—

la adaptación del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2020 (1);

—

el Protocolo de Cooperación con la Comisión Europea, de febrero de 2012, y

—

las prioridades del CDR para su mandato de cinco años (2020-2025),

1.

responder a la llamada de atención que ha supuesto la crisis de la COVID-19, haciendo mayor hincapié en el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental dentro del modelo de economía social de mercado, al tiempo que se tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

2.

garantizar que la estrategia de recuperación tras la pandemia se centre en proteger la salud de los ciudadanos europeos, y reactivar el crecimiento económico en la UE, al tiempo que se atiene plenamente a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a los compromisos asumidos por la UE en virtud del Acuerdo de París. En la aplicación de las leyes sobre el clima debe reconocerse plenamente la diversidad social, económica y geográfica de los territorios de Europa y reforzarse el principio de gobernanza multinivel en la transición hacia la neutralidad climática;

3.

trabajar con el CDR para aumentar la visibilidad y el apoyo público a estas acciones en el marco del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local»;

4.

incluir la dimensión sanitaria en el marco del Pacto Verde Europeo, a través del fomento de una vida saludable para todos y un estudio más profundo de los vínculos y las sinergias que existen entre la salud, el medio ambiente, la energía, la economía, el empleo, la competitividad y la protección del clima, al tiempo que se propone una estrategia clara para desarrollar unos territorios, economías y sociedades resilientes en el período tras la pandemia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas;

5.

tomar más medidas para reducir la carga de los entes locales, regionales y nacionales en su esfuerzo por abordar la crisis de la COVID-19, y utilizar todos los fondos disponibles para ayudar a cubrir las necesidades de los sistemas sanitarios europeos. La rápida expansión del virus ha aumentado la presión sobre los sistemas sanitarios y de asistencia social, y, al mismo tiempo, es necesario prepararse para una segunda oleada; por lo que respecta a la planificación transfronteriza en caso de pandemia, debe promoverse la creación de células de crisis regionales en las que participen todos los niveles de gobernanza, que centren su labor en la situación de la epidemia y no estén limitadas por las fronteras nacionales;

6.

cooperar con el CDR para potenciar la sensibilización y las capacidades de las autoridades de gestión a fin de hacer un mejor uso de las oportunidades relacionadas con el Pacto Verde Europeo y, a la vez, fomentar un acceso más directo a los fondos europeos para que los entes locales y regionales cumplan los objetivos del Pacto Verde Europeo; apoyar, en particular, a las zonas fronterizas acelerando la introducción del Mecanismo Transfronterizo Europeo;

7.

promover el Pacto sobre el Clima como una empresa conjunta para mejorar la cooperación entre los entes locales y regionales, las instituciones europeas y los ciudadanos con el objetivo de luchar contra el cambio climático y afrontar simultáneamente la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, y constituir un marco que reúna a todas las partes interesadas para elaborar y poner en marcha pactos o asociaciones locales por el clima e intercambiar buenas prácticas;

8.

establecer un Foro de recuperación verde en el que el CDR, la Comisión Europea, los entes locales y regionales y otras partes interesadas puedan trabajar juntos en la puesta en práctica del Pacto Verde Europeo en el nuevo marco de la recuperación tras la pandemia;

9.

garantizar que el objetivo de contaminación cero en un entorno sin sustancias tóxicas, previsto en el Pacto Verde Europeo, siga siendo una parte esencial de la recuperación verde. Es indispensable que exista un plan de acción ambicioso de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo, sobre todo al objeto de contribuir a la protección de la salud;

10.

ser más ambiciosa en cuanto a la futura estrategia de la UE sobre biodiversidad para detener la continua pérdida de biodiversidad y permitir a la UE ser líder mundial en su protección y restauración, lo cual es fundamental para prevenir o reducir el impacto de futuras pandemias; fomentar la rápida puesta en práctica de la estrategia forestal de la UE, garantizando el establecimiento de los mecanismos correctos para asegurar el intercambio y la multiplicación de buenas prácticas;

11.

