Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Condiciones necesarias para la aceptación social de la transición energética e hipocarbónica

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia francesa del Consejo de la UE)

(2022/C 290/04)

Ponente:	Arnaud SCHWARTZ
Coponente:	Pierre-Jean COULON

Consulta	Presidencia francesa del Consejo, 20.9.2021
Base jurídica	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información
Aprobado en la sección	10.3.2022
Aprobado en el pleno	23.3.2022
Pleno n.o	568
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	224/6/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

A fin de garantizar la aceptación social de la transición energética, teniendo en cuenta las lecciones extraídas de las fases de planificación y ejecución, el CESE pide a todas las partes interesadas que mejoren los siguientes aspectos: independencia del proceso, calidad y accesibilidad de la información, libertad y diversidad de participación, claridad de las modalidades, rendición de cuentas y consideración de la participación en la toma de decisiones, transparencia y seguimiento desde el inicio hasta el fin de un plan o proyecto, pero también asequibilidad económica y funcionalidad de la transición (con soluciones disponibles, tales como puntos de recarga para vehículos eléctricos bien situados y en número suficiente).

1.2.

El CESE pide a la UE que se esfuerce mucho más para promover la justicia distributiva y el prosumo por medio de incentivos financieros, ya que este es el factor con mayor impacto en la aceptación local de la transición energética. La información sobre estos incentivos debe ser accesible, y sus procedimientos deben ser sencillos. El objetivo de la Unión de la Energía consistente en situar a las personas en el centro de la política y garantizar que puedan convertirse fácilmente en productores de energía y beneficiarse de las nuevas tecnologías debe ponerse en práctica mucho más rápidamente que hasta ahora. El CESE también subraya que es importante que tanto los beneficios de los proyectos como sus costes percibidos se distribuyan de manera equitativa dentro de la comunidad.

1.3.

El CESE propone que la UE identifique y elimine los obstáculos que explican, en su caso, el bajo nivel de participación y adhesión de la ciudadanía. Como norma general, dar a las poblaciones y a las organizaciones de la sociedad civil afectadas la oportunidad de participar en la preparación de los proyectos y en las decisiones de planificación aumenta la aceptación social. Por lo tanto, la falta de tiempo, la educación cívica, la rendición de cuentas de las autoridades competentes y demás factores deben ser objeto de un plan de acción para desarrollar la participación.

1.4.

El CESE desea que se lleve a cabo una concertación e incluso una construcción conjunta con los ciudadanos y, en particular, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, desde la fase de planificación, más pormenorizada que en la actualidad, y una vinculación estrecha entre los objetivos y la planificación en todos los niveles territoriales, hasta el despliegue local de la transición. Ello es esencial para avanzar hacia una mayor aceptación social y alcanzar nuestros objetivos de transición energética a un ritmo adecuado.

1.5.

El CESE subraya que la mejora de la aceptación por parte de la población y las partes interesadas afectadas por la transición y sus cambios técnicos también requiere una atención especial y medidas concretas como el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de la mano de obra, el apoyo a las empresas y las campañas de información dirigidas a los distintos grupos afectados por la transición. La información debe poner de relieve el mensaje clave de que la transición energética es necesaria porque es más justa y limpia, tanto individual como colectivamente, y que a largo plazo es más barata para la ciudadanía.

1.6.

No obstante, el CESE reitera que la transición energética requerirá cambios a nivel individual y colectivo por parte de los ciudadanos, las empresas, los municipios, etc. A corto plazo, y debido a que la política energética no tenía en cuenta hasta ahora las externalidades negativas de las energías de origen fósil, la descarbonización implica un aumento de los costes para los productores y precios más elevados para los consumidores, por lo que es necesaria una mayor transparencia a este respecto. Teniendo en cuenta los precios actuales de la energía, es muy difícil que los consumidores acepten voluntariamente unos precios más elevados. Es importante ser conscientes de ello. Por otra parte, también es importante comunicar los éxitos en materia de transición justa. En cambio, en el debate actual escuchamos con demasiada frecuencia los casos negativos. Una cuestión clave para que la transición sea socialmente aceptable y tenga éxito es mantener la competitividad de las empresas de la UE en el mercado mundial a fin de evitar una presión indebida sobre la economía y el desempleo.

