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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Camboya, y en particular la de 14 de septiembre de 2017 (1),

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Vista la misión de la Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) del Parlamento Europeo de los días 30 y 31 de octubre de 2017,

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Vistas las directrices de la Unión de 2008 sobre los defensores de los derechos humanos,

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Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 16 de noviembre de 2017, sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC),

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Visto el Acuerdo de Cooperación de 1997 entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya,

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Vistas la declaración local de la Unión, de 22 de febrero de 2017, sobre la situación política en Camboya, y las declaraciones del portavoz de la Delegación de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2017 y 25 de agosto de 2017, sobre las restricciones del espacio político en Camboya,

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Vista la Resolución (A/RES/53/144) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

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Vistos los Acuerdos de Paz de París de 1991, en cuyo artículo 15 se establece el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en Camboya, en particular por parte de los signatarios internacionales,

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Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

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Vista la Constitución camboyana, y en particular su artículo 41, en el que se consagran los derechos y libertades de expresión y de reunión, su artículo 35, relativo al derecho a la participación política, y el artículo 80, relativo a la inmunidad parlamentaria,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, en 2017, la situación de los derechos humanos en Camboya ha seguido deteriorándose, con la práctica de un número creciente de detenciones de miembros de la oposición política, defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil;

B.

Considerando que el Parlamento de Camboya ha aprobado en 2017 dos conjuntos de modificaciones represivas a la Ley de partidos políticos que suponen numerosas restricciones concebidas para poner obstáculos a los partidos de la oposición;

C.

Considerando que, el 6 de octubre de 2017, el Ministro del Interior presentó ante el Tribunal Supremo una solicitud de disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC) en virtud de la Ley de partidos políticos;

D.

Considerando que, el 16 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo anunció la disolución del PSNC tras una vista de un día de duración; que el Tribunal Supremo ha prohibido también el ejercicio de la actividad política durante cinco años a 118 políticos del PSNC; que esta decisión, basada en dos rondas de controvertidas modificaciones de la Ley de partidos políticos, deja al Gobierno sin oposición de cara a las elecciones generales del próximo año, previstas para julio de 2018;

E.

Considerando que las autoridades camboyanas han perseguido y acosado durante años a miembros de partidos de oposición; que menos del 40 % de los diputados del PSNC al Parlamento siguen en Camboya, después de que otros diputados se hayan visto forzados a huir del país al haber sido amenazados de detención;

F.

Considerando que el Ministerio del Interior de Camboya tiene amplios poderes para suspender partidos políticos sobre la base de criterios vagamente definidos; que, el 2 de octubre de 2017, el Ministerio del Interior disolvió veinte partidos políticos de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Ley de partidos políticos;

G.

Considerando que, el 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha, presidente del PSNC, fue detenido y acusado de traición en virtud del artículo 443 del Código Penal camboyano, a pesar de estar amparado por la inmunidad parlamentaria; que la solicitud de Kem Sokha de libertad bajo fianza fue rechazada el 26 de septiembre de 2017, cuando se encontraba en la imposibilidad de asistir a la audiencia, después de que el departamento de prisiones declarara que no podía garantizar su seguridad; que, según algunas organizaciones de derechos humanos, fue interrogado el 24 de noviembre de 2017, aunque aún no había tenido un acceso adecuado a asistencia letrada o asistencia médica privada; que debe aclararse su estatuto jurídico; que su solicitud de libertad bajo fianza está pendiente ante el Tribunal Supremo; que, de ser declarado culpable, podría ser condenado a la pena de treinta años de prisión; que el presidente del Tribunal, Dith Munty, es miembro de la comisión permanente del partido en el gobierno;

H.

Considerando que el problema del acaparamiento de tierras sigue siendo motivo de gran inquietud en Camboya; que se ha registrado un aumento constante de detenciones y privaciones de libertad de miembros de la oposición política, comentaristas políticos, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil en Camboya, como los cinco de ADHOC; que el defensor de los derechos humanos Tep Vanny, de la comunidad Boeung Kak, sigue en prisión cumpliendo una condena de dos años y medio de prisión a raíz de una protesta pacífica en 2013; que el Tribunal Supremo confirmó el 8 de diciembre de 2017 la sentencia contra Tep Vanny;

I.

Considerando que el anterior presidente del PSNC, Sam Rainsy, se vio obligado a dimitir a raíz de amenazas jurídicas; que fue condenado en rebeldía por difamación y actualmente vive en el exilio; que, desde la disolución de la oposición, un número creciente de diputados del PSNC al Parlamento han huido de Camboya; que organizaciones de derechos humanos informan de que algunos de ellos han solicitado asilo;

J.

Considerando que la influencia de China está desempeñando un papel importante en la vida política de Camboya y para su Gobierno;

K.

Considerando que Camboya se beneficia del régimen más favorable existente en el sistema de preferencias generalizadas de la Unión (SPG), a saber, el régimen «Todo menos armas» (TMA); que la Unión ha destinado un total de 410 millones de euros a Camboya para el periodo 2014-2020, de los que 10 millones están asignados al apoyo al proceso de reforma electoral en el país;

L.

Considerando que el derecho de participación política está consagrado en el artículo 41 de la Constitución camboyana; que la decisión de disolver el PSNC es un paso importante en la dirección contraria a la vía del pluralismo y la democracia consagrada en la Constitución de Camboya;

M.

Considerando que 55 ONG han hecho un llamamiento por una nueva conferencia de París sobre Camboya, con participación de todas las partes interesadas, para debatir sobre el Estado de Derecho y la democracia en Camboya con el fin de animar al Gobierno camboyano a reconsiderar sus políticas relativas a los partidos de la oposición;

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