fomentar la producción local y sostenible de alimentos en la aplicación de las iniciativas anunciadas en la estrategia «de la granja a la mesa», protegiendo así la biodiversidad, el suelo, el agua y el entorno marino, y garantizando un buen nivel de ingresos para los agricultores de la UE; garantizar, al mismo tiempo, a los productores agrícolas unos precios de mercado justos en una posición de mercado justa mediante una adecuación de la producción a la demanda del mercado de manera generalmente vinculante, en particular, en situaciones de crisis de mercado; garantizar que los agricultores y las zonas rurales cuenten con ayuda a la hora de realizar los cambios estructurales necesarios para la transición hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles;

12.

presentar un plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, que contribuya a reforzar la dimensión social de la UE y a mitigar el impacto de las transiciones ecológica y digital en curso. Subraya que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales tiene un fuerte componente territorial y que el cuadro de indicadores sociales, que actualmente solo refleja las medias nacionales, debe reforzarse con datos regionales adicionales;

13.

integrar una Garantía Infantil Europea que aborde la pobreza infantil y la exclusión en la UE en el plan de aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

14.

estudiar el potencial de la economía social y elaborar un plan de acción para la economía social que incorpore sus principios a distintas políticas socioeconómicas de la Unión, contribuyendo así a una transición verde y justa y a un plan de recuperación tras la COVID-19, en el que se cierre la brecha entre la educación, las competencias y el empleo, se dé prioridad al desempleo juvenil y se fomente el equilibrio de género;

15.

presentar una reforma ambiciosa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que incluya el objetivo de unas finanzas públicas sostenibles y las lecciones aprendidas de la crisis del coronavirus;

16.

ayudar a impulsar las inversiones privadas y públicas que puedan tener un impacto concreto sobre la economía real a nivel local y regional, teniendo en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas;

17.

proponer con urgencia una profunda reforma del Semestre Europeo y de la gobernanza económica europea para avanzar hacia un proceso transparente, integrador y democrático. El estrecho vínculo que une el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el Semestre Europeo hace que la reforma sea tanto más urgente si se quiere evitar una mayor centralización y un enfoque descendente de los planes de recuperación, en lugar de dar prioridad a la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros y dentro de ellos, así como a la inversión pública de calidad que se necesita para la recuperación sostenible de la UE. Un Semestre Europeo reformado, a modo de estrategia económica general de Europa para alcanzar los ODS en toda la UE, debería integrar los principios de colaboración y gobernanza multinivel, así como una dimensión territorial, sobre la base de la propuesta del CDR de crear un código de conducta del Semestre Europeo para la participación de los entes locales y regionales a nivel nacional y del Comité Europeo de las Regiones a nivel europeo;

18.

abordar la vulnerabilidad de las cadenas de valor europeas que se ha puesto de manifiesto durante la crisis de la COVID-19; identificar los eslabones más débiles y diversificar las fuentes de las cadenas de suministro de la UE, reduciendo su dependencia de determinados países, fortaleciendo la base industrial europea de una manera sostenible y asegurando la autonomía industrial estratégica de la UE; crear una política de agrupaciones empresariales como parte central de cualquier política industrial de la UE, adecuada para fortalecer el desarrollo de agrupaciones transeuropeas de categoría mundial, que vinculen agrupaciones, redes y ecosistemas regionales;

19.

insistir en la necesidad de aplicar mejor los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la UE y centrarse en la mejora de impacto territorial y socioeconómico de los acuerdos comerciales, incluido el futuro acuerdo con el Reino Unido, proporcionando análisis sectoriales y geográficos más detallados, a la vez que se fortalecen las condicionalidades de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio; coincide con la Comisión Europea en que un comercio libre, justo y abierto solamente puede funcionar con una Organización Mundial del Comercio (OMC) potente y eficaz, y respalda su intención de poner en marcha una iniciativa de gran calado para reformar la OMC;

20.

garantizar que los entes locales y regionales participen plenamente en la elaboración y puesta en práctica de los acuerdos de asociación y los programas para el período 2021-2027;

21.

garantizar que la mayor flexibilidad concedida para el uso de los fondos de la cohesión y en las normas sobre ayudas estatales, necesaria para apoyar la recuperación de las regiones, ciudades y zonas rurales ante la crisis de la COVID-19, no conduzca a una centralización de los poderes y prive a los entes locales y regionales de sus prerrogativas;

