—

Visto el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, de 24 de enero de 2017, titulado «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático» (COM(2017)0030),

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Visto el informe de la Comisión de 24 de enero de 2017, elaborado de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión durante el periodo 2013-2016 (COM(2017)0032),

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Vistos los resultados de la consulta pública de 2015 sobre la ciudadanía de la Unión, realizada por la Comisión, y los resultados de las encuestas de 2015 del Eurobarómetro sobre derechos de sufragio y sobre ciudadanía,

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Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

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Vistos los artículos 2, 6 y 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los artículos 18 a 25 del TFUE y los artículos 11, 21 y 39 a 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el respeto del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

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Visto el artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, que consagra el derecho a la libre circulación de las personas,

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Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 165 del TFUE,

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Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 227 del TFUE,

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Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

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Visto el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 29 de febrero de 2016, sobre la estrategia para el mercado único (1), y en especial, el documento sobre el resultado de la reunión informal de los centros SOLVIT celebrada en Lisboa, el 18 de septiembre de 2015 (2),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013- Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro» (3),

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Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela (4),

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Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión — Informe anual de 2014 (5),

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Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones (6),

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Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017 (7) sobre la ejecución del programa Europa para los Ciudadanos;

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Vista la propuesta de la Comisión, de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411),

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Visto el informe de la Comisión de Peticiones sobre las actividades del Grupo de trabajo sobre asuntos relativos al bienestar infantil (8), y en particular sus conclusiones;

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Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2016, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 (9),

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Vistas la opinión de la Comisión de Peticiones, de 23 de marzo de 2017 (10), y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 1 de junio de 2017 (11), relativo al informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015,

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Vistas las audiencias organizadas por la Comisión de Peticiones en 2016 y 2017, y en concreto la audiencia pública conjunta de 11 de mayo de 2017 coorganizada por las comisiones LIBE, PETI y EMPL sobre la situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido, la audiencia pública de 11 de octubre de 2016 sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior; la audiencia pública de 4 de mayo de 2017 sobre la lucha contra la discriminación a los ciudadanos de la Unión en los Estados miembros de la Unión y protección de las minorías, la audiencia pública conjunta de 15 de marzo de 2016 sobre la ciudadanía de la Unión en la práctica, organizada por la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión y las comisiones LIBE, PETI, AFCO y JURI y la audiencia conjunta de 29 de junio de 2017 sobre la apatridia, organizada por las comisiones LIBR y PETI;

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Vistas la audiencia de la Comisión PETI, de 23 de febrero de 2016, sobre el tema «¿Ampliar el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (artículo 51)?», la audiencia de 21 de junio de 2016 sobre el tema «Transparencia y libertad de información dentro de las instituciones de la Unión», y la audiencia de 22 de junio de 2017 sobre el tema «Recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo», junto con las anteriormente celebradas en esta legislatura sobre el derecho de petición, de 23 de junio de 2015, y sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, de 26 de febrero de 2015,

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Vistos los estudios encargados en 2016 y 2017 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo a solicitud de la Comisión de Peticiones titulados «Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families» (Obstáculos al derecho de libre circulación y residencia para los ciudadanos de la Unión y sus familias), «Discrimination(s) as emerging from the petitions received» (Discriminación(es) puesta(s) de manifiesto por las peticiones recibidas), «The impact of Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on Petitions» (Repercusiones del brexit en relación con el derecho de petición y en las competencias, responsabilidades y actividades de la Comisión de Peticiones) y «The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Función protectora de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0385/2017),

A.

Considerando que la ciudadanía de la Unión y sus derechos correspondientes fueron instaurados inicialmente en 1992 por el Tratado de Maastricht y fueron reforzados por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, así como por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B.

Considerando que el ejercicio de la ciudadanía requiere como condición previa la garantía y el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales;

C.

Considerando que un enfoque holístico orientado al logro de los objetivos fijados en los Tratados de la Unión, como el pleno empleo y el progreso social, es fundamental para el ejercicio real de los derechos y las libertades vinculados a la ciudadanía de la Unión;

D.

Considerando que el acceso a la ciudadanía de la Unión se adquiere a través de la nacionalidad de un Estado miembro, regulada por las leyes nacionales; que, al mismo tiempo, esta institución genera los derechos y deberes que establece el Derecho de la Unión y que no dependen de los Estados miembros; que, por los motivos expuestos, también es cierto que estos derechos y obligaciones no pueden ser limitados de modo injustificado por los Estados miembros, incluyendo sus entidades subestatales; que, en el contexto del acceso a la ciudadanía nacional, los Estados miembros deben regirse por los principios del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y de no discriminación, ambos ampliamente desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; y que, según los Tratados, todo ciudadano de la Unión ha de beneficiarse por igual de la atención de las instituciones de la Unión;

E.

Considerando que los ciudadanos de la Unión confían en que los Estados miembros, incluyendo las entidades subestatales, aplican tanto el Derecho comunitario como las respectivas legislaciones nacionales, condición indispensable para el ejercicio efectivo del conjunto de derechos que emanan de la ciudadanía europea de la que son titulares;

F.

Considerando que el fomento de la ciudadanía de la Unión pasa por la mejora de la calidad de la democracia en la Unión, el disfrute real de los derechos y las libertades fundamentales y la posibilidad de que todo ciudadano participe directamente en la vida democrática de la Unión;

G.

Considerando que cualquier alteración unilateral de la frontera de un Estado miembro viola, al menos, los artículos 2, 3, apartado 2, y 4, apartado 2, del TUE, además de poner en peligro el disfrute del conjunto de derechos derivados de la ciudadanía de la Unión;

H.

Considerando que el Tratado de Lisboa consolidó los derechos y las garantías inalienables de la ciudadanía de la Unión, como la libertad de viajar, trabajar y estudiar en otro Estado miembro, de participar en la vida política europea, de promover la igualdad y de recibir protección contra la discriminación, en especial por razón de la nacionalidad; que el ejercicio cada vez más frecuente del derecho a la libre circulación dentro de la Unión ha traído consigo la aparición a lo largo de las últimas décadas de familias mezcladas con distintas nacionalidades, a menudo también los hijos; que, si bien esto supone una tendencia positiva para la consolidación de la ciudadanía de la Unión como institución en sí misma, también conlleva unas necesidades específicas y plantea desafíos en diversos ámbitos, incluidos los aspectos jurídicos;

I.

Considerando que la perspectiva de la retirada del Reino Unido de la Unión (brexit) ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos de la ciudadanía de la Unión y su papel decisivo en la vida diaria de millones de ciudadanos de esta, y ha hecho que se tome conciencia en la Unión de la potencial pérdida de derechos que el brexit provoca en ambas partes, prestando especial atención a los tres millones de ciudadanos de la Unión residentes en el Reino Unido y a los 1,2 millones de ciudadanos del Reino Unido residentes en la Unión;

J.

Considerando que después de los últimos acontecimientos en el Reino Unido, la crisis humanitaria de refugiados, los elevados niveles de paro y pobreza, y el aumento de la xenofobia y el racismo en la Unión Europea han puesto en duda la confianza en el sistema y en el proyecto europeo en su conjunto;

K.

Considerando que el derecho a la libre circulación y su ejercicio son elementos fundamentales de la ciudadanía de la Unión y complementan las demás libertades del mercado interior de la Unión; que los jóvenes europeos están particularmente apegados a la libre circulación, considerada entre los ciudadanos de la Unión como el logro más positivo de la Unión en términos de reconocimiento y popularidad;

L.

Considerando que, tal y como recogen varias peticiones recibidas, la libertad de circulación y su ejercicio han sido violados por diferentes Estados miembros que han expulsado o amenazado con expulsar de su territorio a ciudadanos europeos;

M.

Considerando que, como queda patente en las peticiones y las quejas enviadas a la Comisión y a SOLVIT, los ciudadanos de la Unión se enfrentan a dificultades considerables para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, debido a importantes problemas económicos y de empleo, agravados por las cargas administrativas y la burocracia de los Estados miembros, y a la información errónea o la falta de cooperación por parte de las autoridades de los Estados miembros;

N.

Considerando que el principio de no discriminación por motivos de sexo, origen racial, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual, consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es la expresión primordial de la ciudadanía de la Unión; que también constituye un componente esencial para el ejercicio satisfactorio de la libre circulación, como se pone de manifiesto en las peticiones;

O.

Considerando que el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías constituye uno de los valores fundacionales de la Unión consagrados en los Tratados; que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y, aproximadamente, el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que es necesario reforzar la protección efectiva de las minorías;

P.

Considerando que el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas incluye la lucha contra la discriminación y la desigualdad por razón de género, de conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible;

Q.