1.7.

El CESE advierte de que los antiguos impuestos a la energía de origen fósil y los nuevos impuestos ecológicos son cargas que afectan proporcionalmente más a los presupuestos de los hogares modestos que a los de los hogares acomodados. Las subvenciones y los impuestos perjudiciales para el medio ambiente deben eliminarse de manera gradual pero rápida, como a menudo prometen los políticos. Por consiguiente, los ingresos procedentes de los nuevos impuestos ecológicos deben utilizarse, en particular, para innovar socialmente, subvencionar la transición energética de los hogares vulnerables y preservar su poder adquisitivo.

1.8.

El CESE recuerda que la transición hacia una sociedad hipocarbónica debe situar el concepto de transición justa en el centro de la reflexión y la acción. La transición justa debe ser más que un conjunto de objetivos políticos, ya que constituye la base para la aceptación social de la transición energética. A escala europea, el paquete de medidas «Objetivo 55» debería complementarse con un marco jurídico para una transición justa que incluya, por ejemplo, algunas propuestas concretas mencionadas en el presente Dictamen y pueda llevarse a la práctica mediante planes nacionales de energía y clima.

1.9.

El CESE pide una reevaluación del paquete de medidas «Objetivo 55» a fin de mejorar la capacidad de hacer frente a la volatilidad de los precios de la energía y a los problemas derivados de las emergencias, incluida la guerra, así como la introducción de disposiciones adecuadas para afrontar estas situaciones de manera que se eviten los efectos negativos para los usuarios finales.

2.   Contexto y elementos de definición

2.1.

La humanidad se enfrenta a la finitud de los recursos terrestres (1), al colapso de la biodiversidad y al calentamiento climático. La transición energética y hacia una economía neutra en carbono representa una transformación de nuestra sociedad, no solo en términos concretos —en particular mediante un cambio en los hábitos (individuales y colectivos)—, sino también desde el punto de vista de nuestra civilización. Debe permitirnos reducir nuestras necesidades materiales y energéticas velando al mismo tiempo por el bienestar de todos (2) de manera democrática y justa y respetando los ecosistemas (3).

2.1.1.

Seguir explotando los combustibles fósiles en las próximas décadas como lo hacemos en la actualidad no es una opción por razones tanto ambientales y de abastecimiento como sociales. Esto significa que la transición hacia una sociedad neutra en carbono es una necesidad urgente.

2.1.2.

No obstante, en el marco del crecimiento verde (4), el débil retorno de la inversión energética de las energías alternativas amenaza nuestras economías con un derrumbe sistémico, sin olvidar el impacto medioambiental potencialmente devastador de la extracción minera.

2.1.3.

Para una mayor coherencia y aceptación social, tendremos que: — reducir la demanda de minerales brutos mejorando su reciclado; — llevar a cabo evaluaciones de impacto para una transición que permita evitarlos, reducirlos o compensarlos mejor; — tener una economía circular en el sector de las energías renovables; — estimular la eficiencia energética y reducir significativamente la demanda mundial de energía; — reevaluar las propuestas del paquete de medidas «Objetivo 55» a fin de mejorar la capacidad de hacer frente a la volatilidad de los precios de la energía y a los problemas derivados de las emergencias, incluida la guerra.

2.1.4.

Conociendo los límites de los escenarios relacionados con el riesgo tecnológico, el fracaso de los sumideros de carbono o la eficiencia energética, será necesario no solo crear márgenes de maniobra seguros con una sobriedad sistémica replanteando nuestros modos de vida, sino también amplificar la aceptación de las medidas de adaptación al cambio climático.

2.2.

Las condiciones para la aceptación social de esta transición han sido abordadas por la ciencia a lo largo de los últimos años. El CESE se remite a ello en el presente Dictamen, que tiene por objeto, entre otras cosas, mejorar las prácticas en las instituciones de la UE y en los Estados miembros.

2.3.

La aceptación social de un proyecto útil para la transición energética es muy compleja. Abarca consideraciones sobre la comprensión de las tecnologías propuestas, los riesgos asociados (sociales, sanitarios, económicos, etc.), las alternativas posibles, la valoración de los costes y beneficios de las opciones recomendadas, las disposiciones del territorio de acogida. La aceptación social obliga a discutir estos proyectos con la población, así como con todas las partes interesadas, y a preguntarse de manera más generalizada sobre el desarrollo del territorio y los modos de vida deseables en él.

2.4.

Según la investigación (5) y también en opinión del CESE, los principales motores de la aceptación social son: — la confianza en la gobernanza y la justicia procesal; — el carácter justo y financieramente asequible de la transición; — las preocupaciones relacionadas con la ubicación y la planificación; — la incidencia de los factores sociodemográficos; — la viabilidad sociotécnica.

2.5.

Veamos ahora qué abarcan estos términos y qué podríamos extraer de ellos como modalidad de aplicación de la transición hacia una economía hipocarbónica.

3.   Condiciones de aplicación

3.1.   Confianza en la gobernanza y la justicia procesal

3.1.1.

Muchos estudios han demostrado que la confianza es crucial para determinar el nivel de aceptación social. Existe una correlación entre la justicia procesal, la confianza y el porcentaje de aceptación de la transición. Un proceso decisorio transparente y la difusión de la información mejoran el nivel de confianza mutua entre los promotores de proyectos y las comunidades.

3.1.2.

Por lo tanto, el CESE reitera que el Estado de Derecho debe ocupar un lugar central, por ejemplo, en el uso de los distintos fondos de la UE. Asimismo, el Comité considera que la Comisión debe publicar sus propuestas en todas las lenguas oficiales de manera rápida y legible, a fin de garantizar una amplia accesibilidad y participación.

3.1.3.

Por otra parte, los estudios indican que la participación ciudadana ayuda a atender las preocupaciones de la comunidad y a aumentar el nivel de confianza mutua. La difusión de la información es crucial para corregir cualquier idea falsa sobre la transición y las acciones o herramientas que deben aplicarse para concretarla. Por ejemplo, es importante realizar consultas sobre temas como la ubicación, los costes y los posibles impactos medioambientales, económicos, sanitarios y sociales negativos de los proyectos de transición energética, así como abordar sus ventajas. Ello también contribuye a la aceptación por parte de la ciudadanía de la construcción de nuevas instalaciones en su proximidad.

3.1.4.

Por consiguiente, el CESE considera esencial, para lograr la aceptación de la comunidad, entablar un diálogo con los habitantes y las partes interesadas y generar confianza mutua mediante una comunicación abierta y oportunidades de participación lo antes posible en el desarrollo de acciones y proyectos (6) relacionados con la transición energética, a todos los niveles territoriales adecuados, desde el nivel local hasta el de la UE.

3.1.5.

Es importante contar con apoyos locales, en especial de las organizaciones de la sociedad civil que respaldan públicamente la transición basándose en la ciencia, para promover la participación y generar confianza (7). Esta red local puede difundir información en la esfera pública de manera más orgánica y contrarrestar toda idea falsa que circule.

3.1.6.

La democracia participativa es hoy en día un elemento clave del modelo de ciudadanía europea. El Tratado de Lisboa garantiza la complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa. Desde una perspectiva internacional, el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en la planificación y el desarrollo son dos de los tres pilares del Convenio de Aarhus. Su aplicación debe mejorarse, al igual que la aplicación del pilar del acceso a la justicia (8).

3.1.7.

El debate público es una forma de participación que debe fomentarse. Debe estar garantizado por una comisión de especialistas en participación ciudadana con experiencia probada y de carácter independiente (9). Esto constituye un aval de credibilidad indispensable para el conjunto del debate por el que los ciudadanos participan en el diseño de medidas importantes que afectan al territorio en el que viven. Garantiza a todas las partes interesadas una información completa y transparente sobre un determinado plan, programa o proyecto en la fase de concepción, brindándoles la posibilidad de expresar su opinión sobre la oportunidad de las medidas presentadas, tanto a título personal como en calidad de grupos organizados.

3.1.8.

En los últimos años, la desmaterialización de la participación ciudadana, sin rendición de cuentas ni debate en el que haya terceros que actúen de mediadores garantes del método utilizado, está socavando gradualmente la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, más allá de la información, es necesaria una combinación de consultas en línea y reuniones presenciales (10) para implicar al público en todas las fases y determinar conjuntamente las decisiones que deben tomarse.