22.

aprovechar la experiencia de la Agenda Urbana de la UE y la renovación de la Carta de Leipzig mediante la organización de una cumbre urbana sobre el desarrollo urbano sostenible;

23.

aprovechar la propuesta de la «Ola de renovación» y el Plan de acción de vivienda de la asociación urbana, adoptado en noviembre de 2018, con el fin de preparar una agenda europea de la vivienda que integre la cuestión de la vivienda en todas las políticas de la UE que incidan en ella;

24.

proponer una agenda de la UE para el medio rural ambiciosa, coherente y dirigida en especial a los territorios más alejados, que a menudo no han recibido la atención suficiente, y crear así un vínculo mayor con los ciudadanos que viven en las zonas rurales y que, por definición, están más aislados de los sistemas centralizados de gobernanza. Revitalizar las comunidades y poblaciones rurales ayudaría a la UE a mostrar un apoyo tangible y fortalecer su legitimidad sobre el terreno;

25.

proporcionar una respuesta firme a los desafíos que afronta el turismo europeo mediante una financiación a corto plazo y una estrategia de recuperación de la crisis a largo plazo, que hagan que en el futuro sea más resiliente y sostenible. Así pues, la política de cohesión, en el marco del presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, debe garantizar que se aproveche en mayor medida el potencial de la cultura y el turismo. Las prioridades siguen siendo la competitividad económica a través de la investigación y la innovación, la transición digital y la agenda europea en lo que se refiere al turismo europeo;

26.

poner en práctica el Plan de Acción de Educación Digital actualizado para tener en cuenta el impacto de la COVID-19 y las nuevas condiciones para la educación y la formación. El Plan de Acción también debe actuar como catalizador para el desarrollo rápido de herramientas de aprendizaje a distancia en regiones, ciudades y zonas rurales en las regiones menos desarrolladas, especialmente en las escuelas, haciendo que las capacidades digitales y mediáticas sean una parte integral del aprendizaje permanente y convirtiendo el Plan de Acción en una plataforma para el intercambio de buenas prácticas entre ciudades y regiones europeas y de todo el mundo;

27.

implicar de manera activa a los entes locales y regionales en la realización del mercado único digital, aprovechando que desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios digitales a los ciudadanos y en la creación y gestión de infraestructuras digitales; garantizar un seguimiento y una medición precisos de los procesos de transformación digital sostenible en las regiones y ciudades de Europa, haciendo especial hincapié en la brecha entre las zonas rurales y urbanas;

28.

proporcionar una mayor financiación y educación en torno al despliegue rápido y global de infraestructura digital y en particular del 5G en la UE, también mediante el futuro fondo de recuperación de la UE, al tiempo que se garantiza una conexión de banda ancha más rápida y el equipo necesario en las zonas rurales, montañosas e insulares, en las regiones ultraperiféricas y las zonas que han de hacer frente a desafíos demográficos;

29.

apoyar la puesta en marcha de un Espacio Europeo de Educación para 2050, en estrecha sinergia con el Espacio Europeo de Investigación para garantizar una educación y una formación de calidad, así como la igualdad y la equidad en la educación, para dar respuesta al cambio demográfico y a la fuga de cerebros; implicar al CDR en el diseño y la aplicación de medidas futuras sobre educación y formación, así como en la puesta en práctica de la actualización de la Agenda de Capacidades para Europa y el Plan de Acción de Educación Digital;

30.

presentar una evaluación con base científica sobre el impacto de la COVID-19 en el cambio demográfico y garantizar que las decisiones futuras sean específicas para las necesidades locales;

31.

priorizar el apoyo a las organizaciones (incluidas aquellas sin ánimo de lucro), así como a las pymes, los artistas y los trabajadores de los sectores cultural y creativo, especialmente afectados por el brote de COVID-19. Durante el proceso de mejora del actual marco estratégico de la UE para la cultura y en el próximo programa Europa Creativa, se debe prestar especial atención al fortalecimiento y la salvaguarda del rico tejido cultural de Europa, así como del patrimonio y las especificidades locales y regionales;

32.

