i)

El CESE recomienda que los Estados miembros hagan un uso adecuado del potencial de todas las sanciones previstas en la Directiva, en particular la aplicación de todas las medidas administrativas adicionales (la retirada de las ayudas públicas, la exclusión de las licitaciones, la recuperación de las subvenciones públicas, el cierre provisional o definitivo de sus establecimientos o la retirada de la autorización para ejercer la actividad de que se trate). El CESE también recomienda a la Comisión que apoye a los Estados miembros en este proceso.

ii)

El CESE recomienda que las sanciones en los Estados miembros se formulen de manera que sean eficaces, disuasorias (superiores a los beneficios) y proporcionadas, basadas en un enfoque global e integrado en el marco jurídico de cada Estado miembro, y que se adopte un marco mínimo de sanciones y medidas administrativas —que debería definirse para toda la UE— que cada Estado miembro pueda completar mediante su propia legislación, adaptando estas a su situación económica y social específica; en este contexto, las sanciones pecuniarias deben cuando menos ser superiores a los beneficios derivados de la actividad ilegal.

i)

Sobre la colaboración de la Comisión Europea con los Estados miembros:

ii)

Sobre la colaboración de los migrantes con las autoridades en la lucha contra el trabajo irregular:

iii)

Sobre el papel de los sindicatos, las asociaciones empresariales y las organizaciones de la sociedad civil:

iv)

Recomendaciones del CESE a los Estados miembros:

i)

A los Estados miembros:

ii)

A la Comisión Europea:

iii)

Sobre la participación de la Autoridad Laboral Europea (ALE) en las actividades de inspección:

—

sanciones contra los empleadores (capítulo 2);

—

medidas para proteger los derechos de los migrantes irregulares (capítulo 3);

—

inspecciones (capítulo 4);

—

lagunas significativas en la información (capítulo 5);

—

intensificar la acción de la UE contra el empleo ilegal (capítulo 6).

i)

Siguen siendo necesarios esfuerzos adicionales por lo que respecta a la aplicación de los elementos de protección, en particular en relación con el acceso a la información, el acceso a la justicia y la recuperación de las remuneraciones pendientes y la concesión de permisos de residencia temporales (15).

ii)

La mayoría de los Estados miembros solo proporciona información general sobre los derechos de los trabajadores y no información específica pertinente para la situación concreta de los trabajadores migrantes irregulares.

iii)

La cooperación de las autoridades públicas con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales es fundamental para facilitar las denuncias, ya que a menudo mantienen contacto directo con los trabajadores y pueden sensibilizar, informar a los migrantes sobre sus derechos, generar confianza mutua y ayudar a los trabajadores a identificar situaciones de trabajo no declarado y de explotación laboral a fin de presentar una denuncia. El papel de los interlocutores sociales y las ONG también es muy importante para facilitar las denuncias, dar a conocer situaciones de explotación y reducir el temor de los migrantes a verse sometidos a procedimientos de retorno si son detectados por las autoridades de migración. En la gran mayoría de los Estados miembros, la legislación otorga un papel importante a estas partes interesadas, en particular a los sindicatos, en el marco del mecanismo nacional para simplificar la presentación de denuncias (16).

iv)

Los migrantes irregulares que han sido víctimas de explotación laboral se enfrentan a dificultades para acceder a los procedimientos de concesión de permisos de residencia y en lo que respecta a las condiciones de estos. Las partes interesadas señalan que las víctimas tienen dificultades para acceder a la información y al asesoramiento jurídico sobre la posibilidad de obtener permisos de residencia y los procedimientos para solicitarlos o para pedir el examen de una solicitud de este tipo. También señalan que la concesión de permisos a menudo está vinculada a la existencia de cargos penales contra empleadores concretos y el permiso está condicionado a la participación de las víctimas en procesos penales, aunque la Directiva no lo exija (17).

v)

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señala que, en algunos Estados miembros, los migrantes en situación irregular no utilizan los sistemas de denuncia existentes. Y ello por una serie de motivos: la falta de incentivos para que los trabajadores presenten denuncias; la información limitada sobre sus derechos y el mecanismo de denuncia disponible; obstáculos económicos, como las cuotas de afiliación a los sindicatos, que solo asisten a los miembros; y, en la mayoría de los casos, el miedo a ser detectado, detenido y obligado a retornar (18).

vi)

Los interlocutores sociales y las ONG también desempeñan un papel central en la promoción y aplicación de las medidas de protección de la Directiva y en la comunicación con los migrantes irregulares. La Comisión reforzará el diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales que representan a los trabajadores indocumentados y colaborará con la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado a la hora de desarrollar estas actividades.

i)

Es poco probable que el número de inspecciones realizadas en el sistema actual disuada a los empleadores de contratar a migrantes irregulares. El porcentaje de empresarios objeto de inspecciones tiende a ser muy bajo; por consiguiente, los empleadores pueden considerar que la ventaja económica obtenida del empleo ilegal es mayor que la probabilidad de ser detectados en una inspección (20).

ii)

Los Estados miembros y otras partes interesadas señalan que las autoridades de inspección laboral a menudo carecen del personal y los recursos necesarios, lo que afecta al número y la frecuencia de las inspecciones realizadas (21).

iii)

Las partes interesadas defienden la separación de las inspecciones de trabajo de las actividades de las autoridades policiales y de inmigración mediante un «cortafuegos», lo que garantizaría que los migrantes irregulares detectados durante las inspecciones no fueran remitidos a las autoridades de inmigración para iniciar el procedimiento de retorno (22).