3.1.9.

Para mejorar el diálogo entre todas las partes interesadas, sería necesario, por ejemplo, que, tras la participación del público, las autoridades que toman las decisiones y los responsables de la democracia representativa indicaran por escrito qué hacen con las diversas aportaciones recibidas y cuál es la mejora de la que se beneficiará la ciudadanía. Esta rendición de cuentas permitiría que se comprendieran mejor las razones de sus decisiones y reforzaría la confianza en la democracia.

3.2.   Una transición justa y asequible

3.2.1.

Con el paquete de medidas «Objetivo 55» y el objetivo de neutralidad en carbono para 2050, el reto planteado es significativo. Según la Comisión Europea, el cumplimiento de nuestros objetivos para 2030 requerirá 350 000 millones EUR de inversión adicional al año solo en sistemas de producción de energía. La gran pregunta para el CESE y, por supuesto, para toda la sociedad, es saber quién pagará, quién invertirá, quién se beneficiará, y si los fondos serán suficientes.

3.2.2.

La justicia distributiva, para una transición justa y asequible, garantiza que los beneficios de los proyectos —y no solo sus costes— se repartan de manera equitativa. Es un factor fundamental para la aceptación social. Un incentivo financiero sin complejidades administrativas ni técnicas es incluso el mayor factor de motivación para aceptar un proyecto relacionado con la transición. Esto hará que los particulares, los agricultores, las pymes, las comunidades energéticas y otros agentes estén dispuestos a formar parte del nuevo sistema mediante sus inversiones y su compromiso para lograr la transformación necesaria.

3.2.3.

Es evidente que un requisito previo fundamental para una transición socialmente aceptable y satisfactoria hacia una economía neutra en carbono es que las empresas europeas sigan siendo competitivas en el mercado mundial, a fin de evitar una presión excesiva sobre la economía y el desempleo.

3.2.4.

Los distintos tipos de incentivo financiero (por ejemplo, tarifas energéticas más bajas o posibilidades de ingresos, así como apoyo a la economía local, a la formación continua o al reciclaje profesional) son un poderoso factor para la aceptación local y el respaldo a un proyecto.

3.2.5.

La percepción de los beneficios también puede contribuir a aumentar la aceptación local. Por ejemplo, la creación de empleo local, en particular en caso de transición energética de una cuenca de empleo, se percibe como un beneficio para la comunidad que puede favorecer la aceptación de un proyecto.

3.2.6.

La electricidad procedente de los sistemas eólicos y solares en particular está convirtiéndose o ya se ha convertido en muchos lugares en la más asequible y sostenible. Hacer que todos los ciudadanos a escala local produzcan y se beneficien de esta electricidad económica es una posibilidad: al convertirse en productores, su papel cambia y pasa de consumidores a prosumidores. Es necesario reforzar y salvaguardar sus derechos. Este enfoque es tanto más importante cuanto que los sectores del transporte y la calefacción están cada vez más electrificados.

3.2.7.

Por lo que respecta al clima, en teoría no importa quién construya y explote un sistema fotovoltaico o eólico, pero para la aceptación local y la economía regional esta cuestión reviste una importancia central. En concreto, deben realizarse esfuerzos especiales para hacer posible este tipo de participación.

3.2.8.

El CESE considera que el número de prosumidores y la aceptación social de la transición podrían aumentar rápidamente con las diferentes medidas expuestas a continuación: a) Autosuficiencia de la comunidad: si los consumidores explotan sistemas colectivamente y la electricidad producida en ellos se consume in situ, esta debería tratarse como electricidad de origen individual. b) Compartir la energía: dentro de las comunidades de energías renovables, debería aplicarse un canon de red reducido a la electricidad que es objeto de un reparto de energía para su uso por los productores. c) Contador neto virtual: esto dará a las personas que no viven en las inmediaciones de un sistema de energía renovable la oportunidad de participar y utilizar directamente la electricidad que allí se produce. A tal fin, el contador neto virtual debe ser una nueva posibilidad jurídica, en la que cada kilovatio-hora de electricidad consumida procedente del sistema en el que intervenga el consumidor se compense con un kilovatio-hora que el consumidor obtenga de otra fuente en un momento diferente. Este mecanismo de contador neto virtual ya existe en Grecia, Polonia y Lituania, por ejemplo.

3.2.9.

El prosumo local también es interesante en relación con los contadores inteligentes que procesan las señales de precios del mercado y permiten un consumo y una flexibilidad respetuosas con la red que pueden así verse recompensadas. Esta combinación puede contribuir a reducir la carga en la red y disminuir de este modo la necesidad de ampliación de esta.

3.2.10.

El aumento de los costes de la energía y la capacidad de los Estados miembros para mitigarlos deben ocupar un lugar central en las futuras medidas políticas. El CESE no solo respalda medidas de emergencia para evitar consecuencias sociales drásticas, sino que además se muestra rotundamente a favor de las evaluaciones del mercado que estudien el comportamiento de los actores del mercado de la energía. Al mismo tiempo, el CESE recuerda los valores comunes de la Unión por lo que respecta a los servicios de interés económico general en el sentido del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), contemplados en el Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general anejo al TFUE. Ello podría dar lugar a un aumento de la eficiencia y a la eliminación de los fallos del mercado. Es necesario un control más eficaz del mercado por parte de las autoridades.

3.2.11.

El CESE pide una reevaluación del paquete de medidas «Objetivo 55» a fin de mejorar la capacidad de hacer frente a la volatilidad de los precios de la energía y a los problemas derivados de las emergencias, incluida la guerra, de manera que se eviten los efectos negativos para los usuarios finales, por ejemplo mediante la introducción de mecanismos adecuados para evitar precios excesivos como la no aplicación temporal del régimen RCDE.

3.2.12.

Al mismo tiempo, habrá que velar por la justicia social y hacer frente a la creciente precariedad energética de los europeos (11). Según la Comisión Europea, la lucha contra el cambio climático entraña riesgos tangibles de agravación de las desigualdades contra los que deben aplicarse políticas públicas específicas. En particular, el objetivo es reforzar la formación y el reciclaje profesional y mantener bajo control el aumento de determinados precios para los hogares afectados por la pobreza energética (12). Una transición energética que cree empleo y sea capaz de mantener el poder adquisitivo de los hogares modestos será más aceptable socialmente (13).

3.2.13.

Además, para facilitar la aceptación de la transición, se han considerado diferentes escenarios que ofrecen más recursos a los hogares modestos, como en las simulaciones del consorcio Locomotion. No obstante, el CESE reitera la necesidad de ampliar y extender el Fondo Social para el Clima y el Fondo de Transición Justa de la UE (14) para garantizar realmente que nadie se quede atrás, incorporando todas las dimensiones de la exclusión y la marginación;

3.2.14.

Para ayudar, en particular, a las personas en situación de mayor precariedad a realizar la transición energética, también sería útil desarrollar y mejorar las políticas redistributivas y, a tal fin, poner a prueba medidas innovadoras (15) como la renta básica universal, créditos fiscales, semanas de trabajo más cortas, trabajo compartido, programas de garantía de empleo y un lugar más importante para los trabajadores en la gobernanza de las empresas.

3.2.15.

Estas medidas y otras mencionadas anteriormente pueden aumentar la aceptabilidad de la transición, y podrán beneficiarse de la inmediata reorientación de las subvenciones, la financiación y las ventajas fiscales que actualmente aún se conceden a los combustibles fósiles. Es importante crear fuentes de financiación para las inversiones sostenibles.

3.2.16.

En particular, conviene programar ya con la máxima rapidez la supresión de la financiación económicamente perjudicial para el medio ambiente, según lo prometido hace tiempo, y desarrollar impuestos ecológicos con arreglo a una fiscalidad (16) basada en un objetivo específico, es decir, con una orientación de las fuentes de financiación que sea favorable a la transición. Esto ayudará a todos a comprender y aceptar la acción pública en esta materia.

3.2.17.

De hecho, la aceptabilidad social de la fiscalidad verde requiere (17) una compensación que tenga en cuenta los ingresos de los hogares y la pobreza energética (falta de transporte público, escaso aislamiento de las viviendas, baja eficiencia del sistema de calefacción y del tipo de vehículo en propiedad, etc.) para ayudarles a beneficiarse de ahorros potenciales a largo plazo mediante equipos menos intensivos en energía.

3.2.18.

Del mismo modo, habría que poner a prueba la tarjeta de carbono (18), que consiste en asignar derechos de emisión individuales no transmisibles, para determinar no solo si su potencial pedagógico puede traducirse sobre el terreno en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una transición energética más eficiente, sino también si esta última contribuiría, por medio de esta herramienta igualitaria, a una mayor aceptación.

3.2.19.

La ejemplaridad de los agentes públicos (más allá de sus prácticas y medidas a favor de la sobriedad y las energías renovables, de la democracia participativa, del diálogo social y de la financiación de las instalaciones ciudadanas o incluso de acciones de educación para la transición a lo largo de la vida) dependerá de su capacidad para poner sobre la mesa la cuestión de las financiaciones y perpetuarlas. Una posibilidad sería un programa plurianual para financiar la renovación energética que contuviese la obligación de alcanzar resultados.

3.2.20.

Las nuevas subvenciones y medidas fiscales deberán complementarse de manera provechosa con normas que se impongan a todos, ya que, al igual que la acción que debe llevarse a cabo para permitir la evolución de las interacciones especulares favorables a la transición, son también estas las que permitirán el advenimiento del mundo habitable que deseamos.

3.3.   Emplazamiento y planificación

3.3.1.

Muchos de los problemas relacionados con la implantación de proyectos útiles para la transición energética se deben a sus características físicas específicas. Son necesarios más esfuerzos para responder a este tipo de preocupaciones, en particular difundiendo los conocimientos destinados a luchar contra las noticias falsas y aplicando las mejores prácticas que permitan resolver estos problemas.

3.3.2.

Se trata, en particular, de tomar conciencia de la herencia cultural y urbana del pasado (accesos a ciudades desfigurados por zonas comerciales e industriales, aparcamientos que ocupan espacios fértiles, zonas residenciales e inmuebles de barrios periféricos que inducen una dependencia del automóvil, etc.). En la actualidad, los beneficios de la transición energética son mayores que las consecuencias para el «paisaje». Para garantizar que se desarrolle de forma sostenible, debemos hacer todo lo posible por evitar o, al menos, reducir y compensar los efectos negativos asociados a sus necesidades de terreno.

3.3.3.

Esto debe lograrse situando las infraestructuras en lugares en los que no entren en conflicto con la agricultura o el respeto de la naturaleza y del patrimonio cultural. Una solución es integrar las instalaciones en zonas urbanas o industriales existentes o colocarlas en terrenos marginales con un valor productivo o natural insignificante.

3.3.4.

Cuando la edificación en tierras productivas sea inevitable, las instalaciones deberían integrarse, en la medida de lo posible, en el sistema agrícola en lugar de suponer el desbroce o la ocupación neta del terreno.

3.3.5.

Por otra parte, con el fin de informar adecuadamente a toda la población y granjearse su confianza, deberían llevarse a cabo sistemáticamente evaluaciones de impacto medioambiental rigurosas en relación con las instalaciones y con todos los objetivos y planes nacionales y europeos relacionados con la energía.

3.3.6.

Las evaluaciones ex post también son indispensables para mantener a nuestra sociedad en una dinámica de mejora continua. Además, deben establecerse puentes para el diálogo entre todos los niveles territoriales, así como buenas herramientas de seguimiento y aplicación de las políticas, a fin de evitar todo lo posible la ocupación del suelo y el «desplazamiento de los problemas medioambientales», como recomienda en particular la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) (19).

3.3.7.

En la evaluación ex post de las acciones y proyectos relacionados con la transición energética, la cuantificación de las repercusiones económicas locales es un aspecto capaz de generar aceptación social.

3.3.8.

Una solución complementaria al problema de encontrar lugares para producir energía en Europa consistiría en importar en forma líquida —utilizando el hidrógeno como vector— electricidad verde producida en los países de la vecindad. A efectos de aceptabilidad social, esto debe entenderse como una dimensión de codesarrollo de estas regiones (20).

3.4.   Factores sociodemográficos

3.4.1.

Además de estas razones, la demografía general también influye en las percepciones de la ciudadanía. Realizar estudios demográficos previos ayudaría a formular mejor una estrategia para la aceptación de los proyectos en función del tamaño y la composición del público objetivo que es más probable que se oponga. Estos estudios deben estar a disposición de todas las partes interesadas.

3.4.2.

Los mayores niveles de aceptación presentan una correlación con un mayor nivel educativo y una menor edad. De ahí la importancia de desarrollar una educación a lo largo de toda la vida (también en empresas y centros de formación profesional) en relación con la sobriedad, la participación ciudadana y la participación en acciones colectivas a favor de la transición.

3.4.3.

El CESE propone que las campañas de sensibilización sobre la transición se inspiren en la corriente BIMBY (Build In My Backyard), en contraposición a NIMBY, destacando ejemplos de mimetismo social virtuoso y de beneficios para la población, una lista de relatos positivos a través de testimonios y ejemplos concretos de éxito de diferentes regiones y países en los que unos y otros podrían reconocerse.

3.4.4.

Todo ello podría crear aceptación y dar ganas de evolucionar juntos hacia esta nueva forma de vivir que implica necesariamente la actual necesidad de sustituir las energías fósiles. Deberían dedicarse recursos a actividades de sensibilización que diversas partes interesadas podrían llevar a cabo de forma acertada.

3.4.5.

No hay consenso sobre el efecto directo de factores sociodemográficos específicos, ya que tienen diferentes repercusiones en función del país y de su contexto político. Sin embargo, tienen un efecto claro en la aceptación local de planes y proyectos que permiten la transición. Por tanto, en opinión del CESE, es necesario apoyar la formación inicial y continua respecto de la transición energética, en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

3.4.6.

No obstante, razonar en términos de aceptabilidad social supone a veces trasladar a los públicos objetivo la responsabilidad de adoptar o no las tecnologías en cuestión. Equivale a considerar que solo la dimensión social interviene en la realización de los potenciales de los que están dotadas las tecnologías. Sin embargo, la resistencia a adquirir o utilizar nuevas herramientas puede ser un fenómeno más complejo (21).

3.5.   Viabilidad sociotécnica (22)

3.5.1.

Los obstáculos a la hora de adoptar determinados equipos también son técnicos. En particular, se refieren a la dificultad de compartir una cultura menos intensiva en energía en una sociedad que, paradójicamente, invita a consumir cada vez más, lo que constituye una gran disonancia con los mensajes destinados a ahorrar energía.

3.5.2.

La aceptación social remite a una situación compleja de coexistencia aceptada entre la técnica y los usuarios. Pero la aceptación no implica necesariamente la adopción (como en el caso de los contadores inteligentes cuya instalación se rechaza a pesar de haber sido aceptados en teoría porque no han sido adoptados). La adopción implica previamente una cierta trivialización de la tecnología. Ya no se discute, ha demostrado su eficacia, existe entre otras alternativas tecnológicas, pero no por ello uno se adhiere a ella. La adhesión implica que el usuario se apropia de ella, en el sentido de incorporarla al modo de vida propio, considerarla indispensable e ineludible.

3.5.3.

Las limitaciones relacionadas con la adopción de tecnologías de transición también se deben a que la mayoría de las veces se diseñan sobre la base de que los usuarios podrán utilizarlas de acuerdo con su finalidad prevista.

3.5.4.

Se supone que estos se adhieren a los proyectos energéticos transmitidos por estas tecnologías, antes de poder hacerlos funcionar aprovechando todo su potencial. Sin embargo, muchos estudios demuestran que incluso los objetos técnicos de nuestra vida diaria están ampliamente infrautilizados, al no conocerse bien sus capacidades reales y la manera de aprovecharlas.

3.5.5.

Se puede considerar la viabilidad sociotécnica como un proceso de inserción y difusión social que se inscribe en una escala de tiempo que requiere una serie de fases. La primera es fundamental, ya que se refiere al tiempo de la investigación y desarrollo y de las controversias (23), es decir el que anticipa los cambios debidos a la introducción de la nueva tecnología. La segunda fase remite a las primeras enseñanzas extraídas. Es evidente que las lógicas de diseño se enfrentan al uso proyectado y la capacidad de las tecnologías para integrarse en el mundo social. La última fase es la de la trivialización y el tiempo prolongado. En este punto intervienen el rechazo o la adopción del proyecto, su apropiación y las modalidades de su inserción social.

3.5.6.

Es en este punto cuando se producen movilizaciones locales: estos territorios intentan o no de abordar una serie de retos a través de estas tecnologías. La inserción social corresponde pues a las transformaciones macrosociales que su adopción genera.

3.5.7.

Mediante el uso de una tecnología, la relación con el mundo, las relaciones y las representaciones sociales pueden modificarse profundamente. Esto solo es posible si la tecnología no se impone como un «paso atrás», sino que ofrece la posibilidad de ajustes, de reapropiaciones. A este respecto, el CESE considera que la neutralidad tecnológica basada en estudios científicos, la competencia leal y la posibilidad de ensayar y debatir la idoneidad de las diferentes tecnologías pueden contribuir a mejorar la aceptación social.

3.5.8.

Así, cuando se analiza más a fondo, el debate sobre la transición energética se sale de su planteamiento tecnocéntrico para evolucionar hacia un enfoque más sociocéntrico. Esto supone matizar el concepto de aceptación social, cuando tiende a hacer recaer la responsabilidad de nuestros modos de vida de gran consumo energético únicamente en los consumidores, para incluirlo en la esfera más amplia de la viabilidad sociotécnica que obliga a cuestionar el sentido de las técnicas y las opciones políticas en materia de energía.

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(1)  https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/.

(2)  https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics.

(3)  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/07/IPBES_IPCC_WR_12_2020.pdf.

(4)  https://eeb.org/library/decoupling-debunked/; https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth.

(5)  Trends in Social Acceptance of Renewable Energy Across Europe — A Literature Review, 8 de diciembre de 2020.

(6)  Lo que recomienda France Nature Environnement en sus «scopes» (méthascope, éoloscope, etc.).

(7)  https://www.fondation-nicolas-hulot.org/sondage-science-et-transition-ecologique-en-qui-les-francais-ont-il-confiance/ (solamente en francés).

(8)  DO C 123 de 9.4.2021, p. 66.

(9)  Como la Comisión nacional de debate público en Francia.

(10)  Véase el informe público 2011 del Consejo de Estado francés «Consulter autrement, participer effectivement», La Documentation française 2011.

(11)  Documento informativo del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Evaluación de la Unión Europea de la Energía — La dimensión social y societal de la transición energética».

(12)  Este tipo de pobreza ocasiona problemas como el hurto (en forma de conexión a redes ajenas), ya sea por motivos relacionados con la falta de recursos financieros o como expresión de desobediencia civil frente al sistema de comercialización de la electricidad.

(13)  DO C 152 de 6.4.2022, p. 158.

(14)  DO C 311 de 18.9.2020, p. 55.

(15)  https://eeb.org/library/escaping-the-growth-and-jobs-treadmill/.

(16)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 8.

(17)  Eurofound, 2015, Access to social benefits: reducing non-take-up, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (Luxemburgo). Informe AEMA/Eurofound, «Exploring the social challenges of low-carbon energy policies in Europe», ef22004en.pdf.

(18)  https://www.socialter.fr/article/carte-carbone-plutot-qu-une-taxe-un-quota-pour-chaque-citoyen-1 (solamente en francés).

(19)  https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/eu-renewable-electricity-has-reduced.

(20)  DO C 123 de 9.4.2021, p. 30.

(21)  Por ejemplo, la adquisición de un coche eléctrico implica un nuevo modo de conducción al pasar del cambio manual al cambio automático, lo que puede provocar rechazo.

(22)  https://www.larevuedelenergie.com/les-energies-renouvelables-en-transition-de-leur-acceptabilite-sociale-a-leur-faisabilite-sociotechnique/ (solamente en francés).

(23)  Un ejemplo, de un ámbito distinto al de la transición energética, es el de los teléfonos inteligentes, hoy día ampliamente aceptados y adoptados.