(1)

La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas. Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2)

De conformidad con el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esas medidas deben incluir las destinadas a garantizar, entre otros aspectos, la tutela judicial efectiva y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si fuera necesario la compatibilidad de las normas del proceso civil aplicables en los Estados miembros.

(3)

Según la comunicación de la Comisión de 20 de abril de 2010 titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos — Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (1), cuando los ciudadanos conducen un vehículo en otro Estado miembro y tienen la mala suerte de tener un accidente, deben disfrutar de seguridad jurídica sobre los plazos de prescripción de la indemnización del seguro. A tal fin, se anunció un nuevo Reglamento sobre los plazos de prescripción de los accidentes de tráfico transfronterizos, que se adoptaría en 2011.

(4)

Las normas de prescripción repercuten considerablemente no solo en el derecho de las partes perjudicadas a una tutela judicial efectiva, sino también en sus derechos sustantivos, dado que no puede existir un derecho efectivo sin una protección adecuada y correcta. La presente Directiva tiene por objeto fomentar la aplicación de plazos de prescripción comunes a los accidentes de tráfico transfronterizos para garantizar una tutela judicial efectiva en la Unión. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(5)

La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en cada caso concreto son elementos esenciales en cualquier ámbito de la justicia. Los plazos de prescripción comunes que aumentan la seguridad jurídica, garantizando la resolución de los litigios y contribuyendo a un régimen de ejecución eficaz son, por lo tanto, necesarios para garantizar la aplicación de este principio.

(6)

Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a las reclamaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que son de carácter transfronterizo.

(7)

Nada impide que los Estados miembros apliquen en su caso la presente Directiva también a asuntos puramente internos de accidentes de tráfico.

(8)

Todos los Estados miembros son parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950. Las cuestiones a las que se refiere la presente Directiva deben tratarse de conformidad con dicho Convenio, y en particular los derechos a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

(9)

El principio de lex loci damni constituye la regla general establecida en el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) en lo que respecta a la ley aplicable a los casos de daños personales o materiales, el cual debe, por lo tanto, determinarse sobre la base del lugar en el que se produzca el daño, independientemente del país o países en los que pudiera haber consecuencias indirectas. Con arreglo al artículo 15, letra h), de dicho Reglamento, la ley aplicable a la obligación extracontractual regula, en particular, el modo de extinción de las obligaciones, así como las normas de prescripción y caducidad, incluidas las relativas al inicio, interrupción y suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.

(10)

En el ámbito de los accidentes de tráfico, puede resultar muy difícil para una víctima obtener de las autoridades extranjeras información básica sobre el accidente en un plazo relativamente corto de tiempo, como la identidad del demandado y las responsabilidades potencialmente implicadas. También puede llevar un tiempo considerable determinar el representante para la liquidación de siniestros o la aseguradora que debe tramitar el asunto, recabar pruebas relativas al accidente y obtener las traducciones de los documentos que sean necesarios.

(11)

Resulta habitual en los asuntos de tráfico transfronterizo que antes de que puedan empezar las negociaciones con el reclamado, esté cercana la expiración del plazo del que dispone el reclamante para demandar. Así sucede muy a menudo cuando el plazo global es especialmente corto o cuando existe ambigüedad en cuanto a la forma en que se puede suspender o interrumpir el plazo de prescripción. La recopilación de información sobre un accidente ocurrido en un país extranjero puede llevar un tiempo considerable al reclamante. Por consiguiente, el cómputo del plazo general establecido en la Directiva debería suspenderse tan pronto como se presente una reclamación a la aseguradora o al organismo de indemnización, para permitir al reclamante la posibilidad de negociar la liquidación del siniestro.

(12)

La presente Directiva debe establecer normas mínimas. Los Estados deben poder establecer un nivel de protección más elevado. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice a la tutela judicial efectiva que estas normas mínimas pretenden facilitar. Por tanto, el nivel de protección previsto por la Carta e interpretado por el Tribunal de Justicia y la primacía, unidad y eficacia del Derecho de la Unión no deben verse afectados.

(13)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 864/2007 y el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(14)

La presente Directiva trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios y valores reconocidos, en particular, por la Carta, y al mismo tiempo intenta alcanzar el objetivo de la Unión de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(15)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas mínimas comunes para los plazos de prescripción, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. En virtud del principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(16)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva]/[y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación].

(17)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.