Considerando que la representación insuficiente de la mujer en los puestos de toma de decisiones, especialmente en la esfera política y a nivel de los órganos directivos empresariales, obstaculiza el desarrollo de capacidades y debilita la participación de la mujer en la vida democrática de la Unión;

R.

Considerando que la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas aún se ven afectados por diversos obstáculos, como la persistencia de los estereotipos de género y las consecuencias de la reciente crisis económica, junto con sus repercusiones negativas en asuntos de igualdad de género;

S.

Considerando que sigue habiendo diferencias significativas por lo que respecta a la protección de las víctimas de la violencia de género y la violencia doméstica en toda la Unión en casos de litigios transfronterizos sobre asuntos de familia;

T.

Considerando que la discriminación a la que se enfrentan las mujeres en toda la Unión supone un obstáculo a la igualdad; que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas como votantes, así como en los puestos de liderazgo, ya sea en cargos electos, en la administración pública, en el mundo académico, en los medios de comunicación o en el sector privado; que la discriminación múltiple generalizada a la que se enfrentan las mujeres y el número desproporcionado de mujeres en situación de pobreza y exclusión social constituyen obstáculos al pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía;

U.

Considerando que el derecho de petición al Parlamento Europeo, tal y como establecen los artículos 20 y 227 del TFUE, y el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es uno de los pilares de la ciudadanía de la Unión, el segundo derecho de la ciudadanía de la Unión más conocido y debe crear una interfaz entre los ciudadanos y las instituciones europeas a través de un procedimiento que ha de ser abierto, democrático y transparente;

V.

Considerando que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión pueden garantizarse con un nuevo enfoque con respecto a la interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

W.

Considerando que los ciudadanos europeos están representados directamente en el Parlamento Europeo y tienen el derecho democrático de ser candidatos y votar en las elecciones europeas, aun cuando residan en otro Estado miembro; que no todos los Estados miembros facilitan y promueven de igual modo el derecho a votar en las elecciones europeas y locales de los ciudadanos europeos que han ejercicio su derecho a la libre circulación; que diversas peticiones han señalado la existencia de trabas burocráticas y deficiencias administrativas o de otro tipo por lo que respecta al ejercicio del derecho a votar en las elecciones nacionales o regionales de su Estado miembro de origen para quienes residen en un Estado miembro diferente; que existen ciudadanos que tienen mermado este derecho democrático, como es el caso de las personas con discapacidad en los Estados que habiendo ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) no han cumplido con su obligación de reformar sus legislaciones electorales para permitir a las personas con discapacidad ejercer su derecho a voto;

X.

Considerando que los ciudadanos tienen derecho a organizar o apoyar, junto con otros ciudadanos de la Unión de todos los Estados miembros, una iniciativa ciudadana europea (ICE), lo que debería permitirles definir la agenda legislativa de la Unión; que la ICE es un importante instrumento de democracia directa que permite a los ciudadanos participar activamente en la elaboración de las políticas y la legislación europeas; que ha de ser transparente y eficaz; y que el ejercicio de este derecho aún no es satisfactorio;

Y.

Considerando que la creación del espacio Schengen y la integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión han reforzado considerablemente la libertad de circulación dentro de la Unión y constituye uno de los mayores logros del proceso de integración europea; que, en sus conclusiones n.o 9166/3/11 y n.o 9167/3/11, de 9 de junio de 2011, el Consejo de la Unión Europea confirmó la conclusión satisfactoria del proceso de evaluación del grado de preparación técnica de Rumanía y Bulgaria para acceder al espacio Schengen;

Z.

Considerando que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Unión; que la Unión debe velar por que sus ciudadanos perciban que su libertad está protegida y su seguridad garantizada en todo su territorio, así como por que sus libertades y sus derechos se respeten y protejan en igualdad de condiciones; que el terrorismo representa una amenaza mundial que es preciso abordar con eficacia a escala local, nacional y de la Unión con vistas a garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos;

AA.

Considerando que, con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión (SEC(2011)1556) que acompaña a la propuesta para la adopción de la Directiva del Consejo (UE) 2015/637, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países (12), casi siete millones de ciudadanos de la Unión viajan o viven fuera de la Unión en países en los que su propio país no tiene embajada ni consulado; y que se prevé que el número de ciudadanos de la Unión no representados aumente como mínimo a diez millones de aquí a 2020; que los ciudadanos de la Unión que residen en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, tienen el derecho de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;

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