circular, la eficiencia de los recursos y una mejor reutilización de los residuos en todos los sectores económicos, entre ellos la planificación urbana y rural, con la sostenibilidad de los ecosistemas como condición previa para el éxito.

Turquía está moderadamente preparada en lo que respecta a su política de transporte y energía. Debe seguir trabajando en la liberalización del mercado del gas y desarrollar la cooperación en materia de seguridad nuclear, tanto tecnológica como física. Ha realizado algún avance en las redes de energía y transporte mediante la construcción, todavía en curso, de la línea ferroviaria Halkali-Kapikule que conecta la frontera búlgara con Estambul. Turquía tiene cierto nivel de preparación en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático, pero se enfrenta a retos medioambientales y climáticos críticos, tanto en la vertiente de mitigación como en la de adaptación. Turquía ha ratificado el Acuerdo de París sobre el cambio climático (está pendiente la presentación de su instrumento de ratificación a las Naciones Unidas). También ha manifestado su disposición a cooperar con la UE en relación con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Estas noticias han sido muy bien recibidas. Sin embargo, la integración de la acción por el clima dentro de otras políticas sigue siendo limitada.

Los preparativos relacionados con los recursos, la agricultura y la cohesión están estancados. Este bloque abarca los aspectos siguientes: agricultura y desarrollo rural (capítulo 11); seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria (capítulo 12); pesca (capítulo 13); política regional y coordinación de los instrumentos estructurales (capítulo 22), y disposiciones financieras y presupuestarias (capítulo 33).

Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia están moderadamente preparados en la mayoría de los capítulos de este bloque. Albania y Kosovo tienen cierto nivel de preparación, mientras que Bosnia y Herzegovina se encuentra todavía en una fase temprana en la mayoría de esos capítulos.

En el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte han realizado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina no ha realizado ninguno. En el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, Macedonia del Norte y Montenegro han avanzado a buen ritmo, Albania ha realizado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Serbia han realizado avances limitados. Por lo que se refiere a la pesca, solo Albania ha progresado satisfactoriamente. Montenegro ha realizado algunos avances. En la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, Bosnia y Herzegovina no ha realizado ningún avance y los demás países de los Balcanes Occidentales han realizado avances limitados.

La política turca de ayuda a la agricultura se ha alejado de los principios de la política agrícola común de la UE. El país ha realizado considerables avances en pesca, algunos avances en política regional y coordinación de los instrumentos estructurales, y avances limitados en los ámbitos de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, que suscitan cierta preocupación ante el nivel de residuos de plaguicidas en los productos alimenticios exportados a la UE.

El bloque de relaciones exteriores se compone de las relaciones exteriores (capítulo 30) y la política exterior, de seguridad y de defensa (capítulo 31).

Todos los países socios de los Balcanes Occidentales tienen un buen nivel de preparación o están moderadamente preparados en el ámbito de las relaciones exteriores, excepto Bosnia y Herzegovina, que solo tiene cierto nivel de preparación. En el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa, Albania y Montenegro tienen un buen nivel de preparación, Macedonia del Norte y Serbia están moderadamente preparados, y Bosnia y Herzegovina tiene cierto nivel de preparación.

Todos los países de los Balcanes Occidentales han logrado avanzar en el ámbito de las relaciones exteriores, excepto Bosnia y Herzegovina, cuyos avances han sido solo limitados. En cuanto a la política exterior, de seguridad y de defensa, Albania ha avanzado a buen ritmo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia han logrado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en absoluto. Los socios de los Balcanes Occidentales han seguido cooperando estrechamente con la UE en los asuntos de la política exterior y de seguridad común / la política común de seguridad y defensa (PESC/PCSD), en particular a través de sus importantes contribuciones a las misiones y operaciones de la PCSD de la UE. La adaptación a la PESC de la UE (declaraciones del alto representante en nombre de la UE y decisiones del Consejo sobre medidas restrictivas) es un aspecto importante del proceso de integración en la UE que pone de manifiesto la dirección estratégica de los países. Albania y Montenegro se han mantenido constantemente alineados al 100 % con las citadas políticas, lo que muestra su compromiso y su orientación estratégica. El índice de adaptación de Macedonia del Norte aumentó del 94 % en 2020 al 96 % en agosto de 2021. El índice de adaptación de Serbia aumentó del 56 % en 2020 al 61 % en agosto de 2021, primer paso hacia la inversión de la anterior tendencia negativa en cuanto al requisito de adaptación progresiva incluido en el marco de negociación del país. Resulta preocupante la acentuada disminución del índice de adaptación de Bosnia y Herzegovina, que pasó del 70 % en 2020 al 43 % en agosto de 2021. La inversión de esta tendencia pondría de manifiesto el compromiso de Bosnia y Herzegovina con la vía europea.

Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de las relaciones exteriores y tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa. Sus avances en cuanto a las relaciones exteriores han sido limitados. Turquía ha mantenido una tasa de adaptación a la PESC muy baja, de tan solo el 14 % en agosto de 2021 (11 % en 2020 y 21 % en 2019). La política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, siguió contraponiéndose a las prioridades de la PESC de la UE, debido en particular al enfoque conflictivo aplicado a Libia, a la negativa de Turquía a cooperar con la operación IRINI y a su apoyo a acciones militares en el Cáucaso, Siria e Irak. Aunque este año Turquía ha mostrado su voluntad de entablar un diálogo con la UE sobre política exterior y de seguridad y sobre cuestiones regionales, debe seguir tomando medidas decisivas para mejorar significativamente la adaptación a las declaraciones de la UE y a las decisiones del Consejo.

IV. COOPERACIÓN REGIONAL Y BUENAS RELACIONES DE VECINDAD

En los Balcanes Occidentales, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional son elementos esenciales de los procesos de Estabilización y Asociación y de ampliación. Contribuyen a la estabilidad, a la reconciliación y a la creación de un clima propicio para abordar las cuestiones bilaterales pendientes y el legado del pasado.

Como parte de los esfuerzos de integración económica regional, el Acuerdo Regional sobre Itinerancia en los Balcanes Occidentales firmado en abril de 2019 condujo a la progresiva reducción de las tarifas de itinerancia desde julio de 2019 y, posteriormente, a su eliminación con la introducción del régimen de «itinerancia como en casa» el 1 de julio de 2021. Se trata de un paso importante en la cooperación regional que ha aportado beneficios visibles a los ciudadanos. Se está comenzando a estudiar formas de reducir los costes de itinerancia entre los socios de los Balcanes Occidentales y la UE, y a elaborar una hoja de ruta para ese proceso, conforme establece la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales.

En el marco del Consejo de Cooperación Regional y del ACELC y con la ayuda de la Comisión, se ha llevado a cabo una importante labor técnica destinada a permitir la libre circulación de personas y profesionales y la prestación de servicios electrónicos, así como a facilitar el comercio y aligerar los procedimientos aduaneros en la región como parte de la iniciativa del mercado regional común. Sin embargo, las medidas correspondientes no se han adoptado debido a desacuerdos no relacionados con su contenido. La región debe ahora dar muestra de liderazgo político para terminar este trabajo y adoptar acuerdos o decisiones jurídicamente vinculantes entre todos los socios de los Balcanes Occidentales, en beneficio de sus ciudadanos y sus empresas. Esto requiere un esfuerzo conjunto para el establecimiento del mercado regional común, partiendo de las reglas y normas de la UE y evitando medidas unilaterales que pongan en peligro esta labor.

A pesar de las restricciones impuestas por la COVID-19, la Oficina Regional de Cooperación Juvenil siguió desempeñando un importante papel en el desarrollo de la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad, proporcionando oportunidades de cooperación e intercambio a los jóvenes de los Balcanes Occidentales. Estos jóvenes siguieron cooperando a través de otras iniciativas regionales, en línea y de forma presencial, especialmente a través del Laboratorio Regional de la Juventud.

La Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Brdo reflejó la importancia que la UE concede a la región y confirmó, una vez más, su perspectiva europea. Los dirigentes han acogido con satisfacción los avances en iniciativas fundamentales, como la de itinerancia, la Agenda Verde, los corredores verdes en las fronteras entre la UE y la región, la Agenda de Innovación y la adopción del marco jurídico del IAP III. Estas iniciativas —que reflejan las prioridades políticas de la UE—, junto con el Plan Económico y de Inversión, impulsarán una recuperación más rápida y sostenible de la región tras la pandemia y garantizarán también una mayor integración con la Unión Europea. La Comisión anunció su intención de proponer un paquete de inversiones por 600 millones EUR en el marco del IAP 2021 para la ejecución del Plan Económico y de Inversión, con sujeción a los procedimientos del marco de programación del IAP III y a las normas de ejecución. Junto con la propuesta de 500 millones EUR anunciada en julio, este paquete aportaría un total de 1 100 millones EUR para la aplicación del Plan Económico y de Inversión de aquí al final de 2021. La UE y los socios de los Balcanes Occidentales acordaron reforzar su cooperación en una serie de sectores, entre los que figuran aspectos fundamentales de seguridad.

La normalización global de las relaciones entre Serbia y Kosovo mediante el diálogo facilitado por la UE sigue siendo un aspecto clave para su futuro europeo y para la estabilidad de toda la región. Tras las elecciones celebradas en Kosovo a principios de 2021, el proceso continuó con dos reuniones de alto nivel en junio y julio de 2021, pero las relaciones entre Belgrado y Pristina siguen siendo tensas. Ambas partes deben mantener una relación constructiva que desemboque en un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante en el que se aborden todas las cuestiones pendientes entre ellas.

Tras las tensiones en el norte de Kosovo, el 30 de septiembre de 2021 se aprobó, merced al diálogo facilitado por la UE, un concierto para la distensión y una medida temporal para la expedición de matrículas. Las Partes convinieron también en crear un grupo de trabajo dirigido por la UE para encontrar, en un plazo de seis meses, una solución permanente basada en las normas y prácticas de la UE. La UE espera que las Partes participen constructivamente en este proceso para garantizar la libre circulación de los ciudadanos.

Además, deben aplicar de buena fe los acuerdos bilaterales existentes, como el Acuerdo de Prespa entre Macedonia del Norte y Grecia y el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con Bulgaria.

Las relaciones bilaterales entre Montenegro y Serbia se han caracterizado por las tensiones, el aumento de la retórica nacionalista y las acusaciones de influencia exterior durante los períodos electorales; dicho esto, se ha intensificado la cooperación en algunos ámbitos, como el sector sanitario.

Es esencial dejar atrás el legado del pasado y resolver los conflictos derivados de las hostilidades de la década de 1990. La negación del genocidio, la glorificación de los criminales de guerra o la retórica incendiaria no tienen cabida en la UE. Los avances han sido limitados en cuanto a la solución de importantes asuntos bilaterales pendientes, como las disputas de fronteras y el cumplimiento de las demandas de justicia para las víctimas de crímenes de guerra, la identificación de las personas aún desaparecidas y el establecimiento de un registro exacto de las atrocidades cometidas en el pasado en la región.

No debería haber impedimento alguno a la participación plena e inclusiva de todos los socios de los Balcanes Occidentales en iniciativas y actos de cooperación regional, incluidos los programas financiados por la UE.

La cooperación territorial ha permitido a los países de los Balcanes Occidentales cooperar con los Estados miembros vecinos en muchas cuestiones. Además de contribuir al crecimiento, al empleo y a la protección del medio ambiente, también ha desempeñado un importante papel en el aumento de la cooperación regional a múltiples niveles, la resolución de diversas cuestiones bilaterales y la creación de estabilidad. Más concretamente, la cooperación transfronteriza constituye una parte esencial del proceso de reconciliación en la región. Debido a los conflictos de la década de 1990 (en la antigua Yugoslavia), el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, particularmente en las zonas fronterizas, sigue siendo un requisito previo para el crecimiento y la prosperidad de las regiones y de los beneficiarios. Los programas de cooperación transfronteriza se centran en superar el legado de los conflictos pasados y construir la reconciliación mediante la creación de contactos directos entre las entidades y las administraciones de todos los niveles a ambos lados de la frontera.

Las nuevas y continuas actividades turcas de exploración de hidrocarburos no autorizadas en las zonas marítimas de Chipre y Grecia aumentaron las tensiones en el Mediterráneo Oriental y en el mar Egeo en el segundo semestre de 2020. La UE ha instado reiteradamente a Turquía a que se abstenga de plantear cualquier tipo de amenaza, crear fuentes de fricción o emprender acciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de las disputas. En sus Conclusiones de diciembre de 2020, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las acciones unilaterales, las provocaciones y la escalada en la retórica hostil de Turquía hacia la UE, los Estados miembros de la UE y los dirigentes europeos. También destacó que sigue abierta la oferta de una agenda positiva entre la UE y Turquía, siempre que este país muestre su disposición a promover una auténtica asociación con la Unión y sus Estados miembros y a resolver las diferencias mediante el diálogo y en cumplimiento del Derecho internacional. Las tensiones en el Mediterráneo Oriental disminuyeron visiblemente a principios de 2021. Turquía puso fin a las actividades de perforación ilegales en las zonas marítimas de Chipre. No obstante, a principios de octubre de 2021 se notificaron nuevos incidentes en relación con las prospecciones turcas y chipriotas.

Se reanudaron las conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía y se mantuvieron contactos de alto nivel. El Consejo Europeo de marzo de 2021 reafirmó que la UE seguiría comprometida con la defensa de sus intereses y de los de sus Estados miembros, así como con la preservación de la estabilidad regional. La UE prorrogó el marco vigente de medidas restrictivas adoptado en noviembre de 2019, en respuesta a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo Oriental 19 .

Los derechos de soberanía de los Estados miembros incluyen, entre otros, el derecho a concluir acuerdos bilaterales y a explorar y explotar los recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La soberanía y los derechos soberanos sobre las zonas marítimas de todos los Estados ribereños vecinos, incluidas aquellas a las que tienen derecho sus islas, deben respetarse, y la delimitación de las zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental debe efectuarse de conformidad con el Derecho internacional, a través de un diálogo de buena fe y en pro de unas relaciones de buena vecindad. Proseguir el diálogo de buena fe y abstenerse de acciones unilaterales que sean contrarias a los intereses de la UE y violen el Derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE es un requisito absoluto para garantizar un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación cooperativa y mutuamente beneficiosa entre la UE y Turquía. Todas las diferencias deben resolverse mediante un diálogo pacífico y de conformidad con el Derecho internacional.

Serán de vital importancia un compromiso y una contribución constantes de Turquía, en términos concretos, a las negociaciones para una solución de la cuestión chipriota que resulte justa y viable y que satisfaga a todas las partes, en el marco de la ONU y de conformidad con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. En abril de 2021 se celebró una reunión informal de 5 + 1 sobre Chipre. Es importante que Turquía reafirme su compromiso y su participación constructiva en las negociaciones sobre Chipre auspiciadas por las Naciones Unidas, en consonancia con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad, incluidos sus aspectos exteriores. No deben adoptarse medidas unilaterales que puedan aumentar las tensiones en la isla y socavar el retorno al diálogo. En relación con Varosha, Turquía debe revocar inmediatamente las medidas unilaterales anunciadas el 20 de julio de 2021 y todas las medidas adoptadas sobre Varosha desde octubre de 2020 que son contrarias a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar de manera íntegra el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre.

Las relaciones de buena vecindad y la reconciliación están intrínsecamente vinculadas al Estado de Derecho, la gobernanza económica y la cooperación regional. El objetivo específico del IAP III en este ámbito es contribuir a la cohesión y la resiliencia de la sociedad, resolviendo el legado de los conflictos del pasado y haciendo justicia a todas las víctimas de los conflictos. Del mismo modo, la mejora de las relaciones de buena vecindad fomenta la confianza de los ciudadanos y contribuye a eliminar los obstáculos a los intercambios políticos, económicos y sociales y a la cooperación. En vista de ello, el IAP III dará prioridad a las acciones que contribuyan a propiciar la confianza, la cohesión social y el fortalecimiento de las relaciones de vecindad, acciones entre las que destacan: 1) la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales graves mediante una intensa cooperación regional y unos procesos penales nacionales eficaces; 2) la defensa de los derechos de las víctimas; 3) el fomento de un mayor diálogo político y sobre políticas a los niveles político y técnico, así como de los esfuerzos de mediación necesarios para resolver las secuelas persistentes del pasado; el fomento de la educación y de la juventud, así como del diálogo intercultural, como vectores de cohesión social y relaciones pacíficas y como motores del desarrollo socioeconómico sostenible, y 4) el desarrollo de los intercambios locales e interpersonales en diversos ámbitos, como la cooperación económica y medioambiental, la buena gobernanza y la justicia, los medios de comunicación, la inclusión social, los derechos humanos —con especial énfasis en la igualdad de género—, los derechos de la infancia, la participación de los jóvenes, los derechos sociales y los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

Sobre la base del análisis que se acaba de presentar y de las evaluaciones de los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión ha formulado las conclusiones y recomendaciones siguientes:

I.

1.Una política de ampliación creíble es una inversión geoestratégica en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico en el conjunto de Europa. Con cada ampliación sucesiva, la UE ha podido extender sus beneficios a un mayor número de ciudadanos. La clave para conseguir este resultado es garantizar que el proceso siga desarrollándose sobre un sistema de condicionalidad estricto pero justo y conforme al principio de méritos propios. Las condiciones deben ser objetivas, precisas, detalladas, estrictas y verificables. Ello contribuye a preparar a los países interesados para que satisfagan todos los requisitos de adhesión, una de las prioridades políticas clave de la UE.

2.La metodología para la ampliación, revisada en 2020, pretende seguir reforzando el proceso de adhesión, haciéndolo más predecible, creíble y dinámico y supeditándolo a una dirección política más sólida. El proceso de adhesión se basa en la franca colaboración, la confianza mutua y los compromisos claros de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales.

3.Los retrasos en la apertura oficial de las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte están repercutiendo de forma negativa en la credibilidad de la UE. Los asuntos bilaterales pendientes entre Bulgaria y Macedonia del Norte deben resolverse con carácter prioritario. Es fundamental que los Estados miembros de la UE concluyan sin más demora los debates sobre los marcos de negociación y que las primeras conferencias intergubernamentales con Albania y Macedonia del Norte se celebren lo antes posible y antes de que finalice el año en curso. Las conferencias intergubernamentales con Montenegro y Serbia, celebradas en junio de 2021, respaldaron la aplicación de la metodología revisada con estos dos países.

4.La Declaración de Brdo de 6 de octubre de 2021 ha enviado a los socios de la UE de los Balcanes Occidentales el importante mensaje de que su futuro reside en la Unión Europea. La UE reiteró su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales y acogió con satisfacción el compromiso de estos países con la perspectiva europea, como interés estratégico mutuo y como opción estratégica común. La UE acogió con satisfacción el compromiso reiterado de los socios de los Balcanes Occidentales con la primacía de la democracia, los valores fundamentales y el Estado de Derecho.

5.El acuerdo para celebrar cumbres UE-Balcanes Occidentales de forma periódica es un importante compromiso que creará una estructura para el diálogo político al más alto nivel y para aproximar a la región a las políticas de la UE a medida que se avance en el proceso de adhesión. Las iniciativas acordadas en la cumbre de Brdo reflejan las prioridades de las políticas de la UE y ofrecen nuevas oportunidades y beneficios a los ciudadanos de la región. La cumbre dio comienzo a una Agenda específica para los Balcanes Occidentales sobre innovación, investigación, educación, cultura, juventud y deporte («Agenda de Innovación para los Balcanes Occidentales»), que promoverá la excelencia científica, reformará los sistemas educativos de la región, creará nuevas oportunidades para los jóvenes y contribuirá a prevenir la fuga de cerebros. En la cumbre se acogió muy favorablemente la hoja de ruta que creará las condiciones y fijará objetivos claros para reducir los costes de itinerancia entre la UE y los Balcanes Occidentales. Además, se recibió con satisfacción el acuerdo sobre un plan de acción detallado relativo a Agenda Verde, y los dirigentes acordaron reforzar la cooperación en una serie de ámbitos, como la seguridad.

6.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos esenciales de interés común, como la migración, la lucha contra el terrorismo, la economía, el comercio, la energía y el transporte. En ese contexto, se mantuvieron conversaciones de alto nivel sobre el clima y la migración, a las que seguirá en breve un diálogo sobre salud. En junio de 2019, el Consejo reiteró que Turquía seguía alejándose de la Unión Europea, y que, como las negociaciones de adhesión han llegado de hecho a un punto muerto, no se puede considerar la apertura ni el cierre de nuevos capítulos. Las circunstancias que fundamentaron dicha valoración siguen produciéndose en la actualidad. Dicho esto, el diálogo y la cooperación con Turquía aumentaron en 2021.

7.La pandemia de COVID-19 siguió golpeando duramente a los Balcanes Occidentales durante todo el período cubierto por el informe. Las autoridades de los países de la ampliación siguieron adoptando medidas para limitar la propagación de la pandemia y su impacto en la salud, así como para mitigar sus consecuencias socioeconómicas. Toda medida destinada a contener las infecciones debe ser proporcionada y limitada en el tiempo y respetar las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión. La repercusión económica de la pandemia sigue siendo considerable, lo que deja a los gobiernos un margen limitado de intervención fiscal.

8.La UE, aunque se ha visto gravemente afectada por esta crisis, ha movilizado un paquete de más de 3 300 millones EUR que incluye ayuda inmediata para hacer frente a los retos sanitarios y cuantiosos fondos para la recuperación económica de la región. La UE también está tratando a los países de los Balcanes Occidentales como socios privilegiados, por lo que sigue concediéndoles acceso a numerosas iniciativas e instrumentos en principio reservados a los Estados miembros de la UE; les suministra importantes cantidades de vacunas mediante reventas o donaciones por parte de los Estados miembros (un total de casi 2,9 millones de dosis a finales de agosto de 2021), y les facilita la posibilidad de asegurar la compatibilidad de sus certificados COVID con el certificado COVID digital de la UE (Albania, Macedonia del Norte y Turquía fueron los primeros en hacerlo). El apoyo de la UE va mucho más allá y es mucho más amplio que el proporcionado a la región por cualquier otro socio. Otro claro reflejo del anclaje estratégico de la región en la UE es que esta es su principal inversor, donante y socio comercial.

9.El Plan Económico y de Inversión de la UE para los Balcanes Occidentales proporcionará un importante estímulo a la región, con 9 000 millones EUR en subvenciones y garantías que se espera generen inversiones de hasta 20 000 millones EUR. Este plan de casi 30 000 millones EUR, importe equivalente a aproximadamente una tercera parte del PIB de la región, proporcionará fondos para infraestructuras sostenibles (transporte, energía, digital), que conectarán la región de forma interna y con la UE, para la doble transición ecológica y digital y para la recuperación del sector privado tras la pandemia. Marcará una verdadera diferencia a la hora de salvar la brecha socioeconómica entre los Balcanes Occidentales y la UE. Tras la adopción del marco jurídico del Reglamento relativo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) para el período 2021-2027, que es la principal fuente de financiación, es ahora fundamental acelerar la preparación de proyectos maduros y sostenibles.

10.La adopción del marco jurídico del IAP III proporciona un sólido enfoque orientado hacia políticas concretas, con un despliegue estratégico y dinámico de la ayuda, que sitúa los requisitos fundamentales para la adhesión, en particular el Estado de Derecho y la buena gobernanza, en el núcleo del instrumento.

11.El Plan Económico y de Inversión reclama a los Balcanes Occidentales que integren mejor sus economías y prosigan las reformas normativas, a fin de liberar el potencial de crecimiento de la integración del mercado. En la Cumbre de Sofía de noviembre de 2020, los dirigentes de los Balcanes Occidentales acordaron establecer un mercado regional común basado en las reglas y normas de la UE, estructurado en torno a las cuatro libertades (libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas), que cubra aspectos de las políticas digital, de inversión, de innovación y de industria. La UE apoya plenamente la aplicación de esta iniciativa inclusiva, que seguirá siendo crucial para el pleno aprovechamiento del potencial de la región y del Plan Económico y de Inversión.

12.Desde la adopción del mercado regional común, los seis socios de los Balcanes Occidentales registraron considerables avances a la hora de negociar, dentro de este marco, diversos acuerdos regionales para facilitar la circulación de personas, profesionales y servicios en toda la región. A pesar de estos avances técnicos, estos acuerdos no pudieron adoptarse debido a divergencias políticas ajenas a su contenido. Es primordial superar esos obstáculos. La sustitución de las medidas unilaterales por una cooperación regional inclusiva sigue siendo una necesidad política y económica para los Balcanes Occidentales.

13.El mercado regional común supone un importante paso hacia una mayor integración de la región en el mercado único de la UE de forma previa a la adhesión, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas. Es una iniciativa fundamental para que la región extraiga un buen provecho de sus relaciones privilegiadas con la UE y de sus esfuerzos de adaptación a las reglas y normas de la UE. La Comisión Europea seguirá ayudando a la región a conseguir una reducción de los costes de los pagos transfronterizos con el fin de facilitar la circulación de bienes industriales y de consumo y el comercio electrónico entre la UE y los Balcanes Occidentales.

14.Esta cooperación regional también es crucial en el contexto del refuerzo de las relaciones de buena vecindad. Es esencial dejar atrás el legado del pasado y resolver los conflictos derivados de las hostilidades de la década de 1990. La negación del genocidio, la glorificación de los criminales de guerra o la retórica incendiaria no tienen cabida en la UE.

15.El diálogo facilitado por la UE sobre la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo sigue siendo fundamental para su futuro europeo y para la estabilidad de toda la región. Ambas partes deben mantener una relación constructiva que desemboque en un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante. Debe evitarse toda acción unilateral y descoordinada que ponga en peligro la estabilidad.

II

16.En Montenegro, el compromiso político público de las autoridades con la orientación estratégica del país hacia la UE y con el proceso de adhesión se reafirma de forma periódica y sistemática como prioridad clave para el país y, por lo general, se refleja en las decisiones políticas pertinentes. Prueba de ello es, por ejemplo, el constante índice de alineación al 100% con la política exterior y de seguridad de la UE.

La valoración de la Comisión es que, de conformidad con el marco de negociación, actualmente se garantiza un equilibrio global entre los avances en los capítulos relativos al Estado de Derecho, por una parte, y los avances en las negociaciones de adhesión relativas a los distintos capítulos, por otra. La prioridad para seguir avanzando en las negociaciones de adhesión, antes de pasar al cierre provisional de otros capítulos o bloques temáticos, sigue siendo el cumplimiento de los criterios de referencia intermedios referentes al Estado de Derecho que se establecen en los capítulos 23 y 24. Para alcanzar este hito, Montenegro debe seguir redoblando sus esfuerzos por abordar las cuestiones pendientes, especialmente en ámbitos críticos como son la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, sin revertir los logros anteriores en cuanto a la reforma judicial. Esto exige que las autoridades demuestren en la práctica su compromiso con el programa de reformas de la UE para Montenegro.

17.El Gobierno de Serbia siguió afirmando que la integración europea es su objetivo estratégico. El Gobierno dio prioridad a las reformas relacionadas con la UE en el primer semestre de 2021 y cumplió diversos compromisos importantes pendientes, en particular en materia de fiscalidad y energía. Serbia sigue siendo un socio importante en las misiones y operaciones de la PCSD de la UE y ha mejorado su adaptación a la política exterior de la UE, alcanzando el 61 % en agosto de 2021, frente al 56 % de 2020; se espera del país que haga nuevos esfuerzos. En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha empezado a participar en el proceso de diálogo. Ahora tiene que seguir manteniendo una participación constructiva y contribuir al acuerdo de normalización global, jurídicamente vinculante, con Kosovo. Ese acuerdo es urgente y crucial para que Serbia y Kosovo puedan avanzar en sus trayectorias respectivas de adhesión a la UE. Serbia también debe preservar y dar plena aplicación a todos los acuerdos de diálogo anteriores.

La valoración de la Comisión es que, de conformidad con el marco de negociación, actualmente se garantiza un equilibrio global entre los avances en los capítulos relativos al Estado de Derecho y la normalización de las relaciones con Kosovo, por una parte, y los avances en las negociaciones de adhesión relativas a los distintos capítulos, por otra. Serbia debe seguir acelerando y profundizando urgentemente las reformas en cuanto a la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de los medios de comunicación, la respuesta nacional a los crímenes de guerra y la lucha contra la delincuencia organizada. Concretamente, las autoridades serbias deben ultimar el proceso de reforma constitucional en el ámbito del poder judicial antes de que termine el año. Los avances de Serbia en el Estado de Derecho y la normalización de las relaciones con Kosovo son esenciales y seguirán determinando el ritmo general de las negociaciones de adhesión. Junto a las reformas, las autoridades serbias deben hacer un mayor hincapié en una comunicación proactiva y objetiva sobre la UE, principal socio político y económico del país.

La Comisión se muestra satisfecha de que Serbia haya cumplido los criterios de referencia para la apertura del bloque temático 3 (Competitividad y crecimiento inclusivo) y del bloque temático 4 (Agenda Verde y conectividad sostenible). La Comisión apoya a Serbia en su ambición de abrir cuanto antes nuevos bloques temáticos de adhesión sobre la base de los constantes avances en el proceso de reforma.

18. Macedonia del Norte sigue cumpliendo las condiciones para iniciar las negociaciones de adhesión y las autoridades han demostrado públicamente su firme compromiso de avanzar en su trayectoria hacia la UE. El país ha mantenido un ritmo constante y decidido en el avance de las reformas de la UE y ha intensificado sus esfuerzos para obtener nuevos resultados tangibles. La sostenibilidad de estas reformas estructurales es un proceso a largo plazo que requiere una continua implicación tanto del Gobierno como de la oposición, así como de otros sectores de la sociedad. Macedonia del Norte ha seguido mejorando su tasa de adaptación a la política exterior y de seguridad de la UE, alcanzando el 96 % en agosto de 2021, frente al 94 % de 2020. En marzo de 2020, los miembros del Consejo Europeo refrendaron unánimemente la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte.

Los retrasos en el inicio oficial de las negociaciones de adhesión están repercutiendo de forma negativa en la credibilidad de la UE. Los asuntos bilaterales pendientes entre Bulgaria y Macedonia del Norte deben resolverse con carácter prioritario. La Comisión espera con interés y subraya la importancia de que todas las Partes apliquen de forma ininterrumpida el acuerdo de Prespa con Grecia y el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con Bulgaria. En consonancia con las Conclusiones del Consejo, la Comisión ha proseguido la labor preparatoria necesaria y aguarda con interés la celebración de la primera conferencia intergubernamental, que se convocará lo antes posible después de la adopción del marco de negociación por el Consejo y antes de que termine el año.

19.Albania sigue cumpliendo las condiciones para la apertura de las negociaciones de adhesión. Siguió mostrando su compromiso de avanzar en el camino hacia la UE y presentó resultados tangibles y sostenibles en materia de reformas. Ha proseguido la aplicación de la reforma integral del sistema de justicia. Con el nombramiento de tres nuevos jueces, el Tribunal Constitucional recuperó el quórum necesario para celebrar plenos y pasó a ser plenamente operativo, cumpliendo así la condición pendiente para celebrar la primera conferencia intergubernamental. El país debe mantener ahora su compromiso con su programa de reformas, incluidas las relativas al Estado de Derecho. Albania ha mantenido su índice de alineación al 100% con la política exterior y de seguridad de la UE.

En marzo de 2020, los miembros del Consejo Europeo refrendaron unánimemente la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Albania. La adopción del marco de negociación con Albania y la celebración de la primera conferencia intergubernamental (CIG) se han retrasado. En consonancia con las Conclusiones del Consejo, la Comisión ha proseguido la labor preparatoria necesaria y aguarda con interés la celebración de la primera conferencia intergubernamental, que se convocará lo antes posible después de la adopción del marco de negociación por el Consejo y antes de que termine el año.

20.En Bosnia y Herzegovina, el compromiso político público de las autoridades de todos los niveles de gobierno con el objetivo estratégico de la integración europea no se ha plasmado en acciones concretas, ya que los líderes políticos siguieron enzarzados en retóricas divisivas y disputas políticas poco constructivas que han obstaculizado el progreso general en las 14 prioridades clave. El bloqueo de las instituciones estatales es muy preocupante y solo puede superarse mediante el diálogo político. Con todo, se han tomado ciertas medidas de importancia para resolver algunas de las grandes prioridades del dictamen. No se ha avanzado en cuanto al funcionamiento del poder judicial. Los persistentes y evidentes signos de deterioro siguen exigiendo medidas urgentes para reforzar la integridad del poder judicial y recuperar la confianza de los ciudadanos. La tasa de adaptación de Bosnia y Herzegovina a la política exterior y de seguridad de la UE disminuyó hasta el 43 % en agosto de 2021, desde el 70 % de 2020.

Bosnia y Herzegovina debe abordar las 14 prioridades clave del Dictamen de la Comisión de mayo de 2019 sobre la candidatura de adhesión del país a la UE, en consonancia con las correspondientes Conclusiones del Consejo de diciembre de 2019. Además, debe mejorar radicalmente su marco legislativo e institucional, incluso a nivel constitucional en caso necesario, para cumplir los requisitos de la adhesión a la UE. Los actores políticos y las instituciones deben entablar un diálogo transparente e inclusivo —en particular, sobre las reformas electoral y constitucional— para subsanar inveteradas deficiencias electorales. Bosnia y Herzegovina tendrá que llevar a cabo toda una masa crítica de reformas antes de que la Comisión se plantee recomendar que se le otorgue la condición de país candidato. El cumplimiento de las 14 prioridades clave permitirá a la Comisión recomendar la apertura de las negociaciones de adhesión a la UE.

21.En Kosovo, debido al cambiante contexto político y a la atención prestada a la respuesta y a la recuperación frente a la pandemia, los avances conseguidos en cuanto a las reformas relacionadas con la UE y la aplicación del AEA fueron, en términos generales, limitados. Las elecciones parlamentarias anticipadas de febrero de 2021 dieron lugar a la formación de un nuevo Gobierno que goza de una clara mayoría parlamentaria. La adopción de una segunda fase del Programa Europeo de Reformas (PER 2) y su Plan de Acción, refrendados por la Asamblea en octubre de 2021, confirmaron el renovado compromiso de Kosovo con las reformas relacionadas con la UE. La plena y efectiva aplicación del Plan de Acción a lo largo del próximo período será esencial.

Por lo que respecta a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo ha iniciado el proceso de diálogo. Ahora tiene que participar de forma constructiva y contribuir al acuerdo de normalización global, jurídicamente vinculante, con Serbia. Es urgente y crucial que se celebre tal acuerdo para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus respectivas trayectorias de adhesión a la UE. Kosovo también debe preservar y dar plena aplicación a todos los acuerdos de diálogo anteriores.

La propuesta de la Comisión relativa a la liberalización del régimen de visados sigue pendiente ante el Consejo y debe tratarse urgentemente. La Comisión mantiene su evaluación de julio de 2018, en el sentido de que Kosovo ha cumplido todos los criterios de referencia para la liberalización de dicho régimen.

22.El Consejo Europeo ha declarado repetidas veces que la UE tiene un interés estratégico en un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Ha acogido con satisfacción la distensión en el Mediterráneo Oriental. La Unión Europea está dispuesta a entablar con Turquía un diálogo gradual, proporcionado y reversible que impulse la cooperación en una serie de ámbitos de interés común, como la cooperación económica, el diálogo de alto nivel sobre clima, migración, sanidad pública, lucha contra el terrorismo y cuestiones regionales, el refuerzo de la cooperación en materia de contactos entre personas y la movilidad, siempre que se mantenga el actual proceso de distensión y que Turquía participe en ese diálogo de manera constructiva y con arreglo a las condiciones establecidas en las recientes Conclusiones del Consejo Europeo. En caso de que se produzcan nuevas acciones unilaterales o provocaciones que vulneren el Derecho internacional, la UE utilizará todos los instrumentos y opciones de los que dispone para defender sus intereses y los de sus Estados miembros. 

Se espera que Turquía apoye activamente las negociaciones para una solución justa, global y viable de la cuestión chipriota en el marco de la ONU, de conformidad con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad y en consonancia con los principios en los que se fundamenta la UE. Es importante que Turquía reafirme su compromiso y su participación constructiva en las negociaciones sobre Chipre auspiciadas por las Naciones Unidas, en consonancia con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. No deben adoptarse medidas unilaterales que puedan aumentar las tensiones en la isla y socavar el retorno al diálogo. Es urgente que Turquía cumpla su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y elimine todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones a las conexiones directas de transporte con la República de Chipre.

Existen graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas de Turquía. Turquía no ha dado una respuesta creíble a la honda preocupación de la UE por el continuo deterioro del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial. Turquía debe invertir esta tendencia negativa de forma prioritaria, atendiendo para ello el debilitamiento de los controles y equilibrios efectivos en el sistema político. Los dirigentes de la UE han confirmado que el diálogo sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales sigue siendo una parte integrante de la relación entre la UE y Turquía.

La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 siguió dando resultados y Turquía continuó desempeñando un papel clave a la hora de abordar la migración a lo largo de la ruta del Mediterráneo Oriental y de acoger a la mayor población de refugiados del mundo. La Comisión propuso asignar 3 000 millones EUR de asistencia adicional a los refugiados y a las comunidades de acogida en Turquía. La Comisión recuerda la importancia de seguir aplicando ininterrumpidamente la Declaración, en lo que respecta, entre otras cuestiones, a la política de retornos y de prevención de las rutas de migración irregular. La UE acoge con satisfacción la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático por parte de Turquía y aguarda con interés el momento de colaborar con ese país en la aplicación del Pacto Verde Europeo. Tanto la UE como Turquía siguen beneficiándose de su Unión Aduanera. Turquía debe seguir intensificando su colaboración con la Comisión para limar las asperezas comerciales que obstaculizan el buen funcionamiento de la unión aduanera.

**

VI. ANEXOS

1.Resúmenes de las conclusiones de los informes

2.Datos estadísticos

3.Indicadores de terceros relacionados con la situación de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho en los países candidatos y candidatos potenciales

(1)

COM(2020) 641 final.

(2)

Se incluyen aquí los importes reasignados desde el Instrumento de Ayuda Preadhesión, de 41,46 millones EUR para ayuda inmediata, 88 millones EUR para asistencia sanitaria —de los cuales 70 millones EUR van destinados a garantizar la disponibilidad y el acceso a vacunas contra la COVID-19 fiables, eficaces y autorizadas por la UE—, 761,5 millones EUR para sustentar la recuperación respecto del impacto social y económico de la crisis, así como 750 millones EUR de ayuda macrofinanciera y un paquete de ayuda del Banco Europeo de Inversiones que asciende a 1 700 millones EUR.

(3)

COM(2020) 57 final.

(4)

  COM(2019) 261 final .

(5)

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

(6)

COM(2020) 57 final.

(7)

  sofia-declaration_en.pdf (europa.eu)

(8)

https://www.consilium.europa.eu/media/44029/st08101-en20.pdf

(9)

JOIN(2021) 8 final/2

(10)

DO L 330 de 20.9.2021.

(11)

La plataforma EMPACT (plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas) es una iniciativa en el ámbito de la seguridad impulsada por los Estados miembros de la UE para identificar, dar prioridad y hacer frente a las amenazas que suponen la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional. La plataforma EMPACT ha pasado a ser un instrumento permanente, como indican las Conclusiones del Consejo sobre EMPACT 2022+ . En mayo de 2021, el Consejo adoptó las conclusiones en las que se fijan las prioridades de la UE para el próximo ciclo EMPACT  (enero de 2022 - diciembre de 2025).

(12)

Comunicación sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, COM(2021) 170 final de 14.4.2021.

(13)

JOIN(2016) 18 final

(14)

   Declaración de Zagreb, 6 de mayo de 2020 (europa.eu)

(15)

   Presentación de la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales (europa.eu)

(16)

JOIN(2020) 18 final

(17)

  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)011-e

(18)

 COM/2020/624 final.

(19)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1657&from=ES  

COMISIÓN EUROPEA

Estrasburgo, 19.10.2021

COM(2021) 644 final

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Comunicación de 2021 sobre la política de ampliación de la UE

{SWD(2021) 288 final} - {SWD(2021) 289 final} - {SWD(2021) 290 final} - {SWD(2021) 291 final} - {SWD(2021) 292 final} - {SWD(2021) 293 final} - {SWD(2021) 294 final}

ANEXO 1 - Resúmenes de las conclusiones de los informes

Montenegro

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el período de referencia se caracterizó por las tensiones y la desconfianza entre los agentes políticos. La fuerte polarización entre la nueva mayoría de gobierno y la oposición persistió a lo largo de 2020 y se intensificó en el período postelectoral. Las enconadas relaciones y la desconfianza alimentaron frecuentes escaladas de hostilidad y exacerbaron más si cabe las divisiones políticas, incluso en el seno de la mayoría gobernante. Las elecciones parlamentarias dieron lugar a un cambio en la coalición de gobierno, modificaron la dinámica entre los órganos del Estado y demostraron la necesidad de encontrar un equilibrio dentro del nuevo panorama político, también para las cuestiones relativas a las comunidades religiosas y étnicas, que dominaron la agenda política durante el período de referencia. La fricción entre los poderes ejecutivo y legislativo ha ralentizado el trabajo de reforma. En diciembre de 2020, el Parlamento eligió al cuadragésimo segundo Gobierno de Montenegro, en el que se redujo considerablemente el número de ministerios. Se trata del primer Gobierno de Montenegro principalmente compuesto por técnicos sin filiación política específica.

En su informe final sobre las elecciones parlamentarias de 2020, la misión limitada de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE recomendó una reforma integral que permitiese armonizar el marco jurídico electoral y regular en su totalidad los principales aspectos de las elecciones, aplicando un proceso inclusivo y con suficiente antelación a las próximas elecciones. En diciembre de 2020, el Parlamento creó una comisión de reforma electoral cuyo cometido era llevar a cabo amplias reformas legislativas antes del final de 2021. Los avances han sido lentos debido a los retrasos iniciales y a los boicots periódicos. El Parlamento destituyó al presidente de la Comisión Electoral Estatal (SEC) en junio de 2021 y aún no ha nombrado a su sucesor. Se requieren esfuerzos sostenidos para aumentar la profesionalidad, la transparencia y la obligación de rendición de cuentas de la SEC.

En 2021, se celebraron elecciones locales en dos municipios. A pesar del acuerdo al que han llegado los distintos partidos para celebrar todas las elecciones locales el mismo día, el marco jurídico todavía prevé su desarrollo escalonado, lo que da lugar a campañas preelectorales casi constantes a escala nacional y local. Todavía no se ha logrado ofrecer una respuesta institucional creíble, independiente y eficaz al denominado «asunto de los sobres».

La falta de una actitud constructiva por parte de todos los participantes en el juego parlamentario impidió un diálogo político significativo y polarizó más si cabe el panorama político. El boicot de las sesiones plenarias por la mayoría de los parlamentarios, tanto de la oposición como de la mayoría de gobierno, provocó la suspensión del proceso decisorio en el Parlamento en 2021. El Parlamento ha mejorado la transparencia de su trabajo, gracias a la comunicación con la ciudadanía, e intensificado su función legislativa y supervisora en términos generales.

A menudo, la mayoría gobernante inició o aprobó legislación mediante el procedimiento acelerado, sin llevar a cabo las consultas públicas necesarias ni tener debidamente en cuenta los requisitos de adhesión a la UE. El Parlamento todavía ha de demostrar en la práctica su compromiso con el programa de reformas de la UE para Montenegro y mejorar la coordinación con el Gobierno sobre las iniciativas correspondientes. Ha de reforzar la capacidad profesional y técnica de su personal administrativo y aumentar la representación política de las mujeres.

La composición del Parlamento actual carece de precedentes en la historia de Montenegro. El país debe esforzarse por alcanzar un amplio consenso entre los partidos y en la sociedad acerca de las reformas de aproximación a la UE, factor esencial para que el país avance en su trayectoria hacia la Unión. Está claro que se requiere una participación activa y constructiva de todas las partes para reforzar la responsabilidad parlamentaria, el control del Ejecutivo y la vigilancia democrática, mejorar la calidad de la legislación y facilitar nombramientos clave. Hasta el momento, el Parlamento no ha podido conseguir la mayoría necesaria de dos tercios para los nombramientos judiciales importantes y, por lo tanto, determinadas funciones esenciales del sistema judicial se siguen cubriendo de forma interina.

Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario aumentar la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para introducir reformas. En diciembre de 2020, el Parlamento eligió al cuadragésimo segundo Gobierno de Montenegro. El número de ministerios se redujo a doce, cuatro de los cuales están ocupados por mujeres. Por su composición, se trata del primer Gobierno de Montenegro formado por técnicos, y solo el vicepresidente es el líder de un partido político. El Gobierno adoptó también un nuevo programa nacional para la adhesión a la UE correspondiente al período 2021-2023. La estructura de negociación se vio considerablemente debilitada por la dimisión o destitución de 110 de sus participantes, de los que dieciséis eran negociadores de capítulos y veinticuatro jefes de grupos de trabajo. La mayoría de estos puestos clave siguen vacantes. Con los nuevos equipos de gestión, algunos ministerios esenciales no demostraron el suficiente compromiso ni participaron de forma constructiva en el proceso de adhesión a la UE.

El papel de la sociedad civil se reconoce y promueve, pero es necesario seguir mejorando el marco jurídico e institucional vigente para reforzar los mecanismos de consulta y cooperación entre las instituciones estatales y la sociedad civil en el contexto del proceso de adhesión a la UE.

Montenegro está moderadamente preparado en lo que se refiere a la reforma de su Administración pública. En general, los avances realizados durante el período cubierto por el informe fueron limitados. El cambio de Gobierno y de mayoría parlamentaria tuvo hondas repercusiones en la función pública: las modificaciones de la Ley de funcionarios civiles y empleados del Estado rebajaron los requisitos de competencia, independencia y mérito aplicables a la designación de funcionarios públicos. Por otra parte, las recientes reorganizaciones de la Administración pública han dado lugar a importantes cambios en la plantilla, incluso en los niveles superiores, lo que pone en peligro la capacidad de Montenegro para retener personal con experiencia en los asuntos relacionados con el proceso de adhesión a la UE en muchos sectores. Se necesita una firme voluntad política para despolitizar con éxito la función pública, optimizar la administración del Estado y exigir a los gestores que rindan cuentas.

Montenegro sigue moderadamente preparado para aplicar el acervo de la UE y las normas europeas en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, ámbitos en los que los avances registrados son por lo general limitados, al igual que los resultados obtenidos hasta ahora en materia de rendición de cuentas. No se ha avanzado en el ámbito del poder judicial y la aplicación de reformas judiciales clave está paralizada. No existe aún el decisivo compromiso político que requiere el desbloqueo de importantes segmentos de estas reformas y, debido a la incapacidad para reunir una mayoría cualificada, diversos nombramientos judiciales siguen pendientes en el Parlamento. A pesar del enfoque más proactivo adoptado por la Agencia Anticorrupción, se observa una corrupción generalizada en numerosos ámbitos, lo que es motivo de preocupación. Por lo que respecta a los derechos fundamentales, Montenegro siguió cumpliendo las obligaciones derivadas de los instrumentos y la legislación internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, persisten dificultades a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional sobre derechos humanos. Los avances en el ámbito de la libertad de expresión fueron limitados.

Montenegro ha alcanzado cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Sus avances fueron limitados, y las recomendaciones del año pasado se cumplieron parcialmente en cuanto a la obtención de nuevos resultados en materia de represión y prevención de la corrupción y a los esfuerzos de la Agencia Anticorrupción para hacer frente a los retos que esta plantea. Es preciso seguir mejorando los resultados de embargo y decomiso de activos. La Agencia Anticorrupción (ACA), con un nuevo equipo de gestión, mostró un enfoque más proactivo, especialmente al intensificar sus actividades de comunicación y divulgación dirigidas al público en general, los medios de comunicación y la sociedad civil y al despejar la carga de trabajo pendiente de años anteriores. A pesar de esta tendencia positiva, persisten los retos que obstaculizan la independencia de la Agencia, el establecimiento de prioridades, la aplicación de un enfoque selectivo y la calidad de sus decisiones, aspectos que exigen un esfuerzo sostenido. La corrupción predomina en numerosos ámbitos. Para hacer frente a este problema con eficacia, se requiere una firme voluntad política, además de una contundente respuesta de la justicia penal frente a la corrupción de alto nivel.

Montenegro tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparado en la lucha contra la delincuencia organizada. Ha realizado algunos avances en la aplicación de las recomendaciones del año pasado, en particular en lo que se refiere a la mejora del acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las bases de datos clave y al aumento del número de investigadores y expertos en ámbitos esenciales. Siguió aumentando el número de casos de delincuencia organizada investigados y perseguidos, y se triplicó el de asuntos llevados a los tribunales. La cooperación policial internacional, bien asentada, siguió arrojando resultados, con un número sin precedentes de operaciones de incautación de drogas en el extranjero. Sin embargo, la capacidad para luchar contra el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales todavía no ha llegado al nivel esperado. Montenegro todavía tiene que resolver algunas deficiencias sistémicas de su sistema de justicia penal, incluidas algunas que afectan al procesamiento de los casos de delincuencia organizada.

En cuanto a los derechos fundamentales, Montenegro dispone ya de un marco legislativo e institucional prácticamente completo y ha realizado algunos avances en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos y la legislación internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue planteando dificultades. La eficacia de las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los delitos motivados por el odio debe seguir mejorando. Los grupos vulnerables, como los gitanos y los egipcios, y las personas con discapacidad siguen sufriendo múltiples tipos de discriminación y dificultades para hacer valer sus derechos en los procedimientos administrativos y judiciales. Las mujeres siguen en condiciones desiguales a la hora de participar en la vida política y pública y de acceder al empleo y a las oportunidades económicas. La violencia de género y la violencia contra los menores son aún un motivo de honda preocupación. Han seguido aumentando los ataques por motivos étnicos y religiosos, los delitos de odio y la incitación al odio. Montenegro solo ha atendido parcialmente las recomendaciones del año pasado. Todavía debe mejorarse el acceso a la justicia, en particular para los grupos vulnerables. Las modificaciones de la Ley sobre la libertad de religión y creencias se adoptaron tras celebrar unas consultas limitadas —y no del todo inclusivas— con las comunidades religiosas.

Montenegro ha alcanzado un cierto grado de preparación en el ámbito de la libertad de expresión. En general, sus avances durante el período cubierto por el informe fueron limitados y solo se atendieron parcialmente las recomendaciones del año pasado. La investigación sobre las heridas de bala sufridas por una periodista de investigación en 2018 ha arrojado nuevos datos, pero este caso, al igual que otros graves sucesos pasados, carece de un seguimiento judicial cabal y efectivo. En abril de 2021, el Gobierno creó una nueva comisión especial de vigilancia de la violencia contra los medios de comunicación, pero esta todavía no ha atendido plena o eficazmente las sólidas recomendaciones formuladas por la anterior comisión. Se halla en curso una revisión del marco jurídico con la que se pretende abordar los problemas adicionales detectados en relación con la Ley de medios de comunicación de 2020 y la Ley sobre el organismo público de radiodifusión RTCG, completándolas con una nueva Ley sobre medios audiovisuales y garantizando su plena armonización con el acervo de la UE y con las normas europeas. Es necesario redoblar los esfuerzos para limitar los efectos de la desinformación y el acoso y la incitación al odio en línea, garantizando al mismo tiempo que tales medidas no mermen desproporcionadamente la libertad de expresión. En junio de 2021, el Parlamento nombró al nuevo Consejo del RTCG sin un apoyo amplio de todos los partidos. Tras este cambio y los consiguientes relevos en el equipo de gestión del RTCG, el organismo público de radiodifusión empezó a presentar contenidos políticamente más diversos. En general, la situación de los medios de comunicación sigue estando muy polarizada, a menudo marcada por una información políticamente sesgada y desequilibrada y por una abundante participación de medios de comunicación extranjeros a la región, especialmente durante los períodos electorales. Los mecanismos de autorregulación siguen siendo débiles.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparado en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. El país sufrió una fuerte recesión en 2020, ya que la pandemia de COVID-19 asestó un duro golpe a su economía, dependiente del turismo. Esta situación generó importantes efectos indirectos negativos para el consumo privado, la inversión, el empleo, el comercio y las finanzas públicas. Para apoyar a los ciudadanos y a la economía, las autoridades instituyeron varios paquetes de ayuda económica. En su mayor parte, estas medidas estaban bien enfocadas, eran transparentes y tenían carácter temporal. A pesar de ciertos retrasos debidos a la pandemia, el Gobierno siguió aplicando algunas de las reformas previstas para mejorar el entorno empresarial. La fluida transición de gobierno, en medio de la crisis, preservó la eficacia de las políticas de respuesta a la COVID-19. El nuevo Gobierno consiguió mitigar los riesgos fiscales mediante la acumulación de importantes reservas que han cubierto las necesidades de financiación de 2021, incluidas las de los programas suplementarios de ayuda frente a la COVID-19. El sector financiero se mantuvo estable durante la crisis como consecuencia de su sólida posición anterior a esta y de las medidas de apoyo aplicadas por las autoridades, pero las secuelas retardadas de la crisis en los balances bancarios exigen un estrecho seguimiento de las entidades financieras.

Montenegro ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparado para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que la falta de diversificación y la dependencia del turismo hacen que la economía de Montenegro sea muy vulnerable a cualquier perturbación. Se han realizado algunos esfuerzos para mejorar las capacidades de innovación y para introducir estándares propios de la UE en las empresas locales mediante subvenciones públicas, pero los resultados siguen siendo modestos habida cuenta de la magnitud del reto. La calidad del sistema educativo y la orientación de los planes de estudios resultan inadecuados para mejorar el capital humano y corregir el desajuste de las capacidades. Se está avanzando con rapidez en la instalación de infraestructuras modernas de telecomunicaciones y energía, pero existe un importante déficit en las infraestructuras de transporte, que obstaculiza la integración con los mercados regionales y de la UE. Además, el bajo nivel de sofisticación de los productos nacionales, el pequeño tamaño de las empresas locales y el escaso nivel de participación en los mercados exteriores representan grandes obstáculos a la hora de aumentar la competitividad y diversificar la economía.

Por lo que se refiere a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Montenegro ha mantenido un compromiso constructivo con las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos, aunque las relaciones bilaterales con Serbia se han tensado en paralelo a la expansión de la retórica nacionalista. Por lo general, Montenegro participa activamente en la cooperación regional.

En lo tocante a la capacidad de Montenegro para asumir las obligaciones de la adhesión, en la mayoría de los sectores se ha llevado a cabo un importante trabajo de adaptación y preparación para la aplicación del acervo de la UE, aunque el ritmo se ha ralentizado con respecto a períodos anteriores.

El bloque temático del mercado interior es un capítulo esencial de los preparativos de Montenegro para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE y un factor de gran importancia para las posibles medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común. Se han logrado avances en la vigilancia del mercado, la acreditación y la normalización; los requisitos legales previos para el registro electrónico de sociedades; la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; el Derecho de sociedades; las ayudas estatales y la transparencia de las ayudas; la actividad bancaria, y la protección de la salud y de los consumidores. Montenegro debe centrarse ahora en: la adaptación al acervo de la UE en materia de metrología y normalización; el desarrollo de la capacidad operativa de la Agencia de Empleo; las profesiones reguladas, los movimientos de capitales y los pagos, incluidos los relativos a la adquisición de derechos de propiedad, y la eliminación progresiva de su régimen de ciudadanía para inversores; el Derecho de sociedades y la contabilidad de las empresas; la propiedad intelectual; la competencia y las ayudas estatales; la protección de los consumidores y de la salud y la aplicación de las leyes de armonización con el acervo de la UE en cuanto a los requisitos de capital para el sector bancario.

El bloque temático de competitividad y crecimiento inclusivo presenta significativos vínculos con el Programa de Reforma Económica de Montenegro. Se han registrado progresos en el control del tabaco; las pensiones; la política industrial, la especialización inteligente, la educación y la formación profesionales y la facilitación del comercio. Por lo que respecta a la política económica y monetaria, se está trabajando para aplicar el plan de acción de adaptación al acervo de la UE. Montenegro debe centrarse ahora en: la independencia de los medios de comunicación; la coordinación de las cuestiones económicas y monetarias en materia de IVA, impuestos especiales y fiscalidad directa; el Derecho laboral y la ley contra la discriminación, la seguridad en el trabajo; la política industrial, la investigación y la innovación, la educación y la formación y el sistema de tránsito informatizado compatible con la UE.

El bloque temático compuesto por la agenda ecológica y la conectividad sostenible tiene importantes vínculos con el Programa de Reforma Económica de Montenegro, el Plan Económico y de Inversiones de la Comisión y la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales. Se ha avanzado en la creación de un mercado diario de la energía; en la Estrategia de Desarrollo del Transporte, la protección de la naturaleza y el Plan Nacional de Energía y Clima. Montenegro debe centrarse ahora en: el sector de la energía; las redes transeuropeas, las telecomunicaciones, los Reglamentos RTE-T y RTE-E; la transición ecológica, la gestión de los residuos, la calidad del agua, la protección de la naturaleza y el cambio climático.

El bloque temático de recursos, agricultura y cohesión incluye políticas relacionadas con los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión de la UE y el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir las responsabilidades que incumben a un futuro Estado miembro de la UE. Se ha avanzado en agricultura, alimentación y pesca, política regional e instrumentos estructurales, disposiciones financieras y presupuestarias y gestión de los recursos propios. Montenegro debe centrarse ahora en: la aplicación del programa IPARD, la agricultura, el desarrollo rural y la pesca, la mejora de los establecimientos alimentarios y de los controles de seguridad alimentaria, los requisitos de la política de cohesión de la UE, la capacidad para gestionar los programas en régimen de gestión indirecta del IAP y las normas de administración del sistema de recursos propios.

Por lo que se refiere al bloque de relaciones exteriores, Montenegro siguió ajustándose plenamente a todas las posiciones, declaraciones y posiciones comunes de la UE en el ámbito de la PESC. También siguió aplicando, en el marco del mercado regional común, medidas basadas en las normas de la UE, a través, entre otros mecanismos, de la cooperación en el seno del ACELC y del Consejo de Cooperación Regional. La adaptación al Estatuto de Roma en su integridad permitiría cerrar provisionalmente el capítulo 31, que sigue abierto en este bloque.

El refuerzo de la capacidad administrativa para aplicar el acervo de la UE sigue siendo un reto importante para Montenegro, que también implica la necesidad de reconstruir urgentemente una estructura de negociación funcional.

En cuanto a la migración, tanto la migración legal como la irregular disminuyeron drásticamente en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19. En comparación con 2019, la llegada de migrantes irregulares disminuyó en un 60 % en 2020, con 3 149 migrantes interceptados. La Fiscalía Especial llevó a cabo dos investigaciones sobre el tráfico ilícito de migrantes en 2020. En uno de esos casos, se dictaron condenas firmes contra ocho personas. Aunque la capacidad de Montenegro para gestionar los flujos migratorios mixtos y la integración de los refugiados está mejorando, el país debe sostener el esfuerzo para hacer frente a la presión migratoria, ampliando todavía más su capacidad de acogida y mejorando el nivel de calidad de los centros de acogida. En este mismo sentido, habrá de intensificar su cooperación internacional en materia de readmisión, apoyar una reintegración adecuada de los retornados, aumentar su capacidad para perseguir las redes de tráfico ilícito de migrantes y crear un sistema moderno de recopilación de datos sobre migrantes.

Serbia

Por lo que respecta a los criterios políticos, el Parlamento serbio y las fuerzas políticas siguieron participando en el diálogo interpartidista dirigido por el Parlamento Europeo con el fin de forjar un amplio consenso entre los diferentes partidos acerca de las reformas relacionadas con la UE, aspecto vital para el progreso del país en su camino hacia la UE. Sin embargo, el clima político durante el período de referencia siguió polarizado. Para que el proceso culmine con éxito, todos los actores políticos tienen que implicarse de forma constructiva y de buena fe y aplicar las medidas determinadas en septiembre de 2021 por los cofacilitadores del Parlamento Europeo y del Parlamento serbio durante el diálogo interpartidista.

Por lo que se refiere a las elecciones, Serbia comenzó a aplicar las recomendaciones formuladas tiempo atrás por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE), y el Gobierno restableció el grupo de trabajo sobre las elecciones. Todas las recomendaciones esenciales deben aplicarse de manera inclusiva y transparente, sobre la base de un consenso político más amplio y con bastante antelación a la celebración de los comicios.

El mandato del Parlamento serbio, que se constituyó formalmente en agosto de 2020, está limitado en el tiempo desde sus inicios, ya que los líderes políticos anunciaron nuevas elecciones para la primavera de 2022 a más tardar. El Parlamento redujo significativamente el uso de procedimientos urgentes en general y adoptó un nuevo código de conducta para los diputados. No obstante, durante los debates parlamentarios siguió utilizándose un lenguaje incendiario contra los opositores políticos y los representantes de otras instituciones que expresaron opiniones políticas divergentes. Todos los políticos deben oponerse a la incitación al odio y contribuir a un diálogo político sobre las reformas relacionadas con la UE y, en particular, sobre los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.

El Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías y Diálogo Social, de reciente creación, inició una serie de diálogos públicos. Sin embargo, se requieren nuevos esfuerzos para asegurar una cooperación sistemática entre el Gobierno y la sociedad civil. Es todavía preciso crear, sobre el terreno, un entorno propicio para el desarrollo y la financiación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), contra las que prosiguieron las agresiones verbales, incluso en sede parlamentaria.

Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la Administración pública. En general, durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Serbia tiene aún que garantizar: i) los nombramientos basados en criterios de mérito y la reducción del excesivo número de altos cargos en funciones; ii) el importante papel de control de calidad de la Secretaría de Política Pública en la elaboración y coordinación de políticas, y iii) un mecanismo único para priorizar todas las inversiones, independientemente del tipo y la fuente de financiación.

El sistema judicial de Serbia tiene cierto grado de preparación. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. La reforma constitucional del poder judicial se reactivó en diciembre de 2020 y está previsto que culmine a finales de 2021. El sistema de nombramientos judiciales y de evaluación de la labor de jueces y fiscales debe revisarse a fondo como consecuencia de la adopción de modificaciones de la Constitución, para permitir que la designación y la promoción profesional se basen en el mérito, ya que el marco jurídico vigente no ofrece garantías suficientes contra la posible influencia política en el poder judicial.

Serbia tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Por lo que se refiere a la prevención de la corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) llegó a la conclusión de que su recomendación sobre la Agencia para la Prevención de la Corrupción se había cumplido satisfactoriamente. Esa recomendación se refería a la necesidad de un nivel suficiente de independencia, de recursos financieros y de personal, así como a la ampliación de las competencias de la Agencia. Serbia tiene aún pendientes la adopción de una nueva estrategia de lucha contra la corrupción, acompañada de un plan de acción, y el establecimiento de un mecanismo eficaz de coordinación para alcanzar los objetivos de la política de prevención o de represión y luchar eficazmente contra la corrupción. El número de acusaciones y de condenas en primera instancia por casos de corrupción de alto nivel siguió disminuyendo en comparación con años anteriores. Serbia debe redoblar sus esfuerzos para subsanar estas deficiencias e intensificar la prevención y la represión de la corrupción.

En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, Serbia tiene cierto grado de preparación. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Serbia todavía tiene que establecer una trayectoria convincente y efectiva de investigaciones, procesos y condenas firmes en casos de delincuencia grave y organizada, incluidas investigaciones financieras que vayan engrosando el registro de operaciones de embargo y decomiso de activos de origen delictivo. El número de condenas por delincuencia organizada disminuyó en comparación con 2019. Serbia debe adaptar su enfoque: en lugar de actuar caso por caso, ha de fijar una estrategia contra las organizaciones y, en lugar de centrar su atención en casos de importancia baja o media, debe abordar casos de alto nivel con el fin de desmantelar organizaciones de grandes dimensiones y difusión internacional y embargar sus activos.

El marco legislativo e institucional de Serbia para la defensa de los derechos fundamentales está implantado ya en grandes líneas. Sin embargo, el país debe garantizar que ese marco se aplique de manera sistemática y eficiente. Es preciso reforzar las instituciones de derechos humanos y garantizar su independencia, recurriendo —entre otros medios— a la asignación de los recursos financieros y de personal necesarios. Por lo que respecta a la libertad de expresión, se han logrado algunos avances tras la adopción y la incipiente aplicación de un número limitado de medidas en el marco del plan de acción que corresponde a la estrategia de los medios de comunicación. Sin embargo, prosiguieron las agresiones verbales contra periodistas por parte de altos funcionarios, y los casos de amenazas y violencia siguen siendo motivo de preocupación. La mayor parte de las asociaciones de medios de comunicación se retiraron del grupo sobre seguridad de los periodistas en marzo de 2021, alegando la existencia de campañas de incitación al odio y de difamación dirigidas contra periodistas y representantes de la sociedad civil, en las que también participó el jefe del grupo parlamentario del partido gobernante. Estas agresiones verbales en el Parlamento se produjeron incluso después de la adopción de un código de conducta en diciembre de 2020. El entorno general para el ejercicio de una libertad de expresión sin cortapisas todavía debe consolidarse en la práctica.

En cuanto a los criterios económicos, Serbia ha realizado algunos avances y dispone de un nivel de preparación entre moderado y bueno para el desarrollo de una economía de mercado viable. La economía serbia registró solo una ligera contracción en 2020 al quedar atenuado el impacto de la COVID-19 por el fuerte empuje anterior a la crisis, las generosas y oportunas medidas de apoyo fiscal y monetario, la estructura sectorial de la economía y unas medidas de contención cuya severidad media fue baja. Durante la crisis se redujeron los desequilibrios externos, mientras que su financiación siguió estando plenamente cubierta por las entradas de inversión extranjera directa (IED). El margen fiscal creado antes de la crisis permitió a Serbia facilitar un sustancial apoyo fiscal para mitigar la crisis en 2020 y 2021 y aumentar considerablemente el gasto de capital. Se preservó la estabilidad del sector bancario y el crecimiento de los préstamos fue vigoroso, respaldado por la suavización de las condiciones monetarias, las moratorias de los préstamos y las medidas de refuerzo de la liquidez. En el mercado de trabajo se registró una nueva disminución del desempleo en 2020, que refleja, sobre todo, la reducción de las tasas de actividad durante la crisis.

Se han observado algunos avances en las reformas de la Administración tributaria y en la privatización de los bancos estatales. No obstante, otras grandes reformas estructurales de la Administración pública y las empresas de propiedad estatal han seguido avanzando a ritmo lento, prolongando ineficiencias arrastradas del pasado. No se ha avanzado en el refuerzo de la legislación necesaria para afianzar la política fiscal. El Estado sigue teniendo una fuerte presencia en la economía, y el sector privado está infradesarrollado y se ve obstaculizado por las deficiencias en el Estado de Derecho —concretamente, la corrupción y la incuria del poder judicial— y la inobservancia de las normas de competencia leal.

Serbia ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. La estructura de la economía ha seguido mejorando y se ha mantenido un alto grado de integración económica con la UE. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la calidad y la pertinencia de la educación y la formación no satisfacen plenamente las necesidades del mercado de trabajo. La inversión pública ha seguido aumentando con la finalidad de subsanar graves carencias en las infraestructuras, consiguientes a años de infrainversión. Aunque ha disminuido el coste de los préstamos para las pequeñas y medianas empresas, estas siguen enfrentándose a una serie de retos como la volatilidad del entorno empresarial y la competencia desleal.

En cuanto a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Serbia mantuvo en general su compromiso respecto de las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos. Sin embargo, las relaciones con Montenegro se han caracterizado por la persistencia de las tensiones. Por lo general, Serbia participa activamente en la cooperación regional.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, el diálogo facilitado por la UE prosiguió en las reuniones de alto nivel celebradas el 15 de junio y el 19 de julio de 2021 y en tres reuniones de negociadores principales. Durante el período cubierto por el informe, ambas partes designaron nuevos negociadores principales y equipos de negociación. Serbia debe intensificar sus ya importantes esfuerzos para ejecutar todos los acuerdos ya suscritos y contribuir a alcanzar un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante con Kosovo. Ese acuerdo es urgente y crucial para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus trayectorias respectivas de adhesión a la UE.

Por lo que se refiere a la capacidad de Serbia para asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, el país ha llevado a cabo una importante labor de adaptación al acervo de la UE en numerosos ámbitos entre los que destacan la fiscalidad y la energía.

El bloque temático del mercado interior es un apartado esencial de los preparativos de Serbia para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE y un factor de gran importancia para las posibles medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común. Se ha avanzado en la armonización de la legislación sobre Derecho de sociedades, libre circulación de trabajadores, libre establecimiento y libre prestación de servicios. Sin embargo, no se ha avanzado en absoluto en los ámbitos de la libre circulación de capitales, los servicios financieros y la protección de los consumidores y la salud.

El bloque temático de competitividad y crecimiento inclusivo presenta significativos vínculos con el Programa de Reforma Económica de Serbia. Se ha avanzado en los ámbitos de la fiscalidad, la política social y el empleo, la política industrial, el desarrollo científico y tecnológico y la educación. Por lo que respecta a la fiscalidad, la política social y el empleo, Serbia también ha cumplido los criterios de referencia para la apertura de las negociaciones. Sin embargo, no se ha avanzado en el refuerzo de las normas necesarias para afianzar la política fiscal.

El bloque temático configurado por la agenda ecológica y la conectividad sostenible ocupa un lugar central en la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales asumida por Serbia en noviembre de 2020 y estrechamente vinculada al Programa de Reforma Económica de Serbia y al Plan Económico y de Inversiones de la Comisión. Serbia ha cumplido los criterios de referencia para la apertura de las negociaciones en materia de energía. El país ha avanzado en la seguridad vial y en la reforma del sistema ferroviario. También ha adoptado una Ley de clima, así como un importante paquete legislativo sobre energía que incluye nuevas leyes sobre energías renovables y eficiencia energética.

El bloque temático de recursos, agricultura y cohesión incluye políticas relacionadas con los Fondos Estructurales de la UE y con el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir las responsabilidades que incumben a un futuro Estado miembro de la UE. También incluye algunas de las áreas de intervención fundamentales para garantizar sistemas alimentarios sostenibles y ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse y diversificarse económicamente. Serbia ha progresado en materia de seguridad alimentaria gracias a la contratación de personal en los laboratorios nacionales de referencia y a la elaboración de un plan de acción sobre pesca; en materia financiera y presupuestaria, en lo que se refiere a la gestión de los recursos propios, y en política regional, en lo que respecta a la gestión financiera.

En el bloque temático de relaciones exteriores, se mantuvieron prácticamente inalterados los patrones generales de Serbia en cuanto a la adaptación a la política exterior y de seguridad común de la UE. Serbia emprendió varias acciones contrarias a las posiciones de la UE en materia de política exterior. En 2020, el índice de adaptación de Serbia a las declaraciones pertinentes efectuadas por el alto representante en nombre de la UE y a las Decisiones del Consejo se situaba en el 56 %, porcentaje que en agosto de 2021 había aumentado hasta el 61 %. Serbia siguió participando en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la UE en el marco de la política común de seguridad y defensa. No se lograron avances concretos hacia la conclusión de las negociaciones de adhesión a la Organización Mundial del Comercio.

Serbia siguió contribuyendo significativamente a la gestión de los flujos migratorios mixtos hacia la UE, desempeñando un papel activo y constructivo y cooperando eficazmente con sus vecinos y los Estados miembros de la UE. También siguió aplicando eficazmente la estrategia de gestión integrada de las fronteras y su plan de acción.

Macedonia del Norte

Por lo que respecta a los criterios políticos, Macedonia del Norte prosiguió sus esfuerzos para reforzar la democracia y el Estado de Derecho, activando para ello los controles y equilibrios existentes y llevando a cabo actividades de comunicación sobre cuestiones políticas y legislativas clave. El país ha demostrado su compromiso con la obtención de resultados en los grandes principios fundamentales, en particular a través del programa «Europe at home» y del «Plan de acción 21» de lucha contra la corrupción. La primera vuelta de las elecciones locales tuvo lugar el 17 de octubre. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE) ha desplegado una misión de observación electoral. Durante el período de referencia, los avances en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones pendientes de la OIDDH de la OSCE y de la Comisión de Venecia han sido limitados. Están por ultimar, en los plazos fijados y con criterios inclusivos, la revisión integral de la legislación electoral y la adopción de las leyes pertinentes.

Los partidos de la oposición siguieron desarrollando una activa labor parlamentaria y, en algunas ocasiones, apoyaron leyes esenciales relacionadas con la UE. No obstante, el trabajo parlamentario se vio obstaculizado por la polarización política, agravada por la COVID-19, que en algunas ocasiones afectó a las funciones ordinarias de la Asamblea. Se requieren esfuerzos para fortalecer el papel del Parlamento como foro de diálogo político constructivo, en particular acerca del programa de reformas de la UE. El Parlamento siguió ejerciendo sus funciones legislativas. Debe prestarse una gran atención al uso de procedimientos acelerados, que debe limitarse para garantizar la eficacia de los procesos de vigilancia y consulta de la legislación. El Parlamento siguió ejerciendo el adecuado control del poder ejecutivo. Aún no se han puesto en marcha las propuestas de reforma interna del Parlamento acordadas durante la tercera ronda del «Diálogo Jean Monnet» 1 a principios de 2020. Siguió determinándose, incluso mediante sentencias en primera instancia, la responsabilidad penal de quienes orquestaron o cometieron actos de violencia en el atentado perpetrado contra el Parlamento el 27 de abril de 2017. El Gobierno debe mantener el impulso de las reformas y centrarse en la aplicación del marco jurídico vigente en lugar de poner en marcha nuevas iniciativas esporádicas. La aplicación en tiempo real y en profundidad del programa de reformas requiere el apoyo sostenido de la sociedad en su conjunto. Las relaciones interétnicas se mantuvieron estables y siguió aplicándose el Acuerdo Marco de Ohrid.

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron siendo activas, y el papel que desempeñan en el proceso de reforma es importante. Se requieren nuevos esfuerzos para garantizar un proceso de consulta más tempestivo, significativo y transparente con la sociedad civil. En el contexto de los retos que plantea la recuperación de la crisis de la COVID-19, se espera que los agentes gubernamentales y no gubernamentales forjen asociaciones a largo plazo y refuercen la cooperación existente.

Se ha terminado prácticamente la reforma del sector de la inteligencia, que ha dado lugar a la creación de nuevas estructuras y al desarrollo de un marco jurídico. El país debe reforzar la capacidad de control del Parlamento sobre los servicios de inteligencia.

Macedonia del Norte está moderadamente preparada en lo que respecta a la reforma de su Administración pública. Se han realizado algunos avances hacia la finalización de la revisión funcional horizontal de la Administración del Estado. Es importante que el Gobierno apruebe esa revisión. Se formularon recomendaciones para la nueva organización de los entes administrativos del Estado, con líneas más claras de rendición de cuentas. Esas recomendaciones deben incorporarse a la legislación correspondiente, la cual habrá de adoptarse y aplicarse. Macedonia del Norte está revisando actualmente el marco legislativo de gestión de los recursos humanos mediante la revisión de la Ley de funcionarios de la Administración y de la Ley de empleados de los servicios públicos, y está introduciendo una nueva Ley de gestores de alto nivel. Ese nuevo marco debería mejorar la gestión de los recursos humanos en toda la Administración y contribuir a garantizar una mayor aplicación del sistema de méritos para los nombramientos, los ascensos y los ceses, incluso en los niveles más altos de gestión. Se presentaron los informes de seguimiento de la aplicación de la estrategia de reforma de la Administración pública y del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción siguió analizando supuestos casos de nepotismo, clientelismo e influencia política en los procesos de contratación de empleados del sector público y de nombramiento de los miembros de los consejos de administración y supervisión. Sus conclusiones y recomendaciones deben ser sistemáticamente atendidas por las instituciones afectadas.

El sistema judicial de Macedonia del Norte tiene cierto nivel de preparación / está moderadamente preparado. Se registraron ciertos avances en la aplicación de la estrategia de reforma judicial, con los que prosiguió el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Venecia y del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones sistémicas relativas al Estado de Derecho. Es preciso seguir trabajando para garantizar la aplicación sistemática del plan de acción actualizado correspondiente a la estrategia de reforma judicial y de las estrategias de recursos humanos para el poder judicial y la Fiscalía. Las instituciones judiciales siguen aplicando las nuevas normas de nombramiento, promoción, disciplina y destitución de jueces y fiscales. Se adoptó casi toda la legislación de aplicación de la Ley revisada del Consejo de Fiscales. Es importante seguir aplicando el marco jurídico y los planes estratégicos relacionados con la reforma del Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales. Un nuevo proyecto de ley sobre la Academia de Jueces y Fiscales debería mantener a esta institución como único punto de entrada en el sistema judicial y en el Ministerio Fiscal y garantizar un acceso justo y transparente a estas profesiones.

Macedonia del Norte tiene un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparada en lo que respecta a la prevención y la lucha contra la corrupción. Se han realizado algunos avances, ya que el país ha seguido consolidando su trayectoria de investigación, procesamiento y enjuiciamiento de casos de corrupción, algunos de ellos de alto nivel, y ha reforzado su marco institucional, especialmente la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción y la Fiscalía para la Delincuencia Organizada y la Corrupción. En abril de 2021, el Parlamento aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención de la Corrupción y los Conflictos de Intereses 2021-2025 y el Plan de acción correspondiente, consolidando con ello el compromiso del país para prevenir la corrupción y sancionar los comportamientos corruptos. Los casos abiertos por la antigua Fiscalía Especial siguieron avanzando, con la consiguiente depuración de responsabilidades por las escuchas telefónicas ilegales. Algunos casos fueron objeto de sentencias en primera instancia y se abrieron nuevos expedientes a partir del material de investigación de la antigua Fiscalía Especial. La Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción ha sido proactiva en la prevención de la corrupción y ha abierto varios expedientes, algunos de ellos contra altos funcionarios. Se le adjudicaron nuevas oficinas. No obstante, deben proseguir los esfuerzos para mejorar su funcionamiento, especialmente mediante la asignación de fondos adicionales para la contratación de personal especializado.

El país cuenta con cierto nivel de preparación en la lucha contra la delincuencia organizada. El marco legislativo se ajusta, en líneas generales, a las normas europeas, y debe sostenerse el esfuerzo para aplicar las estrategias contra la delincuencia organizada. Se han registrado algunos avances a nivel operativo, pero hay que seguir trabajando en pos de una mayor eficacia en el cumplimiento de las leyes contra determinadas formas de delincuencia, como el blanqueo de capitales y los delitos financieros. La coordinación sigue siendo crucial para todas las partes implicadas en la lucha contra la delincuencia organizada.

Se han realizado algunos avances en la lucha contra el terrorismo y en la prevención y la lucha contra el extremismo violento, en consonancia con los objetivos establecidos en el Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo para los Balcanes Occidentales y el acuerdo bilateral de aplicación. En junio de 2020 se adoptó un plan nacional de reintegración, resocialización y rehabilitación de los combatientes extranjeros retornados y los miembros de sus familias, con el que se pretende aplicar las medidas prioritarias de prevención del extremismo violento y la radicalización.

El marco jurídico de protección de los derechos fundamentales se ajusta en gran medida a las normas europeas. Ya está en vigor la Ley de prevención y protección contra la discriminación y se ha creado la Comisión de Prevención y Protección contra la Discriminación. El proceso de desinstitucionalización ha experimentado claros progresos y casi todos los niños afectados han sido reasentados y reciben asistencia de proximidad. El Ministerio de Trabajo y Política Social está invirtiendo en servicios comunitarios, como el de apoyo a las víctimas de la violencia de género. Se ha logrado un importante avance con la adopción, con el apoyo de todos los partidos, de la Ley de prevención y protección frente a la violencia de género y doméstica. Se observa una mejora en la integración de la perspectiva de género y de los derechos de la mujer en el conjunto de políticas, aunque las mujeres se encuentran entre las categorías más gravemente afectadas por la pandemia. Debe darse plena e inmediata aplicación a las recomendaciones de los organismos europeos e internacionales de derechos humanos, en particular las relativas al trato dispensado a las personas detenidas y condenadas. Es importante también que el país mejore la aplicación de la legislación sobre incitación al odio y del plan de acción nacional para la aplicación de las disposiciones del Convenio de Estambul. El mecanismo de supervisión civil externa de la policía no es totalmente operativo, y la ausencia de investigadores verdaderamente independientes socava los esfuerzos por hacer frente a la impunidad policial y lograr un sistema de enjuiciamiento efectivo. El país debe seguir mejorando las condiciones en las prisiones y ampliando las soluciones alternativas al internamiento.

Macedonia del Norte ha alcanzado un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparada en el ámbito de la libertad de expresión. Durante el período de referencia se registraron avances limitados. El contexto general es favorable a la libertad de los medios de comunicación y permite la información crítica, aunque las tensiones se han intensificado durante la crisis de la COVID-19. Los esfuerzos de autorregulación deben reanudarse e ir seguidos de resultados concretos para avanzar en el cumplimiento de las normas profesionales del periodismo. Debe garantizarse una mayor transparencia en cuanto a la publicidad de instituciones estatales y partidos políticos en los medios de comunicación. Las autoridades deben aumentar sus esfuerzos para reformar el servicio público de radiodifusión, garantizando su independencia y sostenibilidad financiera. Este organismo adoptó una estrategia de desarrollo quinquenal, pero el proceso de reforma se ve obstaculizado por los retrasos en el nombramiento de los miembros de su consejo de administración y del consejo de la Agencia de Servicios de Medios Audiovisuales. La crisis de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto económico en el sector de los medios de comunicación, especialmente los de carácter regional y local. Los medios de comunicación se incluyeron como beneficiarios del paquete de ayuda, pero sigue pendiente la cuestión de los derechos laborales de los periodistas.

Por lo que respecta a la cooperación regional, el país ha mantenido sus buenas relaciones con otros países de la ampliación y su participación en las iniciativas regionales. Todas las Partes han de aplicar de buena fe los acuerdos bilaterales vigentes, como el Acuerdo de Prespa entre Macedonia del Norte y Grecia, y el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con Bulgaria.

En cuanto a los criterios económicos, Macedonia del Norte ha realizado algunos avances y tiene un buen nivel de preparación para el desarrollo de una economía de mercado viable. Gravemente golpeada por la pandemia, la economía cayó en recesión en 2020. En la primavera de 2021se inició una recuperación paulatina. El Gobierno aplicó una firme respuesta fiscal para mitigar el impacto de la crisis en los hogares y las empresas. El déficit público aumentó hasta el 8,2 % del PIB en 2020 y el nivel de deuda pública se disparó hasta el 60,2 % del PIB debido a la necesidad de cubrir necesidades de financiación adicionales. Los gastos de capital se recortaron mediante una revisión presupuestaria con el fin de abrir cierto margen para los pagos de transferencias relacionados con la crisis, aunque siguieron muy infrautilizados. Las autoridades adoptaron algunas medidas adicionales para mejorar la transparencia fiscal, aunque todavía sigue pendiente el desarrollo de un registro de ayudas estatales plenamente operativo. Se ha avanzado poco en el aumento de la movilización y la recaudación de ingresos, al igual que en la gestión de la inversión pública, lo que requeriría un marco más sólido para las asociaciones público-privadas. La nueva Ley orgánica de presupuesto, que se espera mejore significativamente la gobernanza fiscal, aún no ha sido aprobada por el Parlamento, lo que retrasa su aplicación. Favorecido por la flexibilización de la normativa, el sector financiero se mantuvo sólido y no decayeron los préstamos al sector privado. El entorno empresarial siguió trabado por la amplitud de la economía informal.

Macedonia del Norte ha registrado algunos avances en el cumplimiento de las recomendaciones del año pasado y tiene un nivel moderado de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La integración con la UE en los ámbitos del comercio y la inversión se mantuvo sólida, incluso durante la pandemia. El nivel y la estructura del comercio y la producción manufacturera se vieron afectados por las medidas de confinamiento y las disrupciones en la cadena de suministro, a escala tanto nacional como de los países socios comerciales. La estructura del sector industrial está mejorando continuamente. El deterioro de la productividad laboral y de la competitividad de los precios en 2020 refleja en gran medida el impacto económico de la pandemia y las medidas públicas de conservación del empleo. Los currículos de educación y formación profesionales (EFP) han mejorado. Sin embargo, la escasez de cualificaciones —que refleja las deficiencias de los planes de estudios—, los déficits de inversión de capitales y la limitada integración de las empresas nacionales en las cadenas de suministro mundiales están restringiendo el crecimiento potencial. Avanza la digitalización de la economía.

Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Macedonia del Norte está moderadamente preparada en la mayoría de los ámbitos incluidos en el bloque temático 2 de mercado interior, a saber, la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, la propiedad intelectual y la política de competencia. Al mismo tiempo, el país tiene un buen nivel de preparación en materia de Derecho de sociedades, aunque todavía se encuentra en una fase temprana en lo que respecta a la libre circulación de trabajadores. En el período cubierto por el informe, Macedonia del Norte logró avances limitados o nulos en ese conjunto de sectores, excepto en la libre circulación de capitales, el Derecho de sociedades y la propiedad intelectual, donde realizó algunos avances. En general, durante el próximo año debe progresar más en los ámbitos cubiertos por este bloque temático, que son pertinentes para los preparativos de Macedonia del Norte destinados a cumplir los requisitos del mercado interior de la UE y para el desarrollo del mercado regional común.

En general, Macedonia del Norte está moderadamente preparada en la mayoría de los ámbitos cubiertos por el bloque 3 sobre competitividad y crecimiento inclusivo, como la sociedad de la información y los medios de comunicación, la fiscalidad, la política empresarial e industrial, la educación y la cultura, y la política económica y monetaria. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales para aumentar el grado de preparación en estos sectores. El país tiene un buen nivel de preparación en los ámbitos de la ciencia y la investigación y la unión aduanera. Se han realizado avances en la mayoría de estos ámbitos. Es preciso intensificar los esfuerzos en los ámbitos donde los avances han sido limitados, como la sociedad de la información y los medios de comunicación, la ciencia y la investigación, y la educación y la cultura.

Dentro del bloque temático 4 sobre la agenda ecológica y la conectividad sostenible, Macedonia del Norte tiene un buen nivel de preparación en cuanto a las redes transeuropeas. Está moderadamente preparada en materia de política de transportes y energía y tiene cierto nivel de preparación en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático. Macedonia del Norte participa activamente en las reuniones de la Comunidad del Transporte y de la Comunidad de la Energía. Presenta un alto nivel de cumplimiento del Tratado de la Comunidad de la Energía, en particular en lo que se refiere a la electricidad. Al igual que los demás países de los Balcanes Occidentales, Macedonia del Norte refrendó la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales en la Cumbre de Sofía de diciembre de 2020. Este año se han logrado algunos avances en el sector de la energía, entre los que destacan los relativos a la adopción del Plan Nacional de Energía y Clima. Sin embargo, los avances han sido limitados en los ámbitos del transporte, el medio ambiente y el cambio climático. El país debe elevar significativamente su ambición por aplicar correctamente el acervo de los capítulos 14 y 27. Estos esfuerzos aumentarán la eficiencia del Plan Económico y de Inversiones y acelerarán la aplicación de la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales. Es necesario reforzar las capacidades administrativas en todos los sectores. Además, las estrategias, los planes de acción y la legislación de estos sectores deben ser compatibles con los principios y prioridades de la Agenda Verde y asegurar la coherencia entre los documentos sectoriales pertinentes. Macedonia del Norte está moderadamente preparada en la mayoría de los ámbitos del bloque temático 5 sobre recursos, agricultura y cohesión. Tiene un buen nivel de preparación en el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, y se encuentra en una fase temprana de preparación en lo que respecta a las disposiciones financieras y presupuestarias. A lo largo del período cubierto por el informe, se lograron notables avances en materia de seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria 2 , y se realizaron algunos avances en agricultura y desarrollo rural. Sin embargo, es preciso hacer esfuerzos adicionales, sobre todo en aquellos ámbitos en los que no se ha avanzado o se ha avanzado poco, como la pesca, la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, así como las disposiciones financieras y presupuestarias.

Macedonia del Norte está moderadamente preparada en los ámbitos cubiertos por el bloque temático 6 sobre relaciones exteriores, en los que ha realizado algunos avances durante el período de referencia. En su política comercial común, Macedonia del Norte prosiguió sus esfuerzos para coordinar sus posiciones y alinear estrechamente sus políticas comerciales con las de la UE, en el marco también de la OMC. Sin embargo, no ha avanzado en la política de desarrollo ni en la ayuda humanitaria. Macedonia del Norte está moderadamente preparada en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa común. El país ha aumentado su índice de adaptación a la política exterior y de seguridad común de la UE, hasta llegar al 96 %, y su participación en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la UE.

Macedonia del Norte sigue estando en una de las principales rutas de tránsito de los movimientos migratorios. Continúa desempeñando un papel constructivo en la gestión de los flujos migratorios mixtos. Coopera eficazmente con los países vecinos y los Estados miembros de la UE, en particular con los funcionarios de los Estados miembros de la UE invitados sobre el terreno. Han proseguido los esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida y unos servicios básicos a todos los migrantes que permanecen en el país. El registro de los migrantes y la elaboración de perfiles mediante criterios de protección adecuados han mejorado, pero deben sistematizarse. El Acuerdo sobre el Estatuto con la UE, que permitiría el despliegue del cuerpo permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el país, aún no se ha firmado debido a una cuestión bilateral. El país debería aplicar un enfoque más metódico a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

Albania

Por lo que se refiere a los criterios políticos, el 25 de abril de 2021 se celebraron elecciones generales tras el acuerdo al que llegaron todos los partidos el de junio de 2020 y que dio lugar a una amplia reforma electoral conforme a las recomendaciones de la OIDDH de la OSCE. Se llevó a cabo la identificación electrónica de los votantes en el 97 % de los colegios electorales, mientras que la votación electrónica y el recuento electrónico se efectuaron con éxito en 32 colegios electorales de Tirana. La evaluación final de la OIDDH de la OSCE determinó que, en general, las elecciones estuvieron bien organizadas. La nueva administración electoral ganó la confianza de casi todas las partes interesadas. Siguen siendo motivo de preocupación el uso indebido de recursos públicos o de funciones oficiales, las acusaciones de compra de votos y la filtración de datos personales sensibles que revelan las preferencias políticas de los ciudadanos. Estos casos están siendo investigados. El Parlamento siguió trabajando bajo las restricciones impuestas por la pandemia. Por lo que se refiere a las reformas hacia la adhesión a la UE, el Parlamento adoptó una serie de importantes actos legislativos en ámbitos como el asilo, el censo de población y la eficiencia del poder judicial. A lo largo del período de referencia, el Gobierno siguió centrándose en las reformas necesarias para situar al país en la senda hacia la UE, pese a que tuvo que enfrentarse, además, al reto de afrontar el negativo impacto social y económico de la pandemia de COVID-19. En la nueva legislatura, la mayoría y la oposición tendrán que mejorar su diálogo político y colaborar con todos los sectores de la sociedad para seguir avanzando en el programa de reformas de la UE y en las negociaciones de adhesión. Es necesario mejorar la coordinación dentro de la Administración, especialmente en lo que se refiere a la integración con la UE. La reforma administrativa territorial debe seguir consolidándose como parte del programa de descentralización más amplio. Esto resulta especialmente necesario para garantizar la autonomía fiscal local y capacitar a los municipios para que presten servicios públicos de buena calidad. Se han realizado avances limitados en la aplicación de la hoja de ruta destinada a crear un entorno propicio para la sociedad civil. No obstante, la sociedad civil albanesa ha podido prestar ayuda y servicios a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19.

Albania está moderadamente preparada en lo que respecta a la reforma de su Administración pública. Registró algunos avances en el desarrollo de capacidades en los ministerios competentes para las evaluaciones de impacto de la normativa, la adopción de directrices para las consultas públicas, la instalación de sistemas informáticos para la planificación integrada, el aumento del índice de ejecución del Plan Nacional de Integración Europea, el aumento del número de servicios electrónicos y la finalización de la fase de prueba para automatizar el sistema de nóminas. La aplicación de la reforma de la Administración pública 2015-2022 y de las estrategias de reforma de la gestión de las finanzas públicas 2014-2022 ha proseguido pese al impacto de la pandemia.

El sistema judicial de Albania también está moderadamente preparado. Albania ha seguido aplicando la reforma general del sistema de justicia, lo que ha dado lugar a avances satisfactorios. En particular, alcanzó un importante hito a finales de 2020 con el nombramiento de tres nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Con siete jueces en ejercicio, el Tribunal Constitucional recobró el quórum necesario para celebrar sesiones plenarias (seis miembros como mínimo), por lo que volvió a ser plenamente operativo y logró satisfacer la condición pendiente para la primera conferencia intergubernamental, condición que sigue cumpliéndose. El Tribunal Constitucional ha comenzado a ejercer plenamente sus funciones, en particular mediante la resolución de conflictos constitucionales sobre las competencias respectivas de las instituciones estatales. Prosiguieron también los nombramientos al Tribunal Supremo, lo que permitió que este recuperara su quórum en marzo de 2020. Con la designación, por parte del Consejo Superior de la Magistratura, de seis nuevos jueces en marzo y julio de 2021, reúne ya a nueve jueces en ejercicio, por lo que volvió a ser plenamente operativo y logró cumplir la condición necesaria para la primera conferencia intergubernamental, condición que sigue cumpliéndose. Se esperan nuevos nombramientos al Tribunal Supremo. El Parlamento aprobó enmiendas a diez leyes, con el fin de seguir reforzando la eficiencia del sistema judicial y su capacidad para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada.

La reevaluación temporal de todos los jueces y fiscales (proceso de investigación previa) ha avanzado incesantemente y ha seguido arrojando resultados tangibles, condición necesaria para la primera conferencia intergubernamental, que sigue cumpliéndose. La Operación de Vigilancia Internacional ha seguido supervisando ese proceso bajo los auspicios de la Comisión Europea. A 15 de septiembre de 2021, las instituciones investigadoras habían completado 437 asuntos en primera instancia, incluidos todos los expedientes prioritarios. 298 de las 437 resoluciones son firmes (es decir, que se han resuelto ya los correspondientes recursos). En total, el 62 % de los expedientes de investigación previa tramitados hasta la fecha han dado lugar a despidos y ceses (debidos en gran parte a las dimisiones de los evaluados). Se espera que las instituciones investigadoras sigan remitiendo a los servicios de la Fiscalía todos los asuntos donde se aprecien indicios de infracciones penales.

Está ya en funcionamiento la Estructura Especializada de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada (SPAK), formada por la Fiscalía Especial (SPO) y la Oficina Nacional de Investigación (NBI), con lo que se ha cumplido y se sigue cumpliendo una de las condiciones necesarias para la primera conferencia intergubernamental. Aunque el presupuesto de 2021 prevé el nombramiento de 20 fiscales, la SPO ha alcanzado su primer objetivo de 15 fiscales, entre los que se incluye el fiscal especial jefe. La primera ronda de designación de investigadores para la NBI dio lugar al nombramiento de 28 investigadores, que, tras un intenso programa de formación, desarrollan ya plenamente sus funciones. En abril de 2021 se abrió una segunda ronda de designación de otros 32 investigadores, que se espera concluya antes de que termine el año. 

Albania tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Ha realizado algunos avances en el refuerzo de la lucha contra la corrupción, condición necesaria para la primera conferencia intergubernamental, que sigue cumpliéndose. En general, la aplicación de la Estrategia intersectorial contra la corrupción avanza a buen ritmo. Aunque la investigación previa de los miembros del poder judicial es un proceso administrativo, está dando resultados en la lucha contra la corrupción, ya que los jueces y fiscales destituidos como consecuencia de esa investigación son llevados ante la justicia. Albania ha realizado nuevos esfuerzos para crear una sólida trayectoria de lucha contra la corrupción, aunque este sigue siendo un objetivo que requiere voluntad política y acciones más estructuradas y sistemáticas. Siguen siendo escasas las condenas en los casos que implican a altos funcionarios, lo que propicia una cultura de impunidad en los niveles superiores de la Administración. Las estructuras especializadas contra la corrupción (SPAK y los tribunales contra la corrupción y la delincuencia organizada) deberían reforzar considerablemente la capacidad general del país para investigar y perseguir la corrupción. En general, la corrupción predomina en muchos ámbitos de la vida pública y empresarial y sigue siendo un motivo de honda preocupación.

Albania tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Ha avanzado considerablemente hacia el cumplimiento de las recomendaciones del año pasado. Ha logrado resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia organizada, gracias entre otras cosas a su mayor cooperación con los Estados miembros de la UE y Europol, condición necesaria para la primera conferencia intergubernamental, que sigue cumpliéndose. A lo largo del año, el país siguió aplicando el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para aumentar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y el paquete de medidas preventivas temporales para potenciar su capacidad de lucha contra las organizaciones delictivas (Operación Force of Law). Se intensificaron tanto el intercambio de información cualitativa como las operaciones policiales conjuntas con socios internacionales. Albania ha seguido mostrando su compromiso en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, mientras que los servicios policiales de los Estados miembros de la UE han seguido llevando a cabo operaciones de vigilancia aérea. El nuevo sistema especializado contra la delincuencia organizada y la corrupción permite reforzar la cooperación entre la policía y los servicios de la Fiscalía. Los procedimientos penales deben ir sistemáticamente acompañados de investigaciones financieras. Es necesario seguir trabajando para aumentar el número de procesos y condenas firmes, especialmente a alto nivel. En diciembre de 2020, Albania adoptó una nueva estrategia intersectorial nacional de lucha contra el terrorismo, acompañada del plan de acción correspondiente, y avanzó mucho en la aplicación del acuerdo bilateral con la UE sobre la puesta en práctica del Plan de Acción Conjunto contra el Terrorismo en los Balcanes Occidentales. Se necesitan más esfuerzos para luchar contra la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos y los casos de blanqueo de capitales.

En cuanto a los derechos fundamentales, Albania se ajusta a los instrumentos internacionales de derechos humanos y ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales relacionados con la protección de esos derechos. Ha proseguido sus esfuerzos para cumplir las obligaciones que le imponen estos instrumentos. Por lo que se refiere a la adopción de los actos de aplicación de la Ley marco de 2017 sobre la protección de las minorías nacionales que aún seguían pendientes, en diciembre de 2020 se adoptó una ordenanza adicional sobre la educación de las minorías, que elevó el número de ordenanzas adoptadas a ocho. Sigue pendiente de adopción el resto de la legislación de aplicación, incluida la relativa a la autoidentificación y al uso de las lenguas minoritarias. Se están realizando esfuerzos para llevar a cabo una reforma integral del sector agrícola y consolidar los derechos de propiedad. Se adoptó una ley relativa al censo de población. Albania ha alcanzado un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparada en el ámbito de la libertad de expresión. No se produjeron avances durante el período de referencia. El clima de agresiones verbales, campañas de difamación y actos de intimidación contra periodistas no ha mejorado. Las tensiones entre los agentes políticos y los periodistas han aumentado durante la crisis de la COVID-19 y en el contexto de las elecciones parlamentarias. Los ataques denunciados contra periodistas no han dado lugar a ninguna condena firme. Debe garantizarse la autorregulación de los medios de comunicación en línea. Las medidas para que el organismo regulador del sector audiovisual sea plenamente operativo han de adoptarse sin menoscabo de su independencia y su legitimidad. Es preciso reforzar la independencia, la profesionalidad y la sostenibilidad financiera del servicio público de radiodifusión. A raíz del dictamen desfavorable de la Comisión de Venecia y de las amplias críticas sobre los proyectos de modificaciones a la Ley de medios de comunicación, con los que se pretendía regular los medios de comunicación en línea y algunos aspectos de la difamación, los representantes de la mayoría de gobierno se comprometieron públicamente a garantizar que todo nuevo acto legislativo sobre medios de comunicación se ajuste a las recomendaciones de la Comisión de Venecia y se someta a consulta con las organizaciones de los medios de comunicación. El Gobierno reconsideró el asunto y la Asamblea no volvió a suscitar la cuestión. El Parlamento y el Gobierno resultantes de las elecciones del 25 de abril deben cumplir el compromiso de garantizar que toda modificación de la Ley de medios de comunicación esté en consonancia con el dictamen de la Comisión de Venecia y se someta a las consultas adecuadas.

En cuanto a la igualdad de género, la aplicación de la estrategia nacional y del plan de acción 2016-2020 se vio obstaculizada por un persistente déficit de financiación. En junio de 2021 se adoptó una nueva estrategia sobre igualdad de género para el período 2021-2030. Albania debe esforzarse por asegurar que estén disponibles los fondos públicos necesarios para aplicarla a los niveles central y local. Es preciso también garantizar que todas las estrategias nacionales, a nivel central y local, incorporen la perspectiva de género y apliquen una presupuestación con criterios de género.

El marco jurídico de la migración se ajusta en gran medida al acervo de la UE, pero debe actualizarse en consonancia con la reciente evolución de este. En febrero de 2021, Albania adoptó una nueva ley de asilo. En 2020 se adoptaron sendas estrategias sobre la gestión integrada de las fronteras y sobre la diáspora. Prosiguió la aplicación de la estrategia nacional de migración y del plan de acción 2019-2022, que establecen un claro marco de gestión y coordinación de los flujos migratorios; la Comisión ha publicado cuatro informes de seguimiento. A pesar del cierre de las fronteras entre marzo y mayo de 2020, Albania siguió experimentando una creciente afluencia de migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Grecia, que abandonaban Albania al cabo de unos días, en tránsito hacia otros países de la UE. El número de migrantes irregulares interceptados en Albania en 2020 aumentó un 13 % con respecto a 2019.

El número de ciudadanos albaneses que presentaron solicitudes de asilo en los Estados miembros de la UE en 2020 disminuyó un 66 % en comparación con 2019 (de 20 415 a 6 935 solicitudes), según datos de Eurostat. La pandemia de COVID-19 contribuyó en gran medida a esta acentuada disminución, pero a este respecto es preciso señalar que la disminución media del número de solicitudes del resto del mundo para la UE es mucho menor (-33 %). La «tasa de reconocimiento» en 2020 fue cercana al 4,4 %, frente al 5,3 % en 2019. El número de solicitudes disminuyó de 12 130 en 2017 (año en el que alcanzaron su nivel máximo en el Estado miembro más afectado) a 2 985 en 2020. Hay tres funcionarios de enlace de la policía albanesa en la UE y un funcionario de enlace de la UE en Tirana que presta asistencia en los controles de salida. El problema de los nacionales albaneses que presentan solicitudes de asilo infundadas a los Estados miembros de la UE y a los países asociados de Schengen todavía requiere importantes esfuerzos por parte de las autoridades albanesas. Además de las campañas de información, prosiguieron los controles fronterizos rigurosos, la sensibilización acerca de los derechos y obligaciones que implica el régimen de exención de visado, la búsqueda y el tratamiento de las razones subyacentes a la situación y el diálogo y la cooperación con los países más afectados. La Comisión está siguiendo muy de cerca la evolución de la situación en el marco del mecanismo de supervisión posterior a la liberalización de visados.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania ha realizado algunos avances y está moderadamente preparada en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. Doblemente golpeado por el terremoto de noviembre de 2019 y por la pandemia de COVID-19, el PIB se contrajo en 2020, aunque menos de lo inicialmente previsto. El confinamiento nacional y las restricciones de los viajes internacionales derivados de la pandemia acarrearon significativas pérdidas a los sectores del turismo y la industria manufacturera, pero la economía empezó a repuntar en el segundo semestre del año. Dentro del limitado margen de maniobra existente en materia de política fiscal y monetaria, el Gobierno y el banco central adoptaron medidas rápidas y adecuadas para apoyar a las empresas, los hogares y el sector sanitario. Con ellas se logró amortiguar el impacto en el mercado de trabajo y mantener la estabilidad macroeconómica y del sector financiero. La situación también amplió las ratios de deuda pública y déficit y aumentó la vulnerabilidad del país ante perturbaciones externas. La necesidad de enfrentarse a la doble sacudida puso al límite la capacidad de la Administración, pero esta mantuvo gran parte de su actividad y continuó trabajando en la mayoría de las reformas e iniciativas legislativas en curso.

Albania ha realizado algunos progresos y tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a su capacidad para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Ha introducido mejoras en las infraestructuras de energía y transporte, el uso de la comunicación digital y los resultados educativos, pero persisten importantes brechas con respecto a los otros países de la región y europeos. La competitividad de Albania se ve obstaculizada por la falta de conocimientos empresariales y tecnológicos, el importante nivel de informalidad de la economía, las necesidades no cubiertas de inversión en capital humano y físico y el bajo nivel de gasto en I+D. Es probable que las amplias brechas de competencias y formación ya existentes se hayan agrandado como consecuencia de los confinamientos impuestos por la COVID-19 y de la enseñanza a distancia, a la que no todos pueden acceder. La integración regional y las exportaciones aumentaron, pero se mantuvieron por debajo del potencial. La falta de diversificación en términos geográficos y de productos de las exportaciones albanesas acentúa su vulnerabilidad a las perturbaciones externas.

Por lo que se refiere a la contratación pública, Albania está moderadamente preparada y ha realizado importantes avances, en particular mediante la adopción de la nueva ley en la materia. Por lo que respecta a las estadísticas, Albania también está moderadamente preparada y ha realizado algunos avances en su proceso de adaptación a las normas del SEC 2010, la aceleración de la publicación de los datos y la adopción de la Ley del censo de población. Albania está moderadamente preparada en la mayoría de los aspectos del control financiero, sector en el que el país ha realizado algunos avances, en particular en materia de control interno de las finanzas públicas y auditoría externa.

Albania está moderadamente preparada en la mayoría de los ámbitos de mercado interior, a saber, la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, la política de competencia y los servicios financieros. Ha realizado algunos avances, especialmente gracias a la adopción de una ley sobre el seguro obligatorio en el transporte y a la mayor armonización de su legislación bancaria, pero es preciso que la Comisión de Ayudas Estatales sea independiente y cuente con los recursos suficientes. Los preparativos se encuentran en una fase temprana en lo que respecta a la protección de los consumidores y de la salud, ya que, al margen de su respuesta a la COVID-19, el país no ha avanzado en este sector. Albania debe aplicar el enfoque «Una sola salud» y garantizar una cobertura sanitaria universal y de calidad. Este bloque temático es un apartado esencial de los preparativos de Albania para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE, además de un factor de gran importancia para las posibles medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común.

Albania ha alcanzado un nivel moderado de preparación en muchos ámbitos relacionados con la competitividad y el crecimiento inclusivo, a saber, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la fiscalidad, la política económica y monetaria, la política empresarial e industrial, la educación y la cultura, y la unión aduanera. El país tiene cierto nivel de preparación en política social y empleo, así como en ciencia e investigación. Albania ha realizado algunos avances, en particular a través de la Estrategia de Especialización Inteligente y de su participación en el programa de investigación Horizonte 2020, pero durante el período de referencia los avances fueron limitados en materia de política económica y monetaria y de unión aduanera. Deben aplicarse reformas socioeconómicas que contribuyan a subsanar las deficiencias estructurales, la baja competitividad, los elevados índices de desempleo y las secuelas de la pandemia de COVID-19.

Albania está moderadamente preparada en la mayoría de los ámbitos relacionados con la agenda ecológica y la conectividad sostenible, a saber, las redes transeuropeas, la energía, el medio ambiente y el cambio climático. Dispone de un cierto nivel de preparación en lo que respecta a la política de transporte, en la mayor parte de cuyos ámbitos ha realizado algunos avances, especialmente mediante la revisión de la planificación del transporte y la conectividad energética. Se requieren nuevos esfuerzos para mejorar los resultados de los buques que enarbolan pabellón albanés y para hacer cumplir la legislación de energía y medio ambiente, en particular en las zonas protegidas. La transición ecológica y la conectividad sostenible son fundamentales para la integración económica del país con la región y con la Unión Europea, ya que facilitan el comercio transfronterizo intrarregional y generan beneficios reales para las empresas y los ciudadanos. Este bloque temático y las reformas correspondientes tienen importantes vínculos con el Programa de Reforma Económica de Albania, el Plan Económico y de Inversiones de la Comisión y la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales, asumida por Albania en diciembre de 2020.

Albania tiene cierto nivel de preparación en la mayoría de los ámbitos relacionados con los recursos, la agricultura y la cohesión, a saber, la agricultura y el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la política veterinaria y fitosanitaria, la pesca y las disposiciones financieras y presupuestarias. Está moderadamente preparada en lo que se refiere a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales. Albania ha realizado importantes avances en el sector de la pesca con la reactivación del sistema de localización de buques (SLB). Ha realizado algunos avances en las disposiciones financieras y presupuestarias, en la agricultura y el desarrollo rural, en la seguridad alimentaria y en la política veterinaria y fitosanitaria, pero sigue pendiente la creación del registro de explotaciones agrarias. Los progresos en la política regional y en la coordinación de los instrumentos de financiación estructural han sido limitados. Desde este punto de vista, es preciso mejorar la coordinación entre organismos para la ayuda de preadhesión, y deben resolverse ciertas cuestiones relativas a la planificación estratégica, la ejecución y la capacidad de seguimiento de los proyectos de infraestructura en el marco del Plan Económico y de Inversión.

Albania ha alcanzado un buen nivel de preparación en lo que respecta a las relaciones exteriores, la seguridad exterior y la defensa. En el capítulo de relaciones exteriores de las negociaciones, Albania ha avanzado satisfactoriamente y ha alcanzado un buen nivel de preparación, en particular mediante la adopción y ratificación de protocolos adicionales al Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio y mediante la certificación de los primeros operadores económicos autorizados (OEA). Ha trabajado en la ampliación de los carriles o corredores verdes con los Estados miembros de la UE. También ha adoptado medidas de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo. El país ocupó con éxito la presidencia del ACELC. Por lo que se refiere a la política exterior y de seguridad común de la UE, Albania siguió manteniéndose plenamente alineada con todas las decisiones y declaraciones pertinentes de la UE. El país ocupó la presidencia de la OSCE en 2020, lo que demuestra su compromiso con la cooperación multilateral. Albania siguió participando en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la UE.

Bosnia y Herzegovina

En cuanto a los criterios políticos, las autoridades legislativas y ejecutivas obtuvieron escasos resultados debido a la polarización política y a las perturbaciones causadas por la pandemia. El Gobierno de la entidad federativa sigue estando en funciones. La Constitución de Bosnia y Herzegovina sigue vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), a raíz de la jurisprudencia relativa al asunto Sejdić-Finci y otros asuntos conexos. En mayo de 2021 se creó un grupo de trabajo compuesto por representantes de distintos organismos para debatir las reformas electorales y constitucionales. En diciembre de 2020 se celebraron elecciones municipales en Mostar por primera vez desde 2008. La Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación se reunió y adoptó su reglamento interno en junio de 2021, tras un bloqueo de cinco años. Es primordial llevar a cabo, a través de un verdadero diálogo y de conformidad con las normas europeas, un proceso de reforma electoral inclusivo que elimine todas las formas de desigualdad y discriminación en el proceso electoral. No se ha avanzado en la mejora del marco electoral en consonancia con las normas europeas ni en la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Bosnia y Herzegovina aún no ha atendido las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE), la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Aún no se ha dado plena ejecución a varias resoluciones del Tribunal Constitucional. Todavía está pendiente el desarrollo de un programa nacional para la adopción del acervo de la UE. Se ha avanzado poco en la creación de un entorno capacitador para la sociedad civil.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase temprana de preparación de la reforma de la Administración pública; se han logrado algunos avances mediante la adopción del plan de acción para la reforma de la Administración pública y de las estrategias de gestión de las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno. El país debe dotarse de una función pública profesional y despolitizada y de un enfoque coordinado a escala nacional para la elaboración de políticas.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial o tiene cierto nivel de preparación en cuanto al sistema judicial. No se ha avanzado en este campo a lo largo del período cubierto por el informe. Las autoridades han adoptado un número limitado de medidas para dar respuesta a las conclusiones del informe de expertos sobre el Estado de Derecho («informe Priebe»). Las enmiendas referentes a la integridad de los jueces deben ahora ser sometidas al procedimiento parlamentario; su adopción es esencial para establecer un sistema creíble y riguroso de verificación de las declaraciones financieras de los titulares de cargos judiciales. Los persistentes y evidentes signos de deterioro siguen exigiendo medidas urgentes para reforzar la integridad del poder judicial y recuperar la confianza de los ciudadanos. La falta de compromiso con la reforma judicial por parte de los actores políticos y el defectuoso funcionamiento del sistema judicial siguieron socavando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase temprana / tiene un cierto nivel de preparación en materia de prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. No se ha avanzado en este ámbito a lo largo del período cubierto por el informe. Es necesario adoptar medidas urgentes para adoptar la legislación pendiente sobre contratación pública y conflictos de intereses. Durante la pandemia, siguieron manifestándose con fuerza los efectos negativos de la corrupción generalizada y los signos de existencia de redes clientelares, lo que afecta directamente al bienestar de los ciudadanos. La falta de transparencia y el carácter selectivo de los procesos y el seguimiento judicial de los casos de corrupción son motivo de preocupación. La cooperación operativa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad adolece de deficiencias sistémicas y de grandes limitaciones en cuanto al intercambio de información. La policía es vulnerable frente a las injerencias políticas. Las investigaciones financieras y el embargo de activos son, en gran medida, ineficaces. Aunque se han hecho algunos preparativos, el punto de contacto para la cooperación con Europol todavía no ha entrado en su fase operativa. Bosnia y Herzegovina no ha tomado ninguna medida para establecer una cooperación con Eurojust. El país debe proseguir sus esfuerzos y aumentar su capacidad de lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

Por lo que se refiere a los derechos fundamentales, si bien el marco legislativo e institucional está ya en gran medida implantado, Bosnia y Herzegovina tiene aún que adoptar un marco estratégico general. Se requieren importantes reformas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos y para asegurar una educación no discriminatoria, inclusiva, de calidad y universal, para lo que habrá que abandonar la práctica de «dos escuelas bajo un mismo techo». No se ha progresado a la hora de garantizar la libertad de expresión y de los medios de comunicación, de proteger a los periodistas frente a las amenazas y la violencia mediante un seguimiento judicial adecuado, ni de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema público de radiodifusión. Persisten las dificultades en cuanto a la libertad de reunión, en particular en la República Srpska, donde algunos activistas han sido intimidados y sometidos a persecución judicial.

La incapacidad de las autoridades para establecer un sistema sostenible de migración y asilo dio lugar a una crisis humanitaria en diciembre de 2020. Merced a la importante colaboración y ayuda de la UE, se estableció un campamento temporal en Lipa para ofrecer refugio a todas las personas necesitadas. En 2021 se está construyendo en Lipa un centro de acogida permanente y polivalente. Bosnia y Herzegovina ha intensificado sus esfuerzos para mejorar la gestión de la migración; debe garantizar una coordinación eficaz, a todos los niveles, de la gestión de las fronteras y de la capacidad de gestión de la migración, así como del funcionamiento del sistema de asilo. Esta labor requiere un reparto equitativo, entre todas las entidades y cantones, de una serie de responsabilidades entre las que figura la de albergar centros de acogida.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase temprana en la implantación de una economía de mercado viable. El país adoptó medidas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en la economía y el mercado de trabajo. El Banco Central adoptó importantes medidas para mejorar sus capacidades de análisis. Se tomaron algunas medidas para reforzar la resiliencia del sector financiero frente a las perturbaciones. Sin embargo, no se han adoptado medidas significativas para mejorar el funcionamiento de los mercados de productos. La cooperación y la coordinación entre los distintos interlocutores dentro del país se han degradado más aún. La resistencia de la República Srpska a las reformas destinadas a aplicar el acervo de la UE en todo el país ha ralentizado todavía más el cumplimiento de los criterios de adhesión a la UE por parte de Bosnia y Herzegovina. Como consecuencia, la estructura institucional del país y su mercado interior siguen estando fragmentados. No se ha logrado ninguna mejora en cuanto al Estado de Derecho y al funcionamiento de las instituciones de supervisión y regulación a escala nacional. Esta situación sigue llenando de obstáculos el entorno empresarial del país. La calidad del gasto público no ha mejorado y el sector público ha seguido siendo ineficiente y sobredimensionado.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase temprana en lo que respecta a su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la UE. El nivel de calidad general de la educación ha seguido siendo bajo, y las medidas de mejora de las infraestructuras de transporte y energía, insuficientes. El alcance del ajuste estructural ha sido limitado.

En general, Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase temprana o tiene un cierto nivel de preparación en lo que respecta a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, y debe acelerar significativamente el proceso de adaptación al acervo de la UE, aplicando y haciendo cumplir la legislación correspondiente. Durante el período de referencia, los avances logrados en cuanto a los distintos capítulos del acervo de la UE fueron limitados o nulos.

Bosnia y Herzegovina ha ido retrocediendo en el ámbito de la contratación pública, con la aplicación de un trato preferente a los licitadores nacionales en la adjudicación de contratos públicos durante la mayor parte del período de referencia; las modificaciones de la legislación sobre contratación pública están pendientes de la aprobación parlamentaria. Los progresos en el campo de las estadísticas fueron limitados, pues apenas se ha avanzado en la preparación del próximo censo de población y vivienda. Se han realizado algunos avances en el control interno de las finanzas públicas, ya que ambas entidades han adoptado estrategias.

Se requieren medidas de gran calado para adaptar el marco legislativo al acervo de la UE en materia de mercado interior (libre circulación de mercancías, servicios y capitales, política de competencia y servicios financieros). Bosnia y Herzegovina solo ha realizado ciertos avances en la política de competencia, gracias a una mayor adaptación de su legislación sobre ayudas estatales al acervo de la UE, y en materia de servicios financieros. Este bloque temático es un apartado esencial de los preparativos de Bosnia y Herzegovina para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE, además de un factor de gran importancia para las medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común.

Bosnia y Herzegovina ha realizado avances limitados o nulos en la mayor parte de los aspectos de competitividad y crecimiento inclusivo (sociedad de la información y medios de comunicación, fiscalidad, política económica y monetaria, política empresarial e industrial, educación y cultura y unión aduanera), respecto de los que se encuentra en una fase temprana o tiene un cierto nivel de preparación. Estos ámbitos tienen vínculos significativos con el Programa de Reformas Económicas del país. Deben introducirse reformas socioeconómicas que contribuyan a subsanar las actuales deficiencias estructurales, la escasa competitividad, los elevados índices de desempleo y las secuelas de la pandemia de COVID-19, que han acelerado la urgencia de las reformas. Se han conseguido algunos avances con la adopción de políticas de educación inclusiva, educación y formación profesionales y aprendizaje empresarial. 

Bosnia y Herzegovina ha realizado algunos avances o avances limitados en la mayor parte de los ámbitos correspondientes a la agenda ecológica y la conectividad sostenible (redes transeuropeas, energía, medio ambiente y cambio climático), en los que se encuentra en una fase temprana o tiene un cierto nivel de preparación. El país debe aumentar considerablemente su ambición en cuanto a la transición ecológica y adaptar su legislación sobre gas y electricidad al acervo de la UE. La transición ecológica y la conectividad sostenible son fundamentales para la integración económica del país con la región y con la UE, ya que facilitan el comercio transfronterizo intrarregional y generan beneficios reales para las empresas y los ciudadanos. Este bloque temático y las reformas correspondientes tienen importantes vínculos con el Programa de Reforma Económica, el Plan Económico y de Inversiones y la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales.

Bosnia y Herzegovina no ha hecho progreso alguno en los ámbitos relacionados con los recursos, la agricultura y la cohesión (agricultura y desarrollo rural, seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, pesca y disposiciones financieras y presupuestarias), respecto de los que se halla esencialmente en una fase temprana de preparación.

Bosnia y Herzegovina tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a las relaciones exteriores, pero no ha avanzado en ese ámbito. El país debe intensificar sus esfuerzos para finalizar su proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Se anima encarecidamente a Bosnia y Herzegovina a que mejore su índice de adecuación con las declaraciones de política exterior y las medidas restrictivas de la UE, que ha disminuido considerablemente hasta llegar al 43 % en agosto de 2021, lo que resulta preocupante. Bosnia y Herzegovina siguió participando activamente en la cooperación regional y mantiene buenas relaciones de vecindad.

Kosovo

En cuanto a los criterios políticos, la mayor parte del período de referencia estuvo marcado por la inestabilidad política en Kosovo. Tras las elecciones parlamentarias anticipadas de febrero de 2021, entró en funciones un nuevo Gobierno con una mayoría parlamentaria de una amplitud sin precedentes.

Durante la mayor parte del período cubierto por el informe, las actividades legislativas —incluidas las medidas de reforma relacionadas con la UE— fueron limitadas debido a la inestabilidad política. La aprobación de la segunda fase del Programa Europeo de Reforma y su plan de acción, refrendados por la Asamblea en octubre de 2021, y el firme enfoque del Gobierno confirmaron la tendencia positiva en la que se inscribe el renovado compromiso de Kosovo con las reformas relacionadas con la UE.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2020 que invalidó la elección del anterior Gobierno, en junio de 2020, se disolvió la Asamblea y se celebraron elecciones anticipadas en febrero de 2021. A raíz de la aplastante victoria en las urnas de una alianza de los partidos de la oposición liderada por el partido Vetëvendosje, la nueva mayoría parlamentaria eligió nuevo Gobierno en marzo de 2021.

En noviembre de 2020, el presidente en funciones de Kosovo fue acusado por la Fiscalía Especializada de crímenes de guerra y de lesa humanidad y detenido. Acto seguido, dimitió de su cargo. El hasta entonces presidente de la Asamblea asumió, conforme a lo dispuesto en la Constitución, el cargo de presidente en funciones, tras lo que resultó elegido en la nueva legislatura para ejercer un mandato presidencial completo en abril de 2021.

Durante gran parte del período cubierto por el informe, el polarizado clima político, la falta de una mayoría de gobierno efectiva y la ausencia de quórum afectaron gravemente a la toma de decisiones en la Asamblea. Es preciso que esta mejore su marco regulador, del que forma parte su reglamento interno. La Asamblea permaneció abierta durante la pandemia, con medidas de protección sanitaria.

En general y pese a algunas deficiencias, las elecciones legislativas de febrero de 2021 se desarrollaron correctamente y fueron transparentes y competitivas. Es preciso seguir consolidando de manera integral el proceso electoral de Kosovo para subsanar las carencias que afectan desde hace mucho tiempo a todas las fases del ciclo electoral, como se ha venido señalando en las sucesivas misiones de observación electoral de la UE desde 2014. El refuerzo del marco jurídico e institucional de la financiación de las campañas y los partidos políticos sigue siendo un ámbito pendiente de reforma.

La situación en el norte de Kosovo sigue siendo compleja debido a la corrupción, la delincuencia organizada y las condiciones para la libertad de expresión.

Existe cierto nivel de preparación en el ámbito de la reforma de la Administración pública, pero, debido a los frecuentes cambios de Gobierno, no se registraron avances en este ámbito durante el período de referencia. Aunque la Ley de funcionarios públicos entró en vigor en el mes de junio, no se realizaron especiales esfuerzos para iniciar su aplicación, especialmente en lo que se refiere al nombramiento de nuevos funcionarios. Se retrasó la creación de un departamento central eficaz de selección de personal. En algunos casos, se ha observado una influencia política indebida en los nombramientos y las destituciones de funcionarios públicos, incluso en los niveles superiores, y Kosovo tan solo ha cumplido algunos de sus compromisos en relación con los criterios de mérito. No ha avanzado en la lucha contra las desigualdades en el régimen salarial del sector público. El proceso de racionalización de las agencias se ha estancado. Persiste la inseguridad jurídica para las empresas y los particulares debido a la continua falta de avances en la armonización de la legislación sectorial con la Ley de procedimiento general administrativo. Urge renovar el compromiso con la reforma de la Administración pública.

Kosovo se encuentra todavía en una fase temprana del desarrollo de un sistema judicial funcional. Por lo general, la Administración de justicia sigue siendo lenta, ineficiente y vulnerable frente a las injerencias políticas. Se han registrado algunos progresos durante el período de referencia. La revisión funcional del sector del Estado de Derecho dio lugar a una Estrategia y a un Plan de Acción sobre el Estado de Derecho que se aprobó en agosto de 2021 y que describe los principales retos a los que se enfrenta el sistema. Kosovo implantó un sistema electrónico de gestión de casos y un registro central de antecedentes penales, pese a lo cual persisten ciertas dificultades. Se ha esforzado por aplicar de la Ley de mediación. La pandemia de COVID-19 afectó a la tramitación eficaz de los casos y a la celebración de vistas judiciales en Kosovo (así como al acceso público a ellas). El nuevo Gobierno ha estado estudiando varias opciones para un proceso de investigación previa de los miembros del poder judicial y de la Fiscalía. En ese contexto, la posible introducción de una única reevaluación general de todos los fiscales y jueces es motivo de gran preocupación. Este proceso solo debe considerarse una medida excepcional de último recurso, una vez agotadas todas las herramientas y mecanismos existentes para garantizar la integridad y luchar contra la corrupción de los cargos judiciales, y debe ajustarse a las normas europeas e internacionales, así como a las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Kosovo se encuentra en una fase temprana / tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Durante el período abarcado por el informe, se lograron avances limitados, en particular en lo que se refiere a la trayectoria de investigación y enjuiciamiento de casos de alto nivel. Se requieren esfuerzos sostenidos que desemboquen en investigaciones más proactivas, resoluciones judiciales firmes y operaciones de decomiso de activos. La Fiscalía Especial se fue reforzando, en paralelo a la entrada en funcionamiento del Departamento de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Financiera, y consiguió una ampliación general de su plantilla. Están pendientes de adopción el paquete legislativo de medidas contra la corrupción y la Ley de Enjuiciamiento Criminal revisada. Ya está en vigor el marco jurídico que rige el decomiso, pero no se aplica de forma sistemática y el valor de los activos finalmente decomisados sigue siendo bajo. En general, la corrupción está muy extendida y sigue siendo un motivo de honda preocupación. A pesar de los esfuerzos realizados, se requiere una firme y constante voluntad política para afrontar con eficacia los riesgos que plantea la corrupción sistémica, así como una contundente respuesta de la justicia penal a la corrupción de alto nivel.

Kosovo se encuentra en una fase temprana de la lucha contra la delincuencia organizada. Durante el período cubierto por el informe, logró avances limitados en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de delincuencia organizada. La Fiscalía Especial se reforzó con más efectivos especializados y se llevaron a cabo actividades de formación específicas. Sin embargo, ni la policía ni los fiscales han utilizado aún en su totalidad la potente panoplia de instrumentos que contemplan el Código Penal y la Ley que amplía las competencias de confiscación de bienes. Es preciso aplicar medidas que endurezcan los procesos y garanticen que no se produzca injerencia política alguna en las actividades operativas de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En julio de 2020, Europol y la Policía de Kosovo celebraron un acuerdo de trabajo. En septiembre de 2021 se ultimaron los acuerdos adicionales que requiere la puesta en práctica de esta cooperación y que permiten el acceso a la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) y el intercambio de funcionarios de enlace.

Se ha avanzado en la lucha contra el terrorismo, en consonancia con los objetivos establecidos en el acuerdo UE-Kosovo de ejecución del Plan de Acción Conjunto en materia de Lucha contra el Terrorismo en los Balcanes Occidentales, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación y la reintegración de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias. Las autoridades kosovares tienen que actuar con mayor eficacia para combatir el blanqueo de capitales, y la legislación vigente debe armonizarse con el acervo de la UE y con las normas internacionales.

El marco jurídico garantiza, en líneas generales, la protección de los derechos humanos y fundamentales, en consonancia con las normas europeas. No obstante, siguen requiriéndose esfuerzos adicionales para aplicar íntegramente este marco y mejorar la coordinación y la supervisión de las políticas y la legislación en materia de derechos fundamentales. Las autoridades siguen dependiendo del apoyo y las orientaciones de los donantes, y deben asumir una mayor responsabilidad. Es necesario seguir trabajando para garantizar efectivamente los derechos de las personas pertenecientes a minorías —incluidas las romaníes 3 y ashkalíes— y desplazadas, garantizar la igualdad de género en la práctica y promover la protección del patrimonio cultural. Por lo que se refiere a la libertad de expresión, Kosovo tiene cierto nivel de preparación y un entorno mediático plural y dinámico. No obstante, siguen siendo motivo de preocupación las campañas públicas de difamación, las amenazas y las agresiones físicas a periodistas. La falta de autosuficiencia financiera, exacerbada por la pandemia de COVID-19, aumenta la vulnerabilidad de los medios de comunicación frente a los intereses políticos y empresariales. El organismo público de radiodifusión sigue estando indefenso frente a la influencia política; aún no se ha encontrado una solución sostenible para su financiación.

Las autoridades de Kosovo siguieron avanzando en la gestión tanto de la migración regular como de los flujos migratorios mixtos en el difícil contexto de la pandemia de COVID-19. Kosovo siguió ampliando su capacidad de alojamiento e intensificó su preparación para hacer frente a un aumento de la afluencia de migrantes.

En cuanto a los criterios económicos, Kosovo ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase temprana de la construcción de una economía de mercado viable. La economía entró en recesión en 2020, pero esta tendencia se invirtió en el primer semestre de 2021. Arraigados problemas estructurales, como la falta de diversificación económica y la dependencia respecto de los flujos financieros de la diáspora, aumentaron la vulnerabilidad de Kosovo frente al confinamiento y las restricciones de viaje derivados de la pandemia. En respuesta a la crisis, las autoridades suspendieron la norma fiscal y adoptaron dos paquetes de medidas fiscales. El fuerte aumento del gasto y la disminución de los ingresos tributarios dieron lugar a un gran déficit presupuestario en 2020, pero la recuperación de la recaudación de impuestos contribuyó a lograr un superávit presupuestario en el primer semestre de 2021. El entorno empresarial experimentó pocas mejoras. El desarrollo del sector privado sigue estando limitado por la generalizada economía informal, la lentitud e ineficiencia del sistema judicial, el alto nivel de corrupción y la fragilidad general del Estado de Derecho.

Kosovo ha realizado avances limitados y se encuentra en una fase temprana en lo que respecta a la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. Se ha avanzado poco en la mejora de la calidad de la educación y en la búsqueda de una solución para colmar el déficit de capacidades del mercado de trabajo. Kosovo ha realizado algunos avances en cuanto a la mejora de las infraestructuras viarias y al aumento de la inversión en energías renovables, pero el suministro de energía, basado en el carbón, obsoleto y escasamente fiable, sigue siendo motivo de preocupación. Kosovo ha logrado algunos progresos en la digitalización de la economía. Los cambios estructurales se producen solamente a un ritmo lento, ya que la economía sigue dependiendo en gran medida de empresas pequeñas y muy pequeñas que no pueden competir a nivel internacional, mientras que la estructura de las exportaciones sigue estando dominada por unos pocos productos, como los metales de base.

Por lo que se refiere a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Kosovo ha seguido participando en la mayor parte de los foros regionales. Kosovo mantuvo, en general, buenas relaciones con Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. No se ha producido cambio alguno en las relaciones oficiales de Kosovo con Bosnia y Herzegovina, que no reconoce la independencia de Kosovo, y ambos países mantienen un régimen de visados estricto.

En cuanto a la normalización de las relaciones con Serbia, el diálogo facilitado por la UE prosiguió en las reuniones de alto nivel celebradas el 15 de junio y el 19 de julio de 2021 y en tres reuniones de negociadores principales. Durante el período cubierto por el informe, ambas partes designaron nuevos negociadores principales y equipos de negociación. Kosovo debe implicarse de forma constructiva y llevar a cabo nuevos e importantes esfuerzos para cumplir todos los acuerdos ya suscritos y contribuir a alcanzar un acuerdo de normalización integral y jurídicamente vinculante con Serbia. Ese acuerdo es urgente y crucial para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus trayectorias respectivas de adhesión a la UE.

Por lo que se refiere a la armonización con las normas europeas, durante el período de referencia se realizaron algunos avances en los ámbitos de la contratación pública, las estadísticas y el control financiero. Kosovo tiene cierto nivel de preparación en la mayor parte de los ámbitos del bloque temático 2 sobre mercado interior, como la libre circulación de mercancías y capitales, el Derecho de sociedades y la propiedad intelectual, mientras que está moderadamente preparada en cuanto a la circulación de trabajadores, la libre prestación de servicios y el derecho de establecimiento, y los servicios financieros. Kosovo se encuentra en una fase temprana de preparación en materia de competencia, política de consumidores y protección de la salud. En el período cubierto por el informe, Kosovo realizó algunos avances en esos ámbitos, excepto en la política de consumidores y protección de la salud, donde los avances fueron limitados. Por lo que respecta a la competitividad y el crecimiento inclusivo, ha realizado algunos avances en casi todos los ámbitos (aduanas, fiscalidad, sociedad de la información y medios de comunicación, política empresarial e industrial), pero en investigación, educación y cultura los avances han sido solo limitados. Por lo que respecta a las políticas relacionadas con la agenda ecológica y la conectividad sostenible, ha hecho algunos avances en el sector de la energía, pero solo avances limitados en los sectores del transporte, el medio ambiente y el cambio climático. En el ámbito de los recursos y la agricultura, solo logró hacer avances limitados en agricultura, seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria. En cuanto a la política comercial, Kosovo ha realizado algunos avances en la reducción del déficit comercial, pero aún no ha ratificado los protocolos adicionales del ACELC sobre facilitación del comercio y comercio de servicios. En general, Kosovo debe mejorar su capacidad administrativa y su coordinación en todos los sectores para conseguir una aplicación efectiva del acervo de la UE.

Turquía

El funcionamiento de las instituciones democráticas de Turquía presenta graves deficiencias. Durante el período de referencia prosiguió la involución democrática. Se mantuvieron las deficiencias estructurales del sistema presidencial. Aún no se han abordado las principales recomendaciones del Consejo de Europa y de sus órganos. El Parlamento siguió careciendo de los medios necesarios para exigir responsabilidades al Gobierno. La arquitectura constitucional continuó centralizando los poderes en torno a la Presidencia, sin garantizar una separación clara y efectiva entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La inexistencia de un mecanismo eficaz de controles y equilibrios hace que el poder ejecutivo rinda cuentas solo a través de las elecciones. Prosiguió la persecución de los partidos de la oposición, por ejemplo mediante la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de una demanda del fiscal general del Tribunal de Casación con la que se pretendía disolver el segundo mayor partido de la oposición, lo que contribuyó a debilitar el pluralismo político en Turquía. Durante el período cubierto por el informe, el presidente destituyó a dos gobernadores del Banco Central.

A pesar de que en julio de 2018 se decretó el final del estado de excepción, siguieron formando parte del ordenamiento jurídico determinadas disposiciones legales que otorgan competencias extraordinarias al Gobierno y que mantienen diversos elementos restrictivos del estado de excepción, lo que siguió incidiendo considerablemente en la democracia y los derechos fundamentales. En julio de 2021, el Parlamento turco aprobó un proyecto de ley que prorroga un año más estos elementos restrictivos del estado de excepción. La Comisión de investigación del estado de excepción aún no ha finalizado el examen de todos los expedientes relativos a los funcionarios que fueron cesados por decreto durante ese período.

La presión ejercida por el Gobierno de coalición sobre algunos alcaldes de los partidos de la oposición debilitó todavía más la democracia local. Algunos alcaldes de los partidos de la oposición fueron objeto de investigaciones administrativas y judiciales. En el sudeste del país, los alcaldes cesados forzosamente siguieron siendo sustituidos por administradores nombrados por el Gobierno, lo que privó a los ciudadanos de sus representantes electos. En la mayoría de esos casos, los administradores han mantenido suspendidos los plenos municipales. Cientos de políticos locales y titulares de cargos públicos electos fueron detenidos con cargos relacionados con el terrorismo.

La situación en el sudeste siguió siendo muy preocupante. El Gobierno llevó a cabo operaciones militares y de seguridad nacionales y transfronterizas, en Irak y Siria. La situación de seguridad en las zonas fronterizas siguió siendo precaria, con recurrentes actos terroristas por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que todavía figura en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo. La UE condenó sin reservas los atentados del PKK y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Aunque la lucha contra el terrorismo es una potestad legítima del Gobierno, es esencial que se emprenda con respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas. No ha habido ningún progreso en cuanto a la reanudación de un proceso político creíble para alcanzar una solución pacífica y duradera. Las organizaciones de derechos humanos y los partidos de la oposición denunciaron graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Siguen encarcelados unos 4 000 miembros y responsables del Partido Democrático Popular (HDP), algunos de los cuales son, además, diputados. En junio, el Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda en la que se exigía la disolución del HDP y cuya finalidad era prohibir la actividad política de 451 dirigentes del HDP, incluidos los copresidentes del partido y todos los diputados y dirigentes pasados y presentes, así como la congelación de las cuentas bancarias del partido. Están pendientes de resolución las peticiones de la Fiscalía al Parlamento para levantar la inmunidad a casi todos los legisladores del HDP.

Prosiguió una grave involución en distintos aspectos relacionados con la sociedad civil. Esta se vio sometida a una presión constante y a la progresiva reducción de su espacio para actuar libremente, con la consiguiente limitación de su libertad de expresión y de asociación. La nueva ley destinada a prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva suscita preocupación por las posibles restricciones de las actividades de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil.

El marco jurídico e institucional que rige el sector de la seguridad y la inteligencia se mantuvo inalterado, con un refuerzo de la supervisión civil de las fuerzas de seguridad bajo el sistema presidencial. El Gobierno tomó medidas para seguir consolidando el control civil de las fuerzas de seguridad.

Turquía tiene un cierto nivel de preparación / está moderadamente preparada en lo tocante a la reforma de la Administración pública. No registró ningún avance durante el período de referencia. Turquía no tiene un programa para la reforma integral de la Administración pública ni una entidad principal encargada de ese proceso. Persiste la preocupación en cuanto a la rendición de cuentas por parte de la Administración y la gestión de los recursos humanos. Sigue sin haber una voluntad política de reforma. Aunque la coordinación de las políticas entre las instituciones del gobierno central siguió siendo consistente, la elaboración de políticas no se basa en datos contrastados ni es participativa. Prosiguió la politización de la Administración. La representación de las mujeres siguió siendo baja en los niveles superiores de la burocracia.

El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase temprana de preparación. Ha proseguido el grave retroceso observado desde 2016. Persiste la preocupación en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la falta de independencia sistémica del poder judicial y a la presión indebida sobre jueces y fiscales. El nuevo plan de acción sobre derechos humanos contempla algunas medidas positivas, pero no aborda las deficiencias clave relacionadas con la independencia del poder judicial. Concretamente, no se prevén medidas para aumentar el cumplimiento del principio de separación de poderes ni para mejorar la estructura y el proceso de selección de los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales, aspectos que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Europea recomiendan desde hace mucho tiempo. Pese a su absolución, no se restituyó en el cargo a ninguno de los jueces o fiscales cesados tras la tentativa de golpe de Estado. La falta de criterios objetivos, basados en el mérito, uniformes y previamente establecidos para el nombramiento y la promoción de jueces y fiscales sigue siendo fuente de preocupación. La figura de los «jueces de paz de Derecho penal» siguió planteando dudas en cuanto a sus competencias y su praxis.