garantizar que la ayuda de la Unión tras la crisis a los países candidatos y a los países candidatos potenciales llegue a las comunidades locales e implique y capacite suficientemente a los entes locales y regionales, que son esenciales para establecer la legitimidad democrática de la participación de la UE en esos países; al mismo tiempo, deben seguirse señalando y abordando los peligros de una «captura del Estado» local que amenaza los fundamentos de la democracia;

33.

aumentar las ayudas europeas dirigidas a las necesidades de los entes locales y regionales y a sus asociaciones con países socios, especialmente en los países socios del sur del Mediterráneo y de la Asociación Oriental, a fin de crear nuevas dinámicas para las reformas de descentralización y mejorar los resultados en materia de gobernanza, y reforzar la visibilidad de los beneficios de las políticas de la UE en los territorios y niveles de gobernanza de los países socios. Esto debe incluir la creación de una Escuela de Administración Pública de la Asociación Oriental, tal y como se propuso en la Comunicación conjunta sobre la Política de la Asociación Oriental más allá de 2020;

34.

contribuir en el logro de los ODS, también a través de la participación activa de los entes locales y regionales en los países socios y del apoyo a las acciones de cooperación entre pares en un espíritu de colaboración y solidaridad, especialmente a la luz de las graves consecuencias a nivel mundial de la pandemia de la COVID-19 y las medidas para su contención;

35.

hacer partícipes a los gobiernos locales y regionales en la aplicación y el seguimiento de la estrategia europea de género, que deberá incorporar medidas y herramientas de resiliencia para abordar el impacto de la crisis de la COVID-19 en las cuestiones de género;

36.

utilizar la Conferencia sobre el Futuro de Europa como marco para reflexionar con los ciudadanos y los entes locales y regionales sobre la UE como proyecto basado en valores fundamentales como la democracia, los derechos fundamentales y el estado de Derecho, así como sobre los cambios necesarios en su marco institucional actual para mejorar su efectividad y su legitimidad, y el sentimiento de identificación de los ciudadanos con el proyecto europeo;

37.

incluir al CDR y a los parlamentos nacionales y parlamentos regionales con competencias legislativas en todos los órganos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, acercando el proceso todo lo posible a los ciudadanos; cooperar con el CDR en el desarrollo de un modelo piloto para mantener un diálogo permanente y estructurado con los ciudadanos a través de los entes locales y regionales, permitiendo un proceso de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las instituciones europeas que podría servir más adelante para mejorar la toma de decisiones de la UE a largo plazo;

38.

intensificar los esfuerzos para combatir la desinformación, también a nivel local y regional, mediante el apoyo a los verificadores de datos, la alfabetización mediática y un periodismo de calidad; a la vez se hace hincapié en que la lucha contra la desinformación no debe utilizarse como excusa para la censura o para coartar la libertad de expresión;

39.

adoptar un enfoque integrado de las políticas de migración, integración y asilo basado en los principios de respeto de los derechos humanos fundamentales, de subsidiariedad, de solidaridad y de cumplimiento de las obligaciones internacionales de la UE y sus Estados miembros; garantizar un mayor esfuerzo conjunto para la protección de las fronteras exteriores de la UE y reforzar la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos en cooperación con los socios de la UE y los países de origen y de tránsito; fortalecer el apoyo a los entes locales y regionales en el papel fundamental que desempeñan en las políticas de integración;

40.

continuar la eficiente cooperación con el CDR en el programa de mejora de la legislación y en la promoción del concepto de «subsidiariedad activa», sobre todo a través de la iniciativa Red de centros regionales para evaluar la aplicación de las políticas de la UE (RegHub) y su nueva función en la plataforma «Preparados para el Futuro», y apoyando al CDR en el desarrollo de la RegHub 2.0 para aumentar aún más su eficacia como proveedor de retroalimentación oportuna basada en la experiencia de los usuarios sobre la aplicación de políticas de la UE a nivel local y regional; confirmar y desarrollar estos principios en su próxima Comunicación sobre la mejora de la legislación;

41.

tener en cuenta los debates sobre el futuro programa de trabajo de la Comisión Europea que tuvieron lugar en los parlamentos regionales, a raíz de las conclusiones del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente» de la Comisión Europea y el proyecto piloto iniciado por el Comité Europeo de las Regiones y la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE).