—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, sus artículos 8, 19, 157 y 216, y su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a),

—

Visto el capítulo 7 del Plan de Acción UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) 2015-2017 sobre cuestiones de género,

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

—

Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por Estonia, Bulgaria y Austria, de 19 de julio de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres,

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Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2016, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015) (1),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (2),

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Visto el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (mejorar la salud materna) de Naciones Unidas,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979,

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Vistas la revisión de los derechos de las mujeres en El Salvador realizada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de febrero de 2017 y sus observaciones finales,

—

Vistos los artículos 6, 24 y 39 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

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Vista la Convención contra la Tortura, de la que El Salvador es parte desde 1996,

—

Visto el artículo 144 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece que los tratados internacionales concluidos con otros Estados u organizaciones internacionales son leyes de la República, y que, en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado,

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Visto el Marco para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020,

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Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

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Vista la declaración, de 11 de mayo de 2015, del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica,

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Vista la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer («Convención Belem do Pará»),

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Visto el Decreto Legislativo n.o 520 del El Salvador («Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres»),

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Vistos los artículos 133, 135 y 136 del Código Penal de El Salvador,

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Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Huseín, al término de su misión a El Salvador, el 17 de noviembre de 2017,

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Visto el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador,

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Vistas la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, aprobada por El Salvador en 2016, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, aprobada en 2012, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), aprobada en abril de 2009, en virtud de la cual se encarga al Ministerio de Educación la provisión de educación en cuestiones de género y salud reproductiva y la lucha contra la discriminación contra las mujeres en el sistema educativo,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y debe respetarse, promoverse y aplicarse en su integridad, tanto en la legislación como en la práctica, la jurisprudencia y la vida cotidiana;

B.

Considerando que, en los artículos 36 y 37 de las observaciones finales de su revisión de los derechos de las mujeres en El Salvador, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pide la derogación de las leyes salvadoreñas que penalizan el aborto;

C.

Considerando que, desde el año 2000, al menos 120 mujeres han sido procesadas en El Salvador por aborto u homicidio por la muerte fetal en los últimos meses de embarazo, 26 de las cuales han sido condenadas por homicidio y 23 han sido condenadas por aborto, y que todas cumplen penas extremadamente largas, pese a no ser delincuentes con arreglo a las normas internacionales; que la mayoría de esas mujeres eran jóvenes, pobres, con una formación limitada y procedentes de comunidades remotas; que, en la actualidad, existen dos casos pendientes sujetos a un procedimiento penal; que, después de haber pasado los últimos diez años en prisión, el caso de Teodora del Carmen Vásquez fue revisado por el Tribunal de Segunda Sentencia el 13 de diciembre de 2017 y su apelación fue rechazada, mientras que la sentencia de Evelyn Beatriz Hernández Cruz fue confirmada en octubre de 2017;

D.

Considerando que «Las 17» han sido las mujeres más severamente castigadas, al haber sido condenadas a décadas de prisión entre 2000 y 2011; que algunas de ellas también han sido liberadas después de que los tribunales anularan sus decisiones anteriores;

E.

Considerando que la violencia de género es un problema serio en El Salvador, en donde existen datos que muestran que una mujer es agredida sexualmente cada tres horas, casos de violaciones que a menudo tienen como resultado embarazos no deseados, y un número atroz de feminicidios, de los cuales solo el 5 % ha sido objeto de procedimientos judiciales;

F.

Considerando que los empleados de cualquier organismo público, incluidos hospitales y clínicas, están obligados a informar sobre pacientes que reciben tratamiento en caso de urgencia obstétrica, lo cual constituye una violación del derecho de la paciente a la confidencialidad y crea un entorno en el que las mujeres son estigmatizadas; que la obligación de informar sobre pacientes significa que las mujeres que sufren graves complicaciones durante su embarazo optan por no solicitar asistencia médica por miedo a ser procesadas y encarceladas; que el hecho de no informar se considera delito;

G.

Considerando que el porcentaje de asesinatos cometidos por razones de género en El Salvador es tremendamente elevado; que 1 097 mujeres fueron asesinadas en 2015 y 2016 y 201 mujeres fueron asesinadas entre enero y junio de 2017; que, el año pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador registró 3 947 denuncias de agresiones sexuales, de las cuales 1 049 fueron casos de violación, incluso dentro de las familias, y 1 873 de las víctimas eran menores o declaradas incapacitadas, de conformidad con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA);

H.

Considerando que El Salvador tiene una elevada tasa de embarazos entre las adolescentes, que también se debe a la falta de educación sexual en las escuelas; que la violación y los abusos sexuales son las principales causas de embarazos prematuros; que, según el Ministerio de Salud, en 2015 se registraron 1 445 casos de jóvenes embarazadas de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años;

I.

Considerando que en 1998, El Salvador penalizó el aborto en todas las circunstancias, incluidos los casos en los que el embarazo presenta complicaciones potencialmente mortales para la mujer o la niña, y en los casos de violación, incesto o feto inviable; que, además, en 1999 se aprobó una enmienda constitucional por la que se reconoce el embrión como ser humano desde el «momento de la concepción»; que toda persona que practique o provoque un aborto, incluso antes de la fase fetal, podrá ser procesada con penas de entre dos y ocho años, aunque en numerosos casos los fiscales han aumentado los cargos a «homicidio agravado», lo cual supone penas de hasta 50 años de prisión; que la legislación que permitiría el aborto en estas circunstancias ha permanecido congelada en la Asamblea Nacional desde octubre de 2016, aunque en la actualidad están teniendo lugar debates para seguir haciendo progresos;

J.

Considerando que El Salvador continúa, por motivos religiosos, culturales y de otro tipo, negando a mujeres y niñas el acceso al aborto seguro y legal, violando así su derecho a la salud, a la vida y a la integridad física y psíquica;

K.

Considerando que el Ministerio de Educación ha elaborado recientemente material para integrar la salud sexual y reproductiva en los programas de estudios nacionales, pero debido a la resistencia opuesta por diversas fuerzas el material definitivo editado se centra en la abstinencia, pese al hecho de que el 42 % de las embarazadas tienen edades inferiores a los 20 años;

L.

Considerando que en Latinoamérica el riesgo de mortalidad materna es cuatro veces superior entre las adolescentes menores de 16 años; que en los embarazos de adolescentes se registra el 65 % de los casos de fístula obstétrica, lo que tiene consecuencias graves para sus vidas, como graves problemas de salud y exclusión social; que los embarazos prematuros son peligrosos también para los bebés, cuya tasa de mortalidad es un 50 % superior a la media; que hasta el 40 % de las mujeres de la región han sido víctimas de violencia sexual; que el 95 % de los abortos practicados en Latinoamérica no se realizan en condiciones de seguridad;

M.

Considerando que el Ministerio de Salud informa de que, entre 2011 y 2015, 14 mujeres murieron como consecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto, 13 mujeres murieron por embarazo ectópico y 63 mujeres murieron como consecuencia de la actual legislación sobre el aborto; que el suicidio es la causa del 57 % de las muertes de mujeres embarazadas de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; que muchas mujeres tienen miedo de solicitar asistencia médica cuando sufren complicaciones relacionadas con el embarazo, lo cual causa más muertes que podrían evitarse; que esto afecta especialmente a las mujeres con menos recursos económicos que no pueden acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y ejercer los derechos vinculados;

N.

Considerando que las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalan que las mujeres que han sufrido abortos espontáneos o alumbrado mortinatos en El Salvador suelen ser procesadas por sospecha de haber abortado; que, en dichos casos, las mujeres suelen ser denunciadas por el personal médico y posteriormente detenidas mientras todavía se encuentran hospitalizadas;

O.

Considerando que diversos expertos de las Naciones Unidas han advertido de que la decisión de las autoridades salvadoreñas tiene como consecuencia violaciones graves del derecho de las mujeres y las niñas a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica, lo que pone en peligro sus oportunidades económicas y sociales;

P.

Considerando que, en marzo de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas solicitó a El Salvador que revisase y modificase su legislación relativa al aborto a fin de garantizar su compatibilidad con otros derechos, como los relativos a la salud y a la vida; que la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos;

Q.

Considerando que El Salvador ha participado activamente en el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas; que todas las partes deben seguir promoviendo la Plataforma de Acción de Beijing por lo que respecta, entre otros elementos, al acceso a la educación y la sanidad como derechos humanos fundamentales y derechos sexuales y reproductivos;

R.

Considerando que los órganos de supervisión de los tratados de las Naciones Unidas, incluidos el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han pedido a varios países de Latinoamérica que establezcan excepciones a sus restrictivas legislaciones sobre el aborto para los casos en que el embarazo presente un riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando exista una grave malformación del feto y cuando el embarazo sea el resultado de una violación o un incesto;

S.

Considerando que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Huseín, ha expresado su preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en El Salvador, tras visitar el país en noviembre de 2017; que pidió a El Salvador que introdujera una moratoria en la aplicación del artículo 133 del Código Penal y que revisara los casos de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con el aborto;

T.

Considerando que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido explícitamente la conexión entre el aborto inseguro e ilegal y los altos índices de mortalidad materna; que la Convención contra la Tortura estipula que los Estados en los que existe una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a mujeres y niñas a una situación en la que están siendo humilladas y tratadas con crueldad;

U.

Considerando que en el marco del examen periódico universal de las Naciones Unidas se formularon diez recomendaciones al Estado salvadoreño para que adaptara su ley del aborto a las normas internacionales de derechos humanos, rechazadas todas ellas por el Gobierno;

V.

Considerando que, según las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), a las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado de los hijos y las embarazadas debe imponérseles, siempre que sea posible y procedente, penas no privativas de libertad;

W.

Considerando que la prevención de embarazos no planeados y la reducción del número de casos de maternidad adolescente a través del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva constituyen uno de los objetivos incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

1.

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