a)

liberalización del comercio de bienes y servicios y posibilidades reales de acceso para ambas partes a los respectivos mercados de bienes y servicios mediante la eliminación de todas las barreras normativas innecesarias, garantizándose al mismo tiempo que ningún elemento del acuerdo impida a cualquiera de las partes adoptar regulación, de manera proporcionada, para lograr los objetivos legítimos de sus políticas; el acuerdo: i) no debe impedir a las partes definir, regular, prestar y apoyar servicios de interés general, y debe incluir disposiciones expresas al respecto; ii) no exigirá a los gobiernos que privaticen ningún servicio ni les impedirá que amplíen los tipos de servicios prestados al público; iii) no debe impedir a los Gobiernos retomar el control público de servicios que hubieran decido privatizar en el pasado, como el abastecimiento de agua, la educación, la sanidad y los servicios sociales, y no debe disminuir las estrictas normas de la Unión en materia de salud, alimentación, protección de los consumidores, medio ambiente, trabajo y seguridad ni limitar la financiación pública del arte y la cultura, la educación, la sanidad y los servicios sociales, como ha ocurrido con acuerdos comerciales anteriores; deben asumirse compromisos sobre la base del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); destaca en este sentido que deben mantenerse las normas exigidas a los productores europeos;

b)

en la medida en que el acuerdo incluya un capítulo sobre reglamentación nacional, los negociadores no deben incluir ninguna prueba de necesidad;

c)

compromisos sobre medidas antidumping y compensatorias que vayan más allá de las normas de la OMC en este ámbito, con la posibilidad de excluir su aplicación si las normas comunes y la cooperación en materia de competencia son suficientes;

d)

reducción de las barreras no arancelarias innecesarias, y refuerzo y ampliación del diálogo sobre cooperación en materia de reglamentación, de carácter voluntario, cuando sea posible y beneficioso para ambas partes, sin limitar la capacidad de cada parte de realizar sus actividades reglamentarias, legislativas y de definición y aplicación de políticas, ya que la cooperación en materia de reglamentación debe tener por objeto favorecer la gobernanza de la economía mundial intensificando la convergencia y la cooperación en materia de normas internacionales, por ejemplo mediante la adopción y la aplicación de las normas de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de los consumidores (por ejemplo, la seguridad de los alimentos), del medio ambiente (por ejemplo, la salud y el bienestar de los animales y la salud de las plantas) y la protección social y laboral;

e)

concesiones importante en materia de contratación pública en todos los niveles de gobierno, incluidas las empresas públicas y las empresas con derecho especiales o exclusivos, que garanticen el acceso al mercado de las empresas europea en sectores estratégicos y el mismo grado de apertura que presentan los mercados de contratación pública de la Unión, dado que la transparencia y la simplificación de los procedimientos para los licitadores, incluidos los de otros países, también pueden ser herramientas eficaces para impedir la corrupción y fomentar la integridad de la administración pública, al tiempo que se hace un uso eficiente del dinero de los contribuyentes en términos de calidad de los resultados, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas; garantías de que se aplican criterios ecológicos y sociales en la adjudicación de contratos públicos;

f)

un capítulo específico que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de las pymes y la microempresas por lo que respecta a la facilitación del acceso al mercado y que trate, entre otras, cuestiones relativas a una mayor compatibilidad de las normas técnicas, la racionalización de los procedimientos aduaneros, con el fin de generar oportunidades de negocio concretas y fomentar su internacionalización;

g)

habida cuenta del dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur, según el cual el comercio y desarrollo sostenibles son competencia exclusiva de la Unión, y que el desarrollo sostenible forma parte integrante de la política comercial común de la Unión, un capítulo sólido y ambicioso en materia de desarrollo sostenible será indispensable en cualquier acuerdo; disposiciones que establezcan herramientas eficaces para el diálogo, el seguimiento y la cooperación, incluidas disposiciones vinculantes y exigibles que estén sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuado y eficaz que contemplen, entre otros métodos para garantizar su cumplimiento, un mecanismo de imposición de sanciones, y que permitan que los interlocutores sociales y la sociedad civil participen de forma adecuada, así como una estrecha cooperación con expertos procedentes de organizaciones multilaterales relevantes; disposiciones en el capítulo sobre aspectos laborales y medioambientales del comercio y la importancia del desarrollo sostenible en el contexto del comercio y la inversión, que abarquen disposiciones para promover la adhesión a los principios y normas pertinentes acordados a escala internacional y su aplicación efectiva, incluidas las normas laborales básicas, los cuatro convenios prioritarios de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos medioambientales multilaterales, incluidos los relativos al cambio climático;

h)

el requisito de que las partes promuevan la responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta también los instrumentos reconocidos a nivel internacional, y la adopción de las directrices sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

i)

disposiciones de amplio alcance sobre la liberalización de las inversiones dentro del ámbito de competencia de la Unión que tomen en cuenta las últimas novedades en el contexto de esta política, por ejemplo el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de mayo de 2017 sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur;

j)

medidas enérgicas y ejecutables que cubran el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas y otros productos agrícolas y alimentarios, teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo UE-Australia sobre el sector vínicola, sin olvidar el objetivo de mejorar el marco jurídico vigente y obtener un nivel elevado de protección para todas las indicaciones geográficas; procedimientos aduaneros simplificados y normas de origen sencillas y flexibles, adaptadas a un entorno complejo de cadenas de valor mundiales, que mejoren la transparencia y su exigibilidad, aplicando, siempre que sea posible, normas de origen multilaterales y, en otros casos, normas de origen como el «cambio de subpartida arancelaria» que no supongan una carga;

k)

resultado equilibrado en los capítulos relativos a la agricultura y la pesca que no pueden sino impulsar la competitividad y ser beneficiosas para consumidores y productores, siempre que se preste la debida consideración a los intereses de todos los productores y consumidores europeos, respetando el hecho de que hay una serie de productos agrícolas sensibles a los que debe darse el trato adecuado, por ejemplo a través de contingentes arancelarios o de períodos de transición adecuados, teniendo debidamente en cuenta el impacto acumulado de los acuerdos comerciales en la agricultura y excluyendo del ámbito de las negociaciones los sectores más sensibles; la introducción de una cláusula bilateral de salvaguardia eficaz, adecuada, utilizable y rápida que permita la suspensión temporal de preferencias si, como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo comercial, el aumento de las importaciones provoca o amenaza con provocar perjuicios graves en sectores delicados;

l)

disposiciones ambiciosas que permitan el pleno funcionamiento del ecosistema digital y promuevan los flujos de datos transfronterizos, incluidos principios como la competencia leal, y normas ambiciosas para las transferencias de datos transfronterizas que respeten plenamente las normas vigentes y futuras de la Unión en materia de protección de datos y de la intimidad, dado que los flujos de datos son motores cruciales de la economía de servicios y son un elemento esencial de las cadenas de valor mundiales de las empresas manufactureras tradicionales y, por tanto, deben limitarse en lo posible los requisitos de ubicación; la protección de los datos y la intimidad no constituyen un obstáculo para el comercio sino que son derechos fundamentales, consagrados en el artículo 39 del TUE y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

m)

disposiciones precisas y específicas sobre el trato concedido a los países y territorios de ultramar y a las regiones ultraperiféricas a fin de tener en cuenta sus intereses particulares en estas negociaciones;