Por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, Turquía se mantuvo en una fase temprana de los preparativos y no logró ningún avance en el período cubierto por el informe. El país no creó ningún organismo de lucha contra la corrupción conforme a sus obligaciones internacionales. Las deficiencias del marco jurídico y la arquitectura institucional permitieron una influencia política indebida en las fases de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción. Es necesario aumentar la obligación de rendir cuentas y la transparencia de las instituciones públicas. La ausencia de una estrategia y de un plan de acción de lucha contra la corrupción puso de manifiesto la falta de voluntad política para luchar resueltamente contra esa lacra. No se ha aplicado la mayor parte de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). En general, la corrupción está muy extendida y sigue siendo motivo de preocupación.

Turquía tiene cierto nivel de preparación en la lucha contra la delincuencia organizada, campo en el que los avances han sido limitados. La cooperación entre Europol y Turquía se basa en un Acuerdo Estratégico de Cooperación que entró en vigor en julio de 2004. Están en marcha negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional sobre intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades turcas competentes para la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, lo que requiere una reforma de la legislación turca en materia de protección de datos para adaptarla a las normas europeas. Turquía debería mejorar sus resultados en cuanto al desmantelamiento de redes delictivas y decomiso de los activos de origen delictivo. El marco jurídico que regula la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe mejorarse en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Comisión de Venecia acerca de la Ley para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se necesitan esfuerzos para mejorar la legislación sobre ciberdelincuencia y protección de testigos.

Prosiguió el deterioro de los derechos humanos y fundamentales. Siguen vigentes muchas de las medidas adoptadas durante el estado de excepción. El marco jurídico incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales, pero la legislación y la práctica aún deben adaptarse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Las fuertes restricciones impuestas a las actividades de periodistas, escritores, abogados, profesores, defensores de los derechos humanos y otras voces críticas siguieron teniendo un efecto negativo en el ejercicio de sus libertades y condujeron a la autocensura. La negativa de Turquía a aplicar las sentencias del TEDH, en particular en los casos de Selahattin Demirtaş y Osman Kavala, agravó la preocupación en cuanto a la aceptación de las normas internacionales y europeas por parte del poder judicial. La retirada de Turquía del Convenio de Estambul también puso en cuestión su compromiso con dichas normas. El nuevo plan de acción en materia de derechos humanos, que prometía reformas en una serie de ámbitos, no aborda cuestiones críticas.

Ha proseguido el grave retroceso que afecta a la libertad de expresión. Tanto la legislación como su aplicación, especialmente las disposiciones en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, siguieron contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras normas internacionales, y apartándose de la jurisprudencia del TEDH. La difusión de las voces de la oposición y la libertad de expresión se vieron negativamente afectadas por la creciente presión y las medidas restrictivas. Prosiguieron los procesos penales y las condenas contra periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, escritores, políticos de la oposición, estudiantes y usuarios de los medios sociales.

Se produjo un nuevo y grave retroceso en el ámbito de la libertad de reunión y asociación debido a las prohibiciones recurrentes, las intervenciones desproporcionadas y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, las investigaciones, las multas administrativas y los procesos contra manifestantes acusados de actividades relacionadas con el terrorismo. Ni la legislación ni su aplicación se ajustan a la Constitución turca, a las normas europeas o a los convenios internacionales.

Los derechos de los grupos más desfavorecidos y de las personas pertenecientes a minorías necesitan una mejor protección. Los gitanos se mantuvieron prácticamente excluidos del empleo formal y sus condiciones de vida se deterioraron gravemente. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías —especialmente contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ)— siguen siendo motivo de grave preocupación.

Turquía ha realizado algunos avances en la política de migración y asilo. Se ha distendido por fin la situación provocada por los incidentes de marzo de 2020, momento en que Turquía animó activamente a los migrantes y los refugiados a que emprendiesen la ruta terrestre hacia Europa a través de Grecia. Se han realizado algunos avances en el refuerzo de la capacidad de vigilancia y protección de la frontera terrestre oriental. La Declaración UE-Turquía de marzo de 2016 siguió dando resultados y Turquía continuó desempeñando un papel clave en la garantía de una gestión eficaz de los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, alegando restricciones relacionadas con la COVID-19, Turquía mantuvo la suspensión del retorno de migrantes irregulares procedentes de las islas griegas en virtud de la Declaración UE-Turquía. Pese a ello, en julio de 2020 se reanudaron, a pesar de las restricciones, los reasentamientos en la UE desde Turquía. Aunque disminuyó el volumen de llegadas irregulares a Grecia, se utilizaron con creciente frecuencia las rutas de contrabando hacia Italia y hacia las zonas de Chipre controladas por el Gobierno. Turquía sigue sin aplicar las disposiciones relativas a los nacionales de terceros países del acuerdo de readmisión UE- Turquía, pese a que entraron en vigor en octubre de 2017. En general, el número de cruces ilegales de fronteras entre Turquía y Grecia siguió siendo significativamente inferior al registrado antes de la adopción de la Declaración UE-Turquía.

Turquía continuó realizando importantes esfuerzos para acoger a la mayor comunidad de refugiados del mundo y satisfacer sus necesidades. A finales de 2020 se había contratado la totalidad del presupuesto operativo de 6 000 millones EUR con cargo al Mecanismo para los Refugiados, y en agosto de 2021 se habían desembolsado más de 4 200 millones EUR. Es preciso adoptar medidas de integración eficaces para hacer frente a la creciente presencia de refugiados en el país. Debe mejorarse el acceso de los migrantes y los refugiados a la salud pública. No se cumplieron los criterios de referencia pendientes para la liberalización de visados. Turquía debe seguir adaptando su legislación al acervo de la UE en materia de política de visados.

La política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, siguió colisionando con las prioridades de la UE en el marco de la PESC, debido sobre todo a su apoyo a la acción militar en el Cáucaso, Siria e Irak. Aunque ya se ha implantado el marco institucional que permite la participación de Turquía en la PESC y en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), el índice de alineación de Turquía se mantuvo en un nivel muy bajo, en torno al 14 %. El apoyo militar de Turquía en Libia —que incluye el despliegue de combatientes extranjeros sobre el terreno—, sus persistentes críticas a la operación IRINI y la falta de cooperación con esta resultan perjudiciales para la contribución efectiva de la UE a la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas y han dado lugar a enfoques contradictorios sobre Libia. Turquía aspira a la estabilidad y la prosperidad de Siria, objetivo que comparte con la UE. No obstante, desplegó su propia acción militar en el norte de ese país, a través incluso de milicias apoyadas por la propia Turquía. Al mismo tiempo, aumentó la prestación de servicios básicos y amplió sus redes de infraestructuras en el norte de Siria.

En noviembre de 2020, el Consejo amplió la duración del marco vigente de medidas restrictivas en respuesta a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo Oriental. En sus conclusiones de diciembre de 2020, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las acciones unilaterales, las provocaciones y el discurso incendiario de Turquía contra la UE, sus Estados miembros y los dirigentes europeos. Las tensiones en el Mediterráneo Oriental se relajaron a partir del inicio de 2021. Turquía interrumpió sus actividades ilegales de exploración de hidrocarburos en las zonas marítimas de Grecia y Chipre. Sin embargo, a principios de octubre, barcos de guerra turcos impidieron que el buque Nautical Geo realizara una operación de reconocimiento en la zona económica exclusiva (ZEE) chipriota, y Turquía emitió una alerta naval (NAVTEX) para la realización de estudios sísmicos que abarcarían partes de la ZEE de Chipre. Además, Turquía siguió tomando medidas para modificar el estatuto de la ciudad vallada de Varosha mediante decisiones unilaterales inaceptables y contrarias a las Resoluciones 550 (1984) y 789 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La UE ha condenado firmemente las medidas unilaterales de Turquía y las inaceptables declaraciones sobre la segunda fase de reapertura de la ciudad vallada chipriota de Varosha realizadas el 20 de julio de 2021 por el presidente turco y el líder de la comunidad turcochipriota, y ha instado a que se reviertan inmediatamente esas acciones y todas las medidas adoptadas en Varosha desde octubre de 2020.

La UE ha subrayado reiteradamente la necesidad de que Turquía respete los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, que incluyen la celebración de acuerdos bilaterales y la exploración y explotación de sus recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, del que forma parte la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Turquía debe asumir un compromiso inequívoco con las relaciones de buena vecindad, los acuerdos internacionales y la resolución pacífica de controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, Turquía aún no ha garantizado la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional al Acuerdo de Asociación UE-Turquía, ni eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, como las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No se registró progreso alguno en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre, y las conversaciones informales mantenidas en abril de 2021 no permitieron allanar el camino para la reanudación de las negociaciones formales.

Tanto el Consejo Europeo de marzo de 2021 como el de junio de este mismo año recordaron el interés estratégico de la UE en la existencia de un entorno estable y seguro en el Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa con Turquía. Ante la interrupción de las actividades ilegales de perforación, la reanudación de las conversaciones bilaterales entre Grecia y Turquía y las conversaciones que en ese momento se preveían sobre el problema chipriota, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los dirigentes ofrecieron la posibilidad de fomentar una dinámica más positiva en las relaciones entre la UE y Turquía. Con ese fin, manifestaron su disposición a colaborar con Turquía de manera gradual, proporcionada y reversible en una serie de ámbitos de interés común, a condición de que Turquía cumpla las condiciones establecidas en anteriores Conclusiones del Consejo Europeo y de que se mantenga la política de distensión en el Mediterráneo Oriental. Los dirigentes han instado a Turquía a que se abstenga de realizar nuevas provocaciones o de emprender acciones unilaterales contrarias al Derecho internacional. Teniendo en cuenta la Comunicación conjunta, reafirmaron la determinación de la Unión Europea para recurrir, en caso de que se produjesen acciones de ese tipo, a los instrumentos y opciones de que dispone para defender sus intereses y los de sus Estados miembros, así como para defender la estabilidad regional.

Turquía siguió afirmando la validez de la delimitación de la frontera marítima turco-libia y de los acuerdos militares de 2019. La UE considera que esas medidas representan una violación de los derechos soberanos de terceros Estados, infringen el Derecho del Mar y carecen de consecuencias jurídicas para terceros Estados.

Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada pero no ha progresado durante el período cubierto por el informe y persisten serias preocupaciones en cuanto a su funcionamiento. Las autoridades adoptaron un importante conjunto de medidas de amplio alcance para impulsar la demanda interna y mitigar las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19. Como resultado, la economía se recuperó rápidamente de la crisis y logró alcanzar los niveles anteriores a esta ya en el tercer trimestre de 2020. En ese contexto de respuesta potente a la crisis, las deficiencias institucionales y de coordinación de las políticas socavaron la credibilidad y eficacia de las acciones de las autoridades y aumentaron los desequilibrios. La combinación de políticas macroeconómicas se inclinó excesivamente hacia los canales de crédito, mientras que las medidas de apoyo fiscal directo fueron bastante limitadas, habida cuenta de la magnitud de los retos sociales y del mercado de trabajo. La fuerte expansión monetaria del año pasado debilitó la lira, aumentó la inflación y la dolarización y provocó salidas de inversiones de cartera. El cierre del déficit por cuenta corriente en 2019 resultó efímero y los desequilibrios externos siguen constituyendo una gran fuente de vulnerabilidad. La política monetaria se endureció en el otoño de 2020, pero la intempestiva destitución del gobernador del Banco Central en marzo de 2021, tan solo cuatro meses después de su nombramiento, provocó la inestabilidad de los mercados financieros y puso en tela de juicio el compromiso de las autoridades con la reducción de la inflación.

El entorno institucional y regulador siguió debilitándose y sufriendo persistentes problemas relacionados con la previsibilidad, la transparencia y la aplicación de la normativa. La salida del mercado siguió siendo costosa y lenta. El sector informal se redujo durante la crisis, pero sigue representando una gran parte de la economía. Persiste la intervención estatal en los mecanismos de fijación de precios. La concesión de ayudas estatales carece de normas adecuadas en materia de aplicación, ejecución y transparencia. Respaldado por la relajación de la política monetaria hasta el otoño de 2020 y por medidas reguladoras favorables, el crédito bancario experimentó un fuerte crecimiento, espoleado sobre todo por los bancos de propiedad estatal. El sector bancario se mantuvo adecuadamente capitalizado y se benefició de la laxitud en la aplicación de la normativa y de otras medidas de mitigación de la crisis. La pandemia tuvo un impacto profundamente negativo en el mercado de trabajo y en la pobreza. El número de trabajadores desalentados aumentó significativamente y los niveles de empleo cayeron muy por debajo del nivel en el que estaban hace unos pocos años. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el empleo se mantuvieron en niveles particularmente bajos. Aumentó el porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni se forman, ni trabajan.

Turquía realizó avances limitados pero tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. A pesar de algunos avances en la mejora del acceso a la educación, persiste el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades del mercado de trabajo. El gasto en investigación y desarrollo siguió aumentando, a ritmo lento, pero se mantuvo muy por debajo del objetivo del Gobierno. Respaldada por las favorables condiciones de financiación y de concesión de préstamos, la actividad de inversión repuntó en 2020. Se ha avanzado en la diversificación del suministro de energía y en el desarrollo del sector de las energías renovables. La ampliación de la exigencia de requisitos de contenido local siguió suscitando preocupación. La cuota relativa de la UE en el comercio exterior de Turquía aumentó ligeramente a pesar de las amplias desviaciones, por parte de ese país, con respecto a las obligaciones que se desprenden de la Unión Aduanera UE-Turquía.

En cuanto a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, la adaptación de Turquía al acervo de la UE fue muy limitada y se efectuó de forma más bien esporádica y selectiva.

El bloque temático del mercado interior es fundamental para el buen funcionamiento de la Unión Aduanera y para la integración de Turquía en el mercado único de la UE. Turquía ha alcanzado un buen nivel de preparación para la libre circulación de mercancías. Aunque el país siguió adaptándose a la legislación técnica de la UE con arreglo al «enfoque nuevo y global», persisten obstáculos técnicos al comercio que entorpecen el buen funcionamiento de la Unión Aduanera. Los preparativos en los ámbitos de la libre circulación de trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios se encuentran en una fase temprana, ya que numerosas profesiones están vedadas a los nacionales de la UE. Turquía está moderadamente preparada para la libre circulación de capitales, habida cuenta sobre todo de los importantes obstáculos que dificultan aún la adquisición de activos y bienes inmuebles. Mejoró el marco jurídico que regula la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Turquía ha alcanzado un buen nivel de preparación en lo que respecta a la armonización de la legislación en materia de protección de la salud y de los consumidores, como demuestra su intensiva campaña de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, es necesario reforzar en ambos ámbitos la capacidad administrativa, las consultas y la coordinación entre las partes interesadas. Turquía dispone de cierto nivel de preparación en cuanto a la política de competencia. Persiste la falta de normas sobre ejecución y transparencia de las ayudas estatales, y el marco institucional sigue incompleto. En el bloque temático sobre competitividad y crecimiento inclusivo, se ha observado esencialmente un retroceso en los capítulos económicos. Ese fue el caso, en concreto, de la política empresarial e industrial —principalmente debido a que Turquía introdujo medidas incompatibles con los principios de la política industrial de la UE— y de la política económica y monetaria, que reflejó el aumento de la presión política sobre el Banco Central. También se produjo una involución en el ámbito de la política social y de empleo en paralelo al recorte de los derechos sindicales, la falta de un auténtico diálogo social y los persistentes niveles de actividad económica informal. En materia de fiscalidad, si bien Turquía está moderadamente preparada, se requiere una estrategia clara que evite cambios frecuentes en los tipos impositivos y permita el intercambio de información tributaria con todos los Estados miembros de la UE. Turquía mantiene un buen nivel de preparación para la unión aduanera, pero ha realizado avances limitados, en particular en cuanto a su aplicación. Prosiguen las desviaciones de Turquía con respecto a sus obligaciones en virtud de la Unión Aduanera UE-Turquía, lo que ha contribuido a crear un gran número de asperezas comerciales. Turquía tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la sociedad de la información y los medios de comunicación. No obstante, prosiguió su retroceso en esas áreas, debido principalmente a una competencia insuficiente, a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y a la falta de independencia de las autoridades reguladoras. Los preparativos de Turquía en el ámbito de la ciencia y la investigación están muy avanzados y el país ha seguido aplicando el plan de acción para impulsar la capacidad nacional de investigación e innovación y adaptarse al Espacio Europeo de Investigación (EEI). Turquía está moderadamente preparada en materia de educación y cultura, y debe seguir mejorando la educación inclusiva, con especial atención a las niñas y los menores pertenecientes a los grupos desfavorecidos.

Por lo que respecta al bloque temático sobre agenda ecológica y conectividad sostenible, Turquía está moderadamente preparada en las políticas de transporte y energía. Ha realizado algunos avances en las redes de energía y transporte, con la construcción de la línea ferroviaria Halkali-Kapikule que conecta la frontera búlgara con Estambul. Turquía tiene cierto nivel de preparación en materia de medio ambiente y cambio climático, si bien se enfrenta a retos críticos en ambos aspectos desde el punto de vista tanto de la mitigación como de la adaptación. Ha realizado algunos avances, como la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el aumento de la capacidad de tratamiento de residuos y depuración de aguas residuales y la armonización legislativa, pero las medidas de aplicación y control del cumplimiento siguen siendo deficientes. Turquía debe completar su actuación mediante una mayor contribución determinada a nivel nacional con arreglo al Acuerdo de París, unos planes estratégicos de descarbonización y adaptación a largo plazo y una legislación adecuada que los refleje a nivel nacional. En cuanto al bloque temático de recursos, agricultura y cohesión, Turquía alcanzó cierto nivel de preparación en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural. Sin embargo, se produjo una regresión durante el período de referencia, ya que su política agrícola se apartó de los principios fundamentales de la política agrícola común de la UE. Turquía es uno de los principales exportadores de productos alimenticios a la UE; sus avances en el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria han sido limitados. Turquía debe seguir avanzando en el cumplimiento de las normas de la UE, en particular en materia de residuos de plaguicidas. En el sector de la pesca, ha avanzado notablemente en cuanto a la aplicación de la legislación, la gestión de los recursos y de la flota, y la inspección y el control. Turquía está moderadamente preparada en lo que se refiere a la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales. Ha realizado algunos avances generales en este ámbito, en particular gracias a la aceleración de la absorción de los fondos del IAP II y a la corrección de algunas deficiencias estructurales. Turquía cuenta con cierto nivel de preparación en el ámbito de las disposiciones financieras y presupuestarias; ha realizado, durante el período de referencia, avances limitados para reforzar la capacidad administrativa o elaborar normas de ejecución para la correcta aplicación del sistema de recursos propios.

Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de las relaciones exteriores, debido sobre todo a las continuas desviaciones con respeto al arancel aduanero común y a la política comercial común. Ha realizado avances limitados en el período de referencia, durante el que consiguió celebrar un acuerdo comercial con el Reino Unido tras el acuerdo entre la UE y ese país. Turquía tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa. Se produjo una regresión en el diálogo político sobre política exterior y de seguridad a medida que la política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, fue chocando con las prioridades de la UE en el marco de la política exterior y de seguridad común.

De forma general, se requieren nuevos e importantes esfuerzos de adaptación de la legislación al acervo de la UE en muchos ámbitos. En todos los sectores, la aplicación y el control del cumplimiento de la normativa requieren mejoras sustanciales. Para que Turquía siga avanzando, es fundamental garantizar la independencia de las autoridades reguladoras y desarrollar la capacidad administrativa.

Fuente: Eurostat y autoridades estadísticas de los países de los Balcanes Occidentales y de